Sábado, 11 Abril 2015 06:30

Dilma y los chacales

Dilma y los chacales

Acosada por el Congreso, controlado –tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado– por dos parlamentarios altamente especializados en chantaje político, enfrentando un difícil y complejo cuadro económico, con impactantes caídas en los índices de popularidad, viendo cómo los sectores más conservadores de la sociedad civil, fuertemente insuflados por los grandes conglomerados de comunicación, se lanzan en campañas descomunales para destituirla, Dilma Rousseff parecía atónita y sin capacidad de reaccionar.


Para enturbiar aún más el escenario, su equipo de articulación política no hizo más, a lo largo de los últimos tres meses –exactamente los tres primeros de su segundo mandato presidencial–, que dar amplias y robustas muestras de una ineficacia sideral. Y, para colmar un vaso ya demasiado lleno,, sigue la tensión provocada por una oleada de denuncias de corrupción, especialmente en Petrobras, con todo lo que significan sesiones de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) transmitida en vivo, escenario perfecto para que la oposición, que no tiene ninguna otra propuesta de cambio que destituir a la presidenta y a fulminar el PT, luzca sus patéticos talentos histriónicos.


Luego de ser muy presionada por el ex presidente Lula da Silva y frente a un indiscutible cuadro problemático y sin solución aparente, Dilma decidió, a principios de la semana, invitar a Eliseu Padilha, un experimentado político, su actual ministro de Aviación Civil, a cambiar su insulsa cartera por la de Relaciones Institucionales, o sea, ocuparse de coordinar las relaciones con el Congreso, con movimientos sociales y con todo lo que significa como fuente de reivindicaciones y problemas.


La reacción de los caciques del PMDB, léase del partido aliado que de manera increíblemente infiel controla el Congreso, fue inmediata. Y forzaron su colega de siglas a rechazar la invitación.


Es algo insólito: un ministro que se niega a atender a un pedido de la presidenta y, peor, logra mantenerse al frente de su puesto. Resultado: nuevo desgaste para una más que desgastada mandataria, nueva iniciativa desastrada de un gobierno desastrado.


Dilma decidió, entonces, quemar uno de sus últimos cartuchos: convocó a su vicepresidente, que a la vez preside el rebelde e infiel PMDB, a asumir la articulación política de su gobierno. Michel Temer, que poca o inexistente atención recibió de Dilma especialmente a partir de su reelección (ya era el vicepresidente de la república en el primer mandato), es un negociador hábil, profundo conocedor de los vericuetos de la Cámara de Diputados (donde ocupó un escaño de 1987 a 2010, cuando se tornó vicepresidente de Dilma) y ex presidente de la casa. Y, viejo zorro político, aceptó. Diplomático y elegante, no exigió nada: "Sugirió" a la mandataria que suprimiese sumariamente la cartera de Relaciones Institucionales. De esa forma, la articulación política del gobierno se trasladó directamente a la vicepresidencia de la república.


Otra "sugerencia": poder contar con "un bolígrafo nuevo", es decir, con tinta suficiente para firmar nombramientos tanto en el segundo y tercero escalón del gobierno como en las estatales. De inmediato, empezó a negociar puestos y presupuestos.


Lo que se vio en seguida deja bien claro hasta qué punto es confuso, contradictorio y desvirtuado del sistema político (más allá de escenarios circunstanciales, por complejos que sean) brasileño. La noticia de que su presidente, y que a la vez ocupa la vicepresidencia del país, haya sido convocado para ayudar a superar una seria crisis de interlocución entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo causó profundo malestar en el PMDB. En lugar de entender que se abre un amplio espacio de poder para el principal (y, nunca es demasiado reiterar, desleal) aliado, los caciques que controlan el Congreso entendieron que aumentó de manera exponencial la posibilidad de que pierdan poder de chantaje.


Ambas interpretaciones son correctas: el PMDB gana poder, mientras que Eduardo Cunha, en Diputados, y su colega Renan Calheiros, en el Senado, algo pierden. Seguirán demonizando al gobierno, pero ahora con menos fuerza.


Hay un tercer aspecto: al ser atraído para la articulación política, o mejor dicho, para por fin instaurarla, el PMDB se hace socio del PT en la crisis. Soluciones, ahora, dependen directamente de que ambos partidos se entiendan. Los berrinches desleales de Cunha y Calheiros se debilitan.


No hay que dejar de observar que, una vez más desde su asunción para el segundo mandato presidencial, Dilma tardó demasiado para reaccionar. Por primera vez, sin embargo, reaccionó de manera hábil. Hasta ahora, además de tarde, reaccionaba de manera torpe.


Los críticos a su gestión –y los hay por doquier– se apresuraron a decir que ella ahora está en manos de dos ministros de los cuales no puede, al menos por ahora, librarse: el neoliberal Joaquim Levy, en Hacienda, encargado de hacer, en el campo de la economía, todo aquello que Dilma dijo que harían sus adversarios en caso de que llegasen el poder, y Michel Temer, del mismo PMDB, que no hizo más que sabotear su gobierno.


Las medidas económicas anunciadas, y que despertaron fuerte reacción negativa en la izquierda y en el electorado de Dilma, tendrán necesariamente que ser negociadas por Levy, cuya torpeza a la hora de pronunciarse casi equivale a la intransigencia a la hora de defender su proyecto extremista. A Temer le tocará buscar espacios para maniobrar tanto entre parlamentarios como en el equipo económico.


Dilma no puede librarse de Temer porque él es, al fin y al cabo, un vicepresidente electo por el voto popular. Le queda el consuelo de saber que es impensable, en Brasil, un mandatario tener a su vice como opositor. Bastaría con vaciar su bolígrafo. Pero, además, confía en sus habilidades.


Con relación a Levy, reemplazarlo para retomar algo parecido (igual, ni hablar) a la política económica de su primer mandato correspondería a abrir las jaulas donde el sacrosanto mercado financiero nacional e internacional encierra sus más abominables y perversas fieras.


La mandataria, en todo caso, parece estar absolutamente segura de la imperiosa necesidad de implementar medidas que, por más que sean impopulares, son las únicas que podrán asegurar la recuperación económica que le urgen al país. Al mismo tiempo, tiene plena conciencia de que está acorralada por expertos en negociados y chantajes, los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y que Temer tiene experiencia y firmeza suficiente para domarlos o al menos debilitarlos.


Habrá entendido, además, que cada paso dado desde el estreno de su segundo mandato (por no mencionar todos los dados en la política económica de los últimos dos años del mandato anterior) ha sido desastroso. Que el núcleo que asesores políticos que armó, contrariando a Lula da Silva, la llevó directamente al borde del precipicio. Que será muy difícil, aunque no imposible, recuperar a mediano plazo parcelas significativas de su popularidad, que, acorde con los últimos sondeos, bajó a tenebrosos 12 por ciento.


Dilma, una mujer valiente, detesta las menudencias del juego político pequeño y casi siempre sucio del cotidiano. Pero parece haber empezado a conformarse frente a la realidad: llevar adelante un proyecto osado y ambicioso como el iniciado hace doce años es imposible si se ignora que los chacales acosan por todos lados.


Hay que aprender a neutralizarlos al máximo: ignorarlos es una especie de suicidio.

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Dilma afirma que el ajuste es necesario

La presidenta de Brasil se siente obligada a renunciar a su programa de crecimiento con distribución del ingreso y aumento de la demanda interna con el que llegó al gobierno en 2011. Pero la austeridad no afectará a Petrobras.


En manos del sepulturero. Para limar las asperezas surgidas en las últimas semanas, Dilma Rousseff convidó a su ministro de Hacienda, Joaquim Levy, a dialogar durante un viaje de Brasilia a San Pablo, el estado más rico e industrializado del país, donde ambos asistieron a un velorio.


Dilma ratificó ayer en el Palacio del Planalto, sede presidencial, la "necesidad imperiosa de promover una reducción de gastos", lo cual implica un ajuste estimado entre 60.000 millones y 80.000 millones de reales (20.000 a 27.000 millones de dólares). Con esas palabras respaldó a Joaquim Levy, con quien habría conversado sobre sus declaraciones inoportunas y repetidos bloopers durante el viaje a San Pablo para asistir al entierro del hijo del gobernador de esa provincia.


Es la segunda vez que la presidenta procura encuadrar a su (in)subordinado ministro. Hace dos semanas, durante un encuentro con sus ex jefes de la banca privada, Levy deslizó críticas sobre la supuesta torpeza de Rousseff y días más tarde participó en un almuerzo cuyo anfitrión acababa de publicar un artículo a favor del impeachment presidencial.


En la Explanada de los Ministerios, la ancha avenida brasiliense que va de la Presidencia al Congreso, dicen que Dilma ya habría despedido a cualquier otro ministro que hubiera desafiado su autoridad como lo hizo Levy. Pero lo mantiene en su puesto porque sólo él, con sus ínfulas de primer ministro de facto, garantiza el aval del mercado hacia un gobierno con la popularidad en caída libre.


Desarrollista convicta, la presidenta se siente obligada a renunciar a su programa de crecimiento con distribución de renta y aumento de la demanda interna con el que llegó al gobierno en 2011 y aceptar los consejos ortodoxos de Levy, ex funcionario del FMI y el Banco Bradesco.


Según el cientista político André Singer, las medidas propuestas por Levy suponen enterrar el pacto social gestado durante los tres primeros gobiernos del PT (dos de Lula y uno de Dilma), cuyo punto culminante fue el virtual pleno empleo alcanzado en 2014.


Para Singer, ex portavoz de Lula, "estamos asistiendo a una política deliberada que busca destruir el pleno empleo porque el capital lo considera incompatible con las inversiones competitivas". Esa tesis es similar a la de las dos líneas internas más importantes del PT, que formalizarán sus críticas a Levy en el congreso partidario de junio.


Entre tanto, fuentes del gobierno dejaron trascender que hay consenso en el gabinete sobre la necesidad de alcanzar un superávit primario que bordee el uno por ciento, pero mientras algunos ministros defienden un corte de 80.000 millones de reales, otros prefieren que sea de 60.000 millones.


Los más moderados argumentan que se debe evitar una austeridad muy radical para evitar el riesgo de una recesión profunda y una disparada de los índices de desempleo.


Por lo pronto, las proyecciones anticipan un año pésimo. El Boletín Focus, divulgado cada lunes por el Banco Central, proyectó que el PBI sufrirá una retracción del 1,01 por ciento en 2015 y la inflación trepará al 8,2 por ciento, pese a que las tasas de interés ya están en el 12,75 por ciento anual y podría seguir creciendo.


El diseño del paquete económico aún está inconcluso pero además de limitar el gasto público también prevé aumentar impuestos y quitar recursos destinados para el seguro de desempleo. El filo de la guadaña no se detiene ahí: habrá menos créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social destinados, por ejemplo, a grandes empresas constructoras.
Esto menguará los fondos para continuar la ampliación y construcción de carreteras, como la BR 163 en la región amazónica o la BR 101, en el nordeste. A lo que se suma la amenaza de parar algunas obras indispensables para los Juegos Olímpicos del año próximo en Río de Janeiro.


Como consecuencia de este enfriamiento de la industria de la construcción ya fueron despedidos 25.000 trabajadores según Miguel Torres, presidente de Fuerza Sindical, la segunda central laboral del país. Paulo Skaf, titular de la Federación de Industrias de San Pablo, dijo que no tiene cifras definitivas, pero arriesgó una "pérdida de 50.000 puestos de trabajo" en ese estado, que representa casi el 40 por ciento del PBI nacional. El vocero patronal Skaf reiteró su apoyo a una "solución" ortodoxa consistente en reglamentar la tercerización del empleo, iniciativa respaldada por un amplio espectro de partidos en el Congreso.


Petrobras


Durante su discurso de ayer en el Planalto y en las declaraciones de la semana pasada a la agencia Bloomberg, Dilma despejó cualquier duda sobre su decisión de ir a fondo con el plan de austeridad. Sin embargo, dio a entender que las reformas (o contrarreformas) no llegarán hasta la petrolera Petrobras, envuelta en un escándalo de corrupción por el cual debió renunciar su antigua dirección en febrero. "La lucha por la recuperación de Petrobras es una lucha mía y de mi gobierno, y tengo la certeza de que es algo que interesa al pueblo brasileño... lo que está en juego es la soberanía", aseguró, antes de recibir un aplauso cerrado.


Con esa afirmación pareció abortar cualquier especulación sobre cambios de la legislación petrolera que limiten las atribuciones de Petrobras sobre los campos de aguas ultraprondas, o de "pre sal", donde yacen unos 60.000 millones de barriles.
El opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña impulsa un proyecto de ley, en el que Petrobras pierde atribuciones y las petroleras extranjeras recuperan derechos similares a los que tenían durante la gestión del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2003). La iniciativa socialdemócrata cuenta con la venia del mercado y, acaso, del propio Levy. Pero seguramente el ministro de Hacienda evitará reconocerlo públicamente

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Lunes, 06 Abril 2015 07:23

La "revolución pasiva" de Santos

La "revolución pasiva" de Santos

Truncha habrá de quedar la "revolución pasiva" de Santos con la que quiere remediar la crisis orgánica del sistema de dominación oligárquica que él encarna.

 

Ya se conoce el informe de la Comisión Historia encargada por la Mesa de conversaciones de La Habana que conforman el gobierno y las Farc del análisis del conflicto colombiano y sus víctimas, en el que se presentan las visiones de las raíces del conflicto, tanto en la realidad nacional, como en aspectos de orden internacional, las explicaciones de su extensión temporal y las graves consecuencias que ha tenido. Se trata de importantes estudios en los que, desde enfoques diversos, se presenta una visión global de la prolongada guerra nacional colombiana (http://bit.ly/1Ah17QJ).

El reto de hoy, para el pensamiento crítico, se refiere a la necesidad de caracterizar el actual proceso, su posible evolución, así como los desenlaces que pueda tener en el mediano y largo plazo. El funcionamiento de la Mesa de conversaciones ha creado un momento abierto e indefinido que, desde el lado revolucionario, debe permitir conquistar profundos cambios en la sociedad y el Estado, en el sentido de la superación de la crisis orgánica del sistema de dominación oligárquica.

Es evidente que en Colombia hay un enorme desprestigio de las instituciones actuales.

No hace falta acopiar muchos hechos, pues la percepción de crisis institucional es absoluta. Tal crisis institucional, al producirse paralelamente a una grave crisis económica como la que está en curso, deviene en lo que Gramsci llamaba crisis orgánica, como lo hemos planteado en otros análisis. Y que nosotros, desde hace años, llamamos crisis del régimen. Lo que es simplemente constatar un amplio sentimiento de repudio ante el sistema político vigente y los perversos daños que produce sobre la vida de millones de colombianos.

Sabemos por Gramsci que la irrupción de una crisis orgánica sólo es posible cuando el bloque dominante, que en nuestro país está conformado por la élite política, militar y empresarial, no puede resolver una grave crisis económica.

La reciente crisis en el sistema judicial a raíz de los escándalos por corrupción en la Corte Constitucional y el desorden masivo en otros ámbito del poder político, nos indican las dimensiones del desbarajuste del régimen tradicional. De igual manera lo muestra la crisis económica y fiscal del Estado.

Es en tal momento que se pone en cuestión absolutamente todo lo político, y se abre una oportunidad para la transformación real.

Santos, como representante del actual bloque oligárquico de poder, adelanta una "revolución pasiva" para desactivar y erradicar los factores de inestabilidad y colapso. Ese plan lo inició con su Ley de Víctimas y restitución de tierras y el reconocimiento de la existencia de una prolongada guerra civil que el gobierno de Uribe Vélez se empeñó en desconocer durante sus dos periodos gubernamentales.

El movimiento popular, social y las fuerzas revolucionarias plantean y proyectan una estrategia enderezada a concretar las más genuinas banderas de cambio democrático en la perspectiva del socialismo. Si los más desprotegidos, el pueblo, se organizan, pueden aprovechar el momento para disputarle el poder al débil bloque dominante y convertirse ellos mismos en la nueva clase dirigente. Entrar por la grieta del sistema.

Pero también puede suceder, por supuesto, que ese bloque dominante logre restaurarse y recuperar el control de la política.

Precisamente Gramsci llamó "revolución pasiva" a esta segunda opción, es decir, al proceso político cuyo objetivo es la reforma del sistema desde arriba. Esto es, donde el bloque dominante es el que dirige el inevitable cambio surgido con la crisis total.

 

La "revolución pasiva" del santismo

 

De todas las posibles respuestas a las crisis de hegemonía, una de ellas es la que normalmente va más asociada a los procesos de transición política marcados por la "revolución pasiva".

Señalemos de manera preliminar que, la "revolución pasiva" es una construcción categorial de gran amplitud, se trata de un criterio o canon de interpretación y no un programa/instrumento político como lo es para la burguesía que encarna el señor Santos. En ese sentido permite esbozar un ejercicio de aplicación analítico-interpretativa buscando dar cuenta de una combinación-desigual y dialéctica-de dos tensiones, tendencias o momentos: restauración y renovación, preservación y transformación o, como indica Gramsci, "conservación-innovación".

La "revolución pasiva" emerge como expresión de la "crisis orgánica" de la sociedad burguesa así como antítesis o fracaso de la revolución activa de las clases populares

Una revolución pasiva es un proceso de modernización impulsado desde arriba que recoge sólo parcialmente las demandas de los de abajo y con ello logra garantizar su pasividad, su silencio más que su complicidad. Se produce porque comparte el diagnóstico de que hace falta un cambio. Es posible cuando el bloque dominante acepta también que las viejas instituciones ya no son suficientes ni adecuadas para mantenerles en el poder, y cuando entiende que han de actuar antes de que otro sujeto tome el control de la situación. Es decir, la característica crucial de la revolución pasiva es que surge para disputarle la dirección del cambio a las organizaciones populares.

Constituye una especie de salida intermedia entre la dictadura y el cambio revolucionario. Para que pueda realizarse, tiene que existir una amenaza lo bastante fuerte para poder derribar un régimen y lo suficientemente débil para instaurar un nuevo sistema. En esta situación, mezclada de debilidad y fortaleza, algunos representantes de las clases políticamente débiles y económicamente fuertes logran integrar y hacer suya parte del programa de demandas de los grupos adversarios y consiguen, de este modo, realizar una revolución pasiva.

Posteriormente, si hay lucidez en el poder político asediado o en algunos de sus sectores, se inicia una segunda etapa, en la cual se asumen parte de las demandas de la oposición -salvo las más radicales, que serían las que llevarían a la superación total del viejo orden – así, se logra dirigir desde arriba el cambio y la transición.

Gramsci caracteriza estas maniobras políticas como un conjunto de procesos de "innovación-conservación" "revolución-restauración", o "revolución sin revolución". Se trata de una transformación desde arriba por la cual los poderosos modifican lentamente las relaciones de fuerza para neutralizar a sus enemigos de abajo.

Toda revolución pasiva es la expresión histórica de determinadas correlaciones de fuerza y, al mismo tiempo, un factor de modificación de las mismas. Por ello, en relación con su génesis, Gramsci anota que se trata de reacciones de las clases dominantes al "subversivismo esporádico, elemental e inorgánico de las masas populares" que "acogen cierta parte de las exigencias populares". O sea no caracterizada por un movimiento subversivo de las clases subalternas sino como conjunto de transformaciones objetivas que marcan una discontinuidad significativa y una estrategia de cambio orientada a garantizar la estabilidad de las relaciones fundamentales de dominación.

En el inicio del proceso está entonces una acción desde abajo –aunque sea, esporádica, elemental, inorgánica y no "unitaria"- la derrota de un intento revolucionario o, en un sentido más preciso, de un acto fallido, de la incapacidad de las clases subalternas de impulsar o sostener un proyecto revolucionario pero capaces de esbozar o amagar un movimiento que resulta amenazante o que aparentemente pone en discusión el orden jerárquico. En efecto, si bien el empuje desde abajo no es suficiente para una ruptura revolucionaria sin embargo alcanza a imponer –por vía indirecta- ciertos cambios en la medida en que algunas de las demandas son incorporadas y satisfechas desde arriba.

La singularidad de esos momentos es que determinados proyectos antagónicos se disputan entre sí la victoria, pero coincidiendo todos ellos en el descrédito de las instituciones previas o, dicho de otra forma, en la necesidad de superarlas. En la necesidad del cambio. Esto es importante, porque significa que proyectos políticos antagónicos pueden compartir un espacio común: el de la necesidad de un cambio. El corolario sale rápido: si esos proyectos políticos no perfilan y distinguen sus propias propuestas ideológicas, y si se mantienen en el llano discurso de deseo de superación de instituciones preexistentes, entonces tales proyectos políticos pueden ser en gran medida intercambiables.

La revolución pasiva implica por lo tanto la capacidad de las clases dominantes, frente a la explosión de las contradicciones sociales y políticas, de gobernar, integrar destruyendo las contradicciones fundamentales evitando que devengan protagónicas en la crisis orgánica.

Mediante la revolución pasiva los segmentos políticamente más lúcidos de la clase dominante y dirigente intentan meterse "en el bolsillo" a sus adversarios y opositores políticos incorporando parte de sus reclamos, pero despojados de toda radicalidad y todo peligro revolucionario. Las demandas populares se resignifican y terminan esfumándose en la maquinaria de la dominación.

La revolución pasiva consiste, pues, en lograr el retorno a la "normalidad" del capitalismo. Se trata de resolver la crisis orgánica reconstruyendo el consenso y la credibilidad de las instituciones burguesas para mantener el orden oligárquico. Es decir: la continuidad del capitalismo. Lo que está en juego es la crisis de la hegemonía burguesa, amenazada por las rebeliones populares y la resistencia campesina revolucionaria armada.

Se pretende volver a legitimar las instituciones del sistema capitalista, fuertemente devaluadas y desprestigiadas por una crisis de representación política que hacía años no vivía nuestra sociedad.

Se plantean por tanto las siguientes cuestiones, ¿En qué medida los cambios reproducen o restauran el orden existente o lo modifican para preservarlo? ¿En qué medida "acogen cierta parte de las exigencias populares"? ¿Cuánta y qué parte? Las variaciones posibles son diversas pero acotadas por dos puntos límites: la revolución pasiva no es una revolución radical –al estilo jacobino o bolchevique- y la restauración progresiva no es una restauración total, un restablecimiento pleno del estatus quo anterior.

En relación a su dinámica, la modernización conservadora implícita en toda revolución pasiva, es conducida desde arriba. Ese arriba se refiere tanto al nivel de la iniciativa de las clases dominantes como a la cúpula estatal, ya que el lugar o el momento estatal aparece crucial a nivel estratégico para compensar la debilidad relativa de las clases dominantes, las cuales recurren, por lo tanto, a una serie de medidas "defensivas" que incluyen coerción y consenso.

Se conforma de tal manera un modelo de dominación basada en la capacidad de promover reformas conservadoras maquilladas de transformaciones "revolucionarias" y de promover un consenso pasivo de las clases dominadas.

 

Cesarismo y transformismo

 

La revolución pasiva se ve acompañada del cesarismo y el transformismo. Se apoya en un cesarismo progresivo (la presencia de una figura carismática que cataliza y canaliza las tensiones y encarna el paternalismo asistencialista) y el transformismo (el desplazamiento de grupos dirigentes progresistas del movimiento popular hacia posiciones conservadoras en puestos en las instituciones estatales).

En otros términos, hay dos momentos en el proceso de revolución pasiva.

El primero, la restauración. En ese primer momento el bloque dominante trata de bloquear (con el Cesarismo populista de derecha encarnado en Uribe Vélez) la organización popular que crece al calor de las demandas políticas, evitando de esa forma una transformación radical del sistema desde abajo.

El segundo, el transformismo (santista, en este caso). En este momento el bloque dominante recoge algunas de las demandas populares y las hace suyas, adaptándolas previamente a sus propias necesidades y confundiendo así a las masas populares en revuelta.

En nuestro caso, lo que resalta es el transformismo promovido por Santos. Por medio del transformismo Gramsci designa un proceso de deslizamiento molecular que lleva al fortalecimiento del campo de las clases dominantes, a través de un paulatino drenaje (absorción) por medio de la cooptación de fuerzas del campo de las clases subalternas o, si se quiere, viceversa, un debilitamiento del campo subalterno por medio del abandono o traición de sectores que transforman oportunistamente sus convicciones políticas y cambian de bando.

Con el transformismo, Gramsci quiere referirse a dos realidades: a) el proceso de absorción de las demandas menos radicales y la articulación de éstas en un programa más moderado; y b) la captación e integración de dirigentes de los grupos políticos rivales. A través del transformismo se logra quebrar la relación de fuerzas anterior que había obligado a adoptar la estrategia de reformismo político preventivo.

El transformismo aparece entonces como un dispositivo vinculado a la revolución pasiva en la medida en que modifica la correlación de fuerzas en forma molecular en función de drenar –por medio de la cooptación– fuerzas y poder hacia un proyecto de dominación en aras de garantizar la pasividad y de promover la desmovilización de las clases subalternas.

Aunque el concepto de revolución pasiva remite al ámbito superestructural es evidente que, más allá de la dimensión socio-política, es clara la referencia a una consolidación capitalista por medio de la intervención estatal en la vida económica en función anti-cíclica, como lo demanda la coyuntura creada con la caída de los precios del petróleo y sus efectos en los ingresos fiscales del gobierno. En este sentido cabe toda la extensión bicéfala de la expresión "formas de gobierno de las masas y gobierno de la economía" usada por Gramsci para referirse al estatalismo propio de una época de revolución pasiva.

Estamos en la situación del Estado ampliado, que incluye a la sociedad civil y pretende controlar las relaciones de producción y el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la planificación.

En el tiempo de la revolución pasiva la concepción del Estado ampliado, vinculada con los procesos inéditos de difusión de la hegemonía no comporta la puesta en mora o la disminución de la concepción del Estado «según la función productiva de las clase sociales», sino significa una complejización radical de la relación entre política y economía, una intensificación molecular de una primacía de la política entendida como poder de producción y de gobierno de los procesos de pasivización, estandardización y fragmentación.

 

Consecuencias de la revolución pasiva

 

Las principales consecuencias de las transiciones políticas guiadas por el modelo de la revolución pasiva son las siguientes:

a) La ausencia de una verdadera participación popular, dado que son las cúpulas de las organizaciones políticas las que pactan y consensuan "por arriba" los contenidos y los plazos del proceso de transición.

b) La modificación, en parte, de la realidad política anterior. Especialmente, la oposición intenta enmascarar su debilidad presentando dichas modificaciones como cambios políticos profundos.

c) El debilitamiento de las fuerzas radicales opositoras y la integración de muchos miembros de dichas fuerzas en los antiguos grupos rivales a través de diversos mecanismos de aplicación de la estrategia del transformismo.

d) La inexistencia de una hegemonía alternativa. Hay que tener en cuenta que la revolución pasiva no siempre resuelve la crisis de hegemonía que la provoca, entendida como escisión entre sociedad política y sociedad civil con mayores o menores grados de intensidad, que son los que marcan el nivel orgánico o coyuntural de cada crisis de hegemonía. Conviene tener presente que Gramsci contempla diversas posibilidades de respuesta a dicha crisis:

a) Guerra civil entre los grupos que luchan por la hegemonía.

b) Reacción de la clase dominante a través de un nuevo tipo de dictadura o de una reestructuración de sus posiciones en la sociedad política mediante mecanismos diversos de reforma interna.

c) Insurrección revolucionaria de masas con dirección política que logra imponer un nuevo sistema.

d) Subversivismo de masas sin dirección política.

e) Solución cesarista de la crisis a través de un caudillismo.

f) Prolongación de la crisis y extensión del caos político y social por la incapacidad de respuesta de los grupos dominantes y la existencia de una sociedad civil débil e inerte.

g) Pacto y consenso entre las fuerzas antagónicas ante la imposibilidad de la victoria de una de ellas y, por lo tanto, construcción de un nuevo régimen en el que se integran parte de las demandas de cada una de las fuerzas intervinientes. Este pacto y consenso sirve para crear un nuevo dominio político, pero no resuelve el tema de la dirección social, cultural y económica. Y sólo la suma de dominio y dirección crea una nueva hegemonía.

Cerremos, esta parte señalando que ese el programa político de la burguesía con su intento de revolución pasiva impulsada desde las alturas seudo reformistas del santismo neoliberal. Lo que queda de ese experimento de Tercera vía es un mecanismo de expropiación de las demandas populares por la vía de "renovaciones", "modernizaciones" y "recomposiciones" parciales, que preparan el camino a restauraciones más de derecha en su totalidad. Es un detalle que no debemos ignorar.

Está en marcha una suerte de transición liberal, dirigida por el mismo bloque dominante. Ese gran poder privado y salvaje que teme un cambio desde abajo y desde la izquierda y que quiere retocar el sistema desde arriba y por derecha neoliberal.

Pretenden logra transformaciones importantes en la organización social, pero reduciendo al mínimo la "iniciativa popular" en la producción de esos cambios. Por eso aquello de que el modelo no se negocia, al decir de Humberto De La Calle.

La operación del bloque dominante es la misma: la restauración del sistema por medio del transformismo.

 

El programa de cambios democráticos

 

Por supuesto, lo visto es un lado de la cuestión política en el momento. Y la política es un arte cuyo principal instrumento es la estrategia. El desafío para los revolucionarios es identificar las rutas convenientes de acción. Por eso nos preguntamos ¿qué sucede cuando la iniciativa la toman nuestros enemigos? ¿Qué hacer cuando los segmentos más lúcidos de la burguesía intentan resolver la crisis orgánica de hegemonía, legitimidad política y gobernabilidad apelando a discursos y simbología "progresistas", poniéndose a la cabeza de los cambios para desarmar, dividir, neutralizar y finalmente cooptar o demonizar a los sectores populares más intransigentes y radicales?

¿Cómo enfrentar esa iniciativa? ¿De qué manera podemos deconstruir esa estrategia burguesa?

Gran parte de las reflexiones de los marxistas sobre la lucha de clases han girado en torno a la necesidad de asumir la iniciativa política por parte de los trabajadores y el pueblo. Desde luego, considerando siempre las condiciones concretas de la lucha social, que en este caso se ubica en una coyuntura de compleja y desigual combinación de las movilizaciones populares y de masas, pues, dentro del conglomerado de olas y mareas políticas que se entrecruzan, no todo aparece tan nítidamente diferenciado ni delimitado como pudiera suponerse.

Estamos ante un difícil desafío: pensar desde la teoría revolucionaria no en la posibilidad inmediata del asalto al poder o de una ofensiva abierta de las masas populares, sino en aquellos tiempos del proceso de la lucha de clases donde el enemigo pretende mantener y perpetuar el modelo neoliberal de manera sutil y encubierta. No lo pretende hacer de cualquier manera. Paradójicamente, las clases dominantes intentan resolver su crisis orgánica, garantizar la gobernabilidad y mantener sus jugosos negocios enarbolando nuestras propias banderas (oportunamente resignificadas). Resulta más sencillo enfrentar y golpear a un enemigo frontal que intenta aplastarnos enarbolando banderas neoliberales y fascistas, como en el caso de Uribe Vélez. Pero resulta extremadamente complejo responder políticamente cuando el neoliberalismo se disfraza de prospero, continúa beneficiando al gran capital en nombre de "la democracia", los "derechos humanos", la "sociedad civil", el "respeto por la diversidad", los diálogos de paz y la reparación de las víctimas con la restitución de las tierras despojadas por el paramilitarismo.

En otros terminos, resulta relativamente fácil identificar a nuestros enemigos cuando ellos adoptan un programa político de choque o represión a cara descubierta. Pero el asunto se complica notablemente cuando los sectores de poder intentan neutralizar al campo popular apelando discursivamente a una simbología "progresista". En esos momentos, navegar en el tormentoso océano de la lucha de clases se vuelve más complejo y delicado.

De tal manera que, a la capacidad de la oligarquía de operar recomposiciones de todo tipo, es necesario oponer una lucha política de tipo acumulativo, cuyas definiciones estratégicas no van más allá, en situaciones ideales, de la constitución de un "bloque o frente amplio popular" que opera un cambio importante en la relación de fuerzas.

Además, sabiendo que una comunidad política vive siempre en un ámbito institucional que tiene la apariencia de haber estado siempre ahí. Que hay instituciones que rodean y envuelven nuestra vida cotidiana, que también van cambiando, pues todo cambia. Y los sistemas políticos no son ajenos a ese proceso. La pregunta más obvia es ¿hacia dónde se debe cambiar?

Desde el campo popular y revolucionario, es inevitable ver nuevos procesos constituyentes, como ha sido planteado por la delegación revolucionaria en la Mesa de conversaciones en La Habana, es decir, procesos que constituyan nuevas instituciones políticas o que produzcan cambios radicales en los diseños vigentes hasta ese momento. Habitualmente estos procesos se refieren a la institución superior, la Constitución. Pero es preciso recordar acá que no todos los procesos constituyentes son iguales. A veces los procesos constituyentes tienen una perspectiva popular que refleja las demandas y exigencias de las gentes más desfavorecidas, esto es, lo que llamamos comúnmente el pueblo. Así fue claramente en los casos de Francia entre 1789 y 1792, de México en 1917, de Rusia en 1918 y 1924, de España en 1931 o de Italia en 1948. Sin embargo, otras veces los procesos constituyentes son dirigidos desde arriba, desde las mismas élites que gobernaban las instituciones previas.

Un proceso constituyente implica a su vez un proceso destituyente, porque la constitución de nuevas instituciones se hace sobre la eliminación de las anteriores instituciones. Dicho llanamente, si quiero algo nuevo es porque no me gusta lo viejo o directamente no lo tengo; si quiero democracia ampliada es porque la que tengo es ficticia. Por eso puede afirmarse que una crisis institucional es el reflejo de una enorme grieta, de un proceso destituyente abierto de facto.

Así pues, hay momentos políticos, como el de hoy, en los que las instituciones vigentes se ponen en cuestión. Es entonces cuando se abre el debate sobre cómo han de cambiar, y en ese momento diferentes proyectos políticos confrontan entre sí en torno al tipo de instituciones nuevas que hay que crear.

Es por tal razón que los cambios de fondo que demanda Colombia, no se pueden lograr sin confrontar con las instituciones centrales del aparato de Estado oligárquico. Debemos apuntar a conformar, estratégicamente y a largo plazo —en términos de varios años y no de tres meses— organizaciones populares de lucha revolucionaria.

Así que no habrá transformación social radical al margen del movimiento de masas, en el entendido que los procesos de transición pacifista deben captar la hilazón entre el arte político y el arte militar, entre la fase político-militar y la técnico-militar, pues "las revoluciones siempre son guerras".

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Lunes, 06 Abril 2015 07:15

La democracia como mentira

La democracia como mentira

Después de padecer largas dictaduras militares a lo largo del siglo XX en América Latina, y apartadas las polarizaciones ideológicas que llevaron a conflictos armados en no pocos países, la recuperación, o edificación, del estado de derecho pareció ser la meta a conseguir como salvaguarda de un futuro en que democracia y desarrollo pudieran caminar de manera integral y paralela.


Bien podría decirse que la aspiración de finales del siglo XX fue hacer que la realidad política respondiera a la letra de las constituciones, un ajuste en el que habíamos fracasado desde los días de la independencia. Ni más ni menos, regresar al siglo XIX para poder tener siglo XXI, recuperando el cúmulo de ideas que habían fundado las repúblicas liberales.


Las democracias empezaron a funcionar basadas en el regreso al fundamental derecho de elegir, y a partir de allí fue necesario probar la eficacia de las instituciones, como salvaguarda para evitar el temido regreso a la concentración viciosa de poder y al arbitrio de una sola persona mandando por encima de las leyes. Esta había sido la persistente realidad impuesta desde el siglo XIX, que acabó con el sueño benéfico de la majestad de las constituciones y el imperio de las leyes, algo que a los caudillos siempre les pareció una tontería infantil.


Pronto se descubrió, antes de que se cerrara el siglo XX, que la institucionalidad democrática era capaz de resucitar de las cenizas de las dictaduras militares, solamente donde esa institucionalidad había prosperado antes, como en Uruguay o en Chile; pero donde históricamente había sido débil, o apenas existente, era difícil reinventarla, como en la mayoría de los países centroamericanos.


En otros, como Venezuela, era el agotamiento del sistema democrático, desprestigiado por la corrupción, el que abría paso a nuevas propuestas que con el tiempo vinieron a probar su dramático fracaso. Pero tampoco el populismo, proclamado con pompa revolucionaria, venía a ser nada nuevo en América Latina; ya lo conocíamos desde tiempos de Perón, Getulio Vargas y Rojas Pinilla.


También aprendimos, o recordamos lo que ya la historia enseñaba: que la democracia populista no es más que un seudónimo del autoritarismo, o una etapa previa a entrar en la dictadura sin apellidos. Esas fronteras son muy sutiles. Si hay concentración absoluta de poder, cercenamiento de la libertad de expresión; si hay miedo de los ciudadanos frente al poder, si la corrupción descompone a la autoridad, estamos en los umbrales de la dictadura. De allí a la represión sangrienta no hay más que un pequeño paso. Y el populismo no es más que el celofán en que se envuelve ese regalo envenenado.


Pero otro elemento, para nada sorpresivo, se sumó al panorama de fin de siglo, y se expande hoy con fuerza de incendio: la corrupción, tan integral a la propia democracia recuperada, como si fuera parte de ella; en muchos sentidos, porque la propia debilidad institucional, que incluye la falta de transparencia y de controles sobre la voracidad de no pocos de quienes suelen ascender al mando, la facilita. Apenas un gobierno elegido por el voto popular se instalaba, quienes entraban a ocupar las oficinas públicas parecían listos desde el primer día para empezar a robar. Y la fiesta sigue. Si no veamos el caso de Petrobras en Brasil.


Los escándalos de corrupción siguen repitiéndose, y el electorado parece padecer de una incurable nostalgia por los gobernantes juzgados y condenados por delitos de malversación y enriquecimiento ilícito. Allí tenemos el reciente regreso triunfal a Guatemala del ex presidente Alfonso Portillo, recibido multitudinariamente en el aeropuerto tras cumplir en Estados Unidos una condena por lavado de dinero, bajo propia confesión.


El panorama se agrava con la incidencia pertinaz del crimen organizado, que alienta la corrupción en todos los estratos, como en México, donde los narcocárteles buscan minar el estado de derecho y han avanzado bastante. Y en no pocos países envuelven en sus redes a magistrados, fiscales, policías, ministros, porque los narcodólares tienen un peso excesivo y desproporcionado capaz de descalabrar el andamiaje institucional. Es una hidra de múltiples cabezas que apenas le cortan una retoñan 100; una hidra capaz de asesinar masivamente, incinerar, desmembrar, decapitar, con mucho que enseñar en cuanto a métodos de crueldad a los sicarios del califato islámico.


Por ahora, habría que hacer que el Estado exista, volviéndolo visible. El Estado sólo es real cuando tiene el control de un territorio; si no, tiende a ser sustituido, en los barrios por las pandillas juveniles criminales, como en San Salvador o San Pedro Sula, en los municipios y en las áreas rurales por los propios jefes narcos, que actúan como si fueran el Estado, pero al margen del Estado, imponiendo su propia ley. Es una anarquía concertada, que aparenta orden, pero es un orden impuesto por el miedo y el terror.


En esas condiciones, el Estado sólo queda en el papel. Si los narcos instalan escuelas, clínicas, sistemas de agua potable, es porque el Estado ha fallado en su función esencial de hacer eso mismo. Pero para que recupere su soberanía interna, debe funcionar primero como un verdadero Estado democrático.


Lo que se da en llamar clase política debe ver más allá de sus narices. Concertar planes a largo plazo, sin interponer identidades ideológicas. El desarrollo estratégico de un país incluye no sólo las inversiones, el crecimiento de la economía y la calidad y la extensión de los programas sociales, sino también la seguridad pública vista como un modelo diferente, no solamente represivo.


Seguridad ciudadana significa crear vínculos activos con la comunidad. Los narcos no son marcianos; nacen y crecen en las comunidades pobres, tienen vínculos afectivos con los suyos, y saben ejercer el populismo. Allí hay un desafío. El Estado debe vincularse socialmente con esas comunidades. Las fuerzas especiales de tarea, enmascaradas con pasamontañas, seguirán fracasando en la prevención y el control del delito si el Estado no piensa primero en la integración, la transformación social y la eliminación de la pobreza crónica.


Masatepe, abril de 2015.
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Miércoles, 01 Abril 2015 17:20

Los sectores sociales a reflexionar

Los sectores sociales a reflexionar

La Semana Santa se presenta como una pausa para algunas de las causas que adelantan diferentes sectores sociales, pero otros, como los indígenas, continúan con la lucha. Acá un breve informe sobre cómo va cada sector en estos días de "reflexión".


Los primeros meses del año 2015 quedaron marcados con la impronta de la presión de varios sectores sociales. Algunos lograron parte de sus propósitos, como los camioneros, por ejemplo. que acordaron con el Gobierno volver obligatorio un flete de referencia, mientras que los corteros de caña del ingenio Risaralda lograron la formalización de su trabajo. Sin embargo, aún hay sectores que siguen en conversaciones y las agendas ya están programadas para cumplir con sus objetivos.


Fecode: las negociaciones van del 6 al 10 de abril


La Federación Colombiana de Trabajadores por la Educación (Fecode), participó el pasado 25 de marzo en una sesión plenaria con las comisiones de diferentes empleados estatales y el Ministerio de Hacienda. Esta reunión, que fue apoyada por la movilización social de los sindicatos del sector y el magisterio, fue calificada como el inicio "efectivo" de la negociación entre las partes.


En este primer encuentro oficial fue expuesto el tema de educación en el Plan Nacional de Desarrollo y se empezaron a mover propuestas sobre el tema de los salarios. Por ahora, es conocido que las partes se derán cita después de Semana Santa, entre el 6 y el 10 de abril. Pero continúa el llamado por parte de Fecode a todos los docentes para que defiendan el pliego de peticiones.


Pequeños mineros: en la sala de espera


A la espera de una medida transicional para evitar la quema de camiones estaban los pequeños mineros. Medida que debería aplicarse mientas concluye el proceso de elaboración de un decreto reglamentario que les permitirá formalizar su trabajo. Para esta época siguen en espera, pero al menos ya tienen una fecha de reunión.


El 9 de abril se reunirán en el Ministerio de Minas y Energía con el Ministerio de Ambiente, "No solo porque dicen que somos depredadores del medio ambiente sino porque la política ambiental frente a la minería no es clara, hay muchas ambivalencias y hay varias interpretaciones que crean problemas", le dijo la directora de Conalminercol, Luz Stella Ramírez, a desdeabajo.


Sin embargo, Ramírez señala que persiste un gran disgusto en el sector porque la Fiscalía se niega a establecer una fecha para reunirse con ellos. Una reunión de gran importancia dicen, porque con este Órgano podrían encontrar una solución a los operativos del decreto 2235. "Se hacen operativos sin mediar un debido proceso, sin presunción de inocencia, sin derecho a la defensa y terminan mal". Según Ramírez, la Fiscalía le dice al Gobierno que no ve necesaria esa reunión, por lo cual éste aún no decide qué medidas tomar.


A lo anterior se suma, lo que parece una coartada a la libre expresión, "Los alcaldes nos invitaron a participar del Congreso de alcaldes que tuvieron en Cartagena. Inicialmente el espacio de intervención era de una hora, después nos dijeron que de 20 minutos y cuando ya estábamos allá dispuestos a hablar los 20 minutos nos dieron 5 porque el viceministro del Medio Ambiente se puso furiosísimo porque íbamos a hablar", dijo Ramírez.


Así pues, esperan la reunión del 9 de abril, pero al mismo tiempo, de no lograr algo concreto, no descartan la posibilidad de un paro.


La Uso sigue en el radar


La Unión Sindical Obrera (Uso), también es uno de los sectores sociales que ha mencionado la posibilidad de un paro, principalmente por los despidos masivos que Ecopetrol realizó bajo el argumento de la caída en el precio del petróleo.


Esa amenaza había mermado pero, con el despido de Edwin Palma, vicepresidente de la Uso, por publicar en redes sociales los salarios de los ejecutivos de Ecopetrol –que alcanzarían hasta los 60 millones mensuales (ver cuadro)–, la amenaza fue reactivada.


La publicación de Palma, que los trabajadores dicen, ya la habían realizado medios alternativos, causó polémica por la incongruencia de la petrolera estatal, pues mientras se despiden obreros, los ejecutivos, en supuesta "época de austeridad", continúan devengando altísimos salarios.


Frente a esa situación, Edwin Castaño le dijo a desdeabajo, "tuvimos una reunión el día lunes a las cinco de la tarde con la persona designada por el Gobierno. El Gobierno se reunió el sábado con Ecopetrol en las horas de la mañana y se miró toda la situación, estuvo Luis Eduardo Garzón y el Ministro de Minas, el doctor Néstor Humberto Martínez, el presidente Gutiérrez de Ecopetrol y otros funcionarios de la empresa. Ahí quedó asignado José Noé Ríos para reunirse el lunes con nosotros, con dos propósitos: uno, que el compañero Palma pasara la carta de reconsideración que le da un plazo a la empresa de responder hasta el lunes si reconsidera el despido o lo ratifica; dos, José Noé nos pidió que la Uso emitirá un comunicado público donde se manifestara que se respetaba la Constitución y la ley y eso fue lo que se hizo el día de ayer".


Con respecto a la resolución de la Asamblea Nacional de Delegados de la Uso, que había definido el paro de carácter indefinido, éste quedó en pausa, pues esperarán, sobre todo por el cambio de presidente de la estatal petrolera –el primero de abril es el último día en que Javier Gutiérrez estará al frente del alto cargo-, dando una pausa para que los compromisos que asumió el Gobierno sean cumplidos.


Según Castaño, los compromisos son los siguientes:

 

  • • Uno, saber de parte del Gobierno cuál era el futuro de Ecopetrol, si venderán o no alguno de sus activos. En esa pregunta el director de planeación fue tajante, dijo que por ahora el Gobierno no está buscando alternativas de venta ni privatización.
  • • Segundo, el tema de la modernización de la refinería de Barrancabermeja, y en este item el mismo Ministro de Minas y el director de Planeación manifestaron que eso estaba dentro de las cuentas del PND, en su capítulo de las regiones.
  • • Tercero, el tema de ICP, como un establecimiento estratégico para Ecopetrol y para la industria petrolera. Manifestaron que ahí no había ningún tipo de amenazas.
  • • Por último, los trabajdores dicen que trataron temas laborales, en los cuales quedaron los compromisos por parte de Luis Eduardo Garzón de generar con el nuevo presidente de la petrolera estatal, Echeverry, un escenario lo más pronto posible para tratar todo el tema de las desvinculaciones , terminaciones de contrato, liquidación, así como el tema de persecución o la política antisindical que tiene Ecopetrol.

 

Los 10 salarios más altos de Ecopetrol

 

Javier Gutiérrez, Presidente: $60.518.347 (nuevo presidente Juan Carlos Echeverry) 
Héctor Manosalva Rojas, Vicepresidente Desarrollo y producción:$60.518.347
Carlos Eduardo Samudio, Director Centro de servicios compartido: $47.347.000
Héctor Augusto Castaño, Vicepresidente de activos con socios:$44.600.936
Ayde Mary Martínez; director relaciones laborales:$37.372.000
Lina Beatriz Duran, Jefe unidad mercadeo y proveedores:$24.622.000
Claudia Janeth Wilches, Jefe asuntos jurídicos laborales:$24.530.000
Ricardo Jaramillo, Coordinador de abastecimiento:$24.408.000
Yohani Arciniegas, Jefe de relaciones sindicales:$24.621.000
Sergio Augusto Corredor, Jefe unidad de servicio comparativo: $24.522.000

 Información tomada de Las2Orillas: http://www.las2orillas.co/los-10-salarios-mas-altos-de-ecopetrol-en-epoca-de-crisis/

 

Los indígenas no se van de vacaciones, invitan a la reflexión


A diferencia del pequeño u obligado receso que deben tomar los sindicatos y los pequeños mineros, por la espera a que el Gobierno Nacional vuelva a las actividades cotidianas, la Liberación de la Madre Tierra, como la persistencia de los indígenas, no descansa.


El 24 y 25 de marzo, las comunidades se reunieron para efectuar una minga de siembra, en donde realizaron un roce de la caña perteneciente al ingenio Manuelita de Ardila Lulle. Lo realizaron para sembrar semillas de plátano, yuca y de maíz, "Ya hemos sembrado 10 arrobas de maíz, se puede ver ya el plátano y el frijol creciendo [...] La gente está muy entusiasmada y aquí se va a quedar", cita el Tejido de Comunicación de la Acin.


Este proceso de siembra, explican, es uno de los más importantes en la Liberación, principalmente por la limpieza y el ánimo de regresarle el equilibrio a la Madre Tierra. Sin embargo, a ese proceso se unió el Ejército, pero no precisamente para ayudar con la siembra.


Según la Acin, las tropas ingresaron a la hacienda Miraflorez, la finca donde la limpieza fue realizada, y quemaron la Tulpa de los mayores –que es donde la comunidad se reúne con los mayores, planean las labores colectivas y donde se hacen rituales de armonización–. También destruyeron gran parte de los cultivos y se ubicaron al lado de los indígenas para tomarles fotografías, lo que luego les ayuda a iniciar procesos judiciales.


Pese a esta provocación, los indígenas culminaron su siembra, pues la persistencia es una de sus cualidades, que no solo realza en Miraflorez, también en la Emperatriz.


En conversaciones con desdeabajo Apolinar García, coordinador del cabildo Huellas, dijo que los trabajadores de la hacienda siguen realizando sus labores con normalidad, pero que los enfrentamientos también se están volviendo parte del paisaje.


Desde el 5 de marzo "ya van 41 heridos porque el Esmad casi, día de por medio, ataca a la gente con gases y también con tiros recalzados que son muy peligrosos, pueden matar a la población civil", dijo García.


Según él, Semana Santa no representa un cambio en sus actividades, "La comunidad dijo que iban a seguir derecho hasta que realmente recuperen la tierra". Falta ver si el Esmad descansará o si seguirá con los ataques. Pero más aún, faltará ver si el Gobierno Nacional se toma estos días para reflexionar sobre la situación del Cauca, que va de mal en peor, pues ya se cumplen tres meses del proceso de Liberación de la Madre Tierra, sin que el Gobierno asuma su responsabilidad ante la demanda de las comunidades indígenas, los heridos van en aumento, lo que hace muy factible que a medida que pase el tiempo la iniciativa indígena de opcupar más tierra se multiplique por todo el departamento.

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Evo mantiene la mayoría, pero pierde zonas urbanas

El Movimiento al Socialismo ganó las gobernaciones en los departamentos de Cochabamba, Pando, Oruro y Potosí, mientras que la oposición se impuso en La Paz, Santa Cruz y Tarija. En Chuquisaca y Beni habría ballottage.



El Movimiento Al Socialismo (MAS) se ratificó como el partido con más electores en Bolivia. Obtuvo la mayoría de votos en los departamentos de Cochabamba, Pando, Oruro, Potosí. Aunque la oposición ganó en los territorios con más habitantes: La Paz y Santa Cruz, además de Tarija. En Chuquisaca y en Beni habría segunda vuelta. El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, indicó que su gobierno trabajará con los opositores "que abran las puertas" de sus gobernaciones y alcaldías.


El día de elecciones comenzó con cientos de vecinos en romería por las calles hacia la iglesia del barrio. Iban con hojas de palmas trenzadas para emular la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Luego de practicar su culto, acudieron a la escuela para votar.


En la gobernación de La Paz se impuso Félix Patzi, del partido Soberanía y Libertad (Sol.Bo), con el 52 por ciento de los votos. Segunda salió Felipa Huanca, del MAS, con el 29 por ciento. Patzi, de origen Aymara, perteneció al MAS hasta 2010, cuando lo expulsaron del partido por conducir borracho su auto. La Alcaldía de la ciudad de La Paz también quedó para Sol.Bo. Fue electo para un segundo mandato Luis Revilla, con el 58 por ciento de los votos. Quedó segundo Guillermo Mendoza, del MAS, con el 38 por ciento.


"He votado por el licenciado Patzi, que está con el proceso de cambio aunque no es del MAS. Me parece un hombre decente y revolucionario. Antes pensaba que eran revolucionarios los del MAS, pero mucho ya se han degenerado. Han tomado demasiado cariño al dinero. Creo que el presidente Evo tiene buena conciencia, pero se rodea de personas de la derecha que le aconsejan mal", dijo Roberto Claros, a la salida del Colegio Uruguay, todavía con una palma trenzada en la mano.


"Mi voto fue para el compadre Guillermo Mendoza, que fue elegido por el presidente Evo para gobernar La Paz. Es la única opción, antes de que vuelvan los neoliberales que regalaron el país durante las últimas décadas", dijo a Página/12 Gumercinda Vilche, en su puesto de venta de verduras del mercado de Villa Fátima.


Ayer, el Auto de Buen Gobierno estableció la prohibición de circulación vehicular en todo el país, lo que dejó la calle a merced de niñas y niños en bicicleta, chicas y chicos jugando a la pelota, decenas de perritos lanudos, llamados "chapis", amarrados a sus humanos paseanderos.


En la ciudad de El Alto, Edgar Patana, del MAS, no logró la reelección. Le ganó Soledad Chapetón, una aymara de Unidad Nacional (UN), partido de centroderecha dirigido por el empresario cementerio Samuel Doria Medina. Ella obtuvo el 52 por ciento. Patana, el 31 por ciento.


En el departamento de Santa Cruz, fue reelecto el gobernador Rubén Costas, de Unidad Democrática (UD), con el 54 por ciento. Rolando Borda, del MAS, quedó con el 33 por ciento. En la Alcaldía cruceña también fue reelecto Percy Fernández, con el 42 por ciento. Le sigue el masista Reymi Ferreyra, con el 25 por ciento. De todos modos, Fernández es aliado al gobierno de Morales, quien llegó a intitularlo "el mejor alcalde de Bolivia". En el departamento de Cochabamba, triunfó el candidato del MAS Iván Canelas, con el 58 por ciento. Henry Paredes, de UD, obtuvo el 23 por ciento. Pero la Alcaldía de la ciudad de Cochabamba la ganó José María Leyes, del opositor Cochabamba Somos Todos, con el 55 por ciento.


En el departamento de Oruro, el masista Víctor Vásquez ganó con el 56 por ciento. Pero la Alcaldía de la ciudad de Oruro es para Edgar Bazán, del Movimiento Ciudadano San Felipe de Austria, con el 35 por ciento de los votos. En Potosí, el MAS ganó la gobernación con Juan Carlos Cejas (57 por ciento) y la Alcaldía con Williams Cervantes (33 por ciento). En Chuquisaca se impuso el masista Esteban Urquizu, con el 47,4 por ciento de los votos. Segundo, con el 47,1 por ciento, quedó Damián Condori, cuya agrupación Chuquisaca Somos Todos se conformó con políticos que se fueron del MAS cuando no lograron imponer la candidatura de Condori. Si la diferencia entre ambos candidatos se mantiene con el transcurrir del conteo de votos, aquí habrá segunda vuelta. La Alcaldía más grande de este departamento, y capital constitucional de Bolivia, es Sucre. Aquí ganó el masista Iván Arciénaga, con el 45 por ciento.


En el departamento de Tarija ganó Adrián Oliva, de Unión Departamental Autonomista, con el 47 por ciento. Segundo quedó el candidato del MAS Pablo Canedo, con el 36 por ciento. En la Alcaldía de Tarija triunfó el opositor Rodrigo Paz, de Unidos para Renovar (UNIR), con el 55 por ciento.


En Beni salió primero el candidato del MAS, Alex Ferrier, con el 38 por ciento. Segundo quedó Carlos Delien, de Nacer, con el 33 por ciento. En este departamento también habría segunda vuelta. En cuanto a la Alcaldía de Trinidad, capital beniana, se impuso Mario Suárez, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), con el 42 por ciento.


En el departamento de Pando ganó el MAS la Gobernación, pero no la Alcaldía con más habitantes, Cobija. Rodolfo Flores fue electo gobernador con el 65 por ciento. José Villavicencio, de Pando Unido y Digno, se impuso con el 48 por ciento de los votos.


Días atrás, el presidente Morales había dicho que no iba a trabajar con los opositores que ganaran alcaldías y gobernaciones. En la mañana de ayer, en un desayuno con periodistas, el vicepresidente se explicó: "Nosotros vamos a trabajar con todas las personas que nos abran las puertas. Dijimos que no podemos trabajar con quien nos cierra las puertas, con quien nos bloquea el aeropuerto, con quien nos tira piedras para que caigan los helicópteros y nos muramos." En esa línea agregó: "Somos gente de trabajo, no somos ociosos, no somos vagos. Somos gente que ha mostrado en diez años de gobierno ser sistemática y disciplinadamente laboriosa y trabajadora, en beneficio del pueblo boliviano. Y trabajaremos con quienes tienen ese ritmo y ese amor por el trabajo en beneficio de los bolivianos".

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Brasil: cuando los aliados se hacen oposición

Brasil vive una experiencia insólita. Tanto la Cámara de Diputados como el Senado son presididos por parlamentarios del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), principal partido de la base aliada que asegura mayoría al gobierno de Dilma Rousseff, del Partido del Trabajo (PT). Ocurre que ambos –el diputado Eduardo Cunha y el senador Renan Calheiros– están en guerra abierta contra Dilma y su gobierno. Resultado: determinan qué debe y qué no debe ser votado y cuándo. En otras palabras, reúnen en sus manos el efectivo poder de gobernar. Sin su aprobación, ninguna medida considerada esencial por el gobierno es llevada a votación. Y, a la vez, llevan a votación, para eufórica alegría de la oposición minoritaria, proyectos y medidas francamente contrarias a todos los planes de Dilma.


Al cierre del tercer mes del segundo mandato de Dilma, quien obtuvo la relección en una reñida disputa el pasado octubre, el país sigue viviendo una parálisis del Poder Ejecutivo, que coincide con la clara rebelión de los caciques que controlan al Poder Legislativo. Y así se fortalece la inquietante imagen de un gobierno fragilizado, acosado y sin dar muestras de lograr salir de su catatonía.


Las iniciativas, especialmente en la Cámara de Diputados, son de franco y claro desafío. Poco importan el cinismo y la ironía. Por ejemplo: conocido por su desmesurado apetito por puestos, cargos y presupuestos, y por su ducho manejo de todas las herramientas del chantaje, el PMDB ahora propone reducir el número de ministerios y secretarías nacionales con rango ministerial como forma de disminuir los gastos públicos. Si hasta hace dos meses los amagos de rebelión se daban precisamente a raíz de exigir más ministerios, ahora los veteranos negocistas tratan de lucirse como paladines de la contención y de la defensa de los intereses republicanos. Al mismo tiempo, amenazan con vetar las medidas de ajuste fiscal elaboradas por el gobierno para intentar equilibrar sus cuentas.


En el Senado se observa algo similar. El presidente de la casa, plenamente consciente de su poder, se da el lujo de negarse a dialogar con Dilma Rousseff. Prefiere negociar con el ministro de Hacienda, un tecnócrata neoliberal de conocida rigidez y ausencia total de nociones elementales del universo de la política.


Curiosamente, tanto Cunha como Calheiros están bajo investigación en la estela del gran escándalo de corrupción en Petrobras. Más allá de la insatisfacción provocada por el reparto de ministerios y secretarías a la hora de armar el nuevo gobierno, ser investigados despertó su sed de venganza personal, sin que importen las consecuencias.


Todo eso ocurre mientras el país enfrenta un complejo escenario económico. El pasado viernes se divulgó oficialmente el resultado de la economía en 2014. La escuálida expansión de 0.1 por ciento del PIB confirma que la economía está congelada. En sus primeros cuatro años de mandato, Dilma logró una media de crecimiento anual de 2.1 por ciento del PIB, la mitad de los 4 por ciento alcanzados por Lula en sus dos mandatos, e inferior a los 2.3 por ciento de Fernando Henrique Cardoso en sus ocho años.


También los índices de popularidad de Dilma y su gobierno se desplomaron de manera asustadora. Hasta el más pesimista de sus allegados y el más optimista de sus adversarios seguramente quedaron atónitos al ver que los índices de aprobación apenas superan el 10 por ciento. Y, más preocupante aún, en las clases más bajas, principal pilar electoral y político del PT de Lula da Silva y de Dilma, la figura de la mandataria, en este segundo y brevísimo mandato, se desvaneció.


Hay, es verdad, una inmensa campaña mediática contra el gobierno y el PT. Además, a cada día que pasa resulta evidente que el Poder Judiciario e inclusive órganos del Estado, como la Policía Federal, se dejaron alegremente seducir por las mieles de la fama y manipulan cuidadosamente las informaciones filtradas a los medios de comunicación. Con eso logran consolidar la sensación de que el PT de Lula es el detentor exclusivo de todo lo que se refiere a actos de corrupción ocurridos en el país. Jueces, comisarios de policía y fiscales se esmeran en filtrar denuncias específicas, no importa si comprobadas o no, siempre que el blanco sea el PT, en primer lugar, y luego sus aliados.


La suma de escenario económico complejo, gobierno frágil, aliados desleales, escándalo de corrupción, campaña mediática y manifestaciones callejeras meticulosamente programadas para parecer espontáneas enturbia el panorama brasileño.
Un fantasma olvidado desde hace mucho, el del desempleo, volvió a asombrar a trabajadores de varios segmentos.
Es tenso el ambiente. Y lo que más preocupa al electorado de Dilma es la absoluta inacción del gobierno, que parece haberse resignado al callejón sin salida hacia donde fue empujado o se dejó empujar.

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El sacrificio de la ética en el altar del poder

Tres décadas y media después de su creación y a doce años de haber alcanzado el poder, el Partido de los Trabajadores (PT) atraviesa una profunda crisis que afecta su propia identidad, toda vez que abandonó principios éticos que pautaron los primeros años de su existencia. El último escándalo de corrupción en torno a la estatal Petrobras, no sólo puede desalojarlo del gobierno sino deslegitimarlo ante sus propias bases.

 

"El proyecto del PT hoy, como el de todos los partidos, es mantenerse en el poder y punto", asegura el sociólogo Francisco de Oliveira (Revista IHU, 1 de abril de 2013). Lo dice quien fue militante en la clandestinidad durante la dictadura y fundador del partido; quien bajo la presidencia de Luiz Inacio Lula da Silva lo abandonó por izquierda para formar el Partido del Socialismo y la Libertad (PSOL), un intelectual con larga trayectoria política que, desde los primeros pasos del PT en el poder, se esforzó por comprender la inédita experiencia de una fuerza nacida desde la experiencia cotidiana de los trabajadores para ascender en los diversos escalones del aparato estatal hasta coronar la presidencia en 2003. Y volverse, en apenas meses, partido del orden y de los empresarios.


"El poder intriga", escribió Frei Betto en 2006, luego de abandonar su cargo en el gobierno de Lula como asesor especial del presidente y Coordinador de Movilización Social del Programa Hambre Cero, "con derecho a gabinete en el Palacio de Planalto y una infraestructura nada despreciable: secretarias, móvil, viajes aéreos, vivienda, coche con conductor, todo pagado por el contribuyente" (Alainet, 14 de marzo de 2006). Sus desencantadas reflexiones en el libro Moca azul parecen premonitorias: "Un militante de izquierda puede perder todo, la libertad, el empleo, la vida. Menos la Moral"*.


Ambos referentes éticos e intelectuales de la izquierda brasileña coincidieron en tomar distancias del PT en el gobierno. De Oliveira dio un portazo a los pocos meses de que Lula se convirtiera en presidente, asegurando que era más privatizador que el neoliberal Fernando Henrique Cardoso, "privatizador en una escala que Brasil nunca conoció". Betto se fue en silencio, pero su libro fue un golpe tremendo al prestigio de Lula y del partido. Ambas denuncias partían del corazón mismo del poder. Sabían de qué hablaban y, de hecho, nunca fueron desmentidos.


Una década después de aquellas deserciones, las cosas no han hecho sino empeorar para el gobierno y el partido. Las grandes movilizaciones del pasado 15 de marzo, siete a diez veces más concurridas de las que convocó el arco oficialista dos días antes, el 13 de marzo, son apenas la parte más visible de un doble deterioro: el PT y el gobierno perdieron tanto la iniciativa política como la legitimidad largamente construida y, peor aún, perdieron la calle, allí donde nació el partido que llevó aire nuevo a la política brasileña.


Aún es pronto para saber si podrá recuperarse. Lo cierto es que sus cuadros e intelectuales no atinan a reconocer lo que está sucediendo. Lanzan pelotazos lo más lejos posible del área propia: acusan a los medios, a la derecha y al imperialismo de todo lo malo que les sucede, pero nada dicen de las decisiones políticas de la presidenta Dilma Rousseff que nombró a un Chicago boy al frente de Economía y a una contumaz representante del agronegocio en Agricultura, por poner apenas dos ejemplos.


La crisis actual tiene antecedentes que deben buscarse en la forma como construyó el PT la gobernabilidad desde 2003, de la mano de Lula, con el visto bueno de la central sindical CUT, de la dirección del partido, incluyendo sus diversas corrientes "críticas", y la casi totalidad de los movimientos sociales. Las voces disidentes, en estos doce años, fueron débiles y se atrincheraron con el gobierno con el argumento de "no hacerle el juego a la derecha", sin percibir que la derecha está, precisamente, en el gobierno.

 

Mensalao después

 

Apenas llegados al gobierno, los cuadros de confianza del PT diseñaron una política de alianzas para conseguir las mayorías parlamentarias necesarias para gobernar y una estrategia de expansión de la economía soldada con las grandes empresas brasileñas. La articulación con una decena larga de partidos requirió paciencia y habilidad política, pero pronto se supo que, para asegurar que los proyectos del Ejecutivo fueran aprobados en el Congreso, se había montado un esquema de pago de mensualidades (mensalão) desviando recursos de empresas estatales.


El escándalo le costó el cargo a José Dirceu, experimentado dirigente petista y hombre de máxima confianza de Lula, además de varios dirigentes del PT y de partidos aliados quienes fueron condenados por la justicia. Pero el episodio de corrupción que involucró a decenas de parlamentarios no tuvo grandes costos políticos, ya que apenas un puñado de militantes abandonó la sigla y la buena situación económica evitó mayor desgaste del oficialismo ante su electorado.


Sin embargo, fue claro para quien quiso ver que la ética había sido relegada en aras de un proyecto de poder. Algo similar sucedió con la alianza tejida por el lulismo con los empresarios. Las informaciones sobre las millonarias donaciones a las campañas electorales de los partidos, incluyendo al PT, no deterioraron la imagen del gobierno ni del partido, que aducía que era el modo como se financiaban todos.


Se trata de un vínculo estructural que hace al meollo de la gobernabilidad brasileña que, por cierto, no fue inventado por el PT, pero que un partido que se proclamó de los trabajadores y de la ética no hizo el menor intento por desmontar. Cuando se destapó el nuevo escándalo, conocido como Petrolão porque el epicentro es la empresa estatal Petrobras, involucrando a dirigentes de varios partidos que sostienen al gobierno, a altos cargos de la empresa y a directivos de las más conocidas constructoras, no fue una sorpresa. Salvo por el monto desviado: la friolera de casi cuatro mil millones de dólares en diez años.


Dos grandes problemas afectan al gobierno del PT. Uno, que no puede achacar la corrupción a nadie más que a sus propios cuadros, ya que la dirección de la estatal estaba en manos de Graças Foster, una tecnócrata de confianza de Rousseff. Ambas debían tener conocimiento de que se estaba desviando dinero, ya que la magnitud de la cifra no permite otra conclusión. Si no sabían, el desgobierno sería más grave aún.


El segundo problema que enfrenta, es que las empresas involucradas juegan un papel destacado en el esquema de gobernabilidad petista y en su engranaje de política exterior. Las constructoras son grandes multinacionales brasileñas definidas como "campeonas nacionales" por Lula, que contaban con generosos créditos del BNDES para lubricar su expansión por el mundo. Esta "alianza estructural" con el agronegocio, las mineras y los sectores estratégicos del empresariado es una de claves de la gobernabilidad del PT.


Por eso Bruno Cava, investigador de la Universidad Nómade, sostiene que el escándalo de corrupción no se debió a desvíos de dineros públicos por personas corruptas. O sea no fue un accidente ni un hecho puntual que pueda resolverse castigando a los implicados, sino que "estructura la propia gobernabilidad, de modo que es difícil decir quién es el corrupto y quién el corruptor: si las constructoras corrompieron al partido y al gobierno, o si el partido y el gobierno corrompieron a las constructoras" (Revista IHU, 23 de marzo de 2015).


Concluye destacando la existencia de redes de poder que abarcan tanto al polo estatal como al privado. Desde que llegó al gobierno, el PT promovió una reorganización del capitalismo brasileño en base al impulso estatal de un puñado de empresas en condiciones de competir en el mundo. Las constructoras formaban parte de ese núcleo.

 

Empresarios amigos

 

Desde 2011 hasta mediados de 2013, el expresidente Lula visitó 30 países, de los cuales 20 están en África y América Latina. Las constructoras pagaron trece de esos viajes, la casi totalidad por Odebrecht, OAS y Camargo Correa (Folha de São Paulo, 22 de marzo de 2013). Un telegrama enviado por la embajada de Brasil en Mozambique, luego de una de las visitas de Lula, destaca el papel del ex presidente como verdadero embajador de las multinacionales. "Al asociar su prestigio a las empresas que operan aquí, el ex-presidente Lula desarrolló, a los ojos de los mozambiqueños, su compromiso con los resultados de la actividad empresarial brasileña", escribió la embajadora Lígia Scherer.


La actuación de Lula no es ilegal. Por el contrario, su actitud está en sintonía con lo que suelen hacer los presidentes y ex presidentes de todo el mundo: trabajar para favorecer a las grandes empresas de sus países, aunque poco tiene que ver con una actitud de izquierda, solidaria con los trabajadores.


La casi totalidad de las obras de infraestructura contempladas en el proyecto Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), en total de más de 500 obras por 100 mil millones de dólares, están siendo construidas por las multinacionales brasileñas. Lo mismo sucede con las represas hidroeléctricas. El estatal BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social) es el principal financiador de estas obras, pero lo hace a condición de que el país que recibe el préstamo contrate empresas brasileñas.


El papel del Lula es el de promover a "sus" empresas, contribuyendo a allanar dificultades gracias a su enorme prestigio y a la caja millonaria del BNDES. No ilegal, pero políticamente impresentable para quien tenga pretensiones de considerarse de izquierda.


Cuando hubo conflictos entre las empresas y gobiernos de la región, los dirigentes del PT optaron por las empresas que, entre otras cosas, financian las campañas electorales, de modo muy particular las constructoras. Odebrecht fue expulsada por el gobierno de Rafael Correa en 2008 por las fallas de la represa San Francisco que debió ser paralizada apenas un año después de inaugurada. El gobierno de Lula se empeñó a fondo en la defensa de Odebrecht, una de las principales donantes a las campañas del PT.


Se trata de megaempresas (Odebrecht, Camargo Correa, Andrade Gutierrez, Gerdau, Votorantim, OAS) que nacieron al amparo del Estado en el periodo del desarrollismo de Getúlio Vargas (1951-1954) y crecieron gracias a la obra pública de la dictadura (1964-1985). Hoy son los principales apoyos empresariales de los gobiernos petistas, construyen las principales obras de infraestructura en Brasil, desde represas como Belo Monte hasta autopistas, ferrocarriles y aeropuertos, pero sobre todo los polémicos estados del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Rio en 2016.


Para hacerse una idea del poder de este grupo de empresas, sólo una de ellas, Odebrecht, tiene 160.000 empleados (sólo en Angola emplea 40.000 personas) y factura 55.000 millones de dólares, cifra similar al PIB de Uruguay. Tiene presencia en 17 países, sobre todo en América Latina y África, y el 52% de sus ingresos provienen del exterior, de ahí la necesidad que tienen de apoyo "diplomático".

 

Salvo el poder todo es ilusión

 

Mientras la socialdemocracia europea amarró su destino al Estado del Bienestar, con nudos tan potentes que se hundió con él, los progresismos latinoamericanos que nacieron en pleno etapa neoliberal trenzaron sus destinos con las elites empresariales locales. A diferencia de aquellos, nunca tuvieron la intención de erigirse como conciliadores de los intereses de clases (que implica derechos plenos para los trabajadores) sino que pusieron en pie una variedad de políticas sociales que en ningún caso representan ampliación de derechos, sino traspasos compensatorios que se resumen en integración de los de abajo a través del consumo.


Semejante política sólo pudo contentar a todas las partes en períodos de vacas gordas, o sea mientras duraran los altos precios internacionales de las commodities. En Brasil el empeño en promover los monocultivos de soja, las grandes obras de infraestructura, con algunos excesos como la represa de Belo Monte que ni la dictadura pudo realizar por la tenaz oposición social, y la expansión de la ganadería para exportación, generaron fuertes impactos ambientales que los gobiernos de Lula y Dilma nunca tuvieron en cuenta. Los políticos brasileños, de todos los colores, no se inmutaron siquiera este verano cuando la mega ciudad de São Paulo estuvo a punto de quedarse sin agua potable por la pertinaz, y previsible, sequía.


Pero el embrujo del lulismo se terminó. De la peor manera. En las calles millones de jóvenes mostraron su indignación por la perpetuación de la desigualdad, en el país más desigual del mundo. O povo acordou (El pueblo despertó), fue una de las consignas más gritadas en las 353 ciudades donde hubo manifestaciones en junio de 2013. Literalmente, despertó de un sueño de diez años acunado por los acordes del consumismo que hizo olvidar las necesarias reformas estructurales para superar la desigualdad.


Con ello el sistema político empezó a mostrar sus grietas, (mal) disimuladas por la euforia del coche nuevo, la moto y el plasma. Si ser de izquierda es "luchar por la igualdad social", como recuerda De Oliveira, el PT quedó tan malparado como los partidos de la derecha, en particular la socialdemocracia de Cardoso, su supuesto archienemigo. El modelo del "presidencialismo de coalición" actualizado por Lula y Dilma, se desvaneció en las calles.


"Lo trágico es que cuando una cosa termina no acaba inmediatamente y puede continuar como un zombi, como muerto vivo, y el país quedar paralizado por mucho tiempo", señala el filósofo Vladimir Safatle, quien asegura que el fin del modelo construido en la pos dictadura "se lleva consigo a los actores políticos, intelectuales y formadores de opinión" (bol.com.br, 15 de marzo de 2015). Lo primero es aceptar lo que sucede, el fin de algo. Sin dar ese paso, no se encuentran soluciones.


Pero el PT y sus intelectuales nunca comprendieron lo sucedido en junio de 2013. Hasta ahora resolvieron sus problemas apelando al marketing y a empresas de opinión pública. En lugar de intentar comprender los gritos de la calle, y acompañarlos como indica la ética de izquierda, se replegaron sobre un sistema político deslegitimado, se hicieron aún más conservadores (tanto los cuadros como sus intelectuales), mostraron toda la arrogancia de los que se creen investidos por un destino superior.


Peor aún: arrastraron a una parte significativa de los movimientos hacia un discurso vacío "contra el avance de la derecha". La izquierda es nada sin los movimientos que, para operar como tales, necesitan "liberarse de la dependencia financiera, política y simbólica en relación al gobierno y al PT", como señala Cava. La crisis del PT deja un vacío que, por ahora, lo está ocupando la derecha. Pero la gente del común, la que creó hace tres décadas la CUT, el MST y el propio PT, puede reaccionar y tomar la iniciativa. Sería una barrida fenomenal, en la que caerían no sólo las derechas tradicionales sino también los progresistas.

 

*Editorial Rocco, Rio de Janeiro, 2006, p. 149.

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Autonomía y confederalismo democrático en el Kurdistán

Para los pueblos indígenas que en América Latina han estado desarrollando diversas formas de autonomía como procesos de construcción de democracia directa-participativa y de resistencia anticapitalista, defensa del territorio y sus recursos naturales, son profundamente significativas las experiencias provenientes del Kurdistán, donde en diversas y extensas regiones de los estados que ocupa el fraccionado pueblo kurdo está teniendo lugar una extraordinaria y estratégica transformación política y programática que se conoce como autonomía democrática y confederalismo democrático, o la institucionalización del socialismo libertario.


Acorde a los informes del Comité de Solidaridad con Rojava y el Pueblo Kurdo, el Partido de la Unión Democrática (PYD), que actúa en el llamado Kurdistán sirio u Occidental, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), de la región turca o Norte de Kurdistán, y el Partido por la Vida Libre en Kurdistán (PJAK), en el Kurdistán Oriental (dentro de las fronteras iraníes), han hecho cambios trascendentes en sus orientaciones ideológicas para integrar un movimiento en expansión que cuestiona el modelo del Estado-nación, aun socialista, para, en su lugar, crear una sociedad donde las personas puedan vivir juntas, sin instrumentalismo, patriarcado y racismo, una sociedad ética y política, con una estructura de base democrática de autogestión institucional, o lo que, en suma, sería una democracia sin Estado.


Se identifica a Abdullah Öcalan como el dirigente histórico del PKK que hace una década llegó a la conclusión de que el Estado-nación constituía una entidad organizativa que se convertía en un obstáculo para el ejercicio de la autodeterminación, en vez de expresión de ésta, por lo que se pronunció por que "Dentro del Kurdistán, el confederalismo democrático se establecerá en las aldeas, pueblos y asambleas de la ciudad, y a sus delegados se les confiará la real toma de decisiones (...) El confederalismo democrático de Kurdistán no es un sistema estatal, sino un sistema democrático de un pueblo sin un Estado".


El sistema de autonomía democrática y confederalismo democrático que se está desarrollando en el Kurdistán refuta los argumentos estatistas de quienes han pretendido reducir las experiencias de autonomías, como la zapatista, dentro de una espacialidad rural, exclusiva de socio-etnias indígenas y sin posible incidencia en ámbitos urbanos y sociedades nacionales. El sistema kurdo se establece con base en redes de empresas autogestionadas de trabajadores, entidades de autogobierno comunal, así como federaciones y asociaciones operativas de grupos superpuestos de acuerdo a los principios de auto-organización, democracia participativa directa y estructuras vecinales que operan a través de consejos. En el medio urbano, los consejos se establecieron desde 2005, en los niveles concéntricos de barrio, distrito y ciudad, y en 2008 y 2009 se reorganizaron con el fin de incluir a varias organizaciones de la sociedad civil, asociaciones de mujeres y el medio ambiente, partidos políticos y grupos profesionales como periodistas y abogados (fuente: Grupo Tatort, Autonomía democrática en Kurdistán Norte).


El Comité de Solidaridad con Rojava y el Pueblo Kurdo, autodefinido como antifascista, anticapitalista, antimperialista y antipatriarcal, remite las raíces teóricas del confederalismo democrático a la influencia del ecoanarquista estadunidense Murray Bookchin en el PKK, que lo consideraba uno de los más grandes científicos sociales del siglo XX. Se menciona que Bookchin, en su libro Rehaciendo la sociedad, definió lo que denomina ecología social, destacando que los problemas básicos que ponen a la sociedad contra la naturaleza surgen del desarrollo social mismo, y que haber puesto sociedad y naturaleza en una oposición binaria ha sido a la vez descriptivamente erróneo y prescriptivamente destructivo. La dominación del hombre por el hombre precedió a la noción de dominar la naturaleza. De hecho, la dominación humana del ser humano dio lugar a la misma idea de dominar la naturaleza.


El comité considera que si bien hay diferencias entre Bookchin y el pueblo kurdo al que él ha influido, lo que ha sido más fuerte en este ascendente son las metas de la construcción del doble poder y la puesta en práctica de un sistema de gobierno que se estructura de diferentes formas no estatales, la construcción de una democracia igualitaria, de una estructura social en paralelo, de un complejo en red de instituciones alternativas decididamente diferentes que actúan en contradicción y oposición al sistema dominante, o sea el Estado-nación y el capitalismo.


En América Latina, como en el Kurdistán, se trata del establecimiento no sólo de la autonomía, sino de una autonomía democrática y participativa, contraria a toda dependencia o injerencia externa, considerada como heteronomía. También, estas prácticas autonómicas en ambas regiones del mundo están signadas por la dinámica de transformaciones dentro de los propios sujetos autonómicos. En el Kurdistán, al igual que en los gobiernos autónomos zapatistas, se considera fundamental la participación activa de mujeres y jóvenes en todos los ámbitos de las estructuras concejales. Han dado la vuelta al mundo las imágenes de las mujeres kurdas en armas que dentro de las Unidades de Protección Popular (YPG) integraron las Unidades de Protección de la Mujer (YPJ) de Rojava (la región de la autonomía kurda autoproclamada en el norte de Siria), y las Unidades de Mujeres de la Guerrilla del Partido del PKK, que han estado en la primera línea de los combates contra el Estado Islámico.
En el Kurdistán, con su dualidad de poderes, al igual que entre los pueblos indígenas de nuestra América, con sus procesos autonómicos, tienen lugar experiencias de largo aliento que habría que analizar y valorar para asumir una perspectiva más abierta e imaginativa en el campo de las resistencias y las emancipaciones anticapitalistas. Otras luchas son posibles y deseables.

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Diputados de España aprueban la polémica ley mordaza

La mayoría absoluta del Partido Popular (PP, derecha, en el gobierno) aprobó este jueves en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana –popularmente conocida como ley mordaza–, que entrará en vigor el primero de julio próximo, a pesar del rechazo en bloque de toda la oposición y de la preocupación expresada por separado por el Consejo de Europa, la Organización de Naciones Unidas (ONU), Human Rights Watch y Amnistía Internacional (AI).


La nueva legislación incluye multas hasta de 600 mil euros (11 millones de pesos mexicanos) a las personas que convoquen o se manifiesten frente a las sedes de las instituciones del Estado, como el Parlamento o los ayuntamientos, o para quienes difundan imágenes de agentes policiales al momento de reprimir una protesta o detener a ciudadanos. También serán sujetos a penalización quienes intenten evitar el lanzamiento de una familia de su vivienda.


El gobierno del conservador Mariano Rajoy aprobó en el Parlamento tres de las principales iniciativas para regular la seguridad en España en los próximos meses, que entrarán vigor el próximo primero de julio. El debate en el Parlamento sirvió para cumplir una formalidad, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana después de que, la semana pasada, el Senado refrendó una serie de enmiendas, relativas sobre todo a la forma de tratar a los migrantes que intentan cruzar la frontera en las ciudades de Ceuta y Melilla, enclavadas en el norte de África y, por tanto, colindantes con Marruecos.


Además de la ley mordaza se aprobó una reforma al Código Penal que incluye, por primera vez desde la restauración de la democracia, la cadena perpetua revisable, con lo que se cuestiona la raíz del sistema penitenciario español, que se basa en la reinserción de los presos a la sociedad. Además, se aprobó la ley antiterrorista acordada en un pacto de Estado entre el PP y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), que pretende luchar contra los ataques del extremismo musulmán y se legisló al calor de los atentados en París contra la revista satírica Charlie Hebdo del pasado 7 de enero.


La más polémica de las tres medidas es, sin duda, la ley mordaza, que ha suscitado numerosas movilizaciones desde su presentación hasta su aprobación definitiva, pues pretende evitar que se lleven a cabo manifestaciones frente a las instituciones del Estado, como el Congreso de los Diputados, las sedes de los ayuntamientos, la residencia oficial del presidente del gobierno o el Palacio Real. Además, se prohíbe tomar fotografías o videos a los agentes policiales mientras reprimen una protesta. Se incluyen sanciones civiles que impondrá un policía sin necesidad de pasar por un juez, que van desde 30 euros (540 pesos) hasta 600 mil euros.


La oposición política y las organizaciones internacionales denunciaron la restricción de derechos por el gobierno y porque con estas reformas se sustituye el principio de culpabilidad por criterios de peligrosidad indeterminados, se introduce la penalización de la difusión de mensajes vía las redes sociales y se intenta frenar nuevos tipos de protestas pacíficas, como las movilizaciones contra los lanzamientos de viviendas por impago de créditos hipotecarios.


La ONU y el Consejo de Europa llevaron a la misma conclusión tras analizar el contenido de la legislación, que se contradice con lo acordado en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe expresamente las expulsiones colectivas de ciudadanos extranjeros, además de limitar el derecho de manifestación y de expresión.


La oposición y organizaciones sociales y humanitarias acusan a la nueva legislación de atentar contra el derecho a la información y a la libre expresión. De hecho, el colectivo español El Periodismo no es un Delito reconoció su preocupación, y advirtió que entre muchos otros aspectos, el trabajo periodístico consiste en informar sobre los actos públicos de relevancia. Sea cual sea el contenido de manifestaciones, actos políticos, movilizaciones o sucesos públicos de cualquier otro tipo, el trabajo informativo del periodista nunca puede ser delito. No se debe juzgar ni castigar al mensajero.


España será más segura y por tanto más libre con la aprobación de estas leyes, señaló el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien negó que sus iniciativas pretendan coartar los derechos de los ciudadanos.


Sin embargo, el pleno de la oposición rechazó en bloque la legislación y advirtió que la derogará cuando cambien las mayorías en el Parlamento. Es decir, que si en los próximos comicios generales de finales de año ocurre un cambio en el gobierno, esta legislación solamente se aplicaría durante seis meses.


Los grupos de oposición advirtieron del carácter totalitario, del despotismo y del estado policial que intentan imponer desde las filas conservadoras.


Conrado Escobar, vocero del PP, respondió que su grupo está tranquilo, pues nuestra marca es la libertad y está garantizada.

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