Estados Unidos en los diálogos de La Habana

El pasado 20 de febrero, los Estados Unidos oficializaron el nombramiento de Bernard Aronson, como funcionario con dedicación exclusiva para el tema de la paz en Colombia, en este caso para responder ante los diálogos que tienen curso entre las farc y el gobierno nacional en La Habana.

El diplomático nombrado por John Kerry, secretario de Estado, conoce nuestro país y la región de la cual hace parte, ya que actuó como secretario de Estado Adjunto para Asuntos Interamericanos de su país entre 1989 y 1993; además, trabajó en los procesos de paz de El Salvador y Nicaragua, y ha asesorado al Banco de Inversiones Goldman Sachs en Latinoamérica. En Colombia debe conocer bien a los sectores dominantes y con dificultad a los marginados, pues desde hace años invierte en varios negocios, los mismos que tomaron forma hacia la década de los años 90 con inversiones financieras, como socio de Gabriel Silva, exembajador criollo en Washington.

Los intereses del delegado imperial se extienden, además de lo financiero, a sectores como el petróleo, a través de la empresa Vetra Energía, con inversiones en los Llanos, Putumayo y la cuenca del Magdalena Medio. Pero sus pretensiones en Latinoamérica llegan también hasta al territorio amazónico, para lo cual y por lo cual es socio del Equipo de "Conservación de la Amazonia" (!). Es un diplomático que, como sucede con muchos de los ricos gringos que llegan a la presidencia de su país o asumen como asesores de primer orden, juegan a varias bandas, entre lo público y lo privado, los negocios y la política, favoreciéndose para ampliar sus arcas de la información privilegiada que les facilita el ejercicio de sus cargos.

De esta manera, una de las partes fundamentales en la posible firma de un acuerdo de paz que reduzca la violencia en el país parece dejar de intervenir y apoyar solamente por la guerra y para la guerra. La Mesa gana una pata más. Ahora las farc podrán tratar, cara a cara, asuntos sustanciales para ellos y para la potencia del Norte, temas que atizan la guerra y pueden reducirla o apagarla. Puede suponerse que así deben de haberlo demandado en la Mesa.

No es para menos. Los Estados Unidos, como es conocido, tienen que ver con toda la historia de violencia política que ha sacudido al país durante las últimas seis décadas. Sus misiones diplomáticas han tenido que ver con espionaje de dirigentes de la oposición de todos los colores, como lo corrobora, incluso, el seguimiento realizado a Jorge Eliécer Gaitán desde 1932, según reportes secretos de la época. El archivo aún clasificado sobre el magnicidio del líder, que desató la ira popular el 9 de abril de 1948, con extensión hasta nuestros días a través de las guerrillas todavía levantadas en armas, obliga a preguntar: ¿Qué y a quién protegen? ¿Por qué dicen que tal archivo es de seguridad nacional para los Estados Unidos? Son expresiones de manipulación, control y desinformación como prácticas del poder, que terminaron por viciar la relación y la convivencia entre países de una misma región.

El siglo XX y lo que va del XXI son testigos de aquello. Se trata de una historia de dolor desatada y soportada con la desigual y deshonrosa relación entre los dos países: la participación de soldados criollos en la guerra de Corea marcó el sometimiento de las fuerzas armadas a la doctrina militar gringa, dejando de lado la heredada por Bolívar, nunca retomada por los oficiales nacionales. La aplicación de la 'doctrina de seguridad nacional' es la más extensa de sus consecuencias, y con ella la militarización de los conflictos sociales, cerrando la vida política dialogada para todo aquel que tuviera una voz crítica.

Los sucesos desprendidos de la aplicación de tal doctrina son ampliamente conocidos: bombardeos a zonas campesinas donde se refugiaban los alzados en armas, herederos de las guerrillas liberales; detenciones masivas, torturados, encarcelados por cientos y miles en el curso de estas décadas; criminalización del descontento y de la protesta social, con asesinatos aleves de dirigentes sociales de todo orden; control de las instituciones nacionales 'soberanas' y de su economía, en la más burda y total intervención en asuntos internos por parte de una potencia, como ocurrió a través del llamado 'Plan Colombia', con sus extensiones a la Iniciativa Regional Andina y Plan Patriota, con los cuales reconstruyeron el ejército nacional y reorientaron su operatividad, para llegar al uso de todo tipo de tecnología de punta mediante la cual lograron impactar en blancos sensibles de la insurgencia.

Son ya sesenta y más años de intervención abierta en nuestro país, sólo en esta última etapa de la historia colombiana, para lo cual se valieron, a lo largo de cuatro décadas, de la droga y el narcotráfico para someter la política nacional a su control y su dominio, sirviéndose de la misma para todo tipo de espionaje, manipulaciones, corrupción de funcionarios y de ciudadanos, pero también usándola como mecanismo para financiar sus operaciones secretas. El paramilitarismo salió como engendro de tales controles y políticas, y las cifras de dolor generado por su acción también son conocidas, faltando aún muchos años para curarlas. Asimismo, los casos de violaciones a menores en zonas donde operan las bases norteamericanas, con denuncias concretas de delitos cometidos por soldados de EU son otro debe en la cuenta del papel gringo en el conflicto, imposible, además, de ser juzgado en nuestro país debido a los vergonzosos acuerdos de inmunidad firmados por el gobierno de Uribe.

Dos o tres generaciones de connacionales fueron impactadas por estas políticas, muchos de cuyos miembros terminaron destruidos en su salud y su vida por el estimulo que le brindaron al consumo de narcóticos, y las cárceles siguen llenas de jóvenes que sufren las consecuencias de tales políticas y maniobras.

¿Cambiará tan desigual relación? ¿Dejará Estados Unidos de intervenir y determinar en nuestro país? Imposible. ¿Cómo discutirá tal realidad las farc con su enemigo regional? ¿Exigirán que abran los archivos aún secretos sobre el asesinato de Gaitán, tratando de llegar a uno de los orígenes de nuestro conflicto, develando motivaciones e intereses del poder económico y militar global? ¿Entrará el tema de Venezuela en la agenda? ¿O limitará la insurgencia sus demandas a exigir la libertad para sus presos extraditados y encerrados en las cárceles de Estados Unidos?

El tiempo dirá cuál es su proceder. Pero, más allá de las respuestas a los interrogantes formulados, lo cierto es que, si el papel de los Estados Unidos en la guerra sigue sin dimensionarse en forma clara, la paz para nuestras gentes serán tan solo una entelequia. Basta señalar que, pensando en el llamado "posconflicto", Santos ya ofreció soldados colombianos para su participación en confrontaciones internacionales, de tal suerte que ahora nuestros jóvenes militares no morirán en nuestras selvas sino en el extranjero.
La geopolítica juega su papel, sin duda alguna. La reapertura de las relaciones con Cuba y la ampliación de las sanciones a Venezuela, considerándola como un 'peligro' para los Estados Unidos, son pasos que marcan claramente que la potencia del Norte reclama nuevamente una hegemonía sin discusiones en América Latina. Y, como resulta recientemente de su intervención en Irak, Irán, Libia y Siria, la paciencia y el paso a paso han entrado a formar parte de su estrategia. El Estado gringo actúa sin prisa, y en Latinoamérica últimamente logró dos éxitos: Honduras y Paraguay. Desactivar las farc, desdibujar la Revolución Cubana, y ahogar Celac, Unasur y Mercosur, son pasos en la meta de revivir el más profundo sentido del monroísmo, fuertemente debilitado desde 2005, cuando el latinoamericanismo enterró el Alca en Mar del Plata.

Estamos ante la decisión imperial de recuperar y/o consolidar su hegemonía en el continente, ahora más imperiosa, pues su dominio mundial lo están disputando tanto Rusia como China, con avanzadas incluso a su región de control 'natural'. La creación de un banco ruso-venezolano seguramente no ha caído muy bien en Washington, así como el creciente comercio que mantienen en sus propias divisas Brasil y Argentina con China, como parte de un progresivo intercambio de bienes sin uso del dólar, que advierte de un horizonte sin esa moneda como divisa de circulación forzosa en el comercio internacional.

Al mismo tiempo, la guerra de divisas en curso en el mundo entero, que ha llevado a una fuerte revaluación del dólar, si bien refuerza el consumo interno, abaratando los productos importados, amenaza con acelerar el proceso de deslocalización (y, por tanto, de desindustrialización del coloso), agravando la pérdida de empleos de calidad y la dependencia externa. Esta realidad los obliga a cerrar el espacio geográfico adyacente, donde los principales afectados son todos y cada uno de los países allí localizados y con mayor razón los que no cuentan con un proyecto histórico, estratégico y soberano propio, Colombia en primer lugar.

Pero la potencia también tiene sus intereses y temas más particulares que lo motivan a intervenir, seguir, actuar y proyectar escenarios en relación con la Mesa de La Habana: cultivos de coca, narcotráfico, y acceso de sus multinacionales a los recursos mineros del sur del país y de los extensos Llanos. Y aunque suene a discurso sesentero, la garantía y la seguridad de poder operar desde territorio colombiano, sin oposición alguna, si fuere necesario, contra un poder importante que le hace contrapeso, como Brasil, o contra quienes quieran posar de independientes.

Como se puede deducir de lo relacionado en esta líneas, el desenlace de esta puja pesará sobre el ritmo y la marcha que tome en los próximos meses este proceso de paz, el mismo que por el momento parece ganar mayor intensidad y acuerdos parciales que eventualmente lo lleven a un punto que favorezca, con su firma, a toda la sociedad colombiana.

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La movilización social, un síntoma del 2015

Con el Plan Nacional de Desarrollo en el horno, el sector minero ha sacado sus cartas para ver si en el documento pueden incluir puntos que mejoren su situación. Así mismo, el sector camionero sigue consolidando la inmovilización de sus vehículos para lograr un flete mínimo obligatorio. Y, mientras ellos siguen en la lucha, los trabajadores del ingenio Risaralda celebran su logro: la formalización laboral. Acá una breve actualización de algunos sectores sociales en conflicto y que han sido noticia.

No queda duda: el paro de los camioneros sí existe

Desde el 23 de febrero, el gremio de transportadores de carga anunció paro. La Asociación de Transportadores de Carga (Atc), la Asociación Colombiana de Camioneros, la Asociación Nacional de Transportadores (Ant) y la Confederación Colombiana de Transportadores (Cct) lo propusieron. Pero en los medios de comunicación optaron por resaltar la división interna de la Acc, e incluso colocaron en duda la existencia del paro.

Sin embargo, tras más de 20 días de parálisis parcial del transporte de carga, al paro se unen más camioneros, incrementando así la fuerza real y mediática de la inmovilización de este gremio.

"En este momento hay un número muy importante de transportadores, aproximadamente 450 mil vehículos. Ya es una inmovilización muy seria y muy madura y nosotros estamos prestos a seguir hasta que nos solucionen los problemas de manera radical", le dijo Luis Orlando Sánchez, director ejecutivo de la ATC, a desdeabajo.

Según un comunicado de este gremio, el 13 de marzo volvieron a levantarse de la mesa de concertación. Esto, porque cuando se disponían a firmar los preacuerdos logrados sobre el tema más importante –relaciones económicas– se percataron de que el Gobierno había cambiado la redacción del documento.

"El Gobierno dejaba la referencia del flete como eso, como una referencia de consulta, cuando en el acuerdo la solicitud es que sea una referencia para pago obligatorio. Eso tiene un cambio sustancial. Por eso nosotros hemos manifestado nuestro malestar", dice Ramírez.

Pero, de haberse logrado la firma de tal preacuerdo, aún así el paro no se habría levantado, "Tenemos todavía diferencias en el tema de las relaciones económicas porque el Gobierno en ese preacuerdo planteó unas rutas y nosotros no estamos planteando rutas sino que sea una política que se albergue en todo el territorio colombiano", agregó el dirigente gremial.

Según un informe del Ministerio de Transporte, las pérdidas por el paro camionero ascienden a 38 mil millones de pesos. En Antioquia los empresarios han tenido que regalar su producción de lácteos y un camión de una empresa privada fue quemado. En Manizales, la empresa Mabe tuvo que detener su producción, así mismo otras empresas, ante la imposibilidad para transportar su producción, han dicho que tendrán que cerrar.

En Boyacá, hay cinco puntos de concentración y según Caracol Noticias, en esta zona del país, podrían unirse al paro los maestros y los papicultores. En Santander, hay concentraciones en tres vías principales: Bucaramanga – Bogotá, Bucaramanga – Magdalena Medio y Bucaramanga – Costa Atlántica.

Sánchez afirma que hasta ahora han logrado avances en otros puntos, en los "que también hubo diferencias con el tema de la redacción del documento". Los temas son: la renovación del parque automotor de transporte, la vida útil, la regulación uno a uno y la política de combustible, "ese punto todavía no tiene conclusiones finales porque necesitamos la presencia del Ministro de Minas y Energía para tomar decisiones frente a las peticiones que le hemos hecho sobre el combustible, especialmente sobre ACPM"

¿Paro minero energético?

La Unión Sindical Obrera (USO), y la Confederación Nacional de Mineros (Conarminercol), también han sido noticia por las denuncias y exigencias que presentaron durante las últimas semanas.

En cuanto a los pequeños y medianos mineros –que habían suspendido el paro y realizaron durante los últimos quince días una serie de reuniones con el Gobierno Nacional–, están terminando la elaboración de un decreto reglamentario que ayudaría a la formalización del sector.

Dicho decreto se hace debido a la negativa del Gobierno Nacional frente a propuesta de modificar e incluir directamente en el proyecto del PND la formalización de los pequeños y medianos mineros.

La última reunión que llevaron a cabo, el miércoles 11 de febrero en Bogotá, contó con la presencia de la Viceministra de Minas, María Isabel Ulloa. La vocería de esta organización espera que a finales de marzo se reúnan directamente con el Ministro de Minas y Energía, Tomás González Estrada.

La preocupación que expresa Luz Stella Ramírez, directora ejecutiva de Conarminercol, es el tiempo que demorará el proceso del decreto, "Por eso nosotros estábamos peleando con ellos, porque ese decreto saldría solamente después de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos los mineros? Mientras que estábamos en la reunión del miércoles, en el Pacífico quemaron 20 máquinas".

La solución que propone el gremio es el establecimiento de una medida transitoria, sobre todo porque en el PND, las medidas en contra de la minería "ilegal" son muchas. Los representantes del Gobierno, por su parte, pidieron un plazo de 15 días para ver si es posible, aunque les advirtieron que no creían que fuera así.

Por lo anterior, Luz Stella Ramírez afirma que aunque no hay todavía una fecha establecida, van a llamar a una nueva movilización.

Por otro lado, Edwin Castillo, presidente de la USO, le dijo a desdeabajo que irán al paro de 24 horas organizado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Según los avances que haya tenido el Gobierno frente a las peticiones del gremio, definirán si el paro se torna indefinido o si solo cubre las 24 horas acordadas.

La USO confirmó que esperarán hasta el 26 de marzo cuando la Asamblea de Accionistas reciba el presupuesto anual y conozca las inversiones proyectadas, lo que según el sindicato se resume en "repartir los 11 billones de pesos que ganaron en el 2014, de los cuales, 7.81 billones serán para los accionistas".

Para ese día analizarán las posibilidades con que cuentan para arreglar la situación y si el Ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, cumple con realizar la reunión con el Ministerio de Hacienda, el de Minas y Planeación.

Dentro de las peticiones de la USO, se encuentra la recompra de acciones de Ecopetrol; la eliminación del artículo 135 del PND, donde el Gobierno estipula la venta de Isagen y otra parte de la petrolera; detener la "masacre laboral", es decir, el despido masivo de trabajadores; que Ecopetrol asuma la responsabilidad de los campos más productivos del país, el pago de salario y prestaciones justas, entre otras reivindicaciones.

Según Castillo, "La medida más urgente que debería ser tomada no solo por Ecopetrol sino por el Gobierno y la junta directiva es que la empresa no sea privatizada, ni enajenada. Que no se descapitalice en el porcentaje de utilidades que pide el Gobierno, que se baje del 70 al 40 por ciento como mínimo. Que no se saquen acciones de filiales"

En cuanto al despido masivo, dijo Castillo que "En el ICP (Instituto Colombiano de Petróleo) se cancelaron dos contratos con las empresas T.I.P y Pexlab que generaron 557 contratos. Así mismo, en otras empresas que laboran para Ecopetrol se está recortando personal". Agregó que en Neiva y Orito alrededor de 300 contratos no fueron renovados, y en vigilancia, en la ciudad de Bogotá, recortaron 22.

Los corteros lo lograron

El ingenio Risaralda tuvo que enfrentar desde el pasado dos de marzo y por tres días, el paro de los corteros de caña en La Virginia. Los corteros decidieron dejar sus actividades a un lado, para reclamarle a la empresa la formalización de su trabajo. Asímismo, reclamaban por el privilegio dado al corte de caña mecánico, los despidos de corteros afiliados a los sindicatos y la discriminación que estos estarían recibiendo por parte del Ingenio.

A pesar de los pocos días de paro, varios trabajadores salieron heridos en ataques realizados por la fuerza antimotines (Esmad) de la Policía. El caso más grave, y que devela en toda su magnitud el verdadero carácter de esta fuerza de choque oficial, y que dejó una gran preocupación en los sindicatos de la empresa, fue el de un cortero que quedó en estado de coma.

Según la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Esmad atacó a los corteros cuando estaban durmiendo. "Hasta les quitaron sus machetes y comenzaron a arremeter contra ellos. Los molieron a golpes y les dispararon a quemarropa las bombas lacrimógenas", le dijo Mauricio Ramos, coordinador general del departamento del azúcar y el etanol de Sintrainagro, a la ENS.

Fue precisamente por un gas lacrimógeno que golpeó la cara de Carlos Ossa, que este cortero quedó en coma.

Luego de los hechos, las partes se reunieron para concertar. Luis Pedraza presidente de la Cut y miembro de Sintrainagro, le expresó a desdeabajo que los trabajadores lograron la formalización laboral y que frente a la mecanización del corte de caña "Se acordó un sistema de asignación de tareas que no discrimine a los trabajadores sindicalizados, porque les estaban asignando porciones de corte que no les garantizaban más de 40 mil pesos semanales [...]".

Pedraza dijo, además, que "[...] lograron el reintegro de cinco trabajadores que habían sido despedidos en el mes de diciembre del año pasado, por actividades de carácter sindical. Y la empresa se comprometió a participar conjuntamente con el sindicato y el viceministro del trabajo en una reunión en la que se establecerá la seguridad jurídica para el cumplimiento de los acuerdos y el sistema administrativo y jurídico que implementarán para hacer efectiva la transición de contratos de término fijo a contratos directos y de manera indefinida". Agregó el dirigente sindical que en un término de dos meses y medio debe finiquitarse la formalización.

Con respecto a Carlos Ossa, el trabajador agredido que quedó en coma, se acordó que, "La empresa y el sindicato conjuntamente con el Ministerio (Trabajo) harán las respectivas acciones para que el compañero obtenga una pensión por invalidez. Y además el Ingenio se comprometió a asignar una cuantía económica de carácter humanitario para ayudar a la familia del trabajador", afirmó Pedraza.

Así pues, los Corteros lograron el objetivo que tenían hace muchos años, pero la salud de Carlos Ossa fue el costo a pagar.

Este es parte del panorama que caracteriza y resume las luchas de los movimientos sociales. Otros sectores, como los docentes –que para el 19 de marzo también concurrirán a la jornada de protesta ya aludida, con paro en Bogotá– y los campesinos reunidos en la Cumbre Agraria, que también valoran la posibilidad de nuevas jornadas de movilización, completan esta rápida reseña. El proyecto del PND que finalmente presente el Gobierno, y su mismo tránsito en el Congreso, marcará la dinámica de estas y otras luchas que diversos sectores sociales están prestos a adelantar para defender sus derechos.

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La propuesta del nuevo Plan Nacional de Desarrollo presentado por el segundo gobierno de Santos al Congreso está soportado en 200 artículos cargados de veneno. El tiempo apremia y ya no es oportuno dar una discusión detenida sobre el contenido del mismo, ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de las mayorías habitantes de nuestro país.

Se supone que el Plan Nacional de Desarrollo es el documento en el cual un gobierno fija sus prioridades, formula sus políticas, y expresa en proyectos y programas concretos la materialización de lo propuesto. Teóricamente ese era el sentido del documento entregado en noviembre del año pasado, titulado "Todos por un nuevo país", y mostrado a la "sociedad civil" para su discusión. Dentro de este contexto el Consejo Nacional de Planeación, y los Consejos Territoriales, emitieron un concepto a comienzos del presente año, que el Gobierno debía incorporar para una segunda versión del Plan.

Pero, como por arte de magia, ese documento desapareció y llegó otro, que no tiene nada que ver con las Bases del Plan, donde incorporaron 200 artículos cargados de veneno, que modificarían la legislación existente en sinnúmero de campos cruciales. Se trata de un paquetazo que incorpora todas las reformas que no habían podido ejecutar en temas tales como tierras, minería, salud, educación, y privatizaciones, entre otras. Con el Plan las pretenden despachar de un plumazo porque los tiempos para su discusión son reducidos.

Las doscientas normas

La planeación en Colombia fue introducida con el Plan Decenal del gobierno de Alberto Lleras Camargo (1958-1962), que partía del principio que el Estado dirigía la economía, y el Plan le informaba a la sociedad cuáles eran las prioridades, expresadas en programas y proyectos, que posteriormente tenían su expresión en las asignaciones del Presupuesto Nacional. Era un proceso transparente, independientemente de los juicios que en ese entonces, o ahora, pudieran hacerse sobre el modelo de desarrollo implícito.

El Plan actual tiene un discurso, que puede ser objeto de la discusión, pero en la práctica son las 200 normas del proyecto de ley las que materializan el Plan, y que no hacen referencia a ese discurso. Estas normas son las que no habían logrado aprobar y que favorecen los intereses de los poderes financiero, terrateniente, minero, y del capital transnacional. Pero en el marco del Plan deben ser aprobadas en paquete en un período muy corto.

Al tomar como referencia el documento del año pasado, que supuestamente son las "Bases del Plan", encontramos tres ejes: paz, equidad y educación.

La educación aparece como el camino hacia la equidad al promover la movilidad social, porque a través de ella las personas lograrían la inserción en el mercado laboral lo que les permitiría la generación de ingresos. Por esta razón, quienes aspiran a tener una formación universitaria deben endeudarse asumiendo una inversión que se redituará con ingresos futuros. Desde esta visión no importa la diferencia entre la educación universitaria y técnica, ahora todo englobado en educación terciaria, porque en el fondo todo es formación para el trabajo. Cada uno está aumentando su dotación de capital humano, y con ella va a competir con otros capitalistas (de capital humano) en el mercado de trabajo. Es el individuo al servicio de la economía, no ésta al servicio del ser humano. La educación es vista como una mercancía que valoran en el mercado, no como un derecho social, como bien lo denuncia la Mane.

En el Plan, la movilidad social depende de la educación, (como lo reclama James Robinson, quien escribió el libro "¿Por qué fracasan las naciones?"), y no del despojo de los campesinos por un poder terrateniente armado, ni de la concentración de la riqueza en los grupos económicos que controlan los medios de comunicación, ni de las condicionalidades del capital financiero. La educación permitiría el ascenso de los pobres hacia las clases medias, pero el mismo Plan atenta contra dichas clases cuando en el articulado presentado ante el Congreso, por una parte, defiende los contratos laborales basura de prestación de servicios, los obliga a pagar el 100 por ciento de la seguridad social (incluida la cuota patronal) y les arrebata el sesenta por ciento de sus prestaciones sociales (art. 127), y por la otra, reitera que son los trabajadores quienes asumen el riesgo financiero de la especulación que con sus ahorros pensionales hacen los grupos económicos. Los grupos no asumen ningún riesgo (arts. 129 al 131). Seguramente esto lo consultaron con los grupos y no con los trabajadores. El cuento de la clase media en el Plan más allá de un mal chiste, es un fraude.

En cuanto a la política social no hay nada nuevo. Señala que todavía el mercado laboral es rígido (pág. 55) (los trabajadores tienen todavía muchos privilegios, aunque ellos lo llamen derechos) de forma que es necesario flexibilizarlo más. Pero como los procesos de flexibilización no han permitido disminuir el desempleo en el largo plazo, entonces hay que generarlo a través del emprendimiento y el microcrédito. Pero ese emprendimiento desconoce los territorios, prácticas y saberes de la economía popular, la que debe ser erradicada al ser considerada ilegal y de baja productividad (pág. 111).
Sin embargo, ya no hay tiempo para dar una discusión sobre el contenido de las Bases del Plan. Ahora hay que centrar el análisis en un articulado que está lleno de bombas y que en menos de un mes puede introducir cambios insospechados para el presente y el futuro inmediato de quienes habitan el país. Los abogados, los expertos, y los diferentes interesados, deben mirar con lupa ese articulado antes que se introduzcan cambios legales que alteren las reglas de juego. Lo único que puede hacerse por ahora es presentar una lista de mercado de lo que se ve por encima y formular algunas preguntas:

- En Salud, Saúl Franco denunció en Unperiódico* que se profundiza la mercantilización del servicio y se fortalece la intermediación financiera a través de las EPSs (arts. 61 al 72).
- El artículo 49 desconoce el derecho fundamental a la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado, tal como lo denuncia la Comisión Colombiana de Juristas.
- ¿Por qué es importante acelerar el mecanismo de liquidación de las empresas del Estado? (art. 71).
- ¿Por qué se autoriza inversión extranjera en los medios de comunicación? (art. 13) ¿Qué empresas están detrás del negocio?
- El artículo 30 acaba con la posibilidad de subsidiar el transporte público, cuando esta modalidad es subsidiada en el resto del mundo
- ¿Por qué se promueve la titularización de la cartera hipotecaria? (art. 46). ¿Acaso se les olvidó que este fue el mecanismo que llevó a la crisis del subprime en Estados Unidos en el 2008?
- ¿Por qué se cambia el concepto de educación superior por el de terciaria? (art. 54). ¿Acaso se sigue insistiendo que la educación universitaria y la formación para el trabajo son la misma cosa?
- Se amplía el mecanismo de crédito educativo como eje de financiación de la educación superior (art. 57). Esto no sólo abre la pregunta de qué pasa con el financiamiento de las universidades públicas, sino que a las nuevas generaciones les crean "una deuda cierta con un trabajo incierto" (expresión de la Mane). En Estados Unidos la deuda estudiantil es la segunda después de la deuda hipotecaria, y hay quienes afirman que se está dirigiendo hacia una crisis similar a la del 2008.
- En cuanto a los Fondos de Pensiones, propiedad de los principales grupos económicos, ¿por qué se crea un mecanismo para que el gobierno asuma el desfase de la renta vitalicia? (art. 130)
- Las estadísticas públicas ahora estarán más controladas por el poder público (art. 150). ¿Será que en adelante estarán pensando con el deseo y los datos serán menos objetivos?
- ¿Dónde queda la autonomía de los gobiernos locales si van a estar amarrados al gobierno nacional con los famosos Contratos Plan? (arts. 171 y 172).
- Se pide carta blanca para reformar la institucionalidad del sector rural (art. 102). Dada la sensibilidad del tema de cara al posconflicto, sería bueno al menos tener una explicación.
- Hay un importante paquete de reformas para el sector minero-energético (arts. 18 al 29) ¿Que hay detrás?
- Finalmente, el artículo 200 deroga 85 normas ¿cuáles son las consecuencias de ello?

Con seguridad, al realizar un análisis detallado del proyecto de ley se encontrarán otras muchas perlas. Entonces, volvemos a la pregunta inicial, ¿Qué es el Plan de Desarrollo? Por lo visto, un asalto a la democracia.

* Edición de 8 de marzo del 2015 que circuló con el periódico El Tiempo.

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Lo que vendrá para el San Juan de Dios

El pasado 11 de febrero fue reabierto simbólicamente el Hospital San Juan de Dios (Hsjd), lo que generó esperanzas en la mayoría de los bogotanos y preocupaciones a todos aquellos que han seguido de cerca la historia del complejo hospitalario.

El 11 de febrero será recordado por los bogotanos como el día en el que simbólicamente el San Juan de Dios reabrió sus puertas, luego de 14 años de abandono.

Muchos vieron ese miércoles como el día en que se marcó un hito en la historia de la capital colombiana. Otros, por el contrario, no cantan victoria y siguen viendo con lupa lo que para ellos no es una reapertura sino la simple compra de un predio por parte del Distrito que aún no garantiza que el San Juan pueda ser de "todos", como lo llaman los trabajadores de la entidad para enfatizar la inclinación pública del Hospital caracterizado desde siempre por la atención gratuita brindada a las personas de más bajos recursos del país.

Carácter público perdido luego de la implementación de la Ley 100 de 1993, que exigía la inversión tanto de la nación como los copagos de los pacientes, provocando un hueco fiscal que causó su cierre, dejando líos jurídicos y laborales sin solucionar, y a sus trabajadores a la deriva.

Ahora, cuando la administración distrital anuncia con bombos y platillos la reapertura del complejo, de la mano con el gobierno nacional, muchos se preguntan ¿Qué administración tendrá el hospital? ¿Cómo logrará la sostenibilidad de sus servicios? Y, lo más importante: ¿a quiénes les prestarán el servicio?

El pasado martes tres de marzo el concejo de Bogotá decidió responder las preguntas, lo que los llevó a concluir que la reapertura del Hsjd traería graves riesgos jurídicos y financieros. Según la Comisión de Hacienda del Concejo, "La ciudad deberá asumir el pago de pasivos pensionales por valor de 150.000 millones de pesos, que corresponden a 200 trabajadores que hoy reclaman esta deuda. Igualmente, al déficit cercano a unos cinco billones de pesos de 3.500 exfuncionarios de la Fundación San Juan de Dios".

Teniendo en cuenta esto, ¿es posible que el Distrito busque una alianza con entidades privadas para lograr la financiación? ¿Perdería su rumbo el San Juan de "Todos" con esta alianza?

Jorge Arango, médico cirujano integrante del comité prodefensa del Hospital "San Juan de Todos", ha seguido paso a paso el proceso del Hospital desde su cierre en el 2004, y recalca el rumbo que desde sus inicios ha tenido el complejo al estar regido por la ley 735 del 2002.

"El Hsjd era el único que estaba regido por la ley 735 del 2002 que reglamenta que el hospital debe subsidiar la oferta, lo que quiere decir que el paciente es lo que importa. Y no que subsidie la demanda, priorizando el lucro sobre el paciente", recuerda Arango. Sin embargo la esencia de hospital público se perdió. Y ahora, muchos colombianos guardan la esperanza de que la Ley Estatutaria, firmada recientemente por el presidente Juan Manuel Santos, pueda regresar ese carácter público, no solo al San Juan de Dios, sino a la salud en el país".

En ello concuerda el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, luego de la visita realizada a principios de marzo al municipio de Riosucio, Chocó, zona que cuenta con un sistema de salud deficiente, como en muchas otras partes del país, y en el que la aplicación de esta Ley surge como la única solución para superar un déficit violatorio de los derechos humanos de sus pobladores.

"Hoy hay un instrumento, la Ley Estatutaria, que fue recientemente sancionada por el presidente. Ahora el gran reto es que las instituciones hagan realidad este instrumento jurídico, que el paseo de la muerte se erradique con esta herramienta; que el requisito permanente del suministro médico se acabe", expresó Otálora en rueda de prensa.

Ley Estatutaria

Remontémonos por segunda vez a ese 11 de febrero. Aquel día caluroso en el que celebraban la apertura del San Juan de Dios, el alcalde Gustavo Petro se dispuso a realizar su discurso. Para no dejar pasar la oportunidad de comprometer al Presidente delante de trabajadores y otros funcionarios estatales, aprovechó para recordarle la firma de la famosa Ley Estatutaria, "[...] la Ley que permitirá que la salud pública sea considerada como un pilar fundamental", afirmó de forma esperanzada delante de la multitud allí congregada.

Nuevamente los escépticos miraron con recelo la afirmación de Petro, entre ellos Mario Hernández, médico y profesor asociado del departamento de Salud Pública de la Universidad Nacional, quien dice que aunque la ley sea aprobada lo que realmente determina su enfoque es la práctica: "No basta con que el Presidente diga que el negocio se acabó. Siempre habrá una puja por el derecho, no basta con una ley para que se acabe, se materializa en el día a día", comentó.

Mario Hernández ha trabajado por varios años en el Centro de Historia de la Medicina de la Universidad Nacional y no duda en afirmar que aunque aprueben la Ley Estatutaria, esta tratará de retomar el sentido de la Ley Ordinaria a través de decretos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma ley que fue presentada en el 2013 para concretar ajustes financieros al sector y luego fue descartada debido a la movilización social de médicos, estudiantes y profesionales.

"Van a tratar de adaptar la Ley a la luz de la perspectiva restringida, ¿cuál es la forma de hacerlo? Los decretos que salgan de exclusiones van a ser absolutamente taxativos y van a empezar a cobrar copagos, por ahora, por el no post, después por lo excluido, y así van a iniciar a cobrar poco a poco", explica Hernández.

La otra preocupación derivada de la reapertura de este complejo hospitalario, es que éste solo es la punta del iceberg del ambicioso proyecto Ciudad Salud, propuesto para la capital del país desde la administración de Luis Eduardo Garzón en 2006 pero que nunca fue concretado, y ahora, con la apertura del Hsjd, parece volver a tomar nuevo aire.

¿Ciudad Salud para todos?

Desde los primeros estudios de Ciudad Salud, realizados por la Secretaría de Planeación, quedó establecido que el proyecto estaría compuesto por tres componentes: el complejo hospitalario, el proyecto de renovación urbana y usos conexos.

En el primer componente, se fijó que del mismo harían parte, además del San Juan de Dios, el Hospital Infantil de la Misericordia, el Hospital Santa Clara, El Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Universitario de la Samaritana, el Instituto Dermatológico Federico Lleras Acosta y el Instituto Materno Infantil.

La idea es que estos complejos hospitalarios estén junto a un centro de convenciones con auditorios, donde se reunirán académicos, científicos y empresarios; un centro comercial especializado en salud; y un complejo de vivienda, según los estudios base realizados por Planeación en 2006. Lo que promete, además de cambiarle la cara al centro ampliado de la ciudad, una inversión de capital tanto público como privado para hacer del proyecto un clúster de servicios de salud con reconocimiento no solo nacional sino también internacional.
En su conjunto, el proyecto deberá estar listo en el curso de 20 años, con una inversión total de alrededor de 2,2 billones de pesos, según el informe ejecutivo del 2007 de la Empresa de Renovación Urbana (ver tabla).

Según el informe, más del 50 por ciento correspondería a la construcción del área residencial y alrededor del 9 por ciento a la construcción de los elementos hospitalarios. "La inversión para la creación del componente hospitalario correrá por cuenta de los hospitales del área en asocio con las facultades de medicina y de otros posibles inversores privados que se vinculen, especialmente en la construcción del Centro de Excelencia (o la readecuación del Hospital San Juan de Dios como sede del Centro de Excelencia)", explica el doctor en Administración y Políticas de Salud de la Universidad de Hull, Inglaterra, Román Vega en su artículo Ciudad Salud o el doble negocio para profundizar la comercialización de la salud.

Ante estos diseños expuestos por la entidad hace nueve años, Vega explicó lo que para él sería la agudización de la comercialización de la salud, "Si el proyecto se realiza como está contemplado en los documentos de la Consultoría se profundizará la comercialización de los servicios médicos de salud en Colombia, aumentará la brecha de desigualdad de ingresos entre los trabajadores de la salud y el capital financiero, agravará la crisis del sector público de la salud en Colombia, hará más difícil la democratización del sistema de salud, y será un golpe a la materialización del derecho a la salud, a la educación y a la vivienda de los grupos sociales en desventaja", opinó.

Por otro lado, Román Vega recuerda que el plan de renovación urbana da por hecho el traslado (léase desplazamiento o desalojo) de los habitantes del sector: las familias históricas, los trabajadores independientes y los pequeños comerciantes. "Podrían ser desplazados del área con la consiguiente pérdida de sus trabajos o venta a bajos precios de sus propiedades actuales", explica Vega, quien ha realizado una serie de informes sobre el plan Ciudad Salud.

Estas apreciaciones congelan la fiesta de quienes pensaban que realmente el acto del 11 de febrero en la entrada del antiguo pabellón de administración del Manicomio de Cundinamarca podría revivir al San Juan de "Todos", sin embargo, el Hospital primero tendrá que librar los obstáculos legales y financieros que enfrenta para llegar a ser, lo que alguna vez fue, como ente público al servicio de los más necesitados de los pobladores del país.

Breve historia del Hospital San Juan de Dios (Hsjd)

-  1564. Apertura del “Hospital San Pedro”, Donado por Fray Juan de los Barrios y Toledo.

-  1739. Traslado del Hospital para las calles 11 y 12 de las carreras 9ª y 10ª

-  1828. El Hospital se convierte en una Institución de Beneficencia.

-  1835. La Cámara de Bogotá le da orientación asistencial y docente por medio de la Escuela de Medicina.

-  1869. El Hospital queda bajo la dirección del Estado Soberano de Cundinamarca.

-  1925. Establecimiento del HSJD en los predios de La Hortúa.

-  1979. Pasa a ser administrado por la entidad de carácter privado “Fundación San Juan de Dios” en asocio con la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional.

-  1993. Aparición de la ley 100 de Seguridad Social.

-  2001. Clausura del Hospital por considerarse inviable financieramente.

-  2002. El Hospital es declarado, junto con el Instituto Materno Infantil, como Patrimonio Histórico y Cultural de la Nación.

-  2012. El alcalde de Bogotá Gustavo Petro inicia el plan de reapertura.

-  2014. El HSJD es adjudicado al Distrito de Bogotá.

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Un cheque en blanco al alcalde fue el proyecto de acuerdo 300

Nunca, en mis casi doce años como concejal de Medellín, había visto una discusión tan polémica como la generada por el proyecto de acuerdo 300, una discusión que trascendió del edificio del Concejo Municipal a las redes sociales, para convertirse, además, en la comidilla política de los ciudadanos.

Este debate tan álgido se debió a que Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín, presentó a comienzos de este año un proyecto de acuerdo que buscaba otorgarle facultades por cuatro meses, con el fin de decidir el destino de 46 entidades descentralizadas, 57 billones de pesos activos, 33 billones de patrimonio y 67 mil empleados que hacen parte de una figura llamada "Conglomerado público".

Este proyecto que generó suspicacias desde su radicación en el Concejo, por presentarse al final de un gobierno y en un año electoral, también creó gran preocupación entre las organizaciones sindicales y sociales de la ciudad, debido al futuro que tendrían las empresas estatales eficientes.

Textualmente el acuerdo 300 contempla lo siguiente: "Facúltese al alcalde de Medellín por el término de cuatro meses para adecuar la estructura de la Administración Municipal y las funciones de sus dependencias en el marco de Conglomerado Público y en el marco del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial, adoptado en el acuerdo 48 de 2014". En su articulado, el proyecto también estipula: "Facúltese al alcalde para crear establecimientos públicos y empresas industriales o comerciales del Estado y modificar los existentes para garantizar la implementación del acuerdo 48 del 2014".

Finalmente, el pasado 24 de febrero, 14 concejales aprobaron el proyecto de acuerdo, ante la mirada incredula de cientos de ciudadanos que cuestionaban la honestidad de la clase política local, al darle un trámite bastante acelerado y sin muchos aspectos claros a esta inciativa. En el aire y sin respuesta, preguntas como, ¿cuántos cargos se pretenden crear?, ¿qué empresas estatales serán transformadas, creadas o modificadas?

Sin embargo, fuimos cinco concejales los que conscientes de nuestro ejercicio de controlar y preservar lo público, votamos negativamente esta iniciativa por considerarla inoportuna y poco clara para nosotros y para la ciudad.

Si le dan esas facultades al alcalde, ¿qué harán los concejales cuatro meses?, gritaban enfurecidos algunos ciudadanos desde las barras del Concejo, quienes les exigían a los 21 concejales no desligarse del poder que la Constitución les otorgó: hacer control político al gobierno de turno.

Ese sinsabor que nos dejó el segundo y último debate al proyecto de acuerdo 300, es el mismo que hoy nos deja la llamada modernización de la Alcaldía de Medellín, porque es irracional crear más cargos burocráticos sin evaluar si los 600 creados bajo el llamado proyecto de "modernización", impactaron positivamente la ciudad.

Ya en el 2012, y bajo el siguiente argumento, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, solicitó facultades al Concejo Municipal: "Es necesario repensar la forma en que se organiza funcionalmente la administración central y descentralizada del Municipio de Medellín, en aras de lograr un eficaz fortalecimiento de los equipos de trabajo bajo el modelo de operación por procesos".

El tiempo pasa y los resultado no son nítidos. Luego de tres años, aún no contamos con un informe de gestión que nos permita identificar los efectos de esa modernización, en la que además terminaron involucrados dineros públicos. Y sin estas claridades, no podíamos, otorgar nuevamente más facultades que podrían ser la puerta de entrada a privatizaciones de empresas estatales eficientes.

Desde el Concejo seguiremos defendiendo lo público. Así lo hicimos con UNE, Isagén, Metrosalud y todas las entidades municipales que pretenden desfortalecer para luego vender a privados.

Con el acuerdo 300 quedó en evidencia una gran inconformidad ciudadana frente al actual modelo de ciudad que insisten en aplicar hasta sus últimas consecuencias, sin observar sus destructivas consecuencias, como la creciente desigualdad social que campea en la ciudad, y la multiplicada pobreza extrema y mendicidad.

No existe duda. Con la movilización social en el Concejo de Medellín y fuera de éste, se demostró, una vez más, que las facultades otorgadas al alcalde constituyen un cheque en blanco y un salto al vacío de proporciones incalculables. La protesta ciudadana fue clara, como también lo es que la administración municipal y el Concejo tienen poco interés en escuchar el sentir ciudadano.

 

* Concejal de Medellín.

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Martes, 24 Marzo 2015 06:28

"Obama quería que perdiera Netanyahu"

"Obama quería que perdiera Netanyahu"

Gilboa, especialista en las relaciones entre Israel y Estados Unidos, afirma que el mandatario demócrata tuvo diferencias con su par israelí no sólo sobre la cuestión palestina sino también sobre Irán, Egipto, Siria y el Estado Islámico.


Pese a los deseos de la Casa Blanca, el primer ministro Benjamin Netanyahu es el gran ganador de las recientes elecciones de Israel. Gracias a los aliados de la extrema derecha, el premier cuenta con mayoría en el Parlamento para endurecer su política hacia los palestinos. El principal temor del gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, es que cualquier esfuerzo para acercar a palestinos e israelíes a la mesa de negociaciones se vea frustrado por la intransigencia de Netanyahu y sus socios políticos. "Obama quería que Netanyahu perdiera las elecciones. Ahora tendrá que superar esa hostilidad y encontrar maneras de cooperar con él. Los dos países comparten muchos intereses que se deben abordar en un futuro próximo. Ambos líderes han sido responsables del deterioro de las relaciones y ambos tienen que repararlas", dijo a Página/12 Eytan Gilboa, experto en las relaciones entre Israel y Estados Unidos de la Universidad de Bar Ilan e investigador del Begin-Sadat Center.


Las contradictorias declaraciones de Netanyahu respecto de la solución de dos Estados –a horas de los comicios, aseguró que mientras él sea primer ministro de Israel no existirá un Estado palestino, pero luego de conocerse su triunfo en las urnas se desdijo– causaron malestar en Washington, principal patrocinador del proceso de paz en la región. Ante las presiones de su histórico aliado, Netanyahu pareció recapacitar: recalcó frente a las cámaras de la cadena norteamericana NBC que sí creía en un Estado palestino aunque, aclaró, "desmilitarizado". "Lo que en realidad dijo Netanyahu es que dado el caos en Medio Oriente, incluida la guerra civil en Siria, las atrocidades del Estado Islámico (EI) en Siria e Irak, la creciente violencia de los grupos radicales en el Sinaí, cerca de la frontera entre Israel y Egipto y la violencia de Hamas en Gaza, esta solución (de dos Estados) no puede aplicarse plenamente en el futuro cercano", explicó el especialista israelí.


Para Gilboa, la relación privilegiada entre Estados Unidos e Israel se enfrió considerablemente por las negociaciones nucleares entre Washington y Teherán. "Obama ha adoptado una concepción del mundo que excluye a Israel y a los aliados árabes tradicionales. Al contrario de lo que dijo alguna vez, no considera a Israel como el más fiable y el más fuerte aliado de Estados Unidos en Medio Oriente. Ha habido serias diferencias políticas, no sólo sobre la cuestión palestino-israelí, sino también sobre Irán, la Primavera Arabe, la revolución y la contrarrevolución en Egipto, la guerra civil en Siria y el EI", señaló.


"El próximo presidente, sea demócrata o republicano, restaurará más equilibrio a la política exterior de Estados Unidos y es probable que restablezca las relaciones israelí-estadounidenses al patrón pre Obama", agregó Gilboa. Netanyahu espera que en las elecciones norteamericanas de 2016 Obama sea reemplazado por un republicano o por un "halcón" de su propio partido, como la ex secretaria de Estado Hillary Clinton.


Por otro lado, el experto de la Universidad de Bar Ilan indicó que la composición del próximo gobierno de coalición en Israel –que incluye desde nacionalistas antiárabes hasta colonos ultrarreligiosos– tendrá un impacto en la dinámica regional: "No es el primer gobierno conservador en Israel. El primero tuvo lugar entre 1981 y 1984. Esto no significa un gran cambio para los asuntos domésticos, pero podría ser más difícil en lo referido a las relaciones regionales e internacionales."


El programa de Campo Sionista, la alianza del laborista Isaac Herzog y la centrista Tzipi Livni, que buscaba un acercamiento con los palestinos, no pudo superar a Netanyahu, lo que marca el corrimiento a la derecha del electorado israelí. "La campaña del centroizquierda fue demasiado ofensiva y negativa en términos personales contra Netanyahu, y fracasó a la hora de convencer a la mayoría de los votantes de que podían hacer mejor las cosas que el Likud (oficialista) en relación con los asuntos internos y de seguridad", destacó Gilboa.


La sorpresa de los comicios fue Lista Conjunta, la coalición electoral de partidos árabes-israelíes, que obtuvo 14 escaños en el Parlamento (o Kenesset, compuesta por 120 miembros). La comunidad árabe de Israel representa el 20 por ciento de la población y suele ser blanco de grupos nacionalistas y xenófobos, algunos cercanos al primer ministro. El resultado de Lista Conjunta es alentador, pero las probabilidades de generar un cambio en la política local o hacia los palestinos son muy reducidas. "La lista árabe unificada no tiene mucha proyección ni parece que pueda ayudar a mejorar el nivel de vida de los árabes-israelíes. Incluye grupos que no tienen nada en común: islamistas, comunistas, secularistas y ultranacionalistas. Es probable que se divida", evaluó Gilboa.

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Lunes, 23 Marzo 2015 06:06

Una victoria para Sarkozy

Una victoria para Sarkozy

El xenófobo Frente Nacional marcó una etapa más en su progresión, a la vez que el partido de derecha del ex mandatario les arrebató a los socialistas varios departamentos. Y el PS parece haber puesto un límite a su constante ocaso en las urnas.


Los sondeos de opinión ya habían escrito el guión, sólo faltaba que los actores, es decir, los votantes, confirmaran la trama anunciada de la primera vuelta de las elecciones departamentales. El resultado no es tan parecido a lo esperado: la ultraderecha del Frente Nacional, situada entre el 23 y el 23,5 por ciento de los votos, obtuvo ayer el resultado más importante de su historia en las elecciones locales, sin alcanzar con ello su sueño de convertirse en el primer partido de Francia. A su vez, la derecha de la UMP liderada por el ex presidente Nicolas Sarkozy alcanzó el 30 por ciento de los votos, mientras que el gobernante PS, con 21 por ciento, se situó bastante por encima de las previsiones electorales.

Incontestablemente, las tres fuerzas políticas principales marcaron puntos. Los dos ganadores más claros son Sarkozy y el Frente Nacional. El FN marcó una etapa más en su progresión, a la vez que el partido del ex mandatario les arrebató a los socialistas varios departamentos y, al mismo tiempo, iluminó las ambiciones de Sarkozy para las elecciones presidenciales de 2017. Esta fue la primera prueba de fuego electoral desde que, el año pasado, Sarkozy regresó a la política luego de su derrota en las elecciones presidenciales de 2012. Pese los esperados resultados adversos, el socialismo francés no protagonizó un domingo catastrófico. Con estos resultados, el PS parece haber puesto un límite a su constante ocaso en las urnas. Ya no aparece como un partido que va de derrota en derrota, sino que sus electores le dieron ahora un perfil de partido que resiste. La izquierda radial, aliada con los ecologistas, también levantó vuelo con porcentajes que la acercan al 10 por ciento. Si hubo una sorpresa fue precisamente los resultados del PS. Analistas y sondeos auguraban una paliza memorable, tal como ocurrió en las elecciones europeas y municipales. Eso no se plasmó en los resultados con la dimensión esperada. El partido del presidente francés, François Hollande, no pagó en las urnas la impopularidad del mandatario. Más aún, si se adicionan los porcentajes de toda la izquierda francesa, ésta llega a casi un 38 por ciento de los votos, un resultado más que honroso para un arco de partidos en el poder, para una elección intermedia y en un contexto de crisis y desempleo como el que atraviesa Francia. Comparados uno con otro, los porcentajes de la izquierda y la derecha son bastantes parejos. Ambos acertaron en sus dinámica: la derecha en poner en marcha un movimiento de relegitimidad; los socialistas en romper la dinámica de la derrota constante.


Al cabo de la elección, el primer ministro francés, Manuel Valls, hizo una síntesis pertinente de los resultados: "Las formaciones republicanas mantuvieron sus posiciones. La extrema derecha, incluso si está demasiado alta, no es la primera formación política de Francia", dijo Valls. Ahí está precisamente la frontera con la que chocó la extrema derecha. Su líder, Marine Le Pen, quería que el FN fuese ese "primer partido". Las encuestas de opinión habían pronosticado un 30 por ciento al movimiento de Marine Le Pen. Si bien las proyecciones no se realizaron, ello no le resta ninguna validez a esta consulta en la cual la ultraderecha francesa no hace sino confirmar su estatuto de partido arraigado y normalizado a escala nacional. El Frente Nacional es hoy la tercera fuerza política del país. Su visión xenófoba y antieuropea la llevó a jugar en las grandes ligas. La fuerte implantación de la ultraderecha tiene además otra consecuencia: el fin del bipartidismo izquierda-derecha quedó consumado con la instalación del Frente Nacional como tercer eje político del país.


La consulta de ayer debía elegir a más de 4108 consejeros, los cuales serán decisivos para designar los poderes de los 99 departamentos una vez que se celebre la segunda vuelta, el próximo 29 de marzo. Estas elecciones departamentales también sellaron un hito en la historia política del país. Por primera vez, todas las candidaturas fueron mixtas, o sea, un hombre y una mujer. Recién dentro de una semana se podrán sacar las cuentas finales.


El buen resultado del PS y sus satélites aliados no permite enterrar a la izquierda por anticipado. La cita del próximo domingo trae consigo la eterna querella de los duelos dobles entre la izquierda y la extrema derecha y su consiguiente consigna de voto. A este respecto, Sarkozy permaneció fiel a su línea, la llamada "ni ni", o sea, ni "acuerdo local o nacional con la extrema derecha", ni consigna de voto a favor de la izquierda. Los electores tienen conductas curiosas. Depositan su confianza en una movimiento de ultraderecha cuyo discurso consiste en denunciar la semejanza entre la socialdemocracia y la derecha, impugnar a Europa, despreciar a los extranjeros y diabolizar al Islam. Al mismo tiempo, restauran la legitimidad de una oposición conservadora minada por las querellas intestinas, los escándalos por corrupción y cuyo jefe, Sarkozy, tiene media docena de pesados legajos judiciales que lo acechan desde hace varios años. La impunidad es, ciertamente, el valor más corriente compartido por la clase política mundial.


La victoria de la derecha clásica es amplia. Sus líderes se sacan de encima un pasado turbio de rencillas y oprobio popular. Para Sarkozy, las elecciones fueron un regalo. Los resultados le permiten aparecer limpiamente como el jefe de un partido unido, que supo agruparse por encima de las divisiones para ganar una elección. El guión escrito por las encuestas de opinión está aún lleno de páginas inciertas. El 29 de marzo la película política estará terminada, pero las tendencias de esta primera vuelta son claras: una derecha fuerte, una ultraderecha sólida pero privada de un triunfo histórico y una izquierda que salió de la agonía para entrar en la resistencia.

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Domingo, 22 Marzo 2015 06:09

La coyuntura de la paz.

La coyuntura de la paz.

No es que la paz este de un cacho pero tiene mucho cuerpo, siendo un hecho objetivo que gravita todos los ámbitos de la sociedad y el Estado. El tiempo de las conversaciones transcurre y el sentido político del mismo amplia su significado en la dirección de la superación definitiva de la guerra y del conflicto social y armado. La Mesa de La Habana muestra sus virtudes pues la misma es un catalizador que remueve asuntos estancados como el de la justicia para descubrir las interioridades de su letal podredumbre, tal como lo retrata el "caso Pretel".

 

Ciertamente, con casi tres meses del nuevo año, los cambios indican que no estamos en los peligrosos momentos que acompañaron el asunto del general Rubén Dario Alzate en el Departamento del Choco, con sus desestabilizadoras proyecciones en los diálogos de La Habana.

 

Hoy son otros los temas y otros los resultados que se desprenden del funcionamiento del instrumento de encuentro y consensos diseñado por el Acuerdo especial de La Habana oficializado en el mes de noviembre del año 2012.

 

1. Los sentidos del tiempo.

 

La paz "ad infinitum", sin límites y repetitiva, no hace parte de las premisas de la delegación revolucionaria. Pero, ante la premura de Santos y su equipo, siempre es mejor recordar que las cosas deben ocurrir cuando las condiciones estén dadas. Bien pudiera hoy firmarse un acuerdo general si el gobierno diera muestras de agilidad en la remoción de los obstáculos que afectan la construcción de la paz con justicia social y democracia. Al respecto, Todd Howland, jefe de la ONU en Colombia, ha dicho que la negociación con Farc puede durar dos años más. Por lo complejo de los temas que faltan, como la justicia, las armas, la refrendación y la reincorporación política, considera que el acuerdo final se daría en dos años más, contrario a los repetidos anuncios del Gobierno de que "este año sí", expresados desde que se sentó a dialogar con la guerrilla en 2012, en Cuba.

 

"Este proceso avanza según el promedio de otros procesos en el mundo, hay acuerdos en tres temas de la agenda y otros para el desescalamiento de las hostilidades. Yo considero que hay dos posibilidades, según nuestra experiencia comparativa: puede tomar más momentos en razón a acciones de desescalamiento de hostilidades hacia un cese el fuego bilateral, que pueden ayudar a generar más confianza para temas difíciles que se aproximan como la justicia transicional, el fin del conflicto y la desmovilización. También hay buen desarrollo por la presencia de los militares. Pero no puedo crear expectativas falsas porque estos procesos son difíciles y por eso creo que terminar con éxito la negociación sería en el año 2017. Más allá puede ser desgastante y perjudicial por pérdida de apoyo social" (http://bit.ly/1xoHu8z).

 

En esta materia, para el Presidente Santos no es saludable moverse a punta de cábalas e informes de inteligencia fantasiosos. Siempre es mejor atenerse a los hechos y a las realidades concretas que se desprenden de los avances y consensos consolidados.

 

2. Desescalamiento y cese bilateral y definitivo al fuego y de hostilidades.

 

El cese al fuego unilateral decretado por las Farc completa varios meses y la sensación general es la de un virtual fin de la guerra. Las decisiones sobre el tema de los menores, los acuerdos y avances en el desminado y la orden de suspender bombardeos, no obstante el crónico dislate de Minguerra, aportan al objetivo general del cese bilateral definitivo. Un evento de tal magnitud no se da por sorpresa, agota pasos. Es un desescalamiento paulatino y ordenado. Es un aprendizaje que deben hacer las partes. Sin duda, lo hacen. Ojala prime la buena fe en las esferas oficiales.

 

3. Los respaldos internacionales a la paz.

 

Los diálogos de paz han tenido, desde sus primeros momentos, acompañamientos internacionales de gran valor, como los aportes de Cuba, Venezuela, Chile y Noruega. Ese respaldo ha ganado recientemente nuevos elementos. Estados Unidos nombro como enviado especial para la Mesa al señor Aronson. España ha hecho un compromiso para intervenir en el Consejo de Seguridad de la ONU con el fin de encontrar una salida al máximo nivel para los complejos aspectos en materia de justicia.

 

4. La Comisión asesora de paz.

 

El nombramiento de la Comisión asesora presidencial de paz, no obstante los evidentes vacios que presenta por la ausencia de los movimientos sociales en su composición, es un buen acontecimiento político. Le suma a la paz, a pesar del sesgo partidocratico. Clara López y los dos millones de votos aportados a la paz deben hacer valer el enfoque transformador de los movimientos populares partidarios de la paz democrática y transformadora.

 

5. La Asamblea Constituyente.

 

Es hora de retomar la propuesta de la Asamblea Constituyente como acto fundacional de un nuevo régimen político que haga efectiva la democracia ampliada pactada en los acuerdos sobre participación política y garantías para las fuerzas políticas que emerjan con la realidad de la paz.


Una Asamblea Constituyente es el espacio conveniente para abordar los graves problemas que afectan a la denominada justicia liberal, puestos dramáticamente en evidencia con el caso del Paramagistrado (que no es el único) Jorge Pretel, una verdadera lacra feudal enquistada en las instituciones encargadas de administrar justicia.


Cierro. Vivimos otro momento de la paz. Hay avances tangibles cuyos efectos políticos deberían verse reflejados en el proceso de elección de alcaldes y gobernadores que entrará en momentos de efervescencia, después de los días de Semana Santa. Lo lógico es que todos los actores involucrados en los diálogos de paz hagan sentir su interés y se involucren en las alianzas y acuerdos para que las votaciones del 25 de octubre sean un sonoro respaldo a la Nueva Colombia sin la guerra y la violencia de los poderosos clanes oligárquicos.

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"El Estado no puede tutelar los cuerpos de las mujeres"

"Si mañana me encuentran muerta, dirán que me lo merezco por puta", rezaba uno de los carteles de la Marcha de las Putas que se desarrolló este sábado en Quito, capital de Ecuador. La peculiar convocatoria denuncia la violencia de género y reivindica la libertad sexual y estética de las mujeres y de la diversidad sexogenérica. Cientos de mujeres y actores queer (todos aquellos que se oponen a la heteronormatividad) se asumieron "putas" durante la jornada de hoy como un sinónimo de autonomía.


Con sus cuerpos pintados y ropa llamativa (algunos sin ella), caminaron por el centro norte de la capital, la zona de mayor atractivo turístico. La Policía, a diferencia de años anteriores, obligó a todos los desnudos a vestirse. A un hombre que iba solo con un delantal de cocina lo conminaron a ponerse ropa interior para continuar. Él vestía así porque era parte de su performance: iba limpiando el machismo con un paño y lejía.


El rechazo al Plan Familia Ecuador, nombre de la estrategia de planificación familiar que se estrena este año y que propone la vuelta a los valores, a la familia, y el retraso de las relaciones sexuales, se evidenció en muchos de los carteles que llevó la gente: "Plan Familia no, plan puta sí" o "ni Dios ni Estado". Virginia Gómez de la Torre, del colectivo de Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, explicó que "la pedagogía del no" generará más problemas entre los adolescentes y que "el Estado no puede tutelar los cuerpos".


Mucha de la indignación que se vio esta tarde se debe a las declaraciones que esta semana hizo el Secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, en un periódico. "El Estado debe enseñar a las mujeres que es preferible que retrasen su vida sexual y que retrasen la concepción para que puedan terminar una carrera", dijo y añadió que hay un problema de valores en la sociedad y que "las mujeres no se valoran adecuadamente, y se dejan violentar".


Margarita Carranco, reconocida feminista que ahora trabaja por la inclusión y la igualdad en el Municipio de Quito, dijo que "hay que agradecerle a (Alexis) Mera por sus declaraciones porque nos permiten reflexionar sobre nuestros derechos". Explicó también que Quito resistirá a la política nacional sobre sexualidad con el programa del ayuntamiento "Saber pega full", que da información sobre sexualidad y acceso a métodos anticonceptivos para que los adolescentes y jóvenes tomen decisiones acertadas.


Las declaraciones del funcionario público también provocaron que centenares de mujeres salieran a la marcha del pasado 19 de marzo, cuando los sindicatos y movimientos sociales convocaron a una movilización nacional por la pérdida de libertades.


El manifiesto final de la manifestación de este sábado rechazó frontalmente el femicidio, que según los datos de la Fiscalía deja un promedio de 200 víctimas cada año en el país. Para frenar este problema el Estado incluyó en el Código Penal penas de 22 a 26 años de cárcel, pero las sentencias aún son escasas. La sociedad civil ha evidenciado algunos casos a través de las redes sociales como "Justicia para Vanessa", que todavía busca castigo para el hombre que en 2013 golpeó a esta joven con un bate de beisbol hasta matarla.


La Marcha de las Putas es una marca a nivel mundial. Nació como una respuesta indignada al policía canadiense Michael Sanguinetti que soltó un comentario machista en una charla sobre seguridad en 2011: "Las mujeres deben evitar vestirse como putas, para no ser víctimas de la violencia sexual". En Ecuador la marcha se ha realizado desde 2012 y cada vez se han sumado más demandas y más colectivos que aprovechan el mes de marzo, mes de la mujer, para llevar sus reivindicaciones a la calle. Este año también se sumaron trabajadoras sexuales y transexuales.

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Viernes, 20 Marzo 2015 18:02

Camioneros vuelven a las carreteras

Camioneros vuelven a las carreteras

En la madrugada del 19 de marzo el Gobierno Nacional y los gremios camioneros firmaron los acuerdos y levantaron el paro que inmovilizó miles de camiones durante 24 días. Fueron el alza en los precios de los alimentos y los inconvenientes en el transporte de mercancía lo que le confirmó a los incrédulos que el tal paro sí existía.


Desde el 23 de febrero los camioneros asociados en la ATC, la ACC, la ANT y la CCT, anunciaron la inmovilización de sus vehículos, acción de fuerza con la cual buscaban que el actual Gobierno aceptara sus propuestas para solucionar los problemas que aún los aquejan.


El 18 de marzo se cumplieron 24 días de inmovilización. Ese día, en una reunión –que terminó en la madrugada del 19–, con la ministra de Transporte, Natalia Abello, el ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón y el superministro de Presidencia, Néstor Humberto Martínez, las partes firmaron los acuerdos.


Era una firma esperada por diversos sectores de la sociedad colombina, sobre todo por los efectos ya evidentes en el abastecimiento de algunas ciudades con productos del campo, así como de materias primas para la menguada industria nacional. Efecto acumulado a pesar de que durante todo el tiempo el Gobierno pretendió minimizar la potencia y la misma existencia del paro. Pero también, porque las conversaciones entre las partes venían desde mucho antes de llegarse a declarar la hora cero para esta parálisis de automotores de carga, interrumpidas por los alargues e incumplimientos del Gobierno con respecto a compromisos anteriores con los caminoneros, como su terquedad para valorar de manera cabal sus demandas.


Se calcula que la inmovilización provocó pérdidas por 6.000 millones de pesos. Empresas como Mabe –Manizales– tuvieron que cerrar porque no había quién transportara al puerto la mercancía por ellos producia; en ciudades como Pasto y otras se sintió el alza en el precio de los productos del campo, pero, además, la tensión en el orden público llegó a crisparse ante los choques de los caminoneros con el infaltable Escuadrón Móvil Antidistirbios (Esmad) y la orden de última hora de militarizar las carreteras del país, una medida que recuerda que la protesta social está criminalizada. Cuatro tractomulas incineradas y 49 personas detenidas es el saldo trágico de la protesta.


Esas consecuencias, dejan reflexiones con respecto al transporte de carga en Colombia:


Primero, queda en el aire la sensación de desinformación sobre la inmovilización, principalmente porque las noticias de los grandes medios se enfocaron más en las divisiones del gremio de la ACC –luego del anuncio del inicio del paro– que en el porqué, en dónde, etcétera del mismo, buscando en todo momento desvirtuar la iniciativa de los camioneros.


Segundo, ¿qué pasaría si los camioneros, en su totalidad, dejaran de realizar sus actividades? La dependencia de otros sectores económicos del trabajo de los camioneros es evidente, sobre todo porque Bogotá y Medellín, a diferencia de otras capitales y ciudades importantes del mundo, están ubicadas lejos de los puertos.


Tercero, con tantos vehículos de carga, la falta de carreteras de calidad, y los daños ambientales que inevitablemente provocan tantos carros, ¿no será hora de abocar de nuevo, con seriedad y sentido estratégico, el tema del transporte ferreo? Un transporte que, como es conocido, es más amable con el medio ambiente, menos costoso y de mayor capacidad económica. Un transporte necesario de encarrillar, tanto para movilizar carga como para facilitar y abaratar la movilidad de miles de persona pero también, para que lo público prime de nuevo sobre lo privado y el interés inmediato de los comerciantes.


Los acuerdos


Según el acta firmada por las partes, será creada una comisión permanente integrada por expertos en "materia de logística, multimodalidad y prestación del servicio de carga". En cuanto a las relaciones económicas, la principal petición era el flete mínimo obligatorio, y frente a esta demanda se acordó lo siguiente:


- No se pueden efectuar pagos por debajo de los "Costos Eficientes de Operación", que se encuentran en el sistema de información Sice Tac.
- El Ministerio de Transporte, la Cancillería y las Gobernaciones de Arauca, Norte de Santander, Guajira y Nariño, junto a los gremios transportadores, iniciarán la campaña "Presencia institucional en fronteras", sobre temas de transporte, para establecer el control sobre la operación, las relaciones económicas, la soberanía, etcétera.


Referente al parque automotor, pedían renovar los vehículos y dejar a un lado la vía útil:


- El Ministerio y otras instituciones del Gobierno Nacional garantizarán la política de no implementar la vida útil para el Transporte de Carga en Colombia, dentro del PND 2014-2018.


- El Gobierno mantendrá la política de reposición uno a uno.


- "Para los vehículos postulados de conformidad con la Resolución 4160 de 2008 y 7030 de 2012, el valor del reconocimiento económico se indexará de acuerdo a la variación anual del IPC, para lo cual será emitido el acto administrativo pertinente. Será reconocida la indexación por IPC desde el año siguiente a la fecha de expedición de la resolución 4160 y se llevará a valor presente"


Otro aspecto de los demandado por los transportadoes de carga, el precio de la gasolina, y la garantía por parte de Ecopetrol para brindar contratos a los caminoneros para el transporte de hidrocarburos, fue abordado así:


- En medio del paro fueron realizadas múltiples reuniones. El acuerdo logrado recuerda que, luego de la reunión del 10 de marzo con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte y el de Minas y Energía, para revisar los contratos que tienen con terceros, se continuarán reuniones con las empresas contratistas de la petrolera y pequeños transportadores, las cuales estarán en seguimiento por parte del Grupo de Logística y Carga del Ministerio de Transporte.

 

- A más tardar el 19 de abril será realizada una reunión con Ecopetrol, el Ministerio de Transporte, el de Minas y de Hacienda para evaluar la posibilidad de refinar y comercializar el combustible para abastecer el sector de transporte público a través de la Reficar. Dice el acta, "proceso que se realizará con la fórmula Colombia". Es decir, se continuará con la forma de calcular el precio de la gasolina.


La pensión a 20 años de trabajo por el bienestar y la salud de los conductores que se ven expuestos a diversos climas, horas de trabajo, y sustancias químicas. Sobre este aspecto el acuerdo dice:


- Evaluar los estudios existentes para determinar si se presentaron las condiciones técnicas para justificar la propuesta de pensión especial, y en tal sentido promocionar un proyecto de ley.


- El próximo 27 de marzo será revisado un proyecto de decreto que permita la afiliación y la autoliquidación para el pago por parte de los conductores propietarios de vehículos de carga al Sistema General de Riesgos Laborales.


- Se revisarán alternativas reglamentarias para que la base de liquidación sobre la cual cotizan a seguridad social los conductores propietarios de vehículos de carga permita reducir los costos que se generan de la ejecución de la actividad. Las alternativas se incluirán en el PND.
- El Ministerio de Transporte promoverá líneas de crédito en el Fondo Nacional del Ahorro, y con el Ministerio de Vivienda gestionarán un programa especial para el gremio.


También fueron acordados otros puntos referentes a temas operativos, exactamente una lista de 18 puntos será examinada en los próximos treinta días.
Fue así como el paro terminó. A pesar de que el Gobierno intentó evitarlo con la rebaja de $300 pesos en el precio del galón de gasolina, su maniobra no lo rompió. Sin duda, el paro demostró de nuevo la importancia de este sector en Colombia. Sin embargo, pese a lo que lograron, como el referente mínimo de pago, queda la sensación de que en materia de combustible el Gobierno puede escabullirse y dilatar como lo ha hecho hasta ahora, muy a pesar de los acuerdos firmados, lo que sería materia suficiente para un nuevo paro.

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