El Tribunal Supremo Electoral postergó para octubre la votación en Bolivia

La decisión fue tomada con la pandemia de coronavirus como excusa

Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por Jeanine Áñez, los comicios del 18 de octubre reemplazan a los del año pasado, anulados por denuncias de fraude que nunca fueron comprobadas.

 

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia (TSE) postergó las elecciones generales que habian sido programadas para el 6 de septiembre y eligió como nueva fecha el próximo 18 de octubre en base a "consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico". La decisión, anunciada este jueves por el presidente del TSE, Salvador Romero, obedece a informes elaborados por un Comite de Científicos que responde al gobierno de facto, y que señaló en los últimos días que la pandemia de coronavirus tendrá sus picos más altos a finales de agosto y principios de septiembre. Programados inicialmente para mayo y luego promulgados en septiembre por la presidenta interina, Jeanine Áñez, estos comicios reemplazan a los de octubre de 2019, anulados por denuncias de fraude impulsadas por la OEA que nunca fueron comprobadas, y que derivaron en el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el pasado 10 de noviembre.

"Fruto de consideraciones de orden científico, legal y sociopolítico, en el ejercicio pleno de sus atribuciones, la exigencia de la ley de que el proceso electoral considere los parámetros científicos y cuente con suficientes medidas de seguridad de salud, el TSE ha resuelto fijar la fecha de la jornada de votación de la elección general el domingo 18 de octubre de 2020, con una eventual segunda vuelta el 29 de noviembre y una posesión de las autoridades en diciembre", señala la resolución leída por el presidente del TSE, Salvador Romero.

La autoridad afirmó que esa determinación no requiere del envío de un nuevo proyecto a la Asamblea Legislativa para avalar la nueva fecha del proceso electoral, ya que, según Romero, el Tribunal actúa en el marco de la ley y sus competencias constitucionales. "La fecha de la jornada de votación ha generado controversias ásperas que han dividido al país. Esta polémica, atípica en una revisión internacional, solo se explica por las latentes y graves polarizaciones que sufre la sociedad", agrega la resolución del TSE dada a conocer el jueves. 

La polémica decisión se dio a conocer luego de una serie de demandas de postergación por parte de distintos frentes políticos de derecha y movimientos ciudadanos. Incluso la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez se refirió al tema en las últimas horas al manifestar que espera que se pueda ir a las urnas cuando la población "no sienta peligro". 

Desde el Movimiento al Socialismo, el repudio a la decisión del TSE llegó a través del expresidente Evo Morales, que habló de un "nuevo golpe a la democracia". En su cuenta de Twitter, Morales dijo que la postergación de la fecha de elecciones solo provocará un mayor sufrimiento al pueblo boliviano porque prolonga la agonía del gobierno en un mar de incapacidades y ambiciones que le impidió, en ocho meses, tomar medidas para manejar la catástrofe humana y económica actual".

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Militares brasileños fracasan en su prueba de fuego

Tras la dictadura, los militares brasileños quedaron aislados en la transición a la democracia. En ese momento, la dictadura fue repudiada por lo que todas las acciones militares fueron rechazadas, consideradas negativas. Era como si Brasil se reencontrara con la democracia, abandonada por los militares con el golpe de 1964 y la dictadura castrense de 21 años.

Hubo un proceso de desmilitarización del Estado, el sistema político retomó sus criterios liberales: separación de los tres poderes de la república, elecciones periódicas, pluralidad de partidos, prensa libre (que, en el liberalismo, significa prensa privada). Brasil incluso contó con una asamblea constituyente, para contar con una Constitución democrática y para erradicar las normas que la dictadura, a través de sus actos institucionales, había impuesto.

Sin embargo, los militares nunca han asumido una posición oficial sobre el golpe y la dictadura. El silencio fue como si continuaran creyendo que habrían salvado a Brasil de los riesgos del comunismo con el golpe de Estado de 1964. Que la dictadura habría puesto al país nuevamente en el camino del desarrollo económico, convirtiéndolo en una potencia, estrechamente aliada a Estados Unidos, en la guerra fría, contra el comunismo.

Las fuerzas armadas no han vuelto a comentar sobre su trayectoria. Se han retirado en silencio a los cuarteles. Siempre han participado en los gobiernos, en el marco de los ministerios reservados para ellos. Los gobiernos del PT les propiciaron condiciones para modernizar sus equipos.

La Comisión de la Verdad volvió a revisar el desempeño militar, revelando su papel durante la dictadura, incluida la tortura como método sistemático de interrogatorio, así como actualizando el número y los nombres de las víctimas, asesinadas, desaparecidas y torturadas por ellas. Los militares no tenían forma de contestar, incapaces de impugnar las graves acusaciones, que actualizaban el papel extremadamente negativo del golpe, la dictadura, la tortura, la responsabilidad de la fuerza armada.

Los resentidos militares han encontrado la posibilidad de venganza en el discurso de Bolsonaro. Fue alguien que públicamente reclama el papel de la fuerza armada en el golpe militar de 1964, la dictadura, la tortura. Quien los llamó a gobernar, con la ideología anticomunista de la guerra fría, que atribuye a los militares el papel de garantizar el orden, luchar contra la subversión y el comunismo.

Los militares han comenzado a ingresar al gobierno de buena gana, ocupando más y más cargos y de mayor importancia, y se han comprometido con todo lo que hace el gobierno. Con la corrupción, con la incapacidad de gobernar el país, con la falta de prestigio de Brasil en el mundo. Hasta que decidieron entrometerse en el Ministerio de Salud. Confiados en su supuesta capacidad para resolver problemas, se ponen en situación de riesgo total para su imagen.

Sin tener experiencia ni condiciones para enfrentar problemas de salud pública, han desplazado a todo el personal de salud pública en Brasil, con amplia experiencia y prestigio, para correr el riesgo de enfrentar una situación que mata a miles de brasileños todos los días, a uno a cada minuto.

El ejército falla abiertamente en el Ministerio de Salud, explicitando públicamente su incompetencia y su responsabilidad por las miles de muertes diarias en Brasil. Es evidente, con resultados escandalosos, la incapacidad de los militares para dirigir el Ministerio de Salud en medio de una pandemia. La imagen de competencia que los militares tenían la intención de promover desde la dictadura militar y que ahora querían actualizar, se deshace por completo.

Si continúan dirigiendo el Ministerio de Salud, pasarán a la historia por sus responsabilidades en el manejo criminal, responsables de decenas de miles de muertes. Si se van, se irán como fracasados, incompetentes.

En cualquier caso, los militares tendrán la imagen de estar asociados con la imagen del gobierno de Bolsonaro, el más corrupto, más incompetente y con la imagen de Brasil más degradada del mundo, más comprometida por la muerte de un brasileño a cada minuto. Fallan en su prueba de fuego.

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Participantes en el paro en solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, ayer afuera del Congreso de Ohio. Foto Afp

Las demandas van desde el repudio al racismo sistémico hasta la exigencia de salarios dignos y seguros médicos

 

Nueva York., Decenas de miles de trabajadores y sus aliados participaron en un paro nacional y acciones de solidaridad como parte del movimiento Black Lives Matter en decenas de ciudades del país al vincular el racismo sistémico y la injusticia económica, mientras el presidente de Estados Unidos amenazó con desplegar fuerzas federales militarizadas en varias de las principales ciudades para enfrentar el "desorden".

El "Paro por las vidas negras" se realizó en más de 25 ciudades con decenas de miles de participantes en acciones para suspender labores, manifestarse, y a las 12 del día hincarse sobre una rodilla por ocho minutos y 46 segundos, el símbolo del nuevo movimiento al marcar el tiempo que un policía blanco colocó su rodilla sobre el cuello del afroestadunidense George Floyd hasta su muerte, según informaron los organizadores.

Varios sindicatos nacionales, desde el de servicios (SEIU), TEamsters, del magisterio (AFT), de Comunicación (CWA), el gremio de actores (Actors’ Equity) y músicos, enfermeras y trabajadores hospitalarios, así como los del sector de comida rápida, jornaleros, trabajadores aeroportuarios, de la construcción, empleadas domésticas y más participaron en el paro.

Las demandas van más allá de obligar a empresas e instituciones a declarar que "las vidas negras valen", al vincular el racismo sistémico con las injusticias económicas por la falta de salarios dignos, la explotación de mano de obra, la falta de seguros médicos como derechos laborales incluido el de formar sindicatos (https://j20strikeforblacklives.org/ es/demands/).

De Los Ángeles a Nueva York (frente al hotel Internacional Trump, entre otros lugares), Wa-shington, DC, San Francisco, San Luis, Minneapolis, Boston y Durham se realizaron marchas, mítines y actos simbólicos. Algunos exigieron beneficios y apoyo para trabajadores esenciales inmigrantes, otros para elevar el salario mínimo en cadenas como McDonald’s y empresas como ATT y UPS condiciones más seguras ante la pandemia en los centros de trabajo.

“Hoy estoy con los trabajadores a lo largo del país que están participando en #StrikeforBlackLives”, declaró vía Twitter el senador Bernie Sanders. "Trabajadores se están levantando en el país para decir que la justicia económica es justicia racial", declaró el senador Ed Markey, quien también participó.

El reverendo William Barber, de la Campaña de los Pobres, comentó: "la lucha para las vidas negras también es una lucha para obtener justicia económica y una voz".

En la Casa Blanca, Trump dijo que estaría enviando fuerzas de seguridad federales a más ciudades gobernadas por demócratas para reprimir protestas vinculadas con ell movimiento Black Lives Matter que considera inaceptables.

A pesar de furiosas críticas de autoridades locales y estatales de Oregon, legisladores federales y organizaciones de defensa de libertades civiles contra el despliegue de fuerzas militarizadas del Departamento de Seguridad Interna en Portland, que han confrontado a manifestantes con balas de goma y gas lacrimógeno, así como secuestrado a varios inconformes en vehículos no identificados durante horas sin presentar cargos para supuestamente proteger propiedades del gobierno federal, Trump insistió ayer en que esto es necesario y que están haciendo "una labor fantástica".

Explicó que los agentes federales "agarran a mucha gente y encarcelan a los líderes". Agregó que "éstos son anarquistas, no manifestantes. Ésta es gente que odia a nuestro país".

En ese contexto amenazó con enviar fuerzas similares a varias ciudades y mencionó Oakland, Filadelfia, Chicago (se reporta que pronto se desplegarán 150 agentes federales a esta ciudad), Detroit, Baltimore y Nueva York; todas con alcaldes a quienes llamó "demócratas liberales", y subrayó que “estamos enviando fuerzas de seguridad pública… no podemos permitir que esto ocurra en las ciudades”.

Las fuerzas federales son parte de una nueva entidad paramilitar del Departamento de Seguridad Interna formada después de que Trump emitió una orden supuestamente para proteger monumentos y estatuas, empleando como justificación legal cláusulas de una ley creada después de los atentados del 11-S en 2001.

Pero las imágenes de fuerzas federales en camuflaje y equipo militar en una ciudad provocaron denuncias de diversos políticos y defensores de derechos y libertades civiles. Más aún, sólo han multiplicado el número de manifestantes, acompañados en días recientes por agrupaciones de madres, algunas con cascos, que corean "dejen en paz a nuestros hijos" y "que quede claro, las madres han llegado".

Ted Wheeler, alcalde de Portland, ha calificado la maniobra federal de "ataque contra nuestra democracia", y reiteró su exigencia para que las fuerzas sean retiradas. La gobernadora de Oregon, Kate Brown, acusó al secretario de Seguridad Interna de buscar "provocar confrontación con propósitos políticos".

En el Congreso, líderes demócratas están impulsando una investigación federal sobre posibles violaciones a la Primera Enmienda de la Constitución (libertad de expresión).

Laurence Tribe, reconocido profesor de ley constitucional de Harvard, indicó acerca de las órdenes de Trump en Portland y otras ciudades: "esto es como comienza. El hambre dictatorial del poder es insaciable. Si hubiera un momento para la desobediencia civil pacífica, ese momento está sobre nosotros".

Por David Brooks

Corresponsal

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Martes, 21 Julio 2020 06:13

Bolivia en la encrucijada  

Bolivia en la encrucijada  

La derecha boliviana (bueno, sus asesores norteamericanos y argentinos) leyeron las encuestas del derecho y del revés. Y llegaron a la conclusión de que no hay forma de que Jeanine Añez gane en los comicios si es que estos se realizan el 6 de septiembre. Es más, el MAS podría repetir un triunfo histórico.

Por ello, enarbolan el temor como bandera: si se va a votar los sufragantes corren peligro de contraer coronavirus. El último en sumarse a esta cruzada ha sido Jorge Tuto Quiroga, quien ha puesto el ejemplo de sus padres octogenarios para decir que él no los pondría en peligro.

Y Jeanine Añez ha comenzado a soñar de nuevo. Sus oraciones podrían hacerse realidad y ella seguir sentada en la silla. Pero tiene un gran problema: con el equipo que cuenta no tiene posibilidad alguna se continuar pues la población les ha perdido el respeto debido a la corrupción y la incapacidad para enfrentar las crisis generadas por las dos pandemias: la salud y el hambre.

Por ello requiere de un segundo aire. Cuando comenzó la crisis de la covid-19 los oficialistas estaban seguros de que ella permitiría que puedan tener el favor ciudadano si lograban salir airosos de la prueba. Por muy al contrario se aplazaron.

Pero ahora proponen un gobierno de Unidad Nacional, es decir la alianza de toda la derecha, posiblemente sin Mesa, pero claramente sin el MAS para poder “ahora sí hacer las cosas bien”.

Por eso, su exministro de la Presidencia y hombre de Luis Fernando Camacho, Jerjes Justiniano, ha planteado suspender los comicios y hacer gobierno de unidad hasta el 6 de agosto del 2021.

La presidenta contempla entonces marzo como fecha de elecciones.

La furia popular

Claro que para eso la ultraderecha tiene que superar dos grandes escollos: primero el del MAS que por supuesto no aceptará la postergación y luego la molestia popular que quiere que hayan elecciones para tener un nuevo gobierno que enfrente con legitimidad la pandemia.

En el primer caso el oficialismo buscará conseguir los votos necesarios en el Congreso tratando de sumar a parte de la bancada del Movimiento al Socialismo. Ya el presidente de la Cámara de Diputados y militante del partido de Evo Morales, Sergio Choque, se pronunció sobre darle la potestad al Tribunal Supremo Electoral para que vea la mejor fecha para la realización de las elecciones.

El pedido de inhabilitación de la sigla izquierdista al haber supuestamente revelado Luis Arce encuestas internas sería la carta de transacción para que se acepte la postergación con el límite de noviembre de 2020. Y cuando se acerquen los plazos al penúltimo mes del año habría una nueva postergación, o mejor aún una nueva convocatoria para el próximo año.

Las cartas sobre la mesa

Pero el MAS también tiene un joker entre sus cartas. Si bien el artículo 136 de la Ley Electoral prohíbe la difusión de encuestas, una ley posterior la de Organizaciones Políticas no contempla esta variante; por lo tanto, no habría posibilidades de inhabilitación dado que quien debe definir la contradicción de dos leyes es el Parlamento y tiene primacía la más nueva. Además ya se presentó ante Tribunal Constitucional Plurinacional la inconstitucionalidad del 136 al violar el derecho a la libre expresión.

La otra carta ganadora es la molestia de grandes sectores sociales que están esperando las elecciones como la posibilidad de terminar con un gobierno al que califican como dictatorial.

Hasta el momento el Movimiento al Socialismo ha sido el dique que ha evitado que se desborden las movilizaciones. Si se postergan las elecciones, habrá problemas.

Claro que Jeanine y, sobre todo el hombre detrás del trono, Arturo Murillo, juran que con represión y con el miedo a contagiarse de covid-19 es posible frenar a los díscolos “aunque sea a bala”, lo que Murillo ha repetido a quien quiera oírle. Su pasado hace creíble esto.

Como todo juego de tronos éste también es el de enmascaramientos. El Tribunal Electoral lanzará su propuesta de tener la facultad de cambiar la fecha. Quieren elecciones en noviembre pero no quieren decirlo así (o no pueden) y prefieren dejar la cosa en un margen que iría del 6 de septiembre al 29 de noviembre. La ultraderecha quiere elecciones para el próximo año pero propondrá como primer paso noviembre para luego postergar este plazo también.

De momento la pelea pasará a Congreso. Jeanine dará como ofrenda a los dioses bajar su postulación, Camacho y Tuto ya tejen ser parte del gobierno y de sus mieles, el MAS vela las armas para el combate, pero ¿y Mesa?: como siempre el expresidente juega a las dos puntas, a algunos les dice que no hay que mover la fecha pero públicamente dice que si la pandemia aprieta habría que postergar.

En una reciente entrevista Arturo Murillo dijo que el 6 de septiembre habría violencia y que Bolivia se jugaba los próximos 30 años. Parece que esta vez no ha mentido.

Jaime Iturri Salmón es periodista.

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El presidente sirio Bashar al-Assad y su esposa Asma se registran para emitir su voto durante las elecciones parlamentarias. / Europa Press

Tras las elecciones parlamentarias celebradas el domingo, y cuyos resultado no tendrán ninguna incidencia, Siria vuelve a la realidad cotidiana de las sanciones internacionales. Estos días se cumplen veinte años del ascenso al poder de Bashar al Asad, y tras casi una década de guerra civil, nadie alberga ninguna esperanza de que la situación vaya a mejorar a corto plazo.

 

Veinte años después de su ascenso al poder, el presidente Bashar al Asad participó el domingo a unas nuevas elecciones parlamentarias, las terceras desde el inicio del conflicto en 2011, elecciones que lo ratifican al mando de Siria pese a la enorme presión y las innumerables sanciones de Estados Unidos, Israel y la comunidad occidental en general. 

En el verano de 2000, a la edad de 34 años, Asad, un oftalmólogo educado en el Reino Unido, alcanzó el poder tras la muerte de su padre Hafez al Asad. Él mismo declaró entonces que planeaba liberalizar hasta cierto punto la política y la economía, pero enseguida tuvo que dar marcha atrás y consolidar la autocracia que heredó.

Un país como Siria, de una enorme complejidad étnica y religiosa, es casi ingobernable. Una liberalización de la política habría entregado el poder a islamistas de todo pelaje y condición, y habría sido un paso importante en la dirección de una cruenta guerra civil.

A los visionarios americanos que azuzaron el caos en Oriente Próximo obedeciendo a los intereses y consignas de Israel, no les importaba un rábano esa posibilidad, como demostraron en Irak. No es de extrañar que el último embajador americano en Damasco, Robert Ford (2010-2014), recorriera el país excitando a la población para que se rebelará contra Asad. Las consecuencias llegaron pronto y son las que todos conocemos.

A día de hoy está claro que no hay ni nunca ha habido libertad política en Siria y que eso debe achacarse básicamente a las ambiciones de las fuerzas islamistas de crear un estado islámico mucho más sectario que el de Asad, ambiciones que el gobierno ha reprimido sin contemplaciones para poder subsistir. Ciertamente, el gobierno de Asad no es el ideal, pero las alternativas que se ofrecen fácilmente podrían ser mucho peor.

Las cárceles siempre han estado llenas de islamistas. En los ochenta los islamistas echaban ácido en la cara de las jóvenes que no se cubrían el rostro, y cometían toda suerte de atentados. La matanza de Hama en 1982, ejecutada por el tío de Asad, fue el momento más álgido de la represión. Hoy Rifaat al Asad, el más proamericano del régimen, en su dorado exilio europeo, contrata abogados israelíes vinculados al gobierno de Benjamín Netanyahu para defenderse de los cargos de corrupción, según ha recogido la prensa hebrea esta semana con nombres y apellidos y sin que los interesados lo hayan desmentido.

El lector puede hacerse una idea de las cárceles sirias leyendo El caparazón. Su autor, Mustafa Khalifa, es un cristiano que por error fue encarcelado en la notoria prisión de Tadmor, especializada en islamistas. Khalifa cuenta sin cortarse un pelo sus experiencias hasta que años después, descubierto el error, fue trasladado a una prisión para no islamistas, donde había desde disidentes comunistas hasta liberales que vivían en unas condiciones más relajadas que los presos de cualquier prisión europea, con sus juergas, buena vida y alcohol incluidos.

Naturalmente, hay grupos liberales, especialmente en Occidente, pero también dentro de Siria, que aunque son minúsculos piensan que todo sería mucho mejor si se descabalgara a Asad. Las cosas irían de rositas y todos seríamos felices y comeríamos perdices. En esta gente han encontrado una excusa los gobiernos occidentales para implicarse directamente en el conflicto. Por eso muchos países occidentales y de la región han apoyado a los yihadistas más radicales que rebanaban cuellos con armas, dinero y logística, para acabar con el gobierno de Damasco.

Pero la realidad ha sido tozuda. Cuando empezaron las injerencias occidentales tras las llamadas primaveras árabes, algunas voces locales poco sospechosas de radicalismo ya advirtieron que lo que se estaba cociendo era un colosal error, pero nadie les hizo caso. Una de esas voces, la del patriarca maronita (católico) de Líbano, Bishara al Rai, puso el grito en el cielo a causa de la brutal injerencia que ponía en peligro la estabilidad y la convivencia logradas a través de los siglos, en Siria, en Irak y más allá. Nadie lo escuchó.

Las potencias regaron con armas y dólares a la "oposición moderada", es decir a grupos presuntamente liberales cuyos miembros podían contarse con los dedos de una o dos manos, y que no representaban a nadie más que a ellos mismos. Pero también regaron de armas a grupos yihadistas como el Estado Islámico y Al Qaeda que rebanaban cuellos y que eran la verdadera "oposición". Residuos importantes de estos grupos perviven en la provincia de Idlib sin que nadie los combata.

En la tesitura actual, Asad no tiene más remedio que aferrarse al poder. Al principio, cuando estallaron las revueltas, muchos creían que iba a poner tierra por medio y se iba a apartar, y que el país descendería al caos. El caos llegó de todas maneras impulsado por dirigentes extranjeros, y ahora hay que aceptar la nueva realidad y no seguir soñando con lo que sería lo ideal, como hacen los cuatro liberales que quedan.

El problema es que Occidente no va a aceptar la realidad, como no la aceptó en Irak o Afganistán, como no la acepta estos días en Libia ni en otras partes. En lugar de influir en la región de una manera positiva, los europeos se mantienen al margen cuando se les necesita o participan en los conflictos persiguiendo ideales irrealizables o intereses económicos, principalmente venta de armas. Las duras sanciones impuestas harán la vida mucho más difícil para la población siria en general y no resolverán ningún problema.

JERUSALÉN

21/07/2020 07:49

Por EUGENIO GARCÍA GASCÓN

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El nuevo canciller uruguayo definió a Venezuela como una dictadura 

Importante giro en la cartera comandada por Francisco Bustillo 

Bustillo dijo que la situación venezolana es distinta a la de Bolivia, ya que allí hay un proceso electoral en curso destinado a "recuperar la democracia". 

 

A diferencia de sus antecesores, el nuevo canciller de Uruguay, Francisco Bustillo , aseguró sin rodeos que Venezuela "es una dictadura" durante la presentación de los lineamientos que seguirá su cartera. Su par venezolano, Jorge Arreaza, le salió inmediatamente al cruce y le sugirió "refrescar sus conocimientos" sobre derecho internacional. Bustillo dijo además que la situación de Venezuela es distinta a la de Bolivia, ya que allí hay un proceso electoral destinado a "recuperar la democracia", y afirmó que buscará "seducir" a los países miembros del Mercosur. La principal polémica que rodeó al excanciller Ernesto Talvi  antes de su salida del cargo fue justamente su negativa a tildar a Venezuela de dictadura. Se esperaba la opinión de Bustillo al respecto, algo que no había querido adelantar hasta su presentación formal luego de cumplir con la cuarentena tras su arribo al país desde España, donde ejercía funciones como embajador. 

"Conforme al derecho internacional público, las normas democráticas que nos hemos dado en nuestra América, mi propia convicción, la del presidente de la República, del gobierno todo y no tengo dudas que de cualquier habitante nacido en la tierra de Artigas, con libertad no ofendo ni temo, Venezuela es una dictadura", enfatizó el flamante ministro de Relaciones Exteriores uruguayo desde la sede de Cancillería. Sin embargo, dijo que Uruguay "no tiene vocación de gendarme internacional", por lo tanto no le corresponde señalar ni perseguir dictaduras.

A su vez, Bustillo sostuvo que permanecerá en los grupos que buscan una solución pacífica del conflicto venezolano aunque no promoverá más diálogo por "la falta de voluntad de una de las partes", en referencia al gobierno de Nicolás Maduro. "Vamos a dejar clara la posición de Uruguay en cada foro internacional, entre ellos la Organización de los Estados Americanos (OEA)", aseguró el canciller, quien agregó que el país seguirá perteneciendo al Grupo de Contacto Internacional y el Mecanismo de Montevideo, ambos espacios creados para debatir y buscar soluciones a la "crisis venezolana".

Las declaraciones de Bustillo ponen fin a una preocupación central del presidente uruguayo. Tanto Luis Lacalle Pou como Ernesto Talvi repitieron en campaña que lo que había en Venezuela era una dictadura. Muy distinta fue la actitud del gobierno del Frente Amplio (2005-2020), que en septiembre de 2018 decidió por unanimidad expulsar del partido al secretario general de la OEA y excanciller entre 2010 y 2015, Luis Almagro, luego de que éste asegurara que no se debía descartar una intervención militar en el país caribeño. En tanto, en enero de 2019 el gobierno del entonces presidente Tabaré Vázquez se negó a acompañar la declaración del Grupo de Lima que definió como "ilegítimo" el nuevo período de gobierno de Maduro al frente de Venezuela, al proponer en cambio una postura pacífica y dialoguista frente al conflicto.

Las fuertes palabras del flamante canciller uruguayo no tardaron en llegar a Venezuela. Fue su par venezolano, Jorge Arreaza, quien recogió el guante. "Le sugiero refrescar sus amplios conocimientos sobre los principios del Derecho Internacional, estudiar el Derecho Constitucional de Venezuela y evitar ideologizar la política exterior de su país por afinidades. ¡Que vivan Bolívar y Artigas!", planteó Arreaza en su cuenta de Twitter.

Pero Venezuela no fue el único país de la región que mereció un pronunciamiento de Bustillo. Consultado sobre Bolivia, el flamante canciller dijo que está en un proceso electoral "en aras de recuperar la democracia en todo su esplendor". Respecto al Mercosur, consideró que Uruguay tiene una vocación "de regionalismo abierto" en el que intentará seducir a los socios del bloque para buscar "acuerdos a distintas velocidades". Además, Bustillo aseguró que confía en poder firmar el acuerdo Unión Europea - Mercosur durante estos seis meses de presidencia pro tempore del bloque regional.

Bustillo llegó a ocupar el lugar que dejó vacante Talvi, quien renunció a su cargo el pasado primero de julio. Talvi, anterior canciller y excandidato a la presidencia, dijo a El Observadorque no utilizaría la palabra dictadura para referirse a Venezuela mientras ocupara el cargo. Los dichos del dirigente colorado generaron cortocircuitos dentro del Ejecutivo, elemento que detonó su pronta salida de la Cancillería.

El hasta ahora embajador de Uruguay en España arribó el 5 de julio a Montevideo en el primer vuelo de línea de la aerolínea española Iberia desde el cierre de fronteras por la covid-19. Tras cumplir una semana de cuarentena obligatoria pese a que contaba con un test negativo de coronavirus realizado en España, Bustillo mantuvo reuniones con los expresidentes Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), Lacalle Herrera (1990-1995), José "Pepe" Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020).

Bustillo cuenta con un extenso pergamino diplomático. Entre otros cargos, fue jefe de gabinete del ministerio de Relaciones Exteriores durante la gestión del entonces canciller Almagro y embajador en Ecuador, Argentina y España. En su conferencia de prensa del lunes, aseguró que en 34 años en el exterior recorrió muchas embajadas y "mucha gente habla sin conocimiento de causa" y sin "haber puesto un pie" en las sedes diplomáticas, palabras que, aunque sin nombrarlo, parecían dirigidas al excanciller Talvi.

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Lunes, 20 Julio 2020 06:29

Déjà vu

Manifestante afuera de oficinas de la policía que fueron incendiadas el fin de semana en Portland, donde se han agravado las protestas contra el racismo.Foto Ap

Escenas, declaraciones y órdenes recientes provocan traer a la memoria tantas películas, libros de historia, ensayos, testimonios que documentan los peligros y horrores del fin de las libertades y derechos civiles en tantos países a lo largo del último siglo. Muchas se autojustificaron al hablar de la amenaza del "caos", con frecuencia proveniente del "extranjero", y de la urgencia de restaurar "la ley y el orden" en defensa de "la patria". Al tomar el poder, toda señal de disidencia era considerada una "amenaza al pueblo" y "traición". Tropas de asalto y policía secreta secuestraban a los que se atrevían a desobedecer, se exigía la presentación de "papeles de identificación", se elaboraron bancos de datos sobre todo sospechoso, se atacaba a los medios y se construían campos de concentración.

Hoy día, esas escenas se repiten en otro país. Sólo en los últimos días, fuerzas federales en uniforme de camuflaje circulando en camionetas no identificadas de repente aparecen en las calles de una ciudad y secuestran a manifestantes jóvenes; después de horas los dejan salir sin presentar cargos. Las madres de algunos de ellos salen a protestar coreando: "dejen en paz a nuestros hijos"; la fuerzas federales responden con gas lacrimógeno. Esto se repite durante días, a pesar de denuncias de la ilegalidad de tales operaciones. Una líder del partido opositor expresó su alarma: las “tropas de asalto no identificadas, vehículos no marcados, secuestros de manifestantes… estas no son acciones de una república democrática”.

El líder de tal país insiste en que está ordenando estos operativos para "salvar" al país contra fuerzas que promueven la "anarquía" y advierte que no se tolerará el desorden en las ciudades del país.

El régimen en el poder ha acusado que a su oposición política de cometer "traición"; y afirma que existe una amenaza de la "izquierda radical" que busca "destruir a nuestro país" (eso se repite cada día), y declara a todos los medios de comunicación no alineados a él "enemigos del pueblo".

El régimen en el poder presentó una nueva doctrina en la cual declara que los derechos humanos supremos son los de la "propiedad privada" y la "libertad de religión".

El régimen persigue día y noche, y defiende el uso de la violencia contra cualquiera que no sea ciudadano blanco. Aterroriza a comunidades enteras con operativos de agentes armados, helicópteros y asaltos a hogares; hiriendo y matando con impunidad. Incita y aplaude a las agrupaciones armadas de sus simpatizantes mientras otros, que se oponen al líder, son declarados "extranjeros".

El régimen encarcela a familias con hijos menores de edad y amenaza con separarlos a la fuerza (igual que en los campos de concentración nazis).

El líder del régimen, en nombre de la defensa de la democracia, rehúsa comprometerse a respetar la legitimidad del proceso electoral de su país.

Como muchos han adivinado, ese país es Estados Unidos en el año 2020.

Un país donde casi 14 millones de niños no tienen suficiente para comer, donde unos 40 millones están desempleados y millones de familias están por perder sus hogares.

Y es un país cuyo líder declaró en estos últimos días que todas las encuestas que demuestran que está perdiendo "son falsas"; confiesa que no le gusta "perder", y que rechaza todos los hechos que ponen en duda su versión de la realidad. Este líder acaba de repetir este fin de semana de que no está seguro si aceptará o no los resultados de la elección presidencial de noviembre.

En los años 30, James Waterman Wise comentó que el fascismo estadunidense probablemente "llegará envuelto en una bandera estadunidense y alabado como una súplica por la libertad y la preservación de la Constitución", recuerda Sarah Churchwell en el New York Review of Books.

Se repiten las lecciones del pasado, pero ¿se ha aprendido algo? En las calles sigue la resistencia, y aunque ha rescatado la esperanza, y las encuestas pronostican el fin del régimen... si es que respeta las urnas, aún no se sabe si todo esto será suficiente como para rescatar al país ante tanto déjà vu.

(https://www.youtube.com/watch? v=aV4zqixpx4A) (https://www.youtube.com/watch? v=B-c6GphpAeY) (https://www.youtube.com/watch? v=VwcKwGS7OSQ)

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Bolivia: a las puertas de un golpe de Estado electoral y político militar

Una vez consumado el golpe de Estado en noviembre, se puso en marcha en Bolivia una serie de dispositivos destinados a legitimar a una presidenta golpista que llegó al poder de manera anticonstitucional y ungida por los militares, que fueron, junto con la policía, no los artífices, pero sí los legitimadores del golpe.

Golpe de Estado que pudo ser consumado por una mala decisión de la dirección del proceso de cambio, que hizo renunciar, una vez que Evo y Álvaro ya estaban fuera del país rumbo a México, a la tercera persona en la cadena sucesoria, la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra (MAS-IPSP), dejando un vacío de poder no previsto por la Constitución Política del Estado.

A pesar de eso, y de la instalación en el Ejecutivo de un gobierno golpista, se pudo mantener la mayoría de 2/3 con la que contaba el MAS en el Legislativo, garantizando con ello una dualidad de poderes, un contrapeso a cualquier decisión tomada por la golpista Jeanine Áñez. Es por ello que se pudo imponer la fecha del 6 de septiembre para realizar los comicios, que si no fuera por la pandemia, se hubieran realizado el 3 de mayo.

Pero la emergencia sanitaria, que podríamos pensar le ha venido bien a muchos para eternizarse en el poder, ha sido desastrosa para los golpistas en el gobierno. No sólo porque han hecho una pésima gestión de la crisis de salud, en un país cuyas condiciones de aislamiento geográfico ayudaban a contener el virus, sino porque durante estos meses han sido numerosos los escándalos de corrupción en los que han incurrido diversas autoridades del gobierno golpista, desde el presidente de la principal empresa estatal, YPFB, a la mayor firma de telecomunicaciones del país, Entel, pasando por comisiones millonarias en la compra de respiradores para enfrentar la epidemia, que han llevado a la cárcel al ministro de Salud.

Todo lo anterior ha hecho que la clase media urbana, que en su momento retiró el apoyo al gobierno de Evo Morales, mire con desprecio a los golpistas corruptos que vinieron a sustituir al MAS-IPSP, quien tiene como candidato a Luis Arce Catacora, el ministro más exitoso en 14 años de proceso de cambio, y quien llevó al crecimiento de la economía boliviana a tasas chinas.

Arce Catacora, quien fue militante del PS-1 de Marcelo Quiroga Santa Cruz, lidera en este momento todas las encuestas, en algunos casos incluso superando 40 por ciento de intención del voto y más de 10 puntos de diferencia sobre el segundo, que se necesitan para ganar en primera vuelta.

Es por eso que los golpistas han puesto en marcha una estrategia con dos variables:

En primer lugar, hay un intento claro de dejar fuera de la contienda electoral a Arce Catacora, cancelando la personalidad jurídica del MAS-IPSP, por unas declaraciones donde el candidato pre-sidencial comenta sobre unas encuestas en televisión. La ley impide la promoción de encuestas por parte de los partidos en campaña, pero es que Luis Arce no difundió ninguna encuesta, tampoco mostró gráficos ni se habló de votos nulos o blancos, ni mucho menos se dio detalles de ninguna ficha técnica, sólo la comentó en un estudio de televisión, y además, hasta el 24 de julio no se entra de nuevo en campaña electoral, pues el proceso que debía haberse realizado en mayo, luego en agosto, y finalmente en septiembre, ha sido interrumpido y suspendido por culpa de la pandemia. Es claro que el proceso no ha seguido y que lo que buscan los golpistas es volver a los tiempos donde Bolivia escogía presidentes que tenían entre 17 y 22 por ciento de los votos, excluyendo a las mayorías sociales, especialmente al movimiento indígena originario campesino, a quien en su mayor parte representa el MAS-IPSP.

Pero además, y por si no les resulta la vía jurídico-electoral, los golpistas, con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo El Bolas, y el de Defensa, Fernando López, trabajan en la creación de un grupo guerrillero "indígena-independentista" que tiene entre sus propósitos cometer actos violentos (incendios, saqueos e incluso asesinatos) contra la población civil para poder culpar al MAS por ellos. Todo ello con el apoyo de la estación de la CIA en la embajada de Estados Unidos en La Paz. Este grupo irregular estaría integrado por militares y policías en activo y retirados, la mayoría de origen indígena, además de miembros de la ultraderechista Unión Juvenil Cruceña. Se cuenta con información de que este grupo fue entrenado por mercenarios de Estados Unidos e Israel en 2019 en una finca cercana a Santa Cruz de la Sierra, bajo la supervisión de Erick Foronda, agente de la CIA que funge actualmente como secretario privado de la presidenta espuria Jeanine Áñez.

Entre los responsables de esta operación estaría también Rolf Olson, de la oficina política de la embajada estadunidense en Bolivia, quien es el enlace directo entre Murillo y López, así co-mo el comandante de las fuerzas armadas, el general Sergio Carlos Orellana.

Si ninguna de las dos vías citadas llega a funcionar como método para anular aun MAS que se encuentra primero en las encuestas, no se descarta un golpe de Estado clásico, recargado, con Orellana y Murillo a la cabeza.

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La radicalización de las derechas latinoamericanas

El viernes 8 de noviembre de 2019 por la noche estaba claro, desde la soledad de la Plaza Murillo, centro del poder político en La Paz, que el esquema para enfrentar el avance golpista había hecho agua. Se multiplicaban las noticias de motines policiales, los grupos civiles armados de la derecha habían recorrido el eje Santa Cruz, Cochabamba hasta instalarse con logística a pocas cuadras de la Casa de Gobierno.

Esa noche de lluvia helada solo quedaban grupos pequeños para sostener esa posición estratégica que se perdió sin resistencia la mañana del sábado. El Alto aún no se había manifestado con fuerza, lo haría el sábado en la tarde, cortando el acceso a La Paz. Ya era tarde: 24 horas después sucedió el derrocamiento, Evo Morales y Álvaro García Linera se trasladaron al Chapare, luego a México y finalmente a Argentina.

La escalada golpista duró tres semanas. Pocas personas la anticiparon: la economía crecía, existían acuerdos con el empresariado a nivel nacional, incluido en Santa Cruz, se venía de una relativa estabilidad política, y la pregunta central era si Evo ganaba en primera vuelta o debía ir a segunda.

La derecha sorprendió dentro de Bolivia y en el continente. Una falta de anticipación similar ocurrió cuando el 23 de enero de ese mismo año un diputado ignoto se autoproclamó presidente de Venezuela en una plaza y fue reconocido inmediatamente por Donald Trump, o cuando el gobierno de Sebastián Piñera desplegó militares en las calles de Santiago para hacer frente a la protesta, un esquema aplicado semanas antes por Lenín Moreno en Quito ante el levantamiento indígena.

La suma de eventos, a los que se agrega, por ejemplo, el actual gobierno de Jair Bolsonaro con sus crisis superpuestas --política, institucional, con discursos contra la cuarentena--, indica un cambio de las derechas que atraviesa el continente. Existe un desplazamiento de los límites, una modificación de época marcada por el regreso de viejas metodologías aggiornadas al tiempo de las redes sociales, con vasos comunicantes a la vez que diferencias, con procesos de nuevas derechas como Donald Trump, Matteo Salvini, Marine Le Pen o Vox.

Este empujar cada vez más los límites ocurre en Argentina con el despliegue de mensajes anticuarentena, conceptos pobres y peligrosos como la “infectadura”, denuncias de planes de liberación de presos para formar “patrullas que amenacen jueces y expropien el capital”, acusaciones de “gravedad institucional” a las pocas horas del asesinato de Fabián Gutiérrez y la intoxicación mediática con mentiras, medias verdades, acumulación de miedo, odio y revancha.

Este mapa de derechas no es homogéneo en el continente, varía según los países, tiempos del conflicto, según sean gobierno y desplieguen la estrategia de lawfare, como en Ecuador, Brasil o Argentina antes del nuevo gobierno, o estén en oposición y apliquen metodologías de desestabilización que llegan a contratar mercenarios para ingresar al país, como ocurrió en Venezuela.

Pero existen elementos que forman un cuadro común. En primer lugar, existen dos grandes tendencias en cada país: quienes rompen límites y radicalizan el enfrentamiento, y quienes buscan mantener la disputa dentro del marco conocido. A veces sucede que ambas se unen en un objetivo común, como lo fue derrocar a Evo Morales, para luego volver a dividirse y construir un esquema de golpistas duros, como Jeanine Áñez y Fernando Camacho, y golpistas moderados --presentados como demócratas--, como Carlos Mesa.

Esa tensión recorre la derecha en Argentina, con las disputas internas de la oposición emergidas en torno a lo que fue el posicionamiento respecto al asesinato de Gutiérrez, o en Venezuela, respecto a la división entre presentarse a elecciones o insistir a través de la vía armada y el bloqueo. Este último caso expone otra dimensión central: los grados o no de autonomía respecto al Departamento de Estado.

Esa relación con Estados Unidos es medular. El proyecto de las derechas contempla dos pilares. Por un lado, la alineación en política exterior con EE.UU., algo que puede verse fácilmente en que cada gobierno de derecha se propuso desarmar la Unasur, darle la espalda a la Celac, y volver a la centralidad de la OEA. Por otro lado, la adhesión a un proyecto neoliberal en materia económica.

Se trata de proyectos de minorías al servicio de empresas con intereses fuera del país --dejando a un lado un entramado empresarial con miras al mercado interno-- subordinadas a EE.UU., algo constitutivo de las élites latinoamericanas, que no parece modificable, aun con todas las inversiones y el comercio con China.

Dos cuestiones son centrales en este escenario. En primer lugar, el sujeto político moldeado por estas claves político-mediáticas. Las agresiones en Buenos Aires el pasado 9 de julio son un ejemplo de ese envenenamiento potenciado por las redes sociales que reúne odios históricos con nuevos apellidos y fantasmas. ¿Qué discursos construir ante eso, cómo diferenciar entre segmentos, desactivar?

En segundo lugar, ¿cómo gobernar con este volumen de ataques y corrimiento de límites? ¿cómo no dejarse arrastrar al terreno del adversario? Esa pregunta, traducida al conflicto venezolano tiene otras complejidades: ¿cómo se enfrenta un bloqueo económico y operaciones encubiertas? Y en el caso de Bolivia: ¿cómo debía enfrentarse la escalada golpista amparada por una arquitectura financiera, mediática y diplomática?

Una parte importante de la derecha regresa a viejas formas con nuevas presentaciones, intenta ofensivas sin pedir permiso ni perdón. Detrás de todo --o delante-- está la disputa económica en tiempos de recesión y el retroceso hegemónico estadounidense.

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La voz de los mineros bolivianos apuesta a ganar las elecciones. Orlando Gutiérrez: "el pueblo está activo"

Es el máximo referente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia y hombre clave en el apoyo gremial a la candidatura de Luis Arce Catacora.

 

Era un adolescente cuando se fotografió por primera vez con el tío del socavón. En la cosmovisión de los mineros andinos, el tío es el diablo, una especie de demonio con cuernos, colmillos filosos y orejas puntiagudas. Una figura que recibe ofrendas de bebidas, comida, hojas de coca y cigarrillos a cambio de dar protección. Orlando Gutiérrez se internó durante quince años en las profundidades de las minas de Colquiri, en la provincia de Inquisivi, departamento de La Paz. Podría decirse que militaba bajo tierra mientras extraía estaño y zinc. Hoy es el máximo referente de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB). Un hombre clave en el apoyo gremial a la candidatura de Luis Arce Catacora, el economista que el 6 de septiembre – siempre que se realicen las elecciones – intentará devolverle la presidencia al MAS que lidera Evo Morales. Página/12 dialogó con él en estos días de pandemia desatada y retroceso en las condiciones de vida para el movimiento obrero de su país.

-El 10 de julio se cumplieron ocho meses del golpe de Estado cívico-militar. ¿Qué reflexión hace de lo que pasó hasta ahora en Bolivia?

-Ha sido desastroso para nuestra historia. Pero a la vez es algo que nos va a enseñar a cuidar lo que no hemos podido defender en su momento. Hoy hacemos una evaluación de este gobierno ilegitimo y decimos que es un desastre. Fíjese que el ministro de Defensa Luis Fernando López, un ex militar, un sangriento, amenazó a un ciudadano con hacerlo desaparecer en diez segundos si el quería. Lo premiaron: a su cargo en Defensa le agregaron el de ministro de Salud.

-En eso el gobierno de Jeanine Añez se parece al de Jair Bolsonaro que nombró como ministro de Salud también a un militar, ¿No?

-Sí, sabemos que se han impuesto políticas neoliberales en América, han invadido el continente. De repente Bolivia era uno de los países que estaba soportando esta sacudida con el gobierno del compañero Evo y ahora nos encontramos tratando de recuperar la democracia. Queremos arrancársela de las manos a los golpistas, títeres del gobierno norteamericano y además, en menos de un año. Con la unidad y el poder de lucha del pueblo. Y eso es algo que para mí, que fui trabajador minero quince años en el subsuelo boliviano, es una gran responsabilidad. Ojalá no se tengan que tomar medidas, pero si nos obligan el pueblo está preparado para subir al nivel más alto de rebelión.

- La Federación Minera que usted lidera es parte de la Central Obrera Boliviana (COB), ¿Cuánto han influido ustedes en la estrategia de confrontación con el régimen golpista?

- Si hablamos de los mineros estamos hablando de la historia de Bolivia. Si hablamos de la creación de la gloriosa Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia es la columna vertebral de la COB. Nosotros nos consideramos punta de lanza en la lucha. Por eso lastimosamente tenemos muchos mártires y es lo que nuestros antepasados nos han enseñado, nuestro legado. Nos han dejado ese principio único de lucha para no ser más oprimidos por gobiernos neoliberales y capitalistas.

-En sus cascos de mineros, en las pancartas, en las banderas, siempre lucen la imagen del Che Guevara. Incluso aparece en los actos que hace la COB. ¿Qué significado tiene para ustedes a 53 años de su asesinato en Bolivia?

-El comandante Ernesto significa mucho para las ideas socialistas y para los principios de dignidad y soberanía. Es lo que nosotros hemos aprendido en la lucha por una Bolivia guevarista, para pelear contra la opresión. No somos violentos, son violentos los que generan desigualdad social y no los que luchamos contra ella. Por eso la imagen de nuestro Che Guevara siempre va a estar presente en los encuentros mineros. Como emblema de la COB, de nuestra federación y de muchas instituciones de Bolivia.

-El último martes el movimiento obrero salió a marchar en todo el país. ¿Es el principio de un plan de lucha?

-Fue un calentamiento previo. No podemos dejar a la gente adormecida. Vivimos catorce años de gobierno con nuestro compañero Evo Morales. Realmente teníamos problemas, diferencias, incluso algunas movilizaciones esporádicas. Pero con este golpe nos han sorprendido. Nosotros sabemos que las elecciones están a la vuelta de la esquina y conocemos las artimañas de los sucios que están en el gobierno. Pero el pueblo está activo.

-¿Usted fue víctima de una fake news cuando lo hicieron pasar por un soldado que se había arrancado la whipala del uniforme?

-Yo soy feo, pero no tan feo. Es gracioso pero ridiculísimo. Tengo una estatura de 1,78 y el policía que era sargento, o cabo, no medía más de 1,60. Además, nosotros jamás lo haríamos y esto ha sido una parte de la guerra sucia que persiste hasta hoy. Quien le habla sigue sufriendo hostigamiento y es porque de repente nos quieren hacer tener miedo, acallarnos. Tuvimos una reunión en la ciudad de El Alto y no me va a creer, pero pasó un helicóptero en tres oportunidades por el mismo lugar donde estábamos congregados. Piensan que a la gente la van a atemorizar. Lo hemos manifestado siempre, pero acá con los trabajadores y mineros no existe eso. El pueblo está muy confiado.

- ¿Qué pasó con las distintas prefórmulas del MAS, el binomio suyo con David Choquehuanca, después la aparición de Andrónico Rodríguez y finalmente la fórmula que encabeza Luis Arce Catacora?

-Yo soy dirigente de una nueva generación, el ejecutivo más joven de la Federación de Mineros y me siento muy orgulloso cuando en un ampliado de la COB definieron que deberíamos tener un candidato a la vicepresidencia y gracias al trabajo sindical y reivindicativo que hacemos, salió mi nombre. En ese momento apareció un buen líder que es Andrónico Rodriguez del Chapare, del movimiento campesino, como yo que represento al movimiento obrero de Bolivia, entonces hubo algunos problemas, no lo puedo negar, mucha gente que discutió y no quisimos pelear para que me den un cargo. Ojalá que más adelante podamos consolidar cosas más grandes en beneficio de nuestra querida Bolivia.

-Usted representa a la COB, Andrónico a los campesinos y, ¿a quién representa el candidato a presidente Luis Arce Catacora?

-La candidatura de nuestro compañero Lucho viene de amplios análisis y es por el tema económico, por el acompañamiento que ha tenido con nuestro compañero Evo. Entonces quién mejor que él para que pueda fortalecer la economía. Porque los cuatro o cinco años que vengan van a ser para reconstitruirla.

-¿Cuál ha sido el daño al poder adquisitivo del trabajador promedio en Bolivia en estos ocho meses del gobierno de Jeanine Añez?

-Practicamente hemos retrocedido más del 70, 60 por ciento en lo que es el valor adquisitivo y ¿por qué? Quien antes compraba con 100 bolivianos diez cosas, hoy compra solo cuatro. En el sector minero desde el cierre de fronteras no hay exportaciones, no hay importaciones, estamos viendo cómo sobrevivir, incluso para cobrar salarios, y lamentablemente salió el decreto 4272 que practicamente es el cierre y privatización de las empresas estatales.

-¿Qué reflexión hace sobre el grupo de ex funcionarios que está refugiado en la embajada de México desde momento el golpe?

-Ya se lo he dicho a nuestro compañero Evo cuando he ido en dos o tres oportunidades a Buenos Aires. Y lo mismo a los hermanos que están en la embajada de México y fuera de Bolivia. La única forma para que logremos que todos salgan de la embajada es recuperar el poder. Ganar las elecciones nacionales el 6 de septiembre y estoy segurísimo que lo vamos a lograr. Me imagino cómo será el recibimiento a Evo en el aeropuerto de El Alto. Este es un proyecto con conciencia de clase y hoy lo estamos demostrando poniendo en riesgo nuestras vidas o siendo perseguidos y amenazados. Estamos al frente y vamos a cumplir con nuestro objetivo sin buscar nada a cambio. Si ganamos las elecciones voy a decir misión cumplida.

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