El Gobierno chileno y la oposición acuerdan un plebiscito para redactar una nueva Constitución

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020.

Tras una intensa jornada de negociaciones, el Congreso de Chile ha llegado la madrugada de este viernes (hora local) a un acuerdo base para elaborar una nueva Constitución que reemplace el texto vigente desde 1981, cuestión que será planteada en plebiscito a la ciudadanía.

El acuerdo fue respaldado por el oficialismo y la oposición -a excepción del PC- y contempla la celebración de un 'plebiscito de entrada' en abril de 2020. "Ahora le corresponderá a la ciudadanía decidir democráticamente en plebiscito. Muere la Constitución del 80 en dictadura, y nace una en democracia", escribió en Twitter Heraldo Muñoz, presidente del Partido por la Democracia (PPD).

En un documento de dos páginas, los representantes políticos recogieron las principales propuestas para llevar a cabo el proceso calificado como "histórico".

El primero de los 12 puntos del acuerdo establece que los partidos que lo suscriben "vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile", así como "el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente".

Por su parte, el presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que el acuerdo es una salida pacífica y democrática ante la crisis que atraviesa Chile desde octubre.

"Somos responsables, efectivamente, de muchas de las injusticias que los chilenos nos han señalado", señaló el dirigente y recalcó que los resultados de esta jornada son "una victoria de toda la ciudadanía".

Preguntas del plebiscito

Una de las primeras preguntas planteada a los votantes será si apoya o no un cambio constitucional. Posteriormente, la ciudadanía deberá elegir entre dos mecanismos para la elaboración de la Carta Magna: una convención constituyente compuesta en un 100 % por ciudadanos y la otra, una convención mixta conformada 50 % por parlamentarios y 50 % por miembros electos para este fin.

¿Qué pasará después?

Tras el plebiscito, se prevé la elección de los constituyentes en octubre del próximo año junto a los comicios para gobernadores y alcaldes. Posteriormente, los integrantes trabajarán durante 9 meses con un único plazo prorrogable de 3 meses.

Finalmente, el nuevo texto constitucional se someterá a un "plebiscito ratificatorio" de votación obligatoria.

Publicado: 15 nov 2019 05:53 GMT

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Chile: Mutilación en los ojos, estrategia importada de la represión sionista

“En lo que es una estrategia de mutilación importada directamente de Israel, en apenas dos semanas de protestas Carabineros ha dejado parcialmente ciegas a 157 personas debido a disparos intencionales, una brutalidad de número que no tiene precedente a nivel mundial, donde hasta los medios internacionales están denunciando esta masacre” indica la prensa no oficialista de Chile.

Este sábado se cumplieron 15 días desde el estallido social que vive el país. En este contexto, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, informó una nueva cifra de lesionados. De acuerdo al profesional, hasta las 06:00 horas del sábado, 157 personas han sufrido lesiones oculares. Todas producto de perdigones disparados por Carabineros. Asimismo Micco indicó que como organismo han presentado 179 acciones judiciales; 132 son querellas por torturas y tratos crueles y degradantes. Sobre las lesiones oculares, Micco ya pidió que se realicen los peritajes pertinentes. “Hemos pedido un peritaje para saber la composición de los perdigones; la cantidad de pólvora y la presión que se imprime en su uso. Es un tema que tenemos que estudiar. Es de la mayor gravedad tener a 157 personas con lesiones oculares”, aseveró el director del organismo.

ONU exige el cese del uso de perdigones contra la población

El Sistema de Naciones Unidas en Chile llama a las autoridades a terminar con el uso de proyectiles no letales. A tres semanas del inicio de la crisis social que vive el país, el Sistema de Naciones Unidas en Chile reitera su rechazo a toda forma de violencia y su preocupación por la situación nacional, especialmente por la gran cantidad de muertos y heridos.

En particular, el Sistema de Naciones Unidas en Chile urge a las autoridades a cesar de inmediato el uso de balines y perdigones, que hasta el día de hoy ha causado cientos de heridos y más de 170 traumas oculares, de acuerdo con las cifras oficiales del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La utilización arbitraria e indiscriminada de este tipo de armas no letales, constituye una violación grave de los derechos humanos y vulnera el principio de proporcionalidad.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, llama también a alinear las acciones de control de la violencia a los estándares internacionales existentes y que han sido ratificados por el Estado chileno.

El Sistema de Naciones Unidas en Chile, que ha mantenido diálogos con organizaciones de la sociedad civil y del estado se pone a disposición de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, para avanzar en medidas que permitan alcanzar la protección de todas las personas y la paz social.

El caso de los niños palestinos mutilados

HISPANtv en un informe sobre los ataques en contra del pueblo palestino, publica: El Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en la Palestina en un informe citado este martes por la agencia palestina de noticias Maan, ha informado que en la actualidad 12 residentes de la ciudad de Al-Quds (Jerusalén) se han quedado ciegos tras haber sido blanco de los disparos de las fuerzas israelíes.

Siete de estos casos, agrega, son menores de 6 años que han perdido al menos uno de sus ojos. El organismo en un comunicado ha denunciado el caso al consejero judicial y el inspector general de la policía israelí.

Haciendo referencia a pruebas consistentes han confirmado que los agentes han recurrido ilegalmente a usar este tipo de armas ya que según las leyes está prohibido disparar con balas de goma contra niños, mujeres embarazadas y ancianos.

Incluso, en las manifestaciones solo se puede utilizar para individuos identificados y apuntar la parte inferior del cuerpo.

Estas restricciones, afirma la entidad palestina, no están bien claras ya que teniendo en cuenta las consecuencias peligrosas de estas balas, no hay una legislación específica en la mayoría de los casos.

De este modo, ha advertido sobre la continuación del uso de esta arma por los militares israelíes y la considera como un signo de la irresponsabilidad de la policía del régimen de Tel Aviv.

Al final, ha urgido a tomar lo antes posible las medidas necesarias para el cese inmediato del uso de armas disuasivas como las balas de goma.

El pasado 1 de abril, Palestina ingresó oficialmente en la Corte Penal Internacional de la Haya (CPI), una membresía que le permitirá llevar a las autoridades del régimen israelí ante este ente, para que sean juzgadas por sus crímenes de guerra o contra la humanidad.

14 noviembre 2019 

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El nuevo Gobierno ultraconservador de Bolivia busca enterrar la herencia de Morales

En el Gabinete interino se sientan políticos como Arturo Murillo, que anunció "la cacería" de un rival. El titular de Presidencia trata de rebajar el tono y anuncia un intento de diálogo con el MAS

La etapa de sucesión de Evo Morales en Bolivia comienza en medio de una profunda, aparentemente insanable, quiebra política y social. La recién designada presidenta interina, Jeanine Áñez, nombró el miércoles un Gabinete, aún incompleto, de nítido corte conservador en el que destacan férreos opositores al exmandatario. Prometió “pacificar” el país y convocar elecciones cuanto antes, pero no puso fecha. Arturo Murillo, el ministro de Gobierno, responsable de las políticas de seguridad, se estrenó, sin embargo, con una amenaza a un exministro de Morales: “Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana”.

La representante del Movimiento Demócrata Social (MDS), que asumió el cargo sin contar con el apoyo de la mayoría del Parlamento, aseguró en la toma de posesión de sus primeros 11 ministros que el equipo encargado de la transición “incluye a personas conocedoras y especializadas y en su mayoría de perfil técnico”. Áñez, que se ha garantizado el control de la Policía y de los militares con el relevo de la cúpula de las Fuerzas Armadas, mantuvo que su meta es “recuperar la institucionalidad y el orden democrático”.

 “Este va a ser un mandato de estricto orden provisional”, prometió. “La labor principal de nuestra gestión de Gobierno será restaurar la paz social, realizar elecciones libres y transparentes en el plazo más breve posible y traspasar el Gobierno a quienes los bolivianos elijan con plena legalidad y legitimidad democrática”, agregó.

Ella y todos los dirigentes que se opusieron a Morales llevan tres días negando que la dimisión del primer presidente indígena del país sea fruto de un golpe de Estado, aunque su salida se produjo después de un pronunciamiento del jefe del Ejército, que lanzó la “sugerencia” de que Morales dejara el cargo. Con todo, desde el Palacio de Gobierno Áñez arremetió contra el exmandatario, asilado en México, y lo calificó de “caudillo”.

El más polémico de los halcones de su equipo es Arturo Murillo, senador muy cercano a Óscar Ortiz, el candidato del MDS en las elecciones del 20 de octubre. Murillo es ministro de Gobierno y sus primeras palabras fueron una amenaza a los “sediciosos” y en particular a Juan Ramón Quintana, el exministro de la Presidencia, a quien las nuevas autoridades consideran el cerebro detrás de las fuertes movilizaciones en El Alto y de los bloqueos de caminos. “Que comiencen a correr”, dijo Murillo, que quiere “cazar” a Quintana, porque “es un animal que se alimenta de la sangre del pueblo”. "Vamos a hacer que la ley caiga con el más fuerte peso, que se cumpla a cabalidad, vamos a reunirnos con el señor fiscal general y le vamos a decir que apoye la patria, que apoye al pueblo de Bolivia", continuó. "Este no va a ser un ministerio de persecución, para nada, este va a ser un ministerio que va a ayudar a la gente y va a buscar seguridad, pero aquel que trate de hacer sedición, a partir de mañana que se cuide".

Este político de Cochabamba es conocido por sus arremetidas extremas en contra del Movimiento al Socialismo (MAS) y también en contra de las causas progresistas, el movimiento feminista o la despenalización del aborto. “Si quieren, suicídense, pero no maten a otros”, dijo en una ocasión en referencia a las defensoras de la interrupción del embarazo. Murillo mezcló también sus intereses privados en las primeras declaraciones y denunció que, durante la caída del Gobierno, los cocaleros del MAS quemaron el hotel que tiene en el Chapare, haciendo huir a su hermana y a los hijos menores de esta.

Ante una cruz y la Biblia

Jerjes Justiniano, nuevo ministro de la Presidencia, trató este jueves de rebajar el tono y anunció un intento de diálogo con el Movimiento al Socialismo, cuya viabilidad aún está en el aire. Para favorecer el clima de negociación con ese partido, que teme una persecución, prometió que no habrá "caza de brujas". El MAS, partido de gobierno durante los últimos 14 años, rechazó apoyar la designación de Áñez, senadora elegida en las filas de la oposición y vicepresidenta segunda del Senado. Esta asumió la presidencia porque las demás autoridades de la línea de sucesión previstas en la Constitución habían dimitido. Sin embargo, la presidenta del Senado, la socialista Adriana Salvatierra, reivindicó seguir todavía en el cargo porque el Parlamento no debatió ni ratificó su renuncia.

Áñez tuvo de su parte el respaldo de los poderes fácticos, empezando por el Ejército y el Tribunal Constitucional, que interpreta que el trámite de la sucesión no tenía por qué obtener el visto bueno de la mayoría del Senado.

En su Gabinete sentará también a Roxana Lizárraga, la nueva ministra de Comunicación, una periodista que se hizo popular acusando al Gobierno de Morales de vínculos con el narcotráfico, con Cuba y Venezuela. Comenzó su gestión diciendo que el Gobierno aplicará “todo el peso de la ley” en contra de quienes lo desestabilicen, y que los medios aliados del MAS deben “cambiar de línea” editorial.

La nueva canciller, Karen Longaric, es diplomática de carrera, acérrima crítica de la política exterior del anterior Ejecutivo. En su discurso de posesión, señaló que Bolivia estuvo bajo ataque de la “delincuencia internacional” e insistió en que Morales no fue derrocado por un golpe de Estado.

Más moderados son los ministros de Economía, Servicios Públicos, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, todos ellos dirigentes de MDS, el partido de la presidenta, que tiene como líder histórico a Rubén Costas, el gobernador de Santa Cruz.

Luis Fernando Camacho, el dirigente cívico de esta misma región que lideró la protesta contra Evo Morales, se ha visto compensado hasta ahora con dos ministerios, el de la Presidencia y el de Defensa, en los que figuran dos de sus más estrechos colaboradores. Se espera que Marco Pumari, el líder del comité cívico de Potosí, la ciudad que destacó por su radicalidad y por aportar grupos indígenas a la rebelión contra el expresidente, sea favorecido también con alguna de las carteras que todavía falta designar.

Todos los ministros juraron ante una gran cruz y una Biblia, en cumplimiento de la promesa de la “resistencia pacífica a la dictadura” de “devolver a Dios al Palacio de Gobierno”.

Por Francesco Manetto  / Fernando Molina

La Paz 15 NOV 2019 - 04:11 COT

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvataierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido. Foto tomada de la cuenta de twitter @adriana1989sa

 

 

Miércoles 13 de noviembre de 2019

La Paz. La presidenta del Senado de Bolivia, Adriana Salvatierra, reapareció este miércoles para aclarar que no ha dimitido, en cuyo caso le correspondería sustituir a Evo Morales en la Presidencia de la República, arrojando así más incertidumbre a la crisis en el país sudamericano.

Presionado por los militares, Morales dimitió el pasado domingo y, según la línea sucesoria trazada por la Constitución, sus sustitutos son el vicepresidente del país y los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados, sucesivamente.

Hasta ahora se consideraba que todos ellos habían dimitido, por lo que la vicepresidenta del Senado, la opositora Jeanine Áñez, se proclamó el martes mandataria interina.

Sin embargo, Salvatierra, que el domingo anunció públicamente que renunciaba a la jefatura de la cámara alta para facilitar "una salida pacífica de los conflictos", se presentó este miércoles en la Asamblea Legislativa con la intención de retomar sus antiguas funciones.

Los agentes que custodian el Congreso se lo impidieron, recordándole que había renunciado. "No a mi curul ni a la Presidencia", les contestó ella, rodeada de simpatizantes que gritaron "¡Dejen entrar a la presidenta de Bolivia!"

"Estas son las muestras de que es un golpe de Estado y de que las fuerzas del orden no brindan ni una sola garantía para la seguridad de nadie. Están aquí para reprimir, para gasificar y para obedecer a las órdenes de un gobierno que lo único que hace es intentar naturalizar un golpe de Estado", sostuvo Salvatierra.

Ni ella ni el resto de legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) --el partido político de Morales--, que se reunieron este miércoles en las oficinas del antiguo Banco Minero para decidir sus próximos pasos, han podido entrar, según informa Erbol.

La reaparición de Salvatierra añade incertidumbre a un escenario ya de por sí confuso. De momento, sólo algunos países, entre ellos Estados Unidos y Brasil, se han apresurado a reconocer a Áñez como mandataria en funciones, mientras que otros, como Venezuela o Uruguay, denuncian un "golpe de Estado" contra Morales.

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Bolivia y la contrarrevolución: así fue derrocado Evo Morales

- El Gobierno de Evo Morales fue una revolución política antielitista: una sublevación no estaba en el horizonte de nadie e implica una contrerrevolución

- El líder visible es Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años que no participó en el proceso electoral y llegó al Palacio Quemado con una Biblia y una escolta policial

- Tras el derrocamiento del presidente, en la calle quemaban banderas indígenas y gritaban "echamos al comunismo"

 

Empecemos por el final (o por el final provisional de esta historia): durante las últimas horas de la noche del domingo, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló encima de un vehículo policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y aupado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política. De este modo, lo que comenzó como un movimiento en demanda de una segunda vuelta electoral tras la polémica y confusa elección del 20 de octubre, terminó con el jefe de las Fuerzas Armadas "sugiriendo" la renuncia del presidente.

Una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie. Pero en tres semanas, la oposición se ha movilizado con más firmeza que las bases "evistas", que tras casi 14 años en el poder han ido perdiendo potencia movilizadora mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al "proceso de cambio". Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse (hay varios exfuncionarios refugiados en embajadas). Ministros renunciaron denunciando que sus casas eran quemadas y los opositores mostraban a los tres muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles como prenda de indignación frente a lo que llaman la "dictadura". Finalmente, el domingo Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron y denunciaron un golpe en marcha.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.

El Movimiento al Socialismo (MAS), formado en los años 90, fue siempre un partido profundamente campesino –más que indígena– y eso se trasladó en muchos sentidos al gobierno de Evo Morales. El apoyo urbano fue siempre condicionado –en 2005 una apuesta a un nuevo liderazgo "indígena" frente a la profunda crisis que vivía el país; luego porque Evo mantuvo una muy buena performance económica–, pero los intentos de Morales de permanecer en la presidencia –sumado a sustratos racistas de larga tradición y la sensación de exclusión del poder– alentaron a las clases medias urbanas a salir a la calle contra Morales.

 

Antielitismo, estatismo y clase media

 

Objetivamente hablando, el llamado "proceso de cambio" no favoreció a la clase media tradicional ni al estamento "blancoide" –como se suele denominar a los "blancos" en Bolivia–, y, en cambio, les quitó poder. La de Morales fue revolución política antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y educativo con que contaba la "clase burocrática" que existía antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más del 60% le permitieron copar todo el poder del Estado.

Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el neoliberalismo creía en el derecho de los "más capaces" a imponer sus visiones al conjunto, el "proceso de cambio" creía en el derecho de la Bolivia popular de imponerse sobre los "más capaces". Para actuar recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media, especialmente a su segmento académico-profesional, cuya expectativa máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los saberes que posee.

Y finalmente, el MAS fue crecientemente estatista. El enfoque siempre estatista con que el Gobierno abordaba los problemas y necesidades que iban surgiendo en el país lo llevó a ignorar y a menudo a chocar con las pequeñas iniciativas privadas, esto es, con las iniciativas de la clase media. Por esta razón había roces entre el "proceso de cambio" y los sectores emprendedores no indígenas y no corporativos (los que sí se beneficiaban de los aspectos políticos del cambio e indignaban a los "clasemedieros"). Es cierto que existía un pacto de no agresión y de apoyo táctico entre el "proceso de cambio" y la alta burguesía o clase alta, pero este se fundaba en razones políticas antes que empresariales o económicas.

Por otra parte, varias medidas adoptadas por Evo Morales desestabilizaron la dotación de capitales étnicos, perjudicando a los blancos: si bien no hizo una reforma agraria, benefició a los pobres con la dotación de tierras fiscales; hubo una redistribución del capital económico –mediante infraestructuras y políticas sociales– en favor de sectores más indígenas y populares; la política educativa implementada por el Gobierno mejoró la dotación de capital simbólico a los indígenas y los mestizos, mediante la revaloración de su historia y su cultura pero, al mismo tiempo, el Gobierno hizo muy poco para elevar el nivel de la educación pública y, por tanto, para arrebatar el actual monopolio blanco de la educación (privada) de alta calidad. Así, las élites anteriores perdieron espacios en el Estado, vieron debilitados de sus capitales simbólicos y sus vías de influencia en el poder. En síntesis: el Club de Golf perdió cualquier relevancia como espacio de reproducción de poder y estatus.

Diversas encuestas ya mostraban la desconfianza de los sectores medios respecto al presidente. No por la gestión, que aprobaban, sino por la duración del dominio de la élite que Evo dirigía. Tal era la cuestión que importaba a la clase media, una cuestión que la persistencia en la meta reeleccionista de Morales hicieron imposible de resolver, precipitando a la clase media a la sedición. Y a esto se sumó que el "proceso de cambio" no debilitó los microdespotismos presentes en toda la estructura estatal boliviana. El uso de los empleados públicos en las campañas electorales y, más en general, en la política partidaria del MAS, debilitó el pluralismo ideológico entre los funcionarios incluso de menor rango.

Bolivia es un país casi genéticamente antirreeleccionista: ni Víctor Paz Estenssoro, conductor de la Revolución Nacional de 1952, logró dos periodos consecutivos. En parte esta tendencia parece una suerte de reflejo republicano desde abajo y en parte la necesidad de una mayor rotación del personal político. Y cuando alguien no se va limita el acceso de los "aspirantes". Todos los partidos populares que llegan al poder tienen el mismo problema: hay más militantes que cargos para repartir. El Estado es débil pero es una de las pocas vías de ascenso social.

Bolivia es también el paraíso de la lógica de las equivalencias de Laclau: apenas la situación se sale del carril y se ve débil al Estado todos se suman con sus demandas, indignaciones y frustraciones, que son siempre muchas dado que es un país pobre y con muchas carencias. Así también fue esta vez. Los motines policiales expresan enemistades de viejo cuño de sectores bajos con los mandos más altos, por temas de desigualdad económica y abusos de poder entre las "clases": sucedió en 2003, en el motín de 2012 y en el del fin de semana pasado.

Potosí, enfrentado con Evo desde hace años por sentir que desde la Colonia sus riquezas –ahora el litio– se esfuman y ellos siguen siendo siempre pobres, también se sumó a la rebelión. Y lo mismo pasó con sectores disidentes de todas las organizaciones sociales (cocaleros Yungas, ponchos rojos, mineros, transportistas). Esto se suma a una cultura corporativa que hace que las demandas de región o sector pesen más que las posiciones más universalistas, lo que habilita posibles alianzas inesperadas: en esta última asonada se aliaron Potosí y Santa Cruz, impensable durante las crisis de 2008, cuando Potosí fue un bastión "evista".

Un nuevo líder en la oposición

Después de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un "liderazgo carismático" nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta paz. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil, el "macho Camacho", un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas.

Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y "pelotas" para enfrentar "al dictador". Primero escribió una carta de renuncia "para que Evo la firme"; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que "Dios vuelva al Palacio".

Camacho selló pactos con "ponchos rojos" aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista ("Los cruceños somos blancos y hablamos inglés", había dicho alguna vez una Miss). Y, en una productiva estrategia, Camacho se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el "ninguneo de Evo".

Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívica-policial. Para ello desplazó al expresidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien al ritmo de la aceleración de los acontecimientos se radicalizó sin convicción ni grandes oportunidades de ser aceptado en el club más conservador por ser considerado un "tibio".

René Zavaleta decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica: allí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero el país ha vivido más de una década de estabilidad, un periodo que puso en duda la vigencia del pensamiento de Zavaleta. En 2008, Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder y comenzó su ciclo hegemónico: una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental; un mercado interno con grandes inversiones financiadas a partir de ingresos extraordinarios en un tiempo de altos precios de las exportaciones; y una mejora en el bienestar social.

Pero la rebelión ha vuelto y se ha articulado con un movimiento conservador y contrarrevolucionario. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Evo Morales no ha sacado al Ejército a la calle. Movilizó a los militantes del MAS, al tiempo que se expandió a través de las redes sociales y los medios la imagen de las "hordas masistas" –ya no se puede decir campesinas o indígenas–.

El informe de la OEA sobre el resultado electoral, alertando sobre alteraciones, minó la autoconfianza del oficialismo: perdió la calle y las redes al mismo tiempo. Esta auditoría, que podría haber pacificado la situación, fue rechazada por la oposición, que consideraba a Luis Almagro un aliado de Evo Morales por haber avalado su repostulación. La organización acaba de pronunciarse para rechazar "cualquier salida inconstitucional a la situación".

Una de las razones del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. No existe más que una lógica inmediatista, de "suma cero": se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Evo Morales no superó esa cultura y por eso buscó seguir en su cargo: pero la oposición hasta ahora tampoco y emerge con otro "caudillo" de derecha como Camacho.

No sabemos qué futuro político le aguarda pero ya ha cumplido una "misión histórica": que las ciudades acaben con la excepción histórica de un gobierno campesino en el país. No casualmente tras el derrocamiento de Evo se quemaron Whipalas, bandera indígena transformada en una segunda bandera nacional bajo el gobierno del MAS. Y adicionalmente, sacar al nacionalismo de izquierda del poder: "echamos al comunismo", repetían los movilizados en las calles, algunos con Cristos y Biblias.

Bolivia no es solo el país de las insurrecciones, sino también de las refundaciones. Solo la idea de una "refundación" permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política de quienes perdieron. Por otro lado, una "refundación", y la "destrucción creativa" de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para "ocupar" (aprovechar) verdaderamente el poder. Pero la paradoja es que el país cambia poco en cada refundación. Sobre todo en términos de cultura política.

Ahora el péndulo ha quedado del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del derrocamiento de Evo serán perdurables.

 

Por Pablo Stefanoni / Fernando Molina - Revista Anfibia  

12/11/2019 - 21:28h

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Miércoles, 13 Noviembre 2019 06:27

Piñera no puede frenar la protesta en Chile

Imágen satelital de la masiva marcha que ayer copó el centro de Santiago. Imagen: AFP

Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros.

Con un discurso de urgencia desde el Palacio de La Moneda, el presidente de Chile Sebastián Piñera se mostró decidido a endurecer su postura frente al conflicto social. Al paro general y las masivas movilizaciones que se replicaron en distintos puntos del país, Piñera les respondió anunciando un aumento del cuerpo de carabineros en las calles, y la presentación de querellas contra los manifestantes que generen disturbios. La única concesión del presidente fue la convocatoria a un plebiscito ciudadano tendiente a la reforma de la Constitución, una de las principales demandas de los manifestantes y la oposición chilena. Más temprano, Piñera había celebrado un acuerdo con la oposición que le permitirá implementar reformas tributarias. La jornada cerró con un desplome del peso chileno del 3,1 por ciento, y una baja en La Bolsa de Comercio de Santiago del 1,57 por ciento.

Pasadas las 10 de la noche, Piñera destacó los fundamentos de lo que llamó un acuerdo “por la paz, por la justicia y por una nueva Constitución”. Su primer anuncio tuvo que ver con el aumento de carabineros en las manifestaciones: “Hemos establecido la posibilidad de reintegración a Carabineros y a la PDI de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y un servicio destacado”, destacó, amparado en los incidentes registrados durante el día en distintas regiones del país.

En la misma línea, informó que su gobierno presentará querellas contra aquellos manifestantes que generaron disturbios durante las movilizaciones que tuvieron su inicio el pasado 18 de octubre. “He instruido al Ministerio del Interior que presente querellas por Ley de Seguridad del Estado contra aquellas personas que han incitado o promovido la comisión de graves delitos”, expresó.

También se refirió a un acuerdo por la justicia, cuyo contenido no quedó demasiado claro: “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por la justicia, para poder impulsar todos juntos una robusta agenda social”.

A la vez, Piñera anunció que daba inicio al proceso de reforma constitucional. “Todos los chilenos tenemos que unirnos en torno a un acuerdo por una nueva Constitución, dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática”, expresó.

En los últimos días, Piñera había anunciado que se encontraba dispuesto a iniciar un proceso de reforma, pero no se había manifestado a favor de un plebiscito. Esta vez, propuso la participación ciudadana: “Un plebiscito ratificatorio para que los ciudadanos no solo participen en su elaboración, sino que tengan la última palabra en el pacto social que Chile necesita”. Todavía no quedó claro si el plebiscito derivaría luego en una Asamblea Constituyente, como piden los manifestantes y todo el arco opositor chileno, o en un Congreso Constituyente, que es hasta ahora la postura oficial.

“La grave situación que vive nuestro país exige con urgencia dejar de lado todas las pequeñeces y actuar con grandeza, generosidad y patriotismo”, cerró su discurso Piñera. El presidente había empezado el día celebrando un acuerdo con la oposición que le permitirá aplicar una reforma tributaria. Gracias a esa medida, su gobierno recaudaría unos dos mil millones de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales realizados por el presidente días atrás.

Paro general con movilización

La jornada había arrancado con barricadas en varios puntos de Santiago y una multitudinaria marcha que reunió a decenas de miles de personas en la popular Plaza Italia, culminó una nueva jornada de protestas en Chile, a 26 días del inicio del conflicto. Se produjeron serios incidentes y enfrentamientos entre manifestantes y carabineros, que volvieron a reprimir la protesta con carros hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Por la mañana, los cortes de calle impedían el paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. La capital del país fue el escenario de una marcha que convocó a 80 mil personas de acuerdo a cifras oficiales. Los manifestantes avanzaron sobre la céntrica avenida Alameda, escenario de varias movilizaciones.

Flameando banderas chilenas y de los gremios que convocaban al paro, los manifestantes se agruparon en Plaza Italia, epicentro de las protestas desde el estallido social del 18 de octubre. Desde allí la movilización recorrió varias cuadras hasta la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Cuando los manifestantes pasaron por el frente del Palacio de la Moneda se registraron enfrentamientos con carabineros. También se produjeron incidentes y saqueos en Valparaíso. Más temprano, la Corte de Apelaciones de esa ciudad había aceptado un recurso de amparo presentado contra Carabineros, calificando como ilegal el accionar de los policías implicados, que balearon un adolescente de 16 años en una de las manifestaciones. La manifestación se nutrio de miles de chilenos que habían respondido a una convocatoria a hacer una huelga general de la llamada Mesa Social. Dicha agrupación reúne a más de un centenar de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, el Colegio de Profesores, trabajadores de la salud pública, empleados portuarios y de aeropuertos. Las escuelas públicas se sumaron al paro y gran parte de los privados también. La mayoría de las universidades permanece sin actividades desde el inicio del conflicto. Ni siquiera el mercado financiero le dio buenas noticias a Piñera. Durante la jornada del martes, el peso chileno se desplomó 3,1 por ciento y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades, mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cerró con una caída del 1,57 por ciento.

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 El secretario general de la OEA Luis Almagro. En vídeo, sus declaraciones. Foto: AFP | Vídeo: EFE

 En una sesión urgente en la OEA, México, Uruguay y Nicaragua han denunciado un "grave quebrantamiento del orden constitucional" en el país andino

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha celebrado este martes con contundencia la renuncia de Evo Morales y el papel de las Fuerzas Armadas en la salida del líder boliviano. “En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, sostuvo Almagro en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organización de Estados Americanos que tuvo lugar este martes en Washington. “El Ejército debe actuar conforme a su mandato. Nadie ha excedido el poder hasta ahora”, agregó el diplomático uruguayo. En la sala no estuvo presente el embajador boliviano ante el organismo multilateral, José Alberto Gonzales, quien según AFP, presentó horas antes su “renuncia irrevocable” sin especificar las razones.

Las diferentes percepciones sobre lo ocurrido el pasado domingo en Bolivia resultaron palpables desde el primer momento en la sesión. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, fue uno de los primeros en tomar la palabra para calificar de “ridícula” la idea de que Morales fue víctima de un golpe de Estado, a lo que la delegación de México, el país que le ha dado asilo político al líder sudamericano, respondió de inmediato sosteniendo que la presión de las Fuerzas Armadas sí configuró un grave quebrantamiento al orden constitucional.

En la polarizada sesión, un bloque de 15 países firmaron una carta en la que evitaron calificar como golpe de Estado lo sucedido e hicieron un llamamiento para que se forme urgentemente “la presidencia provisional” conforme a la Constitución boliviana y se convoquen una nuevas elecciones. En el texto, firmado por EE UU, Argentina, Perú, la Venezuela de Juan Guaidó, Ecuador, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Chile, Canadá, Brasil y Guatemala, se rechazan los actos de violencia que atenten contra la estabilidad y la democracia. Trujillo sostuvo que “si hubo amenaza a la democracia en Bolivia, era la del Gobierno” de Morales.

El excanciller boliviano Diego Pary, quien presentó su renuncia este domingo, envió una carta al organismo multilateral en la que alertaba del riesgo a la integridad personal al que se enfrenta la cúpula de Morales. Además, solicitó a la OEA que actúe inmediatamente para contribuir a recuperar la paz social. "Invitamos a la comisión interamericana de los derechos humanos a Bolivia para que pueda verificar las graves violaciones a los derechos humanos", apuntó en el escrito leído por una portavoz de la delegación boliviana.

Almagro fue duramente criticado por México este lunes por su silencio frente a lo ocurrido el pasado domingo  en Bolivia. El organismo emitió horas después de la salida de Morales un breve comunicado en el que rechazaba “cualquier salida inconstitucional" a la crisis y hacía un llamamiento “a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho". “Frente a sucesos de esta magnitud, los pronunciamientos de esta organización deberían ser más oportunos y contundentes”, postuló la embajadora mexicana, Luz Elena Bañados Rivas.

Nicaragua apoyó a México en su postura crítica con el papel de la OEA. “Denunciamos al mundo las prácticas interventoras imperiales que han prevalecido y prevalecen en EE UU y sus organizaciones satélites”, añadió la delegación nicaragüense. El embajador de Uruguay, Hugo Cayrús, también condenó, en otro tono, lo ocurrido con Morales. “Que no queden dudas: esto fue, a todas luces, un golpe de Estado cívico, político y militar”.

La sesión urgente solicitada por Brasil con el apoyo de varios países arrancó con los detalles del informe preliminar de la OEA, en el que se detectaron “graves irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre que dieron por ganador a Morales. La falsificación de firmas, actas irregulares o un sistema de transmisión de votos viciado fueron algunos de los hallazgos de la auditoría electoral. Recomendaron repetir las elecciones con un nuevo tribunal electoral y bajo la observación de organismos internacionales. Evo Morales, cuando aún ocupaba el cargo de presidente, aceptó celebrar nuevos comicios, pero horas más tarde las Fuerzas Armadas le "sugirieron" que dimitiera y, asegurando ser víctima de un golpe de Estado, Morales renunció.

Por Antonia Laborde

Washington 13 NOV 2019 - 03:13 COT

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La alianza progresista en España: Más difícil, pero imprescindible 

Tras las elecciones del pasado abril, el PSOE y Unidas Podemos sumaban 165 escaños, a once de la mayoría absoluta, y tenían garantizado el apoyo a un eventual acuerdo de gobierno por parte de grupos parlamentarios nacionalistas vascos y catalanes y de otras formaciones menores. Sin embargo, el pacto, después de varias semanas de negociaciones, no fue posible. Pedro Sánchez salió derrotado de las dos sesiones parlamentarias en las que se debatió su investidura como presidente del Gobierno y los españoles fueron convocados a las urnas por cuarta vez en cuatro años.

Después de las elecciones del domingo, los socialistas y Unidas Podemos suman 155 diputados y están lejos de tener garantizados los respaldos que les hacen falta. El conflicto político catalán se ha agravado y acaban de salir de una campaña electoral en la que la posibilidad de un acuerdo pareció remota. Sánchez llegó a decir que no dormiría tranquilo si tuviese a Pablo Iglesias sentado en el Consejo de Ministros. Sin embargo, 48 horas después de concluido el escrutinio, los dos líderes han anunciado por sorpresa un acuerdo de gobierno. No se sabe si Sánchez ha encontrado remedio para su insomnio, pero el secretario general de Podemos será su vicepresidente.

¿Por qué se ha alcanzado este acuerdo inesperado y aparentemente negociado en tiempo récord? Los protagonistas no han dado explicaciones. Presentaron el pacto en una comparecencia sin preguntas en la que se limitaron a anunciar un programa de gobierno de marcado acento progresista.

Las cifras que arrojaron las elecciones del domingo son peores que las de abril. La estrategia de Sánchez, que apostaba por presentarse como víctima de la intransigencia de Podemos, aglutinar todo el voto de la izquierda y tener las manos libres para pactar con Ciudadanos resultó un completo fracaso. Ni los votantes desencantados se volcaron con el PSOE -todo apunta a que se quedaron en casa- y la formación liberal se desplomó y perdió 47 de sus 57 diputados.

Los números son peores que hace seis meses, pero no se trata de matemáticas, sino de política. El retroceso que ambas formaciones sufrieron en los comicios, castigadas por dos millones de electores que habían votado en abril pero que decidieron abstenerse al ser convocados por la falta de acuerdo de la izquierda, y el más que preocupante ascenso de la extrema derecha, donde también se detecta un fuerte voto de castigo, supusieron un aviso imposible de ignorar. Volver a poner a prueba el hartazgo ciudadano era más que arriesgado.

El candidato socialista, ya sin aliados posibles a su derecha, no tuvo más remedio. Sus únicas alternativas eran pactar con Iglesias o ir a una nueva convocatoria electoral que hubiese resultado suicida. Ha optado por la supervivencia.

Ahora, para que la investidura salga adelante, tendrá que buscar el respaldo de Más País (la formación de Iñigo Errejón), el Partido Nacionalista Vasco, y de formaciones regionalistas de Cantabria, Galicia y Teruel. Aún así, dependerá de que los catalanes de Esquerra Republicana y los vascos de Bildu (ambos independentistas de izquierda) al menos se abstengan. Es más que difícil, pero Sánchez es un sobreviviente


Elecciones 10N


Las claves del preacuerdo: garantizar la convivencia en Catalunya, políticas feministas, acabar con los privilegios fiscales y apoyo a la “España vaciada”

Texto íntegro del principio de acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición “progresista”, sin vetos y que pueda fructificar para conseguir una mayoría parlamentaria que evitaría unas terceras elecciones.

Redacción El Salto

PSOE y Unidas Podemos han firmado un preacuerdo para conformar “un Gobierno progresista de coalición que sitúe a España como referente de la protección de los derechos sociales en Europa, tal y como los ciudadanos han decidido en las urnas”, según el texto conjunto enviado por ambos partidos.

Ambas formaciones aseguran compartir la importancia de “asumir el compromiso en defensa de la libertad, la tolerancia y el respeto a los valores democráticos como guía de la acción de gobierno de acuerdo con lo que representa la mejor tradición europea”.

Aunque los detalles del acuerdo se harán públicos en los próximos días, los partidos liderados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias han anunciado que se encuentran “avanzando conjuntamente” en una negociación encaminada a completar la estructura y funcionamiento del nuevo gobierno, que “se regirá por los principios de cohesión, lealtad y solidaridad gubernamental, así como por el de idoneidad en el desempeño de las funciones”.

Según el texto del preacuerdo, los ejes prioritarios de actuación del gobierno progresista de coalición se centrarán en dar respuesta a los principales retos que tiene ante sí la sociedad española en su conjunto:

1, Consolidar el crecimiento y la creación de empleo. Combatir la precariedad del mercado laboral y garantizar trabajo digno, estable y de calidad.

2, Trabajar por la regeneración y luchar contra la corrupción. Proteger los servicios públicos, especialmente la educación —incluyendo el impulso a las escuelas infantiles de cero a tres años—, la sanidad pública y la atención a la dependencia. Blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida. La vivienda como derecho y no como mera mercancía. Apostar por la ciencia como motor de innovación económica y dignificar las condiciones de trabajo del sector. Recuperar talento emigrado. Controlar la extensión de las casas de apuestas.

3. Lucha contra el cambio climático: la transición ecológica justa, la protección de nuestra biodiversidad y la garantía de un trato digno a los animales.

4. Fortalecer a las pequeñas y medianas empresas y a los/as autónomos/as. Impulsar la reindustrialización y el sector primario. Facilitar desde la Administración las bases para la creación de riqueza, bienestar y empleo, así como el impulso digital.

5. Aprobación de nuevos derechos que profundicen el reconocimiento de la dignidad de las personas como el derecho a una muerte digna, a la eutanasia, la salvaguarda de la diversidad y asegurar España como país de memoria y dignidad.

6. Asegurar la cultura como derecho y combatir la precariedad en el sector. Fomentar el deporte como garantía de salud, integración y calidad de vida.

7. Políticas feministas: garantizar la seguridad, la independencia y la libertad de las mujeres a través de la lucha decidida contra la violencia machista, la igualdad retributiva, el establecimiento de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles, el fin de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la elaboración de una Ley de igualdad laboral.

8. Revertir la despoblación: apoyo decidido a la llamada España vaciada.

9. Garantizar la convivencia en Cataluña: el Gobierno de España tendrá como prioridad garantizar la convivencia en Cataluña y la normalización de la vida política. Con ese fin, se fomentará el diálogo en Cataluña, buscando fórmulas de entendimiento y encuentro, siempre dentro de la Constitución. También se fortalecerá el Estado de las autonomías para asegurar la prestación adecuada de los derechos y servicios de su competencia. Garantizaremos la igualdad entre todos los españoles.

10. Justicia fiscal y equilibrio presupuestario. La evaluación y el control del gasto público es esencial para el sostenimiento de un Estado del bienestar sólido y duradero. El Gobierno impulsará políticas sociales y nuevos derechos con arreglo a los acuerdos de responsabilidad fiscal de España con Europa, gracias a una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios fiscales.


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2019-11-12 14:55

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Bolivia: un levantamiento popular aprovechado por la ultraderecha

El levantamiento del pueblo boliviano y de sus organizaciones fue lo que en última instancia provocó la caída del gobierno. Los principales movimientos exigieron la renuncia antes de que lo hicieran las fuerzas armadas y la policía. La OEA sostuvo al gobierno hasta el final. La crítica coyuntura que atraviesa Bolivia no comenzó con el fraude electoral, sino con el sistemático ataque del gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera a los movimientos populares que los llevaron al Palacio Quemado, al punto que cuando necesitaron que los defendieran, estaban desactivados y desmoralizados.

1.- La movilización social y la negativa de los movimientos a defender lo que en su momento consideraron “su” gobierno fue lo que provocó la renuncia. Así lo atestiguan las declaraciones de la Central Obrera Boliviana, de docentes y autoridades de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), de decenas de organizaciones y de Mujeres Creando, quizá la más clara de todas. La izquierda latinoamericana no puede aceptar que una parte considerable del movimiento popular exigió la renuncia del gobierno, porque no puede ver más allá de los caudillos.

La declaración de la histórica Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), cercana al gobierno, es el ejemplo más claro del sentimiento de muchos movimientos: “Presidente Evo ya hiciste mucho por Bolivia, mejoraste la educación, salud, le diste dignidad a mucha gente pobre. Presidente no dejes que tu pueblo arda ni te lleves más muertos por encima presidente. Todo el pueblo te va a valorar por esa posición que tienes que tener y la renuncia es inevitable compañero Presidente. Tenemos que dejar en manos del pueblo el gobierno nacional”.

2.- Este triste desenlace tiene antecedentes que se remontan, en apretada síntesis, a la marcha en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) en 2011. Luego de esa acción multitudinaria, el gobierno empezó a dividir a las organizaciones que la convocaron.

Mientras Morales-García Linera mantuvieron excelentes relaciones con el empresariado, dieron un golpe del Estado contra el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), dos organizaciones históricas de los pueblos originarios. Mandaron a la policía, echaron a los dirigentes legítimos y atrás llegaron, protegidos por la policía, los dirigentes afines al gobierno.

En junio de 2012 CIDOB denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia”. Un grupo de disidentes con apoyo del gobierno desconocieron a las autoridades y convocaron una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, un grupo de disidentes de CONAMAQ, afines al MAS, tomaron el local, golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidiendo que las legítimas autoridades pudieran recuperarla. El comunicado de la organización asegura que el golpe contra CONAMAQ se dio para “aprobar todas las políticas en contra del movimiento indígena originario y del pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

3.- El 21 de febrero de 2016 el propio gobierno convocó un referendo para que la población se pronunciara a favor o en contra de la cuarta reelección de Morales. Pese a que la mayoría dijo NO, el gobierno siguió adelante con los planes de reelección.

Ambos hechos, el desconocimiento de la voluntad popular y la expulsión de las legítimas direcciones de movimientos sociales, representan golpes contra el pueblo.

Más grave aún. En la mañana del miércoles 17 de febrero, días antes de la celebración del referendo, una manifestación de padres de alumnos llegó hasta la alcaldía de El Alto. Un grupo de cien manifestantes ingresó por la fuerza al recinto provocando un incendio en el que murieron seis personas. Los manifestantes que se escudaron en la movilización de los padres pertenecían al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Este es el estilo de un gobierno que denuncia “golpe” pero una y otra vez ha actuado de forma represiva contra los sectores populares organizados que enfrentaron sus políticas extractivistas.

4.- Las elecciones del 20 de octubre consumaron un fraude para la mayoría de las personas en Bolivia. Los primeros datos apuntaban hacia una segunda vuelta. Pero el conteo se detuvo sin explicación alguna y los datos que se ofrecieron al día siguiente mostraban que Evo ganaba en primera vuelta, ya que obtenía más de 10% de diferencia aunque no llegara a 50% de los votos.

En varias regiones se producen enfrentamientos con la policía, mientras los manifestantes queman tres oficinas regionales del tribunal electoral en Potosí, Sucre y Cobija. Las organizaciones ciudadanas convocan a una huelga general por tiempo indeterminado. El día 23, Morales denuncia que está en proceso “un golpe de estado” por parte de la derecha boliviana.

El lunes 28, se intensifica la protesta con bloqueos y enfrentamientos con la policía, pero también entre simpatizantes y opositores del gobierno. Como en otras ocasiones, Morales-García Linera movilizan a las organizaciones cooptadas para enfrentar a otras organizaciones y a personas que se oponen a su gobierno.

El 2 de noviembre se produce un viraje importante. El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que mantenía una alianza con el gobierno de Morales, Luis Fernando Camacho, llama al ejército y a la policía a “ponerse del lado de la gente” para forzar la renuncia del presidente, invocando a dios y la biblia. El viernes 8 se amotinan las primeras tres unidades policiales en Cochabamba, Sucre y Santa Cruz, y los uniformados fraternizaron con los manifestantes en La Paz. Dos días después, con un país movilizado, el binomio ofrece su renuncia verbal, que no escrita.

5.- En este escenario de polarización, debemos destacar la notable intervención del movimiento feminista de Bolivia, en particular el colectivo Mujeres Creando, que encabezó una articulación de mujeres en las principales ciudades.

El 6 de noviembre, en plena polarización violenta, María Galindo escribió en el diario Página 7: “Fernando Camacho y Evo Morales son complementarios”. “Ambos se erigen en representantes únicos del ‘pueblo’. Ambos odian las libertades de las mujeres y la mariconada. Ambos son homofóbicos y racistas, ambos usan el conflicto para sacar ventaja”.

No sólo exige la renuncia del gobierno y del tribunal electoral (cómplice del fraude), sino la convocatoria de nuevas elecciones con otras reglas, donde la sociedad esté involucrada, para que “nadie necesite nunca más de un partido político para ser [email protected] y para hacer ejercicio de representación”.

La inmensa mayoría de las personas que habitan Bolivia no entró en el juego de la guerra que quisieron imponer Morales-García Linera cuando renunciaron y lanzaron a sus partidarios a la destrucción y el saqueo (en particular en La Paz y El Alto), probablemente para forzar la intervención militar y justificar así su denuncia de un “golpe” que nunca existió. Tampoco entraron en el juego de la ultraderecha, que actúa de forma violenta y racista contra los sectores populares.

6.- La izquierda latinoamericana, si es que aún queda algo en ella de ética y dignidad, debemos reflexionar sobre el poder y los abusos que conlleva su ejercicio. Como nos enseñan las feministas y los pueblos originarios, el poder es siempre opresivo, colonial y patriarcal. Por eso ellas rechazan los caudillos y las comunidades rotan sus jefes para que no acumulen poder.

No podemos olvidar que en este momento existe un serio peligro de que la derecha racista, colonial y patriarcal consiga aprovechar la situación para imponerse y provocar un baño de sangre. El revanchismo político y social de las clases dominantes está tan latente como en los últimos cinco siglos y debe ser frenado sin vacilaciones.

No entremos en el juego de la guerra que ambos bandos nos quieren imponer.

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