Viernes, 25 Junio 2021 06:07

Por qué Ortega no quiere soltar

Por qué Ortega no quiere soltar

LOS INTERESES INNEGOCIABLES DEL RÉGIMEN NICARAGÜENSE

 

En los últimos días arrestó a cinco precandidatos y a varios excomandantes guerrilleros. Suman 1.600 los detenidos y más de 103 mil los exiliados desde 2018. Las causas de la intransigencia de acuerdo a la disidencia sandinista.

«El 17 de mayo cumplo un mes de asedio ininterrumpido en mi casa por parte de la Policía Nacional. Entre seis y ocho policías, a veces de civil y a veces de uniforme, llegan todos los días desde las 6 de la mañana hasta el mediodía o hasta el final de la tarde. La orden es no dejarme salir de la casa, interrogar a todo el que llega e informar de mis movimientos», relata el politólogo Guillermo Incer Medina, miembro del frente opositor Unidad Nacional Azul y Blanco, en el último número de la Revista Envío (V-21).

La última modalidad represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo es la de «casa por cárcel», una situación que atraviesan por lo menos 600 personas identificadas con la oposición. «Las personas que vivimos bajo asedio policial domiciliario sufrimos daños sicológicos, económicos y sociales», reflexiona Medina en su artículo.

Esta forma de asedio genera serios daños invisibles, ya que «el hecho de no saber cuánto durará esa situación y hasta dónde están dispuestos a llegar implica mucho estrés mental». Y genera, además, un fuerte daño al tejido social nicaragüense, porque ahonda las diferencias entre vecinos. Según Medina, «los simpatizantes del régimen se aseguran de estigmatizarte como “golpista y terrorista”, se encargan de hacer notar que quienes “arruinaron la paz” están ahora controlados y que no permitirán nuevamente otro “relajo” provocado por el imperio y la derecha», dice, en referencia a las protestas populares masivas de 2018.

Los que siguen apoyando al sandinismo, que según el instituto Gallup hoy son alrededor del 20 por ciento de la población, «colaboran con los policías llevándoles comida, bebidas y prestándoles el baño frente a ojo y paciencia de los demás vecinos». Tras las protestas y la represión de 2018 (véase «Nicaragua, el parteaguas de la izquierda latinoamericana», Brecha, 27-VII-18) que dejó 328 muertos, más de 1.600 personas han sido detenidas por razones políticas y se multiplican las denuncias de torturas. Continúa el éxodo de nicaragüenses a los países vecinos (véase «Sin salida aparente», Brecha, 26-IV-19), que para febrero de este año ya sumaba 103 mil emigrantes, desde 2018, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, la violencia estatal viene escalando en las últimas semanas con el arresto de cinco precandidatos presidenciales opositores –Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora– y de buena parte de los líderes de Unamos, partido donde se organizan excomandantes sandinistas, como Hugo Torres, Dora María Téllez y Víctor Tinoco.

EL FSLN Y LA CULTURA POLÍTICA NICA

En rigor no hay una única razón que explique este comportamiento del régimen, que se sigue reclamando sandinista, sino un conjunto de actitudes que se han ido superponiendo a lo largo de la historia reciente. Los excomandantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) hoy críticos con el partido de gobierno son algunos de los más profundos analistas de su realidad actual, quizá porque conocen la organización desde dentro y bebieron en la misma fuente de la cultura política que ahora rechazan.

Luis Carrión, excomandante del FLSN, exviceministro de Interior (1979-1988) y exministro de Economía (1988-1990), repasa en un ensayo de 2019 la lógica de partido único que subyacía incluso cuando se convocaban elecciones y se respetaban los resultados, luego del triunfo de la revolución en 1979. «Bajo esa lógica empezamos la construcción no de un Estado nacional, sino de un Estado sandinista. Todas las instituciones se sandinizaron. El Ejército fue sandinista, la Policía fue sandinista, todas las instituciones estaban bajo la égida, la influencia y el control del Frente Sandinista.» Recuerda que, siguiendo la tradición soviética, las organizaciones sociales se fueron convirtiendo en «correas de transmisión» del partido en el poder, al punto que «la hegemonía del Frente Sandinista terminó siendo dominante» y los no sandinistas «se fueron quedando al margen de las organizaciones o tenían poca capacidad de incidencia en el interior de estas». Peor aún, «se los consideraba contras, enemigos de la revolución» (Revista Envío, VI-19).

Dora María Téllez fue la legendaria Comandante Dos, que protagonizó la toma de la Asamblea Nacional en Managua en 1978, con la que la guerrilla nicaragüense logró liberar de las cárceles a 60 sandinistas. El domingo 13 de junio, esta historiadora y exministra de Salud (1979-1990) fue detenida y golpeada por orden del gobierno de Ortega junto a otros cuatro disidentes del FSLN. En 2019, en entrevista con el periodista Fabián Medina, Téllez sostenía que «no es inusual que líderes revolucionarios se conviertan en lo que era su oponente», en referencia a Daniel Ortega y al dictador Anastasio Somoza. La comandanta que Gabriel García Márquez describió como «tímida y absorta» reflexionaba: «Es el mismo fenómeno que sucede con hijos de padres violentos. Hay gente que se queja de que su papá lo malmataba y termina malmatando a su hijos. Es el fenómeno de la reproducción de modelos. Daniel Ortega escogió el camino de reproducir el modelo de la dictadura de los Somoza, que es un modelo de pactos, de prebendas, de clientelismo político, de corrupción, de alineamiento institucional y un modelo de subordinación del Ejército y la Policía» (Infobae, 10-VII-19).

A primera vista, puede sonar excesivo o exagerado, pero los exmiembros del FSLN desgranan sus razones. El sociólogo Oscar-René Vargas considera que en Nicaragua se ha formado una nueva «oligarquía parasitaria», que para mantenerse en el poder «ha permitido el surgimiento de un sector social: la mara paramilitar y policial que roba, reprime y asesina con impunidad» (Sinpermiso, 20-VII-19). En la misma línea, Téllez argumenta que el FSLN «es hoy una banda mafiosa» y aunque Ortega «fue la figura más mesiánica de todas», que se consideraba a sí mismo como encarnación de la revolución, el problema de fondo no es el personaje, sino la cultura política nicaragüense: «Veníamos de una dictadura de 50 años, la de los Somoza. Y antes fue Zelaya, y el otro y el otro… La matriz autoritaria está enraizada en nuestro país. Las tendencias autoritarias del Frente Sandinista no vienen solo de factores ideológicos, vienen de nuestra historia. Y si no conocemos la historia, la volveremos a repetir».

BURGUESÍA ROJINEGRA

Años atrás, Mónica Baltodano, comandante guerrillera, exmiembro de la Dirección Nacional del FSLN y fundadora del Movimiento por el Rescate del Sandinismo, reflexionó sobre varias de las mutaciones experimentadas por el FSLN originario. El nuevo gobierno de Ortega, instalado a partir de su triunfo electoral con el 38 por ciento de los votos en 2006, es para Baltonado, según escribía en un artículo titulado «¿Qué régimen es este?», uno «en el que los pobres están condenados a rebuscarse la vida en trabajos informales, precarios, por cuenta propia o a trabajar por salarios miserables y en largas jornadas, condenados a emigrar a otros países en busca de trabajo, condenados a pensiones de jubilación precarias. Se trata de un régimen de inequidad social con un creciente proceso de concentración de la riqueza en grupos minoritarios».

Los permanentes encuentros de 2006 en adelante entre Ortega y los empresarios nicaragüenses hablan de «una fusión de intereses que tiene pretensiones de larga durabilidad», afirmaba la exministra. Mucho más allá de los arreglos bilaterales con algunos grandes capitalistas, se trata de «una simbiosis de intereses», que desembocó en la creación de «una burguesía rojinegra». En su opinión, Ortega y un grupo de unos 200 fieles son ahora «un grupo capitalista importante, y el gobierno representa esa comunidad de intereses que tiene hoy la nueva oligarquía sandinista junto con la oligarquía tradicional y el gran capital transnacional» (Revista Envío, I-14).

En efecto, de acuerdo a sucesivas investigaciones del semanario independiente Confidencial desarrolladas a partir de 2011 con base en filtraciones de documentación interna de empresas estatales, Ortega y su familia manejarían con discrecionalidad fondos que superan los 2.500 millones de dólares, gracias a distintos vínculos con la firma Alba de Nicaragua SA (Albanisa) y su subsidiaria Banco Corporativo (Bancorp). Ambas compañías están implicadas en la importación de petróleo venezolano y, a través de ellas, se habría ejecutado la apropiación de fondos de la cooperación venezolana por la elite gubernamental nicaragüense. «Albanisa se constituyó como un subterfugio fraudulento para privatizar, en favor de Ortega, los fondos de la cooperación petrolera», concluyen los informes de Confidencial (9-IV-16). Los fondos venezolanos se canalizaron a través de estas empresas de derecho privado, a pesar de que el dinero tenía su origen en un convenio internacional ratificado por las asambleas legislativas de Nicaragua y Venezuela.

Albanisa es un joint venture de dos socios: las estatales PDVSA, con el 51 por ciento de las acciones, y Petróleos de Nicaragua, con el 49 por ciento. «El monto total de los créditos canalizados por Albanisa, a junio de 2018, se aproxima a 4.000 millones de dólares. En los tiempos de las vacas gordas, promediaron 500 millones de dólares anuales, libres de polvo y paja. Un capital líquido que Ortega gestionó a su arbitrio, como capital privado», calculan los autores de las investigaciones con base en datos del Banco Central de Nicaragua (Confidencial, 13-II-19).

Cobijada por el gobierno, Albanisa habría incursionado en un amplio abanico de negocios: Albageneración, que pronto se transformó en la principal empresa generadora de energía eléctrica del país; Albadepósitos, dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de petróleo y derivados; Albaforestal, cuyo negocio es la madera; Albaequipos, dedicada a los servicios y la construcción. Según los investigadores, la joya de la corona orteguista era Bancorp, que se encargaba de administrar el conjunto de «empresas Alba». En abril de 2019, tras volverse objeto de sanciones estadounidenses, Bancorp solicitó permiso a la autoridad financiera nacional para cesar sus operaciones, pero periodistas y opositores sostienen que el régimen ha improvisado nuevos esquemas empresariales para mantener su acceso privado a fondos públicos.

Son múltiples las denuncias de que los intereses privados de la familia Ortega-Murillo se reparten entre sus distintos integrantes. «Ocho de los nueve hijos de la pareja presidencial nicaragüense tienen rango de asesores, controlan el negocio de la distribución del petróleo y dirigen la mayoría de los canales de televisión y compañías de publicidad, que son beneficiadas con contratos estatales», informó este año El País de Madrid (18-IV-21). Pero hijos e hijas están sujetos a los dictados de Rosario Murillo, que ya excomulgó a la mayor por denunciar a su padrastro, Daniel Ortega, por abuso sexual en 1998. Perseguida por su madre, Zoilamérica Narváez debió exiliarse en Costa Rica en 2013.

SIN MARGEN PARA LA DEMOCRACIA

Oscar-René Vargas asegura que «el régimen entró, definitivamente, en una etapa de descomposición y decadencia». Sin embargo, el clan Ortega-Murillo no está dispuesto a ceder. «La actual estructura política del régimen dictatorial no va a entregar el poder, hay que quitárselo», sostiene. Cree que para evitar una catástrofe social y económica mayor a la actual «hay que estrangular políticamente al régimen»: «Cualquier otro método será una ficción, una ilusión, una mentira».

Para Baltodano, Murillo maneja el poder real de movilización oficialista con «una forma de pensar fanática y religiosa que traslada a la militancia». Durante la pandemia, fue ella quien decidió que los miembros del gobierno visitaran algunas viviendas populares para «orar y pedir a Dios» como medida curativa. Es un personaje extraño para las izquierdas, que combina constantes alusiones a Cristo y al «Todopoderoso» con su adhesión a sectas milenaristas, como la del gurú de India Sathya Sai Baba. Cabe recordar que el FLSN apoyó en 2006 la prohibición del aborto terapéutico, el único permitido hasta entonces en el país y se alió en los años siguientes con el cardenal ultraconservador Miguel Obando y Bravo, otrora enemigo de los sandinistas. «En Nicaragua de amor, no tenemos una cultura de muerte», sostuvo Murillo en sus redes el 30 de diciembre pasado, día en que Argentina legalizaba la interrupción voluntaria del embarazo. Carambolas para mantenerse en el poder, como la represión contra candidatos y excompañeros sandinistas. «La mayor parte de las dirigencias populares que se pusieron al frente de la rebelión de 2018 han sido forzadas al exilio, están en la cárcel, escondidas o muertas. Ello explica que el régimen haya conseguido –por la vía de la violencia y el terror– mantener el control en barrios y comunidades», señaló recientemente Baltodano (Desinformémonos, 17-VI-21). Algo que, a su juicio, les está permitiendo alcanzar «el peor escenario» posible de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre: unos comicios completamente controlados desde el gobierno para garantizar la continuidad del clan Ortega-Murillo, «con la complacencia de un sector del gran empresariado, al que no le importa la institucionalidad democrática».


25 junio, 2021


ORTEGA Y LAS MULTINACIONALES

No es que Ortega quiera promover al empresariado nicaragüense para fortalecer una burguesía nacional capaz de desarrollar el país a partir de nuestras propias posibilidades, fomentando un capitalismo nacionalista, un objetivo que nunca terminó de construirse en Nicaragua. No, no es por eso. Se trata de una simbiosis al servicio de la lógica del gran capital transnacional […].

Tan profundos niveles de subordinación a la lógica del capital no los encontramos en el gobierno de Violeta Barrios (1990-1997) ni en el de Arnoldo Alemán (1997-2002), ni siquiera en el más cercano al empresariado, el gobierno de Enrique Bolaños (2002-2007). Tal vez se explica porque en estos gobiernos había fuerzas sindicales y gremiales que servían de contrapeso a estos gobiernos. Había un sandinismo de base que resistía […]. Veamos, por ejemplo, la relación de Nicaragua con la transnacional española Unión Fenosa […]. Las relaciones del gobierno de Enrique Bolaños con Unión Fenosa fueron tensas. En 2006, cuando llegaba al gobierno Daniel Ortega, Bolaños tenía demandas contra Unión Fenosa y había 12 juicios, reclamos estatales y multas incoadas en los tribunales contra la transnacional.

Todo esto quedó resuelto con el gobierno de Ortega. En noviembre de 2007, mientras Daniel Ortega lanzaba un discurso virulento contra las transnacionales en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile [el asesor económico de la Presidencia] Bayardo Arce estaba reunido en Madrid, en el Palacio de la Moncloa, con la gerencia de Unión Fenosa. A partir del Protocolo de Entendimiento entre el Gobierno de Nicaragua y Unión Fenosa, al que se le dio rango de ley en la Asamblea Nacional el 12 de febrero de 2009, una legislación que incluyó garantías de todo tipo para la empresa, todo el pasado conflictivo quedó borrado de un plumazo. Borrados todos los juicios, todas las demandas y multas pendientes. Después, vinieron otras leyes, siempre en beneficio de la transnacional.

Nunca las relaciones con la transnacional española que distribuye la energía fueron tan fluidas como con este gobierno. ¿Y qué pasa con la generación de energía alternativa? Está crecientemente en manos privadas, aun cuando la base de la generación sean recursos naturales del país, como el viento, el agua, los volcanes. Todos los nuevos proyectos de energía eólica, hidroeléctrica o geotérmica han sido concesionados a las empresas transnacionales, en las que Ortega y su grupo tienen participación accionaria.

Mónica Baltodano

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La muerte de Junior Jein y el poder que tiene miedo

Cuenta el primer libro de Samuel que el rey Saúl tenía muchos miedos de perder el poder y andaba ansioso y muy estresado; para aliviarlo de estos males alguno de sus funcionarios le aconsejó que se trajera a su palacio al joven David que tenía fama de sonar el arpa y cantar bien. Y así fue, David resultó en la corte y tocaba para el rey y lo calmaba; pero, muy pronto, a Saúl le empezó a chocar la música de David y empujado por sus demonios intentó clavarlo en la pared y así deshacerse de él: Las melodías del muchacho no le entretenían más y más bien alborotaban sus miedos, su ansiedad, su estrés y sus demonios.

El poder corrupto, ese que ostentaba Saúl, y todos los otros arbitrarios antes y después de él, nunca resiste el arte y esto porque la belleza, allí donde se le permita brotar, en la música o en la poesía, en la pintura o en los tatuajes, en los grafiti o en la fotografía, en las caricaturas o en las trovas, en los libros o en la danza, en la liturgia o en las fiestas populares, en los monumentos o también en los anti monumentos, en lo que sea, nombra lo innombrable, empuja desde dentro a los que se extasían en ella, y porque delante de una obra maestra ya no hay masas, hay personas y gente muy digna y esto, que es también muy sencillo y sin alardes, desarma a los tiranos de sus señuelos para manipular.

La historia de David se repitió en Colombia,el pasado domingo,13 de junio; el poder, no se sabe todavía si el poder legal o el ilegal, porque aquí en este país hay de los dos y no raramente son cómplices y se mezclan, se fastidió con la música de Junior Jein, un cantante del pueblo negro que con su salsa choke y la música tradicional del Pacífico hacía temblar consciencias; sus letras y su ritmo eran más que entretenimiento y resultaron retratando la realidad de nuestro país. Tristemente, hay que anotar que Junior Jein no tuvo la misma suerte del músico David: mientras que Saúl falló en su intento criminal contra David, los sicarios contratados en el caso de Junior Jein le descargaron cargas de fúsil y de pistola y lo dejaron bien muerto.

El poder en el Israel de la Biblia no resistía las canciones de David y el poder en Colombia no resistió las canciones de Junior Jein; es que también aquí el poder tiene miedo de perder y anda ansioso, estresado y lleno de demonios y ya sólo sabe disparar; estas canciones nos entregaban toda la fiesta y la fuerza de la cultura negra, la belleza del Pacífico, la alegría de Buenaventura y todo eso fastidió. Es que este país, lo hemos visto en la forma como el gobierno y la autodenominada “gente de bien” han reaccionado ante la protesta social, quiere oír un solo relato, se obstina en desaparecer y asesinar a los líderes que proponen alternativa. Este país, es doloroso escribirlo, parece no resistir el arte, nunca ha oído lo que un día apuntó Dostoievski y es que la belleza salvará el mundo.

La primera vez que vi actuar a Junior Jein fue el año pasado cuando después de la masacre de Llano Verde en Cali, en la que murieron cinco niños negros, él y sus amigos, a ritmo de currulao y de rap, compusieron y cantaron para preguntar “¿Quién los mato?”; como homenaje, ahora que lo hemos enterrado, quiero recordar la estrofa que le tocó interpretar a Junior Jein, en esa obra que es, como en su momento tituló el diario El Espectador, “más que una canción, un clamor por la justicia en Colombia”. Así cantaba el artista reclamando por los menores masacrados: “Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre lo hacen; nada, la vida de los negros no importa nada, lo primero que dicen es: «andaba en cosas raras»…. como Jean Paul, Jair, Leyder, Álvaro y Fernando; somos víctimas del sistema y abandono del Estado. Pero el pueblo no se rinde, ¡carajo!”. Ahora, en este día triste y de esperanza, tendríamos que hacer coro con él y pedir que no solo la muerte de los de Llano Verde, sino también la del mismo Junior Jein, y la de tantos y tantos masacrados en este país, encuentren justicia y no queden en la impunidad.

Miles de personas que despidieron a Junior Jein, en Buenaventura y en Cali, gritaban bien duro y con honda fe -“no se fue, no se fue”… y tienen razón, Saúl no pudo callar la música de David, los poderes de aquí tampoco la de Junior Jein. La belleza es lo más revolucionario y esto porque nadie la puede matar.

Por Jairo Alberto, mxy

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Las prácticas militares y paramilitares contra los jóvenes en Colombia en el Paro Nacional

Sicariato, desaparición forzada, tortura, entre otras prácticas militares y paramilitares para acallar la lucha de los y las jóvenes colombianos y la complicidad de la Fiscalía para ocultar la magnitud de la represión y el terrorismo de Estado del gobierno de Iván Duque.

 

La juventud colombiana ha dado muestras de rebeldía y aguante frente a la represión de la que ha sido víctima al ser declarado objetivo militar. Pero el terrorismo de Estado no tiene límite y la Policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD y el Ejercito en alianza con los paramilitares han implementado prácticas como la tortura, la desaparición, el desmembramiento, la decapitación, el abuso sexual propias del conflicto armado colombiano y que se retoman y extienden en contra de los jóvenes, pero también que evidencian la alianza entre el paramilitarismo, el narcotráfico que lo financia y la Policía junto al Ejercito.

El sicariato durante los tiempos de Pablo Escobar entreno a personas cuyo encargo era asesinar opositores en el negocio de las drogas o en la política. La elite caleña y el narcotráfico siguen haciendo uso de este modo de operar, por lo que el día 14 de junio sicarios asesinaron a líder social y músico Junior Jein oriundo de Buenaventura, a quien le dispararon en repetidas ocasiones con un fusil y una pistola.

Otro conocido caso fue el del asesinato de Lucas Villa, en el que dos sicarios dispararon contra él y otros dos manifestantes que también resultaron heridos en el viaducto de Pereira el 5 de mayo. Se supo días después del hecho que fue una operación ilegal conjunta entre la banda de microtráfico Cordillera y algunos agentes de la Policía Nacional, más precisamente de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN.

Asimismo, son muchos los casos en los que los paramilitares han llegado a las zonas rurales con el objetivo de desplazar a la población campesina e indígena de sus tierras, para forzarlos hacen uso de aberrantes prácticas que se retoman en el marco del Paro Nacional como decapitar, torturar y desmembrar los cuerpos de sus víctimas. Estos asesinatos atroces tienen el objetivo claro de amedrentar a los manifestantes.

El día 19 de junio fue encontrada en el corregimiento de Aguaclara, Tuluá, Valle del Cauca, la cabeza del joven Santiago Ochoa que integraba la primera línea de manifestantes en Tuluá. Se sabe que fue retenido de manera arbitraria por el ESMAD la mañana del 19 de junio cuando iba en bicicleta y luego encontrado su cuerpo por partes.

La desaparición forzada durante el conflicto armado se convirtió en una cifra cotidiana y en constante aumento. Se calcula que hay en el país alrededor de 80.000 personas desaparecidas, más los mal llamados falsos positivos que son 6.402 jóvenes que fueron engañados por el Ejército con aparentes promesas de empleo y asesinados, luego fueron disfrazados como guerrilleros y mostrados como bajas del ejército en combate.

En este cuadro tenemos ahora los desaparecidos del Paro Nacional, las cifras siguen siendo distantes entre la Fiscalía y las ONGs que están recaudando los datos desde el principio del PN. El informe entregado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Temblores ONG, El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz - Indepaz y el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social - PAIIS reportaron 346 personas como desaparecidas entre el 28 de abril y el 31 de mayo.
Entre tanto la Fiscalía que nombra a las personas desaparecidas como “No ubicadas” afirma que hasta el pasado 10 de junio eran 572 registros de los cuales se encontraron 328 personas, 153 fueron inadmitidos por inconsistencias como nombres repetidos. De acuerdo con este conteo según la Fiscalía quedaron 91, de los que faltaban por localizar 84.

Pero no solo está la desaparición forzada sino el daño hecho a los manifestantes, las tortura y las amenazas a las que son sometidos, estas también son lesión considerable que se da en la retención arbitraria.

La organización Liga Contra el Silencio afirma que de acuerdo con la fiscalía en “documento constan 7.020 traslados por protección, la figura más utilizada para retener a los manifestantes, según las organizaciones de derechos humanos”, sin embargo, este procedimiento que debe ser informado se está ocultando a los abogados y familiares de los retenidos de manera arbitraria dando lugar a la desaparición forzada que no necesariamente es desaparición definitiva pero que entre medio puede exponer la integridad física y mental ante la brutalidad policial que actúa de manera impune y cuyo fin es amedrentar a los jóvenes para que abandones las calles y dejen de reclamar sus derechos.

Uno de los relatos de la organización Liga Contra el Silencio demuestra la brutalidad con la que son tratados los jóvenes cuando son retenidos y la complicidad entre el actuar de la Policía y los paramilitares: “El sábado nos tuvieron toda la noche andando. El camión iba súper rápido y de repente frenaba. ¡Pam! Eran unos frenones terribles. La idea era no dejarnos dormir. Antes nos habían echado gas pimienta y después nos golpearon con una cadena como de bicicleta o de moto. A pesar de que estábamos en manos de policías uniformados, ellos siempre nos dijeron que eran paramilitares”.

Los policías que reprimen y retienen a los manifestantes van uniformados algunas veces acompañados de paramilitares de civil o con un uniforme como lo afirma el relato anterior, pero sin número de identificación, con armas de fuego y armas blancas reprimiendo a los manifestantes con total impunidad; otro ejemplo es el del pasado 28 de mayo en el que civiles en compañía de la policía dispararon en contra de la Minga indígena en el barrio ciudad jardín de Cali. Esto en concordancia con la Fiscalía y la Defensoría que muestra cifras disminuidas de asesinatos, detenciones, desapariciones y que permite la impunidad de los agentes de Policía, ESMAD y Ejercito, pero también de paramilitares que actúan en su presencia.o que el pueblo colombiano grita en las calles es que “esto no es un gobierno son los paracos en el poder”, tal cual lo dice la consigna, cuando se escribe en las calles Colombia antiuribista, quiere decir Colombia antiparamilitar.

El terrorismo de Estado está encarnado en el actuar entre los paramilitares y los militares, que cuenta a la Policía y el ESMAD, que son los encargados de proteger y mantener a este gobierno narco paramilitar. Por eso no basta la negociación, ni los comités de paro, se debe buscar la salida del gobierno de Duque, que además de declarar objetivo militar a los manifestantes y mantener el terrorismo de Estado de la mano con los paramilitares, propondrá el próximo 20 de julio en la sesión ordinaria del Congreso la supuesta reforma a la Policía que dará continuidad a la impunidad y otra reforma tributaria consensuada con los partidos de derecha que son mayoría y con los empresarios.

Solo una huelga general y la organización de los y las trabajadoras, junto con los y las docentes, indígenas, campesinos, y la fuerza de la juventud moverán del poder a Duque y permitirá hacer justicia por los asesinatos, torturas, desapariciones y abusos y demás actos del terrorismo de Estado.

Por Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Miércoles 23 de junio

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La arriesgada apuesta de Nayib Bukele por el bitcoin

El presidente de El Salvador impulsa un plan para introducir el bitcoin en la economía de un país en el que cuatro de cada 10 personas son pobres. En el camino, se juega su propia credibilidad.

 

Óscar Romero atiende una tienda en Meanguera, un municipio rural a 200 kilómetros de San Salvador. Vende verduras, hortalizas, productos empacados como galletas, frituras y cervezas. Óscar no es un economista ni un político ni un inversor de riesgo pero sabe que hace unas semanas se ha aprobado en la capital de su país una ley que le obligará, dentro de poco, a aceptar una cosa llamada Bitcoin como pago por sus productos. Y sobre eso dice dos cosas: que es «una moneda que sube y baja»  y que no cree que vaya a funcionar.

No le falta razón. Bitcoin es una moneda digital —o sea no se emiten billetes ni monedas—, privada y descentralizada. Es decir, que ningún organismo de gobierno supervisa la posibilidad de falsificación. Para darle seguridad, se codifica en un circuito de computadoras (de ahí que sea una «criptomoneda») aunque eso no resuelve lo que Óscar acertadamente describe como el «sube y baja», que técnicamente se llama volatilidad. En abril de 2021, el bitcoin alcanzó su máximo histórico de 64.895 dólares. Cuando empecé a escribir esta nota, estaba a 35.767 y cuando la terminé, tres días después, estaba a 32.629.

Entre otras razones, por eso es que pequeños comerciantes como Óscar Romero y premios Nobel de Economía, como Paul Krugman o Robert Schiller, son escépticos sobre la utilidad real de las criptomonedas como el bitcoin.

La adopción de la criptomoneda Bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador está poniendo a prueba la lealtad y la confianza de los salvadoreños hacia Nayib Bukele. Dos años después de haber empezado su mandato, el presidente Bukele mantiene una aprobación cercana a 90 %  en diversas encuestas. Sin embargo, su última ocurrencia, que está atrayendo la atención mundial, no ha sido acogida por los salvadoreños con tanta confianza. Y eso, en sí, es un hecho político.

Usualmente, y desde hace algunos años, como funciona en El Salvador es que Bukele dice que se haga la luz y la luz se hace, entre un coro de aplausos. El presidente da entrevistas en exclusiva a youtubers y publica videos de su caravana de camionetas en Tiktok. Llegó al poder tras capitalizar el resentimiento con una clase política corrupta, encabezada por los partidos de la Guerra Fría. En 2018, miles de salvadoreños hicieron fila para firmar por la inscripción de su partido y consiguió 200.000 en un fin de semana. Arrasó con su victoria en primera vuelta en 2019 y la refrendó obteniendo el control de las dos mayorías legislativas en 2021.

Desde entonces, parece inmune al desgaste, raro para un político latinoamericano. Ganó la presidencia con un partido de esa «clase política corrupta» —no se le permitió inscribirse con su partido— y, aunque admitió que esa alianza le podía costar caro, en realidad no le costó nada. Invadió el Congreso militarmente antes de ganar las elecciones, lo que le granjeó decenas de condenas internacionales, pero el 80% de los salvadoreños lo apoyó. Luego vino la crisis del covid-19, que afectó a todo el mundo. El gobierno salvadoreño escondió los datos de fallecidos en la pandemia y acumuló una docena de casos en investigación por corrupción por las compras de emergencia. Hasta la jefa de gabinete de Bukele, Carolina Recinos, terminó en una lista de funcionarios corruptos difundida por el gobierno de Estados Unidos. No pasó nada. Al contrario, Bukele obtuvo 61 de 84 escaños en la Asamblea Legislativa, en la elección de febrero.

Cuando esa enorme mayoría tomó posesión, en mayo pasado, lo primero que hizo fue remover al fiscal general que investigaba al gobierno y a la Sala de lo Constitucional que se había atrevido a contradecir algunas decisiones de Bukele. Aún así, para junio, 80% de los salvadoreños dijo que el presidente estaba haciendo las cosas bien.

Lo del bitcoin está siendo distinto. Un sondeo digital de la Cámara de Comercio señala que 93% de las personas consultadas no quiere recibir su salario en bitcoin y un 96% de pequeños empresarios consultados dijo que no está de acuerdo en que su uso sea obligatorio en el país. Aunque eso es exactamente lo que dice la ley. A partir de septiembre de este año, «todo agente económico» deberá aceptar bitcoin como forma de pago. «Si vas a un McDonalds, no podrán decir ‘no aceptamos bitcoin’. Tienen que aceptarlo por ley», ha dicho Bukele. Los impuestos se podrán pagar en bitcoin así como «todas las obligaciones en dinero expresadas en dólares previas a la emisión de la ley». 

La ley plantea una vaga excepción para quienes no estarán obligados a comerciar con Bitcoin: «quienes por hecho notorio y de manera evidente no tengan acceso a las tecnologías que permitan ejecutar transacciones en bitcoin». ¿Qué significa eso? Los diputados de Bukele no se preocuparon de especificarlo. En teoría, todo lo que se necesita para comprar y vender en bitcoin es un teléfono celular.  En El Salvador hay más celulares que personas y el 94 % de los hogares contaba con al menos uno para 2019. Pero eso no resuelve toda la ley. 

Tras el mostrador de la tienda de Óscar Romero, una de sus hijas matiza la prevalencia de los celulares por dos razones: en las zonas rurales como esta, la señal de celular es intermitente. Sube y baja, como el precio del Bitcoin. La segunda es que, aunque haya muchos teléfonos, la mayoría de las personas lo recarga en promedio con 11 dólares al mes, según una encuesta nacional de 2019, lo que significa que no siempre tienen datos o Internet disponibles. El salario mínimo es de $300 y la canasta básica cuesta $400. Después de la pandemia, cuatro de cada 10 personas son pobres, algo que el Banco Mundial define como vivir con menos de 5,5 dólares al día.

Estas consideraciones, hechas durante una breve charla en una tienda, no alcanzaron a entrar en las discusiones legislativas. La ley se anunció el sábado 5 de junio y ya estaba aprobada en los primeros minutos del 9 de junio. El grupo de diputados que estudió la propuesta de Bukele en la Comisión Financiera tardó 85 minutos, menos de lo que dura un partido de fútbol, en darle el visto bueno.

¿Por qué tanta prisa? No parece evidente, al menos en las declaraciones públicas. Bukele ha ofrecido la ley principalmente como una herramienta para atraer capital e inversionistas extranjeros. Ha dicho, además, que contribuirá a reducir las tarifas que cobran los intermediarios de las remesas: dinero enviado principalmente por salvadoreños desde Estados Unidos a sus parientes y que compone una quinta parte de la economía nacional. La gente que ha hecho fila en los cajeros de bitcoin que existen en el país se ha decepcionado al comprobar que no es cierto que no cobren comisión. Finalmente, Bukele ha dicho que contribuirá a introducir en el sistema bancario a buena parte de la población que no tiene cuenta de ahorro (77% del país hasta 2016).

Hay, sin embargo, otras razones menos evidentes pero implícitas con la medida. En primer lugar, devuelven los titulares positivos a un Bukele que, aunque fuerte internamente, ha visto cómo su imagen internacional se desplomaba, principalmente por sus despliegues autoritarios. El mandatario de 39 años ha hablado más de bitcoin en inglés que en español. La noche antes de anunciar la ley a través de un video presentado en Miami, brindó una conferencia de prensa en la que no dijo nada de la nueva moneda. En cambio, justificó su decisión de eliminar una comisión internacional contra la impunidad liderada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

Otra posibilidad, según los expertos, es que Bukele quiera darse un mayor margen de maniobra en cuanto a política monetaria, en una economía dolarizada desde  2001. «El plan parece una desdolarización furtiva», según David Gerard, un experto y autor de varios libros sobre criptomoneda, en Foreign Policy. «Bukele parece estar preparando al país para inyectar bitcoins a la economía, marcarlos como ‘dólares’ para solventar su déficit (fiscal) y tomar los dólares verdaderos para pagar deuda extranjera», sostiene Gerard. El gobierno salvadoreño ciertamente tiene un problema de ingresos y la tasa de endeudamiento incrementó en el 2020, motivado en parte por los gastos extraordinarios para atender la pandemia de covid-19.

El Salvador será un laboratorio de bitcoin, según lo ha expresado Karim Bukele, hermano y uno de los principales asesores del presidente. Para la región y para el mundo, será un interesante experimento, a coste cero, ver cómo le va a un pequeño país centroamericano con la nueva moneda. Pero los especialistas financieros saben todos los riesgos que esto implica.

El Banco Mundial rechazó la solicitud de colaboración que el gobierno Bukele hizo para implementar el bitcoin, alegando razones de transparencia y preocupaciones ambientales. El Fondo Monetario Internacional citó «problemas financieros, macroeconómicos y legales» en el proceso de aprobación de la ley. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales advirtió sobre «el riesgo de que El Salvador sea empleado como paraíso para lavar dinero mediante el uso malicioso del bitcoin, ante la incapacidad legal de las autoridades para ejercer control y sancionar».

El mismo Bukele ha aceptado que tendrán que hacer una campaña publicitaria y educacional para hacer que su idea cuele. Pero aún con su impresionante aparato de propaganda, está tropezando con varios obstáculos. La Secretaría de Prensa de la Presidencia presentó fotos de un youtuber que dijo estar asombrado de poder pagar un aguacate con bitcoin, pero el youtuber se hizo más famoso por el video de un vendedor de pan que se quejó de que le estaba regateando. Un empresario anunció que había pagado en bitcoin el salario a sus empleados. La reacción lo obligó a poner una aclaración de que no se había realizado ningún descuento.

Usualmente, las críticas a Bukele señalan sus abusos autoritarios, la falta de respeto al Estado de Derecho y a la separación de poderes. Estos son conceptos vacíos de significado para la mayoría de salvadoreños que valoran más los programas de asistencia durante la pandemia, como múltiples entregas de canastas de víveres a domicilio y un bono de 300 dólares. Pero el bitcoin supone preguntas directas relacionadas al salario y la vida de las personas.

 Por ahora, parece que los salvadoreños están dispuestos a perdonarle todo a Bukele y a apoyarlo. Excepto cuando la apuesta incluye su propio dinero.

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La herencia de Netanyahu en Israel: una fuerte erosión de la democracia

El país dividido que deja Benjamín Netanyahu a sus sucesores debe cambiar radicalmente para no hundirse en un ensimismamiento dañino para la sociedad. Si atendemos a la erosión que ha experimentado en los últimos doce años, la democracia israelí está en peligro. Netanyahu ha atacado con una energía sin precedentes a las principales instituciones del país, desde la judicatura hasta la prensa.

 

 Los últimos doce años al frente del gobierno (2009-2021) y los tres años anteriores en el mismo cargo (1996-1999) han convertido a Benjamín Netanyahu en el político occidental que más tiempo ha ocupado esa posición, con excepción de la canciller Angela Merkel, y le han permitido moldear el estado judío a su antojo, dejando una herencia que ha erosionado la democracia y que sin duda perdurará en el futuro.

El descrédito de la democracia puede observarse en numerosos aspectos de la sociedad israelí y es consecuencia natural del nacionalismo y el religionismo.

Durante su prolongado mandato el país se ha convertido en lo que se denomina una "democracia iliberal", en la que todo el poder se ha concentrado en sus manos, sirviéndose de las mayorías que le han dado las urnas para oprimir a los sectores que no comulgaban con sus ideas.

La justicia

La judicatura ha sido posiblemente el frente de la política interior al que Netanyahu ha dedicado más tiempo. Lo ha debilitado todo lo que ha podido, tanto él como los ministros de Justicia que ha designado y que permanentemente se han enfrentado a los jueces, especialmente a los del Tribunal Supremo. Ha sido una persecución en toda regla argumentando que el parlamento, y no los jueces, es quien debe decidir lo que se hace y que el parlamento no debe obedecer las decisiones del Supremo cuando hay discrepancias entre los dos poderes.

Sus ataques a la justicia se han intensificado en los últimos años, ya desde antes de que comenzara el juicio contra la corrupción que ahora se está celebrando en un tribunal de distrito en el sector ocupado de Jerusalén.

Netanyahu ha creído que, respaldado por una mayoría parlamentaria, podía hacer y deshacer a su antojo al margen de las leyes, y no está claro cómo y hasta dónde podrá recuperarse el Supremo de esos embates que lo han desacreditado entre una buena parte de la población más populista.

La crispación

La crispación ha alcanzado límites desconocidos, incluso superiores a los que existieron en el periodo previo al asesinato de Yitzhak Rabin en noviembre de 1995. Los citados ataques contra la justicia, o contra la policía y la prensa, han contribuido a crear un clima de tensión y división permanente que Netanyahu y su entorno han impulsado conscientemente puesto que consideraban que la crispación y la división les beneficiaba electoralmente.

Esa misma política de enfrentamiento es la que Netanyahu ha empezado a aplicar en el parlamento desde mediados de este mes de junio como jefe de la oposición. Su nueva responsabilidad en la Kneset sin duda augura malos momentos para el gobierno de Naftalí Bennett, especialmente si, como todo parece indicar, mantiene el sistemático descrédito del sistema en su conjunto.

Palestinos

Los doce últimos años se han caracterizado por una creciente expansión colonial judía en los territorios ocupados, encerrando a los palestinos en guetos cada día más precarios que se sostienen por la ayuda que reciben de Occidente. Netanyahu ha conseguido que los palestinos sobrevivan en un estado de hibernación permanente a la espera de que más pronto o tarde se presente la ocasión de darles la patada definitiva.

Esta misma política continuará con el nuevo gobierno si EEUU y Europa no dan un golpe sobre la mesa y obligan a Israel a cumplir las resoluciones internacionales. Es una cuestión que sobre todo está en las manos de Biden, pero también de los europeos. Los mandatarios Angela Merkel y Emmanuel Macron deberían implicarse puesto que la solución de este conflicto redundará en beneficio de Europa y apuntalará su estabilidad.

Irán

Irán es una bicoca que permite a Israel apartar la atención internacional de la brutal ocupación militar de los territorios palestinos. Con las negociaciones de Viena a pleno rendimiento, es muy probable que pronto se restablezca el acuerdo nuclear de Barack Obama de 2015, un acuerdo contra el que Netanyahu ha luchado con todas sus fuerzas.

No está del todo claro cuál será la actitud del nuevo gobierno con respecto a Teherán, entre otras cosas porque dependerá de las decisiones que adopte el presidente Joe Biden, pero el choque con Irán seguirá siendo positivo y ventajoso para Israel por muchos motivos, en particular porque pone en la órbita israelí a varios países sin escrúpulos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, lo que se traducirá en importantes negocios, sobre todo militares y de inteligencia.

El objetivo de las potencias mundiales debe ser impulsar la cooperación entre los países de Oriente Próximo, pero esto solo puede hacerse partiendo de la justicia. Durante décadas el cinismo occidental ha contribuido a la desestabilización de la región, lo que se ha traducido en una instabilidad que ha llegado a Occidente de manera repetida y constante.

Encaminar a Oriente Próximo hacia un futuro mejor requiere ante todo resolver el conflicto entre Israel y los palestinos, algo en lo que Netanyahu no tiene el menor interés. El nuevo primer ministro Bennett es de la misma escuela, de hecho empezó su carrera política a las órdenes de Netanyahu y es tan radical como él. Si ese problema persiste, lo más probable es que toda la región continúe bajo la precariedad e inestabilidad de las últimas décadas.

23/06/2021 12:08 Actualizado: 24/06/2021 07:44

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Human Rights Watch denunció detenciones y procesos penales arbitrarios en Nicaragua

En un duro informe, la organización exigió una respuesta activa de la ONU

HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Daniel Ortega par

 

Human Rights Watch (HRW) presentó este martes un informe que detalla "hostigamientos", "arrestos" y "procesos penales arbitrarios" contra voces críticas al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. El documento incluye recomendaciones concretas al Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, para que escale la respuesta de la ONU ante la situación que atraviesa el país centroamericano. "Nicaragua está ante una hora crítica que no tiene un ejemplo similar en los últimos 30 años en América latina", aseguró en la presentación del informe José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

En el informe, HRW plantea que existe una "estrategia gubernamental para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo". Los arrestos de opositores en Nicaragua continuaron el martes con la detención de la ex primera dama María Fernanda Flores y del periodista Miguel Mendoza. Con ambos se eleva a 19 el número de opositores detenidos, entre ellos cinco precandidatos a la presidencia. A todos se les aplica una ley aprobada por el Congreso que permite procesar a quienes, a juicio del gobierno de Ortega, cometan actos que "menoscaban la independencia y la soberanía" e incitan "a la injerencia extranjera".

Entre enero y junio de 2021, HRW entrevistó por teléfono a 53 personas en Nicaragua, incluyendo a activistas, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos que han sido "víctimas de hostigamiento o detenciones arbitrarias". La organización revisó fotos y videos tomados durante las detenciones y vigilancias policiales, así como informes de prensa y publicaciones de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos.

"Las prácticas y políticas represivas encabezadas por el gobierno de Daniel Ortega y la señora Rosario Murillo (su pareja y vicepresidenta) no son felizmente habituales en la región", aseguró Vivanco, quien comparó la situación actual en Nicaragua con el régimen de Alberto Fujimori en Perú (1990-2000). "No recuerdo en todo este tiempo una represión así, donde vayan casa por casa y simultáneamente se arreste a los principales líderes que pueden disputarle el poder a Ortega sin el debido proceso y violando las normas básicas del estado de derecho, manteniendo a todos separados de sus familias", remarcó.

Como ejemplo de esa lógica Vivanco citó el caso de Cristiana Chamorro, periodista y precandidata presidencial: "Está secuestrada en su hogar y limitada a su dormitorio. Unos delincuentes armados están en control del resto de su casa. Ha podido apenas por un par de minutos hablar con su abogada, pero no le permiten el acceso regular a la defensa". Chamorro fue procesada y está siendo investigada por presunto lavado de activos mediante una fundación que lleva el nombre de su madre, Violeta Chamorro. Para el director regional de HRW, "los cargos en su contra son evidentemente fabricados y lo único que se persigue es sacarla de la contienda electoral".

A través de un comunicado publicado el 14 de junio, el gobierno de Nicaragua advirtió que asumirá "como un ataque frontal" a su soberanía cualquier intento "de socavar una investigación" contra los líderes opositores detenidos bajo la Ley 1055. Ante la consulta de Página/12 respecto a si HRW pudo contactarse con autoridades gubernamentales, la subdirectora para las Américas de la organización, Tamara Taraciuk Broner, aseguró: "Hicimos solicitudes formales al gobierno de Nicaragua pidiendo información detallada sobre todas nuestras conclusiones y la postura oficial, y hasta el momento no nos han respondido".

Durante la presentación del informe, Vivanco fue particularmente crítico con la abstención de Argentina y México durante la votación en la Organización de los Estados Americanos (OEA) para repudiar la situación en Nicaragua. "Es un grave retroceso para Argentina que convoque como pretexto para no emitir un voto el principio de no intervención del país", aseguró el abogado chileno. En cambio, Vivanco valoró la nueva declaración del gobierno argentino. "Me parece muy acertada, pidiendo además la venida de su embajador en Nicaragua. Es fundamental que Argentina retome su apoyo y adhesión con las obligaciones jurídicas internacionales de universalidad de los derechos humanos. Prefiero a un gobierno que rectifica y lo hace a tiempo, a uno que se mantiene tozudamente en sus posiciones cerradas", remarcó.

Sobre la base de su llamado a la acción por los derechos humanos, HRW considera que el secretario general António Guterres debería invocar el Artículo 99 de la Carta de la ONU para presentar la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad, tratándose de una crisis que involucra "graves violaciones de derechos humanos y podría generar inestabilidad en la región". Louis Charbonneau, director para las Naciones Unidas de HRW, recordó que en septiembre de 2017 Guterres impulsó al Consejo de Seguridad para que tratara específicamente el tema de la limpieza étnica de los musulmanes rohingyas en Myanmar. Charbonneau destacó que el secretario general de la ONU "acaba de ser reelecto para un segundo mandato, así que no tiene nada que perder".

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Al menos 20 civiles heridos y un muerto durante protestas en Usme

Según las autoridades, hay 27 uniformados de la Policía Metropolitana afectados.

Por lo menos cuatro horas duraron las manifestaciones en la localidad de Usme este 21 de junio en el sector denominado como Puente de la Dignidad. Luego de que llegara el Esmad para acabar con los bloqueos y reprimir a la población civil se presentaron graves hechos de violencia.

Durante los enfrentamientos, el reporte de las autoridades asegura que hay 20 civiles heridos al igual que 27 uniformados de la Policía Metropolitana.

Tras los hechos de gravedad, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez aseguró por medio de un trino que recibió el informe de una persona sin signos vitales que fue ingresada al Hospital de Santa Librada.

“He recibido informe de una persona sin identificar ingresada al Hospital de Santa Librada sin signos vitales, presuntamente en el marco de las protestas en Yomasa-Usme. En este momento me desplazo al punto con equipos de DDHH a verificar y acompañar personalmente el caso”, escribió Gómez en su cuenta personal.

De acuerdo con el diario El Espectador el joven fue identificado como Jaime Alonso Fandiño, de acuerdo con la ONG Temblores. Este habría recibido un impacto de una granada lacrimógena en el pecho, lo que lo llevó a su muerte.

LA ONG Campaña Defender la Libertad se contactó con la familia del joven asesinado y confirmó la noticia. Además, pidió que se detenga el exceso de fuerza estatal y aseguró que hay una “situación desbordada de violencia” en la localidad de Usme que pone en riesgo la vida, integridad de las personas que se están manifestando en esa zona de Bogotá.

Con esta ya serían dos las víctimas mortales en Bogotá durante el paro nacional y la cuarta en Cundinamarca. La primera fue Daniel Zapata, quien falleció en el un centro de salud en Kennedy a los ocho días de haber sido impactado con un elemento contundente, de al parecer la Policía Nacional.

El Mayor General Óscar Gomez Heredia comandante (E) de la Policía Metropolitana de Bogotá- Usme confirmó también la muerte del joven en un comunicado difundido a través de un video.

Horas más tarde y desde el lugar de los hechos, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez volvió a pronunciarse sobre la muerte del joven y confirmó que fue impactado por un objeto contundente a muy poca distancia, luego de hablar con las personas que lo atendieron. Contó que el joven de 32 años estaba desempleado y buscaba un mejor futuro para él y su familia.

El informe de la Personería de Bogotá a la CIDH revela datos de las protestas más relevantes del informe desde el 28 de abril al 7 de junio. Allí se registra la muerte Zapata. Así mismo, la cuenta de personas desaparecidas, que va por 109 casos, y de las cuales 31 no han sido ubicadas; y 881 heridas, de las cuales 435 son civiles y 446 son miembros de la fuerza pública, ya sea del Ejército Nacional, la Policía Nacional o el Escuadrón móvil Antidisturbios (Esmad).

En el documento también se señala que se han registrado más de 100 denuncias por abusos de autoridad en la capital. La principal queja es por abuso policial, que reporta 85 casos, y violencia contra servidor público, con 17; y estos hechos habrían ocurrido principalmente en Kennedy y Suba, las localidades con mayor reporte. Se aclaró que están contando este tipo de denuncias de acuerdo con los reportes que han sido recibidos en el punto móvil de toma de quejas y el correo Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

También se realizaron 56 jornadas de verificación de identificación, dotación y órdenes de servicio por parte del ministerio público distrital a los uniformados de las distintas instituciones de la fuerza pública del país.

21 de Junio de 2021

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Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

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En Cali, 45 homicidios y en municipios del Valle, 14: el rastro de la represión

Las cifras del horor: ¡Juicio a los asesinos!


Las memorias del horror se han escrito y se siguen escribiendo por estos días en Cali, llamada, paradójicamente, “La capital del cielo”, convertida en un infierno por la represión brutal del Estado contra las manifestaciones de la población en el paro, que este domingo 20 de junio llegó a su día 53.

Todas las formas de la brutal violencia del Estado y del paramilitarismo han sido utilizadas por las élites segregacionistas en el poder a través de los diferentes componentes de su Policía, empezando por el Esmad, y de su Ejército, en conjunción con personas armadas vestidas de civil, es decir agentes de los servicios secretos del Estado y/o particulares de las autodefensas urbanas (parapolicías) que se han generalizado, aupadas y financiadas por sectores de la derecha más recalcitrante.

Esa violencia estatal y paraestatal es la responsable de las cifras aterradoras que deja la represión contra el Paro Nacional y la protesta social en marcha que, de acuerdo con el registro llevado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, es de 70 asesinatos, 46 de los cuales atribuye a la policía y otros componentes de la Fuerza Pública.

Pero a esa cifra hay que agregar los últimos tres asesinatos cometidos en Cali contra manifestantes, para un total de 73, aunque existen registros de otras entidades defensoras de derechos humanos según los cuales la cifra de homicidios contra manifestantes es superior a los 73.

Al desglosar esas cifras macabras, podemos encontrar que, del total de 73 personas asesinadas en el marco de la represión del régimen de Iván Duque contra el pueblo, 45 lo fueron en Cali *(el 62% de todo el país)* y 14 más en cinco municipios del Valle del Cauca (6 en Yumbo, 5 en Tuluá, 1 en Cartago, otro en Cerrito y uno más en Candelaria), para 59 en todo el departamento *(el 81% de todo el país)*.

Datos escalofriantes que en cualquier Estado serio del mundo habrían originado la destitución de los altos mandos policiales y militares, lo mismo que de los ministros del Interior y de Defensa y juicios al presidente y la vicepresidenta del país.

Pero estamos en Colombia, donde toda esta barbarie estatal contra las protestas del pueblo en las calles hace parte de la política oficial, de la forma como históricamente las clases dominantes han atentado contra las luchas populares y del modus operandi de un régimen despótico en cabeza de Duque, mandadero de Álvaro Uribe Vélez y de los intereses del poder burgués-terrateniente existente en el país.

Por eso, urge desde ya que el primer gran objetivo de todos quienes continúan en la resistencia social, a pesar del desmonte decretado por un sector del Comité Nacional de Paro (el llamado Comando Nacional Unitario), sea exigir el juicio a los asesinos, integrados en el régimen de Duque, responsables estos crímenes de Estado.

Más asesinatos en Cali

Precisamente, el jueves 17 de junio la represión cobró la vida de dos personas más en las calles de Cali, la primera de ellas, hacia las 4:30 p.m., en el barrio San Luis II, en el sector de Paso del Aguante (Paso del Comercio), nororiente de Cali.

Allí fue asesinado *Juan David Muñoz Montenegro*, de 23 años de edad, un joven trabajador independiente muy apreciado en el sector, que recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza.

El homicidio causó pánico entre los pobladores del barrio donde se produjo, varios de los cuales grababan con sus teléfonos lo que ocurría.

Asimismo, defensores de derechos humanos y juristas denuncian que gases lacrimógenos fueron lanzados de manera indiscriminada por el Esmad de la Policía, afectando a niños, ancianos y a una vasta población del sector.

En su accionar contra las protestas juveniles en Paso del Comercio, lapolicía actuó de nuevo como fuerza de ocupación en los barrios del área, pues incursionó en ellos agrediendo a la población, lanzando, además de los gases, granadas de aturdimiento y deteniendo a numerosas personas.

La actuación de la policía, incluso con el uso de una tanqueta, se registró con más violencia en inmediaciones de la Biblioteca Nicolás Guerrero, la cual, según denunciaron vecinos del lugar, agentes de la Fuerza Pública querían destruir, pues se ha constituido en un símbolo cultural de la resistencia juvenil en Paso del Comercio.

Se denunció, asimismo, que a las 5:18 de la tarde del jueves, en el sector de Calimío fue herido en la cabeza José Cuellar, defensor de derechos humanos, por el impacto de una granada de gas lacrimógeno accionada por un agente del Esmad de la policía, plenamente identificado.

Cuellar fue remitido a un centro de atención médica, donde el sábado 19 de junio era sometido a una intervención quirúrgica.

Los hechos en este punto de Cali han sido de tal gravedad, que personas en el lugar denuncian que un ciudadano que atendía un puesto de socorro médico está siendo objeto de persecución debido a su voluntariado humanitario, fue víctima de un allanamiento absolutamente injustificado y la carpa de primeros auxilios que había instalado fue destruida por la policía.

Crimen en el Suroiente

El mismo jueves 17 de junio, desde otro punto de la capital del Valle, el suroriente, la Unión de Resistencias de Cali, el Comité de Derechos Humanos y la Asamblea Permanente Jaime Rosas de Sameco denunciaron que la Policía atacó a balazos un bus que se desplazaba con personas solidarias, y que un joven fue asesinado en esa acción demencial, al tiempo que cuatro ciudadanos resultaron heridos.

La víctima fue identificada como *Jhonatan Londoño, *quien sería una de las personas que acompañaban el bus que transportaba a los jóvenes agredidos por motorizados de la policía y miembros de la Sijin, en inmediaciones de la Avenida Ciudad de Cali, de acuerdo con denuncias comunitarias.

Un reporte desde Puerto Resistencia indica que entre las personas heridas se encuentra Jhan Sebastián Velasco Quintero, y que entre los detenidos en el lugar figura Anderson David Cifuentes.

Los operativos policiales del jueves se iniciaron temprano en el sur de Cali, cuando se produjo el allanamiento del apartamento de *Francisco Velasco*, dirigente de la Unión de Trabajadores de Colombia, UTC, en el Valle, y quien es reconocido como hombre solidario con las causas juveniles y sociales. El hecho tuvo lugar en el conjunto residencial Bochalema

Otros puntos de protestas y concentración juvenil también fueron objeto de la represión estatal a lo largo de la semana, como el ocurrido en el sector de Meléndez, donde, además, la policía contaminó una olla comunitaria que preparaban en el lugar, con el fin de evitar que los jóvenes en resistencia se alimentaran.

Todo lo anterior ocurrió en el marco de los anuncios del comandante de la Policía de Cali en el sentido de que arreciaría la coerción contra todos los puntos de resistencia, y luego del fallo del Juzgado 16 de lo Contencioso Administrativo, que estableció medida cautelar consistente en declarar suspendido el Decreto 304 de la Alcaldía del Distrito de Cali, que reconocía la interlocución con las Primeras Líneas de Resistencia Juvenil, norma que había desatado la ira de la ultraderecha uribista en la ciudad.

Una semana atrás, en otra jornada de horror, el ciudadano *Elkin Andrés Fernández Salazar*, de 43 años de edad y trabajador del barrio Siete de Agosto, fue asesinado recién llegaba a su casa por la policía, que reprimía de manera brutal las protestas juveniles llevadas a cabo en el barrio, contiguo a Andrés Sanín.

Esos hechos, en los que también resultaron heridas 20 personas, se presentaron el miércoles 9 de junio, en el marco de las resistencias que la joven generación de la zona desarrolla en el así llamado Puente de las Mil Luchas (Puente de los Mil Días).

Parapolicías urbanos en los Mil días MIL DÍAS

El viernes 18 de junio las fuerzas parapoliciales volvieron a disparar contra la juventud en resistencia, de nuevo en la zona de La Mil Luchas, hasta donde llegaron motorizadas abriendo fuego y asesinando al joven *Eloy Alejandro Mata Díaz*, con cédula de extranjería 28.856295, según informó un comunicado de la Unión de Resistencia de Cali, URC. El cometido en la persona de Eloy Alejandro es el asesinato número 73.

En horas de la noche, la represión se trasladó más arriba del Puente de las Mil Luchas, a la Autopista Suroriental, en inmediaciones del sector conocido como La Luna, donde la policía inundó los barrios vecinos de gases lacrimógenos y en la calle detuvo a cuatro jóvenes manifestantes.

En ese mismo punto, en horas de la mañana, la policía acantonada en el área había agredido a los componentes de una ambulancia estacionada y cuyos integrantes permanecían alertas por la represión permanente en el lugar: la actitud de los miembros del Esmad fue lanzar piedras contra la ambulancia, por lo cual la tripulación de esta se tuvo que retirar.

El sábado 19 de junio, el Esmad y otros componentes de la policía continuaron su hostigamiento contra los puntos de concentración juvenil y popular, y siguieron en su nueva y nefasta tarea: destruir ollas comunitarias, el alimento que preparan madres y jóvenes en lugares de protesta para el colectivo social, como ocurrió en el sector de La Luna.

De acuerdo con denuncias ciudadanas en los barrios, “cuando los muchachos de Primera Línea regresan a casa los persigue la policía y les disparan, amedrentándolos”. Es el imperio del terror oficial.

Nace el jardín de la vida

Pero las resistencias juveniles y las luchas por sus derechos no cesan, a pesar, reiteramos, de las decisiones de *un sector* del Comité Nacional de Paro en el sentido de suspender las movilizaciones y de la brutal represión del Estado, represión que los medios de comunicación de las clases dominantes, obrando como aparatos ideológicos del del sistema, ocultan.

Es el momento de que pongamos en el primer plano de las exigencias el respeto a la vida y el juicio político y penal a los responsables de la horrible noche y de la barbarie policial que viven Colombia, el Valle del Cauca y, especialmente, Cali, la antes “Sucursal del Cielo”, hoy sumida en la oscuridad del averno criminal del régimen uribista.

El hermoso homenaje cumplido en la Plaza de los Poetas de Cali el viernes 18 de junio a las víctimas de la represión en Colombia, en el que participaron exponentes de diferentes actividades artísticas y varios de los padres de los jóvenes asesinados, es una esperanzadora avanzada de que la reacción ciudadana y popular frente a los crímenes del Estado no demora.

El Jardín de la Vida, como se denomina este esfuerzo de diversas organizaciones sociales y políticas de la capital del Valle, es una reivindicación de la memoria de los asesinados por el sistema de injusticias y desigualdad imperante en Colombia, y seguramente se convertirá en una comparecencia periódica de la sociedad caleña en la plaza pública para reclamar ¡juicio a los asesinos!

Cali, domingo 20 de junio de 2021.

Publicado enColombia
Miles de manifestantes se juntaron en las calles de todos los estados de Brasil en protesta contra el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, y a favor de las vacunas. La impresionante foto de la Avenida Paulista de San Pablo, corresponde al fotógrafo Ricardo Stuckert.

Sao Paulo. Decenas de miles de personas salieron ayer a las calles de varias capitales brasileñas para protestar contra el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia.

Brasil superó 500 mil muertos, mientras los expertos advierten que el segundo brote más mortífero del mundo puede empeorar debido al retraso en la vacunación.

"500 mil vidas perdidas por la pandemia que afecta a nuestro Brasil y al mundo", tuiteó el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, sin precisar el balance de las anteriores 24 horas. Hasta el viernes, su ministerio había contabilizado 498 mil 499 muertos, con un promedio diario de más de 2 mil en los pasados siete días.

Más de 20 capitales estatales fueron escenario de protestas, entre ellas Río de Janeiro, Brasilia, Recife y Sao Paulo, donde a pesar del frío, una marea humana inundó unas 10 cuadras de la avenida Paulista, marco de la capital económica de Brasil.

"Tenemos más de 2 mil muertos por día. Perdimos a más de 500 mil personas por una enfermedad que tiene vacuna. Querría estar en casa, pero nos toca venir a las calles para detener este proyecto político que es la destrucción de Brasil. Bolsonaro: escuche al pueblo", expresó Tita Couto, estudiante de 21 años que acudió a la manifestación en Sao Paulo junto a sus amigos. Muchos manifestantes llevaron carteles con el número "500 mil".

"Fuera Bolsonaro", "Fuera genocida", "Gobierno del hambre y el desempleo", "Vacuna ya" y "Vacuna en el brazo y comida en el plato" fueron otras consignas repetidas en Brasilia, Río y Sao Paulo. El viernes el mandatario reiteró su rechazo a las vacunas al afirmar que "es mejor infectarse".

La lentitud de la vacunación contra el Covid-19 en Brasil, donde sólo 11.5 por ciento de la población de 212 millones de personas ha sido inmunizada, también fue un motivo de movilización.

Al caer la tarde, la temperatura cayó en Sao Paulo y comenzó una llovizna, pero la multitud creció. Hinchas de los clubes rivales de futbol Corinthians y Palmeiras marcaron presencia con enormes banderas "por la democracia".

Más temprano, en Río de Janeiro, miles de personas se reunieron en el centro de la ciudad. "La posición de él (Bolsonaro) en relación con el Covid-19 y su negacionismo son absurdos. Él ya salió de la realidad, del buen sentido, no se explica, es tan surrealista", clamó Robert Almeida, fotógrafo de 50 años.

Los actos fueron convocados por los frentes Brasil Popular y Povo Sem Medo (Pueblo sin Miedo), formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales y apoyados por partidos y líderes políticos, entre ellos el ex presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). Éste no acudió a la cita para evitar que su presencia dominase "una manifestación convocada por la sociedad brasileña", tuiteó hace dos días. Y agregó: "500 mil muertos por una enfermedad para la cual ya hay vacuna, en un país que ha sido referencia mundial en vacunación. Eso tiene un nombre: genocidio".

Brasil es el segundo país en el ranking de letalidad de la pandemia, detrás de Estados Unidos. Una comisión parlamentaria investiga la acción del gobierno frente a la pandemia. A pesar de que especialistas advierten sobre el inicio de una tercera ola, el gobierno acogió este mes la Copa América de futbol, rechazada antes por Colombia debido a las protestas sociales y por Argentina a causa de la pandemia.

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