Viernes, 08 Noviembre 2019 06:44

Destellos de antagonismo en América Latina

Manifestación esta semana en los alrededores del Palacio de la Moneda en Santiago de Chile / Foto: Afp, Rodrigo Arangua

Hay que festejar la renovada emergencia antagonista que hace frente a la derechización en Ecuador y en Chile y parece cubrir el vacío dejado por el progresismo. En este sentido, la irrupción de las protestas multitudinarias parece corresponder a la lógica de un momento específico de la estructura y las relaciones de poder: contra las derechas emergentes, más allá o más acá del progresismo desgastado y derechizado. Por lo tanto, visto que se trata de un escenario difuso, aun con sus diferencias nacionales, no hay que excluir que aparezcan fenómenos similares en otros países y que, una vez más, se dé cierto grado de sincronía latinoamericana en los procesos políticos.

Podemos constatar que, si la variable son los colores de los gobiernos, la constante, aunque se manifieste de forma intermitente, sigue siendo la capacidad de lucha e insubordinación de las clases subalternas latinoamericanas. En efecto, si bien las revoluciones pasivas progresistas cayeron por derecha, no han estado ausentes, en particular en los años posteriores a 2013, movilizaciones populares de tinte antineoliberal. En este sentido, el antagonismo no sólo ha estado latente, sino que se ha manifestado, aunque sea de forma esporádica e inorgánica –para usar adjetivos gramscianos–. La capacidad de irrupción que siguen conservando y utilizando las clases subalternas se presenta bajo algunos formatos que ameritan ser brevemente registrados, a la luz del impactante retorno a escena de esta modalidad disruptiva de la política latinoamericana.

En lo temporal, se configuran como episodios que rompen y rebasan las rutinas de la conflictividad ordinaria y cotidiana, de la que, a la vez, se nutren. La intensa brevedad del antagonismo concentrado en estas irrupciones tiene su límite y su prueba de fuego no tanto en la duración, sino en el impacto y la capacidad de modificación de la correlación de fuerzas. Al mismo tiempo, en lo espacial, en lo que tiene que ver con la amplitud social, las irrupciones se montan sobre las prácticas y la acumulación de experiencias y la formación de tejidos sociales y comunitarios, pero se vuelven multitudinarias en la medida en que se amplían a sectores no organizados, cuya politización y capacidad de movilización pueden ser preexistentes y latentes o generarse al calor del conflicto. En todo caso, la activación de franjas no organizadas de las clases subalternas confiere el carácter masivo y le permite un impacto.

AUTONOMISMO VERSUS HEGEMONISMO

Al mismo tiempo, ambas dimensiones de este formato antagonista que se expande y contrae han sido identificadas como problemáticas en tanto que, en el reflujo de la marea, la evaluación de los saldos es objeto de distintas interpretaciones. Señalo dos de ellas, que configuran la antinomia de la política latinoamericana de las últimas décadas: la autonomista y la hegemonista.

En extrema síntesis, la autonomista enaltece la capacidad de lucha y de organización desde abajo y, por lo tanto, atribuye un valor absoluto a todo tipo de manifestación de conflictividad que sea expresión y que refuerce las capacidades y las reservas de politización, organización y autodeterminación, poniendo en segundo plano o, incluso, desconfiando radicalmente del saldo en términos de modificación de los equilibrios en el sistema político partidario o institucional. La hegemonista, por el contrario, valora este tipo de manifestaciones sólo en tanto sacudan equilibrios estáticos y permitan dilatar la influencia y la capacidad de articulación de un polo o una fuerza política que intervenga en la disputa por el poder estatal, ya sea en forma directa o delegada, es decir, expresión de los movimientos y los sectores populares o sólo en nombre de ellos.

Bajo estos prismas, el fin del ciclo progresista y el retorno del formato del antagonismo de irrupción vuelven a colocar, mutatis mutandi, cuestiones que fueron surcando los debates a partir del inicio del milenio. Valorar los movimientos en su espontaneidad relativa y su efecto simbólico y experiencial de organización desde abajo o lamentar su incapacidad de mantenerse en el centro del escenario y de producir resultados contundentes y tendencialmente irreversibles antes de refluir en la normalización sistémica. Posturas que no son antitéticas en sentido estricto, pero configuran énfasis que dislocaron posturas que tienden a enfrentarse. El valor coyuntural de la irrupción se tradujo y sigue traduciéndose en distintos lenguajes políticos y se proyecta de maneras, a veces, contrastantes en la mediana duración.

CAMBIO DE COYUNTURA

La distancia entre una y otra perspectiva se achica cuando las derechas están en el gobierno y se ensanchan cuando partidos o movimientos progresistas lo ocupan o están en condición de hacerlo. En este sentido, un dato histórico y político ha cambiado respecto a los años noventa y principios de los dos mil, ya que el fin del momento progresista, salvo –por el momento– el caso mexicano, arroja la existencia desgastada o la simple sobrevivencia de las fuerzas que fueron protagonistas del ciclo gubernamental. Cabe entonces preguntarse qué tanto estos son percibidos o pueden presentarse como alternativos a las derechas o a sí mismos, es decir, capaces de superar sus límites y contradicciones o, más sencillamente, ser aceptados como mal menor frente a derechas manifiestamente reaccionarias e incapaces de instituir una dinámica hegemónica, como ha sido el caso en Argentina en las recientes elecciones. Qué tanto, en estas condiciones, en medio de una derechización epocal y cultural, desde las clases subalternas latinoamericanas, pueden constituirse, sostenerse y expandirse dinámicas que, si bien no desdeñen el impacto en el plano institucional, se sostengan principal y fundamentalmente en una labor de construcción de contrapoderes, de un recurso de mayor duración y consistencia.

Lo que podemos registrar, una vez más, es que la conflictividad latinoamericana puede volverse incandescente y, a esta temperatura, hasta los metales más duros se vuelven moldeables. Como ocurrió en los años noventa y a inicios del siglo XXI, pueden forjarse experiencias y escenarios inesperados. Nada lo garantiza, pero, una vez más, nadie se lo esperaba.

 

Por Massimo Modonesi

8 noviembre, 2019

Tomado de Desinformémonos.org por convenio.

*Historiador y sociólogo; profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Unam.

 

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Tribunal Supremo anula prisión en segunda instancia y Lula podría ser liberado

Por 6 votos contra 5, la Corte brasileña siguió el principio constitucional que garantiza presunción de inocencia

Por mayoría, el Supremo Tribunal Federal (STF) revocó este jueves (7) la ejecución de pena después de condena en segunda instancia. Iniciado el 23 de octubre, el juzgamiento se cerró con un marcador de 6 a 5 a favor de la posición, expresa en la Constitución brasileña, de que la prisión de un acusado sólo puede ser autorizada después de agotar todas las instancias.

Considerada la decisión más importante de este año, podrá resultar en la liberación de casi 5 mil personas encarceladas sin condena en firme, entre ellas el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso político desde abril del año pasado.

El Tribunal Federal Supremo deberá aún debatir como tal decisión será puesta en práctica. Hay divergencias, por ejemplo, sobre si la libertad debe ser decretada automáticamente por la propia Corte Suprema o evaluada por los jueces de ejecución penal caso por caso, pudiendo convertir el cumplimiento de pena en prisión preventiva.

Los votos

En la sesión de este jueves –la tercera de la Corte dedicada a analizar el tema–, iniciada con un marcador parcial de 4 a 3 a favor de la prisión después de segunda instancia, votaron Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Celso de Mello y el presidente de la Corte, Dias Toffoli.

Carmen Lúcia reiteró su posicionamiento tradicional con relación al tema, votando a favor de la prisión después de condena en segunda instancia.

Gilmar Mendes presentó un voto en que explicó la evolución de su posición, ya que, en el pasado, votó a favor de la prisión en segunda instancia y, este jueves, consolidó sus críticas más recientes a la medida.

Siendo el único además de Toffoli en citar el “caso Lula”, Mendes, que se mostró simpático a la idea de prisión en tercera instancia, afirmó que la actuación del Superior Tribunal de Justicia en el proceso del petista también influenció en su cambio de posición.

“El caso Lula contaminó la discusión. Eso no contribuyó para el debate racional. Puedo ser sospechoso de todo, menos de ser petista. El caso Lula muestra como el sistema funciona mal. Y aún no estoy hablando deThe Intercept. El combate a la corrupción se debe hacer dentro de los marcos del debido proceso legal”, dijo.

Celso de Mello, que votó después de Mendes, también fue contrario a la prisión después de segunda instancia. El afirmó que, a pesar de la gravedad de la corrupción en el país, las directrices establecidas por la Constitución deben ser plenamente observadas, contrariando también algunos argumentos de defensores de la medida.

Dias Toffoli, último en votar por ser presidente de la Corte, inició su posicionamiento afirmando que la cuestión técnica en los presentes procesos es la adecuación de las reglas del Código de Proceso Penal a la Constitución.

En ese sentido, afirmó que la "voluntad de los representantes del pueblo" estaba de acuerdo con el texto constitucional al establecer el agotar todas las instancias como marco. Indicó, por otro lado, que no vería problema en caso de que el Congreso desee, a futuro, modificar ese momento procesal.

Lula

En una nota divulgada enseguida de terminada la sesión, la defensa del ex presidente informó que, con base en la decisión del STF, ingresará este viernes (8) un pedido de liberación inmediata de Lula. La decisión de ingresar el pedido habría sido tomada después de conversar con el ex presidente.

Por ley, Lula ya podría estar en régimen semiabierto, pero se había negado a pedir la conmutación de pena por entender que eso heriría su dignidad. "Quiero que sepan que no acepto regatear mis derechos ni mi libertad”, afirmó Lula en esa ocasión.

"Necesitamos recuperar el espíritu rebelde del pueblo", dijo Lula a BdF; lea la entrevista completa

Este jueves, los abogados del petista, Cristiano Zanin Martins y Valeska Martins, también afirmaron que van a reiterar la solicitud para que el Tribunal Supremo juzgue los habeas corpus que piden la nulidad del proceso alegando la "improbidad del ex juez Sergio Moro y de los fiscales de la Operación Lava Jato, entre otras innumerables ilegalidades".

Primer día de votación

El relator del caso, Marco Aurélio Mello, votó contra la prisión después de condena en segunda instancia. En la ocasión, él afirmó que la armonia entre el Código de Proceso Penal y la Constitución es "completa", así, la prisión sólo es posible después de agotar todas las instancias, o sea, después del fin de todos los recursos.

Alexandre de Moraes presentó un posicionamiento divergente. El apuntó que la posición a favor de la prisión en segunda instancia prevaleció por veinticuatro años y comenzó con la promulgación de la Constitución de 88.

Edson Fachin y Luís Roberto Barroso siguieron la posición de Moraes y el primer día de votación cerró con marcador de 3 a 1.

Segundo día

En el segundo día de votación, 24 de octubre, la expectativa era en torno al posicionamiento de Rosa Weber. Eso porque, en el juzgamiento del habeas corpus del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ella cuestionó el tema.

“El STF es el guardián de la Constitución, no su autor. Cuando el juez es más rígido que la ley, es injusto. No fuimos investidos de autoridad para declarar inconstitucional a la propia Constitución”, dijo Weber al posicionarse hoy por agotar las instancias.

En la misma fecha, Luiz Fux votó por la prisión después de condena en segunda instancia, mientras que Ricardo Levandowski se alineó con Rosa Weber, conformando 4 votos a 3 contra la interpretación literal de la Constitución.

Prisión después de segunda instancia

La mayoría de los magistrados del Supremo decidió, en 2016, que la Justicia podría pedir la prisión de acusados cuya condena fuera confirmada en segunda instancia. El inciso 57 del artículo 5º de la Constitución afirma, mientras tanto que, “nadie será considerado culpable hasta agotar todas las instancias de sentencia penal condenatoria”.

En comunicación con Brasil de Fato, juristas calificaron la prisión después de la condena en segunda instancia como “violación expresa, clara y frontal” de la Constitución y del Código de Proceso Penal y hasta incluso como una interpretación que “viola la lógica” fruto de un “debate vulgar”.

Por Rafael Tatemoto

Brasil de Fato

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La alcaldesa Patricia Arce fue secuestrada y agredida.  Imagen: AFP

Una violenta jornada se vivió ayer en Cochabamba, donde murió un joven en enfrentamientos entre quienes respaldan a Evo Morales y quienes piden su renuncia

Bolivia volvió a sacudirse por enfrentamientos y ataques violentos, con epicentro en la ciudad de Cochabamba pero con hechos en otros puntos del país este miércoles y nuevos choques nocturnos en la ciudad de La Paz. Esto se da en el marco de las protestas de la oposición contra el resultado de los comicios que derivaron en la reelección de Evo Morales, mientras se realiza la auditoría del escrutinio de parte de la Organización de Estados Americanos y el país está en crisis por un sostenido paro cívico.

Hacia el mediodía de ayer inmensas columnas de mujeres campesinas se manifestaron pacíficamente contra el racismo y por la democracia en el centro de la ciudad de Cochabamba. A la convocatoria de las “Bartolina Sisa” se sumaron cocaleros y militantes del Movimiento Al Socialismo y, pasado el mediodía, comenzaron los encontronazos con grupos de partidarios ligados al Comité Cívico de Santa Cruz, quienes arrojaron gases a mujeres y niños. A partir de ahí la mecha se encendió y los episodios violentos se multiplicaron a las localidades de Quillacollo y Vinto, municipio en el que se registraron los hechos más graves, incluyendo el incendio del edificio de la alcaldía.

La víctima mortal fue identificada como Limbert Guzmán Vásquez, de 20 años de edad. Durante la mañana se había informado el rescate de un joven gravemente herido en los enfrentamientos entre bloqueadores y desbloqueadores en el puente Huayculi, en Quillacollo. Guzmán fue trasladado al hospital Viedma, donde falleció en horas de la noche por “traumatismo cráneo encefálico grave, fractura de base de cráneo, muerte cerebral y paro cardiaco respiratorio”. Aida, hermana de Limbert, sostuvo a la prensa que “el Partido de (Carlos) Mesa y (Luis Fernando) Camacho le pagaron (para bloquear) y, como él estudiaba, quería ganarse unos centavos”.

“Resistencia Juvenil Cochala” se hacen llamar los integrantes de los grupos de choque que asolaron a Cochabamba a bordo de motocicletas y munidos de todo tipo de elementos de ataque. Están sindicados como quienes perpetraron los ataques contra Patricia Arce, alcaldesa de Vinto por el MAS, quien fue secuestrada, retenida y agredida por sujetos que la liberaron tras obligarla a arrodillarse, bañarla con pintura roja y cortarle el cabello, entre otros sometimientos. Un episodio similar padeció Félix Vegamonte, ex dirigente campesino, exviceministro y actual secretario de Coordinación con los Movimientos Sociales de la Gobernación de Cochabamba.

“Toda mi solidaridad con nuestra hermana alcaldesa Patricia Arce, secuestrada y vejada cruelmente por expresar y defender sus ideales y los principios de los más pobres. Condenamos las acciones violentas que causan luto y dolor en la familia boliviana”, escribió el presidente Morales en su cuenta en Twitter y también se condolió y condenó el asesinato de Guzmán.

 

Violencia en ascenso

 

Javier Zavaleta, ministro de Defensa, fue enfático al referirse a la escalada de violencia que azota al país y llamó al dirigente cívico Luis Fernando Camacho a que repliegue sus grupos de choque y a que deje de lado la incitación a movilizaciones, tomas de instituciones y cierres de fronteras: “Estamos a un paso de comenzar a contar a los muertos por docenas si es que el señor Camacho, en el transcurso del jueves, no hace un llamado a la pacificación de la gente que le sigue”.

En La Paz también se produjeron nuevos enfrentamientos la noche del miércoles, con 10 heridos producto de choques entre universitarios y mineros en los alrededores de plaza Murillo y de la Facultad de Derecho de la UMSA. La tensión se extremó pasadas las 21 horas debido al arribo de Camacho al aeropuerto de El Alto. Zavaleta también denunció que los cívicos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz trasladaron a estos grupos de choque para generar violencia en la sede de Gobierno.

 

“La cruzada” opositora

 

El clima de violencia y la tensión social es una apuesta de los sectores opositores principalmente nucleados en torno al Comité Cívico Nacional. Y uno de sus principales actores es el líder cruceño Luis Fernando Camacho, cuya estrategia de entregarle la carta de renuncia al presidente Morales ha ido al compás de la escalada de violencia.

En medio de un gran operativo de seguridad del Gobierno, Camacho finalmente llegó anoche a La Paz y montó todo un show mediático y en las redes sociales -con video incluido- que también fue usufructuado por otros opositores que -esta vez sí- lo esperaron y acompañaron durante horas, mientras en las calles alteñas y paceñas recrudecían los enfrentamientos.

"Quiero agradecer al pueblo boliviano por haberme acompañado en esta cruzada, esto generó la unidad de todos bajo una sola causa", posteó primero para luego sostener antes las cámaras: “Agradecer a la Policía por toda la colaboración y sobre todo a esa juventud, a esos hombres y mujeres que fueron a recibirme al aeropuerto. Decirles que ya llegué, que venimos a buscar la paz, no buscamos enfrentamiento, no queremos dividir Bolivia, queremos una sola Bolivia sin discriminación y sin racismo".

En tanto que Carlos Mesa, el derrotado candidato de Comunidad Ciudadana, le brindó su “solidaridad y respaldo” y le tendió un puente político: “Es muy importante establecer una línea de unidad de la oposición democrática boliviana independientemente de cualquier circunstancia particular, creo que esto es clave en un momento de crisis tan dramático como el que está viviendo Bolivia”.

Hay que ver cómo sigue hoy la saga de Camacho con su carta de renuncia al presidente mientras la convulsión sigue y el paro se agrava por los bloqueos de los pasos fronterizos internacionales de parte de sectores transportistas de carga pesada, lo cual está perjudicando también el libre tránsito de residentes y turistas.

En tanto, se esperan las conclusiones de la auditoría de la OEA, cuyo plazo finaliza el 11 de noviembre. Entre ese juego de luces y sombras, Luis Almagro, titular del organismo regional, apuntó vía Twitter que “las protestas por la misión de auditoria me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo”.

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Piñera anunció un paquete de leyes de mano dura

El presidente chileno los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas" para reforzar el orden y la seguridad pública.

El presidente de Chile Sebastián Piñera decidió endurecer su agenda frente a las manifestaciones y protestas que atraviesan todo el territorio chileno desde el pasado 18 de octubre. Acompañado por miembros de su nuevo gabinete, Piñera presentó un paquete de medidas tendientes a reforzar el orden y la seguridad pública. Los nombres elegidos por Piñera para sus proyectos de ley no dejaron dudas respecto a su contenido: los llamó proyectos "antisaqueos", "antiencapuchados" y "antibarricadas", entre otros. Al igual que el miércoles, las movilizaciones del día se multiplicaron en zonas acomodadas del país, como el barrio Las Condes. También se repitieron movilizaciones con epicentro en Santiago, a las que se plegaron entre otros sectores camioneros, trabajadores de la salud y estudiantes.

Respecto al proyecto antisaqueos, Piñera dijo que castigará severamente a los autores de robos a supermercados y locales comerciales. “Este proyecto de ley va a endurecer las sanciones de aquellos delitos de robo que se cometen valiéndose de la multitud en ocasión de calamidades públicas o de alteraciones del orden público”, destacó.

El proyecto antiencapuchados, por su parte, buscará sancionar a quienes ocultan su rostro durante los “desordenes públicos". “Esta medida busca sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando quién lo comete lo haga ocultando su rostro detrás de una capucha o cualquier otro instrumento para no permitir que se conozca su identidad”, expresó Piñera.

En tercer lugar, Piñera se refirió particularmente a las barricadas que "entorpecen la libre circulación". En la misma tónica de los anteriores proyectos, éste permitirá “combatir mejor los delitos contra el orden público que se hacen a través de barricadas (...) que entorpecen la libre circulación de personas y vehículos en nuestro país”, expresó.

Como cierre de su paquete de mano dura, también decidió darle relevancia al proyecto de modernización de Carabineros y de la Policía de Investigaciones. El mandatario realizó estos anuncios en La Moneda, acompañado por el flamante ministro del Interior Gonzalo Blumel y dos subsecretarios de la cartera. En los últimos días, Blumel se reunió con parlamentarios de Chile Vamos (coalición de derecha compuesta por la Unión Demócrata Independiente, el Partido Regionalista Independiente Demócrata, Renovación Nacional, y Evópoli) para recibir propuestas en la materia.

Luego de presentar las nuevas medidas, Piñera anunció la reunión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) a partir de las 19 horas, para analizar la crisis social que atraviesa el país. El Cosena es un organismo propuesto y avalado por la Constitución de 1980. 

El Consejo estará “encargado de asesorar al Presidente de la República en las materias vinculadas a la seguridad nacional y de ejercer las demás funciones que esta Constitución le encomienda”, explica el Artículo 106 de la Carta Magna. El texto también establece que “Será presidido por el Jefe del Estado y estará integrado por los Presidentes del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Corte Suprema, por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, por el General Director de Carabineros y por el Contralor General de la República”.

Chile amaneció el jueves con rutas bloqueadas por camioneros y manifestaciones en distintos sectores de Santiago y otras ciudades, incluidos los barrios más acomodados. Una convocatoria por redes sociales llamaba a hacer un "gran tour al oasis" y llegar hasta la rica comuna de Las Condes, una zona de Santiago con los metros cuadrados más costosos de todo Chile.

Empleados de los servicios públicos de salud, que reclaman desde hace años mejoras salariales y más recursos para la atención primaria, llegaron temprano hasta la sede de la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por la tarde, una columna de manifestantes avanzó sobre la avenida Vitacura, sector exclusivo de residencias y sede de organismos internacionales, embajadas y comercios de lujo. Mientras tanto, otros centenares de personas, en su mayoría estudiantes, protestaban en el centro de Santiago, escenario habitual de las manifestaciones.

Desde las masivas jornadas de protesta que iniciaron el 18 de octubre, se contabilizan hasta el momento 23 muertos, de acuerdo a la Fiscalía de Chile. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó este jueves que ya recibió unas 2.300 denuncias por vulneraciones a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mientras tanto, espera la autorización para ingresar al país.

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Ministro de Defensa de Colombia presenta su dimisión tras escándalo por la masacre de ocho menores de edad

Las muertes ocurrieron en el marco de un operativo del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES) de las Fuerzas Militares de Colombia.

El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, renunció este miércoles luego de haberse difundido información sobre la muerte de ocho menores de edad tras un bombardeo en una zona de San Vicente del Caguán (Caquetá), en el sur del país. 

"El día de hoy en reunión con el señor presidente de la República para analizar la actual coyuntura política, se acordó que lo más conveniente era presentar renuncia al cargo de ministro de Defensa Nacional", reza un comunicado oficial de su despacho.

Tras aceptar la renuncia de Botero, el presidente Iván Duque informó a través de su cuenta de Twitter que el general Luis Fernando Navarro, actual comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, será el nuevo ministro de Defensa. 

En medio del escándalo político, Duque destacó los supuestos logros durante la gestión de Botero, entre los que enumeró el "freno" al crecimiento de los cultivos de coca y la reducción del delito de homicidio en 2%. 

Este miércoles, la Fiscalía General de la Nación detalló que de los 15 cuerpos identificados por equipos forenses tras el bombardeo en Caquetá, 8 eran menores de edad y 7 adultos. Otros dos cadáveres permanecen sin identificar.

La dependencia informó que el fiscal del caso ha autorizado la entrega a familiares de 10 cuerpos identificados. 

La operación 

El 30 de agosto, Botero informó a través de su cuenta de Twitter que habían muerto nueve integrantes de los Grupos Armados Organizados Residuales' (GAO), como también son llamados los grupos disidentes de las FARC-EP. "Los delincuentes están advertidos: se entregan o serán vencidos", agregó en su trino.

Días después, el ministro de Defensa actualizó la cifra a 14 personas fallecidas, entre los que se encontraba 'Gildardo El Cucho', quien presuntamente pertenecía a los grupos armados residuales. Esta operación, que fue la primera acción de los cuerpos de seguridad del Estado, tras el anuncio del prófugo de la Justicia colombiana Iván Márquez y un grupo de guerrilleros de regresar a las armas, fue resaltada como una victoria del Gobierno de Duque.

Sin embargo, el pasado martes, durante una moción de censura contra el ministro, el senador del Partido Social de Unidad Nacional, Roy Barreras, presentó un informe de Medicina Legal que puso en entredicho la versión oficial. 

"Usted le escondió a Colombia que ese día de septiembre bombardeó a siete niños", afirmó Barreras, presidente de la Comisión de Paz del Senado. Además, el legislador advirtió que esa cifra podría incrementarse debido a que cuatro cuerpos "llegaron tan despedazados" y las pruebas forenses solo pudieron establecer que tres tenían menos de 20 años.

Después del informe presentado por el senador, Botero alegó que las operaciones militares "siempre se realizan de acuerdo de estándares internacionales de derecho humanitario" y aseguró que cuando se llevó a cabo la operación, "no se sabía la presencia de menores".

Botero, quien llevaba 14 meses de funciones, adujo que ese tipo de operaciones "tienen control judicial y estaban soportadas en investigaciones de dos fiscalías".

Publicado: 6 nov 2019 23:48 GMT | Última actualización: 7 nov 2019 04:29 GMT

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Crisis en Bolivia: Las mujeres marcharon contra el racismo

La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa encabezó una gran marcha en Cochabamba contra el odio y el racismo frente a los golpistas "que arremeten la dignidad de las mujeres". Manifestantes a favor y en contra de Morales chocaron en el área de las oficinas gubernamentales.

 

Desde el 20 de octubre, en ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, se registran agresiones de opositores contra mujeres de pollera y de rasgos indígenas. Ya durante la semana pasada, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, conformada por mujeres de organizaciones sociales, obreras, campesinas, indígenas, quechuas, guaraníes, servidoras públicas, estudiantes, luchadoras sociales de larga trayectoria, entre otras, repudió los hechos de discriminación y violencia.

Uno de los más brutales episodios de intolerancia lo padeció, de parte de dirigentes cívicos de Santa Cruz, la gremialista Paola Aguilar Serrudo, quien denunció secuestro, torturas y lesiones graves ante el Comité Nacional de Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. Las denuncias de este tipo estructuran la movilización de mujeres y se complementan con el perdido del cese del paro cívico, ya que son ellas y sus familias quienes más se perjudican ante el debilitamiento de la economía informal.

La carta de la violencia

Finalmente, y como era previsible, la violencia latente estalló anoche en la ciudad de La Paz. Las escaramuzas y choques no han faltado durante las más de dos semanas de protestas contra el resultado de las elecciones del 20 de octubre, pero ahora se confirmó lo que desde finales de la semana pasada circulaba como rumor: grupos de universitarios de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) -la mayor del país-, que responden al cuestionado rector saliente Waldo Albarracín, articularían con integrantes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) para escalar tácticas y logística en los enfrentamientos en las calles paceñas, sobre todo en el área de plaza Murillo, donde se concentran ministerios, la Asamblea Legislativa y el Palacio de Gobierno -Casa Grande del Pueblo-, custodiados por cientos de miembros de las organizaciones sociales y militantes del Movimiento Al Socialismo.

Hubo choques de todo tipo: entre quienes exigen la renuncia del presidente Morales y quienes lo defienden y, cerca de la medianoche, entre estudiantes y policías. Hubo fuego, piedrazos, golpes y detonaciones de dinamita, la Policía utilizó un carro antidisturbios y agentes químicos. El saldo fue de al menos ocho heridos, -seis universitarios, un comunario de Oruro y un médico, estos últimos con traumatismos cerebrales-, y varios detenidos.

José Antonio Barrenechea, comandante Departamental de la Policía de La Paz, reportó que las detenciones fueron "por ataques violentos y tenencia de explosivos y objetos contundentes". "Nos encontramos con personas contrarias a la pacificación que atacaron con piedras, explosivos y objetos contundentes a nuestro personal", explicó a la agencia estatal ABI. Tras tres horas de operativos, la Policía retomó el control de la zona, pero los universitarios se replegaron a bloquear en inmediaciones de la UMSA, corte que continúa hasta hoy junto a otras áreas clave del centro de la ciudad.

Albarracín, que durante los primeros días de la convulsión incitó a la guerra civil, había advertido horas antes en el canal universitario que sacaría por la violencia a los 'Ponchos Rojos' -campesinos de La Paz que respaldan a Evo Morales- si ingresaban a las dependencias de la UMSA. "Al momento que quieran dar un paso dentro de la universidad, los vamos a sacar. Así que ni se atrevan", amenazó. A su vez, informes policiales revelaron que el rector autorizó el uso de espacios de la institución pública para que los jóvenes escondieran escudos, máscaras, explosivos y otros elementos de ataque.

Tampoco se descarta que otro detonante de la violencia haya sido la tan mentada carta de renuncia escrita por el cívico cruceño Luis Fernando Camacho, que en horas de la tarde empezó a circular bajo réplicas en distintos nudos de conflicto, así por ejemplo la ostentaban los estudiantes a modo de trofeo o la quemaban los campesinos en señal de repudio.

La misiva llegó incluso a Londres, donde residentes bolivianos increparon a Luis Almagro, titular de la Organización de Estados Americanos -organismo a cargo de la auditoría del escrutinio que determinó la victoria del MAS en primera vuelta-, y le dieron el extorsivo mandato que Camacho no pudo llevar firmado a Santa Cruz ante un pueblo que iba a esperarlo de rodillas, según prometió en el cabildo del día lunes.

Fiel a su estilo de equilibrista algo tendencioso, Almagro tuiteó que "las protestas por la misión de la auditoría me hacen reafirmar la convicción que la misma debe continuar su trabajo. El pueblo de Bolivia merece toda la certeza técnica, jurídica y política, más necesarias que nunca".

Guerra a la economía

Por estas horas el país está semibloqueado debido al cambio de estrategia, que ha pasado de los cortes urbanos a la toma de instituciones. Aún persisten piquetes en algunas rutas interdepartamentales y se suma la medida del sector del transporte de carga pesada, que bloquea pasos internacionales, con lo cual la economía boliviana ya acusa el golpe de más de dos semanas de paro cívico.

El ministro de Economía, Luis Arce, informó que el daño económico a nivel país alcanzó los 167 millones de dólares -a un ritmo diario de 12 millones- y señaló que el efecto negativo será mayor en el Producto Interno Bruto (PIB) con el anuncio de toma de instituciones públicas y el cierre de fronteras, como sucede con el Servicio de Impuestos Nacionales o la Aduana Nacional, cuyos ingresos están paralizados.

"Estas medidas que ha tomado el Comité Cívico tendrán consecuencias para los municipios, para las gobernaciones y para las universidades públicas que reciben recursos de la coparticipación", advirtió Arce e indicó que uno de los sectores más perjudicados es el industrial, "que poco a poco se va quedando sin insumos para operar".

Otro efecto no deseado de los bloqueos, y que perjudica a decenas de miles de beneficiarios, es la suspensión provisoria de los pagos de la Renta Dignidad -para adultos mayores, "quizás el único sustento periódico que reciben nuestros abuelitos"- y el Bono Juancito Pinto -para escolares-, dado que la toma de instituciones, cuyo ordenamiento realizó Fernando Camacho este lunes, también contempla a las entidades bancarias, afectando a su seguridad y a la de la población. "Eso se paga en oficinas del Banco Unión, que han sido tomadas, y del Senasir -Servicio Nacional del Sistema de Reparto-, varias de cuyas agencias han sido también tomadas por el comité cívico. Estamos dejando de pagar pensiones", comunicó el ministro.

Industrialización en suspenso

Además de los trastornos ocasionados a una población y a una economía cada vez más cautivas por las medidas extorsivas de la oposición, otro golpe fuerte al desarrollo del país se produjo en este contexto y tiene que ver con la industrialización del litio, o mejor dicho con su interrupción.

Luego de presiones que comenzaron las semanas previas a los comicios, el Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) logró que el gobierno derogara el decreto que disponía la creación de la empresa mixta YLB-ACISA, que integraba a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa alemana ACI Systems Gmbh, que ya había garantizado 1.300 millones de inversión en plantas industriales en el salar de Uyuni para alcanzar un volumen de producción de hasta 65 mil toneladas anuales, con lo cual Bolivia se ponía a la par de las megaempresas chilenas y de capitales trasnacionales.

El proyecto contemplaba la producción de hidróxido de litio y de baterías de ion litio a escala industrial para exportar a distintos mercados, principalmente el alemán. Según el portal digital Primera Línea, COMCIPO está asesorado por Juan Carlos Zuleta, funcionario del gobierno de Chile. Hoy, en declaraciones a medios de comunicación, el dirigente de COMCIPO, Marco Pumari, llamó a la sociedad a "presionar en la Casa de Gobierno" y pidió que las protestas se trasladen de los departamentos a La Paz. 

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Notas (sueltas) sobre la crisis post-electoral boliviana

Todo parece desmadrarse en Bolivia después del 20 de octubre. Las acusaciones cruzadas entre oficialistas y opositores son las mismas: golpe /golpe, racismo/racismo, dictadura/dictadura y ya hay enfrentamientos violentos entre grupos de bolivianos en las calles. Claramente, el gobierno no midió los efectos de haber forzado la postulación contra el resultado de un referéndum y haberse obsesionado durante cuatro años solo con la re-reelección. Y no mide el descontento más allá de las (aún) buenas cifras macroeconómicas. En este tiempo, la potencia social fue reemplazada por la “potencia estatal”, lo que fue implicando una burocratización del apoyo al gobierno, un fuerte debilitamiento de la capacidad de irradiación hacia fuera de los núcleos duros y los "creyentes" y un empobrecimiento del discurso oficial (se ve en las redes, en los post de quienes aún tratan de defender al gobierno y en el propio discurso en la cúpula oficialista) y de su capacidad de movilización (la energía se desplazó al bloque opositor). Las nuevas figuras del gobierno, como Canelas, que lo rejuvenecieron, fueron absorbidas por esta dinámica regresiva. Y así el MAS se desconectó también de las nuevas generaciones que vivieron toda su vida consciente bajo Evo escuchando los mismos discursos.

Frente a los resultados del 20-O, de la desconfianza en el conteo emergió lo que parecía ser un movimiento democrático con epicentro en sectores medios urbanos. Básicamente los que representó Carlos Mesa, aunque muchos de sus votos fueron “votos útiles” contra el MAS más que apoyo explícito al ex presidente. Pero la decisión del gobierno de ir a una auditoría de la OEA –sin acuerdo previo con Mesa– dejó al espacio moderado sin nada que mostrar y, en un contexto de protestas callejeras, sin estrategia frente a un nuevo polo opositor. Este se articula en torno al Comité Cívico cruceño – “renovado” y recuperado luego de la derrota de 2008– que ha logrado una irradiación, a diferencia de 2008, fuera de la Media Luna, e incluso en La Paz. Camacho parece tener una doble fuente de legitimidad –religiosa: dijo que Dios debía entrar nuevamente al Palacio, de donde Morales lo habría expulsado, y “viril”: el “macho Camacho” parece tener “las pelotas” para plantearse frente a la “dictadura de Morales”, "anotar a los traidores en una libretita como la de Pablo Escobar", etc. Veremos si este empresario cruceño pasa a integrar la lista mundial de “subestimados” (incluso por mí mismo) que luego sorprendieron a todos o es solo un instrumento pasajero e histriónico de una creciente y radicalizada oposición al MAS.

La retención del líder cívico –que convoca cabildos masivos en Santa Cruz– en el aeropuerto de El Alto por militantes del MAS, en medio de insultos y amenazas, para que no llegara al Palacio Quemado a llevarle la “carta de renuncia” que “debía firmar” Evo lo victimizó como “secuestrado por hordas de masistas” alentadas supuestamente por el propio Estado; y eso en Bolivia siempre es un buen capital político (Evo también lo usó en su momento e incluso ahora sigue apelando a la victimización). Lo cierto es que en otras partes de Bolivia parece haber crecido la popularidad de Camacho -que dice que llevará la renuncia para que firme Evo en una mano y una biblia en la otra.

Pero al mismo tiempo, este giro –y la desaparición de Mesa, segundo en las elecciones, como actor principal– llevó también a una mutación en las protestas: el movimiento democrático incipiente, que reclamaba por el “fraude electoral” mutó a un movimiento lisa y llanamente opositor. La idea ahora es que Evo se vaya como sea. De esta forma, estas protestas se conectan con varias en la historia boliviana, y con una dinámica insurreccional donde cada sector corporativo inscribe sus indignaciones en una economía moral explosiva (ahora está Potosí que quiere más beneficios del litio, cocaleros enfrentados a Morales, estudiantes, médicos que vienen protestando desde hace meses… y muchos bolivianos a quienes no les alcanzan las buenas cifras macro); se dibujan además complejas fronteras de clase, ofensas a las identidades regionalistas y/o gremiales, alianzas que pueden parecer sorprendentes y una escasez de vías institucionales para moderar los enfrentamientos. Los propios medios de comunicación, en líneas generales, están contribuyendo bastante a la polarización política y social.

Por estas horas, más que fuerzas de seguridad vs opositores, lo que se ven son enfrentamientos entre los dos bandos a menudo con pasividad o intervenciones modestas de la policía. Pero es difícil ver cómo el discurso radicalizado del liderazgo por Santa Cruz puede vehiculizar una mejor cultura democrática en el país. Fernando Molina mostró bien en su breve artículos “¡Crisis de octubre’: analogías históricas” como funcionaron históricamente las dinámicas de enfrentamiento clasistas/territoriales/ étnicas post-Revolución del 52 y los imaginarios que las acompañaron. Mujeres creando lo resumió bien en un grafiti: “Indignación y racismo no son lo mismo”. Y no es difícil ver la analogía entre la expresión “hordas de de masistas” –que pueblan las redes- y hordas de indios/campesinos; lo mismo que en las denuncias de que “trajeron gente” de otros sitios…Este tipo de racismo no puede justificarse por el uso de estereotipos sobre los "cambas racistas" o los qharas al que apela el gobierno. Es claro que en este contexto se debilitan las palomas de ambos lados y gana espacio los halcones: quienes creen estar haciendo “la revolución” (Quintana habló de un nuevo Vietnam) y los que se entusiasman con líderes con “pelotas”, como Jair Messias al otro lado de la frontera (aunque este esté sorprendentemente calmo sobre el tema Bolivia).

Quizás Evo gane y siga un tiempo más; quizás sean los opositores quienes ganen la pulseada y se abra algún tipo de transición más o menos inmediata; hoy es difícil saberlo y aún pueden pasar demasiadas cosas. Por ahora, el gobierno se muestra aún con poder pero a la defensiva, y la oposición más activa juega a la insurreción (alguno hasta parece fantasear con algún farol), y en el medio hay también algunos demócratas ahora muy entusiastas con que Evo caiga como si eso per se mejorara en algo la calidad democrática en ausencia de algún acuerdo político y horizonte democrático compartido. Hay un bloque “nacional-popular” hegemonizado por el MAS que ha perdido legitimidad e iniciativa y otro bloque multiforme pero hegemonizado por un núcleo conservador. Entremedio las voces son inaudibles y Mesa es presionado para alinearse, por motivos de supervivencia, con este último.

Rafo Puente lo sintetizó bien: “Hemos vuelto a los peores tiempos y está quedando claro que en nuestro país sólo se puede respirar un ambiente de paz y tranquilidad cuando los desacuerdos ideológicos y políticos son entre bandos desigualmente fuertes (de modo que el más débil no puede hacer otra cosa que someterse; sin pensar en diálogo ni en acuerdos socio-políticos)”.

 

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Santiago Levín: “La injusticia social produce sufrimiento”

El prestigioso psiquiatra y psicoanalista advierte sobre el reduccionismo biologicista en psiquiatría, aunque señala que "esto no significa que no exista la biología". El impacto de lo social en la salud mental.

 

El nuevo libro de Santiago Levín, La psiquiatría en la encrucijada (Eudeba), analiza esta especialidad médica en el período comprendido entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Levín encuentra en ese lapso que la psiquiatría occidental se encuentra empeñada en una propuesta disciplinar que reduce el fenómeno estudiado a uno solo de sus componentes: el factor biológico. Esto, entiende, es un biorreduccionismo. Este prestigioso médico psiquiatra y psicoanalista analiza el origen histórico y epistemológico de esta propuesta y la caracteriza con sumo detalle. Luego analiza las causas de su declinación y plantea las derivaciones del debilitamiento. En ese sentido, su trabajo es una revisión crítica de la psiquiatría desde adentro, como señala el médico psiquiatra Norberto Conti en el prólogo correspondiente. “No es material para felicidad de los antipsiquiatras sino que es un material trabajado desde adentro de la psiquiatría y desde mi identidad de psiquiatra”, plantea Levín.

--Usted señala desde dónde se posiciona para realizar su trabajo: ni de la vereda de los que postulan una psiquiatría de base biológica que cuestionan la psicología y el psicoanálisis ni de quienes sostienen que el psicofármaco es un chaleco químico que se utiliza con fines punitivos y de control social. ¿Esta es la grieta científica de la Argentina o también es política?

--Dejemos de lado la palabra “grieta” por ahora. La salud mental es un campo sumamente polémico. Los psiquiatras, los psicólogos, los psicoanalistas, los terapistas ocupacionales, los enfermeros integramos un campo complejo, diverso, heterogéneo, donde hay posiciones encontradas, donde hay luchas corporativas y donde, a veces, en el medio de todo ese berenjenal nos olvidamos que nuestro objetivo es el trabajo por el beneficio de los pacientes, de la gente en general. Entonces, es necesario ir encontrando caminos de reunión, no de desunión. Por eso, en este momento no aceptaría usar la palabra “grieta”. Creo que la plataforma donde nos podríamos encontrar desde distintas posiciones respetando las diferencias es la de la salud pública; es decir, desde una epidemiología que es muy preocupante: de los trastornos mentales a nivel mundial. Y se pone cada día más preocupante. Me pregunto: ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos responder los profesionales de la salud mental dentro de la salud, en general, para que haya respuestas para toda la gente?

--¿La idea también es demostrar que una crítica al reduccionismo biológico en psiquiatría no es una crítica a la psiquiatría en general?

--Exactamente. Cuando uno critica el reduccionismo biológico, el acento habría que ponerlo en reduccionismo, no en biológico. También existe un reduccionismo psicológico, un reduccionismo sociológico y últimamente hemos postulado la existencia de un reduccionismo ideológico, un ideologismo, y un reduccionismo legalista, en donde todo el problema de la salud mental se resume a la tutela de unos derechos o a la defensa de una o dos ideas, o en el caso del reduccionismo sociológico sería la sociedad y el sistema que enferman y apartan, con lo cual habría que cambiar todo el sistema y se arreglaría el problema de salud mental. Nosotros postulamos una posición antirreduccionista, pero no solamente por un problema epistemológico sino por un problema clínico. No somos teóricos, filósofos ni epistemólogos. Somos clínicos, atendemos pacientes. Y para poder atender mejor el complejo fenómeno humano, esa demanda llena de matices y de espesores que llegan hacia nosotros, tenemos que hacer un enorme esfuerzo por no ser reduccionistas. Un poco de reduccionismo es epistemológicamente aceptable en el laboratorio. Un investigador que trabaja en hipertensión arterial con arteria renal de algún animal pequeño puede darse el lujo, incluso puede necesitar ponerse reduccionista. Pero a la hora de ir a la clínica, a la atención de personas, el reduccionismo es un enemigo. Pero la crítica al reduccionismo biológico no significa que no exista la biología... Significa que no somos sólo biología, pero sin biología no hay medicina, no hay psiquiatría ni hay salud mental.

--¿Cuál es el valor social de la psiquiatría en el siglo XXI?

--Es una excelente pregunta que yo me la hago todos los días y creo que la respuesta a esa pregunta la tenemos que construir todavía. Puedo dar una versión muy verde, muy preliminar. Como estamos en un terreno polémico, cambiante y heterogéneo, no hay una respuesta única a esa pregunta. Un conjunto grande de nosotros cree que la psiquiatría, como una de las cinco clínicas de la medicina, tiene todavía por mucho tiempo un rol muy importante a cumplir en una sociedad que quiera organizarse para atender su salud y su educación desde políticas planificadas. Yo creo que al final del día salud y educación son la misma cosa. No existe la una sin la otra. Entonces, son necesarias las políticas públicas en salud y en educación que son complementarias. El rol de la psiquiatría en un mundo donde la segunda causa de carga de enfermedad son las depresiones está bastante claro. Su pregunta se puede tomar desde distintos ángulos.

--¿Como cuáles?

--Desde el punto de vista epidemiológico, el rol social de la psiquiatría se explica mirando las primeras diez causas de enfermedad en el mundo. Las dos primeras son la enfermedad coronaria y la depresión. El consumo de alcohol, que es una patología gravísima a nivel mundial, y los trastornos de ansiedad tienen una prevalencia muy alta. Eso sería desde el punto de vista epidemiológico. Desde el punto de vista más político, el cuidado de la salud y la educación de una población son dos de los pilares fundamentales sobre los que se han construido las sociedades más justas e igualitarias en la historia reciente del mundo. Y desde el punto de vista estrictamente médico, la psiquiatría es una de las cinco ramas troncales de la medicina: tenemos medicina de adultos, de chicos, cirugía, la medicina de la mujer (tocoginecología) y la psiquiatría.

--En la periodización de Lanteri-Laura que usted recupera en el libro señala tres paradigmas. En el paradigma de la alienación mental se postula la existencia de una sola enfermedad: la alienación mental. ¿Cree que es el extremo de hoy en día en que se utiliza el DSM para una diversificación amplia de los trastornos mentales?

--En primer lugar, para lo que Lanteri-Laura llamaba “paradigma de la alienación mental” tenemos que movernos hacia el siglo XVIII, el siglo de las luces, y comprender el enorme cambio que significó la Revolución Francesa que, a su vez, pudo ser posible por algunos cambios de concepción de orden filosófico que tuvieron lugar a lo largo de todo ese siglo. Y hacia fines de siglo se pudo dar esta revolución burguesa tan trascendente en la historia de la humanidad. Ahí nacieron los conceptos de ciudadano, de individuo, de sujeto de derechos, los “derechos del hombre” en ese momento; hoy diríamos “del ser humano”, el Estado tripartito que se autorregula y que propende hacia el bien común, etcétera. En ese momento, el loco pasa al campo de la medicina convirtiéndose en alienado. “Alienado” ya pasa a ser un nombre médico. Antes, la locura no estaba en la esfera de la medicina.

--Era la etapa de las religiones y del oscurantismo.

--Exactamente, también de la policía. Entonces, existe solamente una relación muy lejana entre las concepciones de Philippe Pinel y de los alienistas de fines del Siglo XVIII y el DSM del Siglo XX. Sin embargo, hay una relación porque la locura pasó dentro del campo de la medicina por el tamiz de las clasificaciones. Empezó a ser objeto de la taxonomía. Así como se dividían el reino animal, el reino vegetal, etcétera, y ya la medicina clínica empezaba a armar sus nosografías, también fue la psiquiatría por ese camino.

--¿Aquel fue el momento en que se consolidó la estigmatización de la locura?

-–Me parece que no. Tal vez, la respuesta sería que sí, pero el concepto de estigma es muy reciente. Nosotros tratamos de evitar uno de los pecados en historia, que es el anacronismo. Cuando un concepto no está inventado esa noción no existe. Por ejemplo, la infancia no existió hasta antes del siglo XIX. No existía el concepto de que los seres humanos chiquitos eran infantes y tenían otras necesidades y otros modos de funcionamiento y otros derechos. Lo mismo pasa con el concepto de estigma. Para llegar al concepto de estigma tenemos que atravesar todo el siglo XX, el horror de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, la creación de Naciones Unidas, la introducción del concepto de derechos humanos, la generalización del concepto de los derechos humanos, el feminismo, los estudios de género, el concepto de amor por la diferencia, lo parecido y lo diferente. Entonces, empieza a aparecer la noción de que las personas que sufren alguna discapacidad mental deberían ser aceptadas en el seno de la sociedad que las generó sin discriminación. Ahí aparece el concepto de estigma. “Estigma” es una palabra que viene de la religión católica: “los estigmas de Cristo”. Se refiere a signos que desde afuera permiten rápidamente visualizar algo del orden de lo diferente; en este caso, para apartarlo. No sé si el nacimiento de la psiquiatría con la Revolución Francesa sería el origen de la estigmatización del paciente con trastornos mentales pero me parece una hipótesis interesante a estudiar.

--¿La dicotomía estar loco-no estar loco es un reduccionismo que no se ajusta a la época actual?

--Eso lo explica muy bien Lanteri-Laura en su libro Historia de los paradigmas de la psiquiatría moderna. Siguiendo la teoría de los paradigmas científicos de Thomas Kuhn, él explica que al superarse un paradigma con otro quedan esquirlas del paradigma anterior en el subsiguiente, después en el siguiente y así sucesivamente. Entonces, ese paradigma de esa época, donde todo el problema consistía en quedar de un lado u otro de la raya, sigue persistiendo hasta hoy bajo distintas formas. De hecho, ese preconcepto, el concepto equivocado de que existiría una línea y que uno podría estar totalmente de un lado o del otro es una de las bases del prejuicio y es una de las bases del estigma. Hoy pensamos que no es así y que todos tenemos un pie de cada lado en distintas proporciones.

--¿La profundización del sistema capitalista, el neoliberalismo, trajo aparejados cambios en los modos sociales de representación de la locura?

--Absolutamente sí, aunque no es sencillo responderlo en dos líneas. Acá habría que diferenciar el concepto de padecimiento del concepto de enfermedad. La palabra “enfermedad mental” se aplica a trastornos relativamente bien definidos, conocidos, que tienen una determinada evolución y un determinado tratamiento. Pero también existe el padecimiento. La injusticia social produce sufrimiento, no enfermedad mental, produce sufrimiento que puede tener síntomas mentales. La desocupación, la explotación, la falta de atención de la salud y la educación, la vivienda que no se tiene, las condiciones de marginalidad y de marginación producen sufrimiento agudo muy importante. Entonces, sí, el sistema produce, no diría trastornos mentales pero sí padecimientos mentales que se pueden convertir en trastornos si se cronifican. En Buenos Aires está muy estudiado que en la crisis de 2001-2002 se multiplicaron por dos o por tres los infartos agudos de miocardio en las guardias de los hospitales. El estrés agudo y el estrés crónico producen enfermedad física y también pueden producir trastornos mentales. Entonces, la relación entre el concepto de padecimiento y el concepto de enfermedad se borronea un poco. Pero, por supuesto, el sistema tiene mucho que ver con la felicidad o la infelicidad de los pueblos.

--¿Cree que la denominada “década del cerebro 1990-2000” fue la anticipación del modelo de las neurociencias de hoy en día?

--Las neurociencias están muy bien siempre y cuando no las dejemos solas en el escenario. El cerebro es un órgano maravilloso, complejísimo. Nos falta aprender muchísimo sobre el cerebro. Es una cantidad de neuronas casi inimaginable. La plasticidad, la enorme cantidad de conexiones y de posibilidades que tiene ese órgano dentro de la caja craneal seguramente guarda un montón de misterios a resolver. Como dice un amigo mío: “Si hay mentes, seguro hay cerebros en algún lugar cercano”. Por supuesto que hay una relación entre una cosa y la otra. El problema es cuando ese saber y ese conocimiento se utilizan de manera reduccionista y se intenta explicar la homosexualidad a partir de un gen. Esto fue uno de los clásicos de la década del 90. En esa década hubo una euforia que luego se vislumbró como no justificada en donde el estudio del cerebro y la secuenciación del genoma humano iban a traer todas las respuestas que estábamos necesitando. Eso no pasó. Y hoy por hoy, como dice Germán Berríos, no tenemos ningún diagnóstico en psiquiatría que se pueda hacer a partir de un parámetro biológico. Si esto va a cambiar o no en el futuro no lo sé, pero en la fecha, el diagnóstico en psiquiatría es clínico.

Miércoles, 06 Noviembre 2019 06:11

Haití: Ocho semanas en las calles

Haití: Ocho semanas en las calles

Este 4 de noviembre inició la octava semana de protestas en Haití en contra de la administración de Jovenel Moïse. Según datos de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, se contabilizaban la semana pasada 42 muertos y 86 heridos.

La misma ONU da cuenta de la represión gubernamental ante las masivas movilizaciones que han desencadenado una importante crisis política. La mayoría de los fallecidos son por herida de bala y entre ellos se encuentra un periodista que cubría las movilizaciones. Impotente, la normalmente intervencionista Organización de las Naciones Unidas (ONU) se limitó a denunciar su preocupación y a pedir a las partes encontrar una solución.

Las protestas iniciaron a mediados de septiembre debido a una fuerte escasez de combustible que rápidamente se convirtió en una oleada de reclamos sociales en contra del gobierno que mantiene a la población con 60% bajo la línea de pobreza y sin un plan real que resuelva la crisis estructural que se profundizó tras el terremoto de 2010, el cual fue aprovechado por el imperialismo estadounidense para militarizar el aeropuerto internacional desplegando marines para así ser el regulador de esta posición estratégica.

Las protestas mantienen bajo múltiples barricadas ciudades principales como Puerto Príncipe, Pétion Ville y Delmas. Al contrario de la ONU, que busca una salida negociada con sectores de oposición, el movimiento popular en las calles exige la dimisión de Moise y sus parlamentarios, castigo a corruptos, plan contra la crisis y menos intervención neoliberal.

La crisis socio política que se desató en el país ha llevado a miles a tomar las calles y enfrentar la represión del gobierno, el cual se niega a dimitir y que también se ha aislado políticamente al buscar pretender acordar con la oposición una salida que mantenga al Estado junto a sus instituciones intactos, pero sin cederle espacios de interlocución.

Para ello nombró una Comisión de Diálogo con siete de sus funcionarios gubernamentales la cual entró rápidamente en crisis al dimitir cuatro de ellos ante la insistencia pública de que no va a dimitir.

La oposición "democrática" se endurece ante las masas

"La lucha se realizará con disciplina, orden y convicción. No será una batalla contra el pueblo, sino una batalla con el pueblo y para el pueblo", anunció la bancada opositora de Haití.

Con este discurso que hizo el lunes 4 la organización Alternativa Consensual para la Refundación de Haití respondió ante la posibilidad de la caída del gobierno mediante la protesta y el creciente riesgo de que los partidos de oposición se vean rebasados por la revuelta popular. Así fue como disfrazaron su llamado a un toque de queda a partir de las 19:00; escudándose en evitar mayor número de muertos, pero que en realidad tiene como finalidad paralizar, atemorizar y reprimir a los manifestantes que desacaten y así mostrarse como una mediación susceptible de entrar en negociaciones con el gobierno.

A este esfuerzo por mantener el régimen y desarticular las movilizaciones en las calles se sumó la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, que pidió qué las dirigencias llamaran a protestar de manera pacífica respetando la propiedad privada.

Estos nuevos discursos de la oposición demuestran que los dirigentes están buscando desviar las protestas hacía sus propios intereses de poder, pactando con el gobierno afín al imperialismo yanqui, tratando de acallar con un bozal las demandas urgentes de la población y buscando una salida auspiciada por las mismas instituciones que hoy mantienen al país en crisis.

Es por eso que está semana será importante para tener una idea de hacía a donde van las movilizaciones y su capacidad para rebasar a los esfuerzos de las dirigencias "opositoras" que pretenden frenarlas. En estos momentos críticos, los haitianos podrían sorprender con organismos de auto organización que busquen romper con la respuesta represiva del gobierno avalada por el toque de queda opositor.

Lo que sucede en Haití, no es caso aislado, forma parte de un segundo ciclo de revueltas y jornadas revolucionarias traídas por la crisis del 2008, que hoy tiene como uno de sus epicentros a varios países de América Latina.

Al igual que esos países, el proceso de lucha que viven las masas empobrecidas haitianas debe reflejarse en un desarrollo de la organización independiente de las mismas, empezando por impulsar asambleas y organizaciones propias, para la discusión de los verdaderos problemas que pasan por detener inmediatamente la relación de subordinación del país a los intereses extranjeros, echando abajo al gobierno lacayo del imperialismo y el FMI sin ninguna confianza en los "opositores" del toque de queda.

Por Alejandro Razett

Miércoles 6 de noviembre

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Enorme paquete de ajustes de Bolsonaro ataca salarios, salud y educación

El gobierno brasileño presentó un proyecto de ley que busca esquilmar a los trabajadores para pagar la deuda a los banqueros multimillonarios.

El presidente de Brasil Jair Bolsonaro y su ministro de Economía Paulo Guedes, fueron personalmente al Congreso a entregar el nuevo proyecto de ataques con el que pretenden estrangular a los empleados estatales, los servicios públicos, todo el presupuesto público en nombre del "ajuste fiscal", que permita seguir pagando la deuda pública y enriqueciendo el bolsillo de banqueros multimillonarios.

El proyecto de reformas, que busca recortar miles de millones del presupuesto público y liberarlos para el eterno saqueo del pago de intereses de la deuda pública, comienza a delinearse. Desde la aprobación de la reforma previsional en el Parlamento, el gobierno de Bolsonaro se prepara para avanzar en el desguace del Estado. Guedes hace mucho venía anunciando la monstruosa proporción de ajustes fiscales y privatizaciones pero solo ahora con el proyecto cerrado es posible empezar a visualizar concretamente las dimensiones del ataque pretendido.

Este martes fueron presentadas tres propuestas de enmiendas constitucionales. Una enmienda de emergencia, que busca reducir gastos obligatorios, una enmienda al pacto federativo, que modifica la distribución de recursos entre Nación, provincias y municipios, y una enmienda que busca revisar los fondos públicos.

La enmienda de reforma administrativa, que modifica las reglas del empleo público, quedará para los próximos días. También serán presentadas más adelante un paquete de estímulo al empleo, un proyecto de ley para acelerar las privatizaciones y la primera fase de la reforma tributaria, que creará el Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) dual.

Enmienda constitucional de emergencia

El techo de gastos aprobado durante el gobierno de Michel Temer preservó los gastos obligatorios, es decir, salarios, inversiones en salud y educación. La nueva medida de Bolsonaro profundiza los cortes. Están previstas la reducción temporal de la jornada laboral y de salarios a los empleados públicos, así como la anticipación de las medidas emergenciales de ajuste en caso que no se cumpla el techo de gastos.

Se crea el "estado de emergencia fiscal", un mecanismo de "estado de excepción" en el que los gobernadores podrán arbitrariamente congelar pagos, incluso reajustes salariales y reducir jornadas y salarios.

Otro escándalo es la maniobra contable que metieron para que los gastos en jubilaciones de empleados de la salud y educación sean incorporadas en el presupuesto de las áreas. Esta medida significa un brutal recorte ya que ocuparía buena parte del presupuesto de esas áreas.

Cambios en el pacto federativo

El pacto federativo es el acuerdo entre Nación, estados y municipios que establece la manera en que se dividirán deberes e ingresos.

Uno de los puntos principales del paquete es el denominado "DDD": desvincular, desindexar y desobligar. A través de una flexibilización mayor del presupuesto, el gobierno busca desvincular el mayor porcentaje posible de los gastos obligatorios, casi 90% de los recursos presupuestarios. Entre las partidas obligatorias están las inversiones en salud y educación.

Enmienda de los fondos públicos

Esta enmienda revisa 281 fondos públicos actualmente no constitucionales, cuyos recursos tienen un destino específico. La medida permitiría su uso para el pago de la deuda pública. Entre los que pueden ser afectados están el FunPen (Fondo Penitenciario Nacional), el Fust (Fondo de Universalización de los Servicios de Telecomunicaciones).

Distintas medidas, un objetivo: el desguace del Estado

Todas estas iniciativas buscan promover el desguace del Estado para liberar recursos al pago de la deuda pública. En la agenda neoliberal de Guedes, la misma que provoca el enorme repudio de la población chilena en enormes movilizaciones, las imposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y del techo de gastos no son suficientes para drenar recursos del Estado hacia el capital financiero, por eso busca desangrar a los empleados públicos y al conjunto de la población.

Por Isabel Infanta

@isabel_infanta

Miércoles 6 de noviembre | 01:12

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