Estados Unidos y las derivaciones del Lava Jato

Indagan sobre la injerencia de Washington en la megacausa de corrupción 

Un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. 

 

a lupa se posó demasiado tarde sobre las implicancias dañinas para Brasil en el Lava Jato y el papel que cumplió el Departamento de Estado de EE.UU. Proscripto y encarcelado Lula, y destituida Dilma Rousseff, el huevo de la serpiente arrojó lo que ya se sabe. El acceso al Planalto de un ex militar que reivindica a la dictadura, la tortura y cuyo gobierno negacionista multiplicó las consecuencias de la trágica pandemia. Ahora un grupo de 23 congresistas demócratas espera la respuesta del fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para conocer de qué modo se entrometió la principal potencia mundial en los asuntos internos brasileños. Lo que parecía imposible con Donald Trump, pasó con Joe Biden. Pero eso no quiere decir que hayan variado los intereses y la estrategia de la Casa Blanca para el país que preside Jair Bolsonaro. Quizá puedan conocerse más detalles secretos de las injerencias de Washington en la megacausa de corrupción que explotó en 2014. Algunos datos se difundieron hace tiempo. Son parte del lawfare (ley y guerra, las cosas por su nombre) que terminó con la hegemonía del PT en octubre de 2018 y permitió la llegada de la ultraderecha al poder.

El pedido de explicaciones al fiscal general Garland de los representantes del Partido Demócrata es una derivación de la carta que 77 legisladores brasileños les enviaron a sus pares de EE.UU en 2020. The Nation, un medio progresista de Estados Unidos, difundió la solicitud de colaboración entre los congresistas. Citando al grupo de 23 demócratas – que integran Alexandria Ocasio-Cortez de Nueva York, Susan Wild de Pennsylvania, Ilhan Omar de Minnesota, Rashida Tlaib de Michigan, Raul Grijalva de Arizona y Jesús ‘Chuy’ García de Illinois, entre otros y otras – señaló que están preocupados porque “los recursos que deberían haberse destinado a una importante legislación estadounidense dedicada a combatir la corrupción se hayan utilizado indebidamente”.

La carta a Garland la firmaron – además de los representantes del Congreso – organizaciones sindicales de Estados Unidos como la United Auto Workers, la United Food and Commercial Workers, y Retail, Wholesale and Department Store Union. Un gremio automotriz, uno de alimentos y el de trabajadores de grandes empresas como Amazon. Todos exigieron la semana pasada que se haga pública la información vinculada al Departamento de Estado y su intervención en el Lava Jato.

Lawfare

Las irregularidades del proceso que llevó adelante el exjuez y exministro del actual gobierno, Sergio Moro, siguen ventilándose. Aunque todavía sin consecuencias importantes como las que espera la sociedad brasileña por los efectos devastadores que tuvo el lawfare para su democracia. BBC News Brasil entrevistó al ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurelio Mendes, quien deslizó que si se probaran más delitos cometidos por el Poder Judicial en el Lava Jato caerían más sentencias como la que encarceló y proscribió al expresidente Lula.

Algunos de los hechos ya se conocen y tuvieron a Estados Unidos en un papel protagónico. Un trabajo publicado en la página de CELAG (Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica) por la politóloga argentina Silvina Romano el 28 de mayo de 2017 señala que “la judicialización de la política tiene objetivos materiales claros. Sin necesidad de escudriñar demasiado, puede verse que el ‘árbol’ de la corrupción, parecería estar tapando un bosque: el desguace de la estructura económica brasileña”.

El objetivo así planteado perseguía mucho más que investigar las prácticas corruptas en la multinacional brasileña Odebrecht. El texto de la también investigadora del CONICET es prolífico en antecedentes del lawfare que sufrieron los principales dirigentes del PT. Explica además que “parece claro que una de las motivaciones del espionaje fue Petrobrás y el rol de Brasil en el mercado mundial de hidrocarburos”.

La expresidenta Rousseff fue espiada por la NSA (un ente subordinado a la CIA) y en 2013, su ministro de Justicia Eduardo Cardozo calificó al hecho como “gravísimo” y una “clara violación de la soberanía” brasileña.

Una de las agentes del FBI que trabajó codo a codo con la Policía Federal de Brasil y los operadores judiciales en ese país al servicio del Departamento de Justicia de EE.UU es Leslie Backschies. Citada por Associated Press en marzo de 2019, dijo sin sonrojarse: “Vimos presidentes derrocados en Brasil”. También observó “mucha actividad en América del Sur. Odebrecht, Petrobras… Sudamérica es una región donde hemos visto corrupción. Hemos tenido mucho trabajo allí”. Nada nuevo, salvo el interés unidireccional de Estados Unidos en la corrupción de los gobiernos que no siguen como rebaño su política hemisférica.

Durante el Lava Jato – al que fue asignada en 2014 – la integrante del FBI se familiarizó con la llamada República de Curitiba. Ella viajaba a la capital de Santa Catarina con una frecuencia parecida a la que Moro lo hacía a Estados Unidos. Ya en julio de 1998 y con apenas 25 años, el exministro estrella de Bolsonaro participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces nunca detuvo sus viajes a EE.UU. En julio de 2016 y con el Lava Jato lanzado a la caza de corruptos, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales.

El desenlace de Moro en el gabinete del actual presidente brasileño es conocido. Por sus buenos oficios, Backschies fue premiada con destino en la ciudad del sol, Miami. Desde 2019 está al frente de la Unidad de Corrupción Internacional (UCI) del Buró Federal que hizo famoso Edgar Hoover, el jefe misógino y racista que lo condujo a lo largo de casi 40 años.

La política continua de injerencias de Estados Unidos en América Latina con fines comerciales tiene un mojón en la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) o Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1977. Es la herramienta más útil del Departamento de Justicia para sancionar a otros estados cuando se cometen delitos económicos fuera de la jurisdicción de EE.UU. Es una de las precursoras – después se agregaron otras – en la instalación del concepto de extraterritorialidad, tan expuesto en las políticas de Washington hacia Cuba y Venezuela. Desde marzo de 2015 el FBI extendió su influencia en las investigaciones sobre casos de corrupción más allá de sus fronteras. El de Brasil fue uno paradigmático que hoy recobra su interés en el Capitolio. El pedido de explicaciones al fiscal general de EE.UU por los representantes demócratas llega tarde pero puede seguir esmerilando al Lava Jato.

Por Gustavo Veiga

15 de junio de 2021

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El general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y Dora María Téllez, Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por el régimen de Daniel Ortega. La segunda concedió una entrevista a Jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

"Estos son los zarpazos de un régimen que se siente moribundo", acusa el general retirado Hugo Torres

 

Otros cinco dirigentes opositores al gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entre ellos los históricos ex guerrilleros sandinistas Dora María Téllez, la Comandante 2, y el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, fueron detenidos este fin de semana por la policía, con lo que suman 12 los políticos arrestados en las últimas dos semanas.

La noche del sábado, la policía aprehendió a Tamara Dávila y ayer apresó a Téllez, Ana Vigil, Suyen Barahona y Torres, todos del partido Unión Democrática Renovadora - Unamos, formado por disidentes del oficialismo.

También estuvo bajo arresto, aunque brevemente, el ex vicecanciller Víctor Hugo Tinoco.

Las detenciones se inscriben en la reciente escalada contra la oposición, que incluye la exclusión de cuatro precandidatos para las presidenciales de noviembre y citación ante la justicia de periodistas críticos.

Ortega, quien cursa su tercer mandato consecutivo, ha dicho que sólo cumple la ley, que le permite apresar a quienes reciben financiamiento extranjero, publiquen información "falsa" o, entre otras cosas, hayan celebrado las sanciones internacionales aplicadas contra los nicaragüenses.

La policía de Nicaragua señaló que los detenidos cometieron "actos que menoscaban la independencia, la soberanía e incitaron a la injerencia extranjera en asuntos internos al pedir intervenciones militares, además de que se organizaron con financiamiento extranjero".

Antes de que fuera aprehendido, Torres, ex aliado de Ortega, grabó un video en el cual aseguró que el mandatario traicionó sus principios. "Estos son zarpazos desesperados de un régimen que se siente moribundo, que no tiene asidero legal para permanecer en el poder más allá de noviembre de este año, en que tendrían que realizarse elecciones libres y supervisadas", sostuvo.

A principios de junio, la policía puso a la líder de la oposición Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario poco después de que anunció sus planes de postularse a la presidencia con la intención de poner fin a 14 años consecutivos de mandato de Ortega.

Al arresto de Chamorro le siguieron los de otros opositores, situación que ha llevado al gobierno de Estados Unidos y a organismos defensores de derechos humanos a pedir su pronta liberación y calificar a Ortega de "dictador".

Torres participó en las dos operaciones más grandes del Frente Sandinista contra la dictadura de Anastasio Somoza: la toma de la casa del alto funcionario somocista José Maria Chema Castillo, quien el 27 de diciembre realizaba una fiesta de despedida al embajador de Estados Unidos, Turner B. Shelton, operativo con el cual se exigió la liberación de varios presos políticos, entre ellos Daniel Ortega.

La otra gran batalla en la que combatió Torres fue el asalto al Palacio Nacional, junto con Edén Pastora, Comandante Cero, y Dora María Téllez, conocida como la Operación Chanchera el 22 de agosto de 1978, que aceleró la caída de Somoza.

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Lunes, 14 Junio 2021 05:58

Nicaragua: la involución de Ortega

Nicaragua: la involución de Ortega

Los legendarios combatientes sandinistas Dora María Téllez y Hugo Torres, así como la activista Ana Margarita Vijil, fueron apresados ayer por el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, donde habrá de realizarse un proceso electoral de sucesión presidencial este año.

En días anteriores, la policía de Nicaragua encarceló a los principales aspirantes opositores a la presidencia, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro García, así como a media docena de líderes disidentes, algunos de los cuales se encuentran con paradero desconocido.

Todos ellos fueron detenidos por "realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos y lesionar los intereses supremos de la nación".

Las acusaciones resultan absurdas si se considera que los afectados han venido desarrollando su actividad política en el contexto de la legalidad y la han orientado a la participación electoral, y resultan grotescas en el caso de dirigentes históricos del sandinismo como Dora María Téllez quien, por serlo, fue incluida en una lista de "terroristas" por el gobierno de Estados Unidos durante la administración de George W. Bush.

La razón real de la persecución es, en cambio, el afán de Ortega y de su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, de ir a unas elecciones sin oposición con el fin de perpetuarse y prolongar su estadía en un poder que ostenta desde hace varios años las características del autoritarismo corporativo.

Una cruel paradoja de la historia es la paulatina transformación de Ortega –quien fue un gobernante progresista y democrático en la época de la Revolución Sandinista, entre 1979 y 1990– en una figura semejante al dictador Anastasio Somoza Debayle, derrocado precisamente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), y con el que se cerró un ciclo de dictaduras dinásticas que comenzó en 1937.

Cuando el FSLN fue derrotado en las urnas en 1990, Ortega pasó a la oposición política y volvió a la presidencia en enero de 2007, aliado esta vez con sectores de la derecha y con un programa regresivo en el ámbito de los derechos reproductivos.

Relecto en 2011 y en 2016, enfrentó de manera autoritaria y represiva las protestas sociales que comenzaron dos años más tarde y dejaron un saldo de alrededor de 300 víctimas mortales.

Así, el régimen autoritario de Ortega-Murillo se asemeja más a la dictadura somocista que al gobierno revolucionario que le sucedió y en Nicaragua, hoy por hoy, la democracia es sólo una aspiración.

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Bennett asumió como primer ministro y puso fin a la era Netanyahu en Israel

El nuevo gobierno fue aprobado por un estrecho margen en una tensa sesión en el Parlamento

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional mientras que Netanyahu, quien ocupaba el cargo desde 2009, aseguró que hará todo lo posible para "derrocar" al gobierno.

 

Luego de varios días de negociaciones, el líder ultranacionalista Naftali Bennett asumió como primer ministro de Israel poniendo fin a la era de Benjamin Netanyahu, el premier de más larga gestión en la historia del país. Aprobado en una tensa sesión en el Parlamento con una estrecha mayoría de 60 diputados a favor frente a 59 en contra y una abstención, el llamado "gobierno de cambio" estará liderado en los dos primeros años por Bennett y en los dos siguientes por el centrista Yair Lapid

En su discurso, el flamante primer ministro hizo un llamado a la unidad y la reconciliación nacional, mientras diputados del Likud de Netanyahu, de formaciones ultraortodoxas y de Sionismo Religioso lo interrumpieron, increparon e insultaron durante la sesión. "Bibi" Netanyahu, por su parte, aseguró que permanecerá como líder de la oposición para "derrocar" al nuevo gobierno. La histórica sesión parlamentaria del domingo fue seguida en las calles por simpatizantes de los partidos de la nueva coalición de gobierno que celebraron el éxito de la investidura, mientras que cientos de israelíes ultrareligiosos se concentraron en el Muro de los Lamentos para rezar en rechazo a Bennett y Lapid.

"Israel no es como cualquier otro país, es el sueño de generaciones de judíos desde Marrakesh a Budapest, desde Bagdad a San Francisco; cada generación tiene sus desafíos y cada generación tiene los líderes que necesita", sostuvo Bennett en su discurso desde la Knesset, horas antes de la votación. El flamante primer ministro se mostró favorable a la cooperación con Estados Unidos, aunque cree que es un error que Washington vuelva al pacto de 2015 destinado a limitar el desarrollo nuclear de Irán.

Bennett acusó al saliente Netanyahu de "fomentar una tormenta de odio" en sus últimos meses de mandato, que culminaron en "un choque de hermanos y un país paralizado". Sin embargo, el primer ministro le agradeció a "Bibi" sus 12 años de servicio a Israel. "Es el momento de pasar el liderazgo de la nación y el Estado a la próxima generación", zanjó.

El líder de Yamina anunció que cerrará tres ministerios, ampliará la educación pública, mantendrá la eximición de los ultraortodoxos en edad militar del servicio en el Ejército y los liberará para que se incorporen a la fuerza laboral. Una de las carteras más importantes, la de Defensa, seguirá en manos de Benny Gantz, líder de Azul y Blanco. Avigdor Lieberman, otro viejo conocido de la política israelí conocido por sus posturas extremistas, dirigirá la cartera de Finanzas. El ministerio de Economía quedará en manos de Orna Barbivai, de Yesh Atid, e Interior quedará en manos de la número dos de Yamina, Ayelet Shaked

Luego de mantenerse Bennett como primer ministro por dos años, el centrista Lapid (que ahora ocupará el puesto de ministro de Asuntos Exteriores) lo sucederá en el cargo en 2023. El punto más alto de polarización durante la sesión en la Knesset se produjo cuando los parlamentarios de Sionismo Religioso fueron expulsados del recinto después de protestar contra Bennett y llamarlo "ladrón de votos".

El día fue extremadamente tenso si se le suma la amenaza de un diputado de la Lista Árabe Unida de votar en contra del nuevo gobierno y por los dardos de los diputados del partido de Netanyahu, el Likud, contra los dos artífices de la coalición. De hecho, Lapid ni siquiera pudo pronunciar su discurso.

"Me salto el discurso que planeaba pronunciar hoy porque estoy aquí para decir una cosa: pedir perdón a mi madre. Tiene 86 años y no le pedimos que venga a la ligera, pero lo hicimos porque asumí que serían capaces de comportarse", se lamentó el dirigente centrista antes de abandonar el estrado.

A su turno, Netanyahu disparó un aluvión de críticas contra el nuevo gobierno. "Si estamos destinados a estar en la oposición, lo haremos con la cabeza en alto hasta que derroquemos a este peligroso gobierno", declaró el hasta este domingo primer ministro.

Netanyahu acusó al flamante primer ministro de perpetrar el "mayor fraude desde la historia de Israel" en una coalición que, entiende, lo mostrará debilitado frente a la comunidad internacional. "No tiene una posición global. No tiene la credibilidad. No tiene la competencia ni tiene el respaldo de su propio gobierno, de lo dividido que está", manifestó.

El saliente primer ministro, quien ya ocupó el cargo entre 1996 y 1999, llegó nuevamente al poder el 31 de marzo de 2009 tras las elecciones de ese año, celebradas después de que Ehud Olmert dimitiera en 2008 en medio de acusaciones de corrupción, y desde entonces ha sido la cabeza visible del gobierno israelí de forma ininterrumpida. "Bibi" sufrió un importante deterioro de su imagen en los últimos años, especialmente a raíz de su imputación por corrupción, situación que lo convirtió en el primer ministro en ser sometido a juicio estando aún en el cargo.

Además Netanyahu perdió una considerable cantidad de apoyo en el bloque de derechas. Esta situación se vio reflejada en la profunda crisis política que atraviesa el país desde finales de 2018, cuando la renuncia del entonces ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, forzó unas elecciones que abrieron un ciclo de cuatro votaciones en cerca de dos años que derivaron en parlamentos fragmentados y sin mayorías claras.

El Likud de Netanyahu logró una nueva victoria en las elecciones de marzo, si bien el bloque integrado por partidos derechistas y ultraortodoxos quedó lejos de lograr una mayoría. Así el presidente del país, Reuven Rivlin, optó por conceder el mandato a Lapid, un antiguo periodista que se distanció el año pasado del líder del opositor Azul y Blanco, Benjamin Gantz, por su pacto de coalición con el entonces primer ministro. A pesar de todo, Netanyahu sigue siendo una figura altamente influyente en el país y ya adelantó que hará lo posible por derribar a la nueva coalición de gobierno.

14 de junio de 2021


Tanto Fatah como Hamas ven escasas diferencias con la gestión saliente

La dirigencia palestina muestra escepticismo con el nuevo gobierno de Israel 

El nuevo primer ministro israelí, el ultranacionalista Naftali Bennett, aseguró que su "gobierno de cambio" no dudará en lanzar otra operación militar contra la Franja de Gaza si lo ve necesario. "Espero que el alto el fuego vigente con Hamas se mantenga", pero si el grupo islamista "elige usar la violencia contra Israel chocará contra un muro de acero", advirtió Bennett en su discurso desde el Parlamento.

Respecto al conflicto palestino-israelí Bennett, partidario de la línea dura que en el pasado bregó por la anexión de parte de Cisjordania ocupada, aseguró que "no se trata de un conflicto territorial", considerando que hay que "recordar al mundo que los enemigos de Israel aún no reconocen la existencia de un Estado judío".

Fawzi Barhoum, vocero del movimiento islamista Hamas que el mes pasado se enfrentó a Israel en la peor escalada bélica desde 2014, aseguró que "cualquiera sea la forma del Ejecutivo israelí no cambiará nuestro trato como entidad ocupante a la que se debe resistir". Por su parte el ministerio de Asuntos Exteriores del gobierno palestino con sede en Ramalá opinó que "no habrá ninguna diferencia, e incluso (el nuevo gobierno) puede ser peor".

El Ejecutivo ratificado por la Knesset agrupa una coalición de ocho partidos de casi todo el espectro político, e incluye por primera vez a una formación árabe, la islamista Raam. Este grupo representa a parte de la población palestina con ciudadanía israelí.

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Chamanes realizan un ritual en apoyo a Castillo en el Cerro San Cristóbal de Lima.. Imagen: EFE

A estos pueblos históricamente despojados el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Éstas son su voces.

 

En un país marcado por profundas inequidades, esta elección presidencial ha expuesto la división entre las élites y los sectores populares, los olvidados, entre la capital y el interior, entre el Perú oficial y el Perú profundo. Una división y exclusión que el país oficial se ha empeñado en ocultar, pasar por alto. Ahora, en la desesperación de las élites por su derrota y la pérdida del poder, esa discriminación emerge mostrando su peor rostro racista y clasista. Son dos países. Entre los más excluidos, los más pobres, están los pueblos indígenas, andinos y amazónicos.

En esta elección, un hombre de origen campesino, andino, el profesor Pedro Castillo, virtual presidente electo, sorprendió a todos y ahora las élites excluyentes maniobran para sacarle votos en mesa y tratar de bloquear su llegada a la presidencia. Los sectores campesinos, indígenas, votaron masivamente por el profesor de escuela rural. Y es a estos pueblos históricamente despojados a los que el fujimorismo, derrotado en estas elecciones, busca despojarlos también de sus votos, no contarlos. Invisibilizados como ciudadanos, ahora también se les quiere invisibilizar como electores.

El 25 por ciento de la población peruana es indígena, unos ocho millones. De ellos, la gran mayoría son comunidades andinas, quechuas principalmente y aymaras en menor proporción. Y unos 300 mil pertenecen a diversos pueblos originarios de la Amazonia.

"Están indignados"

“En estas elecciones estamos viendo el racismo en todo su esplendor. A ellos les duele haber perdido con un campesino, un profesor, por eso están indignados y quieren sacarnos nuestros votos. Qué casualidad que cuando piden anular votos lo hacen con los de las comunidades indígenas. Las acusaciones que nos hacen de haber rellenado las ánforas y las actas de votación son falsas, no tienen ningún sustento. Nuestros hermanos están molestos”, le señaló a Página/12 Melania Canales, campesina quechua, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

Lizardo Cauper es dirigente de un pueblo originario amazónico y presidente de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana - Aidesep. “Primero niegan que existimos, ahora nos quieren robar nuestros votos” dice, con indignación. “La mafia -agrega- se resiste a aceptar su derrota e inventa un fraude. Es indignante su racismo que pretende ignorar el voto indígena con su poder económico. Estamos defendiendo nuestros derechos. Nos declaramos en estado de emergencia para defender nuestro voto”.

"Expresiones racistas"

“Ellos (los fujimoristas) tienen expresiones racistas contra los pueblos indígenas. Han dicho ‘en las serranías han llenado las actas electorales a su antojo’. Eso es una falsedad y es indignante para nosotros. Se nos sigue tratando como personas de segunda categoría en pleno siglo XXI. Se debe entender que no hay razas ni culturas superiores. Hay un desprecio hacia los pueblos indígenas y ahora nos quieren robar nuestros votos”, señala Víctor Maita, campesino quechua, presidente de la Confederación Nacional Agraria. Sobre la negativa de la derecha a admitir su derrota electoral, sus ataques con tono de desprecio y racismo contra Castillo y sus votantes, Maita advierte que “lo que están generando es polarizar al pueblo peruano, ya estamos cansados de esa polarización”.

Hugo Jilaja, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, asegura que “la población aymara está indignada” por las afirmaciones del fujimorismo de que en las zonas rurales e indígenas se hizo fraude en las mesas para favorecer a Castillo. Acusaciones sin fundamento que buscan anular esos votos masivamente favorables al candidato de la izquierda.

Keiko Fujimori ha acusado a las poblaciones rurales de suplantar a los miembros de mesa para coparlas, conclusión a la que la derrotada candidata llega porque las firmas de algunos miembros de mesa no le parecen iguales a las de sus documentos de identidad o porque tienen el mismo apellido y eso la hace suponer que son familiares enviados para manipular votos a favor de Castillo. Denuncias sin evidencias serias.

"Fuijmori agrede"

El dirigente aymara Hugo Jilaja le responde: “Keiko Fujimori no conoce la realidad de los pueblos indígenas. Las personas mayores de las comunidades indígenas tienen dificultades de hacer su firma, no están acostumbrados a firmar, por eso cundo firman no es igual a su documento de identidad. En las comunidades hay muchas personas con el mismo apellido que no son familia. Y todos sabemos que en las mesas electorales se agrupa por orden alfabético de los apellidos. Los pueblos originarios han sido agredidos por Keiko Fujimori. Rechazamos la discriminación étnica ejercida por ella”.

Maita anuncia acciones de protesta si se consuma la pretensión de Keiko Fujimori, y la derecha en pleno, de anular unos 200 mil votos rurales e indígena para cambiar el resultado electoral. “Los pueblos originarios tenemos claro que los grupos de poder económico se han juntado para defender sus privilegios. Si no se respeta el voto rural, primero iniciaremos acciones legales y luego medidas de lucha, de fuerza. Haremos respetar nuestro voto”.

“Los indígenas defendemos la democracia que hemos ganado en los últimos 20 años. Estamos vigilantes y atentos. Esta incertidumbre está generando zozobra en los pueblos indígenas”, dice, por su parte, Jilaja.

Melania Canales le comenta a este diario las razones por las cuales las comunidades campesinas han votado masivamente por Castillo. “Nos identificamos con Castillo porque representa a las personas que somos víctimas del racismo y de las brechas de desigualdad e injusticia. Yo soy indígena, él es de un pueblo descendiente de indígenas, soy campesina y de la clase baja como él. En estos 200 años de República nos han gobernado las oligarquías, los burgueses, ya era hora que nos gobierne alguien del pueblo”.

Sobre sus expectativas con un gobierno del profesor rural, Canales dice: “Esperamos cumpla con su palabra. Le hemos dicho que no nos traicione. Somos conscientes que su gobierno va a ser difícil, acosado para tratar de hacerlo inestable, no lo van a dejar gobernar fácilmente, el pueblo tendremos que estar en las calles permanentemente para defender y sostener su gobierno. Lo primero que esperamos es que haga una nueva Constitución. Queremos que empiece a limpiar la casa, porque no es posible que en el aparato estatal haya gente totalmente racista. Ha prometido apoyar a la agricultura familiar, esperamos que haga eso. Ningún proyecto extractivo debe ir adelante sin el consentimiento social de las comunidades”.

"Votamos por el cambio"

Por su parte, Lizardo Cauper señala que su apoyo es por el cambio. “Los pueblos indígenas votamos por el cambio, en contra del modelo económico neoliberal, que es insostenible, insistir en lo mismo sería suicida. Hemos elegido un cambio y del nuevo gobierno esperamos ese cambio. Los pueblos indígenas somos discriminados, queremos una sociedad democrática, sin racismo ni opresión. Esperamos eso. Es fundamental que el nuevo gobierno nos escuche”.

El dirigente aymara Hugo Jilaja también opina sobre lo que demandan del próximo gobierno del profesor Castillo. “Exigimos que las autoridades tengan diálogo con los pueblos originarios. Exigimos el cese de la discriminación étnica que ha dividido a la población peruana. Demandamos librarnos de la mentalidad colonial”.

Los pueblos originarios de los Andes y la Amazonia están a la expectativa de lo que vaya a ocurrir con sus votos que la derecha pretende anular. Se han declarado en estado de emergencia. Convocarán acciones de protesta si les roban sus votos.

“Esperamos se respeten nuestros votos. Si hay respuesta negativa, la intervención de los pueblos indígenas será contundente para defender nuestros votos y nuestra dignidad”, anuncia, con voz firme, Lourdes Huaca, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú

Por Carlos Noriega

13 de junio de 2021

Desde Lima

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Domingo, 13 Junio 2021 06:18

Brasil: camino al autogolpe

Brasil: camino al autogolpe

Desde Río de Janeiro. En otra clara muestra de su alejamiento de la trágica realidad vivida por Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro participó ayer sábado de una marcha que reunió a miles de motociclistas en San Pablo (foto).

Al desafiar el decreto local que prohíbe promover aglomerados e impone el uso de mascarilla, tanto él como su hijo diputado nacional, Eduardo, y el ministro de Infraestructura, Tarcisio Gomes, fueron multados por el gobierno de João Doria, un ex aliado que se transformó en adversario visceral. A cada uno le toca pagar cien dólares. O, mejor dicho, les tocaría, porque sobran indicios de que irán ignorar la punición.

Fue el tercer desfile de motos con la participación presidencial, y el más impactante. Se calcula como mínimo cinco mil motociclistas en respaldo a una campaña electoral que viola todas las reglas y leyes, en otra clara muestra de que Bolsonaro ignora frontalmente las instituciones.

Con el número de víctimas fatales de covid rondando – acorde a los datos oficiales – el medio millón, el ultraderechista insiste en criticar medidas de aislamiento social, anunciar medicaciones que además de no tener ninguna eficacia producen efectos colaterales que pueden llevar a la muerte, y promover aglomerados irresponsables.

En los últimos días pasó a asegurar que el número de víctimas fatales de covid fue inflado por alcaldes y gobernadores, para obtener más recursos del gobierno nacional.

Médicos y especialistas aseguran que de haber una coordinación nacional de medidas preventivas, además de vacunas, se podría haber evitado al menos 375 mil muertes.

Nada, sin embargo, parece suficiente para desviar el ultraderechista de su única obsesión: aferrarse al poder.

El fantasma de Lula

Todos los sondeos de opinión pública coinciden en que el expresidente Lula da Silva ostenta una robusta ventaja sobre Bolsonaro, que sigue atropellando las instituciones, ahora con el foco centrado en alcanzar no solo el respaldo pero también el control absoluto sobre las fuerzas de seguridad pública y las Fuerzas Armadas, en lo que se ve como un paso más rumbo a un golpe preventivo.

Hay que recordar que a lo largo de sus oscuros 28 años como diputado nacional el hoy presidente siempre defendió la dictadura (1964-1985) con todos sus métodos, tortura, vejación y asesinatos inclusive.

Ya en su primer día como presidente – el uno de enero de 2019 – denunció fraude en las urnas, diciendo que había vencido ya en la primera vuelta. Aseguró tener pruebas de lo que decía, pero jamás las expuso.

Milicias

A aquella altura, ya contaba con respaldo de las llamadas “milicias”, bandos sediciosos integrados por policías, civiles y militares que controlan buena parte de las grandes ciudades brasileña.

Una de sus primeras medidas fue liberar el número de armas para civiles, inclusive las de uso exclusivo de las fuerzas de seguridad. Resultado: casi dos millones de pistolas y fusiles en manos de la población.

También contaba con amplio respaldo de los rangos inferiores de las Fuerzas Armadas y de las policías militares de todo el país.

La virtual militarización de su gobierno – entre retirados y activos, hay al menos seis mil uniformados esparcidos en puestos oficiales, con el respectivo y robusto refuerzo en sus ingresos – hizo con que Bolsonaro alcanzara un papel preponderante.

Expurgó sin piedad a los mandos que se negaron a dejar a un lado el rol de las Fuerzas Armadas como instituciones del Estado y no de gobierno, dejó claro que fracasó la hipótesis de que los militares que le rodean sirviesen como fuerza de contención para sus desequilibrios y delirios, y no se cansa de asegurar que solo un fraude en el conteo de votos impedirá su reelección.

"Mi ejército"

Sigue refiriéndose a “mi Ejército”, pese al malestar manifestado por el alto mando de la fuerza. El mismo comandante-jefe del Ejército, general Paulo Sergio Nogueira, se sometió al vejamen de no punir al también general Eduardo Pazuello, cómplice absoluto del genocidio padecido por Brasil, por participar de un acto político de respaldo a Bolsonaro, lo que es vetado por el reglamento militar.

Con esa sumisión, el presidente dejó claro que ejerce control total sobre todo, excepto la opinión pública. Y que caso se confirmen las proyecciones y Lula da Silva arrase en las urnas, hará en Brasil lo que su ídolo Donald Trump intentó en Estados Unidos: atropellar el electorado y permanecer depositando su humanidad en el sillón presidencial.

A menos, claro, que intente anticiparse a las elecciones y llevar a cabo un golpe a su favor. Todo es posible bajo sus desmandes.

Por Eric Nepomuceno

13 de junio de 2021

 

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Un seguidor de Castillo ondea una bandera de su partido, el jueves en Lima.ALESSANDRO CINQUE / Reuters

El candidato se muestra ambiguo sobre la igualdad de género y los derechos LGTBI, promueve una nueva Constitución, la mano dura contra la inmigración y renegociar los contratos con empresas extranjeras. Sus contradicciones y falta de concreción lastran su discurso

 

La llegada al poder de Pedro Castillo en Perú viene envuelta en misterio. Durante la primera vuelta hizo campaña en las plazas de los pueblos más alejados del centro del poder, en Lima. El radar de las élites no detectó a aquel hombre de estatura media, pantalones holgados de tergal y sombrero de palma. Cuando se quisieron dar cuenta, el maestro rural encabezaba las encuestas a la presidencia. Su discurso de izquierda populista, en contra del establishment y a favor de las clases históricamente olvidadas, está regado de propuestas ultraconservadoras, como la mano dura contra los delincuentes, la inmigración o el rechazo a la igualdad de género. En las propuestas claves para cambiarle la cara al Estado no ha sido del todo claro o se ha desdicho. Su idea de país todavía es algo abstracta.

Castillo ha ganado por solo tres décimas de diferencia a la conservadora Keiko Fujimori. Ella ha pedido la nulidad de 800 mesas electorales que podría dar un vuelco al resultado, lo que ha retrasado dos semanas la elección presidencial. Los expertos consultados consideran muy improbable que se haya cometido un fraude en un sistema electoral tan transparente y garantista como el peruano. A la espera de esa resolución, Castillo es el que más papeletas tiene para enfundarse la banda presidencial de un país que ha tenido cuatro presidentes en cinco años. El sillón del Palacio de Gobierno parece más bien un potro de tortura. Castillo asegura que al poco de sentarse en él se centrará en redactar una nueva Constitución “hecha por el pueblo”. “A través de una Asamblea Constituyente, tenemos que rescatar la salud como derecho universal”, dijo en el primer debate presidencial.

Sus críticos se alarmaron al entender que pretendía llevar a cabo una maniobra como la del chavismo en Venezuela para recortar libertades. La gente de Castillo aclaró que se llamaría a esa asamblea mediante un referéndum y que su inspiración es el modelo chileno, donde 155 miembros elegidos en las urnas redactarán un nuevo texto. Este ha sido uno de los principales flancos por el que le han atacado durante la campaña. De todos modos resulta difícil que pueda sacar adelante algo así. Necesita dos tercios del Congreso, y su partido solo tiene 37 de los 130 escaños. Más adelante aseguró que aceptaría una derrota en esa consulta: “Si el pueblo dice que no se toque la Constitución no tenemos por qué ser desobedientes. Somos respetuosos del mandato popular”.

Nacido hace 51 años en una aldea minúscula de la sierra de Cajamarca, en los Andes, Castillo llegó a la política tras protagonizar una huelga sindical de maestros que le hizo popular en 2017. Intentó formar su propio partido de maestros, pero no pudo recoger firmas al coincidir con el inicio de la pandemia. Acabó adscrito, más por conveniencia que por convicción, a Perú Libre, una formación regional, la primera que puede llegar a la presidencia desde la periferia. El jefe de ese partido es Vladimir Cerrón, un político de izquierdas dogmático y populista. La influencia de Cerrón en el gabinete de Castillo es otro arcano. El profesor ha renegado de él en público varias veces, sabedor de que Cerrón es muy impopular en la izquierda más centrada y urbana. Por ahí le han llegado muchos de los ataques del fujimorismo. Por ejemplo, el temor a que no sea respetuoso con las instituciones.

El 19 de marzo, en un mitin en la plaza de Chumbivilcas, en Espinar, una provincia muy afectada por los conflictos sociales entre los campesinos y una minera china y otra suiza, Castillo dijo:

—Y lo peor, hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Ustedes conocen ¿la Defensoría del Pueblo ha defendido a Espinar?

La multitud respondió. “¡Nooo!”.

—¡Pero cuánto se lleva! —cuestionó Castillo aludiendo a supuestas altas remuneraciones de sus funcionarios.

Uno de sus seguidores gritó: “¿Y las empresas transnacionales?”.

Él respondió: “Las empresas transnacionales están con las horas contadas”.

Castillo acababa de un plumazo con la defensoría y con las compañías extranjeras en Perú. Se armó revuelo. La idea de que llegase al poder “un comunista peligroso”, como lo atacaba el fujimorismo, se extendió. Retrocedió en las encuestas que le auguraban una victoria holgada. La campaña de los poderes tradicionales en su contra fue brutal. Castillo apenas existía en la televisión y la radio nacional. Sobrevivió en los márgenes. Cuando el 5 de mayo recibió el apoyo de la izquierda moderada, que representa Verónika Mendoza, suavizó su postura. Ya hablaba de fortalecer, no de acabar. Explicó: “Para que ese país que sueño para mis hijos y alumnos se haga realidad, será necesario fortalecer la democracia, garantizar las libertades y consolidar las instituciones. El Tribunal Constitucional, la Defensora del Pueblo y los organismos reguladores del Estado serán fortalecidos para que cumplan con su verdadero objetivo: servir al pueblo”.

Quedaba en el aire su relación con las multinacionales, a las que había atacado sin piedad en sus mítines. No iba a acabar con ellas, no, aclaró. Iba a intentar que pagasen más impuestos y beneficiaran más a las comunidades que viven cerca de los yacimientos. Es una realidad que algunas de las comunidades más pobres de Perú viven alrededor de minas de oro. Dijo en un debate cara a cara con Fujimori: ”La empresa privada extranjera es bienvenida con reglas claras. Lo que hay que hacer es revisar los contratos con las empresas transnacionales”.

Al inicio Castillo demostró una cara muy retrógrada en aspectos sociales. Él asegura que es católico, aunque su esposa y sus hijas profesan el evangelismo. Dijo que no apoyaría el matrimonio gay, pero que lo plantearía en una nueva Constitución. Cuando firmó el acuerdo con Mendoza matizó en un párrafo esta postura: “Refundar el Estado, profundizando la democracia, garantizando el ejercicio de derechos para todos, en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación”. La noche previa a la jornada de reflexión, Castillo se reunió con un puñado de activistas LGTBI en el local donde despacha en el centro de Lima. Mendoza asegura que Castillo está abierto al diálogo en temas como este.

Con él las campañas políticas han retrocedido 10 años, cuando la importancia de las redes sociales era menor. Castillo ha llenado plazas, algo que parecía algo del pasado. Llegaba a una población, contactaba con sus líderes sociales y unas horas después tenía un auditorio a sus pies. Si en los debates televisados se le ha visto rígido y encogido, en directo, en la calle, es pura energía. Se anunciaba como alguien que venía del Perú profundo. Como quienes le escuchaban con atención. Ahí se presentaba como profesor, campesino, obrero -es cierto que construyó su casa con sus manos- y rondero. Esto último es importante.

Los ronderos son los miembros de las rondas, una organización autónoma creada en los años setenta para combatir la delincuencia rural. Se ocupan de que los ladrones no roben ganado. No cobran un sueldo, visten un poncho y llevan un látigo. Mascan hojas de coca para mantenerse despiertos y beben aguardiente para soportar el frío. En teoría tienen que entregar a los detenidos a la justicia, pero antes los castigan con su látigo y los someten a vejaciones.

Castillo ha dicho que los utilizará para combatir los problemas de seguridad. “Trasladaremos las rondas campesinas y urbanas a los barrios. Hacemos un llamado a los licenciados de las fuerzas armadas, los reservistas y policía nacional para consolidar una sola fuerza”. Ha ido más allá. En el primer debate en el que participó, dijo: “Se les dé un presupuesto a las rondas campesinas, ya no solo están para cuidar las vacas. Tienen que contribuir con la tranquilidad del país y la fiscalización a sus autoridades”. En determinados círculos ha generado intranquilidad que esta especie de cuerpo parapolicial campe a sus anchas.

El maestro rural también planteó tirar abajo el sistema de pensiones administrado por empresas privadas. Cundió entre los trabajadores el miedo a quedarse sin ahorros. Después Castillo puntualizó que solo quiere mejorar el sistema. El que quiera mantenerlo en manos privadas puede hacerlo. Esa ha sido una constante en su camino a la presidencia, primero enseñar el mazo y después colocar la tirita. La explicación gruesa y más tarde el matiz. Puede que sus posturas estén en un lado u en otro, o quizá en un punto medio. El Perú que Pedro Castillo Terrones tiene en la cabeza está por cuajar.

 

Lima - 13 jun 2021 - 11:48 CEST

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Amenazas de muerte, polarización y un ambiente irrespirable: el final de Netanyahu pone a Israel en máxima tensión

El odio y las amenazas son moneda corriente en Israel en la víspera del previsible final de la era Netanyahu que deberá concretarse este domingo en la Kneset. Numerosos diputados que apoyan la investidura de Naftalí Bennett se encuentran bajo protección de los servicios secretos y el jefe del Shin Bet ha hecho pública una inusual advertencia para calmar los agitados ánimos que dominan a la sociedad israelí.

 

La política israelí ha entrado en una nueva e incierta fase que se iniciará este domingo con una coalición de ocho partidos que ejecutará un pacto para echar del poder a Benjamín Netanyahu después de doce años, si bien la coalición no tiene demasiadas garantías de mantenerse unida durante mucho tiempo.

La transición se caracteriza por una cruda hostilidad, una toxicidad que carece de precedentes desde el asesinato del primer ministro Yitzhak Rabin en 1995, un crimen que cambió el curso de la historia y que vuelve a planear con fuerza sobre los políticos de la alianza, incluidos algunos de sus líderes más visibles, como el primer ministro in péctore Naftalí Bennett.

Los malos presagios vienen de lejos. La polarización se percibe sobre todo en las redes sociales, donde el tono ha subido a niveles desconocidos, con descalificaciones y amenazas extremas en una sociedad en gran parte fanatizada, especialmente en el entorno de la derecha más nacionalista, donde se pueden poner como ejemplo los agresivos exabruptos de Yair Netanyahu, hijo del todavía primer ministro.

Una de las descalificaciones más utilizadas es la de boguéd (traidor), que se aplica especialmente contra los políticos de dos partidos de la extrema derecha, Yamina y Nueva Esperanza, que han pactado con lo poco que queda de centro izquierda la futura coalición de Gobierno.

La acusación de traidor ya se aplicó a Yitzhak Rabin en los meses que precedieron a su asesinato en noviembre de 1995. De hecho, numerosos analistas israelíes señalan que el clima actual se parece a aquél de manera alarmante y no descartan que otra tragedia esté a la vuelta de la esquina.
El jefe del Shin Bet, los servicios secretos, Nadav Argaman, ha formulado esta semana una advertencia pública y extraordinaria contra el omnipresente y rutinario discurso que incita a la violencia y el odio, agudizado desde el anuncio de la nueva coalición.

Los servicios secretos han tenido que reforzar la seguridad de varios líderes como Naftalí Bennet y otros responsables políticos de los partidos que lo respaldan. La joven diputada Tamar Zanberg, del partido liberal Meretz, ha tenido que abandonar su domicilio debido a las amenazas que ha recibido, y también su hija pequeña, amenazas que se ha tomado en serio. Los domicilios de otros diputados están siendo vigilados permanentemente por las fuerzas de seguridad, y delante de algunos de ellos los seguidores de Netanyahu se manifiestan a diario llamando a los residentes "traidores".

Uno de los rabinos más prominentes, Haim Druckman, que preside una de las escuelas rabínicas más radicales de los territorios ocupados, dirigió con claridad su voz contra los políticos traidores. En 1995 Druckman ya dijo que había que "hacer todo" lo posible para frenar a Rabin, y poco después el líder laborista fue asesinado.

Naftalí Bennet no se toma a broma estas amenazas y ha hablado de "días de veneno", además de advertir a sus hijos pequeños que su padre se ha convertido en la persona más odiada del país. Y todo indica que las presiones que el inminente primer ministro recibe no se detendrán después de la investidura del domingo.

El nacionalismo y el religionismo están detrás de este ambiente irrespirable. Las amenazas y el odio no han surgido de la noche a la mañana, sino que llevan décadas de cocción a fuego lento. En Estados Unidos y en Europa han preferido ignorar durante años una situación de la que no puede esperarse nada bueno.
En el dramático escenario de 1995 fue precisamente un joven nacionalista y religionista, Yigal Amir, quien apretó el gatillo contra Rabin. Amir sigue cumpliendo su condena en la cárcel pero no hay que descartar que haya otros jóvenes dispuestos a sacrificarlo todo e imitar a Amir para salvar al Gran Israel.

El hecho de que Netanyahu haya denunciado las últimas elecciones por "fraude", una circunstancia que ha recordado a lo ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump, ha creado una mayor tensión. Pero a diferencia de Trump, Netanyahu no argumenta que el fraude sucedió en el recuento de votos sino en las alianzas que han surgido después de las elecciones.

El fondo de la cuestión es justamente el mismo que existía en tiempos de Rabin, hace 26 años, cuando en el ambiente flotaba la idea de la necesidad de llegar a la paz con los palestinos. En este sentido, Netanyahu advirtió hace una semana que Bennett no será capaz de resistir la presión de Estados Unidos en esa dirección.

Sin embargo, es muy difícil, o seguramente imposible, que el nuevo gobierno vaya a avanzar hacia la paz con los palestinos. En la coalición hay partidos, como el de Bennett, radicalmente opuestos a cualquier acuerdo de paz y en la Kneset existe una holgada mayoría que no le permitiría avanzar en esa línea bajo ninguna circunstancia, aunque Bennett quisiera dar ese paso, que no es el caso.

13/06/2021 08:34

Por Eugenio García Gascón

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Sábado, 12 Junio 2021 06:01

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

¿Quién le teme a Pedro Castillo?

La elección peruana ha generado una verdadera histeria entre las elites limeñas y una campaña de demonización del candidato cajamarquino. El escenario, de confirmarse la victoria de Pedro Castillo, tiene altas dosis de incertidumbre. Pero estas se vinculan poco con los fantasmas que promueve el anticomunismo zombi que recorre el país.

 

Lo que pasó en las elecciones peruanas es quizás lo más parecido a la «tempestad en los Andes» anunciada por Luis E. Valcárcel en un libro ya clásico prologado por José Carlos Mariátegui. Atraído por la idea de «mito», Mariátegui terminaba escribiendo: «Y nada importa que para unos sean los hechos los que crean la profecía y para otros sea la profecía la que crea los hechos». Lo ocurrido el pasado 6 de junio no es sin duda un levantamiento indígena como el que imaginó Valcárcel, ni tampoco uno como lo imaginara Mariátegui, como partero del socialismo. Pero fue un levantamiento electoral del Perú andino profundo, cuyos efectos cubrieron todo el país.

Pedro Castillo Terrones está lejos de ser un mesías, pero apareció en la contienda electoral «de la nada», como si fuera uno. Con los resultados del domingo, está próximo a transformarse en el presidente más improbable. No porque sea un outsider –el país está lleno de ellos desde que el «chino» Alberto Fujimori se hiciera con el poder en 1990, tras derrotar a Mario Vargas Llosa–, sino por su origen de clase: se trata de un campesino cajamarquino atado a la tierra que, sin abandonar nunca ese vínculo con el monte, se sobrepuso a dificultades diversas y llegó a ser maestro rural; en los debates presidenciales cerraba sus intervenciones con el latiguillo «palabra de maestro». 

Desde el magisterio, Castillo saltó al escenario nacional en 2017, con una combativa huelga de maestros contra la propia dirección sindical. Un reciente documental, titulado precisamente «El profesor», da varias pistas sobre su propia persona, su familia y su entorno. A diferencia de Valcárcel, cuyo indigenismo se insertaba en la disputa de elites –la cuzqueña andina y la limeña «blanca»–, Castillo proviene de un norte mucho más marginal en términos de la geopolítica peruana. Su identidad es más «provinciana» y campesina que estrictamente indígena. Desde allí conquistó al electorado del sur andino y atrajo también, aunque en menor proporción, el voto popular limeño.

Por eso, cuando Keiko Fujimori aceptó el desafío de ir a debatir hasta la localidad de Chota y dijo con disgusto «Tuve que venir hasta aquí», la frase quedó como uno de los traspiés de su campaña. Castillo había logrado sacar la política de Lima y llevarla a los rincones lejanos y aislados del país, que recorrió uno a uno en su campaña con un lápiz gigante entre las manos. 

La irrupción de Castillo en la primera vuelta –con casi 19% de los votos– generó una verdadera histeria en los sectores acomodados de la capital. Y acorde a la actual moda del anticomunismo zombi, se expresó en un generalizado «No al comunismo», manifestado incluso con carteles gigantes en las calles. No escaseó tampoco el racismo. Perú parece tener menos pruritos para expresarlo en público que los vecinos Ecuador o Bolivia.

Por ejemplo, el «polémico» periodista Beto Ortiz echó a la diputada de Perú Libre Zaira Arias de su set televisivo, mostrando que la «corrección política» no llegó a sectores de las elites limeñas. Luego la llamó «verdulera» y más tarde se disfrazó de indio –con su histrionismo habitual– para darle la bienvenida de manera socarrona al «nuevo Perú» de Pedro Castillo. 

La candidatura de Castillo fue, además, víctima constante del «terruqueo» (acusación de vínculos con el terrorismo) por sus alianzas sindicales durante la huelga de maestros y, sin experiencias previas en el terreno electoral, de sus propios tropiezos en entrevistas.

Como escribió Alberto Vergara en el New York Times: «Quienes utilizaron de manera más alevosa la política del miedo fueron los del campo fujimorista, las clases altas y los grandes medios de comunicación. Empresarios amenazaban con despedir a sus trabajadores si Castillo vencía; ciudadanos de a pie prometían dejar sin trabajo a su servicio doméstico si optaban por Perú Libre; las calles se llenaron de letreros invasivos y pagados por el empresariado alertando sobre una inminente invasión comunista». Hasta Mario Vargas Llosa abandonó su tradicional antifujimorismo –por el que incluso había llamado a votar por Ollanta Humala en 2011– y decidió darle una oportunidad a una candidata de apellido Fujimori.

Castillo está lejos de provenir de una cultura comunista. Militó varios años en la política local bajo la sigla de Perú Posible, el partido del ex-presidente Alejandro Toledo, y si bien se postuló por Perú Libre, no es un orgánico de este partido, que nació originalmente como Perú Libertario. Perú Libre se define como «marxista-leninista-mariateguista», pero muchos de sus candidatos niegan ser «comunistas».

El líder del partido, Vladimir Cerrón, definió el movimiento que se alineó detrás de Castillo como una «izquierda provinciana», opuesta a la izquierda «caviar» limeña. Castillo es un católico «evangélico compatible»: su esposa e hija son activas participantes en la evangélica Iglesia del Nazareno y él mismo se suma a sus oraciones. En la campaña se posicionó repetidamente contra el aborto o el matrimonio igualitario, aunque hoy varios de sus técnicos y asesores provienen de la izquierda urbana liderada por Verónika Mendoza, con visiones sociales progresistas. Habrá que ver la convivencia de tendencias en el futuro gobierno de Castillo, que no se anuncia fácil.

Castillo se autodefine también como «rondero», en referencia a los grupos campesinos que enfrentaron a la guerrilla de Sendero Luminoso, y funcionan muchas veces como instancia de autoridad en el campo, aunque en Cajamarca la guerrilla fue muy débil.

La incertidumbre de un futuro gobierno de Castillo no tiene que ver, precisamente, con la constitución de una experiencia comunista de cualquier naturaleza que sea. También parece muy improbable una «venezuelización» como la que anuncian sus detractores. Las Fuerzas Armadas no parecen fácilmente subsumibles, el peso parlamentario del castillismo es escaso, las elites económicas son más resistentes que en un país puramente petrolero como Venezuela y la estructuración del movimiento social no anticipa un «nacionalismo revolucionario» de tipo chavista o cubano.

Las declaraciones del «profe Castillo» muestran cierto desprecio de tipo plebeyo por las instituciones, poca claridad sobre el rumbo gubernamental y visiones sobre la represión de la delincuencia –defensa de la justicia rondera– que pueden justificar un tipo de justicia «comunitaria» por mano propia que a menudo deriva en linchamientos puros y duros, muy comunes en el mundo andino. 

La presencia en el gobierno de la «otra izquierda» –urbana y cosmopolita– puede funcionar como un equilibrio virtuoso entre lo progresista y lo popular, aunque también será fuente de tensiones internas. Algunos comparan a Castillo con Evo Morales. Hay sin duda simbologías e historias compartidas. Pero también hay diferencias. Una es puramente anecdótica: en lugar de exagerar sus logros en una clave meritocrática, Morales dice no haber terminado el secundario (aunque algunos de sus profesores aseguran lo contrario). La otra es más importante a los efectos del gobierno: el ex-presidente boliviano llegó al Palacio Quemado en 2006 tras ocho años de trayectoria como jefe del bloque parlamentario del Movimiento al Socialismo (MAS) y la experiencia de una campaña presidencial en 2002, además de tener detrás una confederación de movimientos sociales con fuerte peso territorial, articulador en el MAS. Castillo tiene, por ahora, un partido que no es propio y un apoyo social/electoral aún difuso.

El «miedo blanco» a Castillo se vincula, más que a un peligro real de comunismo, a la perspectiva de perder poder en un país en el que las elites habían sorteado el giro a la izquierda en la región y cooptado a quienes ganaron con programas reformistas como Ollanta Humala. Dicho de manera más «antigua»: el «miedo blanco» lo es a la perspectiva de un debilitamiento del gamonalismo, como se llamó en Perú al sistema de poder construido por los hacendados antes de la reforma agraria, y que perduró por otras vías y de otras formas en el país. Nadie sabe si las elites podrán cooptar también a Castillo, pero hay en este caso un abismo de clase más profundo que en el pasado y el escenario es de manera más general menos previsible. La «sorpresa Castillo» es demasiado reciente y en muchos sentidos es un desconocido incluso para quienes serán sus colaboradores. 

Posiblemente la tempestad electoral anuncie otras próximas si las elites quieren seguir gobernando como se habían acostumbrado a hacerlo.

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Cómo Bolsonaro usa la pandemia a su favor

La mortandad por covid-19 como estrategia de gobierno

 

El contagio deliberado de la población es una estrategia política. Más de 480 mil personas han muerto por covid-19 en Brasil. Son el 13 por ciento de las muertes a nivel mundial, en un país que representa el 3 por ciento de la población del mundo. Menos del 10 por ciento de su población está vacunada, a pesar de que a Brasil se le ofreció una vacuna de forma temprana. El sistema de salud se ha derrumbado, hay escasez de oxígeno y de camas de CTI, y pacientes que mueren en los pasillos. Por falta de anestesia, algunos pacientes deben ser atados para poder intubarlos (Reuters, 15-IV-21).

Esto no ocurre porque Bolsonaro priorice la salud de la economía capitalista sobre la salud de la población. Es cierto que el presidente brasileño defiende una cierta necropolítica de pose recia y a lo macho. Cierto es también que justifica sus medidas en un supuesto «capitalismo de los pobres», bajo cuya óptica el distanciamiento social y el tapabocas obligatorio son una tiranía que aplasta la capacidad de los menos privilegiados de generar ingresos. Sin embargo, es evidente que si bien una mortandad masiva podría beneficiar a algunas industrias puntuales, no es muy conveniente para el crecimiento capitalista en general. Si Brasil ha evitado una contracción económica peor aun que la que finalmente sufrió en 2020 (4,1 por ciento del PBI), se debe más que nada a las medidas de auxilio económico impulsadas en primera instancia por la izquierda parlamentaria y presentadas luego por Bolsonaro como regalo presidencial al pueblo.

En Brasil, lo que hay es una apuesta política y cultural al virus. Un estudio reciente de la Universidad de San Pablo y el think tank Conectas halló que el gobierno tiene «una estrategia institucional para la propagación del coronavirus». Tras analizar ordenanzas, leyes, disposiciones y decretos, los investigadores encontraron que el Estado se aboca a diseminar el virus justificándose con la idea de alcanzar una «inmunidad de rebaño» que permitiría una rápida reanudación del crecimiento económico.

Pero ese valor que se da al crecimiento económico es una racionalización, no es el objetivo. El contagio masivo –y el disfrute perverso que el gobierno parece encontrar en él– está siendo usado como herramienta de movilización. Mientras más gente muere –y mientras el gobierno o bien le resta importancia a la muerte o bien la celebra–, más se polariza el país en torno a un eje de guerra cultural, una guerra que, piensa Bolsonaro, lo beneficia. Las exhortaciones del presidente a los brasileños para que «dejen de lloriquear» y «dejen de ser un país de maricas» (Reuters, 10-XI-20) no son arrebatos de locura o excentricidades irrelevantes para la política de Estado, sino parte de una máquina de guerra cultural perpetua, y es en consonancia con ella que se toman las medidas gubernamentales.

Si no fuera así, sería difícil explicar algunas de las decisiones del gobierno sobre las que viene echando luz la Comisión de Investigación del Congreso (CPI da Covid, en portugués), dirigida por el senador Renan Calheiros. Uno podría atribuir la decisión de ser la sede de la Copa América a un cierto nihilismo capitalista. De igual manera podrían entenderse los ataques de Bolsonaro a los gobernadores estatales que implementaron medidas de distanciamiento social. Pero ninguna estrategia de crecimiento en el mundo requería que el gobierno federal rechazara prácticamente todas las ofertas de vacunas que tenía por delante, ya fuera de la Organización Mundial de la Salud, de Pfizer o de Sinovac (Folha de São Paulo, 7-VI-21) –recientemente rechazó también la Sputnik V–, y que hiciera la plancha hasta que el gobierno regional de San Pablo empezó a producir vacunas localmente.

Tampoco representaba una ventaja a nivel de crecimiento económico dejar que millones de test rápidos expiraran antes de ser usados (O Estado de São Paulo, 22-XI-20). Ni se ganaba nada en términos macroeconómicos insistiendo con que la ivermectina o la hidroxicloroquina podían curar el covid-19 y, menos aún, importando millones de tabletas de hidroxicloroquina –cortesía de Donald Trump– mientras se descuidaba la vacuna. Ningún cálculo de crecimiento del PBI necesitaba que Bolsonaro dijera que las vacunas podían causar mutaciones peligrosas, como cuando dijo: «Si te convertís en yacaré, es problema tuyo» (Folha de São Paulo, 18-XII-20). Lo cierto es que la desinformación deliberada en materia de salud –como la denunciada hasta el cansancio por científicos y médicos brasileños (Nature, 27-IV-21)– no es una estrategia posible para lograr el crecimiento económico.

CONTROLAR LA NARRATIVA, ACOSAR Y HUMILLAR

Algunos de estos desastres sanitarios se pueden atribuir a una mezcla de incompetencia (en esto el exministro de salud Eduardo Pazuello parece particularmente culpable), fijaciones geopolíticas (la negativa a recibir una vacuna de China) y la absoluta ignorancia de los gobernantes. Sin embargo, en Brasil, como en otros lugares, desde que comenzó la pandemia los guerreros de la polarización han estado ensayando líneas de antagonismo y distinciones del tipo amigo/enemigo. En esto han seguido el ejemplo de Trump, la derecha estadounidense y la red de think tanks y lobbies «libertarios» de derecha, financiados principalmente por los hermanos Koch y que impulsaron la Declaración de Great Barrington y las protestas armadas contra los lockdowns.

Los soldados brasileños de la guerra cultural miran hacia el norte no solo en lo que respecta a promover curas falsas, mitos anticuarentena, sinofobia y anticomunismo alucinatorio: ténganse en cuenta los métodos de intimidación pública que la derecha anticuarentenas ya venía usando contra los funcionarios de la salud y los políticos locales en Estados Unidos, tácticas que se han filtrado directamente a Brasil. Los científicos que se oponen a promover la hidroxicloroquina como cura para el covid-19 han sido amenazados de muerte. También lo fue el alcalde de Araraquara en San Pablo tras imponer una cuarentena general de diez días a principios de este año. Lo mismo le sucedió al alcalde de Palmas en Tocantins. Una posible candidata al Ministerio de Salud fue atacada y acosada cuando se supo que estaba a favor de las medidas de distanciamiento social para contener el covid. La intimidación no es un subproducto incidental de la retórica del gobierno, sino que es el fruto de un odio social cultivado de manera estratégica. Sigue el mismo patrón de persecución y acoso gubernamental contra los departamentos universitarios, la industria de la cultura y los científicos que estudian el clima.

Este tipo de campañas funcionan. Bolsonaro ganó las elecciones canalizando el odio social en una guerra cultural en las redes sociales. Y el objetivo de esa guerra cultural no fue simplemente difundir desinformación (y provocar, al mismo tiempo, críticas y oposición progresistas y de izquierda siempre en torno a temas decididos por la derecha). Más bien, como ha explicado con picardía Olavo de Carvalho, el gurú intelectual de los Bolsonaro, el objetivo también fue humillar, silenciar y privar a las personas de sus medios de subsistencia. Si controlás la narrativa y los temas de discusión y mantenés movilizada a la extrema derecha y aterrorizada a la oposición, estás haciendo bien tu trabajo. Es que quienes ganaron gracias a una guerra cultural seguirán llevando adelante esa guerra cultural, porque eso es lo que saben hacer. Estarán permanentemente en modo campaña, experimentando con nuevas tácticas, nuevas variaciones del mismo repertorio, para así mantener su base (generalmente minoritaria) excitada y movilizada.

Este ha sido, hasta ahora, el modus operandi de Bolsonaro. Aunque haya decepcionado un poco a sus partidarios neoliberales por no haber logrado aún todas las reformas económicas que se propone, el presidente se ha mantenido fiel a un conjunto de significantes emocionalmente poderosos, que movilizan fuertes apegos y odios. Ha proclamado hasta el cansancio su fascinación por las armas largas, su veneración por la crueldad policial, el odio a lo que sus seguidores llaman marxismo cultural, psicosis ambientales, ideología de género, infiltración izquierdista de la cultura, la aversión a los indígenas, las universidades, las ciencias y, últimamente, también al Supremo Tribunal Federal. Varios de sus aliados políticos en el Congreso son avezados matones de las guerras culturales, por ejemplo, Daniel Silveira, un expolicía militar convertido en congresista y estrella de Youtube, cuyas prácticas de acoso e incitación a la violencia lo llevaron a la cárcel a comienzos de este año. Bolsonaro se ha encargado de llenar su gabinete de militares fanfarrones y evangélicos fanáticos al tiempo que la emprende contra las ciencias y la academia en general.

ANTE LA CRISIS, INSISTIR

Quienes alcanzaron la victoria gracias a una guerra cultural serán persistentes en su dedicación a esas prácticas. Desafiarán incluso los bajos índices de aprobación, las iniciativas parlamentarias en su contra, la antipatía de los medios y la oposición popular. Después de todo, fue con la guerra cultural como ganaron. Han entendido la necesidad de polarizar a la población en torno a cuestiones que son transversales a las clases sociales y que permiten formar coaliciones mediante la misma lógica de agregación que prevalece en las redes sociales. Han entendido que, especialmente frente a la descomposición de los sistemas parlamentarios, les basta con el apoyo de una minoría para tener éxito. El aventurerismo descarado es parte del arte de gobernar en la lógica de la guerra cultural.

Bolsonaro, aunque enfrenta ahora protestas masivas (véase «En la calle para sobrevivir», Brecha, 4-VI-21) y está herido en uno de sus flancos por la investigación en el Congreso, ya ha superado dificultades similares. Intenta hacer lo mismo ahora, cuando enfrenta un fuerte desafío de Lula da Silva de cara a las elecciones del año que viene. Véase cómo él y los suyos manejan la investigación del Congreso: le quitan importancia siempre que se pueda e intentan ahogarla vaciándola de participación, cuando no envían al hijo de Bolsonaro a gritar e insultar a los congresistas, causando la máxima disrupción posible y provocando que se suspendan sesiones (O Globo, 12-V-21). Véase cómo en sus frecuentes actos de masas, carentes de precauciones sanitarias, el propio presidente, sus seguidores y sus aliados ignoran o violan la ley de manera performativa y repetida. Esperan superar esta crisis, dejar que una minoría enojada y movilizada los mantenga en el poder y, con fuerza renovada, profundizar la guerra cultural contra la izquierda y lo que quede de las instituciones democráticas.

En Brasil, la oposición acusa a Bolsonaro de genocidio. Los carteles en las protestas suelen llevar la expresión «Bolsonaro genocida». La acusación tiene algo de justicia porque, incluso si las muertes son una especie de daño colateral de la guerra cultural, la evidencia es que son intencionales. Se espera que los propios cadáveres brinden un beneficio político, como sucedió en partes de Estados Unidos: recuérdese que el voto a Trump aumentó fuertemente de una elección a otra en aquellos condados donde se registró el mayor número de muertes por covid-19. Elegí a Brasil como un ejemplo extremo de lo que estamos viviendo, pero esta estrategia de guerra cultural se está desarrollando en todo el mundo.

Por Richard Seymour
11 junio, 2021

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