Elecciones en Estados Unidos: qué es y cómo funciona el Colegio Electoral

Los que realmente eligen al presidente

 

Cuando el electorado estadounidense emite su voto, no elige un presidente o un vicepresidente. Vota, en realidad, por miembros del colegio electoral. Estos serán los que finalmente elijan quién se queda con la Casa Blanca. Desde sus inicios, Estados Unidos tiene un sistema indirecto de votación. Uno que genera consecuencias en la forma de hacer campaña y, sobre todo, diferencias entre el resultado de las elecciones y la voluntad de la mayoría.

La composición del colegio electoral

El colegio electoral en Estados Unidos siempre está compuesto por 538 miembros. Este número es el mismo de la suma de los 435 integrantes de la Cámara de Representantes, los 100 del Senado y 3 más para el Distrito de Columbia, que no tiene representación con voto en el Congreso, pero sí vota en las elecciones.

La forma en la que esos 538 electores se distribuyen entre los distintos estados depende de la cantidad de personas que vivan en cada uno. Los estados con mayor población tienen una mayor proporción de miembros del colegio electoral que aquellos con menor población. Esto es porque el número que se le asigna a cada estado está relacionado con la cantidad de integrantes que tiene su delegación al Congreso y esta depende, a su vez, de los resultados del censo.

Hay un mínimo de tres electores para cada estado, por los dos miembros del Senado que le corresponde a cada uno y la cantidad base de representantes. Estados como Alaska o Montana, que solo envían dos senadores y un representante al Congreso, tienen solo tres electores en el colegio electoral. Distinto es el caso de estados como California y Nueva York, que aportan 55 y 29 electores respectivamente, porque al tener una mayor población, tienen también mayor representación en la Cámara de Representantes.

En Estados Unidos no es presidente la persona que saque la mayor cantidad de votos, sino la que logra mayoría en el colegio electoral. Es decir, el candidato que gane los estados suficientes como para que sus miembros del colegio electoral sumen por lo menos 270. Por eso, en 2016, Donald Trump asumió la Presidencia, a pesar de que había perdido el voto popular contra Hillary Clinton. En la última elección presidencial, el candidato republicano sumó 304 electores, mientras que Clinton cosechó 227.

En 48 estados y en el Distrito de Columbia, el partido que saca mayor cantidad de votos a nivel estatal se lleva todos los electores disponibles. Por ejemplo, si el Partido Demócrata es el más votado en Oregon, los siete electores de este estado serán solamente para este partido. Hay dos excepciones, Maine y Nebraska. Estos estados no se rigen por el sistema “el ganador se lleva todo”, sino que asigna sus electores según sus distritos internos.

Si este martes, el Partido Demócrata gana en Nueva York y en el Distrito de Columbia no habrá ninguna sorpresa. Son lugares en los que ha ganado históricamente. Por el contrario, hay bastiones republicanos tradicionales como Oklahoma o Wyoming. Se descarta, por ejemplo, que ahí va a ganar Trump. En los estados seguros como Hawaii para los demócratas o Idaho para los republicanos, no hay apariciones de las principales figuras de la campaña.

Los "swing states", claves para definir la elección

En el medio quedan los estados que en cualquier elección pueden ir para un lado o para el otro. Se los conoce en inglés como “swing states” y por ahí pasa verdaderamente la campaña. Son votos que no están garantizados para ningún partido y entonces, cada cuatro años, allí van los candidatos a tratar de persuadir a los votantes. Ahí se llevan a cabo los actos y las principales actividades de recaudación de fondos.

Florida y Ohio son los swing states por excelencia. El primero da la codiciada suma de 29 miembros para el colegio electoral. El segundo está asociado también con la capacidad de predecir el resultado de las elecciones. Un triunfo ahí solía significar un triunfo en el colegio electoral, pero este año quedó relegado en los análisis y en las campañas. Trump tuvo un solo acto allí en las últimas semanas y el equipo de Joseph Biden prefirió dirigir sus gastos en publicidad hacia otros estados más acordes a su estrategia.

También están dentro de esta categoría Pensilvania, Wisconsin, Michigan, Arizona y Nevada. Este año, estados que siempre fueron seguros para los republicanos como Georgia y Carolina del Norte ahora aparecen como terrenos de batalla para las campañas. El caso más destacado es Texas. Un triunfo en el gigante sureño no estaba dentro de los cálculos del Partido Demócrata, pero ahora está en juego y nadie se aventura a predecir un resultado.

La selección de los delegados del colegio electoral

La selección de la delegación del colegio electoral depende de cada estado, como muchos aspectos en las elecciones de Estados Unidos. A veces, los partidos hacen convenciones estatales. En otros casos, los senadores y los representantes que pertenecen a cada estado nominan a los electores. También está la opción del voto popular para elegirlos. No hay un método unificado.

Tradicionalmente, los encargados de declarar al ganador de las elecciones son los medios de comunicación. Las cadenas de televisión o la Associated Press tienen equipos de analistas que pueden identificar las tendencias a medida que se cuentan los votos la noche de la elección. Cuando estas son irreversibles, anuncian qué partido gana cada estado. Una vez que pueden sumar 270 electores para un partido, declaran un vencedor.

Este año, con las demoras que se anticipan debido a la gran cantidad de votos por correo, hay chances de que no se conozca una tendencia. Hay estados que procesan las boletas a medida que van llegando. Hay otros, como Wisconsin y Pensilvania, claves para el resultado en 2020, en los que solo empezarán a contar las boletas a partir del martes.

El resultado final del colegio electoral, que es en definitiva el que elige al presidente, llega generalmente un mes después de las elecciones. En ese momento, los electores van al Congreso de Estados Unidos y anuncian a qué candidato le adjudican sus votos. No siempre siguen lo que les dictó el voto en sus estados. En 2016, hubo “electores infieles” que votaron en el Congreso por el senador Bernie Sanders, el ex secretario de Estado Colin Powell, el ex gobernador de Ohio John Kasich y el ex congresista Ron Paul. La activista sioux Faith Spotted Eagle también recibió un voto en el colegio electoral y se convirtió en la primera persona de un pueblo nativo en hacerlo.

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Domingo, 01 Noviembre 2020 06:06

Las elecciones del apocalipsis

 Donald Trump llega a Carolina del Norte en el marco de la campaña electoral. AFP, SAUL LOEB

Estados Unidos en el tramo final de la campaña

 

Unos 150 millones de ciudadanos completarán el martes la elección de quien será, a partir de enero, presidente estadounidense por cuatro años. Los comicios ocurren en medio de una pandemia que no mengua, inestabilidad económica, decenas de millones de desempleados y una polarización extrema en la que las partes ya no sólo difieren en opiniones políticas, sino que se ven mutuamente como fuerzas demoníacas.

 

QUÉ SE ELIGE

El presidente Donald Trump, que se ha apropiado del Partido Republicano y quien en 2016 fue elegido por una minoría del voto popular, busca quedarse en la Casa Blanca hasta 2024. El exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden promete que retornará el país a la sensatez, encarará la pandemia con apoyo de la comunidad científica y sanará el divisionismo que Trump ha fomentado. Pero hay, en esta elección, otros niveles que son igualmente importantes.

En el Senado, los republicanos ocupan 53 curules y los demócratas 45, con dos independientes que casi todo el tiempo votan con los demócratas. Este año hay 33 puestos en el Senado sujetos a elección, de ellos 23 son republicanos y diez son demócratas. El hecho de que en estos últimos cuatro años los republicanos han tenido mayoría en el Senado ha resultado en una casi parálisis del Congreso, donde la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, aprueba proyectos de ley que el Senado ignora o rechaza según plazca a Trump.

Si Biden gana la presidencia y los demócratas alcanzan la mayoría en la Cámara Alta, el Partido Demócrata controlará ambas ramas del gobierno. Es que en la Cámara de Representantes, donde ahora todos los escaños están sujetos a elección, los demócratas ocupan 232 puestos, los republicanos tienen 197 y hay seis vacantes. Todo indica que los demócratas fácilmente conservarán su mayoría y algunas encuestas sugieren que la ampliarán.

Finalmente, están sujetos a elección 11 gobiernos estatales: siete tienen ahora gobernadores republicanos y cuatro son demócratas. En la actualidad 26 estados tienen gobernadores republicanos y 24 tienen demócratas. Un cambio en este balance puede modificar sustancialmente la relación entre los estados y el gobierno federal.

EL RETORNO DE LOS BRUJOS

En febrero, cuando recibió las primeras informaciones acerca de un coronavirus novedoso que causaba estragos en China y recién había llegado a Estados Unidos, Trump dijo en declaraciones grabadas al periodista Bob Woodward que el covid-19 era altamente contagioso y letal, una enfermedad mucho más peligrosa que la gripe común. Pero en público, en encuentros con la prensa y en los mítines ante sus seguidores devotos Trump dijo entonces, y sigue diciendo, que el covid-19 no es cosa tan seria. Dijo en marzo que habría, quizá, 14 personas muertas y que pronto el virus desaparecería, «como un milagro». Trump se ha burlado del asesoramiento científico, ha calificado de «idiotas» a los expertos en enfermedades contagiosas, se ha rehusado a ponerse una máscara y ha incitado a sus seguidores a desecharla.

Y, aun así, hay millones de estadounidenses que concurren, desenmascarados, A los mítines en los cuales Trump divaga, se regodea en ponerles motes ofensivos a sus adversarios y promete que pronto habrá vacunas y tratamientos para el covid-19. Ha dicho que quizá no acepte el resultado de la elección si es que pierde. Sigue afirmando, sin pruebas, que hay fraude en los millones de votos ya depositados vía correo. Ha indicado a los grupos extremistas de derecha que «den un paso atrás y se mantengan listos» para un eventual período turbulento mientras se completa el escrutinio de votos.

Así, la campaña de Trump ha ido sumergiéndose más y más en los insultos personales, la denuncia de ininteligibles casos de corrupción entre sus adversarios, el desdén hacia más de 8 millones de casos y más de 230 mil muertes por covid-19, el aliento insinuado a las milicias blancas… Y todo ello a la sombra del guiso de conspiraciones denominado QAnon.

El 17 de octubre unas 100 personas se congregaron para la conferencia Q Con Live! en Scottsdale, Arizona, y escucharon a uno de los promotores más prominentes de QAnon, Alan Hostetter. De acuerdo con un audio grabado de su discurso, Hostetter, quien sostiene que «los medios» han exagerado la gravedad de la pandemia y que las máscaras forman parte de un intento tiránico para controlar al pueblo, dijo que Estados Unidos está al borde de una guerra civil y que es necesaria la reelección de Trump para impedir que el país se hunda en un conflicto armado.

Los seguidores de QAnon, una especie de secta religiosa online que ha sido declarada por el FBI como una potencial amenaza terrorista, aseguran, sin que se les mueva una ceja, que los líderes demócratas y las estrellas de Hollywood integran todos ellos una secreta red internacional de pederastas adoradores de Satán. El único decidido a desenmascararlos, dicen, es Trump, quien planea un providencial golpe de Estado para enviarlos en masa a la cárcel. Y, aunque la preparación real para tales aventuras armadas es un área en la que medran las milicias derechistas, el presidente Trump se las ha arreglado para no desautorizar a QAnon o distanciarse claramente de ese movimiento.

EL ESCONDIDO

A los 77 años de edad y con una carrera política de 46, el exsenador de Delaware Biden aparece en la casi totalidad de las encuestas con una ventaja de diez puntos porcentuales sobre su rival. La campaña demócrata ha mesurado y dosificado hábilmente la exposición pública del candidato, a sabiendas de que la confrontación personal es el territorio preferido de Trump y donde el presidente acapara la atención con insinuaciones maliciosas, insultos y falsedades.

En lugar de trenzarse en un mano a mano con Trump, Biden ha participado en mítines en los que la audiencia se mantiene a distancia y usa mascarillas, y donde el discurso llama al optimismo, a la unidad nacional y a superar el caos de la era trumpiana. En contraste con el discurso arrebatado de Trump, que no ha ofrecido ideas sobre qué haría en un segundo mandato, Biden ha presentado planes para la reactivación económica, la creación de empleos en la energía alternativa, políticas ambientales y atención a los inmigrantes indocumentados.

Y la campaña, mientras esconde al candidato de los pugilatos verbales con Trump, ha movilizado una miríada de organizaciones no gubernamentales, iglesias, grupos de derechos humanos, coaliciones de mujeres y minorías, sindicatos, empresarios y, sobre todo, prominentes exfuncionarios y políticos republicanos que se han volcado por la candidatura demócrata. Decenas de exfiscales federales y cientos de exfuncionarios militares y de los servicios de seguridad nacional e inteligencia han publicado condenas de Trump y elogios de Biden. Una horda de oposición para la que la campaña republicana no ha hallado respuestas.

ELECCIÓN EN MARCHA

A este viernes, cuatro días antes del Día de la Elección, probablemente más de 80 millones de ciudadanos ya habrán votado, sea depositando su sufragio personalmente o remitiéndolo por correo. Esta modificación de los períodos de votación –causada por las preocupaciones por la pandemia y para evitar la aglomeración de votantes en un solo día– ha tornado ya medio fútiles las campañas y las tretas de último momento: más de la mitad del electorado previsto en 2020 ya ha pronunciado su voto. En un país que el gobierno de Trump ha contribuido a polarizar y radicalizar, cuesta creer que todavía quede un número sustancial de votantes indecisos.

Los indicios del voto anticipado apuntan a una victoria del Partido Demócrata, pero también es posible que millones de simpatizantes del presidente, que desconfían del correo a instancias de su caudillo, salgan a votar el martes 3. Ambas campañas han reclutado verdaderos batallones de abogados en anticipo de los litigios en el escrutinio y la advertencia de Trump de que podría desconocer un resultado adverso estampa en lo que pueda ocurrir después del martes un relieve de incertidumbre y aprensiones.               

Para muchos trumpistas, y en particular los contagiados por la irracionalidad de QAnon, esta elección tiene un significado apocalíptico. Para el resto de los estadounidenses es una oportunidad de retornar a cierto grado de moderación, respeto mutuo y un gobierno racional.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
30 octubre, 2020

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Jair Bolsonaro durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, el 19 de octubre.

Elecciones municipales en Brasil

Los postulantes, alineados en su gran mayoría con la agenda conservadora, siguen el ejemplo de la victoria de Bolsonaro y del “bloque de la bala” en el Congreso

 

Las elecciones municipales de este año en Brasil serán un examen de fuego para los representantes de las Fuerzas Armadas y los cuerpos de seguridad, que este año se han volcado a las papeletas: las candidaturas que provienen del área de seguridad han aumentado un 21% respecto de los comicios de 2016. Alineados con la agenda conservadora, policías, militares, bomberos (también una fuerza militarizada) y guardias civiles intentan, en su mayoría, pegarse a la imagen del presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, para conquistar los cargos de alcalde y concejal. Este año hay 8.730 candidatos a los ejecutivos municipales y los legislativos locales en 5.569 municipios. Cuatro años atrás, 6.897 dejaron los cuarteles y las comisarías para disputar elecciones. Los datos constan en la base de datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

En ese grupo también hay policías identificados con ideas progresistas, opositores al presidente y excapitán del Ejército. Algunos, sin embargo, no siempre están dispuestos a levantar la bandera de opositor, temiendo perder votos de los cuarteles. “Es mi primera elección, no estoy de acuerdo con casi nada de lo que defiende Bolsonaro, pero si digo algo que le desagrade a él o a sus electores, puedo perder votos entre los policías que represento”, dijo un oficial de la PM (policía militar) que es candidato a concejal en una capital y afiliado al Partido Democrático Laborista, fundado por un histórico líder de la izquierda brasileña, Leonel Brizola.

El número de candidaturas se disparó debido al éxito electoral obtenido por el presidente, pero también por los congresistas victoriosos en 2018. Ese año, hubo un salto de 36 a 102 diputados federales y senadores electos como miembros del Frente Parlamentario de la Seguridad Pública, una agrupación formada por legisladores de diferentes partidos en el Congreso y conocida como “bloque de la bala”. La diseminación de candidaturas es tan grande que en 14 de las 26 capitales hay candidatos a las alcaldías que son o fueron policías, bomberos o militares de la Marina, el Ejército o la Aeronáutica. “Es un intento de reforzar el discurso de la ley y el orden, que se hizo fuerte en la población. Dejan de lado los debates sobre educación y sanidad, por ejemplo, para discutir la seguridad, como si esta no dependiera de otros factores”, dice el politólogo David Fleischer, profesor de la Universidad de Brasilia (UnB).

Los correligionarios del “bloque de la bala”, desparramados por todo el país, también tienen en la mira un enorme contingente de votos. Datos del Anuario Brasileño de la Seguridad Pública, lanzado esta semana, muestran que policías y miembros de las Fuerzas Armadas suman 5,6 millones de personas, el 3,8% del electorado nacional. Si se tiene en cuenta el tamaño promedio de las familias brasileñas, de 3,3 personas, estamos hablando de 18,5 millones de habitantes, lo que significa un 9% de la población que está directamente ligada a policías y militares. “Tengo la misma línea de pensamiento del presidente, que defiende a la familia y la seguridad pública”, dice uno de los candidatos bolsonaristas, el coronel Alírio Villasanti, que compite para concejal en Campo Grande (en el Estado de Mato Grosso do Sul) por el Partido Social Liberal (partido de ultraderecha por el que Bolsonaro fue candidato en 2018, aunque luego se desafilió).

Según los datos del TSE, los partidos que más policías y militares lanzaron como candidatos son el citado PSL (618) y cinco siglas de su base de apoyo, y el llamado “Centrão”: Republicanos (417), PSD (413), MDB (395), PP (379) y PL (375). En la otra punta están los izquierdistas PCdoB (45), Rede (38), PSOL (25) y PSTU (1). El único intruso entre los que tienen menos candidatos de ese tipo es el derechista NOVO (5).

En el Nordeste, la región donde la oposición a Bolsonaro fue mayor en las últimas elecciones y en la que ningún gobernador es fiel aliado del presidente, hay miembros de las fuerzas de seguridad en las disputas de ocho de las nueve capitales. Solamente São Luís, capital del Maranhão, no tiene un candidato policía o militar. Y apenas en Salvador, capital de Bahia, hay una candidata uniformada de izquierda, la mayor de la PM Denice Santiago, del Partido de los Trabajadores (PT). En la región, por ahora, los candidatos no quieren vincularse directamente a Bolsonaro.

Sin afiliación partidaria desde que dejó el PSL, el presidente solo declaró su apoyo a cinco candidatos a alcalde en todo Brasil, uno de ellos es el diputado federal y capitán Wagner Sousa Gomes, del PROS, que lidera las encuestas en Fortaleza, capital de Ceará. Sin mencionar el nombre de su apadrinado, el presidente dijo en una transmisión en vivo por sus redes sociales que en Fortaleza apoyaba a un capitán. Wagner, que comenzó su carrera política luego de liderar una huelga ilegal de policías en Ceará, evita el rótulo de “alcalde de Bolsonaro” porque 64% de los electores de su ciudad rechazarían a un candidato apoyado por el presidente, de acuerdo con la encuesta publicada por el diario local O Povo.

La tentativa de la izquierda de lanzarse a conquistar un segmento tan identificado con el bolsonarismo se ha debilitado año tras año. De acuerdo con un estudio realizado por el Foro Brasileño de Seguridad Pública para su anuario, el 87,7% de estos candidatos a concejal y alcalde se identifica con partidos de derecha o centroderecha, y solo 12,4% con partidos de izquierda o centroizquierda. En 2016, la proporción era de 80,4% contra 19,7% y, en 2012, de 74,4% contra 25,6%. Las informaciones fueron obtenidas cruzando datos de la agencia tributaria, del Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas (IBGE) y del TSE.

Desde el punto de vista de quien milita políticamente en el área de seguridad, este aumento de candidaturas de derecha ocurrió porque la izquierda no supo aproximarse a policías y militares. “La derecha se favorece porque la izquierda siempre vio al policía como una especie de enemigo, no como un aliado, un trabajador”, dice el comisario Orlando Zaccone, uno de los coordinadores nacionales del Movimiento de Policías Antifascismo.

Candidato a concejal por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en Recife, el agente de policía Áureo Cisneros dice que el gran desafío es demostrar el que el policía es un “garante de derechos y vidas”. “Nosotros no somos exterminadores de vidas, no somos el brazo armado del Estado”, dice. Otro que sigue la misma línea es el policía militar retirado Martel Del Colle, que disputa un escaño en la Cámara Municipal de Curitiba, estado de Paraná, por el PDT. “Queremos formar el bloque ‘antibala’, preservando los derechos humanos en vez de invertir en la violencia”, dice.

Para Fleischer, la tendencia es que 2020 sea un año marcado por el avance de los representantes de la seguridad en las cámaras municipales. “Es un momento en el que las personas aprovechan la angustia del electorado para explotar el mediático tema de la seguridad pública”. El politólogo resalta además que las disputas en las dos mayores ciudades del país, Río y São Paulo, pueden servir de ejemplo para las demás. En la capital paulista no hay un candidato del área de la seguridad, pero al menos dos tienen discursos semejantes a los de los policías: Celso Russomanno (Republicanos) y Márcio França (PSB). Mientras que en Río, tercera en las encuestas, la exjefa de la Policía Civil Martha Rocha (PDT) es vista como una de las candidatas capaces de romper la polarización entre el actual alcalde, Marcelo Crivella (Republicanos), y su antecesor, Eduardo Paes (DEM).

Por Afonso Benites

Brasilia - 31 oct 2020 - 22:00 COT

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Sábado, 31 Octubre 2020 06:20

Noticias desde la izquierda

Noticias desde la izquierda

En un mundo tan fragmentado como el actual, se antoja como algo impensable trazar cualquier tipo de generalización sobre las actitudes y posturas que han adoptado las diversas –y a veces contrapuestas– franjas de la izquierda frente a la crisis que ya lleva el signo inevitable de la pandemia del coronavirus. Enumero tan sólo algunos casos ostensibles.

En Chile, no obstante el largo estado de emergencia decretado por el gobierno de Sebastián Piñera, la cuantiosa coalición social y política que se conformó durante las movilizaciones previas al estallido de la emergencia sanitaria, logró finalmente su cometido: imponer el referéndum por una nueva Constitución y, sobre todo, ganarlo. Por lo pronto, Chile deja atrás el capítulo más oscuro y ominoso de su historia: no sólo la herencia amarga del pasado fraguado por Augusto Pinochet, sino el relato caníbal que hacía del pinochetismo la piedra de toque de la modernización del país. Cuando en realidad esa modernización, incluídas sus víctimas y desigualdades, fue obra de las fuerzas reunidas por el Partido Socialista y la Democracia Cristiana. Cae con el referéndum no sólo es el manto que vindicaba a la dictadura, sino la legitimidad del modelo más supuestamente exitoso que el neoliberalismo encontró en América Latina. Lo esencial es que la izquierda chilena, con todas las diferencias que separan a sus agrupamientos, enfrentó a uno de los regímenes más represivos de los últimos años con la movilización social y la salida democrática.

En Bolivia, el Movimiento al Socialismo no cedió ante las tentaciones del golpismo de arrastrar a la nación hacia una espiral de violencia y polarización. Por más que Evo Morales Ayma cometió la pifia de pretender relegirse por cuarta vez, trece años de una administración que hizo crecer económicamente a Bolivia a un ritmo mayor que el de Chile, que consolidó organizaciones sociales, comunidades y gobiernos indígenas autónomos, que impulsó la educación y los sistemas de salud social, lograron sostener la cohesión de una resistencia civil y pacífica al golpe. El inobjetable triunfo electoral del MAS convalida la máxima de que una izquierda comprometida efectivamente con las prácticas democráticas es capaz de allanar un camino alternativo para el conjunto de la sociedad.

En la península ibérica, las noticias son disímbolas. En Portugal, la alianza gobernante desplegó una estrategia masiva de apoyo y protección a la tercera edad durante la pandemia, que redundó en un reducido número de defunciones y una política de efectivos estímulos a la economía. (Cabe señalar que en Uruguay una coalición de derecha logró resultados aún más espectaculares). En España, por el contrario, la coalición entre el PSOE y Podemos nunca logró emprender iniciativas equivalentes. Después de décadas de privatización de los sistemas de salud, las opciones públicas sanitarias están desechas. En Grecia, en cambio, las redes sociales del anarquismo, y en parte de Tziriza, que gobiernan la vida cotidiana de la mayor parte de sus ciudades, muestran que la sociedad puede erigirse como la protectora de la sociedad misma de una manera más eficiente que el Estado.

Por más que haya dañado la legitimidad de la izquierda en su conjunto, el socialismo burocrático (Zizek dixit) –China, Vietnam, Cuba y, cada vez más cerca, Venezuela– se reveló como el sistema social con la mayor capacidad para enfrentar un colapso económico y sanitario como el impuesto por el Covid-19. Uno podría fácilmente aducir el argumento de que se trata de órdenes tan coherentes y unísonamente autoritarias que el control de sus poblaciones resulta simplemente un corolario. Pero se requiere mucho más que un régimen autoritario para hacer frente a un desafío de esta envergadura: sistemas públicos de salud, formas horizontales de solidaridad, destinar recursos especiales para mantener la economía en marcha, adecuar al conjunto de la sociedad para evitar la desmovilización.

Siempre queda pendiente de revisión la formulación del filósofo Byung-Chul Han sobre la "hipótesis oriental". Las sociedades del Lejano Oriente contendrían formas de civilidad, cuidado mutuo y cooperación que simplemente no existen en Occidente. En rigor, el número de defunciones en Europa (si se toma como parámetro a la Comunidad Europea y no el sofisma de nación por nación) son ya mayores que en Estados Unidos. Ni hablar de América Latina. Lo que ya es evidente es que el Covid-19 es un virus occidental, es decir, un virus que prospera con mucha más facilidad en las formas de vida de Occidente. Todo el espectáculo actual de los estados de emergencia en las naciones europeas no hace más que afirmar la tesis de que se trata de un nuevo tipo de estado de excepción que poco tiene que ver con la pandemia.

Queda por último el kirchnerismo y su homólogo en México, el gobierno de Morena.

No se trata evidentemente de fuerzas de izquierda y, sin embargo, son coaliciones nacionales que parecerían adoptar algunas de sus políticas y, sobre todo, sus gestos. Ambas formaciones parecen haber empantanado a sus países guiadas por una visión del Estado y la sociedad simplemente inadecuada a las condiciones actuales. Basta con decir que el neopopulismo social y la izquierda resultan cada vez más incompatibles.

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El golpe que Trump puede dar para seguir en el poder aunque pierda

Una estrategia cívica, llena de abogados

 

Por primera vez en dos siglos y algo más de vida independiente y 230 de elecciones, los norteamericanos andan discutiendo con alguna seriedad si Donald Trump puede dar un golpe militar. Como se pasó cuatro años maltratando a generales prestigiosos y diciendo cosas como que servir y morir en una guerra es cosa de perdedores, se asume que no va a seguir en el poder sentado en las bayonetas: los de uniforme no le deben su lealtad. Con lo que sí se está discutiendo y con mucha seriedad es que Trump pierda este martes y se niegue a aceptarlo, que efectivamente dé un golpe pero cívico, ambiguo, más en la tradición norteamericana. Sería uno lleno de abogados, de golpes mediáticos, de movilizaciones digitales y de milicias en la calle atacando a quien proteste, cosa de crear "anarquía" y justificar una represión dura. 

Si esto parece exagerado, hay que recordar que Trump es impulsivo y es de hacer lo que se le pase por la cabeza. Un día se le ocurrió ordenar que los marines fusilaran a quien cruzara el Río Grande, otro día que invadieran Venezuela. Como todavía tenía en el gabinete alguna gente con límites, le explicaron que lo uno era ilegal -y que las tropas proablemente no obedecerían esa orden- y que lo otro sería peor que Irak. Trump aprendió la lección y depuró su gobierno, con lo que ahora está rodeado de perfectos leales, de creyentes o de chupamedias, en todo caso de gente que no le va a decir que no.

Este martes es el día oficial de votación, como manda la constitución, pero no va a ser el día en que se sepa quién es presidente. En general, en este super-martes se sabe la tendencia del voto, que en general termina siendo el resultado final. Pero como bien sabe Al Gore, todo se puede demorar y terminar amañado por los abogados. Este martes, un escenario más que posible es que la primera tendencia le dé ventaja a Trump, porque muchos republicanos van a ir a votar ese mismo día y esos votos se cuentan rápido. Una gran cantidad de demócratas parecen haber votado por correo o por adelantado, opciones legales en el extraño sistema electoral norteamericano que se cuentan bastante más despacio.

Trump viene preparando el tema hace rato, diciendo que le van a hacer fraude por correo. Como el conteo se va a demorar varios días tiene tiempo de instalar que él ganó y le están haciendo trampa. Ahí se le abren dos opciones sabrosas. Una es declarar que las elecciones son inválidas y seguir en el poder para llamar a otras a futuro. Otra es cuestionar con demandas legales todas y cada una de las elecciones en los estados donde empate o ande cerca, que son varios. 

Para esto tiene cuatro herramientas fundamentales. Una es el departamento de Justicia, a manos de su muy leal y bastante amoral William Barr, que también lleva un buen rato hablando de fraude. Otra es la inteligencia interna, a cargo del también leal John Rattcliffe. La tercera es la flamante Corte Suprema con mayoría conservadora de seis a tres. Con menos margen, George Bush el joven le birló la presidencia al demócrata Gore.

La cuarta herramienta es la más rica y poderosa, y puede usarse en tres estados clave: Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Como se sabe, los votantes no eligen presidente sino electores, que se reúnen en un Colegio y votan al presidente, teóricamente según el  mandato recibido de sus votantes. Pero en esos tres estados las encuestas dan cerca, con lo que puede ocurrir que las legislaturas, todas en manos de los republicanos, validen un grupo de electores que le parezca a ellas y lo mande a Washington, mientras que los gobernadores, todos demócratas, validen a otro grupo para votar en la capital. Cada bando tendrá razones abogadiles suficientes y puede armar un espectacular enredo judicial que patee todo al futuro.

Mientras todo esto ocurre, la cadena Fox, los interminables medios digitales de derecha y los grupos como Qanon van a gritar que hubo fraude, que se robaron urnas, que no dejaron votar a los fieles. También se van a movilizar los demócratas y los progresistas, y van a abundar las protestas públicas. Milicias y grupos armados como los Boogaloo, los Proud Boys, los Patriot Prayer, los Three Percenters, los Oath Keepers y la Light Foot Militia, para nombrar algunos, ya están movilizando abiertamente para "defender el voto". 

Semejante caos da para todo, hasta para anular el acto electoral -lo que nunca ocurrió- y buscar una salida con un barniz de legalidad. Una, ya se dijo, es que la Corte Suprema decida. Otra es que voten los diputados, que en un caso así, contemplado en la constitución para casos de empate, votan por estado y no por bloque, con lo que los porotos le dan fácil a Trump

El calendario de eventos augura un fin de año  movido: este martes se vota, el 14 de diciembre se reúne el colegio electoral, el 3 de enero asume el nuevo Congreso, el 6 se reúnen ejecutivo y legislativo para certificar la votación del colegio electoral y el 20 asume el nuevo presidente. Entre una fecha y la otra, Estados Unidos puede tener claridad o mostrar abiertamente que a la derecha no le importa nada que no sea seguir en el poder.

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Manifestación en el interior de la catedral de Poznan contra el fallo del Tribunal Constitucional polaco que impuso la prohibición casi total del aborto en el país, en Poznan, Polonia, el 25 de octubre de 2020. Piotr Skornicki/Agencja Gazeta vía REUTERS

 La prohibición del aborto, introducida en 1993 por el Parlamento polaco y fijada como ley por el Tribunal Constitucional en 1997, fue uno de los hitos de la transición de Polonia del comunismo de estado al capitalismo neoliberal.

La ley establecida en 1997 permitía el aborto en tres situaciones: cuando el embarazo era consecuencia de una violación, cuando la vida o la salud de la mujer corría grave peligro o cuando el feto tenía riesgo de enfermedad grave o muerte. El viernes pasado, una sentencia del Tribunal Constitucional ha declarado ilegal la interrupción del embarazo también en esta tercera situación.

Dado que la mayoría de los abortos legales realizados en Polonia se realizan por esta tercera razón, el fallo significa que casi no habrá abortos en Polonia, es decir, oficialmente. Extraoficialmente, según una de las principales organizaciones feministas del país, la Federación para la Mujer y la Planificación Familiar, en Polonia se realizan anualmente unos cien mil abortos.

Varias organizaciones en Polonia y en el extranjero ayudan a las mujeres polacas a obtener píldoras abortivas o interrumpir el embarazo. La ley actual no castiga a las mujeres por interrumpir el embarazo, pero, al imponer hasta tres años de prisión por ayudar a las mujeres a hacerlo, pone en peligro tanto al personal sanitario como a quienes prestan asistencia farmacológica.

La decisión del viernes pasado fue tomada bajo el gobierno conservador de Ley y Justicia (PiS) de Polonia. Pero todas las opciones políticas han traicionado de alguna manera a las mujeres. Los socialdemócratas, que en 2004 tenían la mayoría necesaria en el Parlamento para cambiar la drástica ley antiaborto, pero optaron por no hacerlo porque necesitaban el apoyo de la Iglesia para la adhesión de Polonia a la Unión Europea. O los liberales, que afirman que la ley establecida en 1997 fue un “compromiso”.

Después de haber mantenido a Polonia en un estado de ansiedad constante por el aborto desde al menos 2016, los conservadores ahora decidieron ir aún más allá, nuevamente utilizando el Tribunal Constitucional. Jarosław Kaczyński, el líder del gobernante PiS, dijo en 2016 que las mujeres deben llevar adelante sus embarazos de riesgo y dar a luz pase lo que pase, incluso si el feto muere.

Pagando el precio

Como ocurre con todas las cosas, el aborto también tiene su dimensión de clase, que básicamente divide a la sociedad polaca en quienes pueden pagarlo y quienes no. Obviamente, importa si se vive en un área metropolitana o en regiones donde todos los médicos se niegan a interrumpir embarazos debido a su conciencia. Uno de los lemas feministas más populares hoy en día dice: “¡Queremos médicos sin conciencia!”

En los últimos años, la narrativa liberal de elección ha sido reemplazada por la de necesidad. No para negar el derecho de las mujeres a elegir, sino para enfatizar que la mayoría de las mujeres no tienen otra opción cuando se trata del aborto.

Tanto si deciden abortar en Polonia o en el extranjero, cuesta entre el 50 y el 100 por ciento de un salario mensual, dependiendo de la ciudad, el tipo de aborto y su accesibilidad general. En la práctica, todos los periódicos de Polonia anuncian el aborto, aunque con el nombre de “inducir la menstruación” o “regular el ciclo menstrual”. Muchos médicos que se niegan a realizar abortos en hospitales públicos, aceptan realizarlos en clínicas privadas. Todo es una cuestión de dinero y de conexiones.

En las últimas décadas, el estado de excepción ha sido generalmente discutido como una forma de expresar la condición excepcional de los refugiados y migrantes indocumentados: el hecho de estar al margen de la ley. La necropolítica, término acuñado por Achille Mbembe, muestra cómo la biopolítica neoliberal y globalizada gobierna el mundo contemporáneo al permitir descuidadamente la exposición de grupos y poblaciones enteras a la muerte. Creo que hoy las mujeres en Polonia son un grupo así, expuestas al riesgo de morir por quienes afirman continuar la herencia cristiana en las instituciones estatales polacas y la Iglesia católica. La perpetuación del pacto neoliberal de valores conservadores y mercado liberal toma la forma de la opresión de las mujeres en nombre de los valores tradicionalistas.

Resistencia

Pero dondequiera que haya control, siempre habrá resistencia. Y las mujeres polacas disputaron, socavaron y lucharon contra la prohibición del aborto desde el primer día.

En 1997 se recogieron aproximadamente un millón de firmas para un referéndum sobre el aborto. En abril de 2016, ante los primeros esfuerzos por restringir aún más el acceso al aborto, 100.000 mujeres se unieron inmediatamente a grupos feministas en línea creados ad hoc. Unas 150.000 marcharon en diferentes ciudades y pueblos de Polonia en lo que pronto se conoció como las protestas negras, que llevaron a la huelga de mujeres y, finalmente, a la huelga internacional de mujeres.

Esta resistencia vuelve a ser evidente hoy. El lunes 26 de octubre, una treintena de ciudades y pueblos de Polonia fueron bloqueados por automóviles, bicicletas y personas a pie en protestas espontáneas en apoyo de los derechos de las mujeres. El día anterior, los agricultores utilizaron sus vehículos para bloquear calles en varios pueblos pequeños para protestar por la prohibición del aborto recientemente establecida.

Tras las primeras manifestaciones del viernes 23 de octubre, el día del fallo, las protestas se han extendido desde las grandes ciudades a todo el país. Un recuento aproximado sugiere que las protestas tuvieron lugar al menos en setenta lugares de Polonia, así como en una veintena de pueblos y ciudades en el extranjero. Se ha convocado una huelga general para el miércoles [28 de octubre] y muchos lugares de trabajo ya han comenzado a declarar su apoyo a la causa de las mujeres.

Un elemento nuevo y muy popular de la protesta es que las feministas visitan las iglesias para defender el derecho al aborto y los derechos de la mujer. Las activistas entran a las iglesias y sostienen pancartas y distribuyen folletos. Esto suele suceder de forma pacífica, sin enfrentamientos violentos.

Las protestas actuales parecen tener un ambiente ligeramente diferente a las celebradas anteriormente; ahora estamos rabiosas, no solo disgustadas, y el eslogan principal es una palabrota, ¡wypierdalać!, Que se puede traducir como: “lárgate de aquí!”

Si el espantoso Kaczyński y sus colegas conservadores se largaran podrían tener problemas para encontrar otro lugar adonde ir. Pero las feministas de Polonia tienen problemas más serios de los que ocuparse.

Por Ewa Majewska

28 OCTUBRE 2020 |

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Coronavirus: Francia anuncia un nuevo confinamiento 

El presidente Emmanuel Macron anunció que la meta consiste en “volver al confinamiento que detuvo el virus". Cerrarán bares y comercios. Guarderías, primarios y secundarios seguirán abiertos

 

La pandemia de Covid-19 terminó fijando sus tiempos y Francia regresa desde este viernes a una configuración muy cercana a la que había en el país durante los meses de abril y mayo de 2020: el presidente francés, Emmanuel Macron, durante un solemne discurso transmitido por televisión, anunció que la meta consiste en “volver al confinamiento que detuvo el virus a partir del viernes (…) al menos hasta el primero de diciembre”. 

El país regresará así a estar confinado a escala nacional, aunque con algunas diferencias con respeto a la primavera europea. Hoy se habla de un confinamiento light, menos severo que el que imperó entre marzo y mayo de 2020. La situación es, sin embargo, más aguda porque la pandemia se amplificó ahora a todas las regiones, cosa que no ocurrió en marzo. ”La segunda ola será más dura y mortal que la primera”, dijo Macron antes de aclarar que se aplicará “un confinamiento adaptado”. A diferencia de lo que ocurrió antes, los colegios de primaria y secundaria permanecerán abiertos “con protocolos sanitarios reforzados”, lo mismo que las guarderías. 

Como en marzo, para salir de los hogares, ir a trabajar, salir de compras o tomar aire será necesaria una declaración jurada. Sin embargo, aunque el presidente señaló que “la economía no debe detenerse ni hundirse”, los comercios deberán cerrar, así como los bares y restaurantes y los establecimientos que reciben público (menos farmacias y alimentación). El comercio es el sector que se verá más afectado en los próximos 15 días fijados por el presidente para realizar un primer balance de las medidas anunciadas ayer. Las reuniones privadas y las manifestaciones públicas quedan excluidas y no habrá tampoco desplazamientos entre las regiones. Sólo se tolerarán los viajes de retorno previstos para este fin de semana con el fin de las vacaciones de todos los santos. El trabajo proseguirá, pero mediante un recurso masivo al teletrabajo.

Ninguna de las disposiciones anteriores frenó el avance de una pandemia que los responsables sanitarios ya calificaron hace unos días como "fuera de control". Peor aún, el número dos del Ministerio de Salud, Jérôme Salomon, predijo que "la segunda ola podría ser peor que la primera". Ni las restricciones, luego el cierre de los bares y, al final, el toque de queda a partir de las 9 de la noche (46 millones de personas concernidas) levantaron un muro ante la circulación del virus. Los hospitales gestionan desde hace un par de semanas un flujo ascendente de enfermos. Hasta este miércoles, más de la mitad de las 5.800 camas reservadas a la reanimación ya estaban ocupadas, una cifra a la que no se había llegado desde el pasado mes de abril. 

El mandatario francés advirtió que habría “9.000 pacientes en reanimación a mediados de noviembre”. Ello a equivale a que, dentro de menos de 15 días, la cifra de reanimaciones se multiplique por tres. A este respecto, Jérôme Salomon adelantó que la cantidad de enfermos en los servicios de reanimación “va a aumentar mecánicamente, cualquiera sean las medidas que se tomen”. Francia totaliza hoy 35.541 muertos, de los cuales 523 en las últimas 24 horas.

El país se preparó para el confinamiento antes de que el presidente francés lo anunciara oficialmente en la televisión a las 8 de la noche. Al final de la tarde, en París y sus alrededores, había más de 400 kilómetros de embotellamientos, lo que equivale a más del doble de un día normal. Entre la estampida, el toque de queda y el esperado anuncio presidencial la capital francesa volvió a ser un vacío atravesado por sombras desde las 7 de la tarde. A las 8 en punto resonó la Marsellesa en las pantallas de la televisión, apareció Macron y el país se quedó mudo. Si bien la segunda ola estaba en la agenda de lo muy posible, la rapidez con que se extendió y su volumen sorprendió a todos los epidemiólogos. El mandatario reconoció en su discurso que “el virus circula a una velocidad que ni siquiera las previsiones más pesimistas habían previsto”. ”Este virus es una porquería”, dice el profesor Yazdan Yazdanpanah, jefe del servicio de enfermedades infecciosas y tropicales en el hospital Bichat y también miembro del consejo científico que asesora a Emmanuel Macron (diario Libération). 

El profesor agrega:” habíamos previsto que la epidemia se reactivaría fuertemente, pero su extensión, su importancia, su amplitud y su velocidad son bastantes inesperadas”. Esa rapidez está plasmada en las cifras: entre el 23 de septiembre, cuando se aplicaron las primeras medidas de restricción social post confinamiento, y ahora fallecieron 4.100 personas, o sea, dos veces más que en los tres meses anteriores acumulados. Desde que en octubre el Ejecutivo empezó a multiplicar las medidas en las regiones más contaminadas el ritmo de las infecciones no ha dejado de aumentar. Según la Salud Pública francesa ese ritmo creció en un 45% por semana entre el 15 y el 22 de octubre. ” Todas las regiones están en alerta”, advirtió el jefe del Estado, quien también aclaró: “Si no frenamos brutalmente hoy las contaminaciones los médicos deberán elegir entre un paciente Covid y un accidente de la ruta”. El principal objetivo presidencial es “pasar de 40 mil contagios por día a 5.000”. Macron expuso lo que muchos especialistas vienen diciendo desde hace meses y meses. Nadie está verdaderamente a salvo: la “Covid-19 toca de forma grave a todas las generaciones. Contagiarse con el virus nunca es anodino, incluso cuando se tienen 20 años ".

El día sin fin está acá, la pandemia sin fin, el encierro sin fin. Macron dijo que si no se actuaba ahora de aquí a dentro de algunos meses “habrá que deplorar 400 mil muertos suplementarios”. Una lluvia de aplausos dedicados a los mozos de bares y restaurantes cubrió anoche las protestas y las expresiones resignadas de los parisinos que despedían la temprana noche pocos minutos antes de que entrara en vigor el toque de queda. Las persianas caían con los aplausos y las veredas se iban quedando desiertas. Resignación, rabia y también miedo porque, como gritaba un señor que andaba sólo por la Rue de Rivoli, »no se quejen, jodidos, que el virus está entre todos, en cada rincón del planeta ». La covid-19 ha esquivado todos los diques. París regresa a una era muy cercana, pero que todas y todos confiaban en que era sólo pasajera.

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España plantea una suba de impuestos a los ricos 

Los primeros presupuestos del PSOE y Unidas Podemos

Los dos partidos que forman el gobierno llegan a un acuerdo que supondrá un aumento en la presión fiscal sobre las grandes fortunas. “La política es elegir qué intereses se defienden”, advierte Pablo Iglesias

 

Pedro Sánchez lleva al frente del gobierno de España desde en junio de 2018, cuando logró desbancar a Mariano Rajoy gracias a una moción de censura. Desde entonces ha ganado dos elecciones generales y ha recabado los apoyos para ser investido presidente, pero todavía no ha conseguido el apoyo necesario para aprobar unos presupuestos generales, las cuentas que con rango de ley amparan toda la acción de gobierno. Por ese motivo, el gobierno formado por el PSOE y Unidas Podemos lleva gobernando desde su conformación con los presupuestos aprobados en 2018 cuando todavía gobernaba Mariano Rajoy.

Esta situación anómala está a punto de terminarLas dos formaciones que conforman el gobierno de coalición anunciaron este martes un acuerdo para presentar al Congreso unos nuevos presupuestos. La mitad del trabajo está hecho, pero resta lo más difícil, conseguir los apoyos parlamentarios para que salgan adelante.

El acuerdo fue presentado como un gran éxito por los secretarios generales de ambos partidos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, en una comparecencia conjunta en la que se ha dado por finiquitada la era de la austeridad en España. “Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes o ponernos en pie y seguir adelante con energía", afirmó Sánchez. Iglesias fue más directo y optimista: “Inauguramos una nueva época, que deja atrás la etapa neoliberal y de recortes hacia una senda de recuperación de derechos sociales y laborales”.

Más que una declaración de intenciones, el proyecto supone todo un programa político: aumento de impuestos a las rentas más altas, gran inyección a la inversión pública, especialmente en sanidad, e impulso al Ingreso Mínimo Vital.

El PSOE y Podemos llevan semanas negociando el acuerdo, que sólo se ha alcanzado cuando los socialistas dieron su brazo a torcer y accedieron a una de las principales reivindicaciones del partido de Pablo Iglesias: el establecimiento de un control que ponga freno a los abusos en el precio de los alquileres que está expulsando a los extrarradios de las grandes ciudades a las familias con menos recursos. Podemos también reclamaba que se arbitraran medidas para facilitar el acceso al Ingreso Mínimo Vital, lo que también ha conseguido.

En la presentación del acuerdo, Sánchez reivindicó el carácter progresista del proyecto de presupuestos, excepcionales porque deben dar respuesta a la crisis social y económica provocada por la pandemia, y que supondrán la mayor inversión en protección social de la historia de España.

Para ello cuenta con dos factores también excepcionales: los 27.000 millones de euros extra que se espera recibir de la Unión Europea en una primera etapa (España cuenta con percibir en total en los próximos años 140.000 millones de fondos europeos movilizados para hacer frente a la pandemia) y una reforma fiscal que se traducirá en un aumento de impuestos a las rentas más altas. Se subirá el Impuesto de Sociedades para grandes empresas; se incrementará en un punto el Impuesto de Patrimonio a grandes fortunas (superiores a los 10 millones de euros); habrá una subida en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas de tres puntos a las rentas del capital de más de 200.000 euros al año y de dos puntos a los sueldos que superan los 300.000 euros anuales. Esta medida, que afecta a menos del 0,1 por ciento de los contribuyentes, ya ha sido criticada por las fuerzas de la derecha.

También se reducirán las desgravaciones que se aplican a los planes de jubilaciones privadas y se establecerá una tributación mínima del 15% para las denominadas SOCIMIS, sociedades de inversión inmobiliaria con un capital mínimo de cinco millones de euros.

A ello se sumarán nuevos impuestos, como los que se aplicará a los envases de plástico, un aumento del 10 al 21 por ciento a las bebidas azucaradas, y la puesta en marcha de las tasas ‘Google’ (impuesto a las grandes multinacionales tecnológicas) y ‘Tobin’ (impuesto a las transacciones financieras).

Todas estas medidas, unidas a una nueva ley de lucha contra el fraude fiscal, supondrán, según los cálculos del gobierno, un incremento en los ingresos del Estado de 33.447 millones de euros en 2021, cuando se espera alcanzar un récord de recaudación de 494.490 millones de euros. Ello permitirá, según Sánchez, sentar las bases para reconstruir todo lo que ha derrumbado la crisis sanitaria, económica y social provocada por la COVID-19, y también modernizar el sistema productivo español, muy asentado en el sector servicios, especialmente el turismo, al que el vendaval de la pandemia ha arrasado.

El presidente se refirió en especial al estado del bienestar y al sistema nacional de salud, que la crisis sanitaria ha demostrado “que tiene que ser más robusto”.

En relación con el establecimiento de una regulación para el mercado del alquiler, Iglesias subrayó que la política consiste en elegir qué intereses se defienden. "Este Gobierno toma partido en favor de quienes viven de sus salario y dependen del mismo para alquilar una vivienda”, subrayó.

El acuerdo sobre los alquileres no forma parte de la ley de presupuestos, pero el vicepresidente aseguró que antes de cuatro meses se aprobará una ley que permita la limitación y bajada del precio del alquiler en contratos nuevos y existentes. Esta norma, dijo, ”contribuirá a hacer efectivo el derecho a la vivienda que recoge la Constitución”.

El acuerdo alcanzado por Sánchez e Iglesias es insuficiente. Ahora los dos partidos que conforman el gobierno tienen por delante la difícil tarea de recabar los apoyos necesarios para que los presupuestos salgan adelante en el Congreso. Para ello necesitarán convencer no sólo a las pequeñas formaciones situadas a su izquierda -como Más País, de Iñigo Errejón, o los nacionalistas valencianos o gallegos- sino también a fuerzas independentistas catalanas y vascas y al influyente Partido Nacionalista Vasco.

Por Héctor Barbotta

Desde España

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Lunes, 26 Octubre 2020 05:23

Abriendo puertas

Una manifestante que se opone a la confirmación de Amy Coney Barrett para ocupar un lugar en la Suprema Corte de Estados Unidos es conminada a bajar de la estatua Contemplación de la Justicia, a la cual se encadenó.Foto Ap

¿Habrá un autogolpe de Estado? ¿Habrá una ola anti-Trump lo suficientemente masiva como para frenar el caos poselectoral que el propio mandatario fomenta? ¿Habrá conflictos armados en algunas calles del país? ¿Intervendrán las fuerzas federales, incluso los militares, si el comandante en jefe les ordena reprimir a opositores? ¿Se rescatará lo que queda de la democracia estadunidense? Nunca antes se habían escuchado estas cosas en una coyuntura electoral en esta nación, y nadie puede pronosticar lo que está por ocurrir.

Varias organizaciones y sus redes dicen estar preparándose para "defender el voto" ante un intento para anularlo o descartarlo por el presidente y su equipo. Algunos se están dedicando a capacitar y alertar a ciudadanos para enfrentar un golpe de Estado por parte del presidente, o sea, un autogolpe para mantenerse en el poder.

En estos días previos a la elección del 3 de noviembre, organizaciones opositoras están dedicadas día y noche a impulsar lo que ya se perfila como una participación electoral histórica (en un país en el cual, cuando hay elecciones presidenciales, casi la mitad de los que tienen derecho al voto decide no participar por varias razones), y con ello generar una ola de votos suficientemente grande como para anular la disputa sobre los resultados que tanto ha promovido Trump desde hace semanas.

El candidato demócrata Joe Biden no provoca gran entusiasmo justo por ser otro político centrista del establishment, con una carrera de 47 años; de hecho, eso ha permitido que Trump se presente otra vez como en candado antiestablishment.

Pero esta elección no es un concurso entre los dos candidatos, sino que es un referendo sobre Trump.

Curiosamente, a pesar de que una muy amplia gama de voces distinguidas estadunidenses declaran a Trump como "el presidente más peligroso de la historia", algunos fuera del país expresan que esta elección da igual porque ambos candidatos ofrecen más de lo mismo para el resto del mundo.

Ante ello, tal vez es necesario explicar que Biden como candidato en parte depende de corrientes sociales progresistas poderosas dentro y fuera del partido. Por ello, él ya ha tenido que ceder ante algunas de estas fuerzas para obtener su apoyo, adoptando posiciones como, por ejemplo, declarar que protegerá a los dreamers y prometiendo que en sus primeros 100 días presentará una propuesta para otorgar una ruta a la legalización y hasta ciudadanía para 11 millones de indocumentados, todo gracias a la presión organizada de los propios dreamers y algunas organizaciones latinas.

También ha adoptado partes diluidas de las propuestas de fuerzas progresistas sobre medio ambiente y de salud como resultado de las fuerzas que surgieron con la candidatura de Bernie Sanders y otros politicos progresistas. Y, ni hablar, ha tenido que asumir una posición muy clara ante el estallido antirracista de Black Lives. Todo eso, entre otras cosas, marcan una diferencia con las políticas de Trump y lo que él representa.

Las fuerzas progresistas en Estados Unidos subrayan que la tarea más urgente es deportar a Trump del poder, y eso requiere, por ahora, votar por Biden.

No da igual quien gane y las diferencias entre ambos tienen implicaciones potencialmente de vida y muerte –literal– para millones dentro y fuera de este país.

Para muchos, esto ya no se trata de una elección estadunidense más, sino que es parte de una lucha para frenar la consolidación de un proyecto neofascista, el cual tiene vínculos con sus pares en otras partes del mundo, incluso en América Latina.

Con una derrota de Trump se abre una puerta en el muro que invita a pasar hacia un futuro más democrático en Estados Unidos, lucha que requiere de la solidaridad desde el sur al norte.

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En El Alto, Bolivia, mujeres participan en los festejos por la victoria con mayoría absoluta del Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones generales del 18 de octubre.Foto Xinhua

La Paz., Vestidos de azul, con banderas indígenas wiphala, danzas y música de pueblos originarios, decenas de miles de personas celebraron ayer en Bolivia la victoria del Movimiento al Socialismo (MAS), alcanzada en las elecciones del pasado domingo.

El presidente y vicepresidente electos, Luis Arce y David Choquehuanca, participaron en la gran festividad en la ciudad de El Alto, adonde llegaron también habitantes de los más lejanos territorios del país andino-amazónico.

Arce y Choquehuanca fueron recibidos en medio de un ritual andino en el que chamanes aymaras –ataviados con tradicionales ponchos y gorros de lana de alpaca– les colgaron coronas de flores al cuello, y en una mesa con palos de madera quemaron una pequeña llama para pedirle a la Pachamama (Madre Tierra) que los acompañe en su gobierno.

"El pueblo conquistó con su lucha la alegría de la victoria. Unidos, al ritmo de moseñadas, bandas musicales y grupos autóctonos, celebramos la recuperación de la esperanza para todas y todos los bolivianos. Con la fuerza del pueblo #VamosASalirAdelante", escribió el presidente electo en su cuenta en Twitter.

Asimismo, Choquehuanca, ex canciller y ex secretario de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, aseguró que el MAS, junto a los distintos pueblos ancestrales que conforman el país, organizaciones sindicales, estudiantiles y otras, logró recuperar la democracia.

Luego de casi un año de un gobierno de facto instalado en el poder vía un golpe de Estado contra el entonces presidente Evo Morales, gran parte de los bolivianos celebra la derrota del golpismo.

Las autoridades transitorias (de acuerdo con numerosas denuncias), además de cometer matanzas, perseguir a los dirigentes y simpatizantes del MAS, incurrir en delitos de corrupción y desmantelar los programas sociales y económicos a favor de las mayorías, consumó actos de racismo.

Uno de los primeros fue desconocer la bandera wiphala que ondeaba en el palacio de gobierno, símbolo de la pluriculturalidad de este país, y además, llamar "salvajes" a los indígenas.

El gobierno encabezado por la saliente mandataria de facto, Jeanine Áñez, fue incapaz de atender con eficiencia la pandemia de Covid-19, la cual sirvió de pretexto a su régimen para cometer ilícitos, como la compra de respiradores artificiales a sobreprecio, entre otros.

“¡Un jallalla para todos! Esto es una demostración cultural por la recuperación de la democracia; el pueblo ha recuperado su ajayu y su coraje, el pueblo perdió el miedo”, expresó Choquehuanca en medio de la música, los vítores y la alegría.

El pasado domingo, con una participación superior a 80 por ciento, el binomio del MAS ganó en primera vuelta y de manera rotunda los comicios en Bolivia.

Arce y Choquehuanca obtuvieron 55.09 por ciento de los sufragios, 27.10 puntos porcentuales por encima de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y 41.9 sobre Fernando Camacho, de Creemos.

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