Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

Desde que comenzaron las protestas en Irak a principios de octubre han fallecido más de 250 personas

Los hombres de las milicias, muchas apoyadas por Irán, se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión

 

Ciudadanos iraquíes durante una de las protestas recientes para exigir al Gobierno mejores servicios y empleos. EFE

En el parque Al Umma del centro de Bagdad, un pequeño grupo de hombres en el que también había dos mujeres debate bajo los viejos eucaliptos. El tema de discusión es la forma de expresar las demandas de los miles de manifestantes que este mes han salido a las calles de las ciudades iraquíes.

"Quemar los camiones del ejército no nos ayuda, sólo sirve para que el Gobierno nos acuse de vándalos", afirma un joven. "Si yo te doy 17 RPG [lanzagranadas] y quemas este edificio, ¿en qué medida puede eso ayudarnos con nuestras demandas?".

Otro hombre aboga por derrocar el Gobierno y se forma un corro de gente a su alrededor. "¿Quién ha dicho que puedes hablar por todos?", grita un tercero. En seguida, todos comienzan a corear ‘nadie nos representa’ y ‘fuera, fuera, Irán’, en referencia a los partidos islamistas que gobiernan Irak con el respaldo iraní.

Es un debate caótico, ruidoso y sin líder, igual que las manifestaciones que tienen lugar fuera del parque. Aunque en su mayoría son jóvenes de 20 años, en el grupo también hay dos viejos comunistas con boinas del Che Guevara.

Al final, la multitud se pone de acuerdo en una lista de demandas que un joven barbudo y con gafas lee desde los escalones del monumento a la Libertad de Bagdad: "Dimisión del Gobierno, nuevas elecciones, un cambio en la ley electoral y, lo que es más importante, que todos las autoridades del gobierno sean juzgadas". La multitud aplaude, levanta los teléfonos móviles y queda convocada la manifestación en la plaza Tahrir.

"Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa"

La última erupción de protestas de Irak estalló el 1 de octubre con un llamamiento por Facebook. La chispa fue el despido de un general muy popular por su trabajo en la guerra contra ISIS, pero la razón de fondo es el profundo malestar que hay con una oligarquía religiosa corrupta, un régimen burocrático que no funciona y un primer ministro, Adil Abdul-Mahdi, que no ha cumplido ninguna de las promesas de campaña después de un año en el poder.

En gran parte respaldados por Irán, los partidos religiosos dominan la escena política. Para la generación de jóvenes crecida en los 16 años posteriores al derrocamiento de Sadam Husein, las palabras elecciones y democracia representativa se han convertido en sinónimos de corrupción y de abuso de privilegios por parte de los diputados.

Rico en petróleo, Irak tiene ingresos de cientos de miles de millones de dólares pero la vida de muchos de sus ciudadanos es similar a la de los países árabes más pobres por el desempleo, el derrumbe del sistema de salud y la falta de servicios.

Bagdad pareció llegar al borde del abismo en las protestas del 5 de octubre. A menos de dos kilómetros de la plaza Tahrir, un adolescente de camiseta amarilla, pantalones cortos y chanclas caminaba lentamente por un paso elevado mientras un policía con su Kalashnikov lo expulsaba del lugar.

Finas columnas negras de humo subían retorciéndose hacia el cielo mientras una multitud de jóvenes y adolescentes marchaba hacia la plaza. Los policías disparaban al aire pero la gente seguía adelante ondeando pancartas chiíes y banderas iraquíes.

Los neumáticos empezaban a arder y aumentaban los disparos hasta convertirse en un ruido ininterrumpido. El humo blanco de las bombas de gas lacrimógeno, cada vez más frecuentes, se mezclaba con la espiral negra del caucho en llamas. Los jóvenes iban y venían, obligados a retroceder por el fuego pesado de las ametralladoras y del gas lacrimógeno.

Decenas de pequeños 'tuk-tuks' hechos a partir de motocicletas de tres ruedas se mueven en medio de la carnicería sacando de allí a los heridos. En la parte de atrás de uno amarillo, un hombre despatarrado con dificultades para respirar.

Un joven bajo y delgado con una cuidada barba pelirroja increpa a la gente. "¿Por qué os quedáis ahí detrás?", grita a unos hombres que se habían parapetado detrás de la barandilla del puente. "Los que no quieran avanzar, que vuelvan a casa".

El hombre de la barba pelirroja dice llamarse Jawdat y ser un excombatiente del grupo paramilitar Hashd al-Shaabi. Creado en 2014 a partir de grupos voluntarios de lucha contra ISIS, Hashd al-Shaabi ha recibido la capacitación y el apoyo de Irán.

Jawdat dice que su hermano, muerto en la guerra contra ISIS, también era un oficial del grupo. "Luché en el Hashd, incluso fui a luchar a Siria, pero ¿qué obtuve de este Gobierno? Nada, mientras que los políticos de la Zona Verde [el área más segura y fortificada de Bagdad] impiden cualquier intento de reformar el Estado".

Las ambulancias corren de un lado a otro transportando a heridos y muertos. Sólo en esas manifestaciones del 5 de octubre perdieron la vida 20 personas.

Durante seis días de protestas, el primer ministro, Abdul-Mahdi, apareció en la televisión todas las noches. Con voz suave, prometía crear puestos de trabajo, entregar viviendas baratas y terminar con la corrupción. Pero mientras él hablaba los jóvenes desarmados eran asesinados buscando refugio tras barreras de cemento o manifestándose en las calles con sus banderas al viento. En al menos un caso, hubo francotiradores apostados en edificios participando en las matanzas.

Los activistas y periodistas han sufrido múltiples intimidaciones, con decenas de ellos huyendo de Bagdad tras recibir amenazas por teléfono. Se han cerrado medios de comunicación y cadenas de televisión y es normal ver a oficiales vestidos de civil deambulando por las salas de los hospitales para arrestar a los manifestantes heridos.

"Los médicos acababan de curar mi herida, pero cuando los agentes entraron al hospital en busca de manifestantes me dijeron que me fuera rápidamente", cuenta un joven convaleciente en su cama. Tres días después de un balazo en una calle de las inmediaciones de la plaza Tahrir, la herida todavía sangraba. Hasta el día 7 de octubre se contabilizaron más de 106 personas muertas y 6.000 heridas.

"Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición"

A principios de mes, el tamaño de las manifestaciones estaba dentro de lo normal. Lo sorprendente fue la virulencia de la respuesta. Según muchos analistas iraquíes, la violencia se debe a que el régimen se siente atacado. Según otros, la razón está en que a las milicias proiraníes les preocupa que el auténtico objetivo de la protesta sea socavar el poder de Teherán. "Irán no quiere nada que ponga en riesgo su posición aquí y por eso la reacción ha sido tan dura", explica un oficial de inteligencia del Ministerio de Interior.

Muchos de los partidos iraquíes tienen vínculos con Irán y con las milicias originadas en ese país. Una más de las secuelas de la guerra de 2003, cuando Teherán respaldó a la nueva y poderosa mayoría chií que antes había sido reprimida por el régimen baazista del gobierno suní de Sadam.

Después de que un bloque de diputados vinculado al clérigo Moqtada al-Sadr anunciara este fin de semana que retiraba su apoyo al primer ministro, el partido que ha quedado como principal sustento de Abdul-Mahdi es precisamente Fatah, el brazo político de Hashd al-Shaabi.

Los hombres de las milicias se han metido dentro de los servicios de seguridad y juegan un papel fundamental en la represión. Los manifestantes dirigen su rabia especialmente contra esas milicias, que para ellos representan el control iraní sobre el Gobierno de Irak.

En una de las noches de protestas, un alto mando del ejército sin armas ni barba se detuvo frente a una multitud de jóvenes para pedirles que se dispersaran. "Puedo dejarles bajar y marchar hacia la plaza Tahrir", dijo señalando a las columnas de humo que se elevaban hacia el cielo. "Pero juro por Alá que los milicianos y los francotiradores los matarán". La multitud le respondió con enfurecidos cánticos contra Irán.

"Nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti"

El viernes pasado comenzó la segunda ola de manifestaciones. La muchedumbre agitaba banderas iraquíes y cantaba "nuestra alma, nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Irak". Al menos 74 personas murieron en dos días y cientos resultaron heridas. Contando con ellas, el número total de víctimas fatales desde principios de mes ya supera las 250.

El domingo, el servicio antiterrorista de élite de Irak comunicó que había desplegado sus efectivos en Bagdad para proteger los edificios estatales importantes de "elementos indisciplinados".

Los manifestantes que durante el fin de semana pasado se mantuvieron en la Plaza Tahrir, epicentro de las manifestaciones, se unieron este lunes a miles de estudiantes que se saltaron las clases de universidades e institutos. Las fuerzas de seguridad dispararon gas lacrimógeno y granadas cegadoras para impedir que cruzaran un importante puente de comunicación con la Zona Verde, sede de las embajadas y las oficinas del Gobierno, y el ejército anunció que impondría el toque de queda en la capital.

El lunes también hubo marchas de jóvenes manifestantes en las ciudades sureñas de Nasiriyah, Hillah y Basora. Incluso en la ciudad sagrada de Najaf salieron a la calle decenas de jóvenes clérigos en formación. En Kut hubo que cerrar la mayoría de las oficinas gubernamentales por falta de personal y en la ciudad sagrada chií de Karbala, un pistolero enmascarado abrió fuego contra los manifestantes. Entre la noche del lunes y la mañana del martes, mató a 18 personas y dejó heridas a cientos. Hasta la fecha, ha sido uno de los ataques más letales.

"Hemos dado órdenes estrictas a nuestros hombres de ir desarmados y presentarse sin armas entre los civiles porque no queremos ser acusados de matar a los manifestantes", señala un joven y agotado agente de inteligencia sentado en un pequeño turismo japonés cerca de la Zona Verde. Es parte de la mesa de operaciones del Ministerio de Interior desde el comienzo de las manifestaciones.

"La gente que disparó a los manifestantes [a principios de octubre] formaba parte de las milicias Khorasani y Badr [de mucho poder, tienen el apoyo de Irán]. Los comandantes de estas milicias los han controlado desde el principio", cuenta. "A finales de septiembre, antes del inicio de las manifestaciones, recibimos un telegrama urgente y secreto informándonos de la presencia dentro de la Zona Verde de pequeñas unidades de la Guardia Revolucionaria Iraní. El poderoso político iraquí Hadi al-Amiri y el jefe de la milicia Khorasani estaban con ellos".

Según el oficial de inteligencia, los comandantes de las milicias iraníes e iraquíes llevan dirigiendo la respuesta a las manifestaciones desde el 1 de octubre. "Estas milicias se han convertido en el instrumento para oprimir las manifestaciones y lo siguen siendo, esto ya es algo público que se hace a la luz del día", denuncia.

En un país donde se suceden las revoluciones, las guerras y las revueltas, el Gobierno, los partidos religiosos y las milicias apoyadas por Irán están obsesionadas con la posibilidad de un golpe de Estado. Acusan a los manifestantes de ser conspiradores y exmiembros baazistas. Según esa interpretación, la embajada estadounidense y los Estados del Golfo están alentando las protestas para derrocar al Gobierno chií de Irak.

"Mira a la gente que te rodea", señala un abogado de 23 años en la ciudad de Sadr, a las afueras de Bagdad. Es una noche de principios de octubre y las balas silban sobre su cabeza mientras decenas de niños se agachan para esconderse en un pequeño callejón. "¿Crees que la embajada americana sabe que ese callejón existe? Todos estamos sin trabajo, yo terminé la carrera de Derecho hace tres años y aún no he encontrado empleo".

Desde el frente traen a un joven con la pierna empapada en sangre. Un montón de neumáticos incendiados lanza grandes llamas hacia al cielo. "Estas son las mejores manifestaciones desde 2003", señala el abogado. "Todas las manifestaciones anteriores fueron organizadas por Moqtada al-Sadr o por los secularistas, pero este es un auténtico levantamiento popular y sin líderes".

Ghaith Abdul-Ahad - Baghdad

01/11/2019 - 21:03h

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Colombia, Cauca. Se atiza el fuego de guerra contra los pueblos indígenas

Un desangre sin límite a la vista y con propósitos claramente establecidos. En la tarde del pasado martes 29 de octubre, cinco indígenas nasa fueron acribillados mientras realizaban actividades de control territorial en el resguardo de Tacueyó. Un día antes, en otra región del norte del Cauca (Corinto), en circunstancias que aún no están del todo claras, fue asesinado Flower Jair Trompeta, defensor de derechos humanos e integrante de la Asociación de Trabajadores Pro-Constitución Zonas de Reserva Campesina de Caloto; de acuerdo a la denuncia de la comunidad, fue interceptado por integrantes del Ejército y horas después su cadáver apareció en la vereda La laguna. Ese mismo 28 de octubre, en el municipio de Curillo (departamento de Caquetá), otro excombatiente de las Farc, Wilson Parra Lozada, el objeto de la acción de sicarios.

El país está de luto permanente por el asesinato de los líderes y lideresas sociales. Octubre cierra como un nuevo mes de sangre pues, como espejo de los meses pasados, fueron varias las vidas de liderazgos sociales que apagaron de manera violenta las fuerzas del poder, a saber: el líder y dirigente indígena del pueblo Embera del departamento de Quindío, Constantino Ramírez Bedoya, a quien le arrebataron la vida la noche del 17 de octubre cuando se dirigía por la vía que conecta a Calarcá con el Resguardo Indígena Dachi Agore; de la misma manera el excombatiente fariano Alexander Parra, ultimado el pasado 24 de octubre al interior del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (Etcr) de Mesetas, en el departamento del Meta.

Son asesinatos que evidencian la grave situación de derechos humanos que padece el país. Atentados violentos contra objetivos claramente establecidos producto de lo cual, y si se toma para ello el momento de la firma el Acuerdo de Paz entre las Farc y el gobierno de Santos, ya suman 169 los excombatientes que han sido objeto de la acción homicida que procura romper en su totalidad el Acuerdo en cuestión. Violencia y atentados también enfocados en la humanidad de los indígenas, los que de acuerdo al consejero mayor de la Onic, Luis Fernando Arias, registran 125 integrantes de sus pueblos asesinados desde que Iván Duque asumió la presidencia.

La guerra contra los indígenas del norte del Cauca

No es nuevo, la guerra en el Cauca continua en creciente. Son múltiples las amenazas recibidas por las autoridades indígenas en los últimos meses, donde ponen precio a las cabezas de líderes, consejeros y Guardias del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric). Amenazas que con el paso del tiempo se van concretando, pues vale recordar que el primer día del mes de agosto fue asesinado en el resguardo de Huellas-Caloto el coordinador de la Guardia Indígena Gersain Yatacue; y de la misma manera caían el 10 de agosto los guardias del resguardo de San Francisco, Kevin Ademir Mestizo Coicue y Ogenio Tenorio*.

Según las organizaciones indígenas, los hechos ocurridos el 29 de octubre se presentaron mientras las autoridades se encontraban realizando labores de control territorial en el sector de la Luz, jurisdicción del resguardo de Tacueyó, por donde miembros de la columna Dagoberto Ramos de la disidencia de las Farc se movilizaban en dos camionetas. Según el testimonio indígena, cuando quienes ocupaban tales automotores fueron detenidos y oponiéndose a tal procedimiento, abrieron fuego, acabando con la vida de los guardias indígenas: Asdruval Cayapu, Eliodoro Finscue, José Gerardo Soto, James Wilfredo Soto, así como de la autoridad tradicional o “Ne’h Wesx” Cristina Taquinas Bautista del resguardo de Tacueyó. En el ataque también resultaron heridos de gravedad la autoridad Crescencio Peteche y los guardias José Norman Montano, Matías Montano, Dora Rut Mesa y Rogelio Taquinas.

Durante este episodio, una ambulancia de la Misión Médica que trasladaba a los heridos, también fue blanco de los disparos.

Como presión, dentro de esta disputa por el control territorial, momentos después de la masacre que enluta al pueblo nasa, otro grupo de gente armada se desplazó desde el sector conocido como el Boquerón de manera amenazante, hostigando a las personas que se encontraban en el lugar de los hechos auxiliando a los heridos; ante tales sucesos la organización sostuvo: “repudiamos el actuar cobarde de este grupo de las disidencias de las Farc, camufladas como paramilitares o como Cartel de Sinaloa al servicio del narcotráfico”**.

Afianzando el control territorial

Ante el ataque armado, las comunidades se declararon en estado de emergencia y convocaron para el día 30 de octubre una asamblea extraordinaria de carácter permanente en el polideportivo del Resguardo indígena de Tacueyó, donde participaron comunidades y autoridades de Tacueyó, Toribio, San Francisco, y Jambaló, entre otras zonas.

La asamblea sesionó en comisiones bajo la pregunta: ¿qué hacer frente a los hechos ocurridos como comunidad? A partir de ello la comunidad reflexionó sobre las estrategias y el tratamiento desplegado en este tipo de casos, destacando que detener a quienes desarmonizan el territorio, quitarles las armas y realizar la justicia propia, no está cumpliendo con sus propósitos. ¿Qué hacer, por tanto? La reflexión los llevó a las causas estructurales del problema, hasta identificar un punto nodal del mismo: los cultivos de coca y marihuana para uso comercial, así como la presencia de personas ajenas a la comunidad que llegan a arrendar y a utilizar el territorio para las economías ilícitas. Para remediar esta situación empiezan a proyectar acciones.

De la misma manera se ratificó el mandato de la organización y comunidades con respecto a no aceptar actores armados legales o ilegales dentro de los territorios, dejando clara la posición contra el gobierno de Duque y su propuesta de militarización de las zonas con el envío de 2.500 militares a la región que trabajen en conjunto con la Guardia Indígena, pues vale la pena recordar que el ejercicio de control territorial de estas guardias es autónomo y no cuenta con el apoyo ni coordinación con Fiscalía, Policía o Ejército.

Por el contrario, las propuestas de las comunidades van más allá de la militarización y tocan temas puntuales y de fondo como planes de sustitución y financiación de proyectos productivos, al mismo tiempo que ven con urgencia el tema del fortalecimiento organizativo y de acompañamiento de las comunidades al ejercicio de control territorial que llevan adelante la Guardia Indígena y las Autoridades de los resguardos.

Aunque en los próximos días se seguirá en asamblea permanente, y se tiene proyectado realizar una gran minga de control territorial, lo primero por acometer pasa por el acompañamiento a las familias de las víctimas y la siembra de los Guardias y la Gobernadora que recién había sido nombrada en su cargo el 21 de junio del presente año.

Una situación que refleja la crisis del país

La situación del norte del Cauca es crítica. El 31 de octubre se supo de una nueva masacre en zona rural del municipio de Corinto, en donde encontraron a cuatro personas asesinadas con impacto de bala; de acuerdo con versiones de la comunidad, los cuerpos tenían signos de tortura y degollamiento. Al mismo tiempo, en Caloto fue encontrado otra persona asesinada. Las víctimas aún no han sido identificadas. 

Esta realidad que padece esta región, como muchas otras del país, tiene que ver, entre otros, con el megaproyecto del narcotráfico, el mismo que genera disputas por el control de tierras, rutas y plantaciones, lo que se traduce en la consolidación de poderes que manejan economías en miles de millones y se mueven sin ningún problema bajo las narices del Estado colombiano, pues no se puede negar que la presencia militar en el sur del país es alta y sin embargo no son obstáculo para que los actores de este poder cumplan con sus cometidos.  Como es evidente, el narcotráfico es útil para la atomización social, para la ruptura de tejidos sociales, para el control violento de territorios, para limitar la acción social alternativa. El narcotráfico es un claro enemigo de otro modelo de sociedad, uno distinto al imperante.

Una guerra de exterminio contra los pueblos indígenas. Es evidente que lo que hay detrás de estos asesinatos y ataques contra los pueblos indígenas, responde a un plan de despojo de tierras para los negocios económicos de toda índole, pues no se puede negar que de lograr el desplazamiento de comunidades enteras a ciudades o pueblos intermedios eso ayudaría a la entrada y consolidación de la industria del narcotráfico, así como de otras multinacionales, unas y otras con los ojos puestos en estas tierras donde podrán explotar diferentes recursos naturales y ejercer un control territorial que les permita satisfacer sus propósitos.  Política de exterminio que es de carácter global, pues si miramos otras geografías encontraremos el mismo fenómeno de asesinato permanente y selectivo contra pueblos que habitan en la ruralidad.

Colombia es un país envuelto en un luto permanente, luto que se impondrá y seguirá ampliándose si no encontramos espacios de articulación real entre organizaciones sociales y habitantes del país nacional, espacios que evidentemente deben trazar caminos propios, de mediano y largo plazo, a través de los cuales logren configurar otros referentes de vida y otras formas para administrarlas, todo lo cual no es posible realizar si el centro y referencia es el poder gubernamental imperante desde dos siglos atrás. Un reto mayúsculo que demanda imaginación, instalación de espacios para el diálogo común, la puesta en marcha de experiencias concertadas para otra economía posible y con ello, para otra democracia necesaria y factible. Hay que romper el luto, dando espacio a la vida, y ésta depende de la calidad de nuestros sueños y de nuestra audacia para hacerla realidad.

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El pleno de la Cámara de Representantes aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump. La votación para abrir al público las investigaciones fue de 232 demócratas a favor por 196 republicanos en contra. "De lo que se trata es de saber la verdad. Lo que está en juego es nada menos que nuestra democracia", sostuvo la líder de la cámara baja, Nancy Pelosi.Foto Ap

Nueva York. Por cuarta ocasión en la historia de Estados Unidos, el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso aprobó ayer una resolución para el proceso de impeachment, estableciendo las reglas del juego para, eventualmente, formular cargos para un juicio político al presidente Donald Trump. Todo lo cual se podrá ver por televisión en vivo.

Después de poco más de un mes de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la cámara baja, la resolución aprobada ayer establece los parámetros y procedimientos para abrir por primera vez la fase pública de las indagaciones.

La decisión del liderazgo demócrata de convocar el voto para aprobar esta resolución indica que confían en que ya cuentan con suficiente evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadunidenses, y con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios estadunidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la justicia.

La resolución adoptada ayer, por el voto dividido de 232 demócratas (dos votaron no) contra 196 republicanos presentes, establece que el Comité de Inteligencia realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del 11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que entregará al Comité Judicial.

Será ahí donde por primera vez, abogados que representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y hasta convocar testigos en las audiencias. Según las reglas, el Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”.

Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached.

Pero eso sólo implica que fue formalmente acusado, no destituido. Lo segundo depende del Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.

En ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta, controlada por mayoría republicana.

Por ahora los pronósticos son que Trump será impeached, pero que el Senado lo absolverá y se mantendrá en el cargo, lo cual ocurrió en el caso de Bill Clinton, en 1998.

Vale subrayar que –como enfatizó la presidenta de la cámara baja Nancy Pelosi–, lo que se votó ayer no fue el impeachment en sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación de Trump, y con ello determinar si se procede hacia el juicio contra el mandatario.

Pelosi advirtió, al convocar el voto, que este es un paso "solemne". A la vez, ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, declaró que "no sé por qué los republicanos temen la verdad". En su discurso ante el pleno sobre el voto, afirmó: “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadunidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.

No sorprendió el que Trump usara su cuenta de Twitter para declarar que todo esto “es la Cacería de Brujas Más Grande en la Historia de America” –así, todo en mayusculas– mientras su Casa Blanca y múltiples republicanos calificaran el proceso de ilegítimo. "Los demócratas están intentando destituir al presidente porque temen no poder derrotarlo en las urnas", acusó Kevin McCarthy, líder de la minoría republicana en la cámara baja.

Pero tal vez el impacto más importante de abrir el proceso al público es que esto se transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más peligroso para el actual régimen, Watergate en los años 70.

Nuevos testigos

Las investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer, donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba renunciando sin mayor explicación.

La investigación de los demócratas en la cámara baja contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con más de una docena de testigos hasta la fecha –entre ellos diplomáticos de alto rango y asesores de la Casa Blanca–, y documentos oficiales que sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que el gobierno de Ucrania le hiciera "el favor" de anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.

Los investigadores de la cámara baja ahora han solicitado la comparencia del ex asesor de Seguridad Nacional y otros dos altos funcionarios de la Casa Blanca para la próxima semana, aunque pocos esperan que se presenten de manera voluntaria.

Próximamente se estrenará en vivo el proceso de impeachment, y Trump, el ex famoso conductor de su reality show El Aprendiz, que concluía cada noche con un concursante despedido por él, ahora será sujeto a otro tipo de programa con consecuencias reales que incluyen –aunque por ahora permanece como posibilidad muy remota– su propia despedida.

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Viernes, 01 Noviembre 2019 05:51

La represión recrudece a la noche en Chile

La represión continuó en las calles de la capital chilena. Imagen: EFE

Las manifestaciones espontáneas se sucedieron en Palza Italia, tradicional epicentro de las marchas masivas en contra del gobierno.

Las leyendas en aerosol en las fachadas de los edificios, bombas textuales para el presidente, los pacos, algunos deseos. Los trajes impermeables cubriendo de pies a cabeza. Máscaras, maquillaje. Sombreros de bruja. Cascos, antiparras, pañuelos, barbijos. El sonido constante de cacerolas y silbatos, algún cántico. La interrupción repentina del estruendo del gas lacrimógeno o la dispersión a la que obliga el camión hidrante. La represión recrudece a medida que avanza la noche. Los carabineros se ubican en la boca de la estación de metro Baquedano, donde funcionó un centro de tortura. Los de veintitantos, los que no tienen en el cuerpo la memoria de la dictadura --tal vez los que menos miedo tengan-- son mayoría esta tarde en la zona conocida como Plaza Italia. Es una manifestación espontánea, algo de lo más habitual por estos días, que suele iniciarse a las 17.


En la escena se mezclan vendedores de comidas varias y cervezas, jóvenes de cabellos de colores que circulan en rollers y bicis, la épica imagen de un chico trepado al caballo del monumento que homenajea al general Baquedano. Desde lo alto flamea la bandera nacional. Hay muchas mapuches, también. Un muchacho toma un megáfono para dedicar un poema al “Negro matapacos”, un perro fallecido, ligado al movimiento estudiantil. No hay un único reclamo: patriarcado, bajos salarios, dificultades para estudiar, el monocultivo, la falta de camillas para enfermos son apenas algunos de los blancos. Cientos de motos irrumpen de pronto en la Alameda; ruidoso ritual contra el negocio de TAG en las autopistas. Un vendedor de empanadas y masas rellenas dice que trabaja y de paso apoya “a los chiquillos”. “Tuvo que llegar el caos para que nos tomaran en cuenta”, sentencia el asfalto, también copado por mensajes de aerosol.


Varios de los presentes marcharon más temprano hacia el Palacio de la Moneda. Constanza, 23 años, estudiante, tiene las manos manchadas de rosa. Acaba de dedicar lo opuesto a un piropo a la Policía. Aunque ya no hay militares en las calles la violencia continúa. Hay quienes postulan que los gases contienen sustancias más dañinas. “Nos manifestamos pacíficamente. Tengo muchos amigos a los que les han llegado perdigones, que han perdido ojos. Nuestro único derecho en Chile es poder elegir, pero teniendo plata”, expresa. No es la única que piensa que los jóvenes tienen un “deber” en estos tiempos. Invitar a “que esto se siga moviendo”. “Nos obligan a regresar con piedras. No es lo que queremos”, asegura Lucas.


Para Javiera es todo muy fuerte “emocionalmente”. El primo de una amiga suya ha desaparecido en Puente Alto. “Nadie esperaba un estallido social. Pero tenemos que decantarlo bien”, se esperanzan Constanza y Jorge. Lo que aparece en el horizonte como deseo –además de la renuncia de Piñera-- es una asamblea constituyente que engendre una nueva constitución, para desplazar a la heredada de la dictadura y que “las necesidades básicas de la población” queden garantizadas desde el Estado.

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Piñera cancela cumbres de APEC y clima por el conflicto en Chile

La crisis empeora y el gobierno apuesta al desgaste, señala experto

 

Santiago. Ni en la peor de sus pesadillas el presidente Sebastián Piñera se soñó obligado por la profundidad de la crisis social y política que estremece a Chile a salir a anunciar que su gobierno desiste de ser anfitrión de las próximas cumbres del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) y de la 25 Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25).

“Nuestro gobierno, con profundo dolor, ha resuelto no realizar la cumbre de APEC que estaba programada para noviembre, y tampoco la reunión de la COP, que estaba programada para diciembre”, declaró muy afectado, flanqueado por el canciller Teodoro Ribera y la ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, a cargo de la organización de la COP.

Se trata de un durísimo golpe personal y político para Piñera, quien en los últimos meses procuró mayor protagonismo internacional no exento de fracasos rotundos, por ejemplo, su papel en los acontecimientos de Cúcuta, en febrero pasado, destinados a derrocar el régimen de Nicolás Maduro; o bien cuando pretendió interceder en la áspera disputa entre los presidentes de Francia y de Brasil por los incendios en la Amazonia; también ha sido un revés para Chile, cuya imagen como destino seguro ha venido cayendo conforme distintos gobiernos advierten a sus ciudadanos de los riesgos que corren de viajar a acá. El mercado bursátil cerró con una baja de 2.8 por ciento en las acciones preferentes y el peso se devaluó 1.6 por ciento para cerrar en 739.5 respecto del dólar.

La perspectiva de que, primero la APEC y después la COP 25 se convirtieran en un espectacular anfiteatro mundial para edificar, con renovados bríos, una representación de masivas protestas con cientos de miles de personas en la calle, sin ninguna capacidad de controlarlas y con impredecibles posibilidades de violencia, terminaron por hacer evidente que es mejor pasar ahora por la humillación de replegarse.

La cumbre de líderes de APEC se realizaría en Santiago el 16 y 17 de noviembre, reuniendo a los gobernantes de Australia, Brunei, Canadá, Chile, China, Hong Kong, Indonesia, Japón, República de Corea, Malasia, México, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Perú, Filipinas, Rusia, Singapur, Taipei, Tailandia, Estados Unidos y Vietnam. Estas economías en conjunto representan 40 por ciento de la población mundial; 60 por ciento del PIB global y 50 por ciento del intercambio comercial total.

La COP 25, en tanto, sería del 2 al 13 de diciembre, con participación de los 193 países de Naciones Unidas, pero adicionalmente vendrían unos 25 mil delegados de la sociedad civil. Para este acto, el gobierno presupuestó 35 millones de dólares (40 por ciento a cargo de privados) y ha estado construyendo instalaciones en un ex aeropuerto ubicado en la Comuna de Cerrillos, aledaña unos 7 kilómetros al centro de Santiago.

El presidente fue explícito al asegurar en que tomó la decisión dadas “las difíciles circunstancias que ha vivido nuestro país en las últimas semanas, y considerando que nuestra primera preocupación y prioridad como gobierno es concentrarnos absolutamente en restablecer plenamente el orden público, la seguridad ciudadana y la paz social”.

Agregó que su deber ahora es dar “urgencia y fuerza” a lo que describe como “nueva agenda social”, y prometió “impulsar un amplio y profundo proceso de diálogo” con las fuerzas políticas. Por la tarde, después de visitar a carabineros (policías) lesionados en las protestas, anunció que invitó a los presidentes de los partidos opositores con representación en el Parlamento a una reunión este jueves con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Consultado acerca de avanzar en reformas estructurales, Piñera no descartó ninguna medida; “estoy abierto a considerarlas todas”, pero después de que avancen los paliativos que anunció la semana pasada. “Vamos a analizar las reformas estructurales una vez que hayamos escuchado con atención a todos los chilenos”, afirmó.

El magistrado Lamberto Cisternas, portavoz de la Corte Suprema de Justicia, indicó que “a estas alturas (de la crisis)”, la reforma constitucional es una salida viable, para lo cual debe consensuarse un mecanismo de plebiscito.

Cristián Fuentes, politólogo de la Universidad Central, estimó que la renuncia a ser sede de cumbres internacionales obedece a que el gobierno “es incapaz de ofrecer una seguridad mínima tanto de índole política como de administración de las conferencias, sobre todo la COP, que es un acto muy grande. Esto es un gran golpe para la imagen de Chile, pero refleja la realidad y el pésimo manejo de la crisis política y social”.

Fuentes recordó que las avanzadas diplomáticas y de seguridad enviadas a Chile, con seguridad reportaron lo que está ocurriendo, además de que “las embajadas están informando de manera permanente y tienen una idea clara de lo que pasa”.

Respecto de la evolución de la crisis, el analista menciona que “una lucecita en el oscuro túnel” es la idea de un plebiscito para generar una nueva Constitución, algo que necesariamente pasa por la generación de un marco legal, o sea, depende del Congreso. “Hasta ahora lo que el gobierno ofrece es absolutamente insuficiente y la movilización social va a continuar”, advirtió.

“La crisis ha empeorado y el gobierno parece que sigue apostando al desgaste, pero pueden pasar semanas y meses antes de que el movimiento acuse señales de cansancio”, advirtió.

Ayer continuaron las manifestaciones pacíficas por todo el país; los gremios de la salud y los profesores realizaron jornadas de paro, a la vez que hubo enfrentamientos entre jóvenes encapuchados y la policía, saqueos y vandalismo.

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La economía mexicana se sume en la incertidumbre tras caer en el tercer trimestre

El estancamiento económico asienta las dudas que ya sobrevolaban sobre la política económica de López Obrador

La segunda mayor economía de América Latina prolonga su paso sobre el peligroso filo de la recesión. El PIB mexicano cayó un 0,4% interanual entre julio y septiembre, un abrupto descenso que ya es el segundo consecutivo —tras el del segundo trimestre de este año— desde la crisis financiera global. El crecimiento, aunque siempre por debajo de su potencial como economía emergente, empieza a tornarse en una atonía preocupante para un país que necesita del dinamismo para sacar a millones de personas de la pobreza. En relación con el trimestre precedente (mayo a junio), la economía mexicana registró un mínimo crecimiento del 0,1%, mientras en los nueve primeros meses del año, el país norteamericano registró una evolución neutra (0%) que preocupa cada vez más analistas, acostrumbrados ya a recortar las previsiones para el gigante latinoamericano. México esquivó por poco la recesión en julio y enfrenta, de cara a fin de año, un pronóstico poco alentador.

El estancamiento económico, principalmente en el sector industrial, asienta las dudas que ya sobrevolaban sobre la política económica de Andrés Manuel López Obrador.La estimación provisional hecha pública este miércoles por la oficina estadística mexicana (Inegi) ha terminado de confirmar lo que ya se anticipaba: la mayoría de los organismos internacionales y analistas creen muy difícil que este año deje un crecimiento mayor al 1%. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ya había rebajado el pasado 15 de octubre su perspectiva de crecimiento para México hasta el 0,4% y la Cepal (el brazo de Naciones Unidas para el desarrollo de la región) estimó un 0,2% para el primer año de López Obrador en el Gobierno, uno de los pronósticos más duros hasta ahora.

Las cifras publicadas este miércoles dejan muy lejos ya la idea de un crecimiento del 4% anual que había prometido el presidente. La política de austeridad implementada por la Administración mexicana, con importantes recortes en salud, ciencia y cultura, ha pasado factura al escenario económico nacional. El bajo gasto público ejercido por el Gobierno es uno de los puntos más señalados en la explicación de la contracción económica. Hace apenas dos semanas que la Cepal advirtió de la existencia de focos rojos en donde era necesario “poner especial atención” en materia de inversión, como la desigualdad social.

“Con austeridad, gastando bien, se puede crecer”, había defendido el presidente al esquivar la recesión en julio. Pero la suma entre austeridad y poca inversión privada excusa en la baja seguridad jurídica han funcionado como un mal cóctel para la economía mexicana. “Para que haya un crecimiento económico en México, se necesita de la inversión privada”, reconoció recientemente Carlos Slim, uno de los empresarios que más expectativas ha puesto sobre este Gobierno.

Por sectores, el ligerísimo repunte de la economía mexicana a tasa trimestral está respaldado principalmente por el aumento del 3,5% de las actividades primarias. Este sector incluye principalmente a la agricultura y ganadería, pero en él que se encuentra también la industria petrolera, uno de los ejes del proyecto económico de López Obrador, en el que los planes de inversión siguen sin dar los frutos esperados. En el lado contrario, lo que más ha golpeado al país es el frenazo sufrido por las actividades secundarias: la manufactura —muy dependiente de EE UU y, en general, de una economía global que no da más que malas noticias— cayó un 1,8% a tasa anual, y las terciarias —el sector servicios— no pasó del 0%. El peso reaccionaba con una ligera caída a la publicación de los datos: a media mañana (hora de Ciudad de México), la moneda retrocedía tres décimas frente al dólar.

Los números acentúan, en fin, la preocupación por el debilitamiento de la economía doméstica y una baja expansión interna. Después de todo, México fue uno de los que mejor parado salió en el último informe de comercio exterior de la Cepal este martes en una región que sufrió una caída del 10%. El Banco de México reconoció tras rebajar su previsión de crecimiento a un rango entre el 0,2 y el 0,7% que existía una “debilidad más profunda de los componentes de la demanda interna” de lo que decían las estimaciones.

Por Georgina Zerega

México 30 OCT 2019 - 18:26 COT

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Jueves, 31 Octubre 2019 06:02

La OEA auditará las elecciones sin Mesa

Trabajadores mineros marcharon en apoyo al gobierno de Evo Morales.   ________________________________________ Imagen: AFP

El canciller Diego Pary anunció que la Organización de Estados Americanos comenzará desde mañana la auditoría vinculante de los comicios del 20 de octubre. Hay movilizaciones a favor y en contra del gobierno.

El convenio para la realización de la auditoría será firmado en las próximas horas con el titular del organismo regional, Luis Almagro, y contempla la participación de observadores de México, Paraguay y España, según detalló a la prensa el canciller Pary, quien puntualizó que 30 expertos auditores de la OEA dilucidarán si hubo irregularidades en el proceso electoral ante las denuncias de fraude de la oposición.

Pary había celebrado que "Comunidad Ciudadana y el señor Carlos Mesa hayan aceptado que se realice esta auditoría, y también los resultados que se vayan a obtener". Sin embargo, el expresidente y quien quedó en segundo lugar en las elecciones, a décimas de obtener la posibilidad del ballottage, volvió a retroceder sobre sus zigzagueantes pasos y en un comunicado partidario descartó al mediodía el aval a la auditoría por considerar que fue "acordada unilateralmente entre el MAS y la OEA"

Los vaivenes de Mesa dilataron varios días las negociaciones en torno a la auditoría, a la que expresamente el vicepresidente Álvaro García Linera y el ministro de Comunicación Manuel Canelas le habían pedido que accediera. Las sugerencias de su entorno fueron ganando terreno ayer y en horas de la noche adelantó: "Creemos que la auditoría de la OEA demostrará de manera inequívoca el fraude en las elecciones". Sin embargo, Mesa hoy se manifestó en sentido contrario y reiteró que "exigimos respeto a la voluntad expresada en las urnas, que fue vulnerada en un cómputo fraudulento".

En este contexto se prevén choques en las ciudades más convulsionadas, como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, entre trabajadores convocados por sindicatos y organizaciones sociales, y los cabildantes convocados por los comités cívicos -opositores más radicalizados- a rechazar la auditoría y pedir la anulación de los comicios y la destitución del presidente Morales.

En tanto, Bolivia sigue semiparalizada, sacudida por protestas, bloqueos e incidentes desde hace diez días, cuando se proyectó la reelección de Evo Morales en primera vuelta. Con menor ímpetu se cumple la tercera jornada del paro cívico convocado por la CONADE -Coordinadora Nacional de la Democracia-, medida de fuerza que se ha reducido a ciudades neurálgicas pero que se agrava por piquetes en rutas interdepartamentales.

Los avances para concretar la auditoría a partir de mañana, han abierto en parte este compás de espera para el gobierno en medio de un constante clima de sabotaje. La momentánea desmovilización de los bloqueadores también se explica por el desgaste propio de los sectores de clase media y media alta, no acostumbrados a este tipo de estrategias sostenidas en el tiempo. También influye la constatación de que hay más actores no tan deseables detrás de las acciones de desestabilización -como el titular del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Fernando Camacho, quien no pudo bajar del avión en El Alto porque lo esperaba una concentración de mineros-, que han incitado a enfrentamientos violentos y acciones directas contra militantes, gremialistas y campesinos.

Los cortes de calles comienzan más tarde, terminan más temprano y se concentran en accesos y puentes que, en algunos casos, son desbloqueados por vecinos perjudicados o por los transportistas de minibuses que se las ingenian para asegurar la circulación. También van relajándose otras formas de reclamo como los cacerolazos nocturnos. La población comienza a hartarse de una situación que la tiene de rehén. El comercio informal y los mercados, que son un motor económico fundamental, ya sufren las consecuencias y el gobierno habla de pérdidas varias veces millonarios.

La mentada pacificación es paulatina y puede resultar engañosa, pero se evidencia una normalización incluso en zonas residenciales como el sur de La Paz, donde se concentran una incipiente burguesía y hasta nuevos ricos, donde el odio hacia Evo Morales es recalcitrante y donde surgieron estos días cientos de barricadas, ahora bajo la consigna de "anulación por fraude". En esos barrios puede verse que, entre bloqueadores y bajo el tendido del teleférico, han vuelto los jardineros que emprolijan los ligustros de negocios, edificios y casonas.

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Miércoles, 30 Octubre 2019 06:17

¿Qué pasa en Bolivia?

¿Qué pasa en Bolivia?

Bolivia vive una crisis política en la que el Gobierno denuncia golpe y la oposición fraude. El triunfo de Evo Morales en primera vuelta por un escaso margen dio lugar a masivas protestas opositoras y contramarchas del oficialismo, con enfrentamientos en las calles de distintas ciudades del país

 

Las elecciones presidenciales del 20 de octubre sumieron a Bolivia en una crisis política. Ese día, el presidente Evo Morales buscó un cuarto mandato en la contienda más abierta desde su llegada al Palacio Quemado en enero de 2006, con 54% de los votos. Desde entonces, el «primer presidente indígena» triunfó, elección tras elección, con más de 60% de los votos y enormes distancias respecto de sus contrincantes, y conectó como ninguno de sus antecesores con la Bolivia indígena y popular. Pero en esta ocasión la coyuntura era diferente: por primera vez, existía la posibilidad cierta de una segunda vuelta. Para evitarla, Morales debía obtener más de 50% de los votos o 40% con diez puntos de diferencia sobre el segundo.

La noche del 20 de octubre concluyó con el balotaje como un resultado probable: la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) fue cortada cuando el conteo alcanzaba el 83% de las actas y la diferencia era de siete puntos. La encuesta en boca de urna de la empresa Viaciencia –la única autorizada– dio resultados similares. Al día siguiente, cuando se completó la TREP, ya se anunciaba un ajustado triunfo en primera vuelta para Morales. Estos guarismos fueron confirmados días después por el conteo oficial, que culminó con Morales obteniendo 47,08% y Carlos Mesa, 36,51%; es decir, una diferencia de 10,54 puntos porcentuales, 0,57 por encima de la necesaria para ganar en primera vuelta.

¿Qué pasó entonces? Por un lado, la oposición venía preparada para denunciar fraude en cualquier escenario que no fuera de balotaje. Pero la suspensión de la TREP y el significativo aumento del porcentaje de Morales, junto con el margen exiguo para lograr la fórmula del «40 más 10», contribuyeron a que, en un clima de fuerte polarización, la mitad de Bolivia quedara convencida de que hubo una alteración de los resultados, más allá de la posibilidad de confirmarlo revisando acta por acta (están en internet), y de que el presidente buscaba quedarse en el poder a como diera lugar.

Que un conteo rápido como la TREP no llegue al 100% no es necesariamente motivo de alarma. Pero, como mostró el periodista Fernando Molina, en este caso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Gobierno dieron al menos cuatro explicaciones diferentes para justificar la suspensión del conteo: que no querían que se superpusiera el conteo rápido con el oficial –que ya comenzaba a esa hora–; que hubo una alerta de ataque cibernético y se paró por seguridad; que siempre se para en alrededor de 80%; que no se incluyó el 17% de las actas porque esas regiones alejadas que supuestamente faltaban no tienen internet para poder enviar las fotos correspondientes.

Para peor, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, renunció indicando que no fue consultado ni informado sobre la orden de cortar la TREP y señaló que « no fue una buena decisión» . Su renuncia fue enigmática: dijo que lo hacía por una cuestión de principios pero que no había habido una alteración de los resultados. Al mismo tiempo, el Gobierno acusaba a la oposición «racista» de querer invisibilizar el voto rural que, supuestamente, explicaba el salto del candidato del Movimiento al Socialismo (MAS) en el último tramo del conteo.

Más allá de la discusión «fina» sobre el escrutinio –el Gobierno propuso una auditoría de la Organización de Estados Americanos (OEA)–, hay tres problemas de fondo detrás de una crisis que está provocando una profunda grieta entre la Bolivia rural y la urbana, incluso con enfrentamientos físicos.

- Evo Morales llegó a esta elección con su legitimidad erosionada por la derrota en el referéndum del 21 de febrero de 2016 (21F), cuando su propuesta de cambio constitucional para habilitar la reelección indefinida fue derrotada por escaso margen . Tras ese traspié, el oficialismo se dedicó durante meses a evaluar «otras vías» para la reelección y lo consiguió a través de un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional . Por eso ahora la denuncia de fraude –que debe ser probada– se confunde con la denuncia sobre la «ilegitimidad» de Morales para postularse, lo que construye un enredo de difícil salida. Para «borrar» lo más posible los resultados del referéndum, el presidente boliviano necesitaba un triunfo contundente. Pero si bien obtuvo ventaja sobre Mesa, apenas pasó la barrera mágica de los diez puntos de diferencia para evitar un balotaje en el que podría perder. Es decir, este resultado no solo no logró hacer olvidar el del 21F, sino que lo trajo explosivamente al presente.

- El MAS no logra incorporar en su imaginario la posibilidad de salida del poder como un acontecimiento no catastrófico. Evo Morales nunca abandonó fácilmente los cargos que ocupó: fue el único diputado del MAS que internamente tenía la posibilidad de reelección indefinida y tras ganar la Presidencia se mantuvo como máximo ejecutivo de la Federación Especial de Trabajadores Campesinos del Trópico de Cochabamba (organización matriz de los cultivadores de coca). En ese sentido, pese al discurso oficialista, Morales nunca fue «un campesino más». Y más recientemente, su imagen fue construida incluso como la de un líder excepcional («Hay un solo Fidel, un solo Gandhi, un solo Mandela y un solo Evo», dijo en una oportunidad el ahora ex-canciller David Choquehuanca). Esto, sumado a una idea clásica de revolución, aunque construida en un marco democrático, dificulta la idea básica de alternancia democrática, con el MAS como eje potencial de una oposición, que en caso de derrota luche contra cualquier intento de debilitar las conquistas sociales, materiales y simbólicas indudables de estos 14 años de «Revolución Democrática y Cultural». La democracia seguiría así la metáfora del tranvía, en el que alguien se sube, llega a su destino (el Estado) y luego se baja.

- Dentro de una oposición que en líneas generales es democrática (el propio Mesa es un centrista moderado) y hoy más numerosa que en el pasado, aparecen grupos radicales con discursos revanchistas, racistas y violentos. La aparición de cuestionadas figuras del pasado, como el ex-ministro Carlos Sánchez Berzaín , prófugo en Estados Unidos por su responsabilidad en la masacre de civiles durante la Guerra del Gas, no ayuda a la oposición y refuerza el discurso oficialista contra la «vuelta al pasado». La decisión del flamante Comité de Defensa de la Democracia (Conade), que agrupa a las principales fuerzas opositoras, de rechazar la auditoría internacional y luchar por la anulación de las elecciones puede contribuir, también, a radicalizar la situación, posiblemente con escasas posibilidades de victoria opositora. (Extrañamente, Bolivia es el único país de la región en el cual el secretario general de la OEA, Luis Almagro, es visto por muchos como un «populista», casi chavista, por haber avalado la postulación de Morales).

En este marco, Bolivia puede avanzar hacia una versión soft de lo ocurrido en Venezuela: una situación en la que el Gobierno se impone, pero con fuertes déficits de legitimidad, en el marco de un desconocimiento mutuo entre oficialismo y oposición y con una radicalización de esta última. No obstante, como escribió Fernando Molina, es cierto que el nivel de violencia en Bolivia es mucho menor, no hay crisis económica (por el contrario, la macroeconomía es uno de los puntos fuertes de Morales) y la clase política es más pragmática y menos ideológica que la venezolana.

No obstante, existe el riesgo de una mayor polarización y enfrentamientos callejeros entre oficialistas y opositores, así como un excesivo uso estatal de los movimientos sociales como fuerza de choque contra quienes protestan; de hecho ya hubo varios heridos. Morales respondió usando la misma expresión que Lenín Moreno o Sebastián Piñera –golpe, desestabilización–, llamó «delincuente» a Mesa, acusó a los jóvenes de protestar por plata o por «notas» (un supuesto y no comprobado beneficio de los estudiantes universitarios por ir a las marchas) y llevó su discurso al terreno de la dicotomía « Patria o muerte» . Todo esto ocurre tras una campaña electoral estadocéntrica, en la que los movimientos sociales, sin la épica de antaño, se limitaron a seguir las iniciativas trazadas desde el aparato estatal, con sus inercias y formas tradicionales de conservación del poder. La oposición, por su parte, rechaza la auditoría y llama a «radicalizar» los bloqueos y paros en las ciudades para «asfixiar al Estado» (de hecho, ya fueron quemadas algunas sedes locales del tribunal electoral).

Es significativo que referentes como el argentino Juan Grabois argumenten que hay que desechar cualquier observación sobre la elección en nombre de la « estabilidad de Sudamérica» (curiosa figura en la pluma de un líder social). Esta es la otra cara de la moneda de quienes comenzaron a denunciar fraude antes de que se comenzaran a contar los votos. Lo cierto es que Morales tuvo durante sus 14 años de gobierno elevadísimos niveles de legitimidad (hasta el punto de ganar en 2014 en la región de Santa Cruz) y que su erosión se debe, en gran medida, a la decisión de no respetar los resultados de un referéndum.

Esta es, sin duda, una mala noticia, en un contexto en el que la crisis del «oasis» chileno (con su combinación desigualitaria de colonización mercantil de todos las dimensiones de la vida social y jerarquías de vieja data) y el triunfo del Frente de Todos en Argentina parecen estar dándoles una nueva oportunidad a los progresismos latinoamericanos.

Por Pablo Stefanoni

Nueva sociedad

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Piñera agota las fórmulas para conjurar una crisis que mantiene el estallido en Chile

El ministro de Justicia reconoce por primera vez la veracidad de las denuncias por vulneraciones de los derechos humanos

Se había autoconvocado a través de las redes sociales como "La Marcha Más grande de Chile II", para dar continuidad a la movilización que el pasado 25 de octubre congregó a más de 1,2 millones de personas, convirtiéndose en la protesta más masiva desde el retorno a la democracia. Sin embargo, las cifras quedaron lejos de conseguirlo y, según Carabineros, fueron unas 15.000 personas las que salieron a la calle la tarde de este martes.

La marcha registró nuevos episodios de saqueos, enfrentamientos entre policía y pequeños grupos de manifestantes e incendios, uno de ellos en una parte del cerro de Santa Lucía, un punto emblemático del centro de la ciudad, que habría sido causado por una bomba lacrimógena disparada por Carabineros.

Después de más diez días de protestas, la crisis política y social que estalló con el aumento del precio del transporte público se mantiene muy viva. Luego de suspender el estado de emergencia y el toque de queda, el lunes el presidente Sebastián Piñera concretó un cambio de gabinete “profundo” que cambió a un total de ocho ministros: dos de ellos miembros del Comité Político, además de los titulares de las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. El mandatario apostó por un plantel ministerial “con calle, mucho más joven, capacidad negociadora y de perfil más liberal de centro.

Pero las demandas de los manifestantes van mucho más allá del reparto de cargos y nuevos nombramientos, y la calle se acusó que el flamante gabinete no llegó con otras propuestas que superen la "agenda social" presentada la semana pasada, que fue considerada “insuficiente, y que apunten a los problemas sociales de fondo.

Escenario oculto por la incertidumbre

La torpeza y el mal manejo político del estallido que enfrenta el país –a base de represión policial y militar y respuestas tardías, superficiales y poco apegadas a los reclamos de la ciudadanía– ha desembocado en un escenario tapado por la incertidumbre. Un panorama que da la sensación que está totalmente fuera de control de las autoridades políticas. "Nuestro Gobierno ha escuchado el llamado fuerte y claro de los chilenos que piden un Chile con más dignidad y sin abuso y también un Chile próspero y más en paz. Tenemos que actuar con seriedad, responsabilidad, sin populismos y sin demagogias", declaró Piñera luego de que asumieran los nuevos cargos. Y agregó: "La democracia tiene el deber de protegerse de sus adversarios respetando los derechos humanos de todos los ciudadanos. Sabemos que tenemos que modernizar y fortalecer nuestras organizaciones democráticas y nuestro sistema de inteligencia y de seguridad ciudadana".

Las movilizaciones han dejado, hasta ahora, al menos 20 fallecidos –cinco de ellos a manos de militares o policías– y, según datos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) entregados a última hora del martes, hay más de 3.700 personas detenidas –más de 400 menores– y más de 1.200 heridos por disparos de balas, balines, perdigones o armas de fuego no identificadas. También hay 140 personas con lesiones oculares.

El organismo ha presentado hasta el momento 138 acciones judiciales, de las cuales cinco son querellas por homicidio, 92 por torturas y 18 por violencia sexual. Una de las denuncias recoge el caso de un estudiante de medicina homosexual que declaró haber recibido golpes, amenazas y vejaciones de parte de los agentes de policía. "Fue desnudado y abusado sexualmente en el contexto de tortura que estaba sufriendo […] Lo obligaron a gritar su identidad sexual, mientras los policías uniformados proseguían con los golpes" aseguraron desde el INDH.

Los informes que ha emitido el organismo han provocado la apertura de 14 sumarios para investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios. Este martes, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, uno de los salvados del cambio de gabinete, reconoció por primera vez la veracidad de las denuncias: "Estamos muy complicados porque se han producido situaciones que, efectivamente, aparentemente, parecen ser violaciones a los derechos humanos”, asumió.

Al trabajo desempeñado por los trabajadores del Instituto, uno de los cuales resultó herido por siete balines durante las protestas de este martes, se le sumará el aporte de una misión de observadores del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas que, desde hoy, se desplegará por todo el país.

Las cifras del Gobierno, por otra parte, se centran en 228 querellas y un total de 997 imputados durante el contexto del estallido social, “ya sea por seguridad del Estado o por incendios asociados a las estaciones del Metro”, en palabras del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla. 

La oposición prepara una acusación constitucional

Los últimos sondeos han dejado la aprobación del presidente por los suelos. Según la encuesta Cadem, dada a conocer el fin de semana, el mandatario chileno tiene un respaldo de un 14%, la cifra más baja que ha registrado un jefe de Estado desde 1990.

El Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio –una coalición de izquierda– están preparando una acusación constitucional contra Piñera que, de salir adelante, llevaría al presidente a enfrentarse a un proceso de impeachment. Sin embargo, eso es poco probable, porque los promotores necesitan los votos de los senadores de derecha.

La oposición también promueve un proyecto de reforma constitucional que permita la convocatoria de un plebiscito. Una consulta ciudadana que pregunte a los chilenos y chilenas si están dispuestos a abrir un proceso constituyente para redactar una nueva Carta Magna que deje atrás la que rige hoy, diseñada e implementada en 1980, bajo la dictadura de Pinochet.

Efectos para la proyección internacional

La urgencia del Gobierno para salir de la crisis no es poca. Además de la necesidad de reconstruir las ciudades y permitir recuperar la cotidianidad de los ciudadanos, el país tiene encima dos acontecimientos internacionales clave para relevar su imagen mundial.

El 16 y 17 de noviembre se celebrará el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), que convoca a los líderes de los países del Pacífico para abordar temas relacionados con el intercambio comercial y la cooperación económica. Este martes, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ya anunció que no viajará a Chile. Se mantiene, en cambio, la asistencia de Donald Trump y del presidente chino, Xi Jinping.

Por otro lado, a principios de diciembre Santiago será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), que acogerá a los principales líderes mundiales. Un grupo de 46 eurodiputados firmaron una carta dirigida a la Alta Comisionada de la Unión Europea para asuntos de Relaciones Exteriores y Seguridad, Federica Mogherini, en la que solicitan que no se realice ningún encuentro internacional en Chile –tampoco la COP25– hasta que no se retiren “el Ejército y la represión” y critican “la falta de posicionamiento público de la UE” ante la situación que mantiene al país desbordado.

La pulsión de la calle se medirá de nuevo hoy con la segunda convocatoria de huelga general, como antesala de un fin de semana largo que se prevé movido.

30/10/2019 09:05 Actualizado: 30/10/2019 09:05

Por Meritxell Freixas

@MeritxellFr

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Miércoles, 30 Octubre 2019 05:56

Chile: denuncian la desaparición de 13 mujeres

Familiares de las mujeres desaparecidas durante la represión de Piñera a la rebelión popular están organizadas y exigen su aparición con vida Imagen: Facebook Feministas Autónomas

 Colectivos feministas consignaron que permanecen desaparecidas desde que comenzaron las protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. También fueron denunciados casos de violencia sexual y ataques lesbofóbicos.

 

Algunas se pusieron anteojos de sol, otras se tapan la cara con el cartel, todas gritan "dónde están, vivas las queremos".

Mientras desembarca la misión de Naciones Unidas en Chile, que permanecerá hasta el 22 de noviembre, la Coordinadora Ni Una Menos y Feministas Autónomas denunció la desaparición de 13 mujeres desde el viernes 18 de octubre, cuando empezaron las protestas en todo Santiago y cuando se vivió la primera noche en Estado de Emergencia. En tanto, ABOFEM (Abogadas Feministas) recibió 13 denuncias de índole sexual, de las cuales 3 incluyen ataques lesbofóbicos.

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile hizo un balance e informó que recibió en total 505 denuncias, que se distribuyen en: 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Natalia Bravo, coordinadora de comisarías de ABOFEM, denunció que han sido informadas de humillaciones, vejámenes, agresiones sexuales, incomunicaciones, desnudamientos forzosos de algunas manifestantes y que el número de estas vulneraciones han ido en aumento a nivel nacional. Hizo un llamado a denunciar el actuar ilegítimo por parte de los agentes del Estado. "El estado de emergencia que estamos viviendo hoy no es en ningún caso, la disminución de los derechos garantías de la ciudadanía", aseveró. En ese resumen, la Defensoría y ABOFEM consideraron que hubo una “avalancha de denuncias” concernientes a violaciones de derechos humanos en las manifestaciones del último fin de semana.

Desde el 18 de octubre, ambas organizaciones han trabajado en conjunto con el Instituto de Derechos Humanos, y suman un aproximado de 150 observadores a nivel nacional. Sin embargo, según indicaron en una declaración pública, no se dan abasto para procesar la cantidad de denuncias recibidas en total.

Bravo, agregó que en el caso de mujeres esta situación también se ha agravado y ha incluido también a miembros de la comunidad LGTBIQ+.

“Hacemos un llamado a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, a que haga un llamado al cese de estos comportamientos, debido a que el estado en el que estamos viviendo hoy, no significa en ningún caso la disminución de los derechos y garantías de nuestra ciudadanía”, enfatizó. Esa funcionaria declaró que hasta el momento, en su cartera no se ha recibido ningún tipo de denuncia formal por casos como los que han explicitado las organizaciones mencionadas.

La Defensoría Jurídica se creó a instancias del Centro de Estudiantes de Derecho, el apoyo de abogadas/os, profesoras/es, el Centro de Derechos Humanos y diferentes departamentos de la Facultad, junto organizaciones de la sociedad civil, como la ABOFEM, Londres 38, la Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Estas instancias coordinan acciones con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público, con la finalidad de apoyar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos durante los estados de emergencia.

Las denuncias por personas desaparecidas

El registro de los casos de personas desaparecidas asciende a 20 en el país, de acuerdo al INDH (Instituto Nacional de Derechos Humanos) que envió ya los datos a la justicia. Así, la Fiscalía analiza los recursos de amparo a favor de estas personas, en los que se solicita su búsqueda, tras una semana de intensas movilizaciones convocadas bajo el Estado de Emergencia declarado por el gobierno, y ya derogado. 

Los amparos se presentaron el 24 de octubre en contra del Ministerio del Interior, de Carabineros de Chile y del jefe de la Defensa Nacional, el general Javier Iturriaga, y a favor de las personas desaparecidas. Fueron nueve, aunque tres de las personas fueron encontradas, una sin vida. Según informó El Desconcierto.cl, se trata de Manuel Jesús Muga, de 59 años e insulinodependiente, quien fue visto por última vez saliendo de su casa rumbo al supermercado Líder ubicado en calle Miraflores, en Santiago, alrededor de las 15 del 20 de octubre. Su nombre apareció en la lista de los 17 fallecidos que este viernes dio a conocer el Ministerio Público. Según la información entregada por la Fiscalía, Muga fue una de las cinco víctimas del incendio ocurrido el domingo pasado en la bodega de la empresa de ropa interior Kayser, ubicada en Renca.

Respecto a los seis casos consultados, se trata de tres mujeres y tres hombres que aún no han sido encontrados y están siendo buscados por sus amigos y familiares.

El domingo 20 de octubre, en la segunda jornada que Chile vivía bajo estado de Emergencia y toque de queda, Victoria Campos fue vista por última vez antes de ser detenida en San Bernardo en el contexto de las manifestaciones desarrolladas en la Región Metropolitana. Según el recurso de amparo, tras su detención fue trasladada “a un recinto desconocido”. 

El mismo día domingo desaparecieron al menos otras dos mujeres. Lorena Antonieta Espinoza, de 56 años, fue vista por última vez en las cercanías de Plaza Ñuñoa. Según indica el recurso, en ese lugar “se encontraba presente personal de orden y seguridad efectuando detenciones”. El texto prosigue: “Atendidos los acontecimientos sucedidos en el centro de Santiago, con énfasis en el día que doña Lorena fue vista por última vez, resulta altamente probable que doña Lorena haya sido abordada por fuerzas de orden y seguridad o por los militares”.

Tampoco se supo nada más de Ignacia Miranda Álvarez. La mujer fue vista por última vez cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa. En ese sector había contingente policial y militar desplegado para contener las protestas. Esa escueta información es todo lo que por ahora se conoce de su desaparición.

A Francisco Sebastián Silva Peñaloza lo vieron por última vez cerca de las 17:00 horas del domingo 20 de octubre, en el Mall Plaza Sur, en San Bernardo. En los alrededores había contingentes de militares y carabineros. Por eso, creen que pudo haber sido detenido por alguno de estos funcionarios. Desde aquella misma tarde, sus familiares lo han buscado en comisarías y otros recintos cercanos a su casa, y han vuelto varias veces al lugar en que fue visto por última vez. Sin embargo, permanece inubicable.

Ese mismo día hubo otra desaparición. Kristopher Mario Pardo González, de 35 años, fue visto por última vez a eso de las 15 en la comuna de Santiago. Ese día salió de su casa, ubicada en Avenida La Marina, en San Miguel, alrededor de las 14.30 horas vestido de buzo negro y polera verde con gorro. Desde ese momento, no se volvió a comunicar con su mamá, quien lo fue a buscar por las plazas y alrededores. Kristopher se encuentra en tratamiento psiquiátrico por posible esquizofrenia. La denuncia por su presunta desaparición fue entregada a organizaciones de Defensoría y Derechos Humanos y ha sido buscado en comisarías y en juzgados de garantía. Se ha requerido información por distintos medios de comunicación y por redes sociales. Pero los esfuerzos no han tenido resultados positivos por el momento.

El 22 de octubre B. C. P., de 17 años y vecino del sector norponiente de Santiago, fue visto por última vez. La única información que manejan sus familiares es que iba de regreso a su casa, en Renca, y que estaba en un lugar donde se produjeron varias protestas con gran cantidad de carros de policías. La familia lo ha buscado intensamente durante esta semana. Sin embargo, no tienen información sobre su paradero.

El abogado de la Comisión Chilena de Derecho Humanos, Yuri Vásquez, que inició estas acciones junto a otros letrados, explica que se amparan en el artículo 21 de la Constitución para proteger las garantías fundamentales de las personas, en especial, el derecho a la libertad individual y de seguridad personal. Vásquez plantea: “Si bien no estamos aduciendo que sean desapariciones forzadas en el mismo contexto de lo que ocurrió en la dictadura, sí estamos en un estado de excepción constitucional donde el jefe de zona es un general del Ejército y la libertad ambulatoria está en manos de efectivos policiales y militares”.

En la Comisión manejan otras denuncias por desaparición, pero en algunos casos no cuentan con mayores datos que el nombre y apellido de la persona desaparecida, ni las circunstancias en las que fue vista por última vez, lo que dificulta la interposición de los recursos. Según el medio chileno, el jefe de Defensa Nacional, Javier Iturriaga, ha solicitado ampliar el plazo para informar sobre la situación de estas personas, lo que para el abogado es “un tanto absurdo” porque, considerando la gravedad de los acontecimientos, en su opinión, urge que se haga un recorrido por todas las comisarías y unidades policiales y militares para que dispongan de toda la información disponible y sea traspasada a los familiares cuanto antes.

Vicente Bustos, presidente del CED, destacó la labor de la Defensoría, de visibilizar lo que está ocurriendo en comisarías, hospitales y lugares detención e informó que a la fecha, han recibido 505 denuncias, que se distribuyen en 350 disparos de proyectiles no balísticos, 46 reportes de lesiones oculares; 51 reportes de lanzamientos de bombas lacrimógenas directamente al cuerpo, 35 casos de golpes con lesiones graves, 3 casos de desnudamientos, 3 atropellos por parte de vehículos policiales y 3 afectaciones a personas en situación de calle, entre otros casos.

Tomás Ramírez, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señaló que las dinámicas de represión policial y de trato a los observadores de Derechos Humanos se han mantenido y en algunos casos ha empeorado. “Aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarse con ellas, para conocer las condiciones concretas de su detención”, dijo.

Informó que se han encontrado con una gran cantidad de personas lesionadas, dado que Carabineros realiza disparos a la parte superior del cuerpo y cabeza de las personas.

Así, Ramírez, miembro de la Defensoría Jurídica de nuestra universidad, se refirió primero a lo que ha sido el actuar policial y el trato para con los observadores de dichas instituciones.

“Respecto de los observadores, hemos podido notar que aún se dificulta el acceso a la información de las personas detenidas y a la posibilidad de entrevistarlos para conocer el estado en que se encuentran y las condiciones de su detención. Las dinámicas de la represión policial y militar se mantienen e incluso empeoran”, precisó.

Según Ramírez, en el caso de los disparos efectuados por miembros de Carabineros, estos se han producido apuntando directamente a la parte superior del cuerpo, lo que ha conllevado a una alza en el número de víctimas que resultan muertos o con visión afectada.

Por Adriana Meyer

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