Martes, 18 Septiembre 2018 11:15

Uribe-Farc: vidas paralelas**

Hernando Carrizosa, de la serire “Referentes” (Cortesía del autor)

No es posible que un hombre de dimensión histórica como Uribe vaya a parar a la cárcel, mientras los criminales de las Farc estén en el Congreso, reclaman 1.057 “ciudadanos colombianos”, en un comunicado de página entera, en todos los diarios del país, el domingo 5 de agosto. “Es una osadía”, inculpan los más inspirados y lúcidos columnistas de esos mismos diarios. A pesar del escándalo y las marrullerías, si las pruebas que posee la Corte son tan sólidas, como se presume, Uribe no la tiene fácil.

 

El llamamiento a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia les ha parecido un exabrupto a algunos periodistas, a personas de cierta relevancia en la sociedad y activistas en las redes sociales. Mil cincuenta y siete de los más fieles seguidores de Uribe, entre quienes se encuentran muchos congresistas y empresarios del Centro Democrático, publicaron en todos los diarios del país una declaración de apoyo a su jefe. Todos los firmantes y defensores oficiosos de Uribe consideran que es una persecución política de sus enemigos, porque él “liberó a Colombia de ser un Estado fallido”. Es inconcebible, argumentan, que Uribe deba ir a la cárcel, mientras que los reclutadores y violadores de niñas, torturadores, secuestradores y autores de las más sangrientas masacres ocupen las sillas del Congreso.


Llamar a indagatoria a Uribe, una osadía


La narrativa oficial, como verdad única, contada por los medios de comunicación y los dirigentes políticos y gremiales –y escuchada, vista y leída día y noche, a mañana y tarde, por quienes comenzaron a tener uso de razón a partir de los años ochenta del siglo XX–, presentan a Uribe y a las Farc, como vidas paralelas, sin ningún estudio ni análisis.


Por una parte, ha existido un prohombre, el “gran colombiano de todos los tiempos”, que además de haber sido presidente de la República, fue funcionario de las Empresas Públicas de Medellín y del ministerio del Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, gobernador de Antioquia y senador. Y, por otra parte, han tenido presencia en Colombia unos terroristas, sin Dios y sin ley que le han causado mucho daño a la sociedad: las Farc. Y un dato más dice la narrativa: Uribe arrinconó y estuvo a un paso de derrotar para siempre a los bandidos de las Farc.


¿Cómo es posible que el prohombre tenga que ir a la cárcel y los terroristas de las Farc puedan sentarse en las curules del Congreso y pavonearse orondos por las calles y los campos de Colombia? Es la pregunta que se formulan los 1.057 que pagaron el comunicado de prensa el domingo 5 de agosto, y columnistas tan reconocidos por el establecimiento, como María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Saúl Hernández de El Tiempo y Luis Carlos Vélez y Mauricio Botero Caicedo de El Espectador. Hernández sintetiza en un trozo lapidario el pensamiento de todos: “El clima de concordia y reconciliación que quiere promover el presidente Duque se irá a pique si los honorables magistrados incurren en la osadía de dictarle medida de detención preventiva al expresidente Uribe” (1). Conclusión: la única manera de que haya concordia nacional, es asegurándole la impunidad al senador Uribe.


Dos historias de Uribe


Es un exabrupto el llamamiento a indagatoria a Uribe, dicen sus seguidores, porque la única verdad para todos ellos es que “él es un hombre de dimensión histórica, por su rectitud, su interés en hablar siempre con la verdad y su espíritu combativo, virtudes que lo enaltecen y que el país debe agradecer” (2).


A pesar de esa declaración tan conmovedora, circulan otras verdades, según las cuales no ha pasado un solo día del siglo XXI sin que se deje de hablar de un prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez. Y, como si los 18 años del presente siglo no fueran suficientes para contar esas historias criminales, quienes le han seguido el rastro a Uribe y han buceado en su biografía, dicen que sus enredos con el código penal hunden sus raíces en las dos últimas décadas del siglo XX. Aquí dos ejemplos de esos primeros tiempos.


En 1981, Uribe en su condición de director de la Aeronáutica Civil, le otorgó licencia a Jaime Cardona, para que el beneficiario operara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar se enteró de esa licencia montó en cólera, porque Cardona era un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Ese lance tuvo un final feliz para Uribe, pues convenció al gobernador de que estaba mal informado, porque Jaime Cardona “era un hombre honorable”. Quien no tuvo un final feliz fue precisamente Cardona: al poco tiempo fue condenado por narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo, en el momento en que su avión particular despegaba de la pista privada, construida en la hacienda de su propiedad (3).


En 1982 Álvaro Uribe no tuvo la misma suerte. Fue nombrado alcalde de Medellín por el gobernador Álvaro Villegas, pero solamente ocupó ese cargo durante cinco meses, porque el presidente de la República, Belisario Betancur, llamó a su despacho al gobernador y le exigió que le pidiera la renuncia al burgomaestre, por cuanto tenía noticias de que tanto Álvaro Uribe, como su padre, Alberto Uribe Sierra, estaban vinculados con las mafias del narcotráfico. A pesar de la violenta reacción, el joven alcalde no tuvo otro camino que renunciar.


Desde entonces, estos treinta y ocho años han estado marcados por una doble historia en la vida de Uribe. Por un lado está la historia de sus cargos, de sus haciendas, de sus caballos y potrancas, en cuyo lomo es capaz de galopar sin que se le derrame una gota de tinto del pocillo que lleva en su mano derecha, mientras con la izquierda conduce el animal. Al lado de esa historia bonita del poder y del dinero, propio de las celebridades, marcha en forma paralela otra, muy agitada y turbulenta, que lo persigue como su propia sombra.


No se trata de simples habladurías que van de boca en boca, en voz baja y de manera clandestina entre los presuntos enemigos del hoy senador. También es pública, está escrita y hace parte de los cerca de 300 procesos que cursan en distintos despachos: tribunales superiores de distrito, Comisión de Acusaciones, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema. En esta última corporación cursan 28, de los cuales10 han sido archivados, pero podrían ser reabiertos, dependiendo como se desenvuelva el ovillo que ha comenzado a desenredarse con el llamamiento a indagatoria, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Entre los que cursan en la Corte están los relacionados con las masacres de La Granja y El Aro –cuando Uribe era Gobernador de Antioquia–, que fueron declarados por el alto tribunal crímenes de lesa humanidad, razón por la cual no prescriben.


De esa historia documentada y pública hacen parte los debates que Gustavo Petro e Iván Cepeda han hecho en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia. Asimismo, los artículos de muchos periodistas –como Daniel Coronell–, y más de media docena de libros. Sólo a manera de ejemplo, cito de memoria algunos: Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo; Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, Joseph Contreras; Por las sendas del Ubérrimo, Iván Cepeda y Alirio Uribe; El clan de los doce apóstoles, Olga Behar; El narcotraficante #82, Sergio Camargo; Colombia feroz, Martín Madem; La pequeña política de Uribe, Rafael Ballén.


En esa historia –de cuatro décadas–, paralela a la bonita, que cuentan únicamente Uribe y sus incondicionales, hay muchas cosas que lo comprometen: sentencias condenatorias de los más cercanos colaboradores de sus dos gobiernos, de miembros de la fuerza pública por los miles de falsos positivos, y de muchos paramilitares, con compulsa de copias; mutilación de folios de expedientes en la Aeronáutica Civil y barrido de audios acusatorios de la Fiscalía General de la Nación; muerte de testigos que habían declarado o pensaban declarar contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Las crónicas y las redes hablan de un total de 12 testigos asesinados, siendo el más reciente el de Carlos Enrique Areiza, acaecido el 14 de abril de 2018.


Ahí están los hechos, a la espera de que el periodismo de investigación cumpla con su deber: escudriñar y hacer público lo que el poder de un solo hombre se ha empeñado en ocultar. Con simetría ética, objetiva e imparcial, con rigor científico-social, ese periodismo investigativo debería formularse al menos dos preguntas: ¿En cuántos procesos, cada uno de los voceros del partido Farc, han gritado, humillado y amenazado a sus jueces? ¿Cuántos testigos que hayan declarado en contra de esos líderes han sido amenazados o asesinados? Contrastar hechos y conductas de las vidas paralelas, es pertinente.


La vida de las Farc


Las Farc, en la vida paralela a la de Álvaro Uribe Vélez, como se ha contado en la narrativa oficial, es una banda de forajidos, que un día, hace más de medio siglo, se alzó en armas y durante 52 años puso en peligro la democracia más sólida y antigua de América. En su plan terrorista esos bandidos violaron niñas, secuestraron, masacraron inocentes y cometieron los más horrendos crímenes. Y, sí. Así fue en el devenir del tiempo, en la degradación de la guerra, porque ninguna guerra es limpia, ninguna guerra es justa y ninguna guerra es humanitaria. Todas son sucias, injustas e inhumanas.
Sin embargo, el comienzo de la guerra no fue así, en las circunstancias de tiempo y de modo. Su origen no se encuentra en un levantamiento en armas en 1964. Eso no es verdad. El 7 de agosto de 1946 asumió la presidencia de la República el conservador Mariano Ospina Pérez, y a partir de entonces, se inició la más feroz persecución contra el pueblo liberal.


El 7 de febrero de 1948 Gaitán encabezó la marcha del silencio y pronunció la Oración por la paz: “Señor Presidente: en esta oración no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen [...]. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización! Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre”. Dos meses después de ese certamen Gaitán fue asesinado.


Como consecuencia de ese crimen, el régimen conservador arreció la persecución al pueblo liberal: incendios, saqueos, desplazamientos forzados, violación de mujeres, torturas y masacres indiscriminadas. A los líderes liberales y a sus hijos se les cazaba como a un jabalí viejo (4). Uno de esos jovencitos, a quien se le dio cacería fue a Pedro Antonio Marín Marín (5), en las localidades de Génova y La Primavera, en el departamento del Quindío y en Ceilán, en Valle del Cauca. En las selvas de este último lugar, tuvo que ocultarse durante seis meses en la más absoluta soledad. Privado de su familia, de sus amigos y de su trabajo. El joven Marín, a pesar de su corta edad, era un próspero comerciante, primero en La Primavera y luego en Ceilán. Pero todo quedó a la deriva cuando se le vino encima la inhumana cacería: todos los caminos legales quedaron cerrados (6).


Después de seis meses de ocultamiento para salvar su vida, Pedro Antonio Marín no tuvo ante sí sino dos alternativas: o permanecer allí para siempre, convertido en un montaraz solitario o salir a la civilización, continuar su trabajo y resistir la agresión oficial. Escogió la última opción: era el año de 1949. Convocó a trece primos –con él 14– y organizó la resistencia. Así, de ceros, con sólo quinto de primaria, comenzó un proceso de trabajo agrícola y de resistencia a la violencia ejercida por las tropas del Estado. Unos años después serían 44 familias campesinas asentadas en Marquetalia. Allí, pese a las limitaciones de créditos, asesoría técnica y de vías que facilitaran el mercadeo de sus productos, esos campesinos eran autosuficientes.


Con la asesoría norteamericana (7), el gobierno colombiano organizó, en mayo de 1964, lo que se conoce como la “Operación Marquetalia”. 16.000 soldados fueron desplegados por aire y tierra para darles cacería a las 44 familias campesinas, que a pesar del poderío oficial, quedaron intactas. Más tarde fue creado un pequeño ejército insurgente, que su fundadores denominaron Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc–.


Ese pequeño ejército, inicialmente de 44 familias fue creciendo paulatinamente. Diez años después tenía 1.000 hombres y mujeres, y al cabo de tres décadas se convirtió en un ejército de 25.000 unidades. Fue perseguido por 12 presidentes de la República y por tres ejércitos, con todo el poderío, el dinero y la tecnología: el oficial de Colombia, el de los Estados Unidos y el paramilitar, que a través de la historia política tomó diversos nombres: chulavitas, pájaros, auto defensas unidas de Colombia, bacrim o simplemente paras.


En esas vidas paralelas –Uribe-Farc–, hay un período de la historia política de Colombia, que en la dialéctica de la guerra, es de antología: el ejército insurgente se hace invencible; Uribe, siendo gobernador de Antioquia, en los años noventa del siglo XX, impulsa el paramilitarismo mediante la creación de las convivir; la insurgencia y sus bases sociales resisten hasta el sacrificio; en el cenit de ese holocausto, Uribe no habría logrado tanto apoyo popular, ni habría sido presidente de la República sin la presencia de las Farc en todo el territorio colombiano.


Por eso, la fortaleza de las Farc durante el primer lustro del siglo XXI, fue para Uribe una bendición. Es más: si Uribe, a la cabeza de los tres ejércitos, con toda la tecnología y con el impuesto de guerra hubiera derrotado a las Farc durante su primer cuatrienio, en 2006 no habría sido reelegido. Muchos recordarán que el principal argumento para su reelección no fue alcanzar mejores índices de desarrollado del país, sino, “la culebra está viva”. Y, claro, tenía disculpas para un tercer período, que lo intentó hasta el final, porque la “culebra continuaba viva”. Pero la Corte Constitucional no le dio el aval, porque la sociedad ya estaba hastiada.


Ese ejército que surgió de la nada, de la simple resistencia para defender la vida; que creció y se hizo invencible, fue invitado por el presidente Santos a sentarse a negociar la paz. Ese ejército que ante la adversidad y el poderío militar del Estado resultó invicto, por voluntad propia se sometió a la Constitución y la ley, entregó sus armas a cambio de que a sus excombatientes les permitan hacer política sin que los maten. Hoy, sus máximos voceros están en el Congreso, excepto Timochenko, que voluntariamente prefirió hacer política desde el terreno llano.


Estado actual de las vidas paralelas


Una vez dejó la presidencia de la República, Uribe creó un partido político para hacerle la más feroz oposición a Juan Manuel Santos, su sucesor, en vista de que este no aceptó ser su títere. Y, como siempre, recurrió a la simulación, dándole a ese partido un nombre que es la antítesis de la realidad: Centro Democrático. Todo el mundo sabe, que no es de centro ni mucho menos democrático. Es un partido de extrema derecha y caudillista, hasta el punto de que su símbolo no es un escudo, una bandera o unas letras, sino la efigie del propio Uribe.


Con ese partido intentó en 2014 poner presidente de la República y tomarse todo el Congreso, con el argumento de “la amenaza terrorista”. En plena negociación entre el Estado y las Farc, el símbolo de su lucha fue Timochenko, el comandante en jefe de esa guerrilla. “¡Ayúdenme! No me dejen solo en el Senado, al lado de Timochenko”, le pedía a sus seguidores, entre suplicante y mordaz. Y agregaba: “Imagínense ustedes a Timochenko en el Senado”. La hazaña que no alcanzó con Zuluaga en el 2014, la logró con Duque en 2018.


En pocas palabras, la ecuación de las vidas paralelas hoy, es sencilla. Uribe, que se ha aprovechado del Estado en todas las estructuras del poder, está sub judice en cientos de procesos, por violar la Constitución y la ley. Y, hasta este momento ningún juez lo ha juzgado, entre otras razones, porque amenaza a todos sus jueces grita, humilla y asusta. En suma, aunque no parezca, Uribe es el terrorista.


En cambio, los miembros de las Farc, comenzaron huyendo a la acción criminal del Estado, hasta que lo enfrentaron militarmente, pese a la desigualdad descomunal. Pero después de muchas acciones de guerra, en las que incurrieron en múltiples crímenes, se sometieron a la Constitución y la ley, entregaron sus armas voluntariamente, se desmovilizaron y están haciendo política y legislando. Y, lo más importante: se han sometido, rigurosamente, a la Justicia Especial para la Paz –JEP–, sin desconocer a ninguna autoridad.


¿A dónde pueden conducir estas vidas paralelas? ¡Ho ironía! ¡Ho casualidad! Si la sociedad se come el cuento y los tribunales lo aceptan, no es nada extraño que los antiguos miembros de las Farc vuelvan a ser la salvación de Uribe, con una pregunta sencilla: ¿Por qué el héroe tiene que ir a la cárcel y los villanos al Congreso?


A pesar de todas las marrullerías, incluyendo el asesinato de testigos, la mutilación de expedientes y el barrido de los audios de la Fiscalía, si las pruebas que posee la Corte para llamarlo a indagatoria son tan sólidas, como se presume, el “presidente eterno” no la tiene fácil. Muchos piensan –y muchos más desean–, que Uribe terminará pidiendo pista en la JEP. Entonces, quienes así piensan y desean, podrán decir, como dice el que dijo Uribe: “El que la hace la paga”.

 

** “Decidí comparar y cotejar al fundador de la bella y cantada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma”. Así comienza Plutarco sus diez biografías paralelas: Teseo-Rómulo; Licurgo-Numa; Solón-Publícola; Temístocles-Camilo; Pericles-Fabio Máximo. En su célebre obra Vidas paralelas, son más homogéneas las vidas que él compara en cada pareja, que el símil que existe entre Uribe, el hombre del poder absoluto, y las Farc, como movimiento político-militar que lo enfrentó como gobernador de Antioquia, presidente de la República y enemigo acérrimo del proceso de paz que el Estado firmó con esa guerrilla. Sin embargo, son vidas que devienen en un mismo contexto geográfico, histórico y político.
1. Saúl Hernández Bolívar. “A la llegada de Iván Duque”, en El Tiempo, Bogotá, martes 7 de agosto de 2018, p.1.15.
2. “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, en El Tiempo. Domingo 5 de agosto de 2018, p. 1.13.
3. Joseph Contreras, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las sombras), Bogotá, Oveja Negra, 2002, pp. 7 y siguientes.
4. El jabalí viejo es animal más audaz y difícil de cazar, según concepto de sus depredadores.
5. En una ceremonia, digna de Don Quijote, Pedro Antonio Marín Marín fue rebautizado con el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje a un líder sindical torturado y asesinado por los servicios secretos.
6. Carlos Arango Z, FARC. Veinte años. De Marquetalia a la Uribe, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 95.
7. Entre el 2 y 13 de febrero de 1962 el general William Yarborough, impartió instrucciones contrainsurgentes en 4 de las 8 brigadas del ejército que existían entonces en Colombia.

 

*Profesor investigador y escritor. Autor, entre otras obras, de La pequeña política de Uribe, y de las novelas Cenizas y La vida ejemplar de Constantina. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza-España. Exmagistrado y Exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y para las Fuerzas Militares.

Publicado enColombia
Jueves, 13 Septiembre 2018 17:10

Uribe-Farc: vidas paralelas**

Hernando Carrizosa, de la serire “Referentes” (Cortesía del autor)

No es posible que un hombre de dimensión histórica como Uribe vaya a parar a la cárcel, mientras los criminales de las Farc estén en el Congreso, reclaman 1.057 “ciudadanos colombianos”, en un comunicado de página entera, en todos los diarios del país, el domingo 5 de agosto. “Es una osadía”, inculpan los más inspirados y lúcidos columnistas de esos mismos diarios. A pesar del escándalo y las marrullerías, si las pruebas que posee la Corte son tan sólidas, como se presume, Uribe no la tiene fácil.

 

El llamamiento a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia les ha parecido un exabrupto a algunos periodistas, a personas de cierta relevancia en la sociedad y activistas en las redes sociales. Mil cincuenta y siete de los más fieles seguidores de Uribe, entre quienes se encuentran muchos congresistas y empresarios del Centro Democrático, publicaron en todos los diarios del país una declaración de apoyo a su jefe. Todos los firmantes y defensores oficiosos de Uribe consideran que es una persecución política de sus enemigos, porque él “liberó a Colombia de ser un Estado fallido”. Es inconcebible, argumentan, que Uribe deba ir a la cárcel, mientras que los reclutadores y violadores de niñas, torturadores, secuestradores y autores de las más sangrientas masacres ocupen las sillas del Congreso.


Llamar a indagatoria a Uribe, una osadía


La narrativa oficial, como verdad única, contada por los medios de comunicación y los dirigentes políticos y gremiales –y escuchada, vista y leída día y noche, a mañana y tarde, por quienes comenzaron a tener uso de razón a partir de los años ochenta del siglo XX–, presentan a Uribe y a las Farc, como vidas paralelas, sin ningún estudio ni análisis.


Por una parte, ha existido un prohombre, el “gran colombiano de todos los tiempos”, que además de haber sido presidente de la República, fue funcionario de las Empresas Públicas de Medellín y del ministerio del Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, gobernador de Antioquia y senador. Y, por otra parte, han tenido presencia en Colombia unos terroristas, sin Dios y sin ley que le han causado mucho daño a la sociedad: las Farc. Y un dato más dice la narrativa: Uribe arrinconó y estuvo a un paso de derrotar para siempre a los bandidos de las Farc.


¿Cómo es posible que el prohombre tenga que ir a la cárcel y los terroristas de las Farc puedan sentarse en las curules del Congreso y pavonearse orondos por las calles y los campos de Colombia? Es la pregunta que se formulan los 1.057 que pagaron el comunicado de prensa el domingo 5 de agosto, y columnistas tan reconocidos por el establecimiento, como María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Saúl Hernández de El Tiempo y Luis Carlos Vélez y Mauricio Botero Caicedo de El Espectador. Hernández sintetiza en un trozo lapidario el pensamiento de todos: “El clima de concordia y reconciliación que quiere promover el presidente Duque se irá a pique si los honorables magistrados incurren en la osadía de dictarle medida de detención preventiva al expresidente Uribe” (1). Conclusión: la única manera de que haya concordia nacional, es asegurándole la impunidad al senador Uribe.


Dos historias de Uribe


Es un exabrupto el llamamiento a indagatoria a Uribe, dicen sus seguidores, porque la única verdad para todos ellos es que “él es un hombre de dimensión histórica, por su rectitud, su interés en hablar siempre con la verdad y su espíritu combativo, virtudes que lo enaltecen y que el país debe agradecer” (2).


A pesar de esa declaración tan conmovedora, circulan otras verdades, según las cuales no ha pasado un solo día del siglo XXI sin que se deje de hablar de un prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez. Y, como si los 18 años del presente siglo no fueran suficientes para contar esas historias criminales, quienes le han seguido el rastro a Uribe y han buceado en su biografía, dicen que sus enredos con el código penal hunden sus raíces en las dos últimas décadas del siglo XX. Aquí dos ejemplos de esos primeros tiempos.


En 1981, Uribe en su condición de director de la Aeronáutica Civil, le otorgó licencia a Jaime Cardona, para que el beneficiario operara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar se enteró de esa licencia montó en cólera, porque Cardona era un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Ese lance tuvo un final feliz para Uribe, pues convenció al gobernador de que estaba mal informado, porque Jaime Cardona “era un hombre honorable”. Quien no tuvo un final feliz fue precisamente Cardona: al poco tiempo fue condenado por narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo, en el momento en que su avión particular despegaba de la pista privada, construida en la hacienda de su propiedad (3).


En 1982 Álvaro Uribe no tuvo la misma suerte. Fue nombrado alcalde de Medellín por el gobernador Álvaro Villegas, pero solamente ocupó ese cargo durante cinco meses, porque el presidente de la República, Belisario Betancur, llamó a su despacho al gobernador y le exigió que le pidiera la renuncia al burgomaestre, por cuanto tenía noticias de que tanto Álvaro Uribe, como su padre, Alberto Uribe Sierra, estaban vinculados con las mafias del narcotráfico. A pesar de la violenta reacción, el joven alcalde no tuvo otro camino que renunciar.


Desde entonces, estos treinta y ocho años han estado marcados por una doble historia en la vida de Uribe. Por un lado está la historia de sus cargos, de sus haciendas, de sus caballos y potrancas, en cuyo lomo es capaz de galopar sin que se le derrame una gota de tinto del pocillo que lleva en su mano derecha, mientras con la izquierda conduce el animal. Al lado de esa historia bonita del poder y del dinero, propio de las celebridades, marcha en forma paralela otra, muy agitada y turbulenta, que lo persigue como su propia sombra.


No se trata de simples habladurías que van de boca en boca, en voz baja y de manera clandestina entre los presuntos enemigos del hoy senador. También es pública, está escrita y hace parte de los cerca de 300 procesos que cursan en distintos despachos: tribunales superiores de distrito, Comisión de Acusaciones, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema. En esta última corporación cursan 28, de los cuales10 han sido archivados, pero podrían ser reabiertos, dependiendo como se desenvuelva el ovillo que ha comenzado a desenredarse con el llamamiento a indagatoria, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Entre los que cursan en la Corte están los relacionados con las masacres de La Granja y El Aro –cuando Uribe era Gobernador de Antioquia–, que fueron declarados por el alto tribunal crímenes de lesa humanidad, razón por la cual no prescriben.


De esa historia documentada y pública hacen parte los debates que Gustavo Petro e Iván Cepeda han hecho en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia. Asimismo, los artículos de muchos periodistas –como Daniel Coronell–, y más de media docena de libros. Sólo a manera de ejemplo, cito de memoria algunos: Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo; Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, Joseph Contreras; Por las sendas del Ubérrimo, Iván Cepeda y Alirio Uribe; El clan de los doce apóstoles, Olga Behar; El narcotraficante #82, Sergio Camargo; Colombia feroz, Martín Madem; La pequeña política de Uribe, Rafael Ballén.


En esa historia –de cuatro décadas–, paralela a la bonita, que cuentan únicamente Uribe y sus incondicionales, hay muchas cosas que lo comprometen: sentencias condenatorias de los más cercanos colaboradores de sus dos gobiernos, de miembros de la fuerza pública por los miles de falsos positivos, y de muchos paramilitares, con compulsa de copias; mutilación de folios de expedientes en la Aeronáutica Civil y barrido de audios acusatorios de la Fiscalía General de la Nación; muerte de testigos que habían declarado o pensaban declarar contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Las crónicas y las redes hablan de un total de 12 testigos asesinados, siendo el más reciente el de Carlos Enrique Areiza, acaecido el 14 de abril de 2018.


Ahí están los hechos, a la espera de que el periodismo de investigación cumpla con su deber: escudriñar y hacer público lo que el poder de un solo hombre se ha empeñado en ocultar. Con simetría ética, objetiva e imparcial, con rigor científico-social, ese periodismo investigativo debería formularse al menos dos preguntas: ¿En cuántos procesos, cada uno de los voceros del partido Farc, han gritado, humillado y amenazado a sus jueces? ¿Cuántos testigos que hayan declarado en contra de esos líderes han sido amenazados o asesinados? Contrastar hechos y conductas de las vidas paralelas, es pertinente.


La vida de las Farc


Las Farc, en la vida paralela a la de Álvaro Uribe Vélez, como se ha contado en la narrativa oficial, es una banda de forajidos, que un día, hace más de medio siglo, se alzó en armas y durante 52 años puso en peligro la democracia más sólida y antigua de América. En su plan terrorista esos bandidos violaron niñas, secuestraron, masacraron inocentes y cometieron los más horrendos crímenes. Y, sí. Así fue en el devenir del tiempo, en la degradación de la guerra, porque ninguna guerra es limpia, ninguna guerra es justa y ninguna guerra es humanitaria. Todas son sucias, injustas e inhumanas.
Sin embargo, el comienzo de la guerra no fue así, en las circunstancias de tiempo y de modo. Su origen no se encuentra en un levantamiento en armas en 1964. Eso no es verdad. El 7 de agosto de 1946 asumió la presidencia de la República el conservador Mariano Ospina Pérez, y a partir de entonces, se inició la más feroz persecución contra el pueblo liberal.


El 7 de febrero de 1948 Gaitán encabezó la marcha del silencio y pronunció la Oración por la paz: “Señor Presidente: en esta oración no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen [...]. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización! Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre”. Dos meses después de ese certamen Gaitán fue asesinado.


Como consecuencia de ese crimen, el régimen conservador arreció la persecución al pueblo liberal: incendios, saqueos, desplazamientos forzados, violación de mujeres, torturas y masacres indiscriminadas. A los líderes liberales y a sus hijos se les cazaba como a un jabalí viejo (4). Uno de esos jovencitos, a quien se le dio cacería fue a Pedro Antonio Marín Marín (5), en las localidades de Génova y La Primavera, en el departamento del Quindío y en Ceilán, en Valle del Cauca. En las selvas de este último lugar, tuvo que ocultarse durante seis meses en la más absoluta soledad. Privado de su familia, de sus amigos y de su trabajo. El joven Marín, a pesar de su corta edad, era un próspero comerciante, primero en La Primavera y luego en Ceilán. Pero todo quedó a la deriva cuando se le vino encima la inhumana cacería: todos los caminos legales quedaron cerrados (6).


Después de seis meses de ocultamiento para salvar su vida, Pedro Antonio Marín no tuvo ante sí sino dos alternativas: o permanecer allí para siempre, convertido en un montaraz solitario o salir a la civilización, continuar su trabajo y resistir la agresión oficial. Escogió la última opción: era el año de 1949. Convocó a trece primos –con él 14– y organizó la resistencia. Así, de ceros, con sólo quinto de primaria, comenzó un proceso de trabajo agrícola y de resistencia a la violencia ejercida por las tropas del Estado. Unos años después serían 44 familias campesinas asentadas en Marquetalia. Allí, pese a las limitaciones de créditos, asesoría técnica y de vías que facilitaran el mercadeo de sus productos, esos campesinos eran autosuficientes.


Con la asesoría norteamericana (7), el gobierno colombiano organizó, en mayo de 1964, lo que se conoce como la “Operación Marquetalia”. 16.000 soldados fueron desplegados por aire y tierra para darles cacería a las 44 familias campesinas, que a pesar del poderío oficial, quedaron intactas. Más tarde fue creado un pequeño ejército insurgente, que su fundadores denominaron Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc–.


Ese pequeño ejército, inicialmente de 44 familias fue creciendo paulatinamente. Diez años después tenía 1.000 hombres y mujeres, y al cabo de tres décadas se convirtió en un ejército de 25.000 unidades. Fue perseguido por 12 presidentes de la República y por tres ejércitos, con todo el poderío, el dinero y la tecnología: el oficial de Colombia, el de los Estados Unidos y el paramilitar, que a través de la historia política tomó diversos nombres: chulavitas, pájaros, auto defensas unidas de Colombia, bacrim o simplemente paras.


En esas vidas paralelas –Uribe-Farc–, hay un período de la historia política de Colombia, que en la dialéctica de la guerra, es de antología: el ejército insurgente se hace invencible; Uribe, siendo gobernador de Antioquia, en los años noventa del siglo XX, impulsa el paramilitarismo mediante la creación de las convivir; la insurgencia y sus bases sociales resisten hasta el sacrificio; en el cenit de ese holocausto, Uribe no habría logrado tanto apoyo popular, ni habría sido presidente de la República sin la presencia de las Farc en todo el territorio colombiano.


Por eso, la fortaleza de las Farc durante el primer lustro del siglo XXI, fue para Uribe una bendición. Es más: si Uribe, a la cabeza de los tres ejércitos, con toda la tecnología y con el impuesto de guerra hubiera derrotado a las Farc durante su primer cuatrienio, en 2006 no habría sido reelegido. Muchos recordarán que el principal argumento para su reelección no fue alcanzar mejores índices de desarrollado del país, sino, “la culebra está viva”. Y, claro, tenía disculpas para un tercer período, que lo intentó hasta el final, porque la “culebra continuaba viva”. Pero la Corte Constitucional no le dio el aval, porque la sociedad ya estaba hastiada.


Ese ejército que surgió de la nada, de la simple resistencia para defender la vida; que creció y se hizo invencible, fue invitado por el presidente Santos a sentarse a negociar la paz. Ese ejército que ante la adversidad y el poderío militar del Estado resultó invicto, por voluntad propia se sometió a la Constitución y la ley, entregó sus armas a cambio de que a sus excombatientes les permitan hacer política sin que los maten. Hoy, sus máximos voceros están en el Congreso, excepto Timochenko, que voluntariamente prefirió hacer política desde el terreno llano.


Estado actual de las vidas paralelas


Una vez dejó la presidencia de la República, Uribe creó un partido político para hacerle la más feroz oposición a Juan Manuel Santos, su sucesor, en vista de que este no aceptó ser su títere. Y, como siempre, recurrió a la simulación, dándole a ese partido un nombre que es la antítesis de la realidad: Centro Democrático. Todo el mundo sabe, que no es de centro ni mucho menos democrático. Es un partido de extrema derecha y caudillista, hasta el punto de que su símbolo no es un escudo, una bandera o unas letras, sino la efigie del propio Uribe.


Con ese partido intentó en 2014 poner presidente de la República y tomarse todo el Congreso, con el argumento de “la amenaza terrorista”. En plena negociación entre el Estado y las Farc, el símbolo de su lucha fue Timochenko, el comandante en jefe de esa guerrilla. “¡Ayúdenme! No me dejen solo en el Senado, al lado de Timochenko”, le pedía a sus seguidores, entre suplicante y mordaz. Y agregaba: “Imagínense ustedes a Timochenko en el Senado”. La hazaña que no alcanzó con Zuluaga en el 2014, la logró con Duque en 2018.


En pocas palabras, la ecuación de las vidas paralelas hoy, es sencilla. Uribe, que se ha aprovechado del Estado en todas las estructuras del poder, está sub judice en cientos de procesos, por violar la Constitución y la ley. Y, hasta este momento ningún juez lo ha juzgado, entre otras razones, porque amenaza a todos sus jueces grita, humilla y asusta. En suma, aunque no parezca, Uribe es el terrorista.


En cambio, los miembros de las Farc, comenzaron huyendo a la acción criminal del Estado, hasta que lo enfrentaron militarmente, pese a la desigualdad descomunal. Pero después de muchas acciones de guerra, en las que incurrieron en múltiples crímenes, se sometieron a la Constitución y la ley, entregaron sus armas voluntariamente, se desmovilizaron y están haciendo política y legislando. Y, lo más importante: se han sometido, rigurosamente, a la Justicia Especial para la Paz –JEP–, sin desconocer a ninguna autoridad.


¿A dónde pueden conducir estas vidas paralelas? ¡Ho ironía! ¡Ho casualidad! Si la sociedad se come el cuento y los tribunales lo aceptan, no es nada extraño que los antiguos miembros de las Farc vuelvan a ser la salvación de Uribe, con una pregunta sencilla: ¿Por qué el héroe tiene que ir a la cárcel y los villanos al Congreso?


A pesar de todas las marrullerías, incluyendo el asesinato de testigos, la mutilación de expedientes y el barrido de los audios de la Fiscalía, si las pruebas que posee la Corte para llamarlo a indagatoria son tan sólidas, como se presume, el “presidente eterno” no la tiene fácil. Muchos piensan –y muchos más desean–, que Uribe terminará pidiendo pista en la JEP. Entonces, quienes así piensan y desean, podrán decir, como dice el que dijo Uribe: “El que la hace la paga”.

 

** “Decidí comparar y cotejar al fundador de la bella y cantada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma”. Así comienza Plutarco sus diez biografías paralelas: Teseo-Rómulo; Licurgo-Numa; Solón-Publícola; Temístocles-Camilo; Pericles-Fabio Máximo. En su célebre obra Vidas paralelas, son más homogéneas las vidas que él compara en cada pareja, que el símil que existe entre Uribe, el hombre del poder absoluto, y las Farc, como movimiento político-militar que lo enfrentó como gobernador de Antioquia, presidente de la República y enemigo acérrimo del proceso de paz que el Estado firmó con esa guerrilla. Sin embargo, son vidas que devienen en un mismo contexto geográfico, histórico y político.
1. Saúl Hernández Bolívar. “A la llegada de Iván Duque”, en El Tiempo, Bogotá, martes 7 de agosto de 2018, p.1.15.
2. “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, en El Tiempo. Domingo 5 de agosto de 2018, p. 1.13.
3. Joseph Contreras, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las sombras), Bogotá, Oveja Negra, 2002, pp. 7 y siguientes.
4. El jabalí viejo es animal más audaz y difícil de cazar, según concepto de sus depredadores.
5. En una ceremonia, digna de Don Quijote, Pedro Antonio Marín Marín fue rebautizado con el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje a un líder sindical torturado y asesinado por los servicios secretos.
6. Carlos Arango Z, FARC. Veinte años. De Marquetalia a la Uribe, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 95.
7. Entre el 2 y 13 de febrero de 1962 el general William Yarborough, impartió instrucciones contrainsurgentes en 4 de las 8 brigadas del ejército que existían entonces en Colombia.

 

*Profesor investigador y escritor. Autor, entre otras obras, de La pequeña política de Uribe, y de las novelas Cenizas y La vida ejemplar de Constantina. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza-España. Exmagistrado y Exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y para las Fuerzas Militares.

Duque ve insuficiente la liberación de seis secuestrados para reanudar el diálogo con el ELN

El presidente colombiano exige a la guerrilla "la suspensión de todas las actividades criminales"

 

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), la guerrilla activa más grande Colombia después de la desmovilización de las FARC, liberó este miércoles a seis personas secuestradas la primera semana de agosto. Se trata de un grupo formado por tres militares, dos contratistas y un policía. Así lo confirmó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que participó en el operativo. "Hoy en Chocó acompañamos la comisión humanitaria que facilitó la liberación de seis personas que estaban en poder del ELN desde agosto. Nos alegra saber que pronto podrán reencontrarse con sus familias", informó. La entrega se realizó en uno de los departamentos de la costa del Pacífico donde la organización insurgente sigue cometiendo secuestros y atentados.


Esta liberación era precisamente una de las condiciones condiciones centrales que el presidente colombiano, Iván Duque, fijó para reanudar el diálogo, que el pasado mes de mayo se trasladó a La Habana (Cuba), tras más de un año de conversaciones celebradas en Quito (Ecuador) sin apenas avances. El mandatario celebra el gesto del grupo armado, sin embargo, no lo considera suficiente para volver a negociar. "Si hay genuina voluntad de paz, ahí estará el Gobierno, pero el principio de una genuina voluntad de paz empieza con la liberación de todos los secuestrados", enfatizó en un acto con jueces. Exigió al ELN que "informe con precisión del estado de esas personas, indique cuándo regresarán a sus casas" y agregó: "Si queremos construir una paz con ese grupo armado organizado, ellos mismos deben empezar por la más clara de las voluntades, que es la suspensión de todas las actividades criminales".


La brújula de Duque en este proceso difiere de los principios empleados por el Gobierno de Juan Manuel Santos. Este aceptó negociar "en medio del conflicto", lo que él mismo bautizó como doctrina Rabin, en referencia al ex primer ministro israelí. El actual Ejecutivo, que asumió las riendas hace poco más de un mes, lo rechaza. "Si no empezamos por ahí", continuó Duque incidiendo en sus peticiones, "lo que terminamos es validando la violencia como un medio de acceso a la negociación con el Estado. Ese ha sido un error histórico que se ha cometido en Colombia, pero no estoy aquí para reprocharlo". Con esta aproximación, si el ELN no cede y accede a dar los primeros pasos hacia una desmovilización, es posible que las conversaciones, que por el momento se encuentran aplazadas sin fecha, queden definitivamente atrás.


La organización guerrillera liberó la semana pasada a tres soldados secuestrados en agosto en el departamento de Arauca, en la frontera con Venezuela. Sin embargo, todavía hay algunas personas en su poder y, sobre todo, esta guerrilla, que cuenta con alrededor de 1.500 hombres armados, continúa perpetrando ataque contra las autoridades. Según un informe realizado por el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en los últimos 17 mese, durante esa negociación que durante el mandato de Juan Manuel Santos se desarrolló "en medio del conflicto", se registraron 462 acciones del ELN y 148 atentados contra las infraestructuras petroleras que causaron alrededor de 100 muertos.
A los episodios de violencia se añaden los problemas habituales de control jerárquico de este grupo, menos cohesionado que las FARC y todavía dependiente de una lógica bélica. Nació en 1964 -al mismo tiempo que la antigua guerrilla- con una ideología que en sus inicios trató de fusionar postulados del cristianismo y del marxismo, aunque con el paso del tiempo el pretexto ideológico quedó difuminado. Actualmente, opera en un contexto en el que se disputa el control de algunos territorios rurales y de la producción de hoja de coca con otras bandas armadas y mafias de narcotraficantes.

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ETA avanza hacia su final en un proceso de paz unilateral e insólito

La organización ya desarmada pide perdón y reconoce el daño causado, paso previo a su anuncio de disolución, que llegará a principios de mayo. El gobierno del PP deberá resolver ahora otro enigma: si mantiene su política penitenciaria igual que hace 30 años o si, por el contrario, la adapta a la nueva realidad.

 

El hombre que está al otro lado del teléfono ha visto cosas raras, muy raras, pero ninguna como esta. Después de participar en varios procesos de paz alrededor del mundo, el experto internacional que mantiene el móvil pegado a la oreja confiesa que Spain is different. Lo dice sin acritud. Este viernes, cuando una llamada le levantó de la cama, volvió a confirmarlo: no hay final de la violencia en el globo terráqueo que se asemeje, aunque sea un poco, a lo que está ocurriendo en este extraño comienzo de primavera vasca.

El penúltimo capítulo de esta historia singular está en las portadas de los diarios Gara y Berria. Los periódicos que dirigen Iñaki Soto y Martxelo Otamendi respectivamente abren sus ediciones de esta jornada con un titular para la historia: “ETA reconoce el daño causado y el sufrimiento, muestra respeto y se compromete con la no repetición”, puede leerse en Gara; “ETA admite el daño causado”, dice Berria. Tales conceptos vienen remarcados en una “declaración solemne y contundente” que fue enviada por la organización ya desarmada a ambos rotativos.

El comunicado no llega en un momento cualquiera: esta misma semana ha trascendido que el anuncio de la disolución de ETA se producirá el próximo 5 de mayo. Antes habrá un acto con representantes de la esfera internacional, posiblemente similar al que se registró en otro momento histórico de este país, allá por octubre de 2011, cuando la Conferencia de Paz de Aiete sirvió de antesala al anuncio de cese definitivo de la violencia.

 

Mucha agua ha corrido desde entonces, aunque principalmente lo ha hecho por un solo y único cauce. A lo largo de estos seis años y seis meses, el proceso de paz en el País Vasco ha estado marcado por los intentos fallidos de los presos de acceder a beneficios penitenciarios, para lo cual aceptaron previamente recorrer la vía de la legalidad dentro de las cárceles y acogerse a las medidas que la propia ley establece para los reclusos. Sin embargo, el gobierno del PP se ha mantenido firme en su política antiterrorista, tan firme como cuando había terrorismo. De ahí precisamente la sorpresa del observador internacional que está al otro lado del teléfono. “No, no tenemos ninguna novedad. De momento todo sigue igual”, explica.

Las cosas no cambiaron hace ahora un año, cuando ETA efectuó su desarme. Un desarme, por cierto, tan curioso como todo lo que ocurre en el marco de este insólito proceso de paz: la entrega de las armas se realizó mediante voluntarios civiles en el territorio de Iparralde, la porción del País Vasco que se encuentra bajo administración francesa.

 

Este viernes, Euskadi se ha despertado con otro hito. Tal como puede leerse en el comunicado publicado en primera página por Gara y Berria, ETA ha querido reconocer —por primera vez en sus cincuenta años de historia— “el daño que ha causado en el transcurso de su trayectoria armada”, al tiempo que ha mostrado “su compromiso con la superación definitiva de las consecuencias del conflicto y con la no repetición”.

En esa línea, “reconoce la responsabilidad directa que ha adquirido en ese dolor, y desea manifestar que nada de todo ello debió producirse jamás o que no debió prolongarse tanto en el tiempo, pues hace ya mucho que este conflicto político e histórico debía contar con una solución democrática justa”. No hay palabra en ese documento que no suene a histórica.

“Pese a no tener ni el mismo punto de vista ni los mismos sentimientos —continúa—, todos deberíamos reconocer, con respeto, el sufrimiento padecido por los demás”. Habla también de la necesidad de caminar hacia la reconciliación, “algo que en su medida se está produciendo con honestidad entre la ciudadanía”. “Es un ejercicio necesario para conocer la verdad de modo constructivo, cerrar heridas y construir garantías para que ese sufrimiento no vuelva a suceder”, subraya.

Esta declaración llegó a Gara junto a una “nota explicativa”, también firmada por ETA, que sirve para contextualizar su declaración de perdón. En tal sentido, indica que la decisión de hacer pública una lectura sobre el “daño causado” surgió en el marco del proceso de debate que sus miembros acaban de cerrar y que, como punto central, conducirá al acto de disolución previsto para el primer fin de semana de mayo. “De hecho, en el transcurso de ese debate, la militancia de ETA ha considerado necesario mostrar empatía respecto al sufrimiento originado”, señala.

 

LAS CÁRCELES ESPERAN


La pelota está ahora en el tejado del gobierno del PP, que debe decidir si mantiene su política antiterrorista en los mismos niveles de las últimas décadas o si, por el contrario, la adapta al nuevo tiempo. Las cifras hablan por sí solas: a día de hoy existen alrededor de 230 presos vascos condenados por delitos de terrorismo en España y otros cincuenta en cárceles francesas. De ellos, la mayoría se encuentra a distancias que oscilan entre los 400 y los 1.000 kilómetros de Euskal Herria. En el caso de Francia han empezado a producirse acercamientos, pero en España —según denuncian desde Etxerat, el colectivo de familiares de presos de ETA— las cosas están igual o incluso peor que en 2011.


Esa política penitenciaria se enmarca en el concepto de dispersión carcelaria que los sucesivos gobiernos españoles vienen aplicando desde hace ya 29 años. Entonces ETA mataba. Hoy ha pedido perdón por esos crímenes.

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Sábado, 07 Octubre 2017 06:54

Forjador de esperanza

Foto: Afp, tony karumba

 

Guevara: inspirador de una insurgencia continental.

 

El Che muere en Bolivia y su peripecia recorre el mundo, despertando emoción, admiración o rechazo, nunca indiferencia. Sus partidarios lo consideraron un modelo de integridad y audacia, capaz de renunciar a intereses particulares, privilegios y poder para contribuir a la emancipación de los oprimidos. No desde la cómoda tribuna de gobiernos y organismos internacionales, o desde el comando militar ejercido a prudente distancia del teatro de guerra, sino en las más duras condiciones de riesgo y supervivencia. Sus detractores, por el contrario, lo consideraron un instrumento del imperialismo soviético, que intentaba exportar su régimen opresor —la dictadura comunista— al planeta entero.

Así, su imagen fue el centro de visiones antagónicas e inconciliables, reflejo del enfrentamiento bipolar de la Guerra Fría, de la maniquea oposición que se expresaba en los campos más diversos: desde las reuniones cumbre de las potencias para la regulación del armamento nuclear, hasta las opiniones políticas del ciudadano común. Sólo el transcurso del tiempo permitió matizar la rigidez de las posturas ideologizadas, definir ambigüedades y decantar permanencias.

Las derechas latinoamericanas, desprovistas de líderes de tanta ascendencia, se han preguntado por décadas la razón del carisma del Che. A partir de 1967, marxistas y cristianos, intelectuales y campesinos, pacifistas y guerrilleros lo adoptaron como norte y guía de su quehacer político. Su figura fortaleció a las izquierdas, promovió amplias alianzas políticas nacionalistas, reformistas o revolucionarias, impulsó la movilización de multitudes. Sembró focos guerrilleros desde el Río Bravo hasta el Estrecho de Magallanes, y fue venerado por partidos y coaliciones como la Unidad Popular de Chile, que impulsaban políticas no violentas, reformistas, para alcanzar el socialismo.

En un continente doblegado por la pobreza, el despotismo de las dictaduras, el saqueo de sus recursos y la injerencia del imperialismo estadounidense, el Che Guevara interpretó las aspiraciones de millones de latinoamericanos. Indicó una causa por la que valía la pena luchar e incluso arriesgar la vida: la edificación de una sociedad libre, justa, fraterna y soberana.

***

En los años sesenta la Unión Soviética y Estados Unidos intentaban acercarse a los estados neutrales de Oriente Medio, Asia y África con el propósito de atraerlos a su esfera de influencia. El proceso de descolonización y el auge de las posturas antioccidentales en los países en vías de desarrollo crearon un marco propicio para que el Estado soviético se vinculara estrechamente con dirigentes de movimientos insurgentes y gobernantes de nuevas naciones.

De esta forma, en plena détente, la desintegración del colonialismo ofreció oportunidades para que la Urss acrecentara su poder en las relaciones de fuerza mundial, en detrimento de Estados Unidos y Europa occidental. En pocos años logró establecer una amplia red de relaciones políticas, militares y económicas. En el plano militar, por ejemplo, entre 1960 y 1975 recibieron ayuda y asesoramiento soviético países emergentes como Yemen del Sur, Argelia, Benín, Irak, Libia, Siria, Egipto, India, Bangladesh, Afganistán, Vietnam y Mozambique.

En el continente americano, la radicalización de la revolución cubana, su enfrentamiento con Estados Unidos, el entusiasmo que suscitó en amplios sectores sociales, fueron de buen auspicio para los intereses soviéticos. Los dirigentes cubanos y del Este europeo que colaboraron con Guevara en la instalación del grupo guerrillero en Bolivia confiaban provocar, en una región de indiscutible hegemonía estadounidense, conflictos políticos y sociales, inestabilidad, insurrecciones y guerra de guerrillas. Todo ello confluiría con la actividad desplegada por los partidos comunistas y los movimientos sociales antimperialistas que actuaban en la legalidad.

Se trataba de tácticas y procedimientos idénticos a los que Estados Unidos empleaba en las regiones del mundo donde imperaba la hegemonía soviética, o en los países abiertos a la influencia y apoyo de la Urss. A través de sus apoderados, protegidos o aliados, Washington también financiaba y contribuía a provocar guerras irregulares y convencionales, sostenía económicamente partidos y movimientos opositores, promovía golpes de Estado y homicidios de gobernantes o dirigentes políticos. Desarrollaba, en suma, una amplia gama de iniciativas desestabilizantes, abiertas o encubiertas, que complementaba con acciones de influencia política, psicológica y cultural.

Desde un pequeño territorio ubicado en el corazón de América, con el apoyo de Cuba y el aval implícito de la Unión Soviética, Guevara buscaba ser el inspirador de una insurgencia continental. Si el foco boliviano lograba perdurar podría irradiarse al territorio argentino. Aunque la lucha fuera prolongada y la victoria incierta, su mera presencia en Bolivia desafiaba a Estados Unidos, corroía su prestigio continental, lo obligaba a distraer recursos y hombres de otras latitudes. Tal vez, incluso, lograría atenuar el inflexible hostigamiento estadounidense contra Cuba.

***

Derrotado en Bolivia, el proyecto del Che fue reproducido con mayor éxito unos años después en el escenario africano. Soldados cubanos adiestrados y pertrechados por la Unión Soviética participaron en las luchas anticoloniales de Angola, Guinea Bissau, Cabo Verde y Mozambique. A partir de 1975 sostuvieron militarmente al gobierno angoleño de Agostinho Neto, atacado por Sudáfrica y Zaire y por guerrillas anticomunistas financiadas por Estados Unidos. Entre 1987 y 1988 una nueva invasión sudafricana fue derrotada en la batalla de Cuito Cuanavale, en la que Cuba participó con 55 mil efectivos, aviación y blindados. En 1977 el gobierno cubano se involucró junto a la Urss en la guerra de Etiopía contra Somalia y la secesionista Eritrea. Cuando la victoria etíope puso provisoriamente fin a la contienda, 20 mil cubanos que habían luchado bajo la bandera del internacionalismo de Guevara regresaron a su país.

A fines de la década de 1970, implantadas en el sur americano las dictaduras de seguridad nacional, el epicentro de los movimientos armados de impronta guevarista se trasladó a América Central. En 1979 el Frente Sandinista derrocó a la dictadura de Anastasio Somoza, al tiempo que las guerrillas salvadoreña y guatemalteca, apoyadas por Cuba, adquirieron una fuerza considerable. Junto al gobierno progresista de Granada y los movimientos guerrilleros de Venezuela y Colombia, Estados Unidos creyó percibir un nuevo arco de crisis cercano a sus fronteras. En Chile, entretanto, se intensificaba la lucha armada contra la dictadura de Pinochet, protagonizada por jóvenes formados en el ejemplo del Che, pertenecientes al Mir y al comunista Frente Patriótico Manuel Rodríguez.

Los ochenta estuvieron marcados por la contrainsurgencia desplegada por Estados Unidos en América Central. La región se volvió el campo de pruebas del gobierno de Ronald Reagan en su intento de sofocar los regímenes progresistas o los procesos revolucionarios. No obstante, en 1986, mientras Reagan promovía nuevas intervenciones de la Cia en Nicaragua para desestabilizar y derrotar al “peón soviético”, el 27º Congreso del Partido Comunista de la Urss abandonaba casi por completo el marxismo leninismo y el presidente Gorbachov rechazaba la lucha de clases, postulaba la coexistencia pacífica y la cooperación internacional entre capitalismo y comunismo.

Fue el mismo Gorbachov quien en la segunda mitad de los ochenta convenció a los dirigentes nicaragüenses y salvadoreños de involucrarse decididamente en los procesos de paz, y a los guerrilleros comunistas de Chile de deponer las armas. La Urss se hallaba exhausta económicamente por la carrera armamentista, la sangría de la guerra de Afganistán, el retraso tecnológico con relación a Estados Unidos —en particular en el campo de la informática, esencial para el funcionamiento del armamento espacial— y la erosión del consenso en los países del este europeo.

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A 50 años de su muerte ¿qué ha dejado en herencia el Che Guevara a los ciudadanos del tercer milenio? En primer término, la vigencia de la causa por la que luchó, aún distante. Por ella también perdió la vida otro gran líder de la izquierda americana, Salvador Allende. Los dos desafiaron al Leviatán y fueron derrotados. Los dos fueron forjadores de esperanza. Aunque indicaron distintos caminos para la acción política y social —la lucha armada o el gradualismo reformista—, al mismo tiempo, en un plano más elevado, señalaron la vía maestra para obtener los cambios anhelados por la izquierda: la militancia firme, perseverante, desinteresada y valiente. En ella reside la significación de su legado.


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Clara Aldrighi. Historiadora. Autora, entre otros libros, de La izquierda armada. Ideología, ética e identidad en el Mln-Tupamaros y Memorias de insurgencia. Historias de vida y militancia en el Mln-Tupamaros. 1965-1975.
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Publicado enPolítica
Martes, 29 Noviembre 2016 10:10

Destellos y penumbras, con retos 2017

Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enColombia
Lunes, 28 Noviembre 2016 16:18

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

2016. Destellos y penumbras, con retos 2017

Santos todavía no ha pedido perdón... Avanzan las últimas semanas de 2016, en otro adiós de año que nos llama a mirar una a una las convicciones, los conflictos y disputas; las luchas, las proyecciones políticas y sus apuestas; los triunfos, las inercias, zancadillas y repeticiones; las ausencias y derrotas que marcaron o afectaron a las mayorías populares en Colombia y que son puntos de variación en la situación política y en el conflicto armado. Un recuento necesario, de reflexión y balance para hacer autocrítica y extraer lecciones de diverso orden.

 

Negociación política del conflicto armado

 

El sabor es agridulce. Aún sin final de implementación a fondo, con las Farc la negociación lleva varios pasos. Uno fue hasta la firma del acuerdo, logrado el 24 de agosto. Tras varios años de negociación, de tires y aflojes, que parecían cerrar con firma sin vencedores ni vencidos. De solución política con una organización guerrillera que sin estar derrotada militarmente, conserva un margen de puja por obtener el mejor partido posible, como parte de la Mesa de La Habana.

 

Sin embargo, las últimas semanas de los diálogos sorprendieron: de asegurar una “dejación” que no entregaría el control de las armas “sino hasta en diez años”–resguardadas bajo supervisión internacional, como garantía del cumplimento de lo acordado–, se pasó a aceptar una entrega de las mismas, en pocos meses. De un rechazo inicial al plebiscito, con exigencia a cambio de una Constituyente, terminaron por aceptar el primero. Así, la ventaja del No el 2 de octubre impuso el condicionante de rebaja política, con un revertir el texto negociado –57 ejes de modificación– y ahora, la guerrilla que asumió una Mesa de igual a igual, en la implementación de los acuerdos parece estar acorralada: entre el No plebiscitario y un gobierno que funge de neutral. Hace alarde ahora, como “portador” de las exigencias de quienes obtuvieron el apoyo social en votos. Dada la imprevisión, es otro contexto con factores de desventaja para la actividad popular.

 

En la variación que sobrevino, sale a relucir una enseñanza: dentro de la búsqueda de una “paz” que no deje al poder exento, desde una guerrilla con reservas (marginales y móviles) de territorio-retaguardia de repliegue y de recuperación parcial de mandos; ni las circunstancias del tiempo electoral ni la presión y el afán internacional y geopolítico de disputas, un tanto disminuidas en el continente –que obran sobre la Mesa de La Habana–, pueden determinar un proceder sin la coherencia de mantener distancia o precaución, ante el enemigo o el contrario.

 

No sólo en el resultado del Plebiscito y de la revisión del Acuerdo, las consecuencias de todos los errores acumulados, y de los cometidos en el “carrerón” de las últimas semanas de la Mesa, están por verse en toda su dimensión. Valga señalar, la separación que tuvo esta negociación de la agenda cotidiana de las mayorías, de sus necesidades y exigencias. Una distancia que puso interrogantes y disminuyó en su postura activa, a un buen sector del activismo social. Dentro de las consecuencias de este proceder no puede pasar inadvertido, un efecto en la atomización social y en la pérdida de capacidad de reacción ante medidas graves –p.e. venta, privatización o “democratización” accionaria de las empresas públicas estratégicas de Bogotá–, que es más indispensable ahora, para que la “renegociación” y “nuevo acuerdo” de La Habana no aprieten tanto. El antecedente de este error: negociar entre dos aparatos, llevando al desinterés social con rebaja de las luchas, ya había marcado su sello. No sobra recordar la coyuntura con el M-19, el Epl, etcétera.

 

Con intención de sacar lecciones, sobresale también: a) el silencio ante la reforma tributaria, próxima a debate en el Congreso –reforma posibilitada por la firma misma del 24 de agosto pasado– amplía la debilidad resaltada y separa, a este renovado contingente de la izquierda, del conjunto social –no todo es la agenda de paz. En efecto, los Acuerdos de paz pueden ser un elemento relacionante de todas las plataformas sectoriales y locales, pero no atraen ni son la cobija de todas (si fuera distinto, el resultado del 2 de octubre pudiera haber tenido otras cifras). b) desmotivar la lucha social por una agenda estructural, ‘ajustando’ que las luchas sean por etapas, va sumiendo a esta agrupación en un “etapismo” que la amarra a las agendas oficiales; c) el afán por la firma de los acuerdos a como de lugar, con el reclamo de una paz ¡ya!, sumerge al movimiento social en una agenda por una paz de contingencia, sin carácter, que permite; por un lado, la pérdida del derecho a la rebelión, del derecho de todos los pueblos a resistir ante el abuso de poder o las injusticias, y por otro, a entregarle a Santos y su fracción económica, el liderazgo ante una paz que lo reviste de un papel social que no tiene ni alcanza. d) Permitir que la “justicia transicional” altere la responsabilidad y culpabilidad por el carácter terrorista del Estado –que devino de su política contrainsurgente–, desdice y hasta contradice la lucha de varias décadas de los movimientos sociales, y de la afectación que sufrieron en carne propia miles de miles de estos actores –no vinculados a la guerra–, propiciando un mar de impunidad oficial. Atmósfera ésta, que pesará en el nuevo episodio de la Mesa y, en contra de las luchas futuras y en la misma legitimidad del Estado que se dice confrontar.

 

En otro capítulo por la Paz mayúscula, la Mesa con el Eln arranca con un grado de desinterés y manipulación por parte del Gobierno. Actitud que augura una negociación llena de conflictos y un final con dificultades y retrasos. Con una serie de emboscadas y celadas. Tal como la que tendió Santos en marzo –alrededor del fin de los secuestros–, en el minuto después del anuncio por Frank Pearl de la firma de una agenda (30 de marzo), que retrasó 6 meses la instalación de la Mesa. Tras el segundo anuncio de comienzo en Caracas, el Presidente siguió su trama: Dar la imagen que él doblega al Eln. Ya en la víspera de arrancar en Quito, sin respetar la agenda y los compromisos suscritos, camuflado en el mismo tema, paralizó por segunda vez la instalación de la Mesa. Unas maniobras que visualizan con nitidez, que el Gobierno no quiere que la sociedad vea a la Mesa como un acuerdo entre dos partes en igualdad, sino como una concesión de Santos. Como un favor al Eln y una oportunidad para su rendición.

 

La enseñanza, aquí, también es nítida. Dejarse presionar por el tiempo, por los opinadores de turno, por unos medios de comunicación que conocen los puntos acordados pero los callan, por poderes extraterritoriales, por los vaivenes de la geopolítica global, etcétera, conlleva a terminar sometidos a las presiones e intereses de su contraparte o enemigo.

 

Luchas sociales

 

Lucha agraria. Sin las características de un II Paro Agrario, una Minga campesina, indígena y étnica puso el punto alto en el panorama de la oposición social. Con raíces en el compromiso parcial y la participación de todas las organizaciones indígenas y campesinas, el poder volvió a sentir neuralgia. Calambre, por una tensión que provino desde el campo popular. La Minga que comenzó el sexto mes del año y duró a lo largo de dos semanas, fue el recurso obligado para denunciar los incumplimientos del Gobierno. Los incumplimientos de promesas firmadas en otros paros y movilizaciones.

 

Llama la atención: a) el sujeto social en la coyuntura que atraviesa Colombia, tiene como asiento el campo; b) estamos ante un Gobierno que solo atiende reclamaciones cuando están soportadas con la fuerza, Gobierno que por demás, no respeta su palabra ni su firma, y que maniobrará a cualquier precio, para disipar la inconformidad y potencialidad rebelde y social; c) los actores alternativos y la conformación con superación de un nuevo liderazgo, están ante el reto de construir puentes que unan la resistencia rural y urbana, para lo cual, es indispensable fortalecer y proyectar las luchas citadinas, de tal manera que, desde el campo sientan que tienen aliados y amigos para multiplicar los efectos de la lucha y para actuar como un solo cuerpo.

 

Mientras tanto, y esto no suceda, el establecimiento seguirá fracturando las luchas y resistencias. Maniobrando y dilatando sus resultados, aunque sectores aguerridos del campo aduzcan o sientan que son fuertes y tienen un conque para jaquear al Gobierno. Sin embargo, el resultado desdice estas pretensiones. Al final, quedan más amarrados y sometidos a las lógicas y dinámicas oficiales, pues si bien logran administrar mucho dinero, pierden con sus bases el foco de la reforma agraria integral y de la misma necesidad de un cambio social.

 

Defensa del territorio

 

En municipios como Pijao, Doncello, Ibagué, San Martín –Cesar–, y regiones como las cubiertas por el páramo de Santurbán (Santander y Norte de Santander), o el Valle del Cocora (Quindío), entre otros, sus pobladores levantaron voz y marcharon para exigir respeto a sus territorios y medio ambiente. Demandaron con fuerza que unas proyectadas explotaciones mineras no se concreten. Exigieron consulta popular contra la explotación minera tradicional o vía fracking y, la salida de sus regiones de las multinacionales a las que el Estado les concesionó, sin consulta previa, los terrenos que las poblaciones reclaman bajo su soberanía.

 

Estas luchas con refriegas, nos recuerdan que un tema crucial en las luchas presentes y futuras del país es y seguirá siendo la defensa del medio ambiente. Bien en denuncia de la explotación minera tras oro, bien para extraer petróleo u otro mineral, y no será raro en el futuro cercano, la lucha contra los monocultivos, por cuyo conducto miles de campesinos verán perder el derecho a un pedazo de tierra para sembrar y garantizar vida en dignidad. De ser así, quedarán reducidos a una nueva condición de peón, en esta ocasión, como proletariado agrícola.

 

Aunque parece que la decisión final sobre estos reclamos descansa en manos de los jueces, la verdad es que reposa en el poder de las comunidades. En el enlace de sus luchas que las potencian, y que una vez anudadas en una sola acusación, obligarán al establecimiento a ceder en su pretensión extractivista, que desplaza miles de familias y transforma sus entornos sagrados y naturales. Territorio que en su estado actual permite vivir a las comunidades afectadas, aunque en pobreza, con mayor tranquilidad. Mayor que la enturbiada por la acción de las multinacionales.

 

Aumenta el marchitamiento del PDA

 

Como la tarde que parece caer más pronto en invierno, así pasa con el Polo Democrático Alternativo: perdió su luz mucho antes de cualquier previsión pesimista. El opaco que lo fue cubriendo, no sólo extendió sus sombras en el 2016, sino que lo oscurece más: guardó silencio e hizo flagrante su falta de presencia ante la diversidad de luchas sociales en curso. Flaquea en su comportamiento ante la misma agenda de paz. Crecen sus disputas internas, con un manejo a espaldas de su militancia, y mucho más del país. Se divide ante aspectos cruciales como la aprobación del Plan de Desarrollo presentado por Peñalosa para Bogotá. Asimismo, el PDA no encuentra un punto común en el qué hacer frente al gobierno Santos, ante el que abunda en contradicción, la conducta de su presidenta, quien porta y lleva un mal mensaje al país sobre este gobierno –divorcia el tema de la paz del económico y de otros factores de conflicto–, y pone al Polo a la cola del liberalismo, con una agenda eminentemente electoral.

 

Todo esto y mucho más, terminó por desdibujar esta agrupación política –que en algún momento abrió alguna luz de esperanza en el país. Ante el hecho, la definición múltiple de un nuevo referente de izquierda debe señalar el por qué de tal magnitud en el entronizamiento de errores, y encontrar nuevas sendas con las regiones, referentes de sujeto, propuestas, comportamientos y formulación de banderas y acciones alternativas ante el actual modelo socio-económico-político vigente y, seguramente, otros muchos aspectos necesarios de abordar y resolver para estar a la altura de lo demandado por las mayorías nacionales.

 

Retos 2017


Los días, semanas y meses que vendrán, están preñados de variaciones en la situación desde diversos ángulos. Vendrán acompañados de diversidad de luchas, agendas, debates y procesos sociales, en medio de un vacío: el de un proyecto alternativo-popular. Una ausencia que confiere ventaja a la iniciativa oligárquica en un «reacomodo del régimen». Una realidad que demanda conjugar en forma cotidiana, y en la amplia extensión territorial, una disputa por la información, y en el empeño de lograr acercamientos hacia el inicio y proyección de unos referentes legítimos de convocatoria y liderazgo por la inclusión. Son ingredientes en el forcejeo:

 

- Avanzar en la pauta y configuración de un Bloque Popular/con metodología distinta, para aprobar con participación diversa una plataforma de lucha (consulta popular) que despierte en cantidad y horizonte la voz nueva de liderazgos sociales.
- En el pleito de la solución política y los logros de las Mesas, separar la iniciativa popular de la agenda burguesa.
- Dar calidad y sustento al debate acerca de un modelo de desarrollo humano.
- Reponer en primer orden y en Campaña, la conquista territorial ascendente y de opinión por ¡Otra Democracia, Sí!
- Incluir la comprensión, tareas y definición de instrumentos en las exigencias de «disputa cultural» frente a la hegemonía y tope del modelo neoliberal
- Formular una disposición en el campo popular y de la solidaridad con las luchas que lideran diferente sectores sociales, para asumir la comunicación con vocación de disputar la opinión pública, y construir un referente común de otro modelo social bajo el cual, hagamos y rehagamos nuestras vidas como pueblo.
- Aclarar el verdadero escenario de la campaña electoral 2018, y determinar las tareas que esta implica, sin repeticiones de lo acometido sin vocación de país, con acomodamiento a la costumbre; superando las pretensiones y ambiciones personales, así como las fronteras que centran la actividad electoral como palanca y eje de la acción popular.

 

Estos aspectos, cada uno de los cuales es motor de acciones y proyecciones para la calenda que empezará en enero próximo, será motivo de nuestra primera editorial de 2017, y tal vez de otros más.

Publicado enEdición Nº230
Miércoles, 26 Octubre 2016 09:22

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

Plebiscito por la paz, antagonismo traumático

El plebiscito y sus resultados arrojados el pasado 2 de octubre, obligan a una reflexión sobre lo acontecido. Una reflexión a partir de sus cifras, pero también desde la historia y el futuro del país.

 

La cotidianidad de las cuatro últimas generaciones de connacionales ha transcurrido en medio de un costoso, cruento y doloroso conflicto interno bélico.

 

Según el registro oficial de la Unidad para las Víctimas de la Presidencia de la República, los mártires de esta guerra civil suman ocho millones durante el período 1985-2015. Los datos institucionales referencian 260.000 asesinatos, 45.000 desaparecidos, 6,8 millones de desplazados por la violencia y el despojo de 4,2 millones de hectáreas a los pobladores pobres del campo. Además de los campesinos y pueblos indígenas y afros, la guerra afectó de manera directa a comunidades populares urbanas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, líderes populares, ambientalistas, militantes de partidos de izquierda e intelectuales demócratas.

 

El más reciente cálculo del Global Peace Index, realizado por el Institute for Economics and Peace (IEP) muestra que el impacto económico de la violencia en Colombia ha crecido 53 por ciento desde 2008 hasta alcanzar los US$139.481 millones en el año 2015, equivalente al 30 por ciento del Producto Interno Bruto, constituyéndose en el séptimo país en el mundo donde más impacto negativo de carácter económico, político, social, cultural y ambiental, ha tenido la violencia dentro de su territorio.
El 2 de octubre de 2016, la sociedad colombiana tenía la posibilidad histórica de terminar, a través de un plebiscito, con una buena parte de la confrontación armada e iniciar la construcción de una paz duradera y sostenible. La renuncia generalizada a la violencia como forma de hacer política requería el compromiso de la sociedad.

 

En esta consulta, la única pregunta a la cual deberían responder los colombianos con un Sí o un No era la siguiente: “¿Apoya usted el acuerdo final para terminar el conflicto y construir una PAZ estable y duradera?”.

 

El triunfo del “Sí” refrendaría democráticamente los acuerdos de paz, ordenando al Gobierno y demás entidades del Estado a tramitar las normas necesarias para implementarlos. Con la victoria del No se malograría el proceso seguido durante los últimos seis años (2 exploratorios y 4 de negociación) y obligaría al Gobierno y la insurgencia a entrar en una compleja renegociación con los sectores ultraderechistas del país. Con los resultados que favorecieron el No, Colombia se sumió en la incertidumbre; encrucijada que no la resuelve ni el otorgamiento del premio Nobel de Paz al presidente Juan Manuel Santos (2010-2018), concedido por el Comité Noruego y que le será entregado el 10 de diciembre de 2016.

 

Dos pruebas debía superar el plebiscito en las urnas para ser vinculante: i) ganar por mayoría simple el Sí; ii) superar el umbral aprobatorio del 13 por ciento del censo electoral, esto es, alcanzar como mínimo cuatro millones y medio de votos.

 

Votantes y territorios

 

El total de población habilitada para participar en este plebiscito sumaba 34.899.945 (51,7% mujeres y 48,3% hombres). El número de votantes que se abstuvieron de ejercer su derecho político sumó 21.833.898 (ver recuadro 1: La constante), esto es, 62,6 por ciento. El 37,4 por ciento que acudió a las urnas se distribuyó de la siguiente forma: votos inválidos (votos no marcados y nulos) 257.189 (0,7%); votos por el Sí, 6.377.482 (18,3%); votos por el No, 6.431.376 (18,4%) (Ver gráfico 1 y mapa 1).

 

 

 

 

En las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá como Distrito Capital y “Consulados”, esto es, los 203 puestos de votación donde los 600 mil colombianos habilitados que viven en el exterior podrían votar) el Sí ganó en 20 (60,6%) y el No en 13 (39,4%). En resumen, como siempre sucede en la exánime democracia colombiana, la reducida pero poderosa, agresiva y organizada oligarquía extremo-derechista impuso su voluntad e intereses, con mentiras, manipulaciones y amenazas, a las mayorías nacionales. Del lado opuesto, una exageración de los beneficios que traería para las mayorías la aprobación de los acuerdos, fue la nota más destacada (Ver recuadro 2: La cultura política de los colombianos, 2015).

 

De las 33 entidades tomadas como referencia para el análisis, once (33,3%) concentran en conjunto el 70.6 por ciento del total de sufragios posibles al contar, cada una con más del 3 por ciento de las personas habilitadas. De estas, en cinco ganó el No: Antioquia, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y Tolima; en seis ganó el Sí: Bogotá D.C., Atlántico, Bolívar, Córdoba, Nariño y Valle del Cauca. Como tendencia general, con la excepción del distrito capital y el Valle del Cauca, se observa que en las regiones donde tradicionalmente hay más alto “desarrollo” económico son las que votaron en mayor proporción por el NO (Ver cuadros 1 A y 1 B).

 

 

 

 

 

 

Antagonismo traumático

 

El número de votos válidos en el plebiscito por la paz sumó 12.808.858. Con la mínima diferencia de 53.894 sufragios (0,2% respecto al total de votantes habilitados), el No resultó triunfador.

 

El empate técnico no obedece a un relativismo cultural, según el cual la percepción del conflicto social depende de la pertenencia del observador a uno u otro grupo, en favor o en contra de refrendar los acuerdos Gobierno-insurgencia. La división entre las dos percepciones «relativas» implica una referencia oculta a una constante, a un núcleo traumático, un antagonismo fundamental que la sociedad colombiana es incapaz de simbolizar, explicar o asimilar, un desequilibrio crónico en las relaciones sociales que impide que la ciudadanía se estabilice en un todo armonioso. Las diferentes percepciones expresadas en el plebiscito, incluidos quienes se abstuvieron de acudir a las urnas, son tres intentos mutuamente excluyentes de lidiar con este antagonismo traumático, de sanar la herida histórica mediante el consenso democrático de construir colectivamente una estructura simbólica equilibrada, incluyente y justa. Lo «Real» no es el fenómeno expresado en los resultados del plebiscito por la paz, sino el núcleo traumático del histórico antagonismo entre clases sociales1 que distorsiona la visión del individuo frente a quienes, de una parte, tienen intereses en prolongar una guerra de la cual obtienen réditos y, de otra, a los que defienden el anhelo de paz con igualdad, democracia, trabajo digno, justicia social y soberanía2.

 

Los estudios que emprendió el economista, historiador, escritor y político socialista colombiano Antonio García Nossa (1912-1982) sobre la movilización insurreccional de los comunes de labriegos libres, artesanos, obreros de manufactura, peones y clases medias en 1781, coloca de presente este núcleo traumático o antagonismo fundamental de la sociedad colombiana. En la insurrección de Los Comuneros se encuentra, según García, embrionariamente, esta trama de la historia contemporánea, entendida como un contrapunto dialéctico entre la movilización popular orientada hacia la ruptura y superación –consciente o inconsciente– de las estructuras hispano coloniales de dominación y dependencia –modernizadas sólo a partir de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) y de la subsiguiente integración a la metrópoli norteamericana– y la acción defensiva-ofensiva de las familias conservadoras, castas, burócratas, curas fanáticos, militares, políticos mafiosos, intelectuales fascistas y profesionales derechistas, oligarquías o clases dominantes; en el sentido de conservar aquellas estructuras (estrategia conservadora) o de promover la desarticulación o aplastamiento de la organización y movilización popular y de la clase trabajadora por medio de la violencia institucionalizada (estrategia contrarrevolucionaria)3.

 

Democracia exánime

 

La mayoría de la población apta para participar en el plebiscito por la paz, 63 de cada 100, se abstuvo de participar; expresión de la grave crisis de la democracia liberal colombiana. Este tipo de democracia que nació con las revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX en Europa y América, en su esencia, deja la soberanía popular relegada a una mera función electiva que le otorga poder exclusivo de gobierno a las oligarquías y a la representación de políticos profesionales. Al eliminarse la participación directa en la toma de decisiones (quedando sometida simplemente a una voluntad de cada proceso electoral), el pueblo termina perdiendo todo contacto inmediato con la solución de sus problemáticas, para dejarlas en manos de una minoría –clase política– de la sociedad, ajena también a esos problemas sociales populares y laborales. En esencia, no existe en Colombia una forma de gobierno democrática, pero es tal el peso de la ideología que la sociedad se cree el “cuento” que esta parodia de democracia es “la más antigua y sólida del continente”.

 

En este plebiscito, 20 de las 33 entidades territoriales del país (sumando a Bogotá y “Consulados”) registran niveles de abstención superiores al promedio nacional: 71,7 por ciento. Con la excepción de Arauca y Caquetá, la mayoría de la población votante lo hizo por la opción del Sí en estas entidades de alta abstención (Ver cuadros 1A y 1B).

 

En la capital del país, con el 15,9 por ciento del potencial de sufragantes, ganó el Sí al sumar 1.423.612 votos (25,7% respecto al total distrital). El Distrito Capital concentra una alta proporción del voto libre, informado y consciente de Colombia. Independiente del estrato socio-económico, en todas sus localidades el porcentaje de abstención fue inferior al promedio nacional y mayoritariamente ganó el Sí. Sólo en tres localidades, las que concentran la población que vive bajo condiciones de extrema pobreza y los desplazados por la violencia, ganó el No: Bosa, Ciudad Bolívar y Usme (Ver mapa 2).

 

 

Este fenómeno combinado de rechazo y abstención, en sus localidades más excluidas y pobres, se explica por ocho razones: i) el resentimiento en contra de las políticas antipopulares y neoliberales del gobierno Santos; ii) las mentiras y manipulaciones publicitadas desde las campañas por el No (en particular sobre los supuestos y exagerados beneficios económicos que recibirían los excombatientes); iii) la incomprensión referente a la figura jurídica y al contenido del plebiscito; iv) ignorancia política; v) desesperanza aprendida, en cuanto la persona se siente indefensa, cree no tener control sobre la situación y piensa que cualquier cosa que haga será inútil; vi) considerar que el plebiscito era una continuidad del enfrentamiento Santos-Uribe; vii) apego a una cultura que ha permeado desde arriba a todas las capas sociales de solucionar los problemas mediante la violencia y el exterminio; viii) El odio contra la insurgencia, producto de una intensa guerra política desplegada por años, así como por los errores propios de ésta y que afectaron a sectores populares.

 

Razones que atraviesan a la sociedad colombiana en su conjunto, no sólo a los sectores populares, Hay que agregar que si bien la juventud estaba a favor del Sí, esta mostró su animadversión de acudir a las urnas; a deshoras hizo conciencia del error, tratando de borrarlo con postreras movilizaciones en favor de la paz. La izquierda, apática, indecisa y autista, poco hizo en favor de una concientización social y masiva en favor del SÍ y, peor aún, nunca ha logrado ofrecer una propuesta realista, positiva, incluyente y constructiva de futuro a la sociedad colombiana.

 

De los 600 mil nacionales habilitados para votar en el extranjero sólo lo llevó a cabo el 13,9 por ciento, reflejando un alto desafecto por los destinos del país natal por parte de quienes están arraigados en tierras foráneas. Con la excepción de Estados Unidos, en los demás consulados ganó la preferencia por el Sí (44.801 votos por el Sí y 37.995 votos por el No).

 

En los seis departamentos que integran la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, la Guajira y Magdalena) tres de cada cuatro potenciales votantes se abstuvo. En todas estas entidades territoriales fue prevalente el voto por el Sí. La razón de esta alta abstención fueron dos: i) el impacto del huracán Matthew: las intensas lluvias impidieron que los ciudadanos salieran a votar; ii) las maquinarias políticas no se utilizaron para movilizar a los electores; como no estaba en juego las elecciones de los “caciques” políticos, no operó el tradicional clientelismo y la compra de votos.

 

Los departamentos que más han sufrido la inclemencia de la violencia efectivamente fueron los que mayor apoyo dieron al plebiscito. En nueve de las regiones más afectadas por el conflicto armado, con mayor pobreza y menos institucionalidad, ganó el voto por el Sí: Amazonas, Chocó, Cauca, Nariño, Putumayo, Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada. No obstante, en estos departamentos el nivel de abstención promedio fue del 68 por ciento.

 

En uno de los principales centros agrícolas, industriales, comerciales y financieros del país, el Valle del Cauca, ganó el apoyo a la refrendación de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc-Ep por parte del 18,6 por ciento del potencial de ciudadanos habilitados; el No fue refrendado por el 16,9 y la abstención alcanzó el 63,9 por ciento. En la capital, Cali, votaron 589.451 ciudadanos, el 54,3 lo hicieron por el Sí y el 45,7 por el No. En otros centros importantes de la economía y el turismo del país, Boyacá y San Andrés, igualmente salió triunfador el SÍ, aunque con escaso margen.

 

En 13 entidades territoriales el rechazo a los acuerdos del Gobierno con la insurgencia fue mayoritario: Antioquia, Arauca, Caldas, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Allí el nivel de abstención registró un promedio de 10.1 puntos porcentuales por debajo del promedio nacional: 52,4 por ciento. Es importante señalar, de una parte, que en toda la zona centro de Colombia la insurgencia ha operado como un ejército de ocupación y sus acciones más negativas (secuestro, extorsión y afectación de la infraestructura) han sido dirigidas en contra del empresariado agrícola medio y grande, como también, en no pocos casos, contra el campesinado y pueblos rurales. Existe, por tanto, en estas regiones, un resentimiento directo muy grande con las Farc que obviamente fue aprovechado por los promotores del No.

 

Pero de otra parte, y no menos importante, los rezagos de la república señorial, el latifundio ganadero, las economías extractivas dominadas por empresas transnacionales, una clase media rural fundamentada en el tipo patriarcal y católico de la familia antioqueña, la vigorosa influencia conservadora del partido del clero que subyuga la conciencia popular, el principio crematístico para medir la funcionalidad de toda actividad social fundamentado en el individualismo egoísta y la contra ética del “fin justifica los medios”, y el escalamiento del paramilitarismo como poder político, social y cultural en la mayoría de municipios que integran estas regiones afectadas por la guerra, explican estos resultados adversos al fin del conflicto armado y a la construcción de la paz.

 

En una de las principales ciudades de Colombia, Medellín, 431.173 ciudadanos votaron en favor del No (63%) y 253.548 por el SÍ (37%). Una ciudad bonita, con buena infraestructura y tecnológicamente avanzada, la economía moderna y un nivel educativo más elevado, no son suficientes para hacer evolucionar y transformar civilizadamente la mentalidad colonial, las creencias y formas de vida atávica, y el espíritu patriarcal, violento y de vindicta.

 

Se ha dicho que los extremos se tocan. En el departamento de Arauca, con arraigada presencia del Eln, ganó la opción por el No (30.274 votos). Por el Sí votaron 28.653 ciudadanos. Se abstuvieron 115.537 ciudadanos, el 65,4 por ciento, influenciados por el rechazo del Eln al proceso de negociación Gobierno- Farc-Ep. El Eln afirma que “los anhelos de paz con equidad, justicia social y soberanía tal como lo requieren las mayorías, exige la unión de todas y todos quienes buscamos una Colombia donde el pueblo y la nación sean partícipes y protagonistas de las nuevas construcciones; sin tal protagonismo popular y social, no es posible el logro de la paz”4. En consecuencia, el inicio de la negociación del fin del conflicto armado entre el Gobierno y el Eln, el próximo 27 de octubre en Quito, pondrá otro ritmo a la complejidad y encrucijada que enfrenta la sociedad actualmente y abrirá un espacio donde se exprese democráticamente la sociedad, paralelo a la negociación elitista y a puerta cerrada entre el Gobierno y los partidos ultraderechistas.

 

Al desagregar los resultados del plebiscito, encontramos que la tendencia del departamento de Arauca la define –como es de esperarse– el municipio con mayor potencial electoral, en este caso Arauca, capital, la cual tuvo como resultados un 34,9% (8.159 votos) por el Sí y un 65,1% (15.191 votos) por el No. Los datos sobre presencia de los grupos insurgentes en este departamento han demostrado que la intensidad del conflicto armado se ha concentrado en municipios como Saravena, Fortul, Arauquita, y Tame, municipios en los que el SI ganó (en Saravena ganó el No), corroborando que los territorios en los que más se ha vivido la guerra y por ende los principales beneficiarios del acuerdo, ganó la opción para la implementación de los acuerdos. En Cravo Norte y Puerto Rendón, con presencia paramilitar y base económica latifundista y ganadera, triunfó el No.

 

Odio y actitud psicótica

 

El odio sobredeterminó los resultados del plebiscito por la paz. El odio es una pasión que lleva a hacer daño a alguien o desearle mal. Esta fue la principal motivación de las campañas por el No, al impugnar los acuerdos de paz.

 

Pero además de éste, entre los líderes de estos movimientos de ultraderecha política-religiosa-empresarial-militar predomina la actitud psicótica: la de un autoproclamado salvador que imagina que su ley interior es la Ley para todo el mundo. Para que el mundo siga sus preceptos, el “Mesías” recurre a construcciones paranoicas, al complot de fuerzas ocultas: el centro de la publicidad por el No buscaba generar el miedo de las masas ante la amenaza “castrochavista” o la entrega del Estado a los “terroristas encabezados por Timochenko”.

 

También los líderes de los partidos ultraderechistas son megalómanos (condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, relevancia, omnipotencia y por una henchida autoestima), no conciben un proceso de transformación social sin su dirección y liderazgo, de lo contrario patean el tablero sin reparar en costos de vidas, económicos y sociales.

 

No obstante, detrás del odio y de las formas de hacer la política, está el tema de intereses de clases o fracciones de clase que quieren a toda costa evitar políticas económicas, sociales y democráticas que los afecten (redistribución de tierras, impuestos a la propiedad, etc.) y además prevenir que puedan surgir gobiernos que desarrollen políticas progresistas y cercanas a determinadas formas de izquierda democrática o socialistas.

 

De la Apen (1935) al Mur (2016)

 

La violencia es un método consuetudinario empleado por las clases dominantes en Colombia para el ejercicio político y para oponerse a cualquier reforma social o apertura democrática que afecte sus intereses. El crimen y la impunidad son facilitados por el sectarismo político que practican.

 

Así, por ejemplo, las reformas impulsadas durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, elegido en 1934, incluían nuevas formulaciones del derecho de propiedad, un replanteamiento de las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y una serie de medidas modernizadoras en el campo social y político que pretendían dar solución a la crisis económica de 1929 y a los graves conflictos rurales y obreros de la década de 1920. Para neutralizar estas reformas, se creó la Apen (Asociación Patriótica Económica Nacional) en marzo de 1935, movimiento político formado por terratenientes, latifundistas, industriales, financieros, intelectuales, altos políticos y veteranos de las guerras civiles colombianas. Fue creado para oponerse abiertamente al movimiento de masas campesino y, sobre todo, para arrasar con la política de Alfonso López Pumarejo. La Apen tuvo una actividad intermitente hasta los años 1940, enlazándose con el período histórico conocido como “La Violencia5.

 

La historia se repite. En agosto de 2016, dieron vida al Movimiento de Unidad Republicana en contra de los acuerdos de paz Gobierno Nacional-Farc-EP y del plebiscito que refrende popularmente los acuerdos. Hacen parte de este movimiento dos expresidentes de la República, exalcaldes, dirigentes políticos (en su mayoría de los partidos Centro democrático, Conservador y Liberal), empresarios (sobresale Ardila Lule, dueño de RCN y zar de las bebidas edulcorantes), ganaderos, militares retirados, dueños de medios de comunicación (principalmente los periódicos de Medellín), dirigentes de gremios agropecuarios, alta jerarquía de la iglesia católica (en especial, Monseñor Libardo Ramírez Gómez, presidente del Tribunal Eclesiástico Colombiano), intelectuales y columnistas defensores de la derecha nacional, entre otros. En general, esta oposición que recoge la ultra derecha político-religiosa-empresarial-militar-intelectual de Colombia enarbola las banderas de la defensa de Dios, patria, familia, propiedad y tradición.

 

El No, campaña de mentiras, miedo y amenazas

 

El excandidato a la alcaldía de Medellín y gerente de campaña por el No del Centro Democrático, Juan Carlos Vélez, confesó, en entrevista con el periódico La República, que “apelamos a la indignación, queríamos que la gente saliera a votar verraca (de mal genio)”, por ejemplo “la imagen de Santos y ‘Timochenko’ con un mensaje de por qué se le iba a dar dinero a los guerrilleros si el país estaba en la olla, la publiqué en Facebook y tuvo un alcance de seis millones”.

 

La profundización de esta campaña fue mandar el mensaje direccionado para ‘sacar la piedra de los electores’, por estrato y ubicación geográfica, afirmó el excandidato del Centro Democrático: “En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios”; “en cuanto al segmento en cada región utilizamos sus respectivos acentos: en la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela; y aquí (Antioquia y Eje Cafetero) el No ganó sin pagar un peso. En ocho municipios del Cauca pasamos propaganda por radio la noche del sábado centrada en víctimas”.

 

La campaña por el No costó cerca de $1.300 millones que aportaron 30 personas naturales y 30 empresas. Los principales financiadores de esta sucia campaña (estrategia de la “clínica del rumor”, la llaman los asesores políticos) fueron entre ellas la Organización Ardila Lülle (RCN, Win, Postobón, Atlético Nacional, Heineken), Grupo Bolívar (Seguros Bolívar, Davivienda, Codiscos), Grupo Uribe (Mango, Sprit, Naf Naf París, Chevignon, Americanino), Grupo Corbeta (AKT, Alkosto, K-Tronik, Foton, Castrol), cuyos presidentes y propietarios respectivamente son Carlos Ardila Lüle, José Alejo Cortes, Manuel Santiago Mejía Carlos Gilberto Uribe y la familia Díaz, los tres últimos empresarios antioqueños cercanos al expresidente Álvaro Uribe. La organización Ardilla Lule, propietaria de RCN (radio y televisión), desde el canal de televisión su directora, Claudia Gurisatti, fue una de las principales críticas de los acuerdos y compulsiva promotora de la campaña del No.

 

En paralelo, los líderes del Centro Democrático llamaron en su auxilio a las iglesias cristianas y evangélicas, para adoctrinar a sus creyentes en contra de los acuerdos de paz entre la insurgencia y el gobierno. En particular atacaron el enfoque de género de los acuerdos de paz y desinformaron con los riesgos que enfrenta la familia y las instituciones ante las políticas que promueven las libertades de identidad sexual.

 

Los resultados del plebiscito muestra la fuerza de los grupos de extrema derecha en Colombia, su capacidad para conectarse con un amplio segmento social, realidad que realza, al mismo tiempo, la incapacidad de la izquierda para comprender sus formas de ser, su enraizamiento cultural y sus capacidades, más allá de su ser violento. Además, se ponen de presente las fracturas y conflictos entre las fuerzas de las clases y fracciones de clase; en concreto entre el latifundismo premoderno y las ideologías de extrema derecha que representan el Centro Democrático y el Partido Conservador, de una parte, y la oligarquía modernizante y transnacional que representa el santismo, de otra parte.

 

 

 

 

Miedo a la verdad

 

Las Naciones Unidas han indicado que en los procesos de paz debe respetarse plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, a la justicia y a obtener reparación y garantías de no repetición. La verdad consiste en el reconocimiento que la sociedad y las instituciones hacen acerca de las violaciones cometidas, las víctimas perjudicadas por ellas y los responsables de tales hechos. El derecho a la justicia permite el reconocimiento de las víctimas; las respalda en sus reclamos y exigencias, las protege y reestablece formalmente sus derechos. La reparación es el mecanismo fundamental para hacer justicia a las víctimas y evitar la repetición de las violaciones; mediante la reparación se identifica el daño, se reconoce a las víctimas, se les protegen sus derechos y se busca anular los efectos de las violaciones que han sido cometidas.

 

El principal miedo que tiene la ultraderecha en Colombia es que se conozca la verdad; esto es, que un día nuestra sociedad y la opinión pública mundial conozcan la verdad sobre los autores del genocidio ocurrido en el país durante los últimos sesenta años. Los líderes de estos partidos políticos, movimientos sociales, iglesias, militares y grupos paramilitares, intelectuales de derecha, burócratas, empresarios, empresarios, dueños de los medios de comunicación y representantes de las transnacionales buscan por todos los medios enterrar la verdad y evitar ser juzgados por crímenes de lesa humanidad.
En particular, como lo afirmó el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro: “El gran temor de Álvaro Uribe es que los militares que están incursos en delitos en medio del conflicto confiesen ante el Tribunal Especial. Uribe le tiene pavor a que los militares hablen y los lleva a un sacrificio, les pide que no vayan al Tribunal Especial, que se quite ese organismo y que vayan a la justicia ordinaria, con lo cual los está es condenando literalmente a la Corte Penal Internacional. Solo porque él no quiere que hablen”.

 

Los artículos 5º y 7º del Estatuto de la Corte Penal Internacional –aprobado en Colombia por la Ley 742 de 2002– incluyen estos crímenes entre las conductas punibles sobre las cuales ejerce su competencia ese alto tribunal. Un crimen de lesa humanidad es el que por su carácter especialmente grave ofende no sólo a la víctima, sino a toda la familia humana.

 

El Punto 5 del acuerdo de paz contiene el tema de “Víctimas”. Desde el Encuentro Exploratorio de 2012 entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep, se acordó que el resarcimiento de las víctimas debería estar en el centro de cualquier acuerdo. En el firmado, crean el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que contribuye a la lucha contra la impunidad combinando mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas, a colectivos y a territorios enteros.

 

El filósofo griego Aristóteles solía decir que “No basta decir solamente la verdad, más conviene mostrar la causa de la falsedad”.

 

 

 

 

La encrucijada

 

Colombia se encuentra ante una situación difícil o comprometida en que hay varias posibilidades de actuación; sus actores sociales y políticos alternativos parecieran no saber cuál de ellas escoger. Esta es una de las encrucijadas decisivas de su historia, que requiere buscar una gran confluencia por la paz y la solución negociada al conflicto bélico interno, que implique justicia social y una novedosa y protagónica participación de su ciudadanía en el diseño y definición de su presente y futuro inmediato, y mucho más allá.

 

Es importante impedir un acuerdo excluyente, entre las oligarquías que han conducido históricamente al desastre de país que tenemos. No es posible, en pleno siglo XXI, otro Frente Nacional para el beneficio de las clases dominantes. Su sociedad democrática (en particular la clase trabajadora, los movimientos sociales, los defensores de derechos humanos, la intelectualidad orgánica y los partidos políticos de izquierda) debe enfrentar, de manera decidida, al sector minoritario alineado con las ideologías de extrema derecha y las lógicas de guerra y exclusión, con sus fines deshumanizantes y sus actividades explotadoras del trabajo nacional y depredadoras y rentistas de la riqueza territorial mediante el modelo neoliberal que arbitraria y violentamente impusieron al país. Pero estos núcleos sociales demócratas también deben enfrentar al conjunto de la clase dominante que encabeza el actual modelo económico, político y social dominante en nuestro territorio, a partir del cual se excluye a las mayorías de los beneficios de su trabajo y esfuerzo, criminalizando sus protestas e inconformidad. Es necesario que estos núcleos democráticos, conciten el favor mayoritario del país en pro de un emplazamiento al gobierno de turno, a partir del cual quede claro que la paz sin justicia económica, y sin transformar el modelo de acumulación no es soportable en el tiempo. Impedir que la anunciada reforma tributaria sea aprobada sería el primer reto de este emplazamiento.

 

En los acuerdos de paz firmados, con el ánimo de consolidar aún más las bases sobre las que se edificaría la paz y la reconciliación nacional, una vez realizado el plebiscito que debía refrendar política y popularmente estos acuerdos, se comprometían a convocar a todos los partidos, movimientos políticos y sociales, y a todas las fuerzas vivas del país a concertar un gran Acuerdo político nacional, encaminado a definir las reformas y ajustes institucionales necesarios para atender los retos que la paz demande, poniendo en marcha un nuevo marco de convivencia política y social. Con la crisis política generada por los resultados del plebiscito, este compromiso y propósito es más necesarios que nunca.

 


 

* Economista político y filósofo humanista. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde diplomatique edición Colombia. Integrante del Centro interdisciplinario de Derechos sociales y desarrollo, Cartagena de Indias.
1 No obstante, dentro de cada uno de los grupos del Sí y el No están presentes una variedad de estratos socioeconómicos unidos por factores ideológicos principalmente.
2 Zizek, Slavoj; (2016). Contragolpe absoluto. Para una refundación del materialismo dialéctico. Ediciones Akal, España, p. 111.
3 García, Antonio; (1981). ¿A dónde va Colombia? Tiempo americano editores Ltda., Colombia, p. 16.
4 Revista Insurrección N° 549
5 Conflicto que causó 300.000 asesinatos y el desplazamiento forzoso de más de dos millones de personas, equivalente casi a una quinta parte de la población total de Colombia, que para ese entonces alcanzaba los 11 millones de habitantes La superación de este período se realizó a través de un pacto de élites conocido como "Frente Nacional", vigente en Colombia entre 1958 y 1974, caracterizado por el reparto del poder entre las oligarquías y la exclusión política de los sectores populares.

Formación de las FARC en San Vicente del Cagúan, durante los diálogos de paz en la adiministración Pastrana.
 
Quedan cinco divergencias de fondo, en la Mesa Gobierno-Farc. Así expresa en sus encuentros, el Comandante Pablo Catatumbo ‒Responsable del Movimiento Bolivariano Clandestino. La más difícil, acordar el número y extensión de los Territorios Especiales ‒Terrepaz‒, diferentes a las ¿23 veredas?, y “previos a los ocho campamentos para dejación de armas”. “Falta pelo p’al moño”, advirtió Timochenko. “Resistencia civil”, firma Uribe. “Si no hay paz, vendrá guerrilla urbana”, sentencia el Presidente. Con sus frases, Uribe asusta a los pobres, Santos asusta a los ricos.

 

 

‒¡No!, dijo enfático, el general Mora Rangel, como rechazo oficial a la propuesta de territorios Terrepaz, que presentó la insurgencia en la Comisión Técnica (de asuntos militares). Ante el impase, aplazado el tema, con anuencia de Farc, la discusión adelantó en el punto de la verificación internacional. A sabiendas, el Presidente y el ministro de defensa, con la complicidad mediática, ocultan que está en veremos, el acuerdo acerca de las dos fases territoriales en la transformación guerrillera: áreas y líneas de “separación de tropas” y campamentos para dejación de armas.

 

Además de esta diferencia, sobreaguan otros cuatro pendientes de tamaño grueso: 1) Concluir las “42 salvedades” y los “asteriscos” de los puntos acordados. 2) (Dado el antecedente de la captura de Felipe Torres,) la exigencia de una Ley de Amnistía, previa a la firma de un acuerdo definitivo. 3) (Aplazado en su aprobación desde 1991) aprobar el Estatuto de oposición y 4) Definir una transición de la estructura guerrillera, diferente a la reinserción de procesos anteriores.

 

Para buena parte del ciudadano común, la negociación está en aplazamiento desde el 23 de marzo.

 

 

Dos fases territoriales:
“separación de tropas”
y dejación de armas

 

Los hechos son tozudos. La negociación con Farc y Eln es la primera diferente en el país, y en el continente: Comienza sin la “decisión” de ‘desmovilización’ y “entrega de armas”. Con Farc tiene como fórmula, la dejación, que depende del contenido y refrendación del acuerdo final. Una característica que tiene su razón, en la real correlación operativa en el terreno.


Sucede que en sus más de ocho años, Álvaro Uribe como gobernador de Antioquia y Presidente de Colombia, no pudo infligir una “derrota militar irregular” a Farc e imponer una cota más alta de “desgaste político” a Eln ‒tal como calculó el jefe paramilitar Carlos Castaño. A este respecto, el Comando de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, tiene abierta una polémica. Aduce en su publicación Victorias desde el aire, que presentó en la reciente XXIX Feria Internacional del Libro de Bogotá, que: asestó a Farc espaciados golpes de “derrota en la cadena mando” pero, el Ejército –la infantería– no llegó ni ocupó los lugares profundos en la ‘retaguardia’ guerrillera.

 

Aun con los efectos de la asimetría tecnológica que otorga ventaja aérea y de bombardeo con precisión al Estado colombiano –a partir del Plan Colombia–, sin una derrota militar a las organizaciones insurgentes, el gobierno Santos y su porción oligárquica de poder ‒en el gobierno‒, no pueden manejar a su amaño; la duración y fecha de una negociación mixta (con Farc y con Eln).

 

¿...“Dos mesas
un solo proceso”...?

 

La dualidad Farc/Eln con respecto a un fin verdadero del conflicto armado, está más agravada hoy. El señor Frank Pearl, principal en la Comisión gubernamental de diálogo con Eln, en compañía del general (r) Herrera Verbel, hizo saber en la más reciente reunión de la Comisión Nacional de Paz: “La negociación con el Eln está estancada”. (Solamente Pearl y Herrera, sin José Noe Ríos, viajaron a Venezuela a un encuentro con el Eln, que no avanzó más que el saludo).

 

Mucho antes, Gobierno-Eln en conversación secreta, alcanzaron a fijar como procedimiento, que la participación de la sociedad con interrogantes acerca de cuál es la Democracia que Colombia espera y en el tema de las víctimas; no tendrá un tercer asiento en la mesa. Serán las delegaciones Gobierno y Eln, una vez lean todas la iniciativas que lleguen, quienes señalarán los aspectos en que estén a favor y descartarán el resto.

 

En este marco, el Gobierno considera una fortaleza, que los puntos y detalles en tratamiento con Farc no tendrán repetición en la conversación con Eln. ¡Es una tamaña subjetividad o desconocimiento! Es conocido que el Eln contradice dos aspectos gruesos de los acuerdos Gobierno-Farc:

 

Están dispuestos a pagar cárcel ante la comprobación de culpa en hechos de violación de lesa humanidad y condicionan que los miembros de las Fuerzas Armadas, ante iguales casos, deberán pagar cárcel. Es una convicción que no surge en el Eln como un capricho. Surge de su relacionamiento y solidaridad con la experiencia del Cono Sur, en la lucha contra las dictaduras. Allá, los sectores con memoria y más comprometidos, rechazan los acuerdo de Punto Final que libran a los Ejércitos.

 

Para comenzar la conversación, no asumen siquiera la fórmula de “dejación de armas”, que es funcional en la Mesa de La Habana.

 

Los 180 días prorrogables de “separación de tropas” con las Farc y un lapso mínimo de agenda con el Eln, determinan una situación de “paz armada”. Acompañada de un debate que irá en aumento de polarización y amenaza de respuesta paramilitar. A su vez, de expresiones sociales resistentes.


Una disputa y entroncamiento de factores y aumento de la contradicción política y social, que con el ingrediente de una convocatoria de acercamiento-unidad novedosa y legítima, podrían ser desencadenantes de un nuevo cuadro en la lucha popular. Panorama no extraño en las vertientes de análisis estratégico y de precaución de todo signo. Consta en la p. 21 del libro El arte militar de los chinos (Editorial Pleamar. Buenos Aires, 1979) del Tte. Cnel. E. Cholet, en su definición de Guerra subversiva: [...] es una actividad múltiple, que emplea y combina medios violentos y pacíficos, fuerza y astucia, presión y engaño, patriotismo y traición; hasta crear una situación que le permita acceder al poder sin lucha violenta o afrontar directamente su conquista en lucha abierta... (negrillas en este artículo).

 

 

Cuántos son los finales
de un conflicto

 

Un conflicto regular, como fue la II Guerra Mundial tuvo dos finales: El cese de batalla 7-8 de mayo de 1946 y el día del final jurídico, septiembre de 1947, cuando comenzó el Proceso de Nüremberg. En Colombia, el largo conflicto irregular que cruza durante las últimas décadas, tendrá que barajar al menos, tres fechas finales, en diferente orden: política, jurídica/refrendación y de hostilidades/“separación de tropas”.

 

En Macondo sucede lo creíble y lo increíble.

 

 

 

 
Monólogo de Aureliano viendo pasar el circo

 

Los acuerdos de paz están construidos con piedra pómez.
Todo en ellos es poroso, lleno de poros como la piel. Frágil y duradera como una pirámide de nada.
Monólogo secreto de misiles que no hubo quién vendiera
Monólogo a punta de lengua, a punta de desconocer e ignorar “los factores reales de poder”
A las múltiples manos negras de la inteligencia calculadora que ni sube ni baja
Que se queda quieta. Mientras nosotros abrazábamos los fusiles.
Las manos negras de la intervención que no cesará
De las intervenciones que se anuncian para domesticar los sueños
Somos hombres y mujeres pero no contamos igual las cosas
Hechos de Coltan, fronteras y misiles, nadie va a cumplir lo pactado, salvo los que puedan
17 aurelianos tristes. Mientras pasa el circo.

 

 

 

 

 

 

 

Publicado enEdición Nº226
Colombia: A las puertas de un nuevo genocidio político

Un fantasma recorre Colombia: el del exterminio de la Unión Patriótica. Esta organización, gestada como salida del conflicto armado en el marco de los procesos de paz entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC a mediados de los años ochenta, sufrió en su corta y trunca existencia como propuesta civil, una arremetida paramilitar que -en estrecha complicidad con las instituciones estatales- trajo como saldo trágico el asesinato de más de 3000 de sus militantes. Desde campesinos, estudiantes, trabajadores y activistas de base en general, hasta candidatos presidenciales, alcaldes, concejales y senadores, el exterminio casi total de la UP llegó a ser catalogado por diversos organismos de derechos humanos como un verdadero genocidio político. Las negociaciones de paz se vieron así clausuradas por la muerte, el exilio y la desaparición forzada de quienes aspiraron en aquel entonces a transitar hacia una vida democrática con plena participación civil, en un sistema político que ha resultado refractario a las opciones por fuera del binomio impuesto, a sangre y fuego, por conservadores y liberales desde los tiempos de la llamada “Violencia”, década que dejó como saldo decenas de miles de muertos y desplazados, y que tuvo como hito previo catalizador al asesinato del líder popular Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948.

 

Solo en lo que va del año 2016, alrededor de 40 activistas de plataformas civiles como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos han sido asesinados, más de la mitad de ellos perpetrados en el mes de marzo. El 1 de abril, la referente de derechos humanos y ex senadora Piedad Córdoba, sufrió un intento de atentado contra su vida por parte de sicarios, luego de haber denunciado el peligro de que en Colombia se viva un nuevo genocidio equivalente al de la Unión Patriótica. En esta misma zona del Chocó, recientemente han incursionado cerca de mil paramilitares, imponiendo el terror en las comunidades rurales. Esta escalada del paramilitarismo quedó en evidencia días atrás, con la imposición de un “paro armado” en cuatro Departamentos de Colombia, que incluyó asesinatos y la quema de transportes públicos. Pero la arremetida contra el proceso de paz no solo tiene a estos actores paraestatales como protagonistas. Si bien no ha logrado demasiado eco, el partido uribista Centro Democrático instó a salir a las calles el pasado 2 de abril, para repudiar las negociaciones que se llevan a cabo en La Habana y a las que ahora se le suman las anunciadas en forma pública por el gobierno y el ELN en Caracas.

 

Aunque pueda resultar paradójico, estas negociaciones de paz, lejos de aplacar la criminalización de los movimientos sociales en Colombia, la han agudizado. Basta decir que dos de los principales referentes de Marcha Patriótica y del Congreso de los Pueblos, Huber Ballesteros, dirigente rural de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de los Trabajadores, y Feliciano Valencia, autoridad de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, han sido condenados a prisión violándose los más elementales derechos y garantías (en este último caso, luego de una larga lucha, se ha logrado que Feliciano pueda cumplir su reclusión en un resguardo indígena). A esto se le suma la persecución al pensamiento crítico, que tiene como caso testigo al profesor e investigador universitario Miguel Angel Beltrán, preso en la cárcel de máxima seguridad de La Picota, bajo la acusación sin pruebas concretas de ser colaborador “ideológico” de la guerrilla. Resulta escandaloso que actualmente la cantidad de presas y presos políticos en Colombia ascienda a más de 9.500 personas.

 

Nada dicen de ellos y ellas los medios hegemónicos, que bombardean de manera constante y cínica con noticias y denuncias sobre la situación de supuestos “presos políticos” en Venezuela o Cuba. El proceso de paz en Colombia transita por uno de sus momentos más críticos. Vale la pena recordar que gran parte de aquellos homicidios perpetrados contra la Unión Patriótica aún se encuentran impunes, al igual que la mayoría de los asesinatos de militantes populares ocurridos en los últimos años en el país. Solamente de Marcha Patriótica -plataforma civil surgida a la vida pública en abril de 2012- han sido aniquilados 116 de sus miembros. Por lo tanto, sin la garantía de no repetición -uno de los puntos centrales impulsado por las insurgencias de las FARC y el ELN en las mesas de diálogo- y sin el desmonte definitivo y la condena efectiva del paramilitarismo -que aún se mantiene activo en gran parte del país y cuenta con un considerable apoyo de sectores desestabilizadores de ultraderecha-, no cabe pensar en que las negociaciones lleguen a buen puerto.

 

En el monumental libro La violencia en Colombia, el sociólogo y militante Orlando Fals Borda caracterizó la historia reciente de su país en los términos de “una tragedia del pueblo colombiano desgarrado por una política nociva de carácter nacional y regional y diseñado por una oligarquía que se ha perpetuado en el poder a toda costa, desatando el terror y la violencia. Esta guerra insensata ha sido prolífica al destruir lo mejor que tenemos: el pueblo humilde”. La posibilidad concreta que se ha abierto con las mesas de paz entre el gobierno y las insurgencias de las FARC y el ELN, es un primer paso para conjurar más de 50 años de conflicto armado en Colombia. Sin embargo, en un país donde 14 millones de campesinos viven en la pobreza y más de un millón de familias rurales carecen de tierras, donde 6 millones de personas han sufrido desplazamientos forzados de sus territorios y la represión contra las luchas populares continúa, resulta iluso hablar de “posconflicto”, como pretenden hacer por estos días desde el gobierno y los medios hegemónicos. Sin erradicar las bases estructurales que han dado lugar durante décadas a una violencia social y política endémica, la paz resultará más un anhelo que una realidad.

 

 

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