Rousseff: se fragua en mi contra un golpe institucional.

Es muy triste que hoy se cumplan 40 años del golpe de Estado en la Argentina, y al mismo tiempo debemos estar muy alegres de que ahora los argentinos tengan un sistema democrático.Los golpes cambian sus características con el correr de tiempo; si hoy hubiera un golpe en este Brasil democrático, sería un tipo de golpe institucional.


Esa fue la primera respuesta de la presidenta Dilma Rousseff durante una entrevista de casi 100 minutos ofrecida ayer en la amplia mesa de madera circular de su despacho del tercer piso del Palacio del Planalto. Dilma está sentada junto a una pared blanca en lo alto de la cual hay un escudo brasileño. Pide que enciendan el aire acondicionado, si no, nos vamos a freír, mientras los asistentes ofrecen jugo de naranja natural. Es una mañana calurosa, característica del otoño brasiliense: lo atípico es que hasta el inicio del encuentro no se vieron grupos hostiles al gobierno y la democracia merodeando el palacio, que ha sido hostilizado casi a diario con consignas que van desde el “impeachment ya” hasta S.O.S fuerzas armadas .


“Nosotros tuvimos golpes militares en América Latina en aquellos años 70, ahora no se dan esos golpes, ahora tratan de romper el delicado tejido democrático... alimentan la intolerancia... buscan romper el pacto (social) basado en la Constitución de 1988, en la cual se afirma que no se puede deponer a un presidente de la república legítimamente electo, salvo que se pruebe que cometió crimen de responsabilidad (en el ejercicio del mandato). Si no hay pruebas contra mí (para sustanciar el impeachment, juicio de destitución), esto es un golpe, golpe contra la democracia”, reforzó la mandataria ante una pregunta de La Jornada, el único diario latinoamericano que participó en el encuentro junto The New York Times, Le Monde, El País, The Guardian y Die Zeit.


En una democracia tenemos que reaccionar de forma democrática. Recurriremos a todos los instrumentos legales para dejar claras las características de este golpe. Pero yo les recomiendo que se pregunten: ¿quiénes se beneficia con todo esto?


Antes de la entrevista, mientras subíamos del segundo al tercer piso del palacio por una rampa helicoidal (con la firma del arquitecto modernista Oscar Niemeyer), la misma por la que Lula y Rousseff descendieron el jueves pasado, cuando aquél fue puesto en funciones de ministro, un asesor habla del carácter aguerrido y optimista de la presidenta a medida que se cierra el cerco para destituirla. El funcionario admite ser menos optimista que su jefa.


Bastante delgada a fuerza de andar en bicicleta por las mañanas y el estrés de enfrentar una conspiración por día, Dilma Rousseff no tiene el semblante de alguien abatido. Al contrario, viste una blusa guinda y negra, completada con una gargantilla dorada, poco maquillaje, pintura en los labios, pero no en la uñas.


No renunciaré

Cuando se la indaga sobre la posibilidad de que renuncie al cargo alza la voz y responde mirando con firmeza.
Asegura que los enemigos del gobierno subestiman su capacidad de enfrentar las adversidades.
“Ellos piensan que yo estoy completamente afectada, presionada, desestructurada, y no lo estoy, es verdad que no lo estoy. Yo tuve una vida muy complicada, tenía 19 años (inicio de la década del 70, militaba en una organización armada) cuando estuve tres años presa. Acá la prisión no era nada leve, era muy pesada.


“Entonces, si uno compara, verá que yo ya luché en aquella época en condiciones mucho más difíciles que las de ahora que estamos en democracia. Esta situación es más segura. Yo voy a luchar, no voy a renunciar; para sacarme de acá van a tener que probar (que hubo violación de la ley). Por eso digo que tenemos que reaccionar, por eso la consigna de la gente que me apoya es ‘no va a haber golpe’”.


Impeachment


Esta semana la oposición logró avanzar a paso redoblado hacia el impeachment que algunos estiman podría tener una votación inicial en mayo o junio, lo que daría paso al debate en el plenario de diputados.
El ímpetu de sus adversarios no parece amilanar a la jefa de Estado, quien asegura que ese proyecto de juicio político nació como el chantaje de un opositor, Eduardo Cunha, quien busca salvar su suerte política y judicial agravando la crisis hasta límites insospechados.


Recuerda que el impulsor del impeachment y jefe de diputados, Cunha, es el titular de varias cuentas comprobadas en Suiza en las que fueron depositados 5 millones de dólares de posibles sobornos cobrados para mediar contratos en Petrobras.
Y añade que desde que comenzó su segundo gobierno, en 2014, como parte de lo que considera una campaña para derrocarla con acusaciones insustentables, he sido investigada debida e indebidamente por la prensa y por todo el mundo. Pueden investigarme al derecho y al revés, que no van a encontrar nada.


El impeachment es “legalmente muy débil... no tengo sentimiento de culpa. En fin, aquí en Brasil te detienen por tener perro y por no tenerlo, así que no sé cuál es la respuesta correcta. Seguro que me critican por no deprimirme. Y duermo muy bien. Me acuesto a las 10 de la noche y me levanto a las seis menos cuarto de la mañana”.


Palacio sitiado


Vallas reforzadas, agentes de seguridad apostados en puntos estratégicos de la Plaza de los Tres Poderes, en el centro de la ciudad, y controles de metales más exhaustivos para ingresar a la sede de una administración que, sitiada, se atrinchera en defensa de la democracia. No pasarán, garantiza la jefa del gobierno, asumiendo que el gigante sudamericano está ante una eventual guerra política de descenlance incierto.


Tanto ella como su compañero Luiz Inacio Lula da Silva, el mayor líder político del país, cayeron en cuenta de que el campo opositor –jueces, medios, banqueros y partidos conservadores– desde comienzos de marzo evolucionó de una fase desestabilizadora, en la que se combinaban obstrucciones parlamentarias con denuncias aparatosas, al golpismo sin ambages.


En este ascenso del complot destituyente creció el protagonismo del juez Sergio Moro, una suerte de templario que se exhibe batiendo su espada (mediática) contra la corrupción, cuando la verdad seca es que lo mueve una ambición menos jurídica que política: la de cazar a Lula, con métodos ilegales, para así dar el tiro de gracia al gobierno.


El 16 de marzo ese magistrado de primera instancia interceptó una llamada de Lula y Rousseff, la que un par de horas depués entregó a la cadena opositora Globo. Con una edición de esa grabación, superpuesta a otras pinchaduras facilitadas por el juez, Globo agitó a la audiencia y la incitó a volcarse a las calles, generando otra noche de furia.


Hay sectores que, montados en la efervescencia del público antidilmista, estimulan la violencia, la agresión a los ministros (en restaurantes y aviones), a diputados; eso tiene un nombre, eso se llama fascismo, sostiene la presidenta del Partido de los Trabajadores.


Miembros del gabinete consideran que esa intercepción de la llamada telefónica ordenada por Moro el 16 de marzo no fue sólo una espolada para excitar a los sectores más radicalizados de la oposición; con ella también buscó impedir que Lula asumiera al día siguiente su cargo de ministro. Y lo logró, porque otro magistrado opositor determinó la suspensión del nombramiento del ex presidente, que deberá aguardar hasta la semana próxima para saber si la Corte lo autoriza a ocupar un sillón en el Planalto.


El muy mediático Moro, a quien la cadena Globo trata con igual aprecio que a los galanes de sus telenovelas, asegura que en esa conversación Rousseff y Lula pactaron adelantar el nombrambiento de éste como ministro para que obtenga fuero ante el escándalo de Petrobras.


Dilma consideró descabellada la posición de ese magistrado, al que le reprochó ser parte de la estrategia de cuanto peor mejor, pergeñada por la oposición. La intercepción telefónica es algo inaceptable, El juez tiene que ser imparcial, no puede jugar con las pasiones políticas.


Salvador de la patria


Rousseff repasa las recientes protestas multitudinarias de la oposición y el oficialismo, algo menores, pero en las que ambas partes mostraron su capacidad de movilización.


Acepta que hubo multitudes, pero que aun así los movilizados no llegaron ni a 2 por ciento de la población total brasileña.
Una de las curiosidades del alzamiento neoconservador es que en las protestas contra el gobierno también se hostiliza a la mayoría de la dirigencia partidaria opositora.


En el acto más concurrido, realizado el 13 de marzo, cuando hubo 500 mil personas en San Pablo, la concurrencia enardecida, mayoritariamente blanca y de clase media, además de exigir la caída de Dilma, no permitió que tomaran la palabra Aécio Neves y Geraldo Alckmin, dos presidenciables del opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB).


El único personaje ovacionado en la Avenida Paulista, centro de San Pablo, fue el juez Sergio Moro, quien presume de llevar adelante en Brasil un proceso similar al mani pulite (manos limpias) italiano, de los años 90.


“Me preocupa el discurso contra la política... que puede dar paso a un salvador de la patria”, concluye Rousseff.

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Frenen a Trump, clamor entre cúpulas política y mediática de Estados Unidos

"Frenen a Trump", es el clamor entre cúpulas políticas y mediáticas que afirman que el multimillonario es un Frankenstein que está por destruir a su creador, el Partido Republicano, mientras del lado demócrata crecientes interrogantes sobre la viabilidad a largo plazo de Hillary Clinton, bajo sombras de investigaciones federales y falta de entusiasmo entre sus bases, están generando alarma.

Cada vez más analistas y observadores preguntan si este proceso electoral marca el fin del sistema bipartidista actual, ante la inesperada ola de apoyo a dos precandidatos insurgentes –Trump por lado republicano y Bernie Sanders por el demócrata– que coinciden en general en calificar al stablishment político de corrupto, ineficaz, obediente a unos cuantos intereses, y fuera de sintonía con el sentir popular.

Líderes republicanos, tienen que hacer todo en su poder para frenar a Trump, es la cabeza urgente del editorial del Washington Post ayer. Advierte que “lo impensable empieza a verse como lo inevitable: en la ausencia de un esfuerzo extraordinario de gente que entiende la amenaza que representa, es probable que Donald Trump será nominado candidato presidencial del Partido Republicano... La historia no verá de manera amable a los líderes republicanos que fracasan en hacer todo en su poder para evitar que un bully demagogo sea su abanderado”.

Robert Kagan, de la destacada Brookings Institution, señala en su columna en el Post que Trump no es alguien que amenace a la cúpula partidaria desde fuera, sino que es creación del partido, su monstruo Frankenstein, llevado a la vida por el partido, alimentado por el partido y ahora suficientemente fuerte como para destruir a su creador.

Algunos ya se atreven a pronosticar la caída del partido ante este fenómeno.

Con sus tres triunfos en fila y las encuestas que muestran que mantiene amplia ventaja a nivel nacional, así como en las próximas contiendas estatales, sus cuatro contrincantes, la cúpula y opositores de todo tipo –liberales, afroestadunidenses, inmigrantes, musulmanes y más, asustados por quien algunos califican de fascistoide– están obsesionados sobre cómo descarrilar a Trump para evitar su coronación como candidato presidencial del partido.

Los senadores Marco Rubio y Ted Cruz batallan para presentarse como única alternativa ante el fenómeno Trump. Rubio, ahora favorito de la cúpula tras la salida de Jeb Bush, está apostando a que en marzo ganará Florida, su estado, y empezará a acumular mayor ímpetu.

Por su lado, Cruz tiene una estrategia parecida al suponer que ganará su estado (Texas) y de ahí empezar a cobrar fuerza.

El gobernador John Kasich también se postula como opción para la cúpula, si es que logra ganar su estado (Ohio). Pero estos tres no están seguros de poder ganar en sus casas ante el fenómeno Trump. El neurocirujano Ben Carson, pues, ya nadie entiende por qué sigue en la carrera.

Algunos veteranos estrategas republicanos consideran que los contrincantes tienen sólo hasta el 15 de marzo para descarrilar a Trump, pero por ahora fragmentan entre ellos lo que podría llamarse el voto antiTrump.

Sólo 5 por ciento de los delegados se han otorgado hasta la fecha, pero en las próximas tres semanas todo se acelera: en el supermartes este 1º de marzo están en juego 595 delegados, y 368 más en otras contiendas estatales antes del 12 de marzo. Mientras tanto, después del 15 de marzo las reglas cambian y, en lugar de otorgar delegados de manera proporcional, el ganador de cada contienda se lleva todos los delegados de ese estado. Se requiere de mil 237 delegados para ganar la corona republicana.

 

El otro cuartel

 

Aunque todo indica que Clinton ganará no sólo la próxima contienda entre los dos precandidatos demócratas el próximo sábado en Carolina del Sur, sino la mayoría de los 11 estados en juego en el supermartes el 1º de marzo, hay más preocupación que júbilo en sus cuarteles.

Continúan por lo menos tres investigaciones federales sobre el manejo del sistema de correo electrónico privado empleado por Clinton durante su desempeño como secretaria de Estado, asunto que siempre está al borde de volverse una pesadilla que podría dañar seriamente su candidatura, y a la cúpula de su partido.

Mientras tanto, aunque goza de casi un monopolio sobre el voto afroestadunidense, se abren grietas en ese apoyo. El miércoles, Ashley Williams, activista afroestadunidense de Charlotte, Carolina del Sur, interrumpió a Clinton en un acto privado de recaudación de fondos y le exigió una disculpa por su defensa de políticas promulgadas por el presidente Bill Clinton en los 90 que aceleraron el encarcelamiento de jóvenes negros. Williams dijo que su propósito era obligar a Clinton a abordar su papel en el pasado por su apoyo a la encarcelacion masiva y el daño que ha hecho a las comunidades negras.

A pesar de contar con la mayoría del liderazgo tradicional afroestadunidense, cada día hay más cuestionamiento sobre su carrera y posiciones anteriores y sus consecuencias para ese sector. Algunos de los artistas e intelectuales afroestadunidenses –entre ellos Spike Lee, Cornel West, Ta-Nehisi Coates, Michelle Alexander– se están expresando contra ella, y muchos se están declarando a favor de Sanders.

Por su parte, Sanders sigue apostando a que los jóvenes responderán a su llamado a una revolución política y su mensaje central de que se tiene que derrocar a la oligarquía del 1 por ciento que ahora controla la democracia en este país. Parte de su estrategia es romper, justo con los jóvenes, lo que antes se veía como el monopolio de Clinton sobre los sectores claves del partido, las bases latinas, afroestadunidenses así como las bases sindicales.

Noam Chomsky comentó recientemente que el fenómeno de Trump se explica en parte por el temor, junto con un desmoronamiento de la sociedad durante el periodo neoliberal. La gente se siente aislada, desprotegida, víctima de fuerzas poderosas que no entienden y sobre las cuales no influyen. "En los años 30", afirmó en entrevista con Alternet, "la pobreza y el sufrimiento eran mayores que hoy, pero había un sentido de esperanza que está ausente hoy día".

Sobre Sanders opinó que es un demócrata honesto del New Deal y que “el hecho de que sea considerado ‘extremo’ es un comentario sobre el giro hacia la derecha de todo el espectro político durante el periodo neoliberal”.

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Consumir política. Dilemas latinoamericanos

ALAI AMLATINA, 15/02/2016.- Yo consumo. El pueblo es una operación política, una invención, un conjunto de actores y ciudadanos, pero también es un universo de consumidores e individualidades que presionan sobre la política. Que están ahí, exigiendo ampliar sus posibilidades. La subjetividad posmoderna, la individuación y su vinculación con el consumo se han transformado en un problema electoral, y también político. Es un dilema para todos los gobiernos. El mercado -no solo en su dimensión compra-venta- se ha metido en la cama de la política. En los últimos años, el consumo fue incorporado como política pública: ampliar el mercado interno, el empleo, el salario, etc. Pero poco fue pensado como condición de la subjetividad posmoderna y global. Como práctica donde se realiza lo privado y una identidad vinculada a éste. El consumo es el territorio social de la diferenciación, la jerarquización y un indicador social del ascenso. El momento de lo privado que acecha a lo público. El ciudadano-consumidor es un voto en sí mismo.

II

La mayoría de los proyectos de cambio (Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador) partieron de un pacto social y económico basado en la lógica ganar-ganar. La gobernabilidad fue viable –por un tiempo- para los intereses de todos los actores. El Estado asumió un papel protagónico reapropiándose de los sectores estratégicos, redistribuyendo la riqueza a través de políticas públicas activas. Logró incluir a las mayorías sociales en clave de consumo gracias a la mejora en el empleo y salario. Mayorías y consumidores se articularon y se expresaron al mismo tiempo. Una asociación que no siempre va de la mano, sobre todo, cuando los problemas económicos aparecen y el Estado ya no aparece como “garantizador” del consumo. Ante coyunturas críticas, la figura del consumidor demanda lo mismo (a veces más) sin preocupación por el interés colectivo. Lo general es su enemigo. Emerge un consumidor liberal que no desea discutir sobre lo estatal ni sobre políticas gubernamentales. Lo que busca es seguir consumiendo.

III

La demanda interna creció y se democratizó significativamente en estos años. El mercado interno no pudo de ninguna manera ser satisfecho por el sector público. Pero la oferta privada nacional tampoco logró ser la respuesta a este nuevo fenómeno económico inclusivo. Fue imposible producir internamente al mismo ritmo que lo hacía el consumo interno. El mercado, sus intereses y actores, se expandió más allá del Estado. Se multiplicó y tomó su propio rumbo sin posibilidad real de ser gestionado ni controlado por las políticas públicas. He aquí la nueva cuestión de época.

IV.

Existe una vida social contemporánea que por momentos no es captada en su complejidad por los gobiernos. Un poder en ciernes y en transformación, cuya velocidad muchas veces no puede captarla. La gran avenida del consumo cobijó a todos aquellos que mejoraron su situación. Les tendió la mano. Con “lo social” satisfecho, el consumo se volvió la gran madre de la movilización ascendente.

V.

Tras las bambalinas del consumo, se fragua el dilema de época para estos procesos de cambio. A medida que el Estado recuperaba -por distintas vías- las divisas, se forjaba una mayor dependencia del capital privado en el uso de las mismas para importar bienes y servicios. Cuando la divisa se hizo escasa la política se encontró con el mercado y con ese mundo privado dispuesto a todo. Mientras tanto, los consumidores fueron a elecciones y votaron.

VI.

En este cambio de época se avanzó en materia de derechos sociales gracias a todo lo realizado en la esfera pública. Sin embargo, los gobiernos progresistas no pudieron limitar ni desgastar el consumismo y su lógica aspiracional. Paradójicamente, su estrategia de integración fue a través del mismo. Por tanto, se encontraron con el segundo dilema: aceptar la fuerza globalizadora de la cultura del consumo, mientras necesitaban limitar las exigencias venidas de los actores económicos-financieros globales. Este dilema se encuentra en el centro de la escena gubernamental. Es un proceso que no es considerado por los ciudadanos en su vida cotidiana. Solo es un dilema para el Gobierno; la persona consume y se encarga de su vida. Participa en la polis con su “bolsillo” pero no como un homo consumis sino con la resignificación política-social de su nueva condición de consumidor/ciudadano. Más allá, de su inclusión a través del universo de políticas sociales, privilegia opciones políticas que busquen saciar su propia individualidad y diferenciación. Esta defensa del “derecho individual de consumo” se enfrenta con los imaginarios de las políticas que le permitieron gozar de su condición actual. En momentos de turbulencias económicas, esta subjetividad puede ser expresada por opciones de derecha, cada vez más preocupada por la rebelión de “lo privado” y representada en una discursividad de lo cotidiano que evade e impugna los grandes relatos hiperideologizados. En el territorio de la subjetividad posmoderna ha encontrado su votante.

VII.

La izquierda debe lidiar con una subjetividad que también le pertenece y necesita. Deberá “descender” al mundo del individuo y de los actores para repensar sus prácticas en contextos de intensa globalización. Tendrá que pensar en el votante y en sus capacidades -siempre mínimas- de erosionar o reconducir esta subjetividad que puede poner en riesgos proyectos democratizadores, inclusivos y bienestaristas. La opción de votar por órdenes decididamente desiguales es una posibilidad que brinda el mundo contemporáneo y la lógica cultural del consumo. La izquierda no puede darle la espalda. Le tocará afrontar esta contradicción propia del proceso de cambio. La clave está en hacerlo creativamente.

por Alfredo Serrano Mancilla, Esteban De Gori -- CELAG.

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Domingo, 07 Febrero 2016 05:57

La improbable hora de Bernie

La improbable hora de Bernie

"Hacer campaña en contra de la clase multimillonaria" ha tocado un nervio, especialmente entre los votantes más jóvenes, que en el largo recorrido de Sanders ven una coherencia y sinceridad que creen que le falta a Clinton.

Cuando Bernie Sanders no le pegaba Hillary Clinton en su último debate por ser cautiva de Wall Street y por no ser suficientemente progresista, estaba haciendo un lista de cosas que le gustaría hacer como presidente, desde la matrícula gratuita para los estudiantes universitarios hasta asistencia sanitaria gratis para todos. Luego hizo una admisión. "Para que todas estas cosas sucedan", dijo, "la gente tendría que rebelarse".


Esta es la "revolución política", que es el grito de guerra de la campaña de Sanders para presidente y lo que él ha estado agitando durante toda su carrera política, desde antes de su elección en 1981 como alcalde de la ciudad más grande de Vermont, Burlington, y sus 25 años en el Congreso como independiente –prefiere llamarse socialista democrático–, mientras que se alineaba con los demócratas para las votaciones.


En parte se debe a su reputación de excéntrico –un soñador de izquierda– que la decisión de Sanders para candidatearse para presidente en 2016 apenas fue tomada en serio al principio. The Washington Post lo descalificó como "un ex hippie, socialista de los alcances más liberales de Vermont que hace campaña, con su fuerte acento de Brooklyn, traje arrugado y el pelo blanco rizado, contra la 'clase multimillonaria'".


Pero, de repente, su momento –sin importar lo grande que resulte ser– está aquí. Las encuestas predicen una aplastante victoria en New Hampshire el martes. Clinton lo superó apenas en las asambleas de Iowa esta semana. Los que estaban allí no va a olvidar rápidamente la cara Sanders cuando saludó a partidarios en el salón de un hotel de Des Moines después. No podía hablar por la sonrisa y la risa.


Si esta era la alegría al desnudo, ¿quién puede culparlo? Nacido en Brooklyn de padres judíos –su madre de Nueva York y su padre de Polonia– el camino de Sanders fue uno largo. Su primera campaña fue en su escuela cuando se postuló para presidente de la clase con la promesa de iniciar un fondo para los huérfanos de la Guerra de Corea. Perdió. Una vez instalados en Vermont, se presentó cuatro veces como candidato antiguerra del Partido Liberty Union, dos veces para la gobernación y dos veces a la gobernación y dos para el Senado de EE.UU., sufriendo derrotas contundentes cada vez.
Por último, en 1981, se presentó como alcalde independiente de Burlington y ganó. Hizo lo que los alcaldes deberían hacer: sacar el quitanieves a tiempo y llenar los baches. Pero ya su idealismo lo estaba impulsando a ir más allá. Decidió, por ejemplo, convertir a Burlington en un faro de la oposición a la política exterior de la administración Reagan.


Burlington, entonces con una población de alrededor de 30.000, teniendo su propia política exterior parece tan loco ahora como parecía entonces. El alcalde Sanders, que había pasado la luna de miel con su primera esposa en la Unión Soviética, viajó a Nicaragua para protestar en contra del respaldo estadounidense de los rebeldes de la Contra. Fue recibido por el líder del gobierno sandinista socialista, Daniel Ortega. No pasó mucho tiempo antes de que sus partidarios en Vermont estaban siendo llamados "sanderistas". También como alcalde fue a Cuba para visitar al presidente Fidel Castro.


No hay nada en los libros de historia que sugieran que Burlington hizo algo para alterar el curso de la política exterior de Estados Unidos. Lo que el período muestra, sin embargo, es un líder, aunque entonces de sólo una ciudad menor, que rara vez deja que el mundo real se interponga en su camino. Incluso antes de eso él había estado a favor de la igualdad para el matrimonio homosexual, mucho antes de que el resto de Estados Unidos hubiera pensado en ello. Sus creencias, incluso como estudiante, lo metieron en problemas. Fue arrestado en Chicago por pegar afiches protestando contra la segregación escolar.


Ir contracorriente en el Congreso le aseguró repetidas reelecciones por Vermont, primero en la Cámara de Representantes (1991-2007) y luego en el Senado. Su tasa de aprobación en el estado está en torno al 75 por ciento. Con los años se ha sabido despegar de otros notables demócratas: se opuso a las reformas de bienestar introducidas por el ex presidente Bill Clinton, ha denunciado sistemáticamente la pena de muerte, votado en contra de las guerras de Irak, y se opuso a la Ley Patriota post 9/11.


El Washington Post se ocupó de Sanders de nuevo esta semana. "El éxito de Sanders hasta ahora no muestra que el país está listo para una revolución política", opinó el diario. "Solamente prueba que a muchos progresistas les gusta que le digan lo que quieren oír."


Eso, sin embargo, es la cosa. Una nueva encuesta marista para el Wall Street Journal y NBC le da a Sanders el 58 por ciento frente al 38 ciento a Clinton en New Hampshire. Entre los hombres menores de 45 años está en el 85 por ciento. Está, sorprendentemente, 30 puntos por delante de Clinton entre las mujeres del grupo de la misma edad. El "hacer campaña en contra de la clase multimillonaria" ha tocado un nervio, especialmente entre los votantes más jóvenes, que en el largo recorrido de Sanders ven una coherencia y sinceridad que creen que le falta a Clinton.


Pero si él tiene su revolución, ¿cuánto tiempo puede sostenerla? A continuación en el maratón de la nominación llegan estados diferentes de New Hampshire y Iowa y menos liberales, por cierto, que el primero, como Carolina del Sur. Cuando el señor Sanders les pide a los votantes que se rebelen, él sabe que si no lo hacen todo el tiempo, su candidatura se desvanecerá rápidamente. Y es por eso que si hay pánico en el campamento Clinton, por ahora permanece silenciado.


Por David Usborne, de The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12


Traducción: Celita Doyhambéhère.

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Sábado, 26 Diciembre 2015 07:04

Retroceso y medio

Retroceso y medio

Se puede gobernar legalmente pero sin legitimidad. La diferencia es importante. Gobernar con decretos puede ser legal pero deslegitima las medidas que se toman y desacredita al Parlamento que aparece como un organismo decorativo menor. Si en esa línea, el Poder Judicial asume un rol de complicidad con el desprecio al Congreso, la calidad democrática se resiente aún más. Por supuesto que no se puede comparar con una dictadura. La diferencia es más que importante porque en este caso se trata de un presidente elegido y no de un general impuesto, pero para funcionar como presidente hay que respetar las leyes. Mauricio Macri, que ganó el gobierno por apenas dos puntos de diferencia, ya lleva un récord de decretos que incluyen desde la designación de magistrados a la Corte Suprema hasta la modificación de las condiciones que deben reunir aspirantes a determinadas funciones. Y además arremetió contra todos los funcionarios cuyos cargos fueron concebidos a contraturno de los Ejecutivos para evitar abusos, como en la Afsca y Aftic, en RTA o en el Banco Central y en la Procuraduría.

Si para estar en la Oficina Anticorrupción hay que ser abogado, es poco elegante modificar ese reglamento a imagen y semejanza del personaje candidateado. Es al revés, el personaje tiene que reunir las condiciones que requiere el cargo. Tiene sentido que el reglamento se pueda cambiar por decreto en función de un argumento razonable para el mejor desempeño de ese cargo, pero resulta monárquico que se lo haga solamente para poder designar a un candidato en especial y en el momento previo a designarlo, ya sea Laura Alonso o a cualquier otro en ese cargo.

El Presidente no es el patroncito. No es sólo la forma, que ya de por sí es calidad democrática. En todos estos casos van juntos el fondo y la forma. Hay otros dos decretos por los cuales organismos que fueron creados para que funcionen de la manera más independiente de los cambios políticos, perdieron de hecho esa condición. La ley que creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Aftic) y Radio y Televisión Argentina S.E. estipulaba numerosas medidas para garantizar pluralidad e independencia, una de las cuales establece que sus autoridades se renuevan a contraturno del Ejecutivo. Los directorios están integrados por representantes de las provincias, de la oposición y de la actividad profesional y el titular es propuesto por el Ejecutivo cuando le toca la renovación. Los dos primeros organismos fueron englobados por un Ministerio de Comunicaciones cuyo titular, Oscar Aguad, ya dijo que tienen que subordinarse a los lineamientos de ese Ministerio, intervino por decreto a los organismos y puso al frente de ellos a un militante del PRO y a su yerno. RTA quedó dentro del Sistema de Medios Públicos que a su vez depende de la Jefatura de Gabinete, después de forzar la renuncia de su titular Tristán Bauer con acusaciones denigrantes.

Estos organismos fueron creados por la ley de medios, una de las más debatidas en la historia, con audiencias públicas en la Corte Suprema, y en el Congreso, asambleas en Universidades, sindicatos, asociaciones profesionales y barriales. Nunca antes una ley se discutió en forma tan amplia y masiva. Y lo mismo ocurrió cuando fue aprobada por el Congreso, por la Corte y por los organismos internacionales de la OEA y la ONU. Los ahora integrantes de la Alianza Cambiemos (radicales, macristas y Carrió) se retiraron del recinto en el momento de la votación porque la perdían por mucha diferencia. Los diputados del Frente Para la Victoria habían conseguido el respaldo de las demás fuerzas, desde el socialismo hasta partidos provinciales, después de una larga negociación que implicó concesiones y la introducción de cambios sugeridos por los otros bloques.

En todo el proceso de adecuación, el único multimedia que planteó problemas fue el Grupo Clarín que, para evitar su desmonopolización, trabó la ley con la complicidad de parte del Poder Judicial, pese a que había sido declarada constitucional por la Corte por el voto de seis de sus miembros. El único en contra fue Carlos Fayt, visiblemente parcializado en contra del gobierno.

El argumento para los decretos del gobierno macrista que subordinan a estos organismos de regulación de los medios audiovisuales privados y públicos es que la ley de medios fue utilizada como una herramienta de persecución. Si el único planteo pendiente es del Grupo Clarín, se deduce que la única víctima fue esta corporación a la que ellos entonces están defendiendo. El Grupo Clarín es una de las empresas más grandes de este país, con gran influencia en partidos políticos, asociaciones empresarias locales e internacionales, y en el Poder Judicial.

Los decretos y medidas contra la ley de medios, la forma violenta y descalificadora con que lo han hecho, el despliegue policial y las acciones propias de patoteros para sacar a Martín Sabbatella de la Afsca muestran resentimiento y revanchismo. Pensar que la ley de medios fue sólo una herramienta para perjudicar a una corporación mediática porque era crítica del gobierno kirchnerista es pensar que la posición dominante de Clarín en la generación de contenidos, en la circulación de la información y en la manipulación de la opinión pública no es nociva para una sociedad democrática. Nadie, oficialista, opositor o megaempresario oportunista, puede tener el derecho a manejar semejante poder de manipulación. Lo que están planteando el macrismo y el radicalismo es que la sociedad debe resignarse a ver la realidad sólo como quiera el grupo mediático dominante. No dan opciones democráticas para la información, aunque escudan esta ofensiva autoritaria con un barniz de democratismo vacío.

Hace menos de veinte días que asumió Mauricio Macri y en ese lapso el portal de Página/12 sufrió un ataque informático masivo que lo bloqueó por varios días; ya se anunció que serán levantados programas como 6,7,8 al que nadie podrá negarle audiencia. Es el más emblemático y el más irritativo para el actual oficialismo. Pero también se anunció el levantamiento de los programas de Dady Brieva en radio y televisión. Y de la misma manera se anunció que no habrá más Duro de domar ni Televisión registrada, TVR, y nadie podrá decir que es porque no tienen público. Igual que la salida de Roberto Navarro de C5N, que había sobrepasado a TN en el rating. En ninguno de ellos se aplica el argumento de que no tenían audiencia. El único argumento es el político. Los canales o las radios no quieren tener estos programas porque es evidente que temen la censura ideológica de la pauta oficial y la privada, que ahora se orientan con los mismos parámetros. Es claro que la pluralidad que a duras penas existía en el sistema de medios públicos y privados se está reduciendo a la mínima expresión porque la limitación de la pauta la sufrirán todos los medios críticos al gobierno macrista. Es un gobierno que se llena la boca con la libertad de expresión pero cuyo accionar está reduciendo el mundo de los contenidos simbólicos y de la comunicación a una sola mirada ultradominante.

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Sábado, 26 Septiembre 2015 13:07

Apariencias, manipulaciones y mucho más

Apariencias, manipulaciones y mucho más

La crisis que una vez más viven las relaciones entre Colombia y Venezuela desnuda el modelo informativo que practican varios medios nacionales, su incondicionalidad con el gobierno de turno, a la vez que la ausencia de una política social, económica y política integral en nuestro país, causa de la inmensa diáspora que tomó forma en los años 60 del siglo XX y aún no termina. Narcotráfico, paramilitarismo, multinacionales, además de ineficiencia y errores en la política oficial del país vecino también resaltan. ¿Quién le coloca el cascabel al gato?

 

No fue gota a gota, tampoco como un chorro. No, fue más intenso. Sus voces ensordecedoras llegaron por radio como una cascada. Unas veces, dando parlante a funcionarios como el alcalde de Cúcuta para decir: "El señor Maduro no puede actuar como un tirano, como un nuevo Hitler" (02-09-2015), y en otras para dejar de informar y los periodistas pasar a actuar como simples propagandistas, desinformadores, como simples creadores de opinión. Así dijo uno de ellos el pasado 28/08 a las 05:10:20 por igual onda y franja radial: "Maduro cada vez más demente, más dictador, más arbitrario...", "El gobierno de la banda de Maduro...", "[... ] queda la arbitrariedad de este tipo que nos ha tocado como Presidente, entre comillas, de Venezuela, que está en manos de militares, de Diosdado Cabello [...]".

 

Sin control público, ni responsabilidad profesional, el 27/08/5:02:36, vociferó: "[...] este espectáculo es verdaderamente ofensivo, degradante, eso ni en la época nazi, porque ese señor Maduro y su banda se parecen cada vez más a los nazis. Eso de revolucionario y bolivarianismo no tiene absolutamente nada, es un fachista, así de claro [...]". El día anterior ya había vomitado: 26/08/05-06, "[...] de los centenares de colombianos que están siendo bellacamente, de manera indigna, humillante, expulsados de Venezuela en las más lamentables condiciones, violando cualquier principio revolucionario, bolivariano es pura carreta de un régimen oprobioso, arbitrario, dictatorial que la emprendió, además Maduro contra los medios de comunicación en Colombia, como si nosotros fuéramos los responsables de la penosa situación que se vive y atraviesa ese hermano país; las peores épocas de toda la historia de Venezuela en manos de una dictadura que algunos quisieran que se trasladara a Colombia, pensando en candidaturas de ese mismo corte en el año 2018".

 

Así y mucho más, realzando, además, hasta la morbosidad las difíciles condiciones de vida de muchas de las personas que llegaban a Cúcuta desde la frontera del país vecino, trasmitieron las ondas radiales y las televisivas desde el pasado 19 de agosto, cuando por orden del gobierno que encabeza Nicolás Maduro fue cerrada la frontera que linda con la capital de Norte de Santander, mandato extendido luego al límite con La Guajira.

 

Mucha propaganda, poca o nula información veraz. Voces, gritos, que daban eco en lo fundamental, a las palabras y las acciones provenientes desde el alto gobierno, que sin perder la ocasión procedió a transformar la pobreza y las necesidades de quienes buscan mejor destino para los suyos más allá del territorio que los vio nacer, en un nacionalismo hirsuto que con el sedicente argumento de defender la dignidad de los compatriotas deportados, pretendía alardear de comprometido y eficiente.

 

Era (¿es?) sorprendente verlos hacer lo que nunca han realizado para calmar, suplir y superar las necesidades de los millones de connacionales robados, violados, y obligados por el paramilitarismo a salir de sus terruños, a lo largo y ancho del país durante las últimas tres décadas, para continuar llenando las ciudades con sus necesidades y afán de sobrevivir, como ya había sucedido en los años 50, 60 y 70 del siglo anterior, y como continuó siendo durante los primeros años del siglo que corre; realidad que aunque con menor intensidad, aún no culmina.

 

Propaganda y un poco de algo más. "Bienvenidos a Colombia", "Aquí tendrán lo que les negaron allá", con estas y otras expresiones el presidente Santos instaba al nacionalismo. Parecía en campaña electoral (¿lo está?), cargando niños, dando besos, colocando cara de compungido. Afán de evidenciar lo que no son y lo que no serán: solidarios, justos, buenos gobernantes.

 

Palabras y gestos que poco durarán pues no responden a una política oficial, a un plan político, económico y social de largo plazo para superar las desigualdades que resquebrajan el país o, como mínimo, una política constante para superar los graves indicadores de pobreza que caracterizan a toda la frontera entre Colombia y Venezuela, donde, como es el caso de La Guajira, no son extrañas ni pocas las muertes que ya no debieran ocurrir, como las ocasionadas por desnutrición o hambre. Políticas de pantalla, limitadas, que no dan cuenta del real costo de vida en el país, con subsidios temporales reducidos a $250.000 para arriendo, con mercados mínimos y con búsqueda de puestos de trabajo no calificados para los recién deportados o huidos del país vecino.

 

Lo que niegan

 

La orden expedida el 19 de agosto por el presidente Maduro para cerrar la frontera es uno de los coletazos de la grave crisis económica que azota a su país. Beneficiaria por años de un alud de dólares producto de los buenos precios de que gozaba el petróleo, y superada por esa bonanza que por manejos ineficientes terminó –a la par y como efecto de la guerra económica que sufren desde hace varios años– traducida en inflación, carestía y destrucción de buena parte de los logros sociales alcanzados por la Revolución Bolivariana, a la vez que polarizando la sociedad entre los sectores más populares –a quienes se han dirigido los beneficios de la redistribución de la renta– y una clase media y alta inconforme con los giros que va tomando su sociedad.

 

¿Por dónde se fugan los alimentos que cada día deben llegar a las mesas de los venezolanos? ¿Quiénes están acumulando los dólares que cada día se fugan del país? ¿Cómo hacer para reencausar la economía nacional y controlar la inflación? Estas y otras muchas preguntas deben haber sido sopesadas en los Consejos de Gobierno encabezados por Maduro, y las respuestas seguramente fueron diversas, pero una o varias de ellas apuntaron hacia los 2.219 kilómetros de frontera compartidos con Colombia.

 

El diagnóstico indica que por ella salen miles de toneladas cada mes, a tal punto, según Juan Carlos Tanus –vocero de la organización "Colombianos en Venezuela", que quienes lideran ese negocio de contrabando cuentan, ante el cierre de los pasos fronterizos, con mercancía para surtir por 9 meses sus expendios en Colombia, con particularidades como las de Cúcuta que, según el diagnóstico venezolano, se surte en un 80 por ciento de mercancías sacadas de manera ilegal desde la patria de Bolívar.

 

Negocio inmenso, a tal punto que el contrabando de gasolina alcanza a 1 millón 300 mil litros diarios (se calcula, según Tanus, que 17 millones de colombianos se surten de esta gasolina que llega, incluso, hasta Bogotá, además de otros muchos productos sacados de manera ilegal). Entre alimentos, electrodomésticos, drogas y otros, además del combustible, las cifras anuales del negocio del contrabando, con multinacionales, paramilitares, narcotraficantes y otros detrás del mismo, bordea los 12 mil millones de dólares, algo así como 4 puntos del PIB colombiano, con lo cual Venezuela termina asumiendo parte de la política pública y social que le correspondería implementar al gobierno de Santos en la frontera y otras partes de su país. Un inmenso costo para cualquier sociedad, y un inmenso yunque para cualquier proyecto político que quiera girar a favor de los empobrecidos la historia de su país.

 

El contrabando, aunque histórico entre ambos países, nunca había alcanzado la dimensión ni la estructura de que ahora goza, aupado tanto por los errores políticos, administrativos, financieros y la corrupción oficial que realzan como constante en Venezuela, como por la capacidad que tienen las multinacionales para ello, así como por la decisión de paramilitares y narcotraficantes de meterse en el negocio, lavando por su conducto grandes sumas de dinero e implementando, consciente o inconscientemente, las políticas internacionales destinadas a quebrar la Revolución Bolivariana.

 

Contrabando que ganó inmensas proporciones una vez el gobierno vecino tomó la decisión de cerrar el grifo a la fuga de dólares, al prohibir el envío de divisas hacia Colombia, las cuales estaban autorizadas hasta 1.500 dólares por persona mes. Si bien mucho trabajador surtía así a sus familias, la verdad es que la autorización servía para desangrar las divisas provenientes del petróleo y para engordar los bolsillos de los enemigos del proyecto bolivariano.

 

El gobierno colombiano, de manera oficial, también contribuye a esto. Así lo asegura Tanus cuando aclara que la Resolución externa Nº 8 del 5 de mayo de 2000 del Banco de la República, con la cual se reglamentaron las casas de cambio en Colombia, potencian el empobrecimiento del bolívar y consolidan el contrabando.

 

Con esta Resolución, por ejemplo, el Banco de la República de Colombia cotizaba para inicios de septiembre la moneda vecina en 252 pesos por bolívar, pero en la frontera "[...] las mafias criminales tienen la facultad de pagarlo a 4,8".

 

¿Qué permite este manejo de la moneda?

 

"Si yo vengo a Venezuela a comprar 1 kg de arroz y tengo que comprar el bolívar a 252, no me alcanza porque con (los) 2.700 pesos (con) que compro 1 kg de arroz en Colombia obtendría al cambiarlo en el Banco 11 bolívares. Si por el contrario, tomo esos 2.700 pesos, se los llevo a un cambista y me da 560 bolívares, compro 21 kilos de arroz en Venezuela", explicó Juan Carlos Tanus.

 

Entonces, según el mismo analista, "[...] si diariamente 11 mil vehículos cruzan la frontera, si cada uno lleva un kilo de arroz, serían 11 toneladas de arroz y multiplique cuántas veces va un carro hasta la frontera para llevar no sólo arroz sino también otros productos. En estudios que hemos hecho determinamos que 72 por ciento de los productos de contrabando desaparecen si desaparece la resolución número 8 del año 2000". Lo que permite explicar que el contrabando no perderá su dinamismo, ni dejará de afectar en la manera que lo hace a la economía venezolana, sino se elimina la Resolución Nº 8 del 2000, la que según puede deducirse, se transforma en el talón de Aquiles de la negociación que afrontan las cancillerías de ambos países, empantanada, todo parece indicar, porque el gobierno colombiano no acepta su responsabilidad en esta crisis, tomando los correctivos a que ello obliga. No es gratuito que en Cúcuta se estimen hasta en 700 las llamadas casas de cambio y que Carlos Eduardo Luna Romero, actual candidato de la coalición del partido de la U y el partido Liberal a la alcaldía de Cúcuta, haya sido presidente de la Asociación de profesionales del Cambio de Norte de Santander (Asocambios), y luego presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, como tampoco puede considerarse una simple coincidencia que en algún momento fuera encargado de negocios de la embajada colombiana en Venezuela.

 

Estamos, por tanto, ante una parte de la realidad que llevó al gobierno vecino a romper en su aguante con la política fronteriza, desde donde se coordinaba el contrabando y el desangre de su economía, fortaleciendo con ello bandas paramilitares, las mismas que ya tenían control de territorios específicos adentro de la frontera, pero donde también se estaban instalando barrios de invasión, y donde los indocumentados crecían sin parar.

 

No está de más recordar que según el gobierno vecino la cifra de connacionales instalados allí ronda los 5 millones seiscientas mil personas, y que la migración de colombianos, a pesar de la crisis que afecta a Venezuela, no para. Cada año continúan asentándose allí más de cien mil colombianos. Para hacernos una imagen de lo que esto significa, recordemos que en la Unión Europea, sumados sus 28 Estados socios y sus poco más de 300 millones de pobladores, tales países están conmocionados y en disputa por ver quién acepta 20 mil, 30 mil, 50 mil emigrantes africanos, para legalizar en un año 200 mil: y Venezuela, un solo país, con algo más de 20 millones de pobladores, ve arribar a su territorio cifras similares de colombianos año tras año. Esta es la crisis que niega el gobierno de Santos.

 

Como puede deducirse, el tema no es minúsculo, ni puede reducirse a los mil y algo más de deportados hacia Colombia, ni a los otros diez mil o más que salieron por trochas pues, todo indica, que estos connacionales no habitaban aquel país con los registros o formalidades que exigen sus leyes (recuerden ustedes lo que le sucede a los cubanos, asiáticos y otros que cada mes capturan en nuestro país, en procura de llegar a los Estados Unidos). La crisis debería llevar a discutir entre quienes habitamos Colombia –para tomar medidas sobre el particular– ¿qué es lo que sucede en nuestro país para que tanto connacional tenga que buscar mejor vida en Venezuela (o en países como Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, España, Francia, etcétera)? ¿Por qué no se implementan políticas redistributivas que quiebren la colosal concentración del ingreso que ratifican las investigaciones independientes y las mismas oficiales? ¿Por qué no domina entre nosotros un régimen de verdad democrático, que más allá del rito electoral, garantice igualdad, justicia y felicidad? ¿Qué está sucediendo en nuestro país para que sus migrantes ganen mala fama, como en Chile, por implementar modelos de control y expoliación social como el llamado "gota gota", y en países como Estados Unidos, España y otros ir llenando celdas como "mulas" o sicarios?

 

Dicen algunos que de toda crisis surge algo bueno, procuremos que ésta no sea la excepción.

 


 

Recuadro 1

 

La Resolución Nº 8 del 2000

 

La consideración de esta Resolución propuesta por la canciller venezolana Delcy Rodríguez, debe tener muy preocupada a (María Ángela) Holguín toda vez que se devela el nivel de complacencia que tiene el gobierno colombiano con el empobrecimiento del bolívar, y con su disposición para afectar al pueblo venezolano.

 

Recuadro 2

 

¿Cuál es el fondo del desabastecimiento en Venezuela, la baja producción o el contrabando?

 

Ejemplifica Juan Carlos Tanus: "Si usted tiene 30 millones de venezolanos, pero además tiene que atender a 17 millones de colombianos con gasolina usted tiene que producir para 47 millones igual pasa con los productos de la canasta básica que no solo es para los venezolanos también está abasteciendo a Colombia por lo menos un 60 por ciento de la población colombiana consume productos venezolanos. Usted cierra la frontera y la primera crisis es la gasolina y la segunda en unos ocho meses va a ser los productos se han surtido de tal forma que aguantarían un bloqueo de 9 meses".

Publicado enEdición Nº 217
Lunes, 21 Septiembre 2015 07:06

Política y nutrición

Política y nutrición

Estado, legitimidad y poder constituyen una de las caras de la moneda, cuya contracara es la identificación de la política con las políticas públicas. En la esfera cotidiana, se trata de la total pérdida de la soberanía alimentaria.


Decía Aristóteles que la política es una de las formas como se organiza la sociedad.


Esta idea comporta dos aspectos paralelos y estrechamente interrelacionados. De un lado, se trata del reconocimiento de que la sociedad se organiza de muchas maneras. En torno a la política, alrededor del deporte, en términos de conocimiento, en la iglesia y en numerosas otras actividades. Lo cual quiere decir, de otra parte, que para el padre de la Constitución de Atenas y el preceptor de Alejando Magno, la participación política no es un llamado imperativo de la vida en la ciudad, y que más vale vivir la vida también alrededor de otros temas, problemas y preocupaciones.


En otras palabras, no toda la vida humana se define en términos de la política, y ésta no puede ni debe adquirir la centralidad que los círculos del poder acaso pretenden. En este sentido, hay países que tienen un ministerio del deporte, otros tienen un ministerio de la ciencia y la tecnología, otros más un ministerio del medio ambiente y hay países que tienen un ministerio de las tecnologías, por ejemplo.


En otro contexto y otro tiempo, decía M. Kundera que en la vida todo es sexo y política, sexo y poder.


Cambiando de foco, pero siempre sobre el mismo tema, los seres humanos se han olvidado de alimentarse bien desde hace alrededor de doscientos años. En efecto, desde cerca de 200 años, la alimentación básica de los seres humanos, particularmente en Occidente, consiste en azúcares y carbohidratos. Ya se sabe: comida chatarra, fast food, restaurantes de centros comerciales, principalmente, y en general, comida de todos los no–lugares, para retomar la expresión de M. Augé.


Las grandes cadenas y corporaciones de la industria de los alimentos, aunadas a las cadenas de distribución de alimentos y a las grandes superficies, son las principales responsables de que, análogamente, a los animales, y contra todas las apariencias del neoliberalismo, la inmensa mayoría de la gente no come lo que quiere, sino lo que le ofrecen.


Vista desde la superficie, la política descansa hoy por hoy en los grandes medios de comunicación, en los productores de noticias, en el marketing político, y en los episodios en las redes sociales. La política, una ciencia del presente (I. Wallerstein), es manejada en la superficie como el tema del titular del día, y la seguidilla de comentarios, escándalos, ires–y–venires.


Paralelamente, el grueso de lo que comen las personas es comida que, aunado al sedentarismo de la vida urbana en las ciudades de hoy, produce sobrepeso y obesidad, que son, en verdad, los sobrecostos de la sobrealimentación.


La idea de la participación política o, mejor aún, de la democracia participativa y deliberante parece un noble ideal. Sin embargo, según el filósofo de Estagira, ello no parece ir muy bien a favor de la búsqueda de la felicidad, que Aristóteles situaba en la cima de su filosofía práctica.


He aquí un cuchillo de doble filo. Dejarle la política a los seres de la superficie, del titular del día, y de la edición, producción y postproducción de la noticia parece algo nocivo e indeseable. Para ello está ese pequeño grande ejército de comentadores, periodistas y analistas.


La reducción de la política a las políticas públicas no es, en verdad, sino la contracara del hecho de que la malnutrición se funda en lo que las góndolas de los supermercados, articuladas en las diferentes secciones, ofrecen a los compradores. El carrito de supermercado sólo está ahí para dar la sensación de libertad.


Estado, legitimidad y poder constituyen una de las caras de la moneda, cuya contracara es la identificación de la política con las políticas públicas. En la esfera cotidiana, se trata de la total pérdida de la soberanía alimentaria y el consumo de azúcares y carbohidratos en desmedro de la diversidad biológica de la naturaleza.


Los seres humanos del mundo actual no se nutren, simplemente comen, y en el mejor de los casos, al costo de altos precios económicos, logra apenas alimentarse.


La corriente principal del mundo pareciera haber olvidado cómo vivir bien. La mayoría simplemente aguanta, resiste, y sobrevive —como puede—. Vivir bien no es, manifiestamente, un asunto de estrategias y políticas públicas, de liderazgo motivacional o transformacional, por ejemplo. Vivir bien es un asunto que pasa, por ejemplo, por algo tan elemental como saber de verdad qué necesitamos.


La política y la industria de los alimentos descansan en un mismo trípode de principios, a saber: marketing (= segmentación del mercado), (mucha) publicidad y propaganda y diseño (en especial diseño industrial, sin descartar los otros tipos de diseño: gráfico, textil, urbano, de interiores y otros).


Sin más: la política cotidiana forma parte de aquello de lo que se alimenta la mayoría de los seres humanos.


Después de haber vivido un tiempo en Japón, una de las cosas que aprendí es que los occidentales se refieren a aquello que los alimenta en términos militares y de agresión: notablemente, el cuchillo y el tenedor. Cortan, pican, trozan lo que los va alimentar, esto es, aquello que los hace posibles. El mundillo de la política no parece ser más que eso: una especie de picadillo que, por lo demás, se engulle rápidamente, y se digiere como se puede. Sin mencionar que, al parecer, la mayoría de los seres humanos tienen hoy por hoy serios problemas de digestión, de colon, y problemas de metabolización. Como se aprecia, un cuadro coherente, un bucle que se cierra sobre sí mismo.

Publicado enSociedad
Fricciones producto de la inoperancia de ambos Estados

La actual coyuntura fronteriza que polariza las relaciones entre Colombia y Venezuela llama la atención de la opinión pública nacional por los excesos de autoridad del Gobierno venezolano sobre los connacionales colombianos. La situación en la frontera es de alta complejidad: la proliferación de una cultura mafiosa se entrecruza con el abandono estatal, la existencia de economías ilegales, grupos armados e informalidad laboral. El tratamiento mediático privilegiado por los grandes medios ha profundizado la polarización y entorpecido la comprensión de las dinámicas en las que la población fronteriza de ambos países, y no solo la de Colombia, es la más afectada. Ello contribuye a sesgar el análisis de la conflictividad fronteriza creando la falsa visión de que este es un fenómeno de pocos días de existencia, desconociendo el arraigo y las problemáticas estructurales que afectan a las dos naciones.

 

El tratamiento de los medios de comunicación

Rabia e indignación han prosperado en la opinión pública nacional gracias a la embestida discursiva de los medios de comunicación que una vez más han movilizado toda su capacidad de manipulación para tratar el problema de la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela. El sentimiento nacionalista sigue en un infinito crescendo en el que destacan los matices anti venezolanos de ciudadanos del común y las bravuconadas guerreristas de más de un político que clama nuevamente porque inicie una guerra fratricida en la que nunca pelearían ellos, ni sus hijos, ni sus clientelas.

Las imágenes de compatriotas regresando a través de ríos y trochas con sus pertenencias al hombro, la Policía Nacional haciendo 'cordones humanitarios' ayudando a mujeres y niños para cruzar el Río Tachira, políticos seriamente comprometidos en masacres y desplazamientos en territorio nacional haciendo política oportunista desde la frontera, son algunas de las escenas que han aprovechado los medios para envenenar con esta noticia al país, haciendo gala de una "gran sensibilidad" por el mismo fenómeno al que han dado la espalda durante años en muchas regiones de Colombia, donde millones de compatriotas han tenido que desplazarse bajo la amenaza del fusil. Nuevamente han demostrado que para ellos solo importan las calamidades humanitarias susceptibles de polarizar, de ofrecer réditos políticos, comerciales, de congraciarse con sus amos.

En esta oportunidad los medios presentan una imagen light de la problemáticas que se vive desde hace años en la frontera: han puesto en duda la existencia de paramilitares, desconocen las reales proporciones e implicaciones de las problemáticas económicas y del desabastecimiento –producto del contrabando– que soporta Venezuela, poco han abordado las economías ilegales, la corrupción de las autoridades, las penurias que padecen las poblaciones fronterizas de ambos países. Todo ha sido orquestado para mostrar que los grandes problemas son creación exclusiva de las extralimitaciones del presidente venezolano. La voz del presidente Santos en su primera contestación a su par venezolano fue reproducida con bombos y platillos por la prensa audiovisual y escrita en Colombia: "Quisiera que algo quede claro, los problemas de Venezuela son hechos en Venezuela, no en Colombia ni en otras parte del mundo". Santos Calderón se encuentra rotundamente equivocado.

La frontera caliente entre Colombia y Venezuela

En el año 2012 fue presentado por la Corporación Nuevo Arco Iris y Editorial Debate, bajo la edición de Ariel Fernando Ávila, el libro "La frontera caliente entre Colombia y Venezuela" en el cual se presentan los resultados de una investigación liderada por el Observatorio del Conflicto Armado (OCAP) sobre las dinámicas del conflicto armado, el crimen organizado trasnacional y los grupos armados ilegales en la frontera de Colombia y Venezuela. El estudio está estructurado a partir de la experiencia investigativa de veinte años de la Fundación Progresar en Norte de Santander, sumado al monitoreo de las acciones de violencia sociopolítica liderado por el OCAP, el estudio de informes de organizaciones locales, nacionales y regionales, así como los insumos aportados por la Mesa de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAPP-OEA. Algunas de las revelaciones del capítulo concerniente a la frontera Norte de Santander – Táchira, son particularmente importantes para el presente análisis.

Desde la década de los 60 del siglo XX están registrados intensos flujos migratorios en la frontera colombo venezolana, comprendida entre Cúcuta y San Cristóbal. Las primeras migraciones estuvieron relacionadas con la violencia en el territorio colombiano, pero luego el asunto económico pasó a ser el principal determinante migratorio: las grandes obras de infraestructura desarrolladas en Venezuela desde los años 70 crearon gran demanda de mano de obra barata y no calificada que fue suministrada por migrantes colombianos. El intenso flujo migratorio, sumado al abandono gubernamental y las condiciones económicas favorables en la frontera, son algunos de los factores con los que puede explicarse los fenómenos de ilegalidad y criminalidad en la frontera "en donde subyace una fuerte connivencia entre las autoridades con estructuras ilegales, una profunda corrupción y una cultura del dinero fácil".

Los paramilitares llegaron a la zona agravando la situación. En el libro se sostiene: "Esta ya difícil situación fue agravada a partir del 2000, cuando desde el territorio colombiano se implementa una bien diseñada estrategia de incursión paramilitar a territorio venezolano, con el objetivo probado de colaborar con sectores adversos al presidente Chávez en la ejecución de maniobras desestabilizantes del proyecto de "Revolución Bolivariana" que se desarrolla en el hermano país. La incidencia del paramilitarismo denunciada persistentemente durante la última década por los gobiernos venezolanos no corresponde precisamente a la voluntad política de crear un enemigo artificial: ha existido de facto.

La investigación precipita en cuatro conclusiones generales que guían el discurso del capítulo. La primera de estas conclusiones es que desde el año 2008 la región experimenta un amplio proceso de reconfiguración criminal caracterizado por fuertes disputas entre estructuras delincuenciales con similar incidencia y poder. Los Rastrojos y Los Urabeños ejercen el control del área urbana de Cúcuta, así como de los municipios de San Cristóbal – Táchira. El cartel de los Soles del lado venezolano es otra estructura criminal con bastante dinamismo, de la misma manera en que el ejército privado de "Los cinco Apóstoles" del lado colombiano controla la economía, la política y la institucionalidad de la zona. A todo lo anterior se suma la presencia de las organizaciones guerrilleras de las Farc y Eln. La primera conclusión dibuja un escenario en el que confluyen diversos actores armados que ejercen la violencia y que disputan un territorio susceptible de otorgar réditos económicos y posicionamiento geográfico estratégico para sus actividades delictivas.

La segunda de las conclusiones que aporta el estudio consiste en que existe un alineamiento entre estructuras políticas y estructuras ilegales de lado y lado de la frontera. La oposición política que ha gobernado en los últimos años el Estado del Táchira se ha beneficiado de la creciente inseguridad de la zona para acusar al Gobierno venezolano y restarle favorabilidad, por otro lado, son visibles las preferencias de sectores del oficialismo que domina Apure y parte del Catatumbo hacía las organizaciones guerrilleras colombianas. "Por ejemplo, fue común detectar alcaldes oficialistas que pagaban extorsiones a grupos ligados a la desmovilización paramilitar, así como alcaldes y funcionarios de oposición que pagaban a los grupos guerrilleros".

La tercera conclusión manejada en el capítulo que trata la situación de la frontera colombo venezolana entre Norte de Santander y Táchira, es que en territorio de ambos países existe un amplio arraigo de estructuras narcotraficantes, en particular la de "Los Rastrojos". "Desde 1997 narcotraficantes del Cartel de Norte del Valle se instalaron en Venezuela, y desde allí crearon grupos de seguridad privada; alías "Jabón" murió allí, y muchos otros capos del narcotráfico han sido capturados en la zona. Esta tradición ha permitido crear verdaderos enclaves de criminalidad en Táchira y Norte de Santander". Es muy probable que los recientes golpes propiciados a la estructura criminal de Los Rastrojos (captura o entrega de algunos de los principales hombres, desmantelamiento financiero) haya impulsado una nueva reconfiguración de estructuras delictivas en la zona.

La cuarta conclusión trata sobre el elevado nivel de corrupción de las fuerzas de seguridad a ambos lados de la frontera: están "infiltradas y cooptadas" por la criminalidad, se habla incluso de que en algunas zonas el Estado se ha convertido en una mafia. Existe connivencia y beneplácito de las fuerzas de seguridad de ambos Estados con estructuras armadas ilegales. "En conjunto se podría decir que en lo local existe una situación anárquica, donde en un principio cualquier estructura ilegal podría comprar los servicios de funcionarios estatales".

Un importante factor debe ser tenido en cuenta. Poco antes de la desmovilización paramilitar en Colombia –gobierno de Uribe Vélez–, se propició un importante traslado hacía el área fronteriza en cuestión de varias estructuras compuestas por redes de testaferros, mandos medios y grupos familiares de comandantes paramilitares. Ello ha influido en la creación de una red en el estado Táchira bajo el nombre genérico de "Águilas Negras" que nutre las redes del narcotráfico, pero que también se beneficia de otro tipo de actividades legales e ilegales. La estrategia de legitimación de este tipo de agrupaciones, de la misma manera que en recordados episodios en el territorio colombiano, ha usado como estrategias el miedo y las relaciones en la que empresarios, políticos, policías y militares se ven bastante beneficiados. Además de todo lo anterior, puede agregarse que desde el año 2011 una nueva reconfiguración de los grupos post-desmovilización de las AUC originados por el debilitamiento de algunas estructuras en Colombia ha desatado una ola creciente de confrontaciones en el Táchira.

El álgido problema del contrabando

Otra de las problemáticas ampliamente conocidas en el espacio fronterizo es el contrabando de gas, gasolina y un cumulo importante de mercancías en el sentido Venezuela - Colombia. El precursor de este tipo de actividades es la elevada diferencia cambiaria fruto de la depreciación sostenida del Bolívar Fuerte en los últimos diez años, factor que ha inducido una alta favorabilidad al Peso colombiano en la tasa de cambio impuesta en la frontera. La alta diferencia favorece que una cantidad no determinada de productos venezolanos, muchos de los cuales se encuentran subsidiados por el Estado bolivariano, al ser vendidos en territorio nacional ofrezcan ganancias hasta del +500 por ciento a contrabandistas o cualquier ciudadano que sea capaz de llevarlos consigo del otro lado de la frontera.

Esta situación ha generado un flujo de mercancías hacia la zona fronteriza colombiana que alimenta el desabastecimiento que en varios productos sufre el hermano país, alimenta economías subterráneas de las que extraen su sustento miles de ciudadanos de ambas naciones, induce prácticas de contrabando a gran escala, la corrupción de las autoridades civiles y militares de lado y lado de la frontera, una crisis estructural padecida por los sectores de la economía formal en Cúcuta que ha tendido a incrementarse en el transcurso de los últimos años .

Juan Carlos Tanus, representante de la organización "Colombianos en Venezuela una sola bandera", expresó el 10 de julio para un telenoticiero de la ciudad de Barquisimeto que cerca de 3.500 personas y 25 grandes mafias se benefician directamente del contrabando en la frontera de Norte de Santander y el estado Táchira. De acuerdo a Tanus la Resolución 8 del 2000 emitida por el Banco de la República en Colombia otorgó la potestad a los cambistas involucrados en el cambio de Bolívares para establecer el valor de la divisa extranjera. Esta situación indujo que cinco grupos cambistas vinculados con la mafia fijaran a diario una tasa propia en la frontera. La manipulación arbitraria del valor del Bolívar Fuerte es uno de los causantes, de acuerdo a su hipótesis, de la gran diferencia cambiaría que alimenta el contrabando. Atribuye además a esta estrategia los matices de "guerra económica".

El representante de los colombianos habla de la existencia de una cultura del contrabando ("bachaqueo") en tanto en la frontera de La Guajira, como la de Norte de Santander. El arraigo de esta es tan grande que las personas que viven de misma creen que no cometen ningún delito, simplemente son comerciantes que compran barato y venden a un precio más elevado obteniendo crecientes ganancias. Afirmó: "Usted puede encontrar familias completas dedicadas a este proceso, hacen la cola, sacan el dinero, hacen la cola, luego lo llevan y se vende a un mayorista, hay un centro de acopio que dependiendo el tipo de producto, moviliza el transporte para la frontera." Pero quienes más se nutren del negocio son las grandes mafias quienes venden los productos venezolanos en territorio nacional a precios bastante similares a los que tienen los productos propios, además usan el dinero del contrabando para limpiar el dinero del narcotráfico.

Las Leyes anticontrabando impulsadas desde Bogotá, según Tanus, son insuficientes para controlar la situación: "Con ello aspiran a mejorar el nivel de empleo en la capital, aspiran a bajar dos puntos porcentuales el índice desempleo en Cúcuta porque resulta que la ley anti contrabando pone, como tope, 12 mil 100 dólares para calificarlo de contrabajo. Si yo tengo una que llega apostar 12 mil ciento 1 dólar, se declara contrabando, pero si muevo unos 12 mil dólares no hay contrabando [...] Yo creo que aquí hay que trabajar un gran acuerdo entre los dos gobiernos para controlar la frontera, ahora esto no es fácil por todo los que significa recibir entre 8 mil y 12 mil millones de dólares al año producto del contrabando en toda la frontera. Eso inhibe a cualquier presidente". El contrabando es de tal magnitud que al mes de julio, Tanus estimaba que de cerrarse la frontera podría abastecerse alrededor de nueve meses el comercio de Colombia con los productos venezolanos que se encuentran almacenados en territorio nacional.

Un alto flujo de dinero, y la confluencia de múltiples intereses complejizan la situación en la frontera. El problema del contrabando y el subsecuente desabastecimiento de los comercios venezolanos no pueden ser entendidos exclusivamente desde la óptica del pequeño contrabandista: deben reconocerse la existencia de grandes mafias y de poderosas organizaciones económicas y delincuenciales que se lucran de este flujo ilegal de mercancías. Aunque es muy valiosa la hipótesis cambiaria de Tanus, no integra los efectos de la política monetaria del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela que también han influido en la depreciación sostenida del Bolivar a lo largo de los últimos diez años.

En medio de este caldeado contexto, es muy fácil comprender el ataque de tres militares y un civil venezolano ocurrido el miércoles 19 de agosto en el barrio Simón Bolívar del municipio de San Antonio (Estado de Táchira) en el transcurso de una operación de las autoridades venezolanas contra el contrabando. Este acontecimiento fue el detonante del cierre de la frontera impuesto desde el día 20 de agosto, así como de la declaración del estado de excepción en la zona decretado por el parlamento venezolano desde el 25 de agosto.

Diosdado Cabello, presidente del parlamento venezolano, fue uno de los precursores de dicho estado de excepción. Afirmó recientemente en medios de comunicación: "Si es necesario declarar estados de excepción en toda la frontera de Venezuela, los diputados y diputadas revolucionarios levantaremos las dos manos". La crisis fronteriza tiene rostro humano: los más afectados por el cierre unilateral de la frontera son los habitantes populares de ambos países que extraen su sustento de actividades económicas transfronterizas y han desarrollado prácticas de hábitat de orden transnacional. Aquellos que no integran mafias, no son más que ciudadanos históricamente vulnerables por el abandono de los Estados que aprendieron vivir en los espectros de la ilegalidad y la informalidad.

Vínculos más fuertes que las relaciones políticas entre los Estados

La frontera Colombo Venezolana, entre Norte de Santander y el estado Táchira, es una de las zonas fronterizas más dinámicas en América Latina. Se estima que por este corredor pasan alrededor del 70% de todos los intercambios binacionales. Pero las relaciones entre los dos países no se suscriben exclusivamente a la dinámica de intercambios comerciales fronterizos.

Venezuela es el segundo país, después de Estados Unidos, donde más colombianos se han radicado en el mundo. En el libro "La Frontera caliente entre Colombia y Venezuela", se destaca: "Algunos estudiosos del tema, como el parlamentario Luis Villar Borda, estimaron que a finales de la década de 1970 y comienzos de la década de 1980 existían en Venezuela entre uno y medio millón de colombianos indocumentados, originarios de distintas regiones del país. En la actualidad según algunas autoridades venezolanas, se manejan cifras cercanas a los cuatro millones de colombianos residenciados en Venezuela". El ambiente para la migración de Colombianos en la década del 70 estuvo favorecido por la nacionalización de los hidrocarburos y el incremento del precio de petróleo que produjo la implantación de un ambicioso plan de desarrollo en Venezuela. Fue necesaria una enorme cantidad de mano de obra poco calificada.

Por los márgenes del análisis

Múltiples ha sido los estilos de abordaje del problema fronterizo en los medios de comunicación: oscilan entre la justificación de las medidas tomadas por el presidente Nicolás Maduro, de la mano de un extensa apología a las amplias políticas de inclusión social que ha implementado el proyecto de Revolución Bolivariana con los colombianos radicados en Venezuela (Telesur), hasta la condena absoluta del régimen político del hermano país, la condena a la expulsión y deportación de connacionales radicados en la frontera (RCN, Caracol, El Tiempo, etcétera).

Mucho más acá de la defensa de regímenes políticos particulares he optado por reclamar la atención sobre la población fronteriza de ambos países, la misma que ha sufrido terribles incidencias del conflicto armado colombiano y de situaciones de marginación que ninguno de los dos regímenes ha podido subsanar en el transcurso de los años. La ausencia de control por parte de los gobiernos, la asimetría cambiaria, las prácticas de corrupción de las autoridades de ambos países, esto y mucho más ha fundamentado la proliferación de economías subterráneas en las que la gente ha aprendido a ganarse la vida, con la que narcotraficantes, contrabandistas y grandes mercaderes de ambas naciones han amasado enormes fortunas, mientras la población en cada uno de los países enfrenta grandes dificultades socioeconómicas . La situación se pone turbia: el cierre de la frontera está quitando el único mecanismo de sostenimiento económico de miles, tanto en Colombia como en Venezuela.

Aunque la incidencia de actores del conflicto armado colombiano en territorio venezolano no pueda ser negada en manera alguna, el arraigo militar y económico de estas estructuras es responsabilidad de dos Estados incapaces de ejercer control, impulsar la institucionalidad e inclusión social en los confines de sus territorios. El rostro humano de la crisis lo constituyen ciudadanos abandonados por sus respectivos Estados, los que han aprendido a sobrevivir a partir de prácticas económicas informales en un escenario de conflicto armado, escenario enmarcado dentro de los vaivenes de confrontaciones políticas inspiradas en las diferencias doctrinarias de los gobiernos de Colombia y Venezuela. Este tipo de confrontaciones son las que durante años han favorecido pugnas fronterizas recurrentes con las que dos Estados han buscado de forma recurrente réditos políticos, lavar sus ineficacias "pateando la lonchera en la frontera" pero generando terribles incidencias sobre una de las poblaciones de mayor vulnerabilidad en ambos países.

El trato dado a los colombianos, del que se han obtenido las imágenes que han sobresaturado los medios de comunicación en Colombia, es solo otro episodio de una larga confrontación política de vieja data en la que la cuestión fronteriza sigue estando a la orden del día en unas relaciones binacionales tensionadas por la vigencia de dos modelos políticos y económicos contrapuestos.

Es necesario que las sociedades colombiana como venezolana tengan presente esta realidad, así como los profundos vínculos que existen entre las dos naciones fundamentando espacios de intercambios que trascienden las fronteras, las reglamentaciones, incluso la racionalidad política y económica de ambos Estados. Son este tipo de vínculos los que deben imponerse entre dos naciones hermanas en cuyas relaciones debe proliferar el respeto y el reconocimiento de dos países que se llevan mutuamente en sus entrañas. La disputa entre estos, no es necesariamente la pugna entre dos naciones hermanas cuyos habitantes no han tenido mayor facultad de decidir en los espacios políticos donde hubiera podido ponerse el punto final a las problemáticas que padecen.


La superación de la crisis fronteriza real, estructural, implicará que los gobiernos de ambos países establezcan una comunicación franca, seria, susceptible de precipitar en agendas programáticas orientadas a subsanar las causas últimas de la situación en la frontera. Es inevitable que mutuamente tengan que colocarse el dedo sobre sus llagas pues la actual coyuntura ha sido generada por la ineficiencia operativa de los dos Estados en la zona en la que han proliferado este tipo de prácticas. El desafío consiste en dejar a un lado las diferencias políticas y los rencores acumulados por las hostilidades mutuas, para colocar fin a esta problemática fronteriza que enriqueciendo a pocos afecta la economía venezolana e impacta negativamente a la población transfronteriza de ambas naciones.


RECUADRO 1

William Mejía Ochoa, destacado investigador de migraciones en Colombia en su artículo "Colombia y las migraciones internacionales. Evolución reciente y panorama actual a partir de las cifras" presentado en la revista Internacional de Movilidad Humana en Brasilia (julio del 2012), afirma que después de esta primera oleada de migrantes colombianos a Venezuela: "Las décadas posteriores han visto una desaceleración significativa del flujo migratorio colombiano hacia Venezuela, llegándose a insistir en los medios de comunicación en un supuesto e importante retorno en los últimos años [...] No obstante, la emigración a Venezuela no cesa, alimentada parcialmente en los últimos años, como se verá adelante, por personas en busca de refugio, ante el conflicto interno y otras violencias que acaecen en Colombia." En "La frontera caliente entre Colombia y Venezuela" es precisada una cifra: "[...] se cree que en los últimos diez años han ingresado a Venezuela cerca de 190.000 refugiados colombianos por los estados fronterizos Zulia, Táchira, Apure, según lo informó la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados en Caracas".

Las cifras del Instituto Nacional de Estadísticas de Venezuela (INE) hablan de alrededor de 684.000 colombianos radicados en Venezuela hacía el 2010, cifra que se encuentra enormemente subvalorada porque solo pondera las migraciones legales. El perfil migratorio elaborado en 2012 para Colombia por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) dice que "En los últimos años, estas dinámicas migratorias se han transformado en función de condiciones económicas y políticas que ya no ofrecen las garantías anteriores que tenían los colombianos al emigrar al vecino país".


RECUADRO 2

En los últimos años el flujo migratorio parece haberse invertido. Mejía Ochoa, en el artículo ya referenciado, sostiene: "Merece destacarse que en años recientes la prensa ha comentado insistentemente acerca de un flujo creciente de venezolanos, en particular empresarios y técnicos petroleros hacia Colombia, como lo ilustran las siguientes citas: "Se estima que, en los últimos cuatro años, a Colombia han llegado a trabajar por lo menos medio millar de ejecutivos, ingenieros, geólogos y otros expertos venezolanos en petróleo" ; "Reportan crecimiento de migración de venezolanos hacia Colombia" ; "La migración de venezolanos hacia Colombia está disparada y ya se hacen sentir en la industria petrolera, el comercio, la cultura y la farándula" ; "Colombia destino importante para los venezolanos..." Para corroborarlo presenta el siguiente gráfico:

El perfil migratorio de la OIM para Colombia detalla que: "El Banco Mundial (2010) informa que hay 110.297 extranjeros en Colombia con una predominancia de personas de nacionalidad venezolana que representan el 33,9% de la población extranjera total. En segundo lugar, se encuentran las personas de nacionalidad estadounidense, con un 13,7%". Como puede apreciarse la población más importante de migrantes en Colombia es la venezolana. Parte importante de tal población se caracteriza por su alto nivel sociocultural, calificación laboral y por sus privilegiadas condiciones socioeconómicas.

El Boletín Semestral de Estadísticas entre Enero y Junio del 2014 revela qué: "Las cifras consolidadas de cédulas de extranjería expedidas a ciudadanos venezolanos han aumentado en un 548% en 7 años. La categoría Temporal es la de mayor incidencia desdoblándose en las subcategorías "Temporal Trabajador" (38%), seguido por Temporal Estudiante (17%), Temporal Especial (9%), Residente y Temporal Conyugue con el 7% respectivamente, entre otras categorías".

Los intercambios de viajeros entre los dos países son bastante significativos. De acuerdo a Migración Colombia, solo entre los meses de enero y julio del 2015 se reportó el ingreso de 183.096 ciudadanos venezolanos a Colombia, así como 315.423 viajeros colombianos con destino a Venezuela. Ello sin contar, por supuesto, con los ingresos informales a los dos países por cada una de las fronteras.

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Los trece esperan el juicio desde La Picota y El Buen Pastor

Trece jóvenes capturados el pasado 8 de julio, y condenados por los medios de comunicación sin esperar proceso legal alguno, esperan desde la prisión que inicie su juicio formal. El proceso judicial hasta ahora afrontado despierta serias dudas sobre la independencia ideológica y administrativa del poder judicial respecto al Ejecutivo. Organizaciones políticas y sociales mantienen el apoyo a los inculpados e intentan desmentir las acusaciones urdidas en su contra. El futuro del proceso judicial se vislumbra lleno de incertidumbres y pocas certezas.

 

La noticia se escapa como agua entre las manos de los medios de comunicación: las detenciones de trece estudiantes y funcionarios del Distrito capitalino, que ocuparon por más de dos semanas los titulares de los grandes medios de comunicación oficiosos del país, ahora pasa al olvido, mientras los inculpados esperan por sus juicios en las cárceles de La Picota y el Buen Pastor en Bogotá.

 

El caso ya cumplió su papel mediático, y al igual que otros procesos del estilo, solo será retomado ocasionalmente y de forma marginal cuando las agendas y pretensiones de los medios de comunicación encuentren un breve espacio para reeditarlo. El objetivo político con este caso ya fue cumplido también por el Gobierno: dar al país una muestra importante de su "eficiencia" y "capacidad" al capturar y judicializar a los sindicados.

 

El proceso inició hace poco más de dos meses, el ocho de junio, con la espectacular captura 15 jóvenes en doce allanamientos realizados en la ciudad de Bogotá, y un cubrimiento extenso de la noticia por canales de televisión encargados de juzgar prematuramente a los implicados, reproducir las voces condenatorias de las autoridades policivas, gubernamentales y distritales que los asociaron con el Eln. De nuevo, como ha ocurrido en casos relacionados con otros inconformes, en esta ocasión todo estuvo permitido: juicios difamatorios en redes sociales, el empleo indiscriminado de fotografías personales para exhibir sus rostros a la opinión pública, además de seguimientos y presiones sobre sus familias.

 

Dudas sobre el proceso

 

Las primeras dudas surgieron al día siguiente de la detención, cuando fue nítido que la Fiscalía no tenía el material probatorio suficiente para sustentar las imputaciones por rebelión y terrorismo en contra de todos los implicados. Las sospechas se incrementaron cuando fueron dejados en libertad dos de los quince detenidos –porque no tenían material probatorio para justificar su detención–, sumándose a esto las maniobras en el escenario de las audiencias para justificar su traslado a establecimiento carcelario, todo reforzado con manipulaciones de fuerzas oscuras que, detrás del proceso, maquinaron amenazas en contra del Fiscal General de la Nación, los juzgados de Paloquemao y un vigilante de la Universidad Nacional que testificó en contra de Paola Salgado Piedrahita, motivos suficientes para que las jueza 77 del distrito declarara a los detenidos, tras pocas horas de su detención, como "un peligro para la comunidad", ordenando su reclusión intramural.

 

Maniobras, presiones, vicios procesuales, reforzados por la reunión sostenida el martes 28 de julio por la jueza a cargo del caso con un General de la Policía, pocos minutos antes de dictar la medida de aseguramiento que condujo a los sindicados a La Picota y al Buen Pastor.

 

El mensaje para los movimientos de oposición

 

Ninguno de los argumentos esgrimidos por la defensa, para evitar la medida de aseguramiento carcelario, fue tenido en cuenta por la jueza, un golpe con alto impacto anímico entre los detenidos, familiares y organizaciones político/sociales a la que pertenecen los mismos.

 

El manejo del caso en los medios de comunicación, la voluntad manifiesta de someter a escarnio público a los detenidos, sumado al manejo probatorio, así como el creciente interés del Gobierno y de organismos judiciales por enviarlos a prisión a pagar altas condenas, son algunos de los factores que permiten concluir que el caso lo están usando para enviar un mensaje contundente a quienes ejercen oposición política con vocación de cambio para el país. El mensaje es claro: Están bajo constante monitoreo –confirma el Estado– y podemos fabricar las pruebas con las cuales lograr una efectiva y presta judicialización para eliminarlos políticamente en caso de que así lo requiramos.

 

Varias coincidencias con otros casos, para intimidar e incluso ir más allá, fueron detalladas a desdeabajo por Alexandra Bermúdez, vocera nacional del Congreso de los Pueblos, instancia de movilización a la que están inscritos once de los detenidos "Mecanismo claro: primero aparecen amenazas de los paramilitares, luego, en vez de abrir investigaciones para esclarecer esas amenazas y buscar los responsables, lo que vienen son acciones de los organismos de inteligencia del Estado alrededor de las actividades de estos dirigentes que terminan en judicializaciones, que luego se demuestra que son falsos positivos judiciales; así continúa de alguna manera esa lógica macabra que termina, en ocasiones, en asesinatos, desapariciones de dirigentes [...], de ahí nuestras preocupaciones de que nos estén aplicando esa misma estrategia de eliminación del movimiento social". Un terrible modus operandi que ilustra la sistematicidad de la represión gubernamental.

 

La unidad del Estado en torno a la acusación es manifiesta: las actuaciones de la Fiscalía, el proceder de la juez, el comportamiento de la Policía y los discursos de funcionarios en torno al caso, demuestran que no se trata de una simple coincidencia de postura, sino que existe el interés y la voluntad de acción conjunta entre distintos organismos estatales para lograr que sea impuesta la máxima condena a los implicados, una condena que se erige sobre la supresión de la libertad física de los individuos y la estigmatización como mecanismos de eliminación política.

 

Pero el Gobierno no es el único que ha cerrado filas. Alrededor de 250 organizaciones han reivindicado la labor de "los 13" como líderes políticos y estudiantiles, recibiendo el apoyo de sus organizaciones de adscripción a través de plantones, redes sociales, comunicados; un verdadero espaldarazo que les ha permitido mantener el ánimo alto, asumiendo una postura de dignidad, de rebeldía, frente al proceso al que están sometidos.

 

Las pruebas, la pena, el juicio

 

Veinticinco años para diez de los detenidos, entre treinta y treinta y cinco años para los tres restantes, estas son las penas que pedirá la Fiscalía General de Nación para los activistas detenidos. Una pena de elevadas proporciones que demuestra cuanto puede ensañarse el Estado contra quienes osen desafiar sus ordenamientos, sus disposiciones. Pero, para hacerlas efectivas, antes deben probar que los detenidos participaron en disturbios en la Universidad Nacional, violentaron a servidores públicos, fabricaron "armas de uso privativo de las Fuerzas Militares", que tres de ellos tuvieron contacto con estructuras del Eln, además de aportar las pruebas que los inculparían como responsables por los petardos colocados en Bogotá desde mediados del 2014 y hasta julio del año en curso.

 

Algunas de las inquietudes guardadas respecto al proceso aluden al tiempo que las autoridades llevaban efectuando el seguimiento de los jóvenes detenidos: muchos de los registros fílmicos y fotográficos usados por la Fiscalía para imputar cargos fueron obtenidas en fechas anteriores a las autorizaciones de seguimientos. Esto quiere decir que los estudiantes estaban bajo monitoreo mucho antes de que pudieran tener cualquier interés en ellos para procesarlos judicialmente, razón que induce a diversas organizaciones sociales y políticas a cuestionarse sobre cuán difuminadas en el país se encuentran estas prácticas de monitoreo sobre líderes y activistas. A pesar de la intensidad y data de los seguimientos, llama mucho la atención que no hayan podido acumular pruebas suficientes con que imputar a los 13 las explosiones por las que fueron inicialmente sindicados y perseguidos, es decir, las autoridades policivas han reconocido indirectamente que el asunto de las explosiones, además de fortuito al caso, solo fue una simple excusa para justificar públicamente su captura, entonces, ¿dónde están los verdaderos responsables de las explosiones?

 

Aún no existe claridad si la fase del juicio será llevada a cabo de manera individual o colectiva, pero es seguro que el proceso, por la cantidad de implicados y por la necesidad creciente del Estado de condenarlos, cueste lo que cueste, se tomará varios meses, posiblemente más de un año. La Fiscalía será clave en esta fase del proceso pues, de su capacidad para construir las pruebas y un discurso probatorio capaz de soportar la embestida de los abogados que defienden a los activistas tras las rejas, depende el éxito de su misión. Es probable que el juicio no cuente con una cobertura siquiera similar de los medios de comunicación: es de esperar que se desarrolle en el contexto de estrategias de ocultamiento mediático que impidan a la opinión pública conocer pormenores del proceso y de la defensa de los acusados, pero si permitiendo el escenario para que el Estado pueda borrar cualquier suspicacia social sobre su violencia y la extralimitación en que está cayendo al llevar a cabo vigilancia, registro y control de activistas y opositores al régimen sin estar sindicados de delito alguno.

 

Conclusiones del caso

 

Son pocas las certezas que se tienen respecto a esta nueva fase del proceso judicial. Los 13 esperan desde las cárceles del Buen Pastor y La Picota en Bogotá el inicio de las audiencias de juzgamiento gracias a que la juez consideró que al permanecer libres podrían alterar el material probatorio de la investigación o podrían seguir delinquiendo, poniendo en riesgo con ello a la comunidad. Se trata de un nuevo caso de persecución del Gobierno que pone en entredicho, una vez más, la independencia de las instancias judiciales, subordinadas económica y políticamente al Ejecutivo, dispuestas a ver terroristas y delincuentes donde hay opositores, activistas, líderes políticos y sociales.

 

Los comunicados de las organizaciones, las cartas de las facultades donde están registrados los estudiantes, la voz de congresistas, fueron suficientes para que la juez 77 del circuito se percatara de que no estaba tratando precisamente con delincuentes sino con intelectuales y activistas que desarrollaban una labor abierta, con reconocimiento y respaldo social. De manera paradójica este mismo reconocimiento fue la principal motivación para justificar su detención carcelaria: "como tenían estás cualidades había que ser más severos en la aplicación de la Ley".

 

La situación deja un margen de maniobra reducido a las organizaciones y familias de los jóvenes. Sin embargo las puertas de la movilización, del ejercicio de la presión sobre los actores del proceso, del desarrollo de estrategias comunicativas que permitan a la opinión pública conocer respecto al caso, no deben cerrarse. Son posibilidades que pueden ser explotadas mientras se desarrolla el juicio, contribuyendo para alcanzar un margen superior de negociación del que tuvieran si se deja el proceso exclusivamente en manos de "la justicia". No basta con confiar en la inocencia los jóvenes, es imperante la presión social, así como la información y la movilización.

 

Al mismo tiempo, es necesario que el caso, si hay condena, sea elevado a instancias jurídicas internacionales. De igual manera, es fundamental obtener el apoyo de Ong's y organizaciones de defensa de derechos humanos internacionales para que se sumen a la cruzada por la libertad de los detenidos, por la defensa del derecho a la protesta y del ejercicio de la oposición.

 

Las organizaciones políticas y sociales, bien pueden desechar el mensaje intimidatorio enviado por el Gobierno con estas detenciones, incrementando la representación, las acciones de movilización y de protesta. El ejercicio de la oposición debe mantenerse incolumne frente a las pretensiones de sileciamiento e intimidación de un Estado que sigue utilizando todo su poder para conservar su monolítica inmutabilidad, impidiendo la ampliación democrática que desde décadas han reclamado con discursos, marchas, piedras, quienes el establecimiento ha osado desaparecer, masacrar, silenciar o exterminar políticamente antes que escuchar.

Publicado enEdición Nº 216
Viernes, 03 Julio 2015 06:55

El capitalismo no será retransmitido

El capitalismo no será retransmitido

El autor analiza el relato del capitalismo que construyen los medios de comunicación, atravesados por sus lógicas, y la repercusión que tiene ese relato en la percepción pública.


La revolución no será televisada, cantaba Gil Scott-Heron. El capitalismo tampoco será nombrado en los medios de comunicación masivos.


En el tratamiento que los medios de comunicación concentrados hacen del capitalismo se pueden observar algunas reglas generales. La primera es su omisión nominal: las palabras "capitalismo" o "sistema capitalista", salvo en contadas excepciones, quedan excluidas del lenguaje mediático.


La segunda regla es que el capitalismo no recibe un tratamiento como sistema, sino que se aborda por partes inconexas, no interrelacionadas ni interdependientes.


En tercer lugar, estos medios ocultan la composición del poder real: toda referencia al "poder" es al que está legitimado democráticamente, nunca al poder establecido o fáctico.


Finalmente, si no se nombra, no se trata como sistema ni se describe la composición de su poder, tampoco se lo debate, quedando fuera de los márgenes de lo mediáticamente discutible.

Entonces, ¿cómo se aborda el capitalismo en estos medios? ¿qué lugar ocupa en su versión de la realidad? Para una aproximación a estas preguntas, se analizará el relato de los principales grupos de comunicación en torno a la actualidad del sur de Europa, atravesada por la implementación de la versión más radicalizada del capitalismo. A falta de un tratamiento integral, se indagará sobre trozos de esta narrativa.


Hechos sin contexto y con causas sesgadas


Aunque las "noticias" incluyen a diario hechos vinculados directamente con el capitalismo, éstos nunca son puestos en contexto. En esta narrativa, los "noticias" políticas, económicas o sociales no tienen una visión sistémica, sino aislada, atomizada. En paralelo, se desvía la mirada sobre el origen de los impactos del capitalismo, tratando estas cuestiones superficialmente, sin indagar sobre sus raíces: no hay causas sistémicas que expliquen los hechos.


Por ejemplo, la "crisis" se atribuye fundamentalmente a "haber vivido por encima de las posibilidades" o "gastar más de lo que se tiene", orígenes que pretenden explicar la generación y profundización de desigualdades sin precedentes, la reducción de las rentas del trabajo y el aumento de las rentas del capital, principalmente financiero.


Desvío de causantes


Al sesgar las causas también se tergiversa la identificación de los causantes. En este storytelling de la "crisis" fue el Estado el que se excedió en el gasto y la población la que vivió por encima de sus posibilidades; no fue el capital financiero el que aumentó exponencialmente las inversiones especulativas que generaron una burbuja que terminó explotando.


El señalamiento mediático de los responsables se trasladó desde el poder financiero hacia el Estado y las mayorías sociales.
Otros actores estelares son "noticia" aunque desprovistos de protagonismo sobre el funcionamiento y los impactos del sistema.
Recientemente, los medios concentrados se hacían eco de la "preocupación" de Lagarde (FMI) por el aumento de las desigualdades y de Draghi (BCE) y Blanchard (FMI) por el elevado desempleo español. Estas versiones anecdóticas, además de pasar por alto las intenciones detrás de dichas declaraciones, omitían la relación de causalidad entre los intereses que representan estos dirigentes y la construcción de las problemáticas por las que manifestaban "preocupación".


Poderes invisibles


Otro rasgo de este tratamiento es la invisibilización de ciertos actores del capitalismo y del poder real que detentan. Tal es el caso de los lobbies, grupos de presión que defienden intereses sectoriales determinando las decisiones políticas nacionales, continentales y globales. Estos poderes fácticos quedan en la sombra, ausentes de la agenda, de la "información".


Más allá de esto, los medios concentrados ocultan el mapa del poder real y eluden la discusión sobre su composición. La concepción del poder que transmiten realza a los actores legitimados por el voto popular y desvanece a quienes ostentan el poder establecido, su capacidad de presión, influencia y potencia rectora sobre las instituciones democráticas. En definitiva, se invisibiliza cómo está compuesto el entramado de poder, del que estos medios, además de portavoces, son parte.


Verdades instaladas


Otro recurso es la repetición incesante de argumentos y relatos hasta instalarlos como verdades. Siguiendo el principio de la propaganda de Joseph Goebbels, la repetición hasta el hartazgo de estos argumentos, aunque intencionadamente falaces, termina estableciéndolos como verídicos en el imaginario social. Volver una y otra vez sobre una misma lógica argumental pero desde diferentes ángulos, aumentando exponencialmente las posibilidades de arraigarla como verdad y reduciendo el margen para ponerla en cuestión.


Chivos expiatorios


En ocasiones, los medios hegemónicos se ven impelidos a señalar de forma crítica a actores del capitalismo con nombre y apellido. No obstante, a estos casos se llega después de la evidencia de su derrumbe, centralizando la responsabilidad en el actor nombrado, aislándolo, descontextualizándolo y tratándolo como una excepción. De esta forma, cargar las culpas sobre un actor permite exculpar al resto, y a las propias dinámicas sistémicas.


Por ejemplo, Lehman Brothers, el caso más visible en el inicio de la "crisis financiera" de 2008, recibió una condena mediática por su codicia. Sin embargo, fue tratado como una conducta irresponsable excepcional, obviando que el grueso del sistema financiero internacional había sido partícipe y beneficiario del mismo casino.


Hostilidad frente a críticas


Estos medios también naturalizan al capitalismo y sus modos de producción. Así, las críticas y las contestaciones a este orden natural reciben un tratamiento hostil, siendo ignoradas, deslegitimadas o criminalizadas. Asimismo, las alternativas al capitalismo son moldeadas, considerándolas anacrónicas, inviables, populistas o no realistas.


En esta versión mediática de la realidad, el capitalismo no existe; hay "mercados" y "mercados libres"; no hay un sistema motorizado por la codicia. Hay injusticias y desigualdades, pero no un orden sistémico que las determine, un sistema político que las habilite, ni una matriz ideológica que las legitime.


El capitalismo como totalidad, sus impactos y actores estelares están ausentes de la agenda, y su abordaje se hace de forma anecdótica, parcial o sesgada. Una construcción funcional que contribuye a mantener y a legitimar las condiciones para la expansión de un sistema que, a través de estos medios de comunicación, se hace inasible.


El capitalismo detrás de las palabras


Seguramente el lenguaje es el medio más poderoso de estos grupos concentrados. Al condicionar el significado de las palabras, condicionan la realidad. ¿Con qué lenguaje se refieren los medios hegemónicos a un capitalismo que no nombran?
Siguiendo con el análisis de la actualidad del sur de Europa, en el que necesariamente los medios dominantes deben hablar del empeoramiento de las condiciones de vida de las mayorías, también se puede observar el uso intencionado del lenguaje.


En este teatro de la retórica, los recortes de la inversión pública social se llaman "reformas", que son decisiones positivas, ya que en el futuro van a mejorar la vida de la sociedad. La transferencia de recursos públicos a manos privadas se denomina "políticas de ajuste", que a su vez son necesarias para recuperar la economía. El problema es de "crecimiento", nunca de distribución.


En el plano de los derechos sociales, pagar dos veces por un servicio público sanitario no es un repago, sino un "copago". Al retroceso de derechos y la precarización de trabajadores y trabajadoras se lo llama "flexibilización del mercado laboral", a la reducción de sueldos "moderación salarial" y "racionalización" a despedir en masa.


"Austeridad" y "eficiencia" son los mantras para referirse a un Estado mínimo y ausente para los intereses de las mayorías. Se denomina "hacer los deberes" a someter la soberanía política al mandato del capital transnacional y la Troika, apelar a "lo que hay que hacer" significa ignorar la voluntad popular y "actuar con responsabilidad" o "con valentía" significa traicionarla.


En el fondo, a la ley de la selva se la llama "libertad de empresa" y se le dice "crisis" a una estafa del capital financiero sobre los Estados de la periferia europea. Y se señala como "inevitable" a lo que es resultado de la voluntad política del Gobierno español, la implementación de programas neoliberales.


La misma intencionalidad en el uso del lenguaje se puede observar en el tratamiento de las alternativas que se proponen al capitalismo. Por ejemplo, "radical" significa extremista, "violenta"es cualquier forma de desobediencia y lo "utópico" adquiere una connotación negativa.


También desde estos medios concentrados se despliega una batería lingüística para deslegitimar y criminalizar la protesta social. Un ejemplo es el de los "escraches" a dirigentes políticos, señalamientos públicos liderados por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y otros movimientos sociales, a quienes consideraban responsables o cómplices de la desposesión de derechos de las mayorías.


Estas acciones fueron consideradas "ilegítimas", "violentas", "antidemocráticas", "atentados contra el orden público", "amenaza a las instituciones", "acoso" e "intimidaciones".


Todo este despliegue de lenguaje y de andamiaje retórico, de eufemismos y de construcción mediática de significados se hace sin nombrar ni discutir en ningún caso el fondo del asunto. El lenguaje nunca es neutro, y en este caso se puede concluir que está plagado de intereses económicos y políticos.


Opinión pública y control ideológico


Toda esta (no) narrativa del capitalismo tiene como correlato un sistema de valores funcionales, como la competencia, el crecimiento, el individualismo, la maximización del lucro, la libertad de empresa y el consumismo como derechos inalienables.
Estos valores son instituidos por los medios hegemónicos como incuestionables y su matriz de opinión, impuesta como un conjunto de verdades, configuran la visión de la realidad de las mayorías.


En el fondo, siempre están presentes las ideas de "libertad" y "democracia" como pilares sacros que sólo pueden caber en este capitalismo innominado e inasible. Y detrás de la "libertad" y la "democracia" vale todo: criticar al sistema es acometer contra estos dos valores.


No sólo se trata de ocultar y manipular, de sesgar y parcializar, sino que principalmente es una cuestión de educación ciudadana y de prefiguración de la percepción de la realidad. Estos portavoces del capitalismo, más que medios de comunicación, son de transmisión y de control ideológico.


En este marco, la mejor protección para el capitalismo pasa por negarlo como sistema, por no discutirlo y por ocultar la composición del poder real. No es que los medios de comunicación dominantes sean una pata fundamental del capitalismo, sino que ambos representan una unión indisociable con una suerte en común.


Esta estructura oligopólica, con un puñado de medios que controlan el conocimiento y el reconocimiento de la realidad de millones de personas, garantiza la reproducción de este tratamiento, y con ella la preservación del statu quo y sus estructuras de poder. En este contexto, la información es una mercancía esencial, cuya rentabilidad es el principio que rige la pertinencia de su producción.


Esto también pone en evidencia el conflicto de intereses entre los negocios y el derecho a la comunicación. Por ello, un reto central en la batalla cultural contra el capitalismo consiste en desmercantilizar la información y colocarla en el plano de los derechos.


Porque la democratización de la sociedad y de la economía necesariamente van de la mano de una democratización de las voces y las palabras, en definitiva, de los medios de comunicación.


Por Rodrigo Fernández Miranda, miembro del Centro de Estudios de la Economía Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, del equipo de investigación social de AlbaSud, y de ConsumeHastaMorir.

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