Sé que la libertad de expresión es de quien la trabaja: Payán

En la recepción del Premio a la Libertad de Expresión en Iberoamérica, que cada año entrega Casa América Catalunya, el galardonado impartió una clase magistral de historia y periodismo.

El maestro Payán recordó los difíciles años fundacionales de La Jornada, en los que trabajó con personajes cruciales en la historia del pensamiento crítico y el compromiso por la defensa de los derechos humanos en México, como Gabriel García Márquez, José Saramago, Francisco Toledo, Rufino Tamayo, Carmen Lira Saade –directora general del diario– y todos los periodistas que contribuyeron a crear un periódico que este año cumple su trigésimo primer aniversario.


Casa América Catalunya decidió reconocer la trayectoria y aportes de Carlos Payán a la historia del periodismo en México en el siglo XX y de nuestros días. Este galardón tiene la tradición de exaltar la labor de defensa de las libertades y del ejercicio del oficio desde una visión crítica y de dar voz a los que no la tienen.


Ahora Carlos Payán figura en la lista que incluye personajes e instituciones.


El galardonado, quien desde hace un tiempo vive junto a su mujer, la escritora colombiana Laura Restrepo, en Ripoll, un pueblo de los Pirineos, enarboló con voz firme un discurso claro que tituló Sobre las dificultades del oficio*.


En esas páginas desplegó algunos pasajes de su singular biografía, pero sobre todo los principales aprendizajes en el periodismo. Destacó que las dos decisiones más importantes que había tomado fueron afiliarse al Partido Comunista Mexicano y abandonar la toga de abogado para cambiarla por la libreta y la pluma del periodista avieso e incisivo en que se convirtió en poco tiempo.


Para abrir boca compartió una de las muchas lecciones que le dio la profesión y haber estado durante 12 años al frente de La Jornada, hasta que en 1996 dejó la estafeta a la actual directora general, Carmen Lira Saade: Uno de los enemigos principales de la libertad de expresión y de su correlativo, la libertad de prensa, es la presión que ejerce el poder gubernamental desde sus diversas instancias.


Alusión al caso Aristegui


Luego de citar una trilogía de episodios curiosos de la historia de México, habló de lo que ocurre en nuestros días, para lo que recordó el caso del despido de Carmen Aristegui de la empresa MVS por las presiones del poder público.
Otra dificultad que enfrenta el periodismo, según Payán, es la presión de la Iglesia católica y sus jerarcas, que lo mismo se han opuesto de forma furibunda a la aprobación de leyes de interrupción voluntaria del embarazo que han estrechado un cerco de boicot de publicidad a los medios de comunicación que publican noticias polémicas sobre sus líderes espirituales, como ocurrió con el caso del fundador de Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, cuando desde La Jornada se denunciaron los casos de abuso de menores.


Carlos Payán Velver, quien vivió con emoción el homenaje de la institución catalana, también advirtió de las presiones de los empresarios.


"Hay que saber –señaló– que cuando los empresarios hablan de libertad de expresión, en realidad están hablando de libertad de empresa. Para ellos, sólo es libertad de expresión la que defiende sus intereses económicos y la ideología que los sustenta. No hay que olvidar que en la inmensa mayoría de los casos, los periódicos, y ni se diga ya la televisión, son propiedad de empresarios, y no de periodistas. Por tanto, de entrada los medios están copados, o coptados. Tienen dueño, y ese dueño tiene intereses particulares, y utiliza el medio a su favor. Es más, justamente para eso lo tiene."


También recordó su peculiar relación con Carlos Slim, a quien conoció mucho antes de que se convirtiera en uno de los hombres más ricos del planeta. "Cuando lo conocí, hace ya un chingo de años, no era tan millonario como ahora, y llegamos a ser grandes amigos. Desde el principio me pareció que el hombre poseía el más agudo sentido común que yo había visto. Un día cenando juntos me dijo: 'Oye, tocayo, tu periódico tiene muy poca publicidad'. Es cierto, le dije, el gobierno y los empresarios nos bloquean. Entonces me preguntó: '¿aceptarías que te enviara una?' Le dije que sí, y empezó a enviarme regularmente avisos de una llantera que poseía. Me dijo: 'cuando los demás empresarios de llanteras vean esto, pensarán, Slim lo hizo apoyándose en un buen estudio de mercadeo, y van a empezar a en-viarte publicidad ellos también'. Así fue, efectivamente. A partir de entonces, Slim nunca dejó de apoyar al periódico, pese a la presión del gobierno para que no lo hiciera, y pese a que los contenidos del diario no eran propiamente afines con su ideología".


Carlos Payán recordó la impronta y esencial aportación en la historia del periódico de personajes como Eduardo Galeano, Gabriel García Márquez, José Saramago, Francisco Toledo y Rufino Tamayo, entre otros.


El director fundador de La Jornada también se refirió a la amenaza que supone para el periodismo en México la connivencia entre narcotraficantes y mafias con las instituciones públicas. Advirtió que 30 años después del asesinato de Manuel Buendía –acribillado antes de develar una lista de figuras públicas relacionadas con el narcotráfico– el crimen organizado campea por casi todas las regiones del país, amparado con frecuencia por las autoridades. Y tuvo unas palabras de recuerdo y de denuncia sobre el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.


Advirtió que en este universo, en el que la democracia ha pasado a ser un espejismo, o un autoengaño, me atrevo a preguntar dónde existirá realmente esa libertad de expresión de la que hablamos. ¿Existe, o no pasa de ser un desiderátum? O quizás un comodín. Porque cuando tratamos de defenderla, ¿qué estamos defendiendo?


Payán añadió que tras su largo recorrido por la vida le quedan intactas sus convicciones profundas y las enumeró: que los medios deben tener un código de conducta periodística ceñido a una ética estricta; no se debe ejercer el derecho a la libertad de expresión para calumniar, mentir, injuriar o denigrar, pues con ello sólo la dejamos caer en el vacío; la libertad de expresión sólo existe como parodia allí donde se violan los demás derechos humanos; no olvidar que un periódico es producto de un quehacer colectivo; y estar del lado de las víctimas, de los ofendidos y humillados, de los pobres de la tierra, de los indefensos.


Y remató su reflexión con una deliberación sobre la verdad y la objetividad: ¡Cuidado con el uso de la palabra verdad! Pues la verdad es sospechosa. Quizá debiéramos mejor usar la palabra objetividad. Incluso a sabiendas de que ese también es un término resbaladizo y pretencioso. Debemos asumir que todo texto, todo titular, fotografía o caricatura, llevan un sesgo subjetivo. Pero aún así, debemos saber también que la subjetividad puede ser honesta. Una subjetividad honesta: esa es nuestra herramienta.


Finalmente, Payán recordó que dos son los hechos más importantes de mi vida: ingresar al Partido Comunista Mexicano e ingresar al periodismo, lugar este último donde he pasado grandes momentos, aventuras intensas y por supuesto los días más felices y gratos de mi existencia. Al recibir este homenaje, quiero decir ante ustedes una cosa que tengo muy clara en medio de tantas dudas, y que para mí es una certeza moral: sé que la libertad de expresión vive en quien lucha por ella, palmo a palmo, poco a poco, o, a veces, a grades saltos, sin descanso, sin temor, tratando de evadir las zonas de peligro. Sé que la libertad de expresión es de quien la trabaja, como la tierra que soñó Zapata.


Después de las palabras del maestro, Magú –carcaturista de La Jornada– entregó a Carlos Payán la litografía que realizó por encargo de la Casa América Catalunya.


Antes, el periodista español Jordi Évole, quien conduce el programa de televisión más crítico y con más éxito de españa–, elogió a Payán y La Jornada; reconoció que estar aquí es una buena cura de humildad, pues uno se siente muy pequeñito frente a un grande como es Carlos Payán.


Mientras, Antoni Traveria, director de Casa América Catalunya, celebró que se reconozca la trayectoria de un periodista que es referencia en México y en América Latina, quien siempre ha estado al lado de los indefensos y de los que no tienen voz, como prueba de su infatigable afán de construir una sociedad más justa y más democrática.


* El discurso íntegro de Carlos Payán se puede leer en La Jornada en línea.

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“Medio millón de personas salieron de la pobreza en nuestra administración”

Al final de su gestión al frente de la administración de la capital del país, el alcalde, Gustavo Petro, reflexiona y ve con satisfacción y confianza lo alcanzado hasta ahora. "Con seguridad en el futuro valorarán mucho más lo hecho por la Bogotá Humana", comenta. La oposición a su alcaldía la desató el intento por recuperar para la ciudad sectores fundamentales en una gestión en pro de los más necesitados, pese a lo cual, está seguro, sí es posible desprivatizar. El intento de sectores del poder, por sacarlo de escena, continuará, pretensión que será más evidente una vez deje el Palacio Liévano.

 

desde abajo –da–. Queda un poco más de seis meses de administración y podemos suponer que comienzan los balances; si usted quisiera destacar algo en particular de lo realizado bajo su administración, ¿qué le gustaría subrayar?
Gustavo Petro –GP–. Indudablemente que el balance hasta la fecha arroja una reducción de la pobreza a la mitad de lo recibido en 2011, y ese es uno de los grandes hechos y logros de la Bogotá Humana. Reducción en tres años, en términos no porcentuales, de medio millón de personas que abandonaron su condición de pobreza.

da. ¿En cuál indicador se basan para medir la pobreza?
GP. No la medimos por ingresos monetários, como procederia la política nacional, sino a través de necessidades básicas insatisfechas (NBI), como denomina las Naciones Unidas (ONU) la pobreza multidimensional, lo que valora mucho más lo realizado en Bogotá, ya que toma en cuenta variables como: la atención a la primera infancia, la salud, los niveles de educación, el hábitat, todas las políticas que tienen que ver con el Distrito.

da. ¿Cómo lograron desarrollar estas variables?
GP. En primer lugar, a través de una enorme inversión de recursos públicos con destinación prioritaria para la inclusión social que, recuerde, era el primer eje del Plan de Desarrollo tal cual fue explicado a la ciudadanía en la campaña electoral. Varios aspectos por resaltar: la política de atención a la primera infancia, la política educativa, que literalmente duplicó el presupuesto de los recursos propios del Distrito (enmarcada hacia la jornada única con el cumplimiento de la meta) y el fortalecimiento de la educación superior, que en cierta forma es la deuda que queda; la construcción del modelo preventivo de salud –casi seis mil profesionales del área pagos por el Distrito han recorrido permanentemente los barrios populares atendiendo de manera recurrente, no episódica, ochocientas mil familias–, logrando como resultado la reducción de la tasa de mortalidad infantil en un dígito, cosa que no había sucedido en la ciudad nunca antes, y el número de niños que mueren por causas derivadas del hambre en cero, logro que contrasta radicalmente con estadísticas como las de la Guajira; y como un elemento también fundamental la inclusión de nuestros vulnerados: poblaciones LGTBI –que tuvieron poder real en la ciudad–, los habitantes de la calle –que lograron un tratamiento específico y muy diferencial al que la historia de Bogotá les había dado–, poblaciones con extrema vulnerabilidad como trabajadoras sexuales o, incluso, grupos de mujeres víctimas de la violencia.

 

Comunicación y neoliberalismo; transporte y movilidad

 

da. Pero de su gestión los grandes medios de comunicación repiten sin descanso que es un fracaso...
GP. Estos logros no son valorados por la agenda oficial de los medios de comunicación dado que, en primer lugar, no quieren irradiar al resto del país lo que significa que una administración local logre reducir en tres años la mitad de la pobreza, cuando el resto de las regiones en Colombia tienen niveles muchísimos más grandes que los que se encuentran en la ciudad de Bogotá y, por otro lado, porque las políticas concretas que nos ayudaron a lograr este resultado chocan con el modelo neoliberal imperante en el país: desprivatizar el servicio del agua, mirarla como un derecho, desprivatizar el servicio de aseo, reducir los precios reales de las tarifas del transporte, crear el subsidio al transporte para personas de bajos recursos –que ya llega a 300.000 beneficiarios–, hacer un énfasis en la educación pública, son todas políticas antineoliberales.

da. Existe una reiteración por parte de esos mismos medios de que la ciudad cayó en el caos total, que el transporte cada día es peor.
GP. Paradoja y manipulación pues es allí, en el transporte y la movilidad, es donde podemos destacar otro gran logro de esta administración.

En el terreno de la movilidad la ciudad experimenta un cambio de paradigma, no acorde con la visión tradicional de la movilidad del siglo XX, que desde la visión impuesta por los Estados Unidos pretende resolver este problema a través de garantizar vías para que los carros logren mayor velocidad. Un error evidente y estruendoso. (ver recuadro, El espejismo)

da. Pero es evidente el problema de movilidad que persiste pese a todo lo que han realizado, ¿cómo resolver este problema?
GP. Sí, somos conscientes de tal realidad, y para ello nos planteamos algo que nos parece fundamental: dejar el bus como supuesta solución para el transporte público masivo –que es necesario y seguirá existiendo por mucho tiempo, pero el bus siempre subsidiario y complementario de formas más poderosas de movilidad– y priorizar el transporte férreo, impulsado con energía eléctrica, no contaminante, y supremamente más barata que el petróleo.
Bogotá es una ciudad de tradición férrea, que siguiendo el modelo de los Estados Unidos, y a los importadores de vehículos, decidió destruir sus tranvías en la época del fascismo en el 52, quedando sometida al diesel y el petróleo que, como todos sabemos, es la principal causa del calentamiento global y por tanto del cambio climático, principal problema de la humanidad hoy por hoy.

da. Una ciudad como Bogotá requiere más que trenes, necesita una intervención múltiple.
GP. Sí, de acuerdo. Hemos dejado el heredado sistema unimodal de buses para pasar a un sistema multimodal.

da. ¿Qué podemos entender por éste y cómo lo están operando?
GP. Estamos invirtiendo la pirámide de las prioridades: colocamos en primer lugar al peatón, y lo primero que hicimos fue peatonalizar la calle con más peatones que teníamos, la séptima, más otras peatonalizaciones en proceso de extensión; en segundo lugar la bicicleta, que es el medio sostenible de mayor fama en el mundo y que en el caso de Bogotá ha duplicado su uso en los tres años que llevamos de gobierno –y aun aspiramos en este semestre a darle un mayor impulso cuando acabemos la construcción de 108 kilómetros de bicicarriles adicionales; dejamos, además, la competencia que existía entre el ciclista y el peatón por el derecho al anden, y ahora las ciclorutas están diseñadas quitándole espacio al carro pues el auge de la bicicleta es absolutamente fundamental dentro de una movilidad humana. Bogotá es hoy la ciudad de mayor uso de la bicicleta y de viajes cotidianos de bicicleta de América Latina.

En tercer lugar o prioridad, darle una intermodalidad al transporte público de buses, logramos, ya es un hecho, nos costó mucho trabajo, un esfuerzo financiero enorme de casi un billón y medio de pesos, la integración del transporte público: el SITP que abaratará aún más las condiciones de transporte en la ciudad.

da. En este panorama y proyección mucha gente se pregunta si algún día el metro será realidad, ¿qué nos puede indicar sobre este aspecto?
GP. En el tema de saltar la intermodalidad con el modo férreo, la ciudad, a pesar de la oposición del Concejo y de la inercia de mantenernos bajo el modo único de bus, logró completar todos los estudios de la primera línea del Metro y de cuatro líneas férreas de tranvía, tres de ellas de escala regional que son más poderosas que las troncales de buses de Transmilenio y que en conjunto representan una red férrea de transporte público urbano de carácter masivo que le daría la capacidad y el poder suficiente, ya no solamente para tener buses de alta velocidad como es el BRT (o el bus rojo), sino comodidad, es decir, podrá pasar al estándar de 4 pasajeros por metro cuadrado que no se logra si no montamos el modo férreo.

da. Ese es un cambio sustancial para la ciudad, ¿por qué no lo difunden con suficiencia desde el Palacio Liévano?
GP. Porque esto depende de decisiones nacionales. No hay nada en el Distrito adicional que haya que hacer, todo se hizo, incluso sacrificamos una parte de la inversión para ahorrar, para aportar en la construcción de la primera línea del metro, pero en la nación se están moviendo tendencias diferentes, algunas contrarias a la aprobación del inicio de un modelo férreo en el gobierno de Petro, otras que, sobre todo con la primera línea del metro, hacen un cálculo financiero, errado en mi opinión, por la caída del precio del petróleo y la caída de la capacidad de inversión del gobierno nacional, opiniones que tienden a sacrificar el proyecto metro, y otras voces que, como la del Vicepresidente, que no dice ni pío por el metro, pero sí quiere autopistas de segundo nivel, las mismas que están destruyendo en todo el mundo porque son absolutamente ineficaces. Falta la voz del Presidente, para que empiece la construcción del modo férreo urbano en la ciudad.

Estos son los dos grandes balances, dos grandes frentes: el social y de infraestructura que también es social en la medida en que priorizamos peatones, bicicletas y transporte público masivo de alta capacidad.

da. En relación al transporte férreo, se habló al comienzo de su alcaldía del tren de cercanías para la conexión Bogotá-Faca, ¿avanzó en este propósito?
GP. Esos son los tranvías que mencioné. Están todos los estudios terminados, la financiación, que es de iniciativa privada, está lista. Esta línea férrea tendrá estaciones cada 500 metros, desde la estación de la Sabana hasta Facatativá, como la que va hasta Soacha. Requerimos algún recurso nacional en el área cundinamarquesa, pero llevamos ya desde el mes de octubre con los proyectos presentados esperando que el gobierno nacional se decida, y cada semana que pasa es lamentable porque esto es como decir troncales de Transmilenio, de la capacidad casi de la Caracas, y hay cuatro planteados, con financiación privada, es decir, sin mayor utilización del recurso público, con tarifas técnicas que permiten una tarifa-pasajero similar a la que hoy tenemos, dándole mayor capacidad al transporte al interior de la ciudad, y con articulación hacia la región, que nunca ha tenido un mismo modo de transporte, que podría llevarnos a las principales ciudades de la sabana. La verdad es que la demora del gobierno nacional en este tema es lamentable.

da. El precio de la vivienda sigue creciendo en Bogotá, a un ritmo exorbitante, hasta el punto que algunos hablan de un poder inmobiliario más allá de la norma que permitió el proceso de redensificación, ¿es posible hacer algo desde la administración para intentar incidir en el precio del suelo?
GP. Hay quienes piensan el suelo en dos dimensiones: ancho y largo, es la manera de ver el suelo en el siglo XIX, y es la que está en el Ministerio de Vivienda. Cuando miden el suelo así, los que piensan que la única manera de construir más viviendas es expandiendo y, por tanto, depredando el territorio, con una consecuencia y es que segrega social y territorialmente de una manera absurda: la prueba de esto está en Soacha.

Cuando uno mira el suelo en tres dimensiones, es decir, que puede crearse suelo en altura, que es como una ciudad del siglo XXI debe plantearse el tema de la tierra, entonces da paso a una palabra: aumentar la edificabilidad en el mismo terreno.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la Bogotá Humana planteó aumentar la edificabilidad en el centro ampliado –que son once mil hectáreas, la tercera parte de la ciudad y la más central–, lo que traía como consecuencia, conjuntamente con las cargas en el proceso productivo, que no afectaban al constructor, en la medida en que compensaba en altura lo que tuviera que entregar en espacio público, produciendo una baja en los precios de la tierra. Durante los pocos días que tuvo vigencia el POT bajaron los precios de la tierra, como lo anunciaba la teoría de Ricardo en el siglo XIX. La suspensión del POT, contrario a lo que la prensa decía de las tesis del Ministro de Vivienda, produjo de nuevo la escala de crecimiento del precio del suelo y en varias áreas de la ciudad, no toda ella, en el estrato seis es donde se podría hablar ya de un exceso de construcción que empieza a gravitar en reducir precios, porque hay un exceso de oferta sobre demanda, en el resto de la ciudad eso no ocurre y la falta de normatividad para permitir altura provoca precisamente el alza del precio del suelo. La ausencia de cargas al constructor en espacio público lo que hace es elevarle al propietario del suelo el precio de la tierra, las rentas se van al propietario del suelo no al constructor y ese es un proceso dañino para Bogotá.

La realidad es que la ciudad tiene que modificar su POT, no solamente para conseguir la forma de financiación del metro, que allí estaban descritas, no solamente para adaptar la ciudad al cambio climático, que es fundamental, y varios de los pilares que incluso fueron estudiados en las mejores universidades del mundo estaban en ese POT, sino porque el incremento de edificabilidad en miles de hectáreas dentro de la ciudad permite bajar el precio del suelo de la tierra.

 

El reto universitario

 

da. Dijo usted al comienzo que uno de los grandes déficits en el Distrito es el de la educación superior. Todas las grandes ciudades tienen grandes universidades. En Bogotá, al mirar la Universidad Distrital, resalta que solo aparece cada vez que se presenta cierto tipo de escándalo: la contratación en Bosa, la violación de unas chicas en la sede la Macarena, etcétera, y a veces da la impresión que la Universidad ha sido como una hija huérfana de la administración central. Usted participó el año anterior en el proceso de levantamiento del paro decretado a propósito de una reforma inconsulta al interior de este centro de estudios, ¿cómo ve usted el problema de la Universidad Distrital y cómo considera que podría potenciarse la misma para que realmente sea un apoyo para el desarrollo nacional?
GP. Cuando usted suma las matrículas de las universidades públicas en la ciudad: la Pedagógica, la Nacional, la Distrital, Colegio de Cundinamarca y el Instituto Técnico Central, que es poco conocida pero que tiene la doble condición de colegio y universidad –y es el mejor colegio púbico de la ciudad, y uno entre los mejores del país–, cuando usted suma esto en los años, obtiene un mensaje alarmante: la matrícula en la universidad pública está disminuyendo. Y cuando compara eso con la pirámide demográfica de la ciudad, que envejece, pues pasamos de tener una mayoría de niños a tener ahora una mayoría de personas entre la juventud y la madurez, cambio demográfico que propicia que la demanda por educación superior sea mayor que nunca, pero la oferta para satisfacerla, en lugar de aumentar, disminuye.

da. ¿Cuál es el resultado de esta realidad para la ciudad?
GP. Pues que tenemos un poco de gente en universidades de garaje, de mentiras, y muchísimos miles de estudiantes que salen de onceavo grado a la calle. De más o menos 50.000 estudiantes graduados en un año, 35.000 se quedan sin Universidad. Un desafío inmenso para la ciudad, porque estas son las nuevas claves de la violencia o de la paz. Usted tiene toda la razón: si hago un cálculo a mano alzada: 35.000 estudiantes que se quedan sin estudio, y lo multiplico por 10 semestres, pues tenemos una universidad del tamaño de 350.000 que deberíamos tener dentro de 5 años.

No existe en Colombia una Universidad de 350.000 estudiantes, pero sí existe en el mundo. Este planteamiento debería ser ya un propósito del gobierno nacional, con ayuda del gobierno distrital, y hay unos elementos que nos podrían permitir entrar en ese camino, incluso lo he planteado yo mismo como presidente del Consejo Superior de la Universidad Distrital, que podría ser varias universidades públicas a la vez.

da. ¿Encuentra eco esa propuesta en la Distrital?
GP. No.

da. ¿Por qué?
GP. Porque la Distrital está cooptada por un grupo político oscuro, que la ha encapsulado, transformándola en un instrumento de capturas de rentas y de votos, un grupo que no ve los desarrollos que podría tener una universidad financiada por el Distrito en la ciudad de Bogotá. El paro que usted mencionó nos permitió tratar de hacer un cambio, hay una reforma, una discusión que avanzan entre los estamentos de la Universidad y que puede provocar un cambio de la rectoría con la ayuda del Ministerio de Educación y del Gobierno Nacional, que abrió un pequeño paréntesis del que no puede esperarse necesariamente la salida de ese marasmo, pero por lo menos nos permite la ampliación de la infraestructura como no lo habíamos podido hacer antes. Su resultado parcial: está a punto de terminar la sede de Bosa, comenzó la ampliación de la sede de Ciudad Bolívar, y avanzamos hacia otras localidades, de manera muy dificultosa y un poco traumática para mí, porque escuchar a profesores gritar: no a la universidad en Kennedy, cuando tratamos de llevar sedes a las localidades más importantes desde el punto de vista del número de jóvenes –con necesidades insatisfechas en la educación–, podrían ser estos los elementos e instrumentos para, a partir de allí, plantear algo que en mi opinión tiene que ser: en Bogotá tenemos que tener una universidad pública con la capacidad de 350.000 estudiantes.

da. Un poco después de darse la apertura del Hospital San Juan de Dios (HSJD), empezaron a aparecer titulares en la prensa de que la negociación no podía darse, ¿en qué va eso?
GP. Es un bloqueo sistemático a cualquier tipo de política planteada desde la Bogotá Humana; no es sino plantear el día sin carro y ya tiene las demandas, la oposición, como si le estuviéramos haciendo un daño a la ciudad; así fue con el POT, Camacol logró suspenderlo por sus intereses particulares y en contravía del interés general. No podría ser diferente en el caso del HSJD, símbolo de poder popular. Todo se mueve para evitar su reapertura. No les gusta que nosotros reabramos el San Juan; llegó a tal punto la reacción de estas personas en la Oficina de Registro que borraron todos los registros de propiedad hasta el año 1924. Uno podría preguntarse, ¿por qué no lo hicieron en la última década?, ¿por qué solamente cuando íbamos a comprar el Hospital San Juan de Dios? Es indudable que hay una acción política buscando destruir la posibilidad de abrir ese símbolo de poder popular.

da. Algunos mal creyentes dicen que usted es mejor parlamentario que ejecutivo, ¿usted se ve en un futuro próximo regresando al Senado?
GP. No, para nada, y esos mal creyentes no creen que una cosa es echar el discurso de la oposición en el Congreso pidiendo que se acabe la pobreza en Colombia, y otra cosa es hacerlo como gobernante. Lo hemos logrado parcialmente y de una manera muy importante.

da. ¿Dónde se ve en dos años cuando se inicie la campaña presidencial para 2018-2022?
GP. Ante el fracaso que tuvieron para inhabilitarme en medio del gobierno y acabar el gobierno elegido, van a intentarlo el año entrante, una vez esté fuera de la tribuna que da la Alcaldía, producir una inhabilidad para que no pueda participar en el 2018 en ninguna clase de elecciones.

 

 

Ciudad Región

 

da. Se afirma que municipios como Chía y Mosquera están creciendo a tasas de dos dígitos. Esto es, mientras la ciudad se contiene los municipios se acercan a Bogotá. ¿No obliga esto a replantear la estructura administrativa de la ciudad-región?
GP. Dimos un paso fundamental con la constitución de la primera región, tal como lo establece la Constitución nacional, la rápida Región Central, logrando para ello la aprobación en concejos, asambleas, gobernaciones, y con un paulatino reconocimiento de la Nación. Está cero kilómetros pero, indudablemente, ya es la institucionalidad de lo que pueden ser unas formas muchísimo más poderosas de descentralización en Colombia. Este es un logro de esta administración, y de las administraciones locales territoriales de Boyacá, Tolima, Cundinamarca y Meta, que configuran esa región.

Debimos haber pasado a un área metropolitana, esencial para Bogotá y propiamente para la Sabana de Bogotá, pero los celos entre lo que puede significar un área metropolitana y el departamento, lo impidió, en lo cual también aportó la especie de 'detente' colocado por el entonces Ministro de Gobierno que no permitió que en la ley de áreas metropolitanas se permitiese la configuración del Área Metropolitana de Bogotá.

da. ¿Qué consecuencia tiene esto?
GP. Carga un enorme daño, en lo fundamental para Soacha, donde pueden verse con claridad los problemas de la falta de un área metropolitana, pues se está condenando absurdamente a decenas de miles de personas a vivir en condiciones de necesidades básicas insatisfechas, cuando la ciudad podría recurrir y resolverlas. La oposición fue básicamente política. Lo consiguieron porque, finalmente, la sentencias judiciales remitieron a que tenía que hacerse una nueva ley y ésta no ha sido presentada, es una tarea pendiente dentro de una nueva institucionalidad.

da. ¿Y la expansión urbanística?
GP. Esta expansión en la Sabana no es producto del cemento, éste es una consecuencia, la expansión es producto del agua, y en esto hay también una deuda pendiente. La empresa de Acueducto, bajo la dirección de la Bogotá Humana, puso una férrea posición de no expandir las cantidades de agua potable que se venden en la Sabana de Bogotá, que son las que permiten la urbanización y, por tanto, encementar la Sabana. Ante nuestra postura, la oposición de Camacol fue voraz, llevándose por delante incluso el POT de la ciudad; pero no hubieran podido detener las políticas ambientalistas de la ciudad, y del reordenamiento del territorio de manera sostenible, de no haber contado con fuerza política, que básicamente es la fuerza de Cambio Radical, hoy con vicepresidencia. Desde el principio ellos se dedicaron a bloquear cualquier posibilidad de un desarrollo orientado al agua, no a la simple lógica codiciosa de la construcción, y cuando vieron que imponíamos cargas, en el sentido que cada proceso constructivo generara espacio público, vías y financiación del sistema masivo de transporte, pues se alistaron al sabotaje de lo que considero el mayor vacío que deja la Bogotá Humana: el reordenamiento territorial.

 

 

El espejismo

“En el siglo XX, bajo el influjo del modelo de ciudad norteamericana, se pensó que la movilidad se construía a partir de lograr mayores velocidades para el carro particular, un espejismo verdadero, incluso en los Estados Unidos, donde una de sus principales ciudades, Los Ángeles, a pesar de su poderío económico, tiene peor movilidad que Bogotá. El modelo de movilidad alrededor del carro es insostenible, no solamente desde el punto de vista energético sino urbanístico, ya que implica la autodestrucción permanentemente de la ciudad, para darle espacio, no al agua, como hemos propuesto en la Bogotá Humana, sino al carro y a sus infraestructuras”. (GP) 

 

Publicado enEdición Nº 213
Domingo, 26 Abril 2015 06:04

Brasil y la oposición golpista

Brasil y la oposición golpista

Sobrio y elegante como de costumbre, el sociólogo Fernando Henrique Cardoso, que presidió Brasil de 1995 a 2002, principal referencia del oposicionista Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), es claro y objetivo: no hay ninguna justificativa para que se presente en el Congreso un pedido de impeachment, o sea, que se abra un juicio político, contra la presidenta Dilma Rousseff, con el objetivo de destituirla.


Dejando a un lado la incontenible agresividad y las posiciones duramente derechistas –algo un tanto sorprendente, cuando se recuerda su pasado de izquierda–, el actual senador José Serra, del mismo PSDB, se hace súbitamente moderado. Dice, con toneladas de razón e inesperada sobriedad, que un pedido de impeachment no es un mero juego: tiene consecuencias tremendas, y no se justifica.


Ya el actual gobernador de São Paulo, el derechista Geraldo Alckmin, hombre cercano al Opus Dei y también figura poderosa del partido, prefirió optar por un silencio monacal.


Y sin embargo, el PSDB defiende de manera clara y cada vez más agresiva que se busque, por todas las formas y maneras, una brecha para presentar en la Cámara de Diputados un pedido de apertura de juicio político para liquidar de una vez el segundo mandato presidencial de Dilma, a menos de cuatro meses de estrenado. Lo acompañan otros partidos de oposición, cuya consistencia, en todo caso, es más bien escuálida.


El centro de la cuestión está en Aecio Neves, actual senador, que ejerció dos mandatos seguidos como gobernador de Minas Gerais, tercer principal estado brasileño, quien disputó –y perdió– la presidencia con Dilma Rousseff el pasado octubre.
Neves preside el PSDB. Claramente inconforme con el resultado de las urnas –que le dieron a Dilma una ventaja estrecha, pero incontestable, de cuatro puntos–, él se dedica, un día sí y el otro también, a construir un ambiente capaz de revertir la decisión del electorado.


Lo acompañan los integrantes de la ruidosa tropa de élite en el Congreso, con destaque para diputados que, con aspecto más cercano a la hidrofobia que al trato parlamentario, amenazan con presentar en cualquier momento, el pedido de apertura del juicio político. Juristas de sólidas trayectorias conservadoras y discurso ampuloso son contratados para preparar informes y pareceres legales para esa acción. Cualquier argumento sirve, de los escándalos de corrupción a iniciativas gubernamentales que contrarían las promesas de campaña presentadas por Dilma el año pasado.


Con apoyo clarísimo de los grandes medios hegemónicos de comunicación, esas maniobras ganan espacio. Ahora, por ejemplo, el esfuerzo más contundente de diarios, revistas y emisoras de televisión está concentrado en mostrar que, en la campaña que llevó a Dilma a su primer mandato presidencial, en 2010, grandes empresas fueron forzadas a forjar donaciones aparentemente legales pero que, en realidad, eran realizadas con fondos desviados por el esquema de corrupción instalado en Petrobras. De nada sirve comprobar que las donaciones fueron registradas cumpliendo todos los requisitos legales, y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas por el Tribunal Superior Electoral.


Es, claramente, una acción facciosa: todos –todos– los partidos recibieron donaciones millonarias de las mismas empresas, el PSDB inclusive. Pero las del PT fueron resultado de corrupción y chantaje. Poco importa si el argumento carece de base mínimamente sólida. Lo que interesa es crear un ambiente cada vez más negativo para el gobierno.


La amenaza pende como una espada de Damocles sobre el gobierno. Al fin y al cabo, en la presidencia de la Cámara de Diputados está una figura política nefasta, Eduardo Cunha, que actúa a su libre albedrío ejerciendo su más alta especialidad: el chantaje.


Con frecuencia rutinaria dice que, de momento, no hay ninguna razón para llevar a votación un eventual pedido de impeachment. Más que tranquilizadoras, son palabras amenazadoras: dejan claro de toda claridad que el tema dependerá exclusivamente de él.


Llegar a la apertura de un proceso de destitución significaría, en última instancia, paralizar al gobierno y al país. Las posibilidades de aprobación, hoy por hoy, son nulas. Pero los efectos de semejante iniciativa serían desastrosos.
Mientras tanto, grupos supuestamente independientes –nadie sabe cómo se financian– siguen programando manifestaciones callejeras con el objetivo único y exclusivo de destituir a Dilma Rousseff. El siempre resentido y rencoroso Aécio Neves optó, en un primer momento, por mantenerse alejado. Pero ahora se sumó a los convocantes de marchas callejeras. Él sabe perfectamente que no hay espacio político para lo que defiende. No importa: aquí, lo que se trata es de acorralar al gobierno e impedirle recuperar espacio.


La actual legislatura, principalmente en la Cámara de Diputados, es la más retrógrada y conservadora de los últimos casi 30 años en Brasil. Y el PSDB parece haber optado por hacer su apuesta: crear un ambiente de tal manera tenso y confuso que el país se haga ingobernable.

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El sesgo ideológico del lenguaje, incluido el económico

El lenguaje que se utiliza en la comunicación oral o escrita reproduce en cualquier país los valores dominantes en su cultura. El movimiento feminista ha mostrado, por ejemplo, los términos utilizados en el lenguaje que reproducen el dominio del hombre sobre la mujer en nuestras sociedades. Y lo mismo han hecho los movimientos de derechos civiles en EEUU, en defensa de las minorías afroamericanas, mostrando el racismo que, consciente o inconscientemente, se reproduce en el lenguaje utilizado por la mayoría blanca de aquel país.


Se ha dado, sin embargo, muy poca atención a la discriminación que aparece en el lenguaje cotidiano en la utilización de palabras o términos que son peyorativos y ofensivos hacia los grupos de la población que tienen menos recursos, sectores que, por regla general, pertenecen a los grupos sociales de menos ingresos dentro de la clase trabajadora. Es común, por ejemplo, referirse a estos sectores como "clase baja", contrastándola con la "clase alta" y la "clase media". Así, es común en los medios de mayor difusión, utilizar encuestas en las que se pide a la población que se defina por su clase social, presentando como alternativas las categorías "clase alta", "clase media" o "clase baja". Predeciblemente, la gran mayoría de la población se define como clase media, de donde los medios concluyen que la mayoría de la población en España o en EEUU es y se autodefine como "clase media". Esta tipología lleva implícita una valoración jerárquica, semejante a un sistema de castas, donde la casta más baja es la clase baja. Es el grupo poblacional al que se definía antes como las clases "humildes".


Ahora bien, es interesante resaltar que cuando a la población se le pregunta si se considera de "clase alta", "clase media" o "clase trabajadora", la gran mayoría de la población se define como clase trabajadora, tanto en España (incluyendo Catalunya) como en EEUU, término que, por cierto, apenas se utiliza en los mayores medios de información. Es más, cuando se utilizan términos más científicos, como "burguesía", "pequeña burguesía", "clase media profesional" o "clase trabajadora", el porcentaje de la población que se define como clase trabajadora es incluso mayor. La misma situación ocurre en EEUU, donde los términos son distintos. En aquel país, los términos utilizados son "clase corporativa" (Corporate Class, término equivalente a clase capitalista), "clase media profesional", "clase media" y "clase trabajadora". Cuando esta tipología es la que se utiliza, la mayoría de la población se define como "clase trabajadora" (ver el excelente trabajo de Marina Subirats, Barcelona: de la necesidad a la libertad. Las Clases Sociales en los albores del siglo XXI).


El lenguaje como reproductor de las relaciones de poder


El hecho de que raramente se utilice el término "clase trabajadora" se debe a que el establishment político-mediático, muy instrumentalizado por los grandes grupos financieros y económicos, quiere que se elimine el lenguaje de clases, sustituyéndolo por el de niveles de renta (clase alta, media y baja), sin analizar el origen de tal renta, agrupando como clase media a la gran mayoría de la población que no es ni rica ni pobre, categoría muy poco científica, que deja de tener valor analítico por su gran diversidad. En realidad, clase media es una categoría que en su definición científica representa a una minoría que, junto con la clase trabajadora, constituyen las clases populares, que representan un 75% de la población. Las clases altas (burguesía o clase corporativa) y las clases medias de renta media o alta (pequeña burguesía y clase media profesional) representan alrededor del 25% de la población, el cual tiene una enorme influencia mediática y política en el país.


El clasismo en el lenguaje económico: ¿qué es capital humano?


El clasismo aparece ampliamente en la terminología de la economía ortodoxa de corte liberal en el uso del término "capital humano". En un principio dicha expresión parece razonable, pues se refiere al hecho de que la experiencia o el conocimiento o la educación que un trabajador tiene, añade valor añadido al trabajo que realiza, presentándose esta experiencia, conocimiento o educación como capital que le sirve al trabajador para aumentar su renta.


De ahí la expresión ampliamente utilizada de "invertir en capital humano", es decir, en las personas, para que, teniendo este capital, valgan más. De esta manera, todos somos capitalistas. Unos tienen acciones bancarias en su haber, y otros tienen estudios. Tanto el uno como el otro tienen capital. Todo puede parecer razonable y lógico, excepto que se basa en una enorme falsedad. Supongamos que tenemos dos personas y que las dos ingresan 50.000 euros al año. Pero uno los ingresa como parte de su trabajo, consecuencia de su capital humano, según la terminología dominante, es decir, resultado de su conocimiento, educación o experiencia. El otro, por el contrario, los ingresa como parte de las acciones que tiene en el banco. Para el primero, conseguir estos 50.000 euros significa tener que trabajar 240 días al año y ocho horas al día. En el caso del segundo, el individuo no tiene que hacer nada, repito, nada. El dinero procede de la propiedad del capital, mientras que para el primero procede de su esfuerzo. La terminología de invertir en capital humano implica repartir capital y producir má capitalistas, lo cual transforma al trabajador en un apéndice del capital.


Pero la situación es incluso peor, pues lo que se define como capital humano varía enormemente de un trabajador a otro, pues el valor añadido que el trabajador incorpora mediante su experiencia, conocimiento o educación depende, no solo del trabajador, sino del lugar y sector de la estructura económica en el que desempeña sus tareas. Un trabajador con igual nivel de educación que otro puede añadir más valor al producto en el que trabaja según el lugar donde trabaje, el tipo de puesto de trabajo, el sector económico, el equipamiento existente y un largo etcétera, circunstancias que escapan a su propio control. Esta observación viene a cuento cuando constantemente se hacen comparaciones de la productividad laboral entre países, concluyendo que los salarios más altos de los países nórdicos se justifican por su mayor productividad, cuando la que se compara no es la del trabajador, sino la del sector económico, es decir, la estructura económica es más productiva en los primeros que en los segundos, estructura que tiene poco que ver con el trabajador en sí. Y ahí está la raíz del problema. El problema no es, como constantemente se subraya, la menor productividad del trabajador español, sino la estructura económica del país que expresa las relaciones de poder (incluyendo de poder de clase) existentes en España, estructura responsable de su menor desarrollo y su pobreza.


Estos son ejemplos de que el lenguaje que se utiliza, tanto en la vida académica como en los medios de comunicación, es un lenguaje que reproduce en sí las relaciones de poder existentes en nuestra sociedad, tema del cual raramente se habla ni en los foros académicos ni en los medios de comunicación y persuasión del país.

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"La prensa usa la corrupción para desgastar a Dilma"

Golpismo precoz. La avanzada desestabilizadora contra Dilma Rousseff iniciada hace dos meses, cuando tomó posesión del cargo por segunda vez, se redobló en las últimas semanas a través del pedido de impeachment respaldado disimuladamente por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y la "hostilidad permanente de Globo y los demás grandes grupos de comunicación con un tratamiento dudoso de los casos de corrupción en Petrobras", resume el investigador Venício Lima, de la Universidad de Brasilia.


Ante el asedio mediático la presidenta resolvió, aconsejada por Luiz Inácio Lula da Silva, romper el silencio y desde el Carnaval realizó más declaraciones a la prensa que en los primeros cincuenta días de su gestión, la cuarta consecutiva del Partido de los Trabajadores (PT). Dilma salió del mutismo acusando al socialdemócrata neoliberalizado Fernando Henrique Cardoso (presidente entre 1995 y 2003) de haber sido omiso ante presuntos sobornos millonarios en Petrobras en los noventa, de acuerdo con la confesión de un ex gerente de la empresa estatal.


En el entorno presidencial opinan que fue un acierto asumir la iniciativa para revertir la agenda catastrofista que puso al gobierno entre las cuerdas, según publicó Folha de San Pablo el domingo, cuando varios diarios escribieron sobre los planes opositores de corto plazo.


Junto a la amplificación del caso Petrobras en el Parlamento, donde prevalecen las fuerzas conservadoras, fue convocada una marcha para el 15 de marzo bajo la consigna "Fuera Dilma" (lema coreado este fin de semana durante el paro de camioneros en el que murió un manifestante), en la que participarán grupos de la sociedad civil antipetista, y posiblemente políticos que reivindican, con mayor o menor desfachatez, el procesamiento de la mandataria y la privatización de Petrobras a caballo del escándalo narrado de forma "maniquea por la prensa".


"Es un hecho que hubo desvíos de dinero, sobornos e irregularidades, nadie negaría una cosa tan evidente" plantea Venício Lima. Y agrega, "también es evidente que en ese esquema oscuro hubo muchos políticos que no pertenecen al PT, pero curiosamente esos políticos no son citados en los titulares sensacionalistas sobre el así llamado 'Petrolao'".


"Esto nos está demostrando que la intención de la prensa, más que denunciar la corrupción, es utilizarla como excusa para desgastar un mandato presidencial que tiene fecha de conclusión el 31 de diciembre de 2018", sostiene Lima durante la entrevista con Página/12 en su departamento del barrio brasiliense Asa Sul, a pocas cuadras de la Presidencia y el Parlamento.
"Los editoriales de O Globo contra la política petrolera de corte nacionalista seguida por Dilma son tomados casi como una guía de acción por el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB) y su ex candidato presidencial Aécio Neves (apadrinado por Fernando Henrique Cardoso), que en el Senado fundamentó el impeachment, sin mencionarlo, diciendo que detrás de la reelección de Rousseff había una asociación ilícita."


Derrotado por estrecho margen en los comicios del 26 de octubre, Neves parece haber adoptado el estilo de su amiga venezolana María Corina Machado (le rindió homenaje el año pasado en Brasilia), contra quien pesan varios cargos por participar en conspiraciones contra Hugo Chávez y Nicolás Maduro.


El ex candidato del PSDB es uno de los fogoneros de la marcha contra Dilma dentro de dos semanas, aunque todavía no confirmó su presencia ante el riesgo de chamuscarse junto a activistas habituados a reivindicar el retorno de los militares.
"El país está mal y la situación empeora con el aumento de la gasolina, el descrédito internacional (del gobierno), la inflación, la precariedad de la seguridad, todo lo cual genera una fuerte indignación", escribió ayer Neves, siempre sintonizado con la línea que baja desde Globo.


El diario de ese multimedios publicó este lunes un artículo no menos sedicioso, donde se lee que Luiz Inácio Lula da Silva "se está volviendo una fuerte amenaza a la democracia".


Lula 2018


Para Venício Lima, los adversarios de Dilma y el PT no se limitan a sabotear la actual administración levantando la bandera de un, todavía incierto, golpe blanco que requiera de una mayoría especial en el Legislativo.


También "están deconstruyendo la imagen de Lula para neutralizar su alta influencia en la opinión pública y, tal vez, para ponerle piedras en el camino a una eventual candidatura en 2018, donde se perfila como un postulante con serias chances".
"Desde la prensa nunca dejaron de golpear a Lula, pero en las últimas semanas ha salido todo tipo de noticias inconsistentes contra él, hasta publicaron que padece cáncer de páncreas, esto fue en el portal UOL de la misma empresa que edita Folha. Lo del cáncer es el summum, es una mentira fácilmente comprobable, ya que si alguien sufre de esa dolencia en el páncreas no sobrevive por mucho tiempo."


"Después de esa noticia extraña de UOL, el diario Valor Económico especuló sobre las relaciones de Lula con el Juego del Bicho (una suerte de quiniela clandestina) sin aportar ninguna prueba seria", recopila el profesor Lima, autor de ensayos y libros sobre poder, medios y democracia.


El cuadro de aislamiento político y comunicacional que hoy afecta a la presidenta presenta algunas semejanzas a lo ocurrido en 2006, luego del escándalo del Mensalao, causante de la mayor crisis del primer gobierno de Lula.


Sitiado por las falsedades de la cadena Globo, el entonces presidente resolvió dejar su despacho en Brasilia y recorrer el país para comunicarse directamente con el público. Fue acusado de chavista, por su estilo directo y la capacidad de cautivar a los vecinos de la Favela Rocinha en Río o los trabajadores de la Mercedes Benz en San Pablo, pero las críticas no revirtieron su decisión de hablar cara a cara con los electores, que finalmente lo reeligieron con cerca del 60 por ciento de los sufragios.
Aquella proeza política de Lula, a la vez que comunicacional (hasta rechazó participar en un debate organizado por Globo), fue desmontada teóricamente por Venício Lima en el libro Los medios y las elecciones de 2006. "Lula ya demostró con su reelección que los medios no son imbatibles a pesar del gran poder que detentan. Creo que si ahora él decide entrar de lleno en escena será un actor temible para la oposición y un respaldo inestimable para Dilma."


"Por otra parte, la sociedad brasileña ya no es tan manipulable como antes, el país cambió gracias a las políticas sociales y millones de personas que antes eran excluidas ahora frecuentan Internet, donde pueden acceder a discursos alternativos."
La semana pasada, Lula, pieza clave en las dos victorias de Rousseff en 2010 y 2014, fue el principal orador durante un acto de respaldo a Petrobras organizado por la Central Unica de Trabajadores en Río de Janeiro. "Defender a Petrobras es defender a Brasil, es defender a los trabajadores, es defender a la democracia", argumentó el ex jefe de los metalúrgicos de San Pablo durante la dictadura militar. Lula cerró su intervención denostando a la prensa por "criminalizar" al gobierno, a Petrobras y al PT, tras lo cual avisó: "Lo que yo quiero es paz y democracia, pero si ellos quieren guerra, yo también sé luchar". Sindicalistas, campesinos sin tierra e intelectuales lo ovacionaron de pie.

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Brasil enfrenta un cuadro especialmente grave

Brasil vive tiempos de tensión creciente e igualmente creciente es la polarización entre gobierno y la verdadera oposición, instalada en los grandes conglomerados de comunicación que obedecen a los intereses de siempre, o sea, de los beneficiados de siempre. Ocurre que esa oposición dispone de un arma efectiva, al contrario de lo que le ocurre al gobierno: la capacidad de manipular y convencer a la opinión pública. La capacidad de los medios brasileños para distorsionar y deformar la información, transformándose en medios de desinformación, es formidable.


Todavía no se llegó al nivel de enfrentamiento existente en Argentina, otro país que padece del mismo mal, para quedarnos en un solo ejemplo de tensión en Sudamérica. Pero de seguir tal como están las cosas (no hay que olvidar que Dilma Rousseff recién cumple dos meses de su segundo mandato presidencial) en poco tiempo las presiones sobre Cristina Fernández podrán ser comparadas a la quietud de un lago austriaco (dicen que son más serenos que los suizos) frente a las que se desplomarán por aquí.


Hay una muy rara huelga de camioneros imponiendo cortes en carreteras, principalmente en el sur del país. Sus exigencias son tan concretas como inviables: quieren rebajas en el precio del gasoil, en los precios de los peajes y aumento en las tarifas que cobran.


Es fácil entender el impacto de una huelga como esa. En Brasil, más de 60 por ciento de las cargas son transportadas por carreteras. En Minas Gerais, por ejemplo, la Fiat tuvo que suspender la producción de unos seis mil automóviles, porque las autopartes no llegaron.


Hay ciudades amenazadas con quedarse sin combustible, porque los caminos están cerrados. Y en otras, como Río de Janeiro, el precio de algunos alimentos experimentó aumentos siderales, porque no llegan a las centrales de distribución. Esta semana, algunos llegaron a costar el doble que hace 15 días.


Hay filas infinitas de camiones impedidos por sus colegas camioneros para llegar a algunos puertos cruciales, tanto para llevar como para buscar productos y luego distribuirlos por regiones del país.


El gobierno, que en este inicio de segundo mandato presidencial dio generosas pruebas de no ser hábil a la hora de dialogar y negociar, ahora al menos tiene una espléndida excusa: es que no hay con quien negociar. Sindicatos y dirigentes de los transportistas parecen atónitos. Nadie sabe de dónde partió la orden de cerrar carreteras, ni de dónde vienen los recursos para mantenerla y para que sea ágil y extensa. Se cierran carreteras en cuatro estados hoy, en otros cinco mañana, en los nueve a la vez pasado mañana. Todo eso, claro está, exige logística y estructura que los sindicatos de clase ignoran de dónde surgieron.
Los grandes medios de comunicación, que a la hora de las manifestaciones callejeras de hace año y medio tanto exigían que las protestas no impidiesen el derecho constitucional de ir y venir en las ciudades, ahora defienden el pleno derecho de camioneros de ir y venir por doquier cerrando carreteras y aislando ciudades. Para el domingo 15 de marzo se convocan marchas de protesta en las ciudades brasileñas. En teoría se trata de protestar contra la corrupción y exigir respeto a la Constitución. Los partidos de oposición se suman a la convocatoria, pidiendo que todo se haga en paz y en orden y respetando los principios del Estado de derecho.


La verdad es realmente otra: se convocan marchas para destituir a Dilma Rousseff. La opinión pública, al menos en los grandes centros urbanos del sureste y del sur brasileño, las regiones más ricas y desarrolladas del país, es bombardeada de manera incesante por la idea de que o se expulsa al PT del gobierno o Brasil explotará. En una sociedad tan poco politizada, más bien ignorante y fácilmente manipulable, esa palabra de orden funciona.


Este es, en verdad, un resumen muy sucinto del tenso clima que se vive en mi país. Muchos medios de comunicación –que funcionan como verdadero monopolio– dicen, con todas las letras, que el gobierno del PT y de Dilma no puede seguir: hay que impedir que eso ocurra.


La oposición, carente de propuestas y huérfana de líderes con arraigo popular, navega al sabor de los vientos soplados por quienes defienden los intereses de las clases dominantes.


La agresividad de los sectores conservadores es muy bien administrada. Para empezar, sus voceros más actuantes dicen que defienden el Estado de derecho y se oponen a la corrupción generalizada. Se quejan de la agresividad del PT. Admiten que la corrupción siempre existió, pero que nunca antes había alcanzado los niveles escandalosos de ahora. O sea, antes se robaba, pero de manera civilizada. Con el PT llegó una gentuza que no tiene idea de lo que sean los buenos modales a la hora de robar. Antes, se robaba poquito. Ahora se roba muchito. Si a todo eso se suma la poca –para ser delicado– habilidad de Dilma Rousseff en las lides de la negociación y del diálogo, resulta claro que el cuadro es grave.


Queda poco tiempo para que la presidenta reaccione de manera clara y concreta contra la imagen que se construye, con velocidad vertiginosa, de una mandataria aislada, debilitada y sin interlocución con el Congreso.


Resta tiempo para que empiece a gobernar.

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Lunes, 12 Enero 2015 06:50

El género en la comunicación

El género en la comunicación

Sandra López es la coordinadora regional del MMM. Impulsa la concreción del quinto monitoreo mundial, que analiza cómo los medios tratan a las mujeres en más de cien países de todo el mundo. Sostiene que hay que educar en la lectura crítica de medios.

"La gran política tiene que ser la educación en lectura crítica de medios." De esta forma sintetizó Sandra López, experta en medios y género, la estrategia básica a implementar por los Estados para lograr medios más igualitarios y por ende más democráticos. En el marco del Seminario Regional "El derecho a la comunicación con enfoque de género en la agenda de desarrollo post-2015", llevado adelante por una organización internacional en Lima, Perú, López habló con Página/12 sobre medios, género y políticas comunicacionales.


Sandra López es profesora en Lengua y literatura con maestría en Antropología y en ambiente de Ecuador. Trabaja en la organización Gamma (Grupo de Apoyo al Movimiento de Mujeres del Azuay, provincia de Ecuador) por una vida libre de violencias, y desde hace 20 años lucha por cambiar los imaginarios sociales que sostienen la discriminación. O mejor dicho, las discriminaciones.


López es la coordinadora regional del Monitoreo Mundial de Medios. Desde ese rol está organizando ya las estrategias para concretar este año el Monitoreo Global de Medios que lleva adelante la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC), una ONG que viene trabajando hace 50 años en esta línea. Y que cada cinco años, y siguiendo con las pautas trazadas en la Conferencia de la Mujer de Beijing (1995), registra y analiza cómo los medios de comunicación tratan a las mujeres en más de cien países de todo el mundo.

López explica el origen de los monitoreos. Surgen, dice, "con la pregunta de conocer qué está pasando en las bases del machismo, en las bases que sostienen la discriminación contra las mujeres. Se vio que los medios de comunicación son una de las grandes instituciones sociales, así como la familia, la religión, la educación. Pero los medios de comunicación con una gran capacidad de llegada, y por el tiempo que permanecen en relación con las personas, son como el espacio social privilegiado donde se reproducen los estereotipos de género".

"Un grupo de feministas pensó en analizar qué está pasando, porque una cosa es ver por intuición o saber percibir una frase o una imagen sexista en un medio, pero otra cosa es tener datos más objetivos, que se puedan manejar para difundir, para hacer capacitaciones y también para presentar evidencia, para que no sea solamente una opinión sin fundamento", relata.


Así surgió el monitoreo como una investigación transversal, en un día y un momento determinados (este año tendrá lugar entre marzo y abril), que invita a participar a cuantos países quieran sumarse.


En el primer monitoreo observaron que "los resultados eran alarmantes. Si la intuición nos decía que había sexismo en los medios, el primer monitoreo mundial demostró que es más que sexismo, que la invisibilización de las mujeres era altísima, que casi no había presencia de mujeres reporteras, de editorialistas –dijo López–. Que cuando se hablaba de las mujeres estábamos en la farándula o en los concursos de belleza, estábamos sufriendo por la pobreza o por la violencia, que nunca estábamos haciendo análisis económico, político. Entonces con esos datos se vio que era necesario hacer seguimientos. Y se hacen cada cinco años para hacer seguimiento y también para hacer incidencia".


–¿Qué cambió en estos 20 años?

–Ha cambiado ligeramente la representación de las mujeres en los medios, ha aumentado. A partir de la cumbre de Beijing del '95 que implicaba también algunos compromisos de los gobiernos, por ejemplo, cambió la participación política de las mujeres, con lo que hay una mayor visibilidad también. Entonces hay mayor participación política, hay mayor cantidad de mujeres en cargos, presidentas, en asambleas; eso hace que suba un poco el número de mujeres en la representación.

Sin embargo, temas como análisis políticos siguen con casi nula participación de las mujeres. Hay que decir que se hace en más de cien países y que no importa el sistema político, si el sistema es de derecha o de izquierda: la representación en los medios es baja; no importa si es religión islámica o católica: en la mayor parte de los países la representación de las mujeres no cambia; no importa si es un país industrializado o no. Entonces eso nos da pautas para hacer ya un quinto Monitoreo Mundial de Medios en 2015, primero para analizar los cambios que se están dando. Y después para trazar estrategias de mayor incidencia que permitan lograr cambios más rápidamente, porque en 20 años son muy lentos los cambios.


–¿Cuáles son los retos para este monitoreo?

–Queremos integrar a más países. Además queremos integrar medios digitales y redes sociales; monitorear Twitter, por ejemplo.


–¿Cuántos países participan de la región?

–De Sudamérica prácticamente están todos y de Centroamérica sólo falta contacto en Honduras. En el Caribe hay poca organización, así que aprovechamos a invitar a organizaciones de esos países para que se contacten.


–El monitoreo coincide con la Conferencia Beijing+20. ¿Cómo puede incidir este trabajo en lo que suceda allí, dónde se van a revisar las recomendaciones de 1995 en materia de comunicación?

Desde el monitoreo anterior, la WACC logró posicionarse como una de las voces privilegiadas frente a Naciones Unidas en temas de comunicación y género. Ya Naciones Unidas adopta el monitoreo mundial para la estrategia de incidencia. Entonces ahora hacia Beijing+20 los datos van a servir para sustentar sobre todo la esfera número 10, que es la relacionada con medios de comunicación, imaginarios sociales, estereotipos de género, derecho a la comunicación. Pero además está la Cumbre Post-15 por los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que también viene el año próximo. Entonces yo pienso que es un tiempo de incidencia fuerte. Después de 20 años se ha logrado entrar en espacios más estratégicos y creo que ya hay una voluntad de los Estados que, ya sea porque se ven obligados o porque reciben demasiadas críticas, no les queda más remedio que meterse a ver qué hacen con este tipo de problemática y qué van a hacer frente a esos objetivos.


Así que yo creo que el escenario mundial es interesante. Los datos van a llegar a donde deben llegar y van a enriquecer la elaboración, la redefinición, la nueva elaboración de objetivos en ambas cumbres.


–¿Qué hace falta cambiar para lograr una comunicación y unos medios más igualitarios?

–Si queremos cambiar imaginarios, tenemos que recordar que somos parte de una especie privilegiada, que no por ello puede explotar a otras especies y peor: explotarse entre la propia especie.

–¿Y pensando en políticas para los medios?

–Yo creo que la gran política tiene que ser la educación en lectura crítica de medios. No creo que podamos seguir esperando mucho de los marcos regulatorios. Yo creo que hay que trabajar mucho en la autorregulación, y la autorregulación sólo puede venir de una conciencia crítica.

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Lunes, 13 Octubre 2014 09:47

Tiempos Modernos

Tiempos Modernos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Jueves, 31 Octubre 2013 08:28

Un ente regulador para los medios

Los grandes grupos de la prensa británica no pudieron evitar con un recurso judicial de último minuto que se aprobara un nuevo sistema regulador a la luz de los escándalos de escuchas telefónicas. El Consejo Asesor de la reina de Inglaterra, compuesto por altos funcionarios y miembros del gobierno, sancionó el nuevo régimen que contempla la creación de un órgano regulador y otro veedor con poderes ampliados y multas de más de un millón de dólares por la violación del código ético de la prensa.

 

En un día de alto voltaje dramático, dos instancias judiciales rechazaron el recurso de los grandes conglomerados mediáticos para que se bloqueara la aprobación del nuevo sistema. Según el juez Stephen Richards, la prensa "tuvo muchísimo tiempo para presentar sus argumentos" sobre el nuevo marco regulatorio y su demanda era "en el mejor de los casos muy floja". Los conglomerados –el News Corp de Murdoch, el Daily Mail and General Trust y el Trinity Mirror– apelaron nuevamente por la tarde ante la corte, que volvió a negarles una orden interina para bloquear el nuevo sistema.


El nuevo sistema, consensuado por los tres principales partidos políticos, reemplaza a la Comisión de Quejas sobre la Prensa que se mostró totalmente inoperante durante las últimas dos décadas, escenario de los escándalos de la familia real y, finalmente, el de las escuchas. Como por la mano de algún demiurgo, al mismo tiempo que la Justicia despejaba el camino para la promulgación oficial del nuevo sistema, tres periodistas se declaraban culpables ante la Corte Criminal de Old Bailey de interceptar comunicaciones e interferir el teléfono de una colegiala secuestrada y asesinada, Milly Dowler. El caso de Dowler provocó renuncias en masa en el grupo Murdoch, el cierre del dominical News of the World y forzó al gobierno a crear en 2011 la Comisión Leveson, que propuso un nuevo sistema regulatorio.


La vieja Comisión de Quejas sobre la Prensa era un mecanismo de autorregulación sin poderes de investigación o sanción de la prensa y con un código ético blando que nadie respetaba. El actual sistema propone la creación de un regulador, nombrado por la misma prensa pero sin editores o miembros de los periódicos en su directorio, y un panel veedor que vigilará que el regulador respete el código ético y se comporte de manera independiente.


La propuesta, criticada en un principio por las víctimas de las escuchas telefónicas, intentaba mantener un difícil equilibrio entre una suerte de autorregulación de la prensa –que nombran al comité regulador– y una garantía de que este comité actuará de manera independiente gracias a la vigilancia del órgano supervisor. En un intento de garantizar la libertad de prensa y la no interferencia política, el órgano supervisor no podrá estar integrado por periodistas, políticos o funcionarios públicos.


El sistema tiene un talón de Aquiles: es voluntario. Los periódicos sólo estarán sometidos a esta regulación si aceptan participar. Esta participación está alentada por incentivos que favorecen que las quejas contra la prensa se resuelvan por procesos internos de arbitraje y que autorizan a las cortes a tratar de manera diferente a un periódico en caso de que no forme parte del sistema.


Estos incentivos no bastaron para los mandamás de la prensa que ahora deben decidir si forman parte del sistema o lo boicotean, generando un potencial enfrentamiento entre el Parlamento y los medios. El director ejecutivo de The Times, Roger Alton, insinuó que habrá una resistencia en masa. "Una idea que fue consensuada entre políticos y lobbistas antiprensa mientras comían pizza no va a controlar la prensa, que es clave para la democracia. Lo resistiremos", señaló.


Ningún diario ha anunciado su participación en el sistema, pero no todos apelaron en contra de su existencia. The Guardian, Financial Times y The Independent se mantuvieron al margen de la acción judicial. El grupo Hacked Off, fundado por las víctimas de las escuchas, entre otros el actor Hugh Grant, condenó duramente el llamado a la resistencia. "Murdoch y sus amigos se están aferrando al derecho a mentir, intimidar, entrometerse y hacer miserable a la gente", señaló el director ejecutivo de Hacked Off, Brian Cathcart.

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“Un ‘gobierno abierto’ supone la desaparición del secreto”

Oszlak analiza los puntos de encuentro que produce el ‘gobierno abierto’ entre la gestión pública, la participación ciudadana y las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (las TIC). Aunque considera fundamental un cambio cultural desde los gobiernos así como desde la participación ciudadana.

 

–¿Porqué decide trabajar cuestiones ligadas al “gobierno abierto”?

 

–En los últimos tiempos he trabajado cuestiones sobre democracia deliberativa y participación ciudadana. Justamente a partir de este proyecto de auditoría ciudadana que llevó a cabo el Gobierno y que yo tuve oportunidad de evaluar para Naciones Unidas, de pronto me encuentro con la iniciativa del “gobierno abierto”, casi de casualidad. Me di cuenta entonces de que había un abismo entre toda la literatura que yo manejo en materia de gestión pública, toda la literatura que viene del lado de la participación ciudadana que es muy distinta y en tercer lugar una corriente que viene del lado de las Tecnologías de la Información y del Conocimiento (TIC). En la medida que “gobierno abierto” implica una interacción entre la gestión pública, la participación ciudadana intermediada por las TIC, encontré una desarticulación entre tres literaturas que están confluyendo. Me interesó trabajar los supuestos de los cuales surge el “gobierno abierto”.

 

–¿Cómo define “gobierno abierto”?

 

–Hay distintas interpretaciones sobre lo que es “gobierno abierto”. Yo en realidad hablaría de “Estado abierto”, porque lo que ocurre es que el término originariamente fue propuesto por el presidente Obama, cuando declara el “Open goverment”, cuando asume su primer mandato. Y lo que ocurre es que el término Estado en Estados Unidos, refiere a las unidades subnacionales, a los estados. Pero no equivale a la idea de Estado como la entendemos en Argentina, o en Europa. En Estados Unidos se habla de “Government”, se habla de gobierno. De ahí que quedó “gobierno abierto”, pero yo me pregunto ¿Por qué no abrir los demás poderes del Estado? Incluso todo el sector paraestatal, incluso las Organizaciones No Gubernamentales, u organizaciones reconocidas por el Estado, o empresas en las que el Estado tenga participación accionaria. Es decir, tanto en la Legislatura (de hecho hay un proyecto del Congreso nacional, de “Congreso abierto”) como el Poder Judicial deben ser poderes abiertos. En la medida en que cualquier organización social y los ciudadanos en general podrían requerir la información. Entonces me parece limitado hablar de “gobierno abierto”. Pero en todo caso el “gobierno abierto” implica la posibilidad de que los ciudadanos adquieran nuevos roles en su relación con el Estado. En lugar de ser usuarios de servicios del Estado, o de algunos programas gubernamentales, puedan actuar en un triple rol: primero en el proceso de definición de políticas públicas, en segundo lugar en la coproducción de bienes y servicios junto con el Estado y en tercer lugar como monitores o evaluadores de la gestión pública. Esto se ve habilitado a través de las tecnologías, sobre todo de la web 2.0, que hoy permiten una relación fluida de comunicación entre el Estado y la ciudadanía.

 

–¿Considera que el “gobierno abierto” debe ser impulsado desde el Estado o desde la ciudadanía?

 

–Considero que tanto el Estado como la ciudadanía pueden impulsarlo. Desde el Estado los países de América latina han firmado acuerdos sobre participación ciudadana. Donde se comprometen a impulsar desde el Estado el desarrollo de iniciativas que no solamente promuevan la participación ciudadana, sino que además la promuevan en los sectores vulnerables de la sociedad. Es decir, es una responsabilidad del Estado, pero al mismo tiempo con este tipo de iniciativas corre el peligro de que exista algún tipo de manipulación política. Ha ocurrido en algunos casos incluso a través de gobiernos militares, como en el caso de Perú con el Sinamos, que fue un proyecto de Velasco Alvarado de movilización popular, pero claramente manipulado desde el Estado. Pero en la medida en que sea genuino creo que es legítimo que el Estado promueva formas de participación ciudadana. Naturalmente las organizaciones ciudadanas también tienen no solamente la posibilidad sino también la responsabilidad, o casi el deber, de promover esa participación. Lo que ocurre es que la gente no participa fácilmente. Es interesante que estas instancias inciten a la participación.

 

–¿Cómo es posible impulsar la participación?

 

–Hace algunos años hubo una campaña en Francia para que el gobierno introdujera una serie de reformas a la gestión pública. La campaña se hizo bajo el lema “Faites aboutir une idée” es decir, haga que una idea se concrete. Se recibieron 500.000 propuestas que se depositaban en buzones. Eso se procesó y se implementaron algo así como 2500 ideas. Es difícil pensar que cada ciudadano puede interactuar con cada funcionario público. Entonces se supone que son organizaciones sociales las que actúan de hecho. No es fácil la participación. En la democracia Griega, habían 35 o 37 mil ciudadanos que iban a la plaza a debatir, pero esto era posible gracias al trabajo de los esclavos que ellos tenían. Así es fácil que funcione una democracia. En este momento estoy trabajando en un libro a partir de encuestas que ha hecho el gobierno nacional, donde figura que el 90 por ciento o más están totalmente a favor de la participación, pero los que participan efectivamente son muy pocos. Y cuando señalan las organizaciones en las que participan, un 50 por ciento participa en la Iglesia y en otro porcentaje muy alto en cooperativas escolares, es decir, hay poca gente que participa en partidos políticos. Por otro lado cuando se le pregunta a la gente porqué no participa, hay múltiples respuestas: la mayoría va en la dirección de que no tienen tiempo, otros dicen que tienen que trabajar y lo consideran una pérdida de tiempo, etc. Esa es una respuesta típica de los ciudadanos. Para avanzar en este terreno va a haber que hacer un esfuerzo enorme del lado del Estado como del lado de la sociedad. Se va a avanzar poco a poco, es un problema de instalación de una nueva cultura. La tecnología abre una gran posibilidad.

 

–¿Qué posibilidades abriría una ley de libre acceso a la información pública?

 

–Nosotros tenemos un decreto que firmó el presidente Kirchner en 2004, por el cual el poder ejecutivo declara la apertura de la información por parte del Estado y el derecho de cualquier ciudadano a acceder a cualquier tipo de información con algunas restricciones. No solamente eso, sino que fija condiciones muy severas respecto del plazo, por ejemplo, que tienen los representantes del Estado a los que se les solicita información para responder a las consultas de los ciudadanos o de las organizaciones sociales. Solamente en caso de que sea información reservada por cuestiones estratégicas o si se trata de información que hace a la intimidad de las personas, en ese caso la información puede negarse. Pero incluso hay formas de apelación si se considera que la información debe ser pública. Eso ha dado lugar a reclamos de organizaciones sociales que han solicitado determinados tipos de información.

 

–¿El “gobierno abierto” puede realmente fortalecer las instituciones de manera que los gobiernos sucesivos no vulneren los fundamentos del Estado?

 

–Una cosa es lo que “gobierno abierto” se propone. Otra cosa es lo que supone que deben ser las transformaciones en la sociedad y en el Estado. Voy a ponerlo de la siguiente manera: por una parte tenemos una serie de restricciones desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, hay una modalidad de organización del Estado, hay una cierta cultura, etc. Una de las características típicas del funcionamiento del Estado es el secreto. Esto determina que ningún funcionario esté demasiado dispuesto a que su gestión sea observable. En especial que no sea observable por la ciudadanía. Entonces un “gobierno abierto” supone la desaparición del secreto. En segundo lugar se supone que si se abren los canales de participación y si se abre el Estado, a la vista y a la acción los ciudadanos van a estar prontamente listos a participar. Los ciudadanos pueden ponderar positivamente la participación pero al mismo tiempo ser renuentes a participar. En realidad la gente participa cuando hay alguna necesidad insatisfecha que se vuelve impostergable. Si no sucede esto, es decir, si se invita a la ciudadanía a través de audiencias públicas o a través de redes sociales, por ejemplo si se envían propuestas o mensajes al gobierno y se establece una relación de doble vía entre el ciudadano y el Estado, al mismo tiempo el funcionario público debería estar dispuesto a recibir la propuesta y considerar al ciudadano como un interlocutor. Esto supone un nuevo estilo de gestión pública. Entonces si consideramos cuales son las resistencias del Estado en cuanto a abrir la caja negra, y por otro lado los problemas de la ciudadanía para articular sus intereses y sus demandas, en ambos polos tenemos problemas. Es necesario agregar que también hay problemas desde los sistemas de información, que son la conexión. Las TIC, que son las tecnologías de la información y el conocimiento, hoy en día posibilitan ese diálogo, peor al mismo tiempo el caudal de información es tan grande que cada vez se hace menos inteligible la posibilidad de elaborar los datos, para comprender un problema y finalmente para actuar en función de ello. Es decir, hay muchos datos, hay poca información y hay mucho más escaso conocimiento. Para ponerlo como una metáfora: si estoy en una habitación oscura y enciendo un fósforo en un rincón, puedo atisbar qué hay en ese rincón, pero no sé qué hay en el resto de la habitación. Sólo en una conexión de varias luces, y luego de varias habitaciones puedo llegar a conocer le lugar en el que estoy. Sólo en función de esa comprensión puedo actuar.

 

–¿El “gobierno abierto” puede ser un ampliación de la democracia, así como una herramienta de control?

 

–En Estados Unidos, tengo entendido que conocían las preferencias de cada votante, a tal punto que iban a tocarles el timbre. Yo creo que el punto es, hasta dónde la participación es genuina, es legítima, está inspirada en la necesidad de utilizar la inteligencia colectiva para mejorar las políticas y mejorar la gestión. O se si encuentra al servicio de la manipulación a través de mensajes ideologizados.

 

–Me interesa lo que usted destaca como condición básica para que la tecnología incida sobre la cultura: que exista voluntad política para difundir e imponer sus aplicaciones, con todas las consecuencias que ello implica. ¿Cuáles son esas consecuencias?

 

–Me refiero a lo que un gobernador de los Estados Unidos le decía a su equipo: Nunca pongan juntos una fecha y un resultado porque siempre va a haber alguien para enrostrarle el no haber cumplido con la promesa. Esto pone de manifiesto una de las características fundamentales de la filosofía del “gobierno abierto”, y es que uno está dispuesto a entregar información, o a ser transparente. Este gobernador señalaba que no tenía sentido repartir municiones gratuitamente. Porque en definitiva la información es poder, en este sentido nadie está dispuesto a repartirlo gratuitamente. Supongamos que el funcionario quiere mantenerse en el poder y mantener su viabilidad política, porque está comprometido con una misión y quiere que se conozcan mis esfuerzos, mis promesas y mis resultados. Entonces si alguien está dispuesto a hacerlo tratará de imponer a sus subalternos que adopten la misma filosofía. Cuando Obama lanzó esta iniciativa en su primer gobierno, planteó un triple objetivo: por un lado la transparencia, la participación y la colaboración. El orden de cómo lo planteó sea tal vez el orden lógico o necesario a seguir por la trayectoria del “gobierno abierto”. En este gobierno se observan iniciativas de mayor transparencia. Participé hace poco como jurado y organizador de un concurso de iniciativas en materia de “gobierno abierto” en América latina. Argentina entre otros obtuvieron premios por sus propuestas. Casi todas las iniciativas apuntan a la transparencia. No ha habido demasiadas propuestas referentes a la participación. Quizás lo más cercano a ello es el presupuesto participativo en Brasil.

 

–¿En qué consiste el proyecto de Brasil?

 

–Se hizo en Porto Alegre y luego se retomó en Rosario y Córdoba. El gobierno decide que un porcentaje del gasto público sea decidido por los ciudadanos para realizar obras, proyectos o programas. En las ciudades, los ciudadanos de distintos barrios votan los proyectos que vale la pena llevar a cabo. Así se incorporan estas propuestas al proyecto de presupuesto que luego vota el Concejo Deliberante.

 

–¿Qué transformaciones puede producir el proyecto aprobado por la Unasur para construir un anillo de fibra óptica en América latina?

 

–El anillo de fibra óptica se anunció hace pocos días. Es un intento de democratización de Internet. Porque lo que ocurre es que el flujo de comunicación que se produce en América latina, pasa fundamentalmente a través de Estados Unidos. Esto crea una enorme dependencia además de un costo altísimo. En este momento el 80 pior ciento de todo el flujo de datos de Américo latina tiene que atravesar la ruta estadounidense. En Asia, esa dependencia es de la mitad, y en Europa es cuatro veces menor. Se supone que este anillo se va a terminar en aproximadamente dos años. Me parece que es una iniciativa muy importante de la Unasur, va a suponer un tendido de unos 10.000 kilómetros. Esto es altamente positivo, ya que va a facilitar las comunicaciones. Creo que va a suspender la dependencia de Estados Unidos, lo cual no es algo menor y un menor costo para le región. Desde la perspectiva del “gobierno abierto”, no sé qué cambios eso puede traer.

 

–¿Cree que Argentina presenta condiciones potenciales para implementar políticas ligadas al “gobierno abierto”?

 

–Es muy difícil hablar de Argentina en abstracto, tenemos que hablar de la Argentina actual, o en todo caso de la Argentina futura. Yo creo que nuestro país tiene condiciones muy favorables para que este tipo de filosofía pueda concretarse. Primero porque somos una sociedad muy movilizada, una sociedad muy acostumbrada a la defensa de sus derechos, una sociedad que ha padecido gobiernos autoritarios y que cada vez que se produjo una reapertura democrática salió a la calle a reivindicar y con cada crisis también salió a protestar. De manera que desde el punto de vista de la movilización ciudadana hay buenas condiciones. Creo que es una cuestión de que haya promoción desde el Estado. Primero una voluntad de apertura de los canales, y de creación de nuevos canales. La mayor esperanza de avance en esta dirección la veo en los municipios. Si va a haber “gobierno abierto”, va a empezar en los municipios, porque es el nivel más próximo de comunicación, interacción y servicios. Allí sí están produciendo experiencias muy importantes. Por ejemplo Rafaela, Bahía Blanca, Morón, la provincia de Entre Ríos, etc.

 

Creo que desde los gobiernos, esto se va a producir cuando los políticos adviertan que esta apertura puede generar adhesión por parte de la ciudadanía.

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