Soldados estadunidenses llegan a la base Davis-Monthan en Arizona. Según analistas, para reforzar su discurso antimigrante Trump planea enviar a más de 15 mil soldados a la frontera con México, dos días antes de las elecciones legislativas.Foto Afp

Washington. El despliegue militar de hasta 15 mil efectivos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para detener la caravana de migrantes centroamericanos que se dirige a su frontera con México costará un mínimo de 200 millones de dólares, informaron ayer analistas y miembros del Pentágono al diario The Washington Post.

Por otra parte, el mandatario advirtió ayer que una victoria demócrata en las elecciones legislativas del próximo martes precipitaría la llegada del socialismo y de hordas de criminales provenientes de América Central.

Veteranos y legisladores demócratas se quejan de que Trump malgasta los fondos militares en una maniobra políticamente motivada antes de las elecciones intermedias del próximo martes, en un momento en que el presupuesto del Pentágono está bajo presión para reducir gastos.

Analistas del Pentágono calcularon que el monto de 200 millones de dólares se alcance para finales de 2018, pero podría crecer significativamente si las operaciones militares antimigrantes continúan en la zona fronteriza el próximo año.

El costo de los despliegues militares es una pequeña parte de los 716 mil millones de dólares destinados al presupuesto anual del Departamento de Defensa. Las operaciones militares se anuncian en un momento en que la Casa Blanca ordenó recientemente al Pentágono reducir sus gastos a 33 mil millones de dólares, en respuesta al mayor aumento del déficit federal en seis años.

Documentos de planificación militar, fechados el 27 de octubre y publicados por la revista Newsweek, estiman que 20 por ciento de los migrantes o aproximadamente mil 400 (de los 7 mil que integran la caravana) podrían completar el viaje hasta la frontera.

Esto ha generado dudas sobre el tamaño del despliegue anunciado por Trump, que de totalizar 15 mil efectivos sería equivalente a la presencia militar estadunidense en Afganistán.

El general retirado Martin Dempsey, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, describió en Twitter el despliegue como "un desperdicio" y aseguró que los marines y militares ya estaban sobrecargados.

Asimismo, Trump dijo ayer a los estadunidenses que de ganar las elecciones, los demócratas "impondrán el socialismo. Bienvenidos a Venezuela".

En un mitin de campaña realizado en Pensacola, Florida, en respaldo a los candidatos republicanos al Senado y a la gubernatura del estado, Rick Scott y Ron DeSantis, respectivamente, agregó que los demócratas "quieren borrar las fronteras" y dar más derechos "a los clandestinos que a los ciudadanos estadunidenses".

Desde hace varias semanas, Trump habla en términos alarmantes sobre las caravanas de varios miles de migrantes centroamericanos que atraviesan México rumbo a Estados Unidos, contra quienes ordenó el despliegue de miles de soldados en la frontera mexicana. Asegura que 300 de esos migrantes son "muy malos", datos que afirmó haber recibido de las autoridades mexicanas. "Las alambradas pueden ser una muy buena cosa cuando están bien colocadas", agregó.

Su mensaje fue reiterado en Twitter. "Si usted quiere proteger a los extranjeros criminales, vote demócrata. Si usted quiere proteger a los estadunidenses respetuosos de la ley, vote republicano".

En este contexto, el anuncio político de Trump que incluye un video del mexicano Luis Bracamontes mientras sonríe y alardea sobre el asesinato de policías puso en la mira al famoso ex jefe policial Joe Arpaio, quien lo detuvo y dejó libre hace años.

"Yo jamás dejaría en libertad a un ilegal. Creo que mi reputación ha mostrado y muestra eso desde hace muchísimos años", señaló el ex sheriff de la zona metropolitana de Phoenix. En 2014 Bracamontes fue declarado culpable de matar a dos agentes en California, cuando vivía ahí sin permiso migratorio.

En otro orden, Twitter informó ayer que eliminó miles de cuentas automáticas en Estados Unidos, muchas de ellas de supuestos demócratas, que publicaban llamados a abstenerse de votar en las elecciones intermedias del 6 de noviembre.

La red social indicó en un comunicado que suprimió "cuentas que intentaban divulgar información falsa de forma automática violando nuestras reglas".

Según la cadena CNN, el comité de campaña del Partido Demócrata alertó a Twitter sobre las cuentas, que fueron suprimidas entre septiembre y octubre.

Sin brindar mayores detalles, Twitter precisó que la red parecía estar dirigida desde Estados Unidos. Tras las acusaciones de intervención de Rusia durante la campaña presidencial de 2016, la firma explicó que buscó eliminar cuentas falsas o automáticas destinadas a manipular el debate público sobre la red social antes de las elecciones legislativas.

Durante dos años, Facebook y otras redes sociales han combatido la desinformación y los mensajes de odio.

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Trump amaga con poner fin al "abuso desenfrenado" de pedidos de asilo en EU

Reitera que el país está amenazado por caravanas de delincuentes

 

Nueva York. Ante lo que llamó una "invasión" de caravanas llenas de "hombres duros", el presidente Donald Trump anunció que buscará limitar el proceso de asilo, amenazó con enviar a "ciudades de carpas" a miles de migrantes y sus familias que se atrevan cruzar la frontera, y advirtió que cualquiera que lance piedras contra los soldados desplegados en la zona será enfrentado como si atacara con balas.

En lo que ya parece una parodia al repetir exageraciones y falsedades, Trump advirtió que "grandes caravanas de migrantes marchan hacia nuestra frontera sureña", en algo que es "como una invasión" que pone en peligro a Estados Unidos, reiterando –sin ninguna prueba– que hay muchos malhechores entre sus integrantes.

Al afirmar que la mayoría de solicitantes a los que se deja en libertad mientras esperan sus citas con jueces jamás regresan a los tribunales (76 por ciento sí lo hace, según cifras oficiales, y de las familias solicitando asilo 96 por ciento se presentaron, de acuerdo con una investigación reciente) e inventar que hay más de 20 millones de indocumentados (su propio gobierno dice que son aproximadamente 11 millones) Trump insistió en que como presidente tiene que entrar en acción.

Más aún, como lo ha hecho en los pasados tres años, otra vez buscó ligar la migración indocumentada con las drogas, al insistir en que éstas están envenenando a los jóvenes estadunidenses.

Anunció que buscará negar el asilo a miles de solicitantes. "Mi gobierno está por terminar un plan para poner fin al desenfrenado abuso de nuestro sistema de asilo y para frenar el flujo peligroso y establecer control sobre las fronteras soberanas de Estados Unidos", afirmó sin ofrecer detalles.

Explicó, sin mucha claridad, que según su plan, que será emitido con una orden ejecutiva la semana próxima, los solicitantes ya no serán autorizadosa a ingresar al país sólo con presentar lo que llamó "solicitudes de asilo sin mérito", y subrayó que los que no ingresen por un punto de entrada oficial de manera legal e ingresen ilegalmente "ya no podrán usar sus solicitudes sin mérito para ingresar a nuestro país".

De acuerdo con las leyes migratorias, cualquier migrante dentro de este país, sin importar si llega con o sin documentos, y si ingresa o no por un punto oficial, puede solicitar asilo.

Expertos reiteraron que no se puede cambiar la ley por medio de una orden ejecutiva, y que las propuestas violan el derecho internacional. Trump rechazó este jueves el primer argumento al esgrimir que los migrantes en la caravana no son solicitantes de asilo "legítimos" y dejó en claro que le importaba poco la ley internacional sobre el tema. "A estas caravanas ilegales no les será permitido entrar a Estados Unidos. Deben regresarse ahora. Están perdiendo su tiempo".

Más aún, Trump subrayó que México les ha ofrecido asilo y asistencia, y los que no lo han aceptado son sospechosos de que no necesitan tal protección.

Afirmó que las instalaciones actuales para detener a familias están saturadas, y que por tanto, el Pentágono construirá "ciudades masivas de carpas" donde los solicitantes tendrán que esperar años, ya que no serán liberados como antes. Hace meses se había informado que el Pentágono también está ubicando otros centros de detención de familias, incluso en algunas bases militares.

Todo esto mientras Trump ordenó el despliegue de 5 mil 200 soldados más a la frontera (para sumarse a las más de 2 mil que ya se encuentran en la franja fronteriza desde abril) y donde el miércoles anunció que estaría dispuesto a enviar hasta 15 mil, en lo que algunos con memoria calificaron como el mayor envío de tropas a la frontera desde la Revolución Mexicana.

Como prueba de qué tan peligrosas son las caravanas, el presidente afirmó que habían "pasado violentamente" por México y que soldados mexicanos resultaron heridos al tratar de frenar su paso. Al preguntarle si las fuerzas militares estadunidenses podrían usar "fuerza letal", Trump comentó: “si aquellos (los migrantes) quieren aventar piedras a nuestros militares, nuestros militares responden… lo vamos a considerar; les dije que lo consideren como un rifle”.

Según el Pentágono, los militares serán desplegados sólo para apoyar a la Patrulla Fronteriza y otras agencias civiles, y no para detener o intervenir con los migrantes.

Mientras tanto, legisladores republicanos han solicitado al Departamento de Justicia tratar de identificar "los actores responsables de esta invasión".

Organizaciones de defensa de inmigrantes, expertos en leyes de inmigración, entre otros, continuaron, como han tenido que hacer cada día, reprobando los motivos y el contenido de las declaraciones de Trump. "El anuncio de este jueves es un truco político peligroso que busca anular un derecho vital de individuos que huyen de la violencia y la persecución en sus países", declaró Beth Werlin, directora ejecutiva del American Immigration Council. Subrayó que según la ley cualquier persona, sin importar cómo ingresó, puede solicitar asilo.

Omar Jadwat, director del proyecto de derechos inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), declaró: "lo que queda claro del momento y el carácter vago de las declaraciones (de Trump) de este jueves es que sencillamente está intentando enardecer a su base en la recta final rumbo a las elecciones intermedias".

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Jueves, 25 Octubre 2018 06:08

EU y el éxodo centroamericano

EU y el éxodo centroamericano

El éxodo de centroamericanos, principalmente hacia Estados Unidos, ha sido visibilizado por la actual caravana que atraviesa México, pero es un fenómeno de larga data. En 2017 la Organización Internacional de Migraciones, agencia de la ONU, informó que 450 mil migrantes, predominantemente centroamericanos, cruzan anualmente México rumbo al país del norte. Este fenómeno comenzó a tomar auge en los años 80 del siglo pasado a consecuencia del masivo apoyo de Washington a los ejércitos y fuerzas represivas de El Salvador y Guatemala en su cruenta guerra contra los movimientos de liberación de esos países que, junto a Honduras, fueron muy afectados. La guerra originó, sobre todo en El Salvador, un gran flujo de refugiados, entre ellos miles de jóvenes huérfanos, rumbo a la potencia norteña.

No era la primera ni la última ocasión en que el imperialismo estadunidense intervenía en los países centroamericanos. Desde principios del siglo XX Washington envió decenas de veces los marines a imponer sus deseos a esa región de nuestra América. Es conocida la heroica gesta de Augusto César Sandino y su "pequeño ejército loco" contra la intervención militar yanqui del primer cuarto del siglo XX en Nicaragua. Décadas después, ese país y el gobierno de Frente Sandinista de Liberación sufrirían una implacable y sangrienta agresión del gobierno de Ronald Reagan. Un ejército contrarrevolucionario organizado y armado ilegalmente por Estados Unidos era abastecido por aire desde Honduras en un operativo de la CIA, el Irán-Contras, implementado desde allí por terroristas de origen cubano. Los aviones venían cargados de armas desde territorio estadunidense y regresaban con drogas a ese país. A la vez, esa agencia articuló los escuadrones de la muerte que, a costa de graves violaciones a los derechos humanos, mantuvieron a raya a los revolucionarios hondureños. En 1989, George Bush padre ordenó la artera invasión de Panamá que costó la vida de 3 mil personas.

En 2009, desde la base militar de Soto Cano, en Honduras, donde radica la fuerza de tarea Bravo, del Comando Sur de Estados Unidos, éste digitó el golpe de estado contra el presidente Manuel Zelaya. Esa acción tiene mucho que ver con los hechos que han conducido a la migración masiva de centroamericanos. Zelaya ingresó al ALBA y estableció una fluida relación de cooperación con la Venezuela chavista. Logró que la OEA levantara la exclusión de Cuba en una asamblea general del organismo celebrada en su país e intentaba organizar una asamblea constituyente para transferir al pueblo hondureño el control de su soberanía nacional y de sus recursos naturales. Nada de esto era tolerable para Washington, que no sólo ordenó el golpe, sino que hizo cuanto estuvo a su alcance para consolidarlo. Desde entonces todas las elecciones en Honduras han sido fraudulentas, incluyendo la que aupó al actual gobernante Juan Orlando Hernández. Zelaya, aliado a la Nicaragua de Daniel Ortega, habría sido un obstáculo para los planes de saqueo y expansión territorial a través de las trasnacionales mineras y las Zonas Económicas Especiales.

La génesis de la actual e incontenible corriente migratoria fue la aplicación a rajatabla en Centroamérica de las políticas neoliberales diseñadas por el llamado Consenso de Washington, que se han hecho cada vez más cruentas e insostenibles. Los pueblos de América Latina y el Caribe están siendo sometidos a una segunda reconquista y recolonización, por medio de las grandes empresas y la militarización impulsada por Estados Unidos, que incluye la presencia de bases militares en nuestros países. Gobiernos satélites del imperialismo brindan todas las facilidades a las trasnacionales en sus planes expansionistas de acelerada depredación de los recursos naturales y superexplotación de la fuerza de trabajo. Todo ello mediante el despojo de sus tierras y aguas a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, reprimidas, cuando se rebelan, no sólo por los cuerpos de seguridad. También, con frecuencia, por el llamado crimen organizado, que resulta muy recompensado a cambio. Unido a esto, la ruptura de cadenas productivas que ha conducido a la desindustrialización y a la pérdida de miles de puestos de trabajo.

Esta agresión neoliberal a las formas previas de organización productiva capitalista, con el consiguiente desempleo y quiebra del tejido social es la causa mayor del creciente desplazamiento y éxodo forzado de millones de personas hacia Estados Unidos. Pero la agrava considerablemente el auge imparable de las organizaciones criminales y la brutal violencia que ejercen contra pueblos y comunidades, cuyo mapa de actuación se superpone al de los megaproyectos del neoliberalismo .

No es en Caracas, es en Washington, donde hace tiempo se viene gestando la tragedia migratoria de Centroamérica y México.

Twitter: @aguerraguerra

 

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 Los migrantes centroamericanos aguardan a entrar a México en el puente sobre el Suchiate. Hector Guerrero / atlas

Plegarias, desesperación e incertidumbre. Así aguarda la caravana de migrantes hondureños su entrada a México para continuar al norte


Cientos de inmigrantes hondureños cierran los ojos y levantan las manos hacia el cielo. “¡Humíllense, Dios los quiere humillados! ¡Oremos, oremos porque esta noche dormirán en territorio mexicano!”, grita un predicador. “¡Amén, amén!”, contesta Julio César Ulloa, de 35 años, con los ojos llorosos. “¡Lo vamos a lograr, hay que estar unidos, raza!”, afirma justo en la mitad del puente que divide a México de Guatemala y que se alza sobre el caudaloso río Suchiate, en medio de un calor sofocante y de un mar de gente. Algunos no han aguantado la espera y se han lanzado a las aguas para avanzar en su camino hacia Estados Unidos.
Los migrantes centroamericanos aguardan a entrar a México en el puente sobre el Suchiate. Hector Guerrero / atlas

La caravana ya ha derribado la valla de la aduana guatemalteca y algunos han pasado al lado mexicano, pero la mayoría aún permanece varada en el puente fronterizo. La euforia se convirtió rápidamente en desesperación e incertidumbre tras el altercado que se vivió en la parte más adelantada del contingente. Padres angustiados retrocedían hacia Guatemala, con sus niños a cuestas, envueltos en sus brazos o agarrados de la mano después de que las autoridades mexicanas lanzaran gas pimienta para responder una agresión a pedradas.

“¡Hay que calmarnos, raza! Unos porros lanzaron piedras a los policías, dejen pasar a los niños, por favor”, grita Cristian Palma, de 19 años. Decenas de personas, sobre todo niños, recibieron atención médica este viernes por deshidratación, confirma la Cruz Roja de Guatemala. La organización ha ofrecido cuidados prehospitalarios a más de 900 personas y apoyo psicosocial a casi 1.785 migrantes de la caravana en la última semana.

Las autoridades mexicanas han dado prioridad a mujeres y a niños para solventar los trámites migratorios. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ha dicho que unos 200 migrantes han tramitado su ingreso y esperan la entrada de otros 6.000. La caravana es tan densa y tan extensa que las noticias y los rumores se esparcen como pólvora: “Están deportando”, “solo están dejando pasar con permiso”, “las filas no están avanzando”. Muchos no entienden con claridad los trámites para las solicitudes de refugio ni que tardan 45 días como mínimo, incluso varios meses. México es la primera frontera formalmente cerrada a la que se enfrenta la caravana, sin que baste una credencial para caminar sin contratiempos, a estas alturas se habla ya de visas y permisos de tránsito.

“Estoy desesperado, me vine a ver otras opciones, pero es un rifón”, relata Henry Martínez, de 33 años, a unos metros de la orilla del río Suchiate. Él y otros 10 migrantes hondureños barajan la opción del brinco ilegal, después de haber esperado casi 24 horas en Tecún Umán. Son solo 10 quetzales (poco más de un dólar), pero el río está crecido y es bravo. “Vamos a ver, no lo hemos decidido”. El dilema es claro: unos apuestan por la paciencia, otros quieren buscarse la vida. “Si es necesario, nos quedamos toda la noche en el puente, vamos a dormir en el suelo, no importa”, asegura en cambio Delmar Rodríguez, de 22 años. “Nos quedamos sin dinero, no nos queda de otra que cruzar por aquí”, explica Patrick Rodríguez, su gemelo.

Tecún Umán, en el extremo guatemalteco, es otra ciudad a la de esta mañana. Ya no existe ninguna barrera que derribar, el paso fronterizo está completamente abierto. Atrás quedaron las escenas del cerco policial que contenía a la caravana, de la plaza principal donde no cabía un alma, del portazo a la aduana, de los migrantes que corrían y gritaban a todo pulmón por el puente fronterizo. Ahora es momento de replegarse, de llevar comida y agua para hacer frente a la espera.

El puente se ha convertido en un albergue gigantesco y el río concentra ahora toda la tensión. Y aunque el grueso de la caravana está varada entre dos países, la responsabilidad ya está del lado mexicano, pese a que el flujo de migrantes en tránsito por Guatemala no ha se ha acabado. “Estamos esperando, hay más que todavía no han llegado y vamos a seguir… juntos”, afirma Santiago Maldonado, de 22 años, mientras toma un respiro y pasea en el centro de Tecún Umán con un mástil de dos metros con las banderas de Honduras, Guatemala y México. “Puse la mexicana hoy, para allá vamos”, agrega convencido.

“¿Qué va a pasar? Solo Dios sabe”, dice dubitativo Ulloa, que vivió cinco años en Florida y cinco años en Carolina del Norte. Después de haber sido deportado hace menos de un año busca una segunda oportunidad en Estados Unidos. “Pero por lo que he visto hoy, él ya nos está abriendo las puertas”, agrega esperanzado.

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Detienen la caravana migrante o cesará la ayuda, amenaza Trump

El presidente estadunidense, Donald Trump, amplió anoche a Guatemala y El Salvador la amenaza formulada horas antes a Honduras, al advertir que congelará la ayuda económica si esos países permiten el tránsito de una caravana de migrantes en ruta hacia Estados Unidos

"Hemos informado a Honduras, Guatemala y El Salvador que si permiten que sus ciudadanos viajen a través de sus fronteras hacia Estados Unidos con la intención de entrar ilegalmente a nuestro país, todos los pagos les serán detenidos", tuiteó.

"¡Cualquiera que entre a Estados Unidos ilegalmente será arrestado y detenido, y será repatriado a su país!", remató en un segundo mensaje.

La amenaza se produjo seis meses después de que Trump desplegó la Guardia Nacional en la frontera con México de cara al Viacrucis Migrante, cuando más de mil centroamericanos marcharon hacia Estados Unidos. Entonces, el magnate advirtió que la asistencia a Centroamérica estaría "en juego" si los migrantes no detenían su marcha hacia Estados Unidos.

Por la mañana, Trump escribió en Twitter: "Estados Unidos ha informado con firmeza al presidente de Honduras (Juan Orlando Hernández) que si la gran caravana de personas que se dirige a Estados Unidos no es frenada y llevada de vuelta, no se dará más dinero o ayuda, ¡con efecto inmediato!"

La llamada Caminata Migrante, integrada ahora por entre mil 500 a 4 mil niños, mujeres y hombres, según reportes de la prensa guatemalteca, partió el sábado pasado de la hondureña localidad de San Pedro Sula, 180 kilómetros al norte de Tegucigalpa, con rumbo hacia la frontera con Guatemala para después pasar por México y finalizar en Estados Unidos, donde solicitarán asilo político, una ruta de 2 mil kilómetros plagada de obstáculos y peligros.

La caravana llegó ayer a la fronteriza ciudad guatemalteca de Esquipulas. Antes de ingresar, un contingente de policías les cerró el paso, pero horas después los migrantes lograron llegar a un refugio, reportó la prensa local.

Cientos de hombres, mujeres y niños, con bolsos y maletas caminaban ayer por una carretera en Guatemala, a unos 90 kilómetros de la frontera con Honduras, donde según algunos medios locales las autoridades trataban de contener otro grupo masivo de personas que buscan integrarse a la caravana.

Las autoridades de Guatemala anunciaron que prohibirían el ingreso de los migrantes hondureños si no cumplían con los requisitos legales para entrar en el país.

Tras la amenaza de Trump, el organizador de la caravana el ex diputado de izquierda Bartolo Fuentes, fue detenido en Guatemala. El Ministerio de Seguridad hondureño dijo que el activista fue arrestado por la policía guatemalteca porque “no cumplió con las normas de inmigración“ del vecino país y será deportado. Al cierre de esta edición, Fuentes intentaba cumplir los requisitos migratorios en Guatemala.

La cancillería de Honduras hizo un llamado después "a los hondureños a desistir de la intención y no poner en riesgo su vida ni la de sus hijos en una ruta de dolor y muerte, dominada por condiciones adversas como hambre, calor extremo, frío, fatiga, enfermedades y expuestos a ser víctimas de traficantes de personas, órganos, redes criminales, de prostitución y narcotráfico".

Añadió que esta "movilización irregular" sólo buscaría "alterar la gobernabilidad, estabilidad y la paz de Honduras y Estados Unidos", y que la caravana habría sido organizada "por sectores políticos con falsas promesas de otorgar visa humanitaria para transitar por territorio mexicano y acogerse a una figura de asilo en Estados Unidos".

En una llamada telefónica con Hernández, el vicepresidente, Mike Pence, condenó la "flagrante falta de consideración" de Honduras a la soberanía estadunidense, informó el diario guatemalteco Prensa Libre en su portal.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Katie Waldman, dijo que las noticias de la caravana son el resultado de los vacíos legales. "Como lo hemos dicho y repetido, hasta que el Congreso actúe, vamos a seguir teniendo fronteras abiertas de facto que garantizan futuras 'caravanas' y cifras récord de familias que entran ilegalmente a nuestro país", afirmó.

Amnistía Internacional calificó de "xenófoba y racista" la amenaza de suspensión de ayuda a Honduras lanzada por Trump y pidió a México ofrecer asilo a los hondureños que integran la caravana.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió "respeto a los derechos y la seguridad de los integrantes de la caravana, así como investigar el posible involucramiento de traficantes de personas".

 

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Adreina Rodríguez, de 23 años, y su hijo Matías, de nueve meses, esperan en la frontera con Ecuador para poder entrar en Perú después de la medida impuesta por el Gobierno peruano de requerir el pasaporte a ciudadanos venezolanos. Edu León

A los venezolanos no les hace falta pasaporte ni pasaje de avión para salir de su país. Cruzan a pie su frontera, con su desvencijado carné de identidad, o una fotocopia del mismo, y siguen caminando hacia el sur del continente para reemprender sus vidas. Siguen las pisadas de otros tantos que han llegado a Perú, Chile o Argentina y envían buenas nuevas a los que dejan atrás: tienen trabajo, se sirven tres comidas diarias, pueden comprar medicinas, vuelven a comer alguna proteína.

Edu León

Edu León
 

Refugio
Un grupo de venezolanos en un bus puesto por el Gobierno ecuatoriano para dejarlos en la frontera con Perú escucha a una representante de ACNUR que les aconseja que pidan refugio para poder entrar en ese país tras la medida de petición de pasaporte impuesta por el Gobierno peruano.


 

Eso es suficiente para alentar a más caminantes a atravesar los Andes, ‘la Nevera’, como ellos la llaman. El trayecto lo cubren en unas tres semanas, unos tramos van a pie y otros en camiones que les recogen al borde de la carretera. Las imágenes de venezolanos caminando en fila por las rutas no son un montaje, como dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se repiten los mismos pies desgastados por la dureza del camino, los rostros quemados por el viento y el sol, las familias arrastrando sus pocas pertenencias.

Edu León
 

Migración
Hasta la fecha, han ingresado en Perú 400.200 ciudadanos venezolanos de forma regular, según datos del superintendente de Migraciones peruano. La cifra se ha incrementado en 300.000 respecto a enero.


 

El temor a que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, pusiera un cerrojo a las fronteras apuró la huida de miles de venezolanos este año. Entre enero y agosto, al menos 700.000 atravesaron Colombia y recalaron en Ecuador. En este dolarizado país se quedan unos días, los suficientes para reunir los dólares que necesitan para seguir el viaje hacia el sur del continente. Es habitual verlos en las esquinas o en los buses, donde venden dulces, chocolates o botellas de agua. Algunos cuentan su periplo y otros regalan los bolívares que tienen encima y no valen nada.

 

Edu León
 

Mafias
Las nuevas normativas de países como Ecuador y Perú, que restringen el libre tránsito de migrantes venezolanos, llevan a que tengan que pasar por puntos fronterizos no oficiales, como el de Aguasverdes, que ya usaron las mafias en otras ocasiones, como en el éxodo haitiano hace años.


 

Hasta Quito son más o menos 1.600 kilómetros recorridos y miles de tormentos sufridos. En el camino hay compañeros extraviados, niños que enferman por el frío, mujeres abusadas sexualmente y algunas raptadas por los grupos armados en las zonas calientes de Colombia. ¿Quién está llevando la cuenta de estos horrores? Nadie. Lo poco que se sabe es gracias a los testimonios de los viajeros.

Edu León

 


Papel
Enrique hace corazones con los bolívares que trajo de Venezuela. Para él , y es una realidad, valen menos que el papel. Con la venta pretende conseguir dinero para seguir su viaje.


Estamos ante el mayor movimiento migratorio de la historia reciente de Latinoamérica. Según Naciones Unidas, en los últimos cuatro años 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país por la falta de comida, medicinas y atención médica. Con la aceleración del éxodo que se está viviendo en estos meses, se estima que para 2019 serán más de cuatro millones los exiliados.

 

Edu León
 

Xenofobia
Al igual que la solidaridad de muchos ecuatorianos se hizo presente dando mantas y comida, han aparecido en la ciudad carteles de rechazo xenófobos hacia los venezolanos.


 

Los gobiernos antes bolivarianos, ahora pragmáticos, empiezan a poner zancadillas a esa migración. El ecuatoriano Lenín Moreno, que ya no es afín al régimen chavista, sorprendió a la región en agosto con su determinación de exigir pasaporte a los venezolanos. Lo hizo a sabiendas de que la mayoría sale sin este documento y que su solicitud puede retrasar su viaje al menos un año más. Lo mismo hizo el mandatario peruano, Martín Vizcarra, con unos pocos días de diferencia.

Las primeras semanas de estas medidas demuestran que, lejos de evitar que los venezolanos salgan de su país, están empujándolos a abrir nuevas vías de escape, añadiendo kilómetros y riesgos a su peregrinación. Ahora siguen las rutas de las mercancías ilegales y, sin querer, ellos mismos se convierten en eso. Se vuelven más vulnerables, se ponen en manos de mafias, se pierden y, nuevamente, solo quedan sus testimonios dispersos en los lugares por donde pasan.

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Vacío. Repercusiones de la emigración en Venezuela

La emigración masiva despoja al país petrolero de segmentos dinámicos, emprendedores y productivos de su fuerza de trabajo, miles y miles de profesionales formados o jóvenes que perciben como negados sus horizontes laborales y buscan destinos mejor remunerados, tras una crisis económica marcada por la mayor hiperinflación vivida en el hemisferio.


Naciones Unidas mostró el tamaño de la emigración venezolana cuando el portavoz de su secretaría general, Stéphane Dujarric, declaró el pasado 20 de agosto que, según reportes de distintas agencias de la organización, unos 2,3 millones de personas abandonaron el país: 7,2 por ciento de sus 31,8 millones de habitantes.


Las cifras hasta entonces aportadas por las respectivas autoridades migratorias daban cuenta de que en Colombia se habían instalado 870 mil venezolanos, 441 mil en Perú, 325 mil en Chile, 80 mil en Panamá, 70 mil en Argentina, 57 mil en Brasil y 16 mil en Uruguay, mientras que a Ecuador sólo en 2018 ingresaron 340 mil, de los cuales 116 mil permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.


A República Dominicana fueron 26 mil venezolanos, unos 10 mil a otras islas del Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9 mil han buscado la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias. Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290 mil y España con 208 mil.


La prensa de esos países ha enfocado sus lentes sobre la imagen e historias de los venezolanos agolpados en los puentes que cruzan el río Táchira hacia Colombia, pugnando por traspasar los controles fronterizos de Ecuador y Perú, avanzando a pie por carreteras colombianas rumbo al sur, ilegales presos en Trinidad, balseros hacia las Antillas holandesas o mendigando cobijo y empleo en el extremo norte de Brasil.


Mientras los países vecinos multiplican medidas de control o amparo, en Venezuela la migración a menudo hace crujir la unidad de las familias, despoja a empresas y servicios públicos de personal capacitado y muy probablemente forzará reacomodos en la política.

El presidente Nicolás Maduro ironizó ante la prensa el martes 18: “La última crisis que le han creado a Venezuela: ‘fuentes no identificadas de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dicen que se han ido 50 millones de venezolanos’. Y todos los medios repiten lo mismo, es una inquisición mediática generalizada”.

 

¿QUIÉNES SE VAN? 

 

En setiembre de 2017, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas mostró que, desde 2012, en 616 mil hogares había migrado al menos un integrante de la familia. El 20 por ciento de los hogares más ricos había aportado 35 por ciento de los migrantes, y el quintil más pobre, 12 por ciento. Pero en el último año son cada vez más trabajadores y pobres quienes migran. “En la década pasada se iban quienes disponían de más recursos para viajar, en esta siguieron profesionales, después obreros especializados y ahora quienes se aventuran en busca de un trabajo y un ingreso para sus familias, muchos jóvenes”, observó a Brecha el experto Oscar Hernández, del Centro de Capacitación Migratoria en Caracas. Un alto directivo bancario comentó al semanario que “primero se nos fueron expertos en finanzas, después los técnicos en informática, ahora renuncian al empleo y se nos van obreros de limpieza y motoristas”.


La Federación Médica estima que desde 2004 se fueron del país 22 mil profesionales entre galenos, enfermeros y terapistas. “Es un muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”, sostuvo Hernández.


“Al irse la clase media sufren más los pobres, porque quedan sin médicos, sin maestros, sin los profesionales que hacen funcionar los servicios”, comentó el sacerdote Alfredo Infante, fundador en el país del Servicio Jesuita a Refugiados y párroco de La Vega, un populoso barrio obrero del suroeste de Caracas donde “en zonas enteras sólo quedan ancianos y niños al cuidado de algunos parientes o vecinos, fragmentándose las familias”.

 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

 

Manuel Fonseca, un inmigrante portugués dueño de una venta de repuestos usados en San Antonio, ciudad-dormitorio al sur de Caracas, cerró el pasado agosto su negocio y se marchó a Lisboa “a la espera de tiempos mejores”, explicó a Brecha. Se decidió después de que el 20 del mes pasado el presidente Maduro tomara medidas que apostaban por recuperar la economía: multiplicó por 35 el salario básico –que aun así es de menos de 30 dólares mensuales–, fijó los precios de artículos esenciales, devaluó 96 por ciento la moneda, le quitó cinco ceros, incrementó el Iva y otros impuestos y anunció que elevará el precio de la gasolina, la más barata del mundo, a valores internacionales.


Gremios empresariales y economistas críticos sostienen que las medidas, al carecer de financiamiento en divisas, implicarán emitir más dinero inorgánico (bolívares sin respaldo) y agravarán más los indicadores de la crisis.


Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, sostiene que “Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo presenta la inflación más alta del mundo, estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018. El país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación, con aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas)”.


Además Venezuela posee “un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi, el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (…) La caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría rozar el 45 por ciento”, afirma Sutherland.


Ese panorama impulsa la emigración. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que “60 por ciento de los venezolanos no tiene planes de emigrar, pero 40 por ciento sí lo ha pensado. Con la situación económica es previsible la migración de otros cientos de miles, en su mayoría menores de 40 años”, y otra encuestadora, Consultores 21, indicó que un sondeo a 2 mil potenciales migrantes mostró que 54 por ciento de quienes quieren migrar son personas de estratos socioeconómicos medios o altos, y 46 por ciento se considera de sectores populares o marginales. Un 75 por ciento declara voluntad de abandonar el país por razones económicas y el resto por la situación política.


El impacto político de la migración está por medirse. Dirigentes opositores se han autoexiliado, y varios miles de migrantes en España, Estados Unidos, México y otros países han solicitado estatuto de refugiados políticos.

Una prueba del impacto político de la migración y del deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población podría verse en la elección de concejos municipales prevista para el venidero diciembre, en la que por cierto no se prevé la participación de la mayoría de partidos políticos opositores, porque su registro legal ha sido cancelado.


VUELTA A LA PATRIA

El gobierno rechaza que Venezuela padezca una crisis humanitaria y ha denunciado una campaña, de la que harían parte gobiernos de América y Europa, para inducir la emigración a fin de justificar agresiones contra el país y promover el derrocamiento de Maduro. Por ello lanzó a finales de agosto una contra-campaña de repatriación de venezolanos con vuelos y autobuses fletados desde naciones vecinas. La bautizó “Vuelta a la Patria” –tomando el nombre de un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-92) que se estudia en las escuelas–, y con ella han retornado varios miles de migrantes decepcionados por la falta de oportunidades o expresiones xenófobas con las que se toparon en los países que buscaron para rehacer sus vidas.


Esas figuras e historias también pueblan el paisaje de la emigración de Venezuela, país que, por contraste, a lo largo del siglo XX acogió a cientos de miles de inmigrantes venidos principalmente del sur de Europa, Oriente Medio, los países andinos, el Cono Sur e islas del Caribe.

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Martes, 25 Septiembre 2018 06:40

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

Se trata, según la Onu, de uno de los movimientos poblacionales más grandes  de la historia latinoamericana. Varios miles de venezolanos llegan cada día a países de la región en busca de un futuro mejor. Algunos viajan en avión o en ómnibus, muchos a pie. Ya son 2,3 millones que viven fuera de su país. Desde Pacaraima, en Brasil, hasta Montevideo o Bogotá –y también en la propia Venezuela–, esta migración masiva deja sus marcas.


El gobierno de Nicolás Maduro niega que se trate de una crisis migratoria, pero en pocos años se han ido de Venezuela más de un millón de personas. Alrededor de 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela y nadie dice que Colombia haya vivido una crisis migratoria, responden las autoridades bolivarianas, y la cifra es verdadera, pero olvidan que se llegó a ella en décadas. Sólo desde 2015, según las Naciones Unidas, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado hacia todos los puntos cardinales buscando mejores condiciones de vida. A algunos los vemos por acá. La mayoría llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, con sus pocos bienes a cuestas, tras caminatas a pie de miles y miles de quilómetros.


***

La crisis migratoria –que es cierta y debería romper tanto los ojos como las oleadas de migrantes que pueblan las páginas de los medios– es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, con el secretario general de la Oea, Luis Almagro, a la cabeza, para incluir a la intervención militar en el “menú de opciones” que barajan para “atacar el gravísimo problema venezolano”, según ha venido elegantemente repitiendo en las últimas semanas la embajadora washingtoniana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.


El escenario en ese sentido está plantado. El sociólogo argentino radicado en Caracas Marco Teruggi recordó semanas atrás (Página 12, 1-IX-18) algunos de los hechos que lo han ido configurando. El “drama de los refugiados y la crisis humanitaria provocada en toda la región por el gobierno de Maduro” fueron, por ejemplo, la excusa esgrimida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, para anunciar, a fines de agosto, el envío del buque-hospital Usns a aguas colombianas cercanas a Venezuela. Nikki Haley visitó por la misma época la frontera colombo-venezolana, y desde allí dijo que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela” y que nada de lo humanamente factible de ser empleado para sacarlo de en medio debe ser descartado. Por los mismos días, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que “la crisis de los refugiados” justificaba que Estados Unidos considerara la opción militar como una de las posibles ante lo que calificó como una “amenaza para la seguridad de toda la región”. Casi idénticas fueron las expresiones del senador Marco Rubio, uno de los exponentes más conocidos de la extrema derecha republicana, que tras reunirse con John Bolton, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 29 de agosto: “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”. Y agregó: “Donald Trump no avisará si decide actuar contra Maduro” (panampost.com, 30-VIII-18). Rubio ha sido, vale recordarlo, uno de los “líderes” con los que se ha venido reuniendo Luis Almagro para analizar la crisis venezolana.


Más o menos coincidentes con todas estas declaraciones fueron las revelaciones del New York Times sobre contactos del gobierno de Trump con militares y civiles venezolanos para preparar un golpe en Venezuela pretextando, entre otros factores, la “crisis humanitaria” representada por el “drama de los migrantes y los refugiados” (véase nota de Humberto Márquez en Brecha de la semana pasada).


Y a los pronunciamientos y llamamientos de la administración Trump y su galaxia hay que sumar la actitud del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, heredero político del actual senador y ex presidente de derecha dura Álvaro Uribe, que ha multiplicado los contactos con personajes del gobierno estadounidense, incluido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, con quien se reunió en Washington antes de asumir el cargo.


Duque, a su vez, se puso la semana pasada aun más a la derecha que el Grupo de Lima. El domingo 16, este conglomerado, formado por 14 países de la región para aislar a Maduro y buscar su caída, rechazó expresamente las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro. Colombia fue el único de sus integrantes que no adhirió a ese pronunciamiento.


***


Pero que la hay la hay. La crisis migratoria venezolana es real y tangible. Según la Onu, habría 2,3 millones de venezolanos viviendo actualmente fuera del país. La Universidad Central de Venezuela (Ucv) aumenta en millón y medio esa cifra (Afp, 26-VIII-18). En mayo la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) afirmaba que el número de inmigrantes venezolanos en el resto de América Latina se había incrementado hasta entonces en un 900 por ciento en comparación con 2015, pasando de 89 mil a 900 mil personas (Efe, 4-V-18).


Hay quienes equiparan la magnitud del desplazamiento con la crisis de refugiados en Siria. Es el caso del Migration Policy Institute de Washington, o de Alfonzo Ianucci, director del proyecto Diáspora. “Lo que estamos viviendo ahora es sólo la punta del iceberg y todo va a empeorar”, dijo este último (Afp, 26-VIII-18).


Aunque los números venezolanos hablan de “una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años en el mundo”, señaló Joel Millman, portavoz de la Oim (Efe, 4-V-18), se está lejos todavía de la dimensión de la emigración siria. No sólo en números (desde el comienzo de la guerra, en 2011, se fueron del país oriental más de 5,6 millones de personas, de acuerdo a datos de la Onu), sino también en materia de gestión de la crisis.


La emigración venezolana, comentó Millman en mayo, “está siendo bastante bien gestionada” por los países de la región, hacia donde se dirige el 90 por ciento de los migrantes, según cifras coincidentes de la Oim y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).


***


Las cosas, sin embargo, se han ido complicando en los últimos meses, en función de que el flujo de migrantes ha ido creciendo. En agosto Ecuador declaró la “emergencia migratoria” por la llegada de unos 4.200 venezolanos por día en tránsito, en su mayoría, hacia otras naciones del área. Perú, uno de los mayores receptores de venezolanos, resolvió el mes pasado imponer restricciones a los migrantes provenientes de la república bolivariana: hacia fines de mes comenzó a exigirles pasaporte, un documento muy difícil de conseguir en Venezuela, y modificó las condiciones para extender los permisos temporales de residencia. Ecuador se embarcó en el mismo camino. En ambos países se han registrado diversos incidentes xenófobos con migrantes venezolanos en las zonas de frontera. Los más graves sucedieron de todas maneras en el estado brasileño de Roraima.


A fines de agosto las Naciones Unidas matizaron su optimismo de tres meses atrás respecto a la gestión de la crisis en el área, y denunciaron las restricciones decididas por Ecuador y Perú, así como la decisión del gobierno de Brasil de militarizar la acogida de refugiados en Roraima. “Los sectores más vulnerables de la emigración, como los adolescentes, los niños no acompañados, las mujeres que llegan a los países de destino con sus hijos y sin sus parejas, o quienes buscan a sus familiares, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación y están expuestos a un riesgo mayor de explotación (véase nota de Giovanny Jaramillo Rojas, pág 14), de trata y de violencia”, declaró por entonces un alto funcionario de la Onu (Infobae, 23-VIII-18). El lunes 3, en Quito, cancilleres de 11 países de la región decidieron aceptar como válidos los documentos de migrantes venezolanos que hubieran expirado, como forma de destrabar su ingreso a países de acogida, y pidieron al gobierno de Maduro que acelerara la entrega de pasaportes y otros papeles. El miércoles 19, Acnur y Oim nombraron al ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para migrantes y refugiados venezolanos. “Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso al territorio, protección de los refugiados, estatuto regular y la identificación de soluciones”, dijeron ambas agencias del sistema de la Onu al definir las funciones del nuevo funcionario. En caso de una intervención militar, afirmaron representantes de Acnur este mes, el “drama humanitario” o la “crisis migratoria” denunciados no sólo no se resolverían, sino que se agravarían.

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Lunes, 24 Septiembre 2018 06:24

Una historia más de un hombre menos

Una historia más de un hombre menos

Los inmigrantes venezolanos le han cambiado la cara a la capital de un país que históricamente les ha cerrado las puertas a los extranjeros. El transporte público y las calles son sus principales espacios de supervivencia. En su gran mayoría no tienen más remedio que dejarse explotar.


Rodolfo Gutiérrez tiene 43 años, 19 hijos y una voz dulce que desentona con su fibrosa corpulencia. Aunque sabe que la realidad lo contradice, él asegura no ser un mujeriego. “Cuestiones del azar”, dice, mientras soba sus manos y empieza a enumerar toda su descendencia, con orgullo y con el respectivo nombre de la madre. Cuando llega a Yesica, la decimosexta, se queda en silencio, mira hacia el suelo y traga saliva. Rodolfo afirma que ningún ser humano para de morir. Que en la vida, antes del llamado definitivo de Dios, la muerte más jodida, la más fatal y dolorosa de todas, ocurre cuando le niegan la posibilidad a alguien de vivir tranquilamente en su propia tierra y cerca de los suyos. “Yo vivo una muerte de estas”.


Cuando se refiere a su país, Rodolfo siempre habla en futuro: “Yo volveré a mi patria, a ser un buen policía, actuaré en favor de la ley y jamás me saldré de ella. Mi misión en la vida es esa. Venezuela volverá a ser un país próspero y libre. Ese día celebraré al lado de mi familia, con un buen pabellón criollo (el plato nacional venezolano) y varias Polarcitas (cervezas)”. Su voz se pierde en el fastidioso silbido de una pistola de gravedad que, a dos metros de la transitoria sala de su casa, es usada para pintar un auto. Para amenizar la charla, Rodolfo ofrece el café que vende su mujer a los clientes del taller de latonería y pintura en el que trabaja y vive. Es la hora del almuerzo y su jefe le tiene la comida empaquetada. El señor mira el reloj y Rodolfo asiente. Tiene que hablar rápido y comer rápido para volver a trabajar rápido.


* * *


El caso de Rodolfo es uno más de los de tantos venezolanos que se encuentran en Colombia como resultado de un fenómeno migratorio que le ha cambiado la cara a una ciudad de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Una ciudad que nunca recibió a inmigrantes de manera masiva, debido a las políticas de gobiernos hiperconservadores que, incluso durante la convulsa primera mitad del siglo XX, decidieron prácticamente cerrar todos los trámites de inmigración en sus consulados y embajadas en Europa. Y es que la inmigración venezolana actual ha puesto a pulso tanto la tolerancia como la solidaridad de los bogotanos. Pocos son los venezolanos que han podido insertarse formal y definitivamente en la vida económica del país, mientras los demás, en su gran mayoría, no tienen más remedio que dejarse explotar. El transporte público y las calles son los principales espacios de trabajo y supervivencia de los nuevos inmigrantes. Muchos ejercen la venta ambulante, reparan artefactos electrónicos, atienden negocios, asean viviendas, cuidan lugares, cocinan o se prostituyen. Algunos cantan y bailan, otros simplemente piden.


Al ser el país limítrofe más accesible desde Venezuela, Colombia es el destino al que llegan los emigrantes venezolanos más pobres. En 2018 se comenzó a visibilizar largas marchas de venezolanos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Miles de personas han cruzado el país a pie, recorriendo los 1.430 quilómetros que separan la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Con el objetivo de alcanzar países como Perú, Chile y Argentina, han subido y bajado varias cordilleras y pasado por todo tipo de climas, corriendo innumerables riesgos, no sólo humanitarios, sino también de seguridad. Aun después del acuerdo de paz, Colombia sigue alojando una guerra multilateral. Una guerra taciturna pero igual de feroz y decisiva.


* * *

Mil trescientos quilómetros separan a Rodolfo de su natal Maracay, una pequeña ciudad ubicada a 120 quilómetros de Caracas. Lleva un año en Bogotá, ciudad a la que llegó por invitación de su hermano, que no era policía, sino militar. Ambos salieron de Venezuela sin pedir la baja, es decir, ilegalmente, y no podrán regresar hasta que haya un cambio de gobierno, a menos de que quieran ir presos. Ambos son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “sólo desertores”, recalca Rodolfo, porque le parecen muy pesadas y liosas las palabras “traición a la patria”, que titulan los expedientes que el gobierno venezolano tiene abiertos en contra de él y su hermano.


Rodolfo entró a la policía en febrero de 1999, el mismo mes que Hugo Chávez tomó posesión como presidente. Salía Carlos Andrés Pérez y todo el país sabía que las transformaciones, además de inminentes, serían estrictas y fundamentales. “En ese entonces había mucha incertidumbre, pero también expectativa, sobre todo en las clases populares se podía percibir cierto optimismo”, recuerda. En los 18 años de carrera como policía, Rodolfo llegó al rango de oficial agregado. También pudo estudiar, sin poner un solo bolívar, una licenciatura en ciencia policial y una tecnicatura media en administración policial. En total, seis años y medio de instrucción académica.


En 2014 Rodolfo empezó a hartarse de la realidad de su país. Chávez no llevaba ni un año muerto y las cosas ya comenzaban a tornarse oscuras. La policía cada vez se corrompía más, le quitaron el transporte, no le pagaban a tiempo, lo hacían trabajar más horas y el dinero percibido no le alcanzaba para cubrir las numerosas necesidades de los suyos. Sin embargo, estaban los varios subsidios estatales que recibía por su descendencia, una ayuda inconmensurable que pronto fue decreciendo, hasta desaparecer.


Una noche Rodolfo soñó que lo abandonaba todo, que tomaba el primer avión de su vida y, después de extasiarse con la sensación de volar, repentinamente se encontraba en un lugar desconocido haciendo fila en una jefatura de policía para entregar su currículo.


“Desde esa época hasta hoy, llevar comida a la casa es prácticamente imposible, no sólo porque no hay plata suficiente, sino porque no se consigue lo necesario, lo básico, y si hay, toca meterse en unas filas interminables para que al final te digan: se acabó. Todo en Venezuela es corrupción, escasez, especulación, no hay estabilidad de nada.”


Ese sueño sería la primera pulsación de una posibilidad que empezaría a gestarse lentamente en su cabeza: irse afuera, a buscar la vida, un futuro para su familia. Una posibilidad que, gracias al creciente miedo –miedo de no poder cumplir, de fracasar–, se consumaría tres años después, pero sin avión, sin éxtasis, sin nada. Nada más que una pequeña mochila llena de ropa, una bolsa plástica con billetes y una botella de agua.


Todo el asunto del viaje fue bastante engorroso. Primero la plata: endeudarse para poder salir. Después las despedidas. Silenciosas, para no despertar sospechas. Pensó en pedir la baja, pero sabía que no se la darían. Estaba al tanto de las implicaciones judiciales que tenía su decisión. Eso lo afectó mucho. Pero nada pudo detenerlo; era asumir el riesgo que toda migración “obligada” conlleva o quedarse viendo el desmoronamiento de un proyecto que él mismo, en teoría, debía defender.


Finalmente llegó el día. El primer tramo: de Maracay a San Antonio del Táchira. Diez horas de trayecto. “Fue un viaje triste pero calmo, como de reflexión”, recuerda. Rodolfo tenía su pasaporte y, una vez en la frontera, pasó tranquilamente por el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Le sellaron la salida de Venezuela pero no la entrada a Colombia, según él “por no tener pasaje de vuelta a Venezuela”. Entonces se volvió y, después de analizar la situación, decidió seguir a un grupo de caminantes que lo llevó por debajo del puente. Con ellos Rodolfo cruzó el río que allí sirve de frontera natural. “Así entré a Colombia, sin ningún tipo de control y literalmente con el agua hasta el cuello.”


Una vez en territorio colombiano, lo primero que hizo Rodolfo fue buscar una casa de cambio para convertir a la moneda local los 500 mil bolívares que llevaba. Cuando supo el cambio que recibiría se puso a llorar: 70 mil pesos colombianos (25 dólares). Ni siquiera le alcanzaba para comprar el pasaje a Bogotá, que valía 90 mil. Le faltaban cinco dólares. Nada. Mucho.


Ya en la terminal de buses de Cúcuta, una persona lo ayudó a conseguir el pasaje al precio que Rodolfo podía pagar. “Salí una noche cualquiera, porque cuando uno está en una situación de esas no hay diferencias en el tiempo, todo es igual”, comenta. Diecisiete horas después estaría en la capital de Colombia, reencontrándose con su hermano en una pequeña casa en la que paraban 23 venezolanos más.


Rodolfo recuerda que la primera plata que ganó fuera de su país fue a las pocas horas de haber llegado a Bogotá, cargando y descargando bolsas de arena. Trabajó cuatro horas y sacó 10 mil pesos (3,5 dólares). Al décimo día de estancia en la ciudad consiguió un trabajo en un lavadero de autos. Ahí duró nueve meses. Trabajó todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que llegó una nueva administración que quería reducirle el sueldo a la mitad, por no tener los papeles en regla. Rodolfo renunció y acudió a una oferta laboral que le había hecho un cliente del lavadero. Así entró al taller de latonería y pintura. Rodolfo gana 180 mil pesos por semana (60 dólares), y de ese monto su patrón le descuenta el 70 por ciento, por razón del hospedaje y el almuerzo diario. Rodolfo entiende que el pago que recibe no es justo, pero no se queja, intenta ahorrar todo lo que puede y valora el trato horizontal que su jefe le brinda. Rodolfo se refiere a él como “el ángel”. Ni el estudio universitario, ni el técnico, ni la experiencia como policía le sirven para algo. Sólo sus manos le son útiles y verdaderamente productivas en esta ciudad.


Hace nueve meses Rodolfo fue por primera vez al edificio de Migración Colombia para obtener el dichoso sello de entrada al país y, de paso, arroparse con el permiso especial de permanencia que el gobierno de Colombia instauró como una medida urgente para auxiliar a los más de 900 mil migrantes venezolanos que, sin querer, alberga el país. Una cifra que, sin embargo, no tiene en cuenta a alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en situación irregular o en tránsito. El permiso de permanencia les permite practicar cualquier actividad u ocupación legal en el país; pueden trabajar, estudiar y ser cubiertos por la seguridad social, pero por un máximo de dos años.


Desde su visita a Migración, Rodolfo no ha recibido ningún tipo de respuesta, y tampoco tiene el tiempo necesario para ir a averiguar qué pasó con su solicitud.


* * *


 —¿Cuánto tiempo más cree que durará la crisis?
—La gente cree que esto va a ser rápido, pero eso es porque no saben realmente lo que está pasando.
—¿Qué es lo que está pasando?
—Que el gobierno lo tiene todo controlado, excepto lo que se dice de él en el exterior. Ojo: y cuando digo todo es todo.
—¿Considera que su país está solo en esto?
—Mira, desde que me acuerdo mi país ha ayudado a muchos países, y es triste que ahora cuando Venezuela necesita la ayuda de otros países muchos le han dado la espalda.
—¿Qué expectativas tiene?
—Que me regularicen la situación aquí para trabajar mejor y poder traer a mi familia. Y ojalá mi dios no se vaya a llevar a mi mamá antes de que la pueda volver a ver. Mi lugar ahora es acá y no quiero mirar atrás.
—¿Regresará?
—Claro, algún día, no sé si mañana o dentro de 30 años, pero seguro cuando se caiga esa dictadura y no me pongan preso y pueda volver a trabajar como cualquier cristiano.
—¿Quiere añadir algo?
—Sí, aunque no es algo importante: al principio, cuando empezamos a hablar y me puse sentimental, olvidé decirte los nombres de mis últimos tres hijos…

 

 

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Miércoles, 05 Septiembre 2018 07:04

Cruzan para dejar atrás la tierra de Bolívar

Cruzan para dejar atrás la tierra de Bolívar

Según las cifras oficiales, a Perú han ingresado unos 420 mil venezolanos, la mitad que en Colombia. Ambos países junto a Ecuador decidieron no cerrar sus fronteras, pero sí endurecer los controles fronterizos exigiendo pasaporte.

“Con mi esposa y mis tres hijos hemos hecho un viaje muy duro de varios días. Hemos venido casi sin nada. Esperamos poder seguir viaje y llegar a Lima, ese es nuestro objetivo. La situación en Venezuela está muy difícil, por eso salimos. Pudimos pasar la frontera poco antes que exijan el pasaporte, un documento que no tenemos y que ahora es muy difícil conseguir en Venezuela”, dice a las cámaras de televisión uno de los miles de migrantes venezolanos que cada día cruzan por tierra hacia Perú desde la frontera con Ecuador. 

Según las cifras oficiales, a Perú han ingresado unos 420 mil venezolanos. El país que ha captado la mayor parte de esta migración es Colombia, donde las autoridades dicen hay 820 mil venezolanos registrados. En Ecuador hay poco más de 200 mil. Estos son los países que han recibido la mayor cantidad de venezolanos. La mayor parte de este flujo migratorio se ha dado en el último año, en medio de la crisis que afecta Venezuela.


Funcionarios de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron de emergencia la semana pasada en Lima para acordar medidas conjuntas para enfrentar la migración venezolana. Tomaron acuerdos para unificar políticas migratorias e intercambiar información. Decidieron no cerrar sus fronteras, pero sí endurecer los controles fronterizos, exigiendo a estos migrantes documentos de identidad como el pasaporte. Justificaron esta decisión en “la necesidad de tener una migración regulada, ordenada y segura”. Se acordó exigir pasaporte a pesar de que estos tres países indican en un comunicado que los ciudadanos venezolanos tienen dificultades para conseguirlo. Para superar este problema, señalaron haber acordado pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que facilite la entrega de este documento.


Un argumento para pedir pasaporte es evitar el ingreso de personas con antecedentes penales. “Es necesario tener un mejor control, pero no hay ninguna intención de cerrar las fronteras, eso lo aseguramos”, declaró el diplomático peruano Enrique Bustamante. Diversos expertos coinciden en señalar que exigir pasaporte tiene una relativa eficacia en el tema de seguridad y lo que hace es empujar a quienes no tienen ese documento a ingresar clandestinamente, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad.


Perú ya venía exigiendo pasaporte a los venezolanos que llegan a su frontera desde el 25 de agosto, antes de este acuerdo conjunto. En Ecuador un tribunal ha suspendido una decisión del gobierno en ese sentido. Hasta el 25 de agosto, cada día cruzaban la frontera peruana cerca de cuatro mil venezolanos. Desde esa fecha, el flujo migratorio ha bajado a poco más de mil al día. Pero esa cifra no toma en cuenta a los que han comenzado a cruzar ilegalmente por rutas alternas por no tener pasaporte para pasar los controles fronterizos.


Los funcionarios de estos tres países andinos señalan que su capacidad de atención ha sido desbordada por la migración venezolana. Frente a esta situación, han solicitado la ayuda de organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para la Migración, así como de los países desarrollados. El gobierno peruano ha declarado en emergencia sanitaria la zona fronteriza en el norte del país, donde se concentran más de 40 mil venezolanos, albergados en precarias condiciones. La Dirección Regional de Salud de Tumbes, zona fronteriza con Ecuador usada como paso por estos migrantes, ha alertado de la presencia de enfermedades como malaria, dengue e influenza.


Los funcionarios de estos tres países señalan que la ayuda internacional no debe limitarse a la atención de emergencia a estos migrantes, sino que también debe darse para respaldar programas para su inserción laboral. La mayor parte de venezolanos que han ingresado a Perú han llegado a Lima, donde en su mayoría trabajan en el comercio ambulatorio, y en menor proporción en restaurantes y otras actividades de servicios.


Luego de la reunión de emergencia en Lima, Ecuador convocó para el lunes y ayer a un encuentro en Quito con una docena de países de la región, entre ellos Argentina, para seguir abordando el problema de la migración venezolana y cómo enfrentarla (ver aparte). La OEA también llamó para hoy a una reunión para analizar este tema.


El drama de los migrantes venezolanos, que abandonan su país fundamentalmente por razones económicas, es explotado diariamente por sectores políticos y medios periodísticos para reforzar sus ataques contra el gobierno de Venezuela y promover acciones contra el régimen de Maduro. Ciento veinte mil migrantes venezolanos llegados a Perú han solicitado ser considerados como refugiados, lo que les daría los derechos de un residente y la protección del Estado peruano. Pero solamente una minoría, algo más de 400, ha conseguido el estatus legal de refugiados, para lo que deben demostrar que son perseguidos o su vida corre peligro en su país, lo que no ocurre con la gran mayoría de ellos.


Hace unos días, un avión fletado por el régimen venezolano llevó de vuelta a su país a un centenar de estos migrantes, que decidieron regresar por no haber encontrado la prometida mejora de su situación.


 La declaración de Quito

Esfuerzos conjuntos

 

El encuentro regional en Ecuador para afrontar la emigración venezolana concluyó ayer con la aprobación de la Declaración de Quito. El documento incluyó 18 puntos que se dirigen a sensibilizar a gobiernos y organismos internacionales sobre la necesidad de llevar adelante acciones para atender a los migrantes venezolanos.


“La Declaración de Quito contiene la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.


Los países firmantes “hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”, reza el texto.


Uno de los puntos más importantes de la Declaración establece que, aunque depende del marco jurídico de cada país, se permita acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios, informó el diario ecuatoriano El Comercio. Además, se buscarán fuentes de financiamiento para respaldar a los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador.


La Declaración fue firmada por los delegados de Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bolivia se abstuvo, siguiendo lineamientos de la presidencia, y el representante de República Dominicana se ausentó por un problema de salud.


Durante la segunda semana de noviembre se llevará a cabo, también en Ecuador, una reunión táctica para tratar la aplicación de la Declaración.

 

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