Vacío. Repercusiones de la emigración en Venezuela

La emigración masiva despoja al país petrolero de segmentos dinámicos, emprendedores y productivos de su fuerza de trabajo, miles y miles de profesionales formados o jóvenes que perciben como negados sus horizontes laborales y buscan destinos mejor remunerados, tras una crisis económica marcada por la mayor hiperinflación vivida en el hemisferio.


Naciones Unidas mostró el tamaño de la emigración venezolana cuando el portavoz de su secretaría general, Stéphane Dujarric, declaró el pasado 20 de agosto que, según reportes de distintas agencias de la organización, unos 2,3 millones de personas abandonaron el país: 7,2 por ciento de sus 31,8 millones de habitantes.


Las cifras hasta entonces aportadas por las respectivas autoridades migratorias daban cuenta de que en Colombia se habían instalado 870 mil venezolanos, 441 mil en Perú, 325 mil en Chile, 80 mil en Panamá, 70 mil en Argentina, 57 mil en Brasil y 16 mil en Uruguay, mientras que a Ecuador sólo en 2018 ingresaron 340 mil, de los cuales 116 mil permanecen en el país y el resto cruzó hacia otros destinos.


A República Dominicana fueron 26 mil venezolanos, unos 10 mil a otras islas del Caribe, según estimados de varios portavoces oficiales, y en México unos 9 mil han buscado la llamada tarjeta de visitante por razones humanitarias. Fuera de la región los mayores receptores son Estados Unidos con 290 mil y España con 208 mil.


La prensa de esos países ha enfocado sus lentes sobre la imagen e historias de los venezolanos agolpados en los puentes que cruzan el río Táchira hacia Colombia, pugnando por traspasar los controles fronterizos de Ecuador y Perú, avanzando a pie por carreteras colombianas rumbo al sur, ilegales presos en Trinidad, balseros hacia las Antillas holandesas o mendigando cobijo y empleo en el extremo norte de Brasil.


Mientras los países vecinos multiplican medidas de control o amparo, en Venezuela la migración a menudo hace crujir la unidad de las familias, despoja a empresas y servicios públicos de personal capacitado y muy probablemente forzará reacomodos en la política.

El presidente Nicolás Maduro ironizó ante la prensa el martes 18: “La última crisis que le han creado a Venezuela: ‘fuentes no identificadas de Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) dicen que se han ido 50 millones de venezolanos’. Y todos los medios repiten lo mismo, es una inquisición mediática generalizada”.

 

¿QUIÉNES SE VAN? 

 

En setiembre de 2017, la encuesta de condiciones de vida realizada por tres universidades venezolanas mostró que, desde 2012, en 616 mil hogares había migrado al menos un integrante de la familia. El 20 por ciento de los hogares más ricos había aportado 35 por ciento de los migrantes, y el quintil más pobre, 12 por ciento. Pero en el último año son cada vez más trabajadores y pobres quienes migran. “En la década pasada se iban quienes disponían de más recursos para viajar, en esta siguieron profesionales, después obreros especializados y ahora quienes se aventuran en busca de un trabajo y un ingreso para sus familias, muchos jóvenes”, observó a Brecha el experto Oscar Hernández, del Centro de Capacitación Migratoria en Caracas. Un alto directivo bancario comentó al semanario que “primero se nos fueron expertos en finanzas, después los técnicos en informática, ahora renuncian al empleo y se nos van obreros de limpieza y motoristas”.


La Federación Médica estima que desde 2004 se fueron del país 22 mil profesionales entre galenos, enfermeros y terapistas. “Es un muy grave drenaje de capacidades. Vamos a pagar muy caro que se vayan tantos talentos, tantos profesionales, maestros y estudiantes, gente en lo mejor de su edad productiva”, sostuvo Hernández.


“Al irse la clase media sufren más los pobres, porque quedan sin médicos, sin maestros, sin los profesionales que hacen funcionar los servicios”, comentó el sacerdote Alfredo Infante, fundador en el país del Servicio Jesuita a Refugiados y párroco de La Vega, un populoso barrio obrero del suroeste de Caracas donde “en zonas enteras sólo quedan ancianos y niños al cuidado de algunos parientes o vecinos, fragmentándose las familias”.

 

ECONOMÍA Y POLÍTICA

 

Manuel Fonseca, un inmigrante portugués dueño de una venta de repuestos usados en San Antonio, ciudad-dormitorio al sur de Caracas, cerró el pasado agosto su negocio y se marchó a Lisboa “a la espera de tiempos mejores”, explicó a Brecha. Se decidió después de que el 20 del mes pasado el presidente Maduro tomara medidas que apostaban por recuperar la economía: multiplicó por 35 el salario básico –que aun así es de menos de 30 dólares mensuales–, fijó los precios de artículos esenciales, devaluó 96 por ciento la moneda, le quitó cinco ceros, incrementó el Iva y otros impuestos y anunció que elevará el precio de la gasolina, la más barata del mundo, a valores internacionales.


Gremios empresariales y economistas críticos sostienen que las medidas, al carecer de financiamiento en divisas, implicarán emitir más dinero inorgánico (bolívares sin respaldo) y agravarán más los indicadores de la crisis.


Manuel Sutherland, investigador de la Asociación Latinoamericana de Economía Marxista, sostiene que “Venezuela sufre la crisis más grave de su historia. Por quinto año consecutivo presenta la inflación más alta del mundo, estimada en 82.766 por ciento para el período de julio de 2017 a julio de 2018. El país lleva nueve meses consecutivos de hiperinflación, con aguda escasez de bienes y servicios esenciales (alimentos y medicinas)”.


Además Venezuela posee “un déficit fiscal que ronda el 20 por ciento del Pbi, el riesgo país más alto del mundo, las reservas internacionales se ubican en el nivel más bajo de los últimos 20 años (…) La caída en el Pbi para el período 2013 a 2018 podría rozar el 45 por ciento”, afirma Sutherland.


Ese panorama impulsa la emigración. Félix Seijas, director de la encuestadora Delphos, afirma que “60 por ciento de los venezolanos no tiene planes de emigrar, pero 40 por ciento sí lo ha pensado. Con la situación económica es previsible la migración de otros cientos de miles, en su mayoría menores de 40 años”, y otra encuestadora, Consultores 21, indicó que un sondeo a 2 mil potenciales migrantes mostró que 54 por ciento de quienes quieren migrar son personas de estratos socioeconómicos medios o altos, y 46 por ciento se considera de sectores populares o marginales. Un 75 por ciento declara voluntad de abandonar el país por razones económicas y el resto por la situación política.


El impacto político de la migración está por medirse. Dirigentes opositores se han autoexiliado, y varios miles de migrantes en España, Estados Unidos, México y otros países han solicitado estatuto de refugiados políticos.

Una prueba del impacto político de la migración y del deterioro de la calidad de vida de buena parte de la población podría verse en la elección de concejos municipales prevista para el venidero diciembre, en la que por cierto no se prevé la participación de la mayoría de partidos políticos opositores, porque su registro legal ha sido cancelado.


VUELTA A LA PATRIA

El gobierno rechaza que Venezuela padezca una crisis humanitaria y ha denunciado una campaña, de la que harían parte gobiernos de América y Europa, para inducir la emigración a fin de justificar agresiones contra el país y promover el derrocamiento de Maduro. Por ello lanzó a finales de agosto una contra-campaña de repatriación de venezolanos con vuelos y autobuses fletados desde naciones vecinas. La bautizó “Vuelta a la Patria” –tomando el nombre de un poema de Juan Antonio Pérez Bonalde (1846-92) que se estudia en las escuelas–, y con ella han retornado varios miles de migrantes decepcionados por la falta de oportunidades o expresiones xenófobas con las que se toparon en los países que buscaron para rehacer sus vidas.


Esas figuras e historias también pueblan el paisaje de la emigración de Venezuela, país que, por contraste, a lo largo del siglo XX acogió a cientos de miles de inmigrantes venidos principalmente del sur de Europa, Oriente Medio, los países andinos, el Cono Sur e islas del Caribe.

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Martes, 25 Septiembre 2018 06:40

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

A los cuatro vientos. Emigrantes venezolanos

Se trata, según la Onu, de uno de los movimientos poblacionales más grandes  de la historia latinoamericana. Varios miles de venezolanos llegan cada día a países de la región en busca de un futuro mejor. Algunos viajan en avión o en ómnibus, muchos a pie. Ya son 2,3 millones que viven fuera de su país. Desde Pacaraima, en Brasil, hasta Montevideo o Bogotá –y también en la propia Venezuela–, esta migración masiva deja sus marcas.


El gobierno de Nicolás Maduro niega que se trate de una crisis migratoria, pero en pocos años se han ido de Venezuela más de un millón de personas. Alrededor de 5,6 millones de colombianos viven en Venezuela y nadie dice que Colombia haya vivido una crisis migratoria, responden las autoridades bolivarianas, y la cifra es verdadera, pero olvidan que se llegó a ella en décadas. Sólo desde 2015, según las Naciones Unidas, 1,6 millones de venezolanos se han desplazado hacia todos los puntos cardinales buscando mejores condiciones de vida. A algunos los vemos por acá. La mayoría llega a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Chile, a Argentina, con sus pocos bienes a cuestas, tras caminatas a pie de miles y miles de quilómetros.


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La crisis migratoria –que es cierta y debería romper tanto los ojos como las oleadas de migrantes que pueblan las páginas de los medios– es aprovechada por el gobierno de Estados Unidos y sus acólitos, con el secretario general de la Oea, Luis Almagro, a la cabeza, para incluir a la intervención militar en el “menú de opciones” que barajan para “atacar el gravísimo problema venezolano”, según ha venido elegantemente repitiendo en las últimas semanas la embajadora washingtoniana ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.


El escenario en ese sentido está plantado. El sociólogo argentino radicado en Caracas Marco Teruggi recordó semanas atrás (Página 12, 1-IX-18) algunos de los hechos que lo han ido configurando. El “drama de los refugiados y la crisis humanitaria provocada en toda la región por el gobierno de Maduro” fueron, por ejemplo, la excusa esgrimida por el secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, para anunciar, a fines de agosto, el envío del buque-hospital Usns a aguas colombianas cercanas a Venezuela. Nikki Haley visitó por la misma época la frontera colombo-venezolana, y desde allí dijo que “el mundo debe darse cuenta de que hay un dictador en Venezuela” y que nada de lo humanamente factible de ser empleado para sacarlo de en medio debe ser descartado. Por los mismos días, Sarah Sanders, portavoz de la Casa Blanca, afirmó que “la crisis de los refugiados” justificaba que Estados Unidos considerara la opción militar como una de las posibles ante lo que calificó como una “amenaza para la seguridad de toda la región”. Casi idénticas fueron las expresiones del senador Marco Rubio, uno de los exponentes más conocidos de la extrema derecha republicana, que tras reunirse con John Bolton, integrante del Consejo de Seguridad Nacional, dijo el 29 de agosto: “Venezuela y el régimen de Maduro se han convertido en una amenaza a la región e incluso a Estados Unidos”. Y agregó: “Donald Trump no avisará si decide actuar contra Maduro” (panampost.com, 30-VIII-18). Rubio ha sido, vale recordarlo, uno de los “líderes” con los que se ha venido reuniendo Luis Almagro para analizar la crisis venezolana.


Más o menos coincidentes con todas estas declaraciones fueron las revelaciones del New York Times sobre contactos del gobierno de Trump con militares y civiles venezolanos para preparar un golpe en Venezuela pretextando, entre otros factores, la “crisis humanitaria” representada por el “drama de los migrantes y los refugiados” (véase nota de Humberto Márquez en Brecha de la semana pasada).


Y a los pronunciamientos y llamamientos de la administración Trump y su galaxia hay que sumar la actitud del nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, heredero político del actual senador y ex presidente de derecha dura Álvaro Uribe, que ha multiplicado los contactos con personajes del gobierno estadounidense, incluido el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, con quien se reunió en Washington antes de asumir el cargo.


Duque, a su vez, se puso la semana pasada aun más a la derecha que el Grupo de Lima. El domingo 16, este conglomerado, formado por 14 países de la región para aislar a Maduro y buscar su caída, rechazó expresamente las declaraciones intervencionistas de Luis Almagro. Colombia fue el único de sus integrantes que no adhirió a ese pronunciamiento.


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Pero que la hay la hay. La crisis migratoria venezolana es real y tangible. Según la Onu, habría 2,3 millones de venezolanos viviendo actualmente fuera del país. La Universidad Central de Venezuela (Ucv) aumenta en millón y medio esa cifra (Afp, 26-VIII-18). En mayo la Organización Internacional para las Migraciones (Oim) afirmaba que el número de inmigrantes venezolanos en el resto de América Latina se había incrementado hasta entonces en un 900 por ciento en comparación con 2015, pasando de 89 mil a 900 mil personas (Efe, 4-V-18).


Hay quienes equiparan la magnitud del desplazamiento con la crisis de refugiados en Siria. Es el caso del Migration Policy Institute de Washington, o de Alfonzo Ianucci, director del proyecto Diáspora. “Lo que estamos viviendo ahora es sólo la punta del iceberg y todo va a empeorar”, dijo este último (Afp, 26-VIII-18).


Aunque los números venezolanos hablan de “una de las crisis migratorias más importantes de los últimos años en el mundo”, señaló Joel Millman, portavoz de la Oim (Efe, 4-V-18), se está lejos todavía de la dimensión de la emigración siria. No sólo en números (desde el comienzo de la guerra, en 2011, se fueron del país oriental más de 5,6 millones de personas, de acuerdo a datos de la Onu), sino también en materia de gestión de la crisis.


La emigración venezolana, comentó Millman en mayo, “está siendo bastante bien gestionada” por los países de la región, hacia donde se dirige el 90 por ciento de los migrantes, según cifras coincidentes de la Oim y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).


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Las cosas, sin embargo, se han ido complicando en los últimos meses, en función de que el flujo de migrantes ha ido creciendo. En agosto Ecuador declaró la “emergencia migratoria” por la llegada de unos 4.200 venezolanos por día en tránsito, en su mayoría, hacia otras naciones del área. Perú, uno de los mayores receptores de venezolanos, resolvió el mes pasado imponer restricciones a los migrantes provenientes de la república bolivariana: hacia fines de mes comenzó a exigirles pasaporte, un documento muy difícil de conseguir en Venezuela, y modificó las condiciones para extender los permisos temporales de residencia. Ecuador se embarcó en el mismo camino. En ambos países se han registrado diversos incidentes xenófobos con migrantes venezolanos en las zonas de frontera. Los más graves sucedieron de todas maneras en el estado brasileño de Roraima.


A fines de agosto las Naciones Unidas matizaron su optimismo de tres meses atrás respecto a la gestión de la crisis en el área, y denunciaron las restricciones decididas por Ecuador y Perú, así como la decisión del gobierno de Brasil de militarizar la acogida de refugiados en Roraima. “Los sectores más vulnerables de la emigración, como los adolescentes, los niños no acompañados, las mujeres que llegan a los países de destino con sus hijos y sin sus parejas, o quienes buscan a sus familiares, no tienen capacidad para satisfacer las exigencias en materia de documentación y están expuestos a un riesgo mayor de explotación (véase nota de Giovanny Jaramillo Rojas, pág 14), de trata y de violencia”, declaró por entonces un alto funcionario de la Onu (Infobae, 23-VIII-18). El lunes 3, en Quito, cancilleres de 11 países de la región decidieron aceptar como válidos los documentos de migrantes venezolanos que hubieran expirado, como forma de destrabar su ingreso a países de acogida, y pidieron al gobierno de Maduro que acelerara la entrega de pasaportes y otros papeles. El miércoles 19, Acnur y Oim nombraron al ex vicepresidente y ex canciller de Guatemala Eduardo Stein como representante especial para migrantes y refugiados venezolanos. “Trabajará para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria, incluyendo el acceso al territorio, protección de los refugiados, estatuto regular y la identificación de soluciones”, dijeron ambas agencias del sistema de la Onu al definir las funciones del nuevo funcionario. En caso de una intervención militar, afirmaron representantes de Acnur este mes, el “drama humanitario” o la “crisis migratoria” denunciados no sólo no se resolverían, sino que se agravarían.

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Lunes, 24 Septiembre 2018 06:24

Una historia más de un hombre menos

Una historia más de un hombre menos

Los inmigrantes venezolanos le han cambiado la cara a la capital de un país que históricamente les ha cerrado las puertas a los extranjeros. El transporte público y las calles son sus principales espacios de supervivencia. En su gran mayoría no tienen más remedio que dejarse explotar.


Rodolfo Gutiérrez tiene 43 años, 19 hijos y una voz dulce que desentona con su fibrosa corpulencia. Aunque sabe que la realidad lo contradice, él asegura no ser un mujeriego. “Cuestiones del azar”, dice, mientras soba sus manos y empieza a enumerar toda su descendencia, con orgullo y con el respectivo nombre de la madre. Cuando llega a Yesica, la decimosexta, se queda en silencio, mira hacia el suelo y traga saliva. Rodolfo afirma que ningún ser humano para de morir. Que en la vida, antes del llamado definitivo de Dios, la muerte más jodida, la más fatal y dolorosa de todas, ocurre cuando le niegan la posibilidad a alguien de vivir tranquilamente en su propia tierra y cerca de los suyos. “Yo vivo una muerte de estas”.


Cuando se refiere a su país, Rodolfo siempre habla en futuro: “Yo volveré a mi patria, a ser un buen policía, actuaré en favor de la ley y jamás me saldré de ella. Mi misión en la vida es esa. Venezuela volverá a ser un país próspero y libre. Ese día celebraré al lado de mi familia, con un buen pabellón criollo (el plato nacional venezolano) y varias Polarcitas (cervezas)”. Su voz se pierde en el fastidioso silbido de una pistola de gravedad que, a dos metros de la transitoria sala de su casa, es usada para pintar un auto. Para amenizar la charla, Rodolfo ofrece el café que vende su mujer a los clientes del taller de latonería y pintura en el que trabaja y vive. Es la hora del almuerzo y su jefe le tiene la comida empaquetada. El señor mira el reloj y Rodolfo asiente. Tiene que hablar rápido y comer rápido para volver a trabajar rápido.


* * *


El caso de Rodolfo es uno más de los de tantos venezolanos que se encuentran en Colombia como resultado de un fenómeno migratorio que le ha cambiado la cara a una ciudad de 10 millones de habitantes, como Bogotá. Una ciudad que nunca recibió a inmigrantes de manera masiva, debido a las políticas de gobiernos hiperconservadores que, incluso durante la convulsa primera mitad del siglo XX, decidieron prácticamente cerrar todos los trámites de inmigración en sus consulados y embajadas en Europa. Y es que la inmigración venezolana actual ha puesto a pulso tanto la tolerancia como la solidaridad de los bogotanos. Pocos son los venezolanos que han podido insertarse formal y definitivamente en la vida económica del país, mientras los demás, en su gran mayoría, no tienen más remedio que dejarse explotar. El transporte público y las calles son los principales espacios de trabajo y supervivencia de los nuevos inmigrantes. Muchos ejercen la venta ambulante, reparan artefactos electrónicos, atienden negocios, asean viviendas, cuidan lugares, cocinan o se prostituyen. Algunos cantan y bailan, otros simplemente piden.


Al ser el país limítrofe más accesible desde Venezuela, Colombia es el destino al que llegan los emigrantes venezolanos más pobres. En 2018 se comenzó a visibilizar largas marchas de venezolanos a lo largo y ancho del territorio colombiano. Miles de personas han cruzado el país a pie, recorriendo los 1.430 quilómetros que separan la ciudad de Cúcuta, en la frontera con Venezuela, de Ipiales, en la frontera con Ecuador. Con el objetivo de alcanzar países como Perú, Chile y Argentina, han subido y bajado varias cordilleras y pasado por todo tipo de climas, corriendo innumerables riesgos, no sólo humanitarios, sino también de seguridad. Aun después del acuerdo de paz, Colombia sigue alojando una guerra multilateral. Una guerra taciturna pero igual de feroz y decisiva.


* * *

Mil trescientos quilómetros separan a Rodolfo de su natal Maracay, una pequeña ciudad ubicada a 120 quilómetros de Caracas. Lleva un año en Bogotá, ciudad a la que llegó por invitación de su hermano, que no era policía, sino militar. Ambos salieron de Venezuela sin pedir la baja, es decir, ilegalmente, y no podrán regresar hasta que haya un cambio de gobierno, a menos de que quieran ir presos. Ambos son desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, “sólo desertores”, recalca Rodolfo, porque le parecen muy pesadas y liosas las palabras “traición a la patria”, que titulan los expedientes que el gobierno venezolano tiene abiertos en contra de él y su hermano.


Rodolfo entró a la policía en febrero de 1999, el mismo mes que Hugo Chávez tomó posesión como presidente. Salía Carlos Andrés Pérez y todo el país sabía que las transformaciones, además de inminentes, serían estrictas y fundamentales. “En ese entonces había mucha incertidumbre, pero también expectativa, sobre todo en las clases populares se podía percibir cierto optimismo”, recuerda. En los 18 años de carrera como policía, Rodolfo llegó al rango de oficial agregado. También pudo estudiar, sin poner un solo bolívar, una licenciatura en ciencia policial y una tecnicatura media en administración policial. En total, seis años y medio de instrucción académica.


En 2014 Rodolfo empezó a hartarse de la realidad de su país. Chávez no llevaba ni un año muerto y las cosas ya comenzaban a tornarse oscuras. La policía cada vez se corrompía más, le quitaron el transporte, no le pagaban a tiempo, lo hacían trabajar más horas y el dinero percibido no le alcanzaba para cubrir las numerosas necesidades de los suyos. Sin embargo, estaban los varios subsidios estatales que recibía por su descendencia, una ayuda inconmensurable que pronto fue decreciendo, hasta desaparecer.


Una noche Rodolfo soñó que lo abandonaba todo, que tomaba el primer avión de su vida y, después de extasiarse con la sensación de volar, repentinamente se encontraba en un lugar desconocido haciendo fila en una jefatura de policía para entregar su currículo.


“Desde esa época hasta hoy, llevar comida a la casa es prácticamente imposible, no sólo porque no hay plata suficiente, sino porque no se consigue lo necesario, lo básico, y si hay, toca meterse en unas filas interminables para que al final te digan: se acabó. Todo en Venezuela es corrupción, escasez, especulación, no hay estabilidad de nada.”


Ese sueño sería la primera pulsación de una posibilidad que empezaría a gestarse lentamente en su cabeza: irse afuera, a buscar la vida, un futuro para su familia. Una posibilidad que, gracias al creciente miedo –miedo de no poder cumplir, de fracasar–, se consumaría tres años después, pero sin avión, sin éxtasis, sin nada. Nada más que una pequeña mochila llena de ropa, una bolsa plástica con billetes y una botella de agua.


Todo el asunto del viaje fue bastante engorroso. Primero la plata: endeudarse para poder salir. Después las despedidas. Silenciosas, para no despertar sospechas. Pensó en pedir la baja, pero sabía que no se la darían. Estaba al tanto de las implicaciones judiciales que tenía su decisión. Eso lo afectó mucho. Pero nada pudo detenerlo; era asumir el riesgo que toda migración “obligada” conlleva o quedarse viendo el desmoronamiento de un proyecto que él mismo, en teoría, debía defender.


Finalmente llegó el día. El primer tramo: de Maracay a San Antonio del Táchira. Diez horas de trayecto. “Fue un viaje triste pero calmo, como de reflexión”, recuerda. Rodolfo tenía su pasaporte y, una vez en la frontera, pasó tranquilamente por el puente internacional Simón Bolívar hasta llegar a la ciudad colombiana de Cúcuta. Le sellaron la salida de Venezuela pero no la entrada a Colombia, según él “por no tener pasaje de vuelta a Venezuela”. Entonces se volvió y, después de analizar la situación, decidió seguir a un grupo de caminantes que lo llevó por debajo del puente. Con ellos Rodolfo cruzó el río que allí sirve de frontera natural. “Así entré a Colombia, sin ningún tipo de control y literalmente con el agua hasta el cuello.”


Una vez en territorio colombiano, lo primero que hizo Rodolfo fue buscar una casa de cambio para convertir a la moneda local los 500 mil bolívares que llevaba. Cuando supo el cambio que recibiría se puso a llorar: 70 mil pesos colombianos (25 dólares). Ni siquiera le alcanzaba para comprar el pasaje a Bogotá, que valía 90 mil. Le faltaban cinco dólares. Nada. Mucho.


Ya en la terminal de buses de Cúcuta, una persona lo ayudó a conseguir el pasaje al precio que Rodolfo podía pagar. “Salí una noche cualquiera, porque cuando uno está en una situación de esas no hay diferencias en el tiempo, todo es igual”, comenta. Diecisiete horas después estaría en la capital de Colombia, reencontrándose con su hermano en una pequeña casa en la que paraban 23 venezolanos más.


Rodolfo recuerda que la primera plata que ganó fuera de su país fue a las pocas horas de haber llegado a Bogotá, cargando y descargando bolsas de arena. Trabajó cuatro horas y sacó 10 mil pesos (3,5 dólares). Al décimo día de estancia en la ciudad consiguió un trabajo en un lavadero de autos. Ahí duró nueve meses. Trabajó todos los días desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, hasta que llegó una nueva administración que quería reducirle el sueldo a la mitad, por no tener los papeles en regla. Rodolfo renunció y acudió a una oferta laboral que le había hecho un cliente del lavadero. Así entró al taller de latonería y pintura. Rodolfo gana 180 mil pesos por semana (60 dólares), y de ese monto su patrón le descuenta el 70 por ciento, por razón del hospedaje y el almuerzo diario. Rodolfo entiende que el pago que recibe no es justo, pero no se queja, intenta ahorrar todo lo que puede y valora el trato horizontal que su jefe le brinda. Rodolfo se refiere a él como “el ángel”. Ni el estudio universitario, ni el técnico, ni la experiencia como policía le sirven para algo. Sólo sus manos le son útiles y verdaderamente productivas en esta ciudad.


Hace nueve meses Rodolfo fue por primera vez al edificio de Migración Colombia para obtener el dichoso sello de entrada al país y, de paso, arroparse con el permiso especial de permanencia que el gobierno de Colombia instauró como una medida urgente para auxiliar a los más de 900 mil migrantes venezolanos que, sin querer, alberga el país. Una cifra que, sin embargo, no tiene en cuenta a alrededor de 200 mil migrantes venezolanos que están en situación irregular o en tránsito. El permiso de permanencia les permite practicar cualquier actividad u ocupación legal en el país; pueden trabajar, estudiar y ser cubiertos por la seguridad social, pero por un máximo de dos años.


Desde su visita a Migración, Rodolfo no ha recibido ningún tipo de respuesta, y tampoco tiene el tiempo necesario para ir a averiguar qué pasó con su solicitud.


* * *


 —¿Cuánto tiempo más cree que durará la crisis?
—La gente cree que esto va a ser rápido, pero eso es porque no saben realmente lo que está pasando.
—¿Qué es lo que está pasando?
—Que el gobierno lo tiene todo controlado, excepto lo que se dice de él en el exterior. Ojo: y cuando digo todo es todo.
—¿Considera que su país está solo en esto?
—Mira, desde que me acuerdo mi país ha ayudado a muchos países, y es triste que ahora cuando Venezuela necesita la ayuda de otros países muchos le han dado la espalda.
—¿Qué expectativas tiene?
—Que me regularicen la situación aquí para trabajar mejor y poder traer a mi familia. Y ojalá mi dios no se vaya a llevar a mi mamá antes de que la pueda volver a ver. Mi lugar ahora es acá y no quiero mirar atrás.
—¿Regresará?
—Claro, algún día, no sé si mañana o dentro de 30 años, pero seguro cuando se caiga esa dictadura y no me pongan preso y pueda volver a trabajar como cualquier cristiano.
—¿Quiere añadir algo?
—Sí, aunque no es algo importante: al principio, cuando empezamos a hablar y me puse sentimental, olvidé decirte los nombres de mis últimos tres hijos…

 

 

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Miércoles, 05 Septiembre 2018 07:04

Cruzan para dejar atrás la tierra de Bolívar

Cruzan para dejar atrás la tierra de Bolívar

Según las cifras oficiales, a Perú han ingresado unos 420 mil venezolanos, la mitad que en Colombia. Ambos países junto a Ecuador decidieron no cerrar sus fronteras, pero sí endurecer los controles fronterizos exigiendo pasaporte.

“Con mi esposa y mis tres hijos hemos hecho un viaje muy duro de varios días. Hemos venido casi sin nada. Esperamos poder seguir viaje y llegar a Lima, ese es nuestro objetivo. La situación en Venezuela está muy difícil, por eso salimos. Pudimos pasar la frontera poco antes que exijan el pasaporte, un documento que no tenemos y que ahora es muy difícil conseguir en Venezuela”, dice a las cámaras de televisión uno de los miles de migrantes venezolanos que cada día cruzan por tierra hacia Perú desde la frontera con Ecuador. 

Según las cifras oficiales, a Perú han ingresado unos 420 mil venezolanos. El país que ha captado la mayor parte de esta migración es Colombia, donde las autoridades dicen hay 820 mil venezolanos registrados. En Ecuador hay poco más de 200 mil. Estos son los países que han recibido la mayor cantidad de venezolanos. La mayor parte de este flujo migratorio se ha dado en el último año, en medio de la crisis que afecta Venezuela.


Funcionarios de Perú, Colombia y Ecuador se reunieron de emergencia la semana pasada en Lima para acordar medidas conjuntas para enfrentar la migración venezolana. Tomaron acuerdos para unificar políticas migratorias e intercambiar información. Decidieron no cerrar sus fronteras, pero sí endurecer los controles fronterizos, exigiendo a estos migrantes documentos de identidad como el pasaporte. Justificaron esta decisión en “la necesidad de tener una migración regulada, ordenada y segura”. Se acordó exigir pasaporte a pesar de que estos tres países indican en un comunicado que los ciudadanos venezolanos tienen dificultades para conseguirlo. Para superar este problema, señalaron haber acordado pedirle al gobierno de Nicolás Maduro que facilite la entrega de este documento.


Un argumento para pedir pasaporte es evitar el ingreso de personas con antecedentes penales. “Es necesario tener un mejor control, pero no hay ninguna intención de cerrar las fronteras, eso lo aseguramos”, declaró el diplomático peruano Enrique Bustamante. Diversos expertos coinciden en señalar que exigir pasaporte tiene una relativa eficacia en el tema de seguridad y lo que hace es empujar a quienes no tienen ese documento a ingresar clandestinamente, lo que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad.


Perú ya venía exigiendo pasaporte a los venezolanos que llegan a su frontera desde el 25 de agosto, antes de este acuerdo conjunto. En Ecuador un tribunal ha suspendido una decisión del gobierno en ese sentido. Hasta el 25 de agosto, cada día cruzaban la frontera peruana cerca de cuatro mil venezolanos. Desde esa fecha, el flujo migratorio ha bajado a poco más de mil al día. Pero esa cifra no toma en cuenta a los que han comenzado a cruzar ilegalmente por rutas alternas por no tener pasaporte para pasar los controles fronterizos.


Los funcionarios de estos tres países andinos señalan que su capacidad de atención ha sido desbordada por la migración venezolana. Frente a esta situación, han solicitado la ayuda de organismos como la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para la Migración, así como de los países desarrollados. El gobierno peruano ha declarado en emergencia sanitaria la zona fronteriza en el norte del país, donde se concentran más de 40 mil venezolanos, albergados en precarias condiciones. La Dirección Regional de Salud de Tumbes, zona fronteriza con Ecuador usada como paso por estos migrantes, ha alertado de la presencia de enfermedades como malaria, dengue e influenza.


Los funcionarios de estos tres países señalan que la ayuda internacional no debe limitarse a la atención de emergencia a estos migrantes, sino que también debe darse para respaldar programas para su inserción laboral. La mayor parte de venezolanos que han ingresado a Perú han llegado a Lima, donde en su mayoría trabajan en el comercio ambulatorio, y en menor proporción en restaurantes y otras actividades de servicios.


Luego de la reunión de emergencia en Lima, Ecuador convocó para el lunes y ayer a un encuentro en Quito con una docena de países de la región, entre ellos Argentina, para seguir abordando el problema de la migración venezolana y cómo enfrentarla (ver aparte). La OEA también llamó para hoy a una reunión para analizar este tema.


El drama de los migrantes venezolanos, que abandonan su país fundamentalmente por razones económicas, es explotado diariamente por sectores políticos y medios periodísticos para reforzar sus ataques contra el gobierno de Venezuela y promover acciones contra el régimen de Maduro. Ciento veinte mil migrantes venezolanos llegados a Perú han solicitado ser considerados como refugiados, lo que les daría los derechos de un residente y la protección del Estado peruano. Pero solamente una minoría, algo más de 400, ha conseguido el estatus legal de refugiados, para lo que deben demostrar que son perseguidos o su vida corre peligro en su país, lo que no ocurre con la gran mayoría de ellos.


Hace unos días, un avión fletado por el régimen venezolano llevó de vuelta a su país a un centenar de estos migrantes, que decidieron regresar por no haber encontrado la prometida mejora de su situación.


 La declaración de Quito

Esfuerzos conjuntos

 

El encuentro regional en Ecuador para afrontar la emigración venezolana concluyó ayer con la aprobación de la Declaración de Quito. El documento incluyó 18 puntos que se dirigen a sensibilizar a gobiernos y organismos internacionales sobre la necesidad de llevar adelante acciones para atender a los migrantes venezolanos.


“La Declaración de Quito contiene la voluntad de todos los Estados participantes en seguir acogiendo con los brazos abiertos a todos los que vienen enfrentando una difícil situación en su país de origen”, anunció al concluir la reunión el representante peruano, César Bustamante.


Los países firmantes “hacen un llamado a la apertura de un mecanismo de asistencia humanitaria que permita descomprimir la crítica situación, brindando atención inmediata en origen a los ciudadanos afectados”, reza el texto.


Uno de los puntos más importantes de la Declaración establece que, aunque depende del marco jurídico de cada país, se permita acoger los documentos de viaje vencidos de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios, informó el diario ecuatoriano El Comercio. Además, se buscarán fuentes de financiamiento para respaldar a los países que más flujo migratorio reciben, entre ellos Colombia, Perú y Ecuador.


La Declaración fue firmada por los delegados de Argentina, Brasil, Ecuador, Costa Rica, Colombia, Chile, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Bolivia se abstuvo, siguiendo lineamientos de la presidencia, y el representante de República Dominicana se ausentó por un problema de salud.


Durante la segunda semana de noviembre se llevará a cabo, también en Ecuador, una reunión táctica para tratar la aplicación de la Declaración.

 

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Miércoles, 29 Agosto 2018 07:16

Reunión de vecinos por el éxodo venezolano

Reunión de vecinos por el éxodo venezolano

Ciudadanos venezolanos cargando bultos y valijas recorren la autopista a Bucaramanga desde Cúcuta, en Colombia (foto). El flujo de venezolanos que llega a la ciudad fronteriza de Cúcuta empezó a disminuir esta semana después de que Perú y Ecuador anunciaran el endurecimiento de las medidas migratorias, incluyendo el requerimiento de pasaportes para ingresar a esos países, medida que fue criticada por Naciones Unidas (ONU) y la organización mundial de migración (OIM).

Las autoridades migratorias de Colombia y Perú acordaron ayer crear una base de datos conjunta de los ciudadanos venezolanos que están llegando a ambos países para atender “este fenómeno de la mejor manera”.


“En la medida en que tengamos identificada a la población, en esta misma medida podemos implementar mecanismos de incorporación regionales”, afirmó el director de Migración Colombia, Cristian Krüger Sarmiento, al término de una reunión en Bogotá con autoridades de Perú y Brasil para exponer la forma en la que enfrentan la llegada masiva de venezolanos que huyen de la crisis en su país.


En la reunión, en la que también iban a participar autoridades ecuatorianas, pero que no pudieron asistir por problemas logísticos, Krüger coincidió con el superintendente nacional de migraciones de Perú, Eduardo Sevilla, en que “la idea es invitar también a los demás países” que reciben venezolanos para que se unan a la iniciativa.


“Queremos generar unos principios básicos, unas ideas básicas para poder atender este fenómeno migratorio de manera regional (...) y uno de los aspectos fundamentales es que las autoridades cuenten con la información de todas estas personas para poder organizar este fenómeno migratorio que cada día está creciendo”, añadió.


Según los funcionarios, en Colombia ya se han radicado cerca de un millón de venezolanos, mientras que en Perú ya son más de 400.000.

 

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Residentes de la ciudad brasileña de Pacaraima destruyeron el sábado pertenencias de migrantes venezolanos.

Brasil enviará tropas a la frontera con Venezuela este lunes, luego de que los residentes de la ciudad fronteriza de Pacaraima expulsaron a los venezolanos y quemaron sus improvisados campamentos, en pleno aumento de las tensiones regionales por la inmigración.

Cientos de miles de venezolanos han cruzado las fronteras terrestres hacia Brasil y Colombia en los meses recientes para intentar escapar de la crisis económica, política y social que afecta a su país.
El más reciente episodio de tensiones comenzó el sábado temprano en territorio brasileño, horas después de que un comerciante local fue asaltado y resultó herido en un incidente atribuido a venezolanos en Pacaraima, ciudad con unos 12 mil habitantes y donde unos mil inmigrantes viven en la calle, según estimaciones de las autoridades.


Grupos de residentes recorrieron la ciudad arrojando piedras a los migrantes y prendiendo fuego a sus pertenencias. Decenas de residentes atacaron los dos principales campamentos improvisados de inmigrantes y quemaron todas sus pertenencias, lo que llevó a muchos venezolanos a cruzar la frontera de regreso a su país.


La situación fue caótica: según testigos, se escucharon disparos, los comercios cerraron y se amontonaron escombros en las calles.


Suely Campos, gobernadora del estado de Roraima, llamó a cerrar temporalmente la frontera y pidió a Brasilia que envíe refuerzos de seguridad para “enfrentar el aumento de la criminalidad”, el cual relaciona con el incremento de la llegada de venezolanos.


El Ministerio de Seguridad Pública dijo que enviará un contingente de 120 soldados que llegarán este lunes para sumarse a los equipos en la zona.


Las tensiones están aumentando en América Latina por la migración desencadenada por las crisis en Venezuela y en Nicaragua.


Ecuador comenzó a bloquear desde el sábado el paso de venezolanos por sus fronteras terrestres, exigiéndoles que presenten sus pasaportes para poder ingresar –documento del que carecen muchos–, en lugar de la cédula de identidad, como era hasta ahora.


Perú anunció la misma medida, que empezará a aplicarse el próximo 25 de agosto. Sólo la semana pasada, unos 20 mil venezolanos ingresaron a Perú, de acuerdo con sus autoridades.


La Organización de las Naciones Unidas estima que 2.3 millones de venezolanos han huido de la crisis escapando de la pobreza y en busca de trabajo. Colombia ha dado residencia temporal a más de 800 mil
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela llamó a Brasil a “dar las garantías correspondientes a los nacionales venezolanos y tomar las medidas de resguardo y seguridad de sus familias y enseres”.
La situación en Pacaraima, Brasil, vecina de la venezolana Santa Elena de Uairén, estaba tranquila la mañana de este domingo, en parte porque vecinos de la ciudad lograron expulsar a los venezolanos que estaban en los campamentos.


En tanto, el presidente boliviano, Evo Morales, calificó de “invasión encubierta” de Estados Unidos a América Latina el pretexto de la ayuda humanitaria a venezolanos. “Condenamos la invasión encubierta de Washington al enviar a Colombia un barco del Pentágono con la excusa de ayuda a los hermanos venezolanos”, tuiteó, y en otro mensaje en la red social, añadió que la embarcación Comfort, con capacidad para transportar helicópteros de guerra, “es una amenaza contra Venezuela”.


Morales agregó que la mejor ayuda es respetar la soberanía del pueblo venezolano y “levantar el bloqueo económico que el imperio estadunidense o le ha impuesto injustamente. Toda agresión a Venezuela es una agresión a América Latina”, advirtió.

 

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Ecuador declara la emergencia migratoria por la llegada de 4.200 venezolanos al día

La medida se activa para atender la crisis humanitaria ante el aumento del flujo migratorio en los últimos días

Ecuador ha declarado este miércoles el estado de emergencia en tres de las provincias en las que se ha detectado mayor presencia de venezolanos tras un aumento inusual del flujo migratorio. En los últimos días, la llegada a Ecuador de ciudadanos de Venezuela ha alcanzado la cifra de 4.200 al día, por lo que el Gobierno ha decretado la emergencia con fines humanitarios. “El objetivo es establecer un plan de contingencia y las acciones y mecanismos necesarios para la atención humanitaria”, según el comunicado emitido por la Cancillería ecuatoriana.

La medida se aplicará en las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, en El Oro, que linda con Perú, y en Pichincha, donde está la capital y en la que se han establecido una parte de los venezolanos que se quedan en Ecuador. Según las últimas cifras oficiales de Migración, en el primer semestre del año, llegaron 454.000 ciudadanos desde Venezuela, de los que 72.000 permanecieron en territorio ecuatoriano. La mayor parte, en cambio, prosigue su viaje saliendo por la frontera sur hacia Perú y Chile. Ese flujo se ha intensificado en los últimos días, por lo que Ecuador ha activado esta medida con la que las instituciones pueden movilizar recursos públicos con mayor rapidez.

“Como parte de las acciones a ejecutarse, el Ministerio del Interior incrementó su personal para el control migratorio, al tiempo que brindará seguridad. Mientras que el Ministerio de Salud, fortalecerá la atención con un mayor número de médicos. El Ministerio de Inclusión Económica y Social pondrá a disposición un equipo de trabajadores sociales y psicólogos, especialmente para los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes y mujeres)”, precisa el comunicado en el que se declara la emergencia en las tres provincias, tras una reunión de la Cancillería con autoridades de los gobiernos provinciales, municipales y representantes de Naciones Unidas.

Desde que comenzó la crisis humanitaria en Venezuela, Ecuador ha sido uno de los países que ha sentido el flujo migratorio de personas que huyen de su país. La mayoría de ellos está de paso, tras un viaje de varios días o semanas que se complica al ingresar desde Colombia a territorio ecuatoriano. La moneda local, el dólar estadounidense, hace muy caros los billetes de autobús con los que proseguir el viaje hacia Perú, así como la comida o el hospedaje temporal.

Por eso, el plan también contempla intensificar la cooperación internacional. “A través de las organizaciones del sistema de Naciones Unidas, como OIM, ONU-PMA, ACNUR, HIAS se dotará de carpas e insumos como raciones alimenticias, kits de higiene personal para niños y mujeres, agua, se dotará de información a los ciudadanos, etc”, añade el comunicado. Los municipios, por su parte, se encargarán de prestar infraestructura básica, agua potable y sanidad.

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Por una prensa libre: la lucha de Emilio Gutiérrez Soto para obtener asilo en EE.UU.

El periodista mexicano Emilio Gutiérrez Soto, quien tuvo que huir de su país para no ser asesinado, acaba de ser liberado de un centro de detención de inmigrantes en Texas. En diciembre del año pasado fue detenido junto a su hijo Oscar por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidense (ICE, por su sigla en inglés), dos meses después de recibir un galardón del Club Nacional de Prensa de Estados Unidos, evento en el que denunció públicamente el proceso de solicitud de asilo. La semana pasada, un juez federal ordenó la liberación de Emilio y Oscar e indicó que las pruebas sugerían que Emilio había sido blanco del ICE por sus denuncias. El caso de Gutiérrez Soto es representativo de la crueldad de las políticas del presidente Donald Trump contra los inmigrantes y solicitantes de asilo, así como del desprecio cada vez más violento de Trump hacia la libertad de prensa.

En 2005, Emilio escribió una serie de artículos que documentaban casos de corrupción en el ejército mexicano en su estado natal de Chihuahua. Se negó a dejar de informar sobre estos casos y, en 2008, recibió una llamada urgente de una amiga que había oído que Emilio estaba a punto de ser asesinado. Emilio agarró los documentos necesarios para viajar y huyó a la frontera con Estados Unidos junto con su hijo de 14 años. Emilio y Oscar estuvieron detenidos durante varios meses a su llegada y fueron liberados recién cuando su solicitud de asilo se abrió paso a través de un largo proceso. En declaraciones durante la ceremonia de premiación en el Club Nacional de Prensa en octubre de 2017, Emilio dijo: “En el 99% de los casos de asesinato, desapariciones y exilios es el dolor constante en nuestras familias. Doña Impunidad no nos ha dejado de la mano. Mientras la Justicia, Doña Justicia, se prostituye acompañada del Estado para rematar la libertad de expresión. Quienes buscamos asilo político en países como este nos enfrentamos con la cerrazón de autoridades migratorias que regatean las leyes internacionales”. Dos meses después, él y Oscar fueron nuevamente arrestados.


El director ejecutivo del Club Nacional de Prensa, Bill McCarren, inmediatamente se puso al frente de la campaña de apoyo a Emilio y Oscar. Se dirigió a El Paso con el congresista demócrata Beto O’Rourke para tener una reunión con el ICE. El abogado principal del ICE local, Elias Gastelo, aconsejó a McCarren “bajar el tono”. McCarren lo interpretó como que deberían realizar su campaña de apoyo a Emilio de manera menos visible.


Durante los siete meses que estuvo detenido en una cárcel del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Emilio vivió de primera mano la cruel política de mano dura del presidente Donald Trump contra los inmigrantes. El miércoles, pocos días después de que el juez federal de distrito David Guaderrama ordenara su liberación, Emilio expresó en una entrevista para Democracy Now!: “La forma de vida dentro de ese campo de concentración es sumamente dura. Lo que busca la autoridad inmigratoria es acabarte psicológicamente, y estamos tratando de reanudar nuestra vida en libertad, en media libertad, prácticamente”. Emilio relató la angustia que compartió con muchos de los padres detenidos con él, separados de sus hijos y sin saber si volverán a verlos. Más de 700 menores aún permanecen detenidos y separados de sus padres y madres tras haber cruzado la frontera con ellos.


Si bien Emilio se muestra optimista tras la elección de Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México, sigue siendo crítico hacia el actual gobierno mexicano: “El Consulado de México en El Paso es una agencia totalmente al servicio del ICE. No protege en lo absoluto los intereses de los mexicanos. El cónsul se vanagloria de ser muy amigo de William Joyce, el director de campo del ICE”.


Si bien Emilio y Oscar ya no están detenidos, todavía siguen bajo la supervisión de la seguridad interna del ICE: “Esperemos que en estos días las autoridades migratorias, en concreto el ICE, nos regrese nuestros seguros sociales, los documentos que nos han sido decomisados, que no nos regresaron hace una semana”. Además de recibir el Premio a la Libertad de Prensa “John Aubuchon” del Club Nacional de Prensa, Emilio también fue premiado con una beca Knight-Wallace para el próximo año académico por la Universidad de Michigan. Se lo espera en el campus de Ann Arbor el próximo 27 de agosto, pero existe el temor de que el ICEretrase la devolución de sus documentos a modo de castigo, lo cual le impediría viajar: “Tenemos ese compromiso moral de nuestra parte, particularmente mi hijo y yo, de crear conciencia, de solidaridad entre los humanos como una forma de fortalecer nuestros pueblos, nuestra educación, nuestra conducta social. Tenemos mucho trabajo que realizar aún. Tengo mucho que escribir”.


Emilio Gutiérrez Soto y su hijo Oscar, que ahora tiene 24 años de edad, merecen recibir asilo político. Emilio podría haber sido otra estadística, uno más entre las decenas de periodistas mexicanos asesinados en el cumplimiento del deber. Pero, al huir a Estados Unidos, logró sobrevivir. La perspectiva que desarrolló tras su difícil experiencia es necesaria ante el nacimiento de una nueva era en México y los prejuicios antiinmigrantes que consumen a la Casa Blanca.

Columna03 DE AGOSTO DE 2018
Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

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Redes solidarias en Grecia ante la xenofobia europea

En la isla de Quíos,1800 refugiados sobreviven gracias al trabajo voluntario mientras Europa construye nuevos centros de detención.

 Desde Isla de Quíos

En Grecia es la ciudadanía quien sigue buscando soluciones para una situación que la desborda y ante la cual las autoridades dan sistemáticamente la espalda. A solo 7 kilómetros de la costa turca, la isla de Quíos es un popular destino para turistas pero también para las precarias embarcaciones despachadas por las mafias con centenares de personas desesperadas por cruzar a Europa. En el verano de 2015, cuando la gran ola migratoria llegó a las costas del Mar Egeo, una media de 30 botes al día atracaban en Quíos. Luego la afluencia disminuyó con el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía –en marzo del 2016– para la deportación a este país de quienes entraran de forma irregular a las islas griegas a cambio de 6.000 millones de euros para el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Pero, pese a que el “acuerdo de la vergüenza” redujo –según datos de la Agencia de fronteras de la UE (Frontex)– en un 80% la llegada de migrantes con respecto al 2017, cientos de personas siguen desembarcando en las islas del Egeo, donde más de 13 mil refugiados malviven atrapados en campos de “recepción” con capacidad para 6300.


Quíos es uno de los llamados “hotspots”, es decir que dispone de instalaciones oficiales para el alojamiento y registro de quienes llegan en busca de asilo. El campo de Vial, en el interior de la isla, acoge a 1850 personas- aunque está preparado para 900- y es ahora, junto con los pisos de Acnur que alojan a alrededor de 500 personas, el único espacio reservado para los refugiados luego del cierre de otro campo –Souda– que se ubicaba en las afueras de la ciudad de Quíos. Gestionado por el Ejército y el gobierno heleno, el centro de detención Vial es una inmensa superficie blindada por alambre de púa que esconde del mundo cientos de contenedores y miles de carpas superpobladas por gente sometida a la miseria y la desesperanza.


El laberinto burocrático en el que entran los solicitantes de asilo al pisar suelo europeo los atrapa por tiempo indeterminado, con causas indeterminadas. Por eso el punto de información del campo colapsa cada mañana, con cientos de personas abalanzándose sobre sus ventanillas en busca de respuestas. “Why am I here?” es el grafiti más repetido en las paredes de Vial. “Para algunas nacionalidades, como la siria, el proceso es incluso más lento que para el resto: hasta 18 meses están tardando en dar la entrevista con la Oficina Europea de Asilo, lo cual es solo el primer paso”, alertan Zoe y Sonya, abogadas de la organización Choose Humanity que brinda asesoramiento jurídico gratuito para los refugiados en Quíos. “Después de la primera entrevista, a algunos los deportan a Turquía y a otros nos mandan a una segunda cita con el Servicio Griego de Asilo para empezar los trámites, que duran un promedio de dos años”, explica por su parte Ali, un joven de Irán que llegó a Quíos en 2016 después de pagar 6 mil euros a un traficante y ahora, tras su paso por los campos de Souda y de Vial –que describe como “el infierno”– viaja a Atenas con el ansiado papel azul que lo autoriza a salir de la isla.


Las personas en busca de asilo no solo siguen llegando –y lo seguirán haciendo mientras las guerras no se detengan– sino que, forzados en la mayoría de los casos, se quedan. Migrantes y locales coinciden en que la situación no solo no se alivió a lo largo de estos tres años –como insisten en afirmar desde la UE– sino que está visiblemente peor a causa del bloqueo en las islas provocado por el pacto con Turquía y la inacción gubernamental. “Yo entiendo que cuando esto empezó nadie estuviera preparado para afrontarlo correctamente pero ahora, tres años después,
¿cómo es posible que todavía tengamos gente durmiendo en carpas?”, se pregunta, indignada, Toula, fundadora de CERST, uno de los mayores grupos de ayuda de la isla.


“Todo esto cayó en medio de nuestra peor crisis económica, el gobierno griego no se pudo hacer cargo. No espero nada de ellos”, admite esta mujer de Quíos que decidió, ante la inacción de las instituciones, tomar las riendas del asunto. “No solo ellos no nos ayudan sino que somos nosotros quienes los ayudamos a ellos. La Administración no tiene nada y espera todo de los voluntarios”, explica. Chios Eastern Shore Response Team (Cerst) es el nombre que Toula y sus entonces pocos compañeros de misión eligieron para dar entidad formal a algo que, en su origen, no lo tenía en absoluto. Lo que ahora es una organización con tres espacios diferentes de trabajo y un promedio de veinte voluntarios por semana, al empezar era ayuda espontánea de isleños que, como dice Toula, actuaban “de corazón”. Esta mujer de 43 años dormía cuando escuchó gente gritando y niños llorando, salió a ver qué pasaba y se encontró con la nueva realidad de la isla. Abrió tres habitaciones del hotel que regenta en un pequeño pueblo del sur de Quíos y allí los alojó. “Les di lo que tenía, al igual que todos los locales, yo no hice nada extraordinario”, matiza Toula. Era octubre de 2015, tres meses más tarde de las primeras llegadas masivas de migrantes, cuando el frenesí de la temporada turística se calmaba y en Quíos la gente empezaba a entender que algo grave sucedía en la isla, en el mundo.


Facebook fue el gran empujón para los locales que corrían de punta a punta de la costa atendiendo con ropa, comida y agua a los tripulantes de los endebles botes. Gracias a la red social, los isleños pasaron de estar solos frente a la emergencia, a estar apoyados por cientos de personas de todo el mundo; y de la ayuda espontánea, pasaron a la organización. En enero de 2016 Toula finalmente fundó Cerst y otras ONG se instalaron en Quíos, creando una red de cooperación que a día de hoy persiste. El trabajo en ese momento consistía en la distribución de ropa y comida proveniente de donaciones, pero luego el equipo amplió su tarea a la enseñanza de lenguas, el cuidado de niños, la higiene y la asistencia en los desembarcos.


En el interior de la isla, a una media hora a pie del campo de Vial, una hermosa casona de piedra alberga el Centro de idiomas, donde un promedio de sesenta personas asiste cada día a clases de griego, francés, inglés y alemán. Los profesores son voluntarios que se comprometen a una estancia mínima de dos meses para garantizar el seguimiento de los alumnos y el espacio también cuenta con una cocina, una biblioteca con servicio de préstamo y una acogedora sala de lectura. Muy cerca de allí, rodeado de campos de papas y olivos, Cerst estableció Hope, un espacio para dotar a los habitantes del campo oficial de duchas, ropa limpia y peluquería, a la vez que un área de juegos y merienda para los chicos. El predio de Vial dispone de 25 duchas para las 1700 personas allí alojadas y 1,5 litro de agua para beber por día, a temperaturas que rozan los 35 grados. “Las condiciones en el campo son espantosas, la comida que nos dan nos cae mal, todo está lleno de basura y hace muchísimo calor”, denuncia Mohammed, mientras espera que su mujer y su hija acaben de arreglarse en Hope. “También es insuficiente la asistencia sanitaria, los médicos pagados por el Estado no dan abasto y a mí, por ejemplo, me hicieron esperar cuatro horas con una quemadura de primer grado en el brazo”, relata este hombre sirio que lleva seis meses en el campo de Quíos. Otra área fundamental en la labor de este equipo es la asistencia en los desembarcos que, cuando el viento es leve, pueden ser diarios. Cuando un bote llega a la costa, la policía le avisa a Salvamento Marítimo Humanitario –organización vasca que socorre voluntariamente desde 2015 en los rescates– y ellos a Cerst, que cuenta con una caseta en el puerto preparada para atender a las personas que llegan generalmente en medio de la noche, con hambre y frío. “Lo primero es que un traductor les explique lo que está pasando y quiénes somos nosotros. Luego les preparamos un pack de ropa, comida y agua a cada uno o los atendemos en caso de hipotermia”, explica Ruben, coordinador del equipo, durante el entrenamiento a los nuevos voluntarios.


Aunque mayoritariamente la población de Quíos respondió con solidaridad al desatarse la crisis humanitaria, hay grupos que también se muestran furiosos ante la llegada de inmigrantes, sobre todo a partir del acuerdo entre la UE y Turquía, que los bloquea en la isla por tiempo indeterminado. A pocos metros de la entrada del campo de Vial, un grupo de locales puso un puesto con las fotos de los grandes líderes europeos diciendo “no los queremos” y el objetivo de impedir al gobierno la entrada de nuevos containers para albergar a más refugiados. La idea es hacer turnos y cubrir las 24 horas, los siete días de la semana, amparándose en que no es legal la zona exterior del campo donde se encuentra la mayoría de las carpas y, por consiguiente, en que están en su pleno derecho. Pese a esto, existen todavía en Quíos mucha gente que no se doblega y, además del ejemplo de Toula otras personas persisten en su labor solidaria. Kostas es el dueño de un restaurante a primera línea de playa que también salió en su día al rescate de las barcas que llegaban de a cientos y que luego en febrero del 2016, cuando se conformó el campo de Souda en la capital de la isla, creó una cocina en la que preparaban 1500 raciones de sopa al día para repartir gratuitamente entre sus pobladores. En la actualidad, la comida en el campo oficial corre a cargo del Ejército pero Kostas sigue alimentando a los voluntarios de tres organizaciones humanitarias, un centro de menores no acompañados y a los locales sin recursos, “porque no nos olvidamos de toda la gente griega que también pasa graves necesidades”, apunta Kostas, remarcando la severa crisis económica que su país todavía padece.


“Si los voluntarios no hubieran venido a Quíos y Lesbos, las cosas serían ahora todavía mucho peores. Estoy muy contenta y orgullosa”, recalca la fundadora de Cerst. Jóvenes que en sus países de origen trabajan en ONG o participan desde hace tiempo en diferentes proyectos humanitarios, profesionales que abandonan temporalmente sus oficinas, estudiantes que- desde Singapur hasta Toronto- son conscientes del injusto trato que reciben en Europa las personas que huyen de la barbarie, jubilados que brindan su experiencia para detectar los fallos de la inexperiencia y buscar nuevas soluciones... Voluntarios de todas las edades y procedencias dan lo mejor de sí para intentar que la crueldad no sea tanta. “A mi padre le pasó lo mismo, él se tuvo que ir a Australia porque no tenía ni para comer. Se fue sin zapatos en barco. Por eso entiendo lo que está pasando, no es algo nuevo”, recuerda Toula. Lo que, en todo caso, no vivieron los millones de migrantes europeos en América u Oceanía es el cierre sistemático de fronteras y el desprecio que la Unión Europea muestra hacia quienes llegan de países devastados, ratificado esta semana en la cumbre de los 28 en Bruselas.

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Lunes, 02 Julio 2018 10:13

¿Por qué nos odian?

¿Por qué nos odian?

Platicando sobre la persecución de inmigrantes indocumentados, la separación de sus hijos para colocarlos en jaulas y otras atrocidades oficiales con Kevin, un afroestadunidense que trabaja de portero en un edificio de Nueva York y que es de las personas más informadas de este país, concluye: "antes era la J, ahora es la M".

Se refería a cuando los nazis colocaban la letra J en la ropa, en las puertas de casas o negocios de judíos para identificarlos y finalmente detenerlos, separando familias y enviándolos a campos de concentración. La M, obviamente, son los perseguidos de los que platicábamos: los migrantes.

De hecho, las comparaciones entre los nazis y otros regímenes fascistas del siglo pasado con el estadunidense actual es cada vez más frecuente. "Yo fui separado de mis padres por los nazis cuando mi familia fue enviada y aniquilada en un campo de concentración. No permitiré que se repita aquí ahora", decía una pancarta cargada por un hombre en una de las manifestaciones contra las políticas de separación y encarcelamiento de familias inmigrantes que se realizaron por todo el país el sábado.

Por ahora, un Trump en la Casa Blanca no implica que este "país de inmigrantes" se haya vuelto antimigrante, y aún no ha logrado convencer a las mayorías. Según el Centro Pew, siete de cada 10 estadunidenses simpatizan con inmigrantes indocumentados; mayorías no se oponen a darles una ruta a la legalización, no creen que los inmigrantes cometan más delitos serios que quienes son ciudadanos, no les molesta que hablen otro idioma y no creen que se roben las chambas de los estadunidenses.

Pero esas mayorías permitieron que llegara a la Casa Blanca y aún no han impedido su asalto contra el sector más vulnerable del país. La política antimigrante impulsada por Trump no es del todo nueva, pero sí su intención de generar máximo temor entre la comunidad inmigrante –o lo que llaman efecto "disuasivo"– como el ataque abierto del propio presidente a los indocumentados ("violadores", "animales", "invasores", etcétera) y la justificación oficial de que se está "defendiendo" al país de una invasión de inmigrantes criminales violentos.

Pero no hay una invasión ni mayor crimen. La tasa de criminalidad oficial está en unos de sus puntos más bajos en décadas y, por cierto, los lugares con mayores concentraciones de inmigrantes se registran menos crímenes; a la vez, en términos relativos, durante los últimos años ha bajado por mucho el nivel de ingreso de inmigrantes a este país.

Paul Krugman, el economista Premio Nobel, señaló que “hemos visto esta película antes, en la historia del antisemitismo... nunca fue sobre algo que los judíos realmente hicieron… sino sobre mitos espeluznantes, frecuentemente basados en fabricaciones deliberadas que eran difundidas para sistemáticamente engendrar odio”. Concluye, en su columna en el New York Times, que “las atrocidades que nuestra nación está cometiendo ahora en la frontera no representan una sobrerreacción o una respuesta mal implementada a un problema real que se necesita solucionar. No existe una crisis de inmigración; no hay una crisis de crimen inmigrante. No, la crisis real es un recrudecimiento del odio… Y cualquiera que esté ofreciendo pretextos para ese odio… es, en efecto, un apologista de crímenes de lesa humanidad”.

Ese odio y temor "al otro" ayudaron a que Trump llegara a la Casa Blanca, y son parte integral de la estrategia para consolidar su poder. Esto, en un país que está enfrentando un cambio demográfico sísmico, nutrido por la inmigración, donde en 25 años los blancos se volverán en otra minoría. Algunos creen que el odio/temor antimigrante es un último grito histérico de los que sienten –incluyendo mucho en el poder ahora–, que está llegando el fin de su mundo (tienen razón).

Es temor al futuro, a la transformación del país mas poderoso del planeta por los más vulnerables y atrevidos del mundo.

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