La carrera espacial de los millonarios galácticos

El objetivo de Trump de enviar estadounidenses a la Luna antes de 2024 y la competencia entre emprendedores animan el efervescente sector de viajes al espacio

Artemisa. Hermana de Apolo, diosa de la Luna. Nadie podrá acusar a la NASA de escatimar en imaginación a la hora de alimentar la pasión de los aficionados al espacio. Poco más tiene para ofrecer desde que en 2011 abandonó su programa Shuttle, y aceptó la humillación de enviar sus astronautas a la Estación Espacial Internacional (EEI) con onerosos billetes para el Soyuz apoquinados al otrora archienemigo galáctico ruso.

La agencia espacial norteamericana recurrió a la diosa del terreno virgen en la mitología griega, melliza del dios que dio nombre al mítico programa que llevó el primer hombre a la Luna hace ahora 50 años, para bautizar su misión de volver a llevar estadounidenses al satélite terrestre. “Estamos emocionados de enviar a la primera mujer y al próximo hombre a la superficie antes de 2024”, tuiteó el martes Jim Bridenstine, administrador de la NASA.


De paso, Bridenstine solicitó al Congreso mil millones de dólares de presupuesto adicional para hacer realidad el deseo de la Administración Trump, expresado en marzo por el vicepresidente Mike Pence, de adelantar en cuatro años el objetivo inicial de llevar americanos a la Luna en 2028, proporcionando así a Donald Trump un glorioso colofón a un eventual segundo mandato. No contento con ello, el insaciable ego del republicano le llevó a actualizar su presupuesto, vía Twitter, con 1.600 millones para “volver a la Luna, y después a Marte” durante su presidencia. Será ahora el Congreso el que decida si aprueba la partida de gasto, a costa de un programa de becas estudiantiles.


La NASA cuenta para lograr su objetivo con las compañías privadas, menos sujetas a los vaivenes que han lastrado la carrera espacial pública, de una Administración a otra, en las últimas décadas. Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, fundador de Amazon y de la empresa espacial Blue Origin, se adelantó en una semana a la oferta de la NASA, presentando una maqueta de nave que asegura estará en condiciones de enviar astronautas a la Luna para 2024. “Oh, deja de vacilar, Jeff”, le respondió por Twitter, acompañado del emoticono que guiña un ojo, el también multimillonario Elon Musk, jefe de Tesla y de SpaceX, que hace dos semanas lanzó con éxito desde Florida la 17ª misión de su contrato de abastecimiento con la NASA. Un cohete reutilizable Falcon, que aterrizó de pie en un barco no tripulado después de colocar en órbita una cápsula Dragon Cargo, que se enganchó a la EEI para llevar a los astronautas material científico y suministros. Para el año que viene planean llevar y traer a los propios astronautas. Meta hacia la que corre casi en paralelo con otro competidor, ULA, consorcio de Boeing y Lockhead Martin, que ha realizado ya 120 lanzamientos desde 2006.


La carrera espacial privada atraviesa tiempos de entusiasmo inusitado. A finales de 2015, SpaceX y Blue Origin lanzaron por primera vez, con un mes de diferencia, cohetes que después aterrizaron con éxito verticalmente para poder ser reutilizados. Volar al espacio es ahora, pues, más barato. Detrás del discurso altruista con el que visten sus operaciones, a nadie se le escapa que también existen extraordinarias posibilidades de negocio para quien pueda permitirse estar ahí.


Los emprendedores espaciales comparten la megalomanía y la pasión. Pero difieren en sus visiones a largo plazo, que van desde el proyecto orientado al turismo espacial de Richard Branson, hasta la colonización de Marte que persigue Musk, como seguro de vida ante las negras perspectivas de la Tierra, o la idea de Bezos de expandir la civilización al espacio, pero no en planetas sino sobre plataformas construidas por el hombre.


La sociedad no parece compartir la urgencia de avanzar en la exploración del espacio, al menos no con su dinero. El 60% de los estadounidenses, según una encuesta del año pasado, cree que la NASA debe centrarse en monitorizar el clima y detectar meteoritos que pudieran impactar en la Tierra. Solo un 18% y un 13%, respectivamente, defienden que la prioridad debe ser llevar a humanos a la Luna o Marte.


“Elegimos ir a la Luna no porque sea fácil, sino porque es difícil”, dijo el presidente Kennedy en su famoso discurso de 1962, para lograr apoyo popular al programa Apolo. Hoy son los nuevos emprendedores del espacio, ricos y visionarios, los encargados de dotar de seducción a Artemisa.

Por Pablo Guimón
Washington 18 MAY 2019 - 21:33 COT

 

Sábado, 18 Mayo 2019 07:10

Quinua de cien colores

Quinua de cien colores

Para el poder económico y político, la minería es la única actividad económica viable en las regiones andinas. Así ha sido en Perú desde la conquista. Pese a los inocultables daños que produce, los críticos suelen ser acusados de “enemigos del desarrollo”, y las comunidades que se oponen a la megaminería son perseguidas bajo la figura legal de “organización criminal”.


La luminosidad del Cusco lacera la vista. Pero también retiene la atención, seduce la mirada que se va posando ingenua sobre las piedras incas, primero, y tuerce hacia las montañas mágicas, poco después. Los suaves valles cusqueños van dando paso, carretera arriba y abajo, a profundas gargantas tapizadas de los más variados cultivos según los diferentes pisos ecológicos que recorremos. Las tierras altas y frías, a más de 3.500 metros, pobladas por pastores de alpacas, llamas y ovejas, dialogan e intercambian con las tierras bajas y cálidas, productoras agropecuarias y de frutos tropicales.


La despiadada geografía del Ande, en uno de sus nudos centrales, permite contemplar, en una sola mirada, desde la profundidad del valle hasta las cumbres nevadas. La región de Apurímac es crucial por lo abrupta y extrema. La llegada a Andahuaylas, la ciudad más poblada, con 100 mil habitantes, implica bajar casi dos mil metros en apenas diez kilómetros de carretera. Una caída vertical, con mil vericuetos, desde el páramo hasta un valle cálido y húmedo a poco más de dos mil metros sobre el nivel del mar. Por algo el geógrafo Antonio Raimondi comparó la región con un papel arrugado.


Recorriendo el cañón del río Apurímac, que nace a 5 mil metros y se vierte en el Amazonas, trepamos por laderas verticales pinceladas de parcelas verdes y amarillas, aferradas a las pendientes, donde las familias comuneras cultivan en condiciones sólo explicables por la obstinación que exige la sobrevivencia. Allá arriba sólo papas y habas desafían el frío y las ventiscas; en la zonas templadas intermedias, las espigas de trigo van mudando del verde al ocre, anunciando la inminente cosecha; más abajo, en la calidez de la hondonada, el maíz generoso y la infinita variedad de frutas, mangos, granadillas, aguacates y papayas.

En alguna vuelta del camino, en general cerca de las decenas de caseríos que bordeamos, los pisonays majestuosos se yerguen frondosos, ostentando un tapiz de flores coloradas. En pequeños grupos, emergiendo de improviso, con cierta timidez, islotes de quinuas destacan por la multiplicidad de colores, desde el verde marcial hasta un verdoso que chilla cuando lo ilumina el sol en las alturas, pasando por morados brillantes, rojos frenéticos y ocres amarillentos de múltiples variantes, tan bien retratados por el poeta nacido en Andahuaylas: “Las cien flores de la quinua que sembré en las cumbres hierven al sol en colores”.


ABUSO MINERO.


El llamado “corredor minero” atraviesa tres regiones: Cusco, Apurímac y Arequipa. Son 500 quilómetros desde la mina de cobre Las Bambas, a 4 mil metros de altura, hasta el puerto de Matarani en el Pacífico, por donde se exporta el mineral con destino al continente asiático. La carretera atraviesa 215 centros poblados en los que viven 50 mil personas; está militarizada porque cualquier alteración del transporte tiene costos millonarios para la empresa.


Apurímac es el corazón del corredor, la región más pobre del país y la que cuenta con el mayor porcentaje de quechuahablantes. Campesinos humildes de manos arrugadas y pies encallecidos, pero no tan pobres como sus elites, que recién se avinieron a crear universidades, en la capital Abancay y en Andahuaylas, hace poco más de una década para calmar a las mujeres del mercado que reventaron las calles para demandar educación terciaria para sus hijos.


Entre febrero y marzo de este año, la carretera estuvo cortada durante 68 días por los comuneros de Fuerabamba, la comunidad más cercana a una de las mayores minas del mundo, que produce 140 mil toneladas diarias de cobre. La mina está a 75 quilómetros al sur de Cusco y comenzó a operar en 2015, pero los primeros pasos para su instalación se dieron una década atrás de la mano de la minera suiza Xstrata Copper, que en 2014 la vendió a la estatal china Minerals and Metals Group (Mmg).


Cuando la minera china compró Las Bambas, decidió modificar el proyecto que ya contaba con el permiso ambiental. Lo más grave fue el abandono del mineroducto destinado a transportar el cobre hasta Espinar, Cusco, donde sería procesado por el traslado del mineral en camiones. Es el principal motivo de conflicto, ya que todos los días pasan por las comunidades y pueblos 600 camiones articulados que se desplazan en convoyes de 35 unidades, levantando impertinentes nubes de polvo.


Los campesinos se quejan de que las chacras fueron invadidas por el polvo, que ya no pueden sacar su ganado y que el ruido que hace “el gusano de tráilers” les impide conversar con los vecinos. Peor aun porque la carretera de la empresa atraviesa sus tierras, sin la autorización de los comuneros. Además, pasan decenas de cisternas con combustibles, por lo cual la carretera se convirtió en un verdadero peligro.

El anterior presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, actualmente en prisión preventiva por lavado de activos, ocupó la presidencia del directorio de Servosa, una empresa que en la actualidad cuenta con 400 camiones y tiene el monopolio del transporte del mineral de Las Bambas. El economista, empresario y banquero presidente jugó fuerte a favor del proyecto minero, escondiendo sus intereses en el transporte del mineral. En 2015, el congresista Justiniano Apaza denunció que Kuczynski recibía financiamiento de la minera y que su empresa obtuvo “sin licitación el cien por ciento del transporte del mineral en varias zonas del sur del país”. Al año siguiente, fue elegido presidente sin que nadie investigara las denuncias.


COMUNEROS SIN COMUNIDADES.


La lógica del modelo extractivo es implacable. Para hacer posible la explotación de Las Bambas, las 450 familias de la comunidad Fuerabamba debieron ser trasladadas, porque vivían justo encima de una fabulosa riqueza que supuso la mayor inversión minera del mundo, con 11 mil millones de dólares para poner en marcha la quinta mina del mundo. El nuevo asentamiento fue levantado con viviendas “estilo suizo” y se compensó a los comuneros con elevadas cifras, y en el nuevo asentamiento (a dos quilómetros del original, a 3.800 metros de altitud) se construyeron un centro de salud, instituciones educativas y hasta un cementerio, completamente trasladado del sitio original.


Pero ya no cultivan la tierra, se sienten “como palomas encerradas” en la nueva localización y los ancianos no saben qué hacer sin sus ovejas; deambulan sin norte entre las modernas viviendas en hileras que parecen prisiones. Sin embargo, sobrellevan el dolor y el abandono en silencio, porque en Perú uno de los epítetos más difíciles de aceptar es el de “antiminero”.


En la región minera, el 80 por ciento de la población es pobre y la mitad de los menores de 5 años padece desnutrición crónica. La capital del distrito donde se asienta Las Bambas, Challhuahuacho, a dos quilómetros de la mina, creció de dos a 16 mil habitantes en pocos años, un verdadero tsunami demográfico con hondas consecuencias sociales. Según Ruth Vera, de Derechos Humanos Sin Fronteras, ahora “abundan los problemas de violaciones, violencia doméstica y delincuencia que fueron desencadenados por la presencia minera”.


La mayoría de los varones prestan servicios a empresas que operan para la mina y acceden a cantinas y bares, lo que trastoca la vida familiar y comunitaria, en una sociedad profundamente patriarcal en la que la violencia cuenta con amplia legitimidad social.


El otro problema es la represión estatal. Según la Ong CooperAcción, las 50 mil personas que viven cerca de la carretera “tienen suspendidos sus derechos a la libertad y seguridad personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio”, por la aplicación del estado de emergencia cada vez que se produce algún conflicto.


El corredor vial se ha convertido en pieza estratégica en Perú, ya que incluye cinco grandes unidades mineras en explotación (entre ellas, Las Bambas) y conecta no menos de cuatro proyectos exploratorios importantes. En ese marco, la Policía Nacional firmó, en secreto, 31 convenios con empresas mineras para la protección de sus negocios. Los policías se trasladan en camionetas de las empresas y tienen bases en los campamentos de las mineras, lo que los convierte en una guardia privada empresarial. Estos mecanismos permiten hablar de un “gobierno minero” en la región, en el que participan el Estado y las empresas.


En el conflicto minero en torno a Las Bambas, sobresalen dos cuestiones. Por un lado, 500 comuneros tienen procesos abiertos por haber participado en protestas contra la empresa minera. Tres campesinos purgarán más tiempo de prisión por cortar la ruta que el ex presidente por robarse millones. El mes pasado, los abogados asesores de la comunidad fueron sentenciados a tres años de prisión preventiva tras ser acusados mediante la figura legal de “organización criminal” que “extorsionaba a la empresa minera”. Pero la represión es apenas una cara del conflicto. Las consecuencias más profundas de la presencia minera pueden resumirse en el desmembramiento de las comunidades por la desarticulación del tejido comunitario que provocan los emprendimientos.


LA UTOPÍA DE SEGUIR SIENDO.


Apurímac es la región donde nacieron Micaela Bastidas (esposa de Túpac Amaru) y José María Arguedas, dos grandes de la lucha social y de las letras de este continente. En casi todas las plazas de Abancay, la tierra natal de Micaela, hay alguna estatua blanca que la recuerda, con sus trenzas largas y una mano alzada al cielo. La tumba de Arguedas fue erigida en una plaza en la que se reúnen, desde tiempos remotos, los campesinos que llegan al mercado de Andahuaylas, donde nació un siglo atrás.


El martirio de Bastidas debería haber sido motivo de alguna compasión por los herederos de la conquista. Fue llevada junto con sus hijos, Hipólito, de 18 años, y Fernando, de 10, y su esposo, a la plaza de armas de Cusco, luego de ser torturados, para ejecutarlos de uno en uno. Micaela fue obligada a presenciar la muerte de su hijo mayor, al que primero le cortaron la lengua por hablar mal de los españoles. La estrangularon en público, le dieron garrote y la remataron a patadas.


Sería excesivo decir que el episodio es sólo historia, a la luz de los relatos de la antropóloga quechua Gavina Córdova, nacida en Ayacucho y residente en Andahuaylas. La minería a cielo abierto actualiza el hecho colonial o, por mentar al más importante sociólogo latinoamericano, Aníbal Quijano, refuerza la “colonialidad del poder”, que permaneció intacta pese a la desaparición de la colonia. El derecho de pernada sigue funcionando en la sierra, ya sea como abuso sexual, o bien adaptado a las nuevas relaciones laborales, que permiten, por ejemplo, que los patrones no paguen el salario durante los primeros meses de “prueba” de los nuevos trabajadores.


Pero el colonialismo tiene una cara más fétida aun: la que muestran las propias organizaciones sociales y políticas que resisten a la minería, pero también los partidos de izquierda. El periodista Jaime Borda, presidente de Derechos Humanos Sin Fronteras, asegura que “desde 2006 hasta 2014 la mayoría de los dirigentes comunales han terminado mal su mandato, con acusaciones de aprovechamiento del cargo, de malos manejos económicos y de negociar sólo a favor de sus familiares”. Las empresas mineras operan con cuantiosos recursos para que las comunidades elijan personas afines a sus intereses, lo que hace que los cargos de dirección sean ferozmente disputados.


En muchos casos, asegura el periodista, “la comunidad ya no reacciona como un grupo coherente, sino como una suma de individuos que velan cada uno por sus propios intereses”. Por su parte, Córdova destaca que los terrenos comunales se están parcelando y se titulan como propiedad privada, porque para la empresa minera es más fácil negociar con las familias que con la comunidad.


La simbiosis entre modernidad y minería, entre desarrollo y colonialidad del poder está provocando mayores daños que los ya cuantiosos enhebrados por la colonia y la república durante cinco siglos. Poco más de medio siglo después de haber escrito “Llamado a algunos doctores”, un desgarrador poema de Arguedas en el que denunciaba la discriminación de la cultura quechua, la “quinua de cien colores” que amaba y celebraba se ha convertido en mercancía altamente estimada en los restaurantes de los países centrales, pero se ha convertido en lujo inalcanzable para las familias comuneras.


“Siembro quinua de cien colores, de cien clases, de semilla poderosa. Los cien colores son también mi alma, mis infaltables ojos”, versea el poeta. Arguedas no vivió para ver la destrucción de sus sueños regeneradores, prefirió marcharse por propia voluntad, antes que contemplar impotente la destrucción del mundo que amaba.

Por Raúl Zibechi
16 mayo, 2019

Publicado enMedio Ambiente
La gentrificación del pago: la extensión de la red financiera digital

Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en la esfera de poder e influencia de las multinacionales.

 

Hay un fenómeno que se desarrolla lentamente por todo el mundo. Tendrá graves consecuencias, pero muy pocas personas son conscientes de ello, quizá porque supone algo aparentemente trivial y benigno: la extensión del pago digital. No sólo ocurre en las ciudades principales de los países más económicamente desarrollados, sino también en los más pobres, a menudo con la ayuda de los programas de ‘inclusión financiera’ de las organizaciones de desarrollo internacional, en compañía de las instituciones financieras más relevantes. 

El crecimiento del pago digital —a veces bajo las etiquetas de ‘e-money’ o ‘dinero móvil’—, vinculado a la eliminación gradual del dinero físico, da a las instituciones financieras y a los gobiernos nuevos medios de supervisión financiera y control a una escala nunca vista. Según argumentaré, este fenómeno puede ser visto como la gentrificación del pago.
El término ‘gentrificación’ suele remitir a los procesos urbanos en los que una comunidad marginada, a menudo caracterizada por sus redes de economía informal, sus mercadillos callejeros y su clima de dureza, ve cómo sus espacios de vida se ven paulatinamente reducidos por la aparición de recién llegados más pudientes, que los encarecen y que usan su comunidad como asentamiento para nuevos mercados formales.


Este proceso pone en marcha una ‘limpieza’ de la informalidad, en la que los recién llegados, atraídos por ciertas expresiones deseables de la comunidad como la música o el clima festivo, eliminan los elementos amenazantes que acompañan la precariedad original: las bandas, los pequeños traficantes o los mercadillos callejeros.


El proceso de gentrificación del barrio termina con el vaciado de la comunidad original, la neutralización del riesgo que representa para la gente más pudiente y la aparición de una imitación inofensiva de esa comunidad, con propietarios de la élite de los negocios y enormes instituciones de fondo.


Puede que todo comience con la sustitución de los pequeños talleres artesanales por tiendas de ropa hipster, pero termina necesariamente con las franquicias apareciendo y reemplazándolo todo, desde las charcuterías familiares a los centros religiosos comunitarios.


Cuando miramos de lejos y generalizamos, la ‘gentrificación’ aparece simplemente como el proceso por el que las redes comunitarias informales e impredecibles, potencialmente peligrosas para el interés de los negocios hegemónicos, son sustituidas por estructuras empresariales formales, estandarizadas y predecibles acompañadas de un aire de ‘amabilidad cool’ y comodidad. La figura del ‘consumidor’ que busca una ‘experiencia de compra’ en un centro comercial reemplaza al miembro de la comunidad buscando sentimiento de pertenencia en redes de amistad, de familia y de compañeros.


¿Qué tiene esto que ver con el pago? El efectivo es una forma de pago vinculada desde hace mucho con las clases más bajas de las economías poscoloniales —la lonja de Maputo, los peluqueros clandestinos de Bombay, el comerciante de manualidades andino...— que emiten los Estados pero se escapa fácilmente de su control más directo. El pago digital, sin embargo, es el dominio de las empresas financieras transnacionales, y no se puede separar ni escapar de ellas. Utilizar —o ser obligado a utilizar— el pago digital supone entrar en su esfera de poder e influencia.


En todo proceso de gentrificación, los desposeídos se apoyan en estructuras informales, o adoptan una identidad, significado y sentido de pertenencia al usar esas estructuras. Sin embargo, desde la perspectiva de las grandes instituciones, estas personas suelen ser vistas de forma implícita como subdesarrollados, incluso criminales, que tratan de escapar de la mirada benevolente y responsable de las instituciones sin las que estarían mejor.


La comunidad de la inclusión financiera, cuyo fin es llevar los servicios financieros formales a la gente sin acceso a ellos, gusta de presentarse como un agente de empoderamiento social, pero a menudo se apega más a los intereses del gran mercado financiero y tecnológico. Una simple búsqueda en Google Imágenes de «inclusión financiera África» muestra incontables imágenes promocionales de mujeres campesinas sonriendo frente a la pantalla de sus móviles, buscando una aplicación creada por algún grupo lejano de hombres de alguna ciudad grande, y vinculada a un centro de datos que monitoriza y rastrea sus acciones con el fin de encontrar oportunidades económicas.


Los tecnicismos del pago


Para desmenuzar esto, antes hay que entrar en los fundamentos. Las economías de mercado modernas reciben a diario una infinidad de interacciones sociales básicas. Dos personas se encuentran en un puesto del mercado; una de ellas le entrega algo específico e inmediato ─ya sean plátanos, una tostadora artesanal o un servicio concreto─, y la otra le da algo general y dirigido al futuro: dinero físico, que le dará acceso a un abanico de potenciales bienes y servicios de parte de terceros.


Si nos alejamos, podremos ver una vasta red interdependiente de personas y empresas que desplazan bienes y servicios reales en una dirección, e intercambios de dinero físico en la otra. Todos estamos enredados en, y dependemos de, esas redes del mercado monetario.


La mayoría de gente usa la divisa nacional, dinero efectivo que sólo funciona en un área geográfica concreta. Estas divisas nacionales tienen fundamentalmente dos formas. En primer lugar el dinero en efectivo, físico, acuñado por instituciones vinculadas al Estado, como los bancos centrales y la tesorería del Gobierno; en segundo lugar, los depósitos bancarios digitales, el ‘dinero’ que vemos en nuestra cuenta bancaria.


Esta moneda digital es legalmente distinta del efectivo. Son pagarés privados que emite un banco, con la promesa de que accedas a la divisa nacional. Ir al cajero para sacar efectivo es, entonces, convertir los pagarés de tu cuenta bancaria en lo que te han prometido. Además, podemos transferir esos pagarés a otras entidades por medio de transferencias bancarias.
El ‘dinero bancario’, es decir, los depósitos digitales, es distinto al ‘dinero del Estado’ (efectivo), pero aun así los manejamos como si fueran funcionalmente equivalentes: hay muchos lugares en los que puedo entrar a una tienda y pagar ‘en efectivo o con tarjeta’. Sin embargo, el dinero bancario no es distinto al dinero acuñado por el Estado sólo legalmente, sino también tecnológicamente —en su implementación— y vivencialmente —en su ‘tacto’, psicología, en la forma en la que interactuamos con él—.


El dinero físico consiste en objetos producidos por una casa de la moneda, y las transacciones con él implican fundamentalmente a sólo dos personas. Entrego efectivo en una tienda, y a cambio recibo una chaqueta. Podríamos querer efectuar la transacción más adelante, y en ese caso nos podríamos quedar con algún registro, como por ejemplo una factura; pero, en principio, sólo son necesarias dos personas para este intercambio.


El dinero bancario, por otro lado, toma forma de ‘objetos-dato’, de unidades registradas en una base de datos controlada por bancos comerciales. Puedo llevar conmigo efectivo, pero no este otro dinero: se mantiene como información en el centro de datos de mi banco, y la única forma de ‘moverlo’ a otra persona es contactando con mi banco para pedirles que lo carguen en mi cuenta y lo abonen en la cuenta de la persona que recibe el dinero.


Hoy en día hay toda una plétora de dispositivos y aplicaciones de pago digital, pero el esquema básico de las transacciones económicas digitales cuenta con cuatro elementos predecibles:


1. Necesitas una cuenta bancaria.


2. Necesitas un modo de demostrar quién eres y que eres el legítimo propietario de la cuenta.


3. Necesitas un modo de mandar mensajes seguros al centro de datos de tu banco para iniciar la transacción.


4. El vendedor necesita un modo de recibir la confirmación del pago.


Estos elementos pueden implementarse de diferentes formas. Por ejemplo, puedo insertar una tarjeta de crédito Visa en la terminal de un punto de venta de un supermercado e introducir un código PIN, después de lo cual la terminal enviará mis datos (a través del sistema Visa) y la petición de mi transferencia a mi banco. Puedo acceder a una aplicación de pagos usando un lector de huellas dactilares en mi móvil, y escanear entonces un código QR que me dé los datos del vendedor. O puedo usar una aplicación de Apple Play vinculada a mi tarjeta de crédito.


El proceso puede implicar distintos niveles de instituciones intermediarias, desde empresas de telecomunicaciones a redes de tarjetas de crédito, pero en última instancia es lo mismo: mi banco (o un proveedor secundario que use un banco para compensar las transacciones) recibe una petición para alterar mi cuenta.
Incluso cuando parece que los bancos no están involucrados, lo están. Servicios como PayPal, o M-Pesa en Kenya, o Paytm en la India, o WeChat en China, son fundamentalmente nuevas capas construidas sobre el sistema económico bancario, o negocios en colaboración con los bancos, o intermediarios entre un banco y tú. Puedes tener cuentas en estos servicios, pero a su vez ellos tendrán cuentas con bancos.


La dinámica psicológica


Aunque podríamos utilizar tanto dinero efectivo como digital para conseguir lo mismo —comprar algo en una tienda—, cada cual tiene características técnicas y empíricas distintas, que suponen una diferencia muy relevante. Generalmente, cuando se le pide a la gente que describa esa diferencia, se fijan en las propiedades más inmediatas: opinarán sobre cuál es más rápido, más adecuado o más fácil de usar en el momento del intercambio, o sobre cuál es culturalmente más relevante, o cuál parece más seguro. Si lo han pensado más, podrían hacer observaciones más profundas sobre sus implicaciones psicológicas. Por ejemplo, quizá crean que gastan más al usar dinero digital, porque parece ‘menos real’.


Es importante estudiar todas esas características, pero están sobrerrepresentadas hasta el extremo en los debates sobre las bondades del pago digital. La diferencia más importante entre el dinero efectivo y el dinero bancario no es tan trivial como cuál de ellos es más rápido. Más bien se trata de la diferencia tecnológica o estructural.


El dinero efectivo es un ‘instrumento del portador’ que no necesita de terceras partes para intermediar entre un comprador y un vendedor, mientras que el dinero digital es un sistema de ‘dinero de libro de cuentas’, que exige varios terceros para intermediar. A menudo parece que la gente no sea consciente de esto, o crea que es irrelevante, quizá porque esa intermediación suela ocurrir tan rápido que no nos damos cuenta, como un misterioso proceso de fondo que funciona ‘como magia’. Sin embargo, es en ese proceso donde surgen las políticas y posibilidades más importantes del pago digital.


Políticas y posibilidades de la intermediación a distancia


Entonces, ¿cuáles son esas políticas y posibilidades? La naturaleza remota e intermediada del pago digital produce determinadas características iniciales:


• Si te encuentras lejos de la persona con la que estás tratando de negociar, pero tienes acceso a la infraestructura de telecomunicaciones, puedes pagar sin estar físicamente cerca de ella. Es por esto que el pago digital es idóneo para el comercio por internet, pero también para otras muchas circunstancias en las que se deben suministrar los bienes a distancia. Por ejemplo, un vendedor ambulante podría querer adquirir bienes de un mayorista en los alrededores de una ciudad, sin tener que dejar su puesto para llevar a cabo una transferencia personal de efectivo.
• Si la infraestructura de distribución de efectivo ha quebrado, no funciona adecuadamente o está muy poco desarrollada (p.e., un pueblo con sólo un cajero roto), aún se podría pagar simplemente teniendo acceso a las telecomunicaciones.
• La ausencia de dinero físico significa que es hipotéticamente ‘más seguro’ (suponiendo que no se está sujeto a fraude o pirateo de tu cuenta digital).


La comunidad financiera convencional se centra inicialmente en esta clase de características. Estas comunidades incluyen grupos como la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, el CGAP [siglas en inglés de Grupo de Consultoría para Apoyar a los Pobres], la Better Than Cash Alliance (“Alianza Mejor que el Efectivo”), y muchas otras que presentan el dinero digital como más seguro o adecuado a los consumidores, y más eficiente para los vendedores (que potencialmente procesarían más transacciones de forma más segura).
Los académicos del sector han estudiado las dinámicas psicológicas e interpersonales de tener el dinero en mano en comparación a tenerlo en centros de datos bancarios, mientras que varias start-ups de tecnología financiera subrayan los costes aparentemente menores de la oferta de infraestructuras digitales de cara a alcanzar áreas rurales en las que puede no haber cajeros ni sucursales bancarias.


En general, estos grupos quieren un mundo en el que el pago digital supere las limitaciones del físico para permitir la expansión de oportunidades de comercio. La tendencia fundamental ha sido el lanzamiento de las tecnologías financieras como un agente de inclusión financiera y crecimiento económico, ya sea proveyendo a la gente ‘de debajo de la pirámide’ de alguna herramienta básica para evitar las dificultades relacionadas con el dinero en efectivo, ya sea dándole acceso a los beneficios de una economía digital de la que, de otro modo, sería excluida.


La extensión de la red digital


El relato de la ‘inclusión’ se narra fundamentalmente a través de la modernidad aspiracional. El relato es, a grandes rasgos, como sigue:


La riqueza, la sofisticación y el desarrollo están relacionados con el acceso a las tecnologías más modernas, y estas son todas digitales. Los habitantes de las grandes ciudades ricas son las primeras en adoptar esas tecnologías, y se encuentran en lo alto de la economía global digital que beneficia a un exclusivo grupo internacional. El objetivo debe ser, entonces, darle a los demás las herramientas para entrar en ese grupo y compartir los beneficios.


La historia está implícita en muchos reportajes, discursos políticos y anuncios de empresas en torno a la tecnología financiera, y es muy atractiva.


Pero ‘inclusión’ es un concepto escurridizo. Por ejemplo, imaginemos que hay un club exclusivo, en el que tienes que estar afiliado para entrar. Algunos son incluidos y otros excluidos. Fomentar la ‘inclusión’ puede suponer dos cosas, en este contexto. Puede suponer relajar los requisitos de afiliación para permitir entrar a más gente; o bien puede suponer que se mantengan esos requisitos, al tiempo que se trata de ayudar a entrar a las personas dándole herramientas y formación para ello.


Consideremos, por ejemplo, el debate en el Reino Unido en torno a cómo incluir a los grupos más marginados en las principales Universidades, como Oxford y Cambridge. Se reconoce implícitamente que la dirección política y el sistema económico del Reino Unido están dominados por élites socioeconómicas de ambas universidades; pero en vez de romper con ese elitismo estructural, los esfuerzos se concentran en cómo un abanico algo más diverso de gente entra en esas élites.


La inclusión financiera tiene un problema parecido. Se reconoce implícitamente que la economía global se caracteriza por la desigualdad jerárquica, con una jerarquía geopolítica de naciones y una jerarquía de divisiones de clase en cada uno de esos países. En la cima están las clases profesionales urbanas en las ciudades principales, como Nueva York, San Francisco, Londres, Tokio y demás, y sobre todo aquellas que están en los círculos tanto tecnológicos como financieros.


En general no se discute que la economía digital dominante que presiden sea algo bueno, y el objetivo no es terminar con las jerarquías fundamentales en ella. Más bien, el objetivo de la ‘inclusión’ es incorporar más personas a la red digital, pero en la posición de subordinación de quien acepta y utiliza pasivamente la tecnología desarrollada en las principales ciudades globales.


Si asumes que extender la dependencia del pago digital es bueno, hay muchas oportunidades a considerar:


• Dar a la población acceso a cuentas bancarias o, alternativamente, a cuentas con proveedores de pagos digitales sustentadas en el sector bancario.
• Ofrecer medios para comunicarse con esas instituciones a distancia a través de dispositivos digitales y móviles, aplicaciones y demás.
• Proporcionar nuevos medios para demostrar quién se es (verificación de identidad) al abrir cuentas o al comunicarse con los bancos o las empresas que hospedan esas fichas.
• Eliminar gradualmente los medios alternativos de pago: el efectivo.

Algunas de las historias más controvertidas del sur global están relacionadas con este proceso. Un ejemplo conocido es el programa de ‘desmonetización’ del Gobierno indio en 2016, en el que se retiraban de la circulación los billetes, lo que causó una enorme alteración económica para muchas personas pobres que se apoyaban en el efectivo.


El Gobierno de Modi presentó el programa, en un principio, como una medida para luchar contra el ‘dinero negro’, la corrupción y el crimen, pero luego el relato cambió al de la modernidad digital aspiracional, un cuento sobre el adecuado, brillante y deseable futuro sin dinero físico al que la gente sería empujada, les guste o no.


Al día siguiente de que el Gobierno de Modi anunciara el programa, las empresas de pago digital iniciaron una carrera de seducción en los anuncios de las portadas de los periódicos, elogiando esta política. Por ejemplo, Paytm cubrió la portada del Times of India y el Hindustan Times con un anuncio: “¡Paytm felicita al Honorable Primer Ministro Sh. Narendra Modi por tomar la acción más decisiva de la historia financiera de la India independiente! ¡Únanse a la revolución!”


El colosal programa biométrico indio —el más grande del mundo—, Aadhar, también defiende ese mensaje en términos de inclusión financiera y modernización: la población debe verificar su identidad para abrir una cuenta de pago digital, y la biométrica se presenta como una posibilidad para la gente analfabeta o marginalizada.


El discurso oficial del gobierno indio se acerca mucho a los intereses comerciales del sector digital financiero, y estos son dos de tantísimos programas en todo el mundo para fomentar el cambio hacia el pago digital y la banca, que cruzan con infinidad de campañas privadas en la misma dirección, a menudo con apoyo de las principales instituciones internacionales de desarrollo.


Allí donde los servicios bancarios se encuentran poco desarrollados entre las comunidades más pobres, ha habido un intento de ‘saltarse’ a la banca tradicional mediante intermediarios móviles conectados a la infraestructura bancaria. Por ejemplo, M-Pesa en Kenya fue fabricado a partir de las redes móviles de Safaricom: buena parte de la población tenía tarjetas sim pero no cuenta bancaria, por lo que la estrategia era convertir el número de móvil en un equivalente del número de cuenta bancaria, mientras que la empresa de comunicaciones conectaba por su parte con el sector bancario.


El control digital


En estos esfuerzos entusiastas por la inclusión financiera digital, curiosamente, se han pasado por alto —o planteado como exclusivamente positivas— toda una serie de características clave del pago digital. La intermediación propia del dinero digital implica que:


• Los intermediarios pueden ver tus transacciones y recoger información sobre tus actividades económicas cotidianas.
• Los intermediarios pueden bloquear tus transacciones.
• Como no posees físicamente el dinero, las instituciones pueden expropiarlo o congelarlo.
• Si la infraestructura eléctrica o de telecomunicaciones falla, o si los intermediarios sufren un fallo en su hardware o software, puedes ser expulsado.
• La conexión digital propia de la infraestructura es susceptible de ciberataques y diferentes formas de pirateo.
• Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.

Dicho sin rodeos, el pago digital favorece un nuevo y vasto horizonte de vigilancia y control financieros, al tiempo que expone los usuarios a nuevos riesgos que no existen en la infraestructura del pago físico.


En principio, los promotores de las finanzas digitales evitaron una reflexión crítica sobre estas posibilidades negativas, ya que la primera etapa de la mayoría de estos productos es ‘adicional’: los servicios digitales son añadidos a la situación del momento, así que se comienzan presentando como una excitante ‘nueva opción’. Por ejemplo, una economía que antes sólo tuviera acceso al efectivo adquiere una opción digital, que abre todo un abanico de nuevas posibilidades creativas.


Estas nuevas posibilidades pueden usarse para evitar algunos de los viejos problemas, aunque introduzcan algunos nuevos, o también pueden presentar la forma anterior como un ‘problema’, en comparación (por usar una analogía: nadie vería un problema en utilizar una hoguera para calentarse, hasta que su vecino tiene electricidad). En consecuencia, la suma es entendida en general como algo positivo.


Sólo en las etapas posteriores, cuando se establece una forma nueva y se extiende lo suficiente como para comenzar a asfixiar los sistemas antiguos, comienza a adquirir un poder de ‘monopolio’. En el caso del pago digital, este proceso de ‘extensión monopolística’ se ha alimentado de varios factores. Aunque el discurso popular en la industria de las tecnologías financieras es que la gente opta ‘voluntariamente’ por el pago digital, visto de cerca el asunto resulta mucho menos claro.


1. Al principio, podemos ver esfuerzos políticos dirigidos a demonizar el dinero en efectivo con propaganda directa, a veces por parte del Estado (como es el caso del Gobierno de Modi en India), pero también por grandes empresas del sector, como Visa, cuyos intereses comerciales incluyen librarse del dinero físico. Por ejemplo, en un comunicado de prensa de 2016, Visa manifestó abiertamente que tenía una “estrategia a largo plazo para disminuir el efectivo para 2020”.


2. Después, se trata de incentivar el pago digital. Por ejemplo, Visa tiene un programa de recompensa a los pequeños negocios de moda, como cafeterías en áreas urbanas clave, para que “dejen de usar efectivo”, y por ende extiendan el mensaje y las normas del pago digital a sus clientes (los cuales podrían incluir, por ejemplo, comunicadores sobre tecnología e innovación, expertos en medios y consultores, que popularizarían más el mensaje).


3. Luego, se intenta dificultar el uso del dinero metálico, lo que supone hacer del uso digital algo relativamente atractivo, inspirando a la población a ‘elegirlo’. Por ejemplo, cuando la banca cierra cajeros, haciendo el efectivo más incómodo.


4. En adelante, las compañías y los cuerpos estatales tratan de introducir y mejorar la infraestructura para hacer el pago digital más viable y atractivo.


Estos procesos tienen muchas consecuencias sutiles y formas de retroalimentación. Conforme comienza a cambiar el entorno económico y cultural en favor de la digitalización, las empresas beneficiadas y los Estados usan este cambio como argumento para convencer de su uso incluso a la gente que no quiere usarlo.


Conforme se deriva más inversión a los servicios financieros y menos a las ramas no digitales, se comienza a penalizar —relativamente— a la gente que sigue usando dinero en metálico, que es vista por los propietarios de los negocios como una molestia y presentada en los noticiarios y los medios en general como luditas. La población se ve forzada o ‘alentada’ a usar medios digitales de pago.


Sin embargo, lo que en realidad tiene lugar es un proceso de expansión de la red digital financiera, que es fundamentalmente un proceso de consolidación del poder colectivo del sector bancario, la industria comercial que se asienta en él, y las empresas tecnológicas que ofrecen las aplicaciones y conexiones a ese sistema.


Aunque los bancos, individualmente, pueden tener sus luchas privadas contra los demás y con las compañías tecnológicas por determinadas porciones del pastel de las finanzas digitales, en general lo que dirige este cambio son los intereses de las instituciones financieras por automatizar sus procesos con el objeto de eliminar gastos y expandirse, extrayendo incluso más información sobre más clientes.


Es decir, que el interés de las instituciones financieras por automatizarse no tiene relación con lo que quieran sus clientes, sino con una dinámica interna propia, que justifican apuntando a segmentos de clientes (como los ‘millennials’) que son los primeros en adoptar estas finanzas digitales.


Aunque la economía digital se presenta en un comienzo como una opción más, a largo plazo implica la eliminación de las opciones no digitales con las que compite, reduciendo la elección en vez de añadirla. Por ende, se cierran las sucursales bancarias y cajeros de los pueblos formados sobre todo por jubilados en las zonas rurales británicas, porque los bancos pueden optimizar sus beneficios forzándoles a usar la banca digital, al tiempo que les dice que quienes “lideran el cambio” son los ‘millenials’.


Conforme los sistemas de pago digital se normalizan y el efectivo es demonizado, el relato de la inclusión digital se vuelve más afilado. Si hay consenso general entre los poderosos en que lo digital representa el progreso, y si una evidencia cada vez mayor de la dependencia de la economía digital (la mayoría organizada por las mismas instituciones financieras), entonces el riesgo de exclusión por no utilizarla es mayor que nunca, y proveer de acceso a ella parece más noble que nunca.


No hay mejor ejemplo de esta dinámica circular que la agenda y las prácticas de la Better than Cash Alliance, iniciativa dirigida bajo el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Capital, pero financiado por Visa, Mastercard, Citibank, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Omidyar Network, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y muchas empresas internacionales y ONG convencionales.


La Alianza oscila entre el discurso sobre los beneficios que supone introducir el pago digital y la demonización del dinero metálico para fomentar la supresión de la competencia. Trabajan mucho para establecer como sentido común la idea de que la economía digital es empoderante, moderna y aspiracional, y presentar el efectivo como anticuado y peligroso, un lastre para la economía y un apoyo del submundo del crimen. El empoderamiento, en este discurso, implica la seguridad de que todo el mundo sea incorporado a la creciente red digital financiera.


La demonización de la informalidad


Los promotores de la economía digital no pueden esquivar el asunto de la vigilancia y la extracción de información que acompaña al sistema de pago digital. Sin embargo, en general la estrategia ha consistido en revestir este control de transparencia, y hacer hincapié en ello como una herramienta para arrancar de raíz la corrupción y las transacciones criminales.
La extracción de información se presenta también como un paso positivo de camino a ofrecer más servicios financieros, como los préstamos. Por ejemplo, Safaricom y el Banco Comercial de África presentaron el sistema de préstamos M-Shwari, que usa la información de pagos de las cuentas de M-Pesa beneficiarias de préstamos para calcular su capacidad de crédito.


No se puede negar que ciertas intervenciones digitales en esta línea pueden ser beneficiosas a nivel localizado e individual. No se trata de renegar de los esfuerzos que suponen iniciativas como la M-Shwari, sino de señalar el discurso sesgado que suelen apoyar. Se usan esta clase de campañas al servicio de un proyecto más amplio para promocionar los intereses generales de grandes empresas tecnológicas y financieras.


El discurso dominante se ha transformado en un discurso peyorativo para con la economía informal a pequeña escala, y acrítico respecto de los grandes sistemas coordinados a través de las principales compañías e instituciones gubernamentales. Estas últimas son presentadas como ejemplos de progreso, mientras que los acuerdos informales, las interacciones sin un control definido y las redes de relaciones personales impredecibles son vistas como el reino del retraso, del crimen y del fracaso.


Se nos deja entonces con la narrativa oficial, en la que el progreso legitima la eliminación del dinero efectivo y la transición hacia la dependencia de la arquitectura de pagos digitales que pueden ser usados para controlar, disciplinar, mercantilizar e influir a la gente.


Todo esto se justifica con una aseveración: que esta arquitectura traerá beneficios, que será más barata y más segura, y que ‘actualizará’ a la población al mundo moderno, usará la información de la población para dar mayor acceso a los servicios y contribuirá a la ‘higiene’ social.


Y sobre todo, es una narrativa en la que las relaciones informales se disuelven para ser reemplazadas por relaciones mediadas institucionalmente, y por tanto ‘limpiar’ la informalidad. Esto es la gentrificación del pago.


Gentrificar para controlar


Claro, que sólo comienzan a vislumbrarse las posibilidades negativas de esta red digital cuando asume completamente una posición de monopolio. El mejor ejemplo de esto es el nuevo “Sistema de Crédito Social” de China, un programa en desarrollo para monitorizar a los ciudadanos con el objeto de darles puntos de reputación, o amenazarles con ponerlos en una lista negra.


El objetivo es aparentemente crear un sistema de ‘palo y zanahoria’, que recompense a los que sigan las tradiciones oficiales y se comporten correctamente y penalice a quienes no lo hagan, excluyéndoles de servicios como los viajes por aire si se desvían.


Los detalles del sistema en construcción son opacos y aún están sujetos a especulación, pero los estudios indican que se está construyendo contando con las empresas de pagos digitales (como WeChat) o que se integrará con la información financiera y de pagos existente en las principales compañías de finanzas digitales como Ant Financial (empresa madre del sistema Alipay). La información no sólo se usa para la inclusión; se usa para la exclusión.


Aunque el Sistema de Crédito Social chino acecha en la imaginación occidental como si fuera un episodio de una película de ciencia ficción, este proceso de vigilancia, rastreo y condicionamiento digital se da en todo el mundo, a menudo respaldado abiertamente por los Estados democrático-liberales que quieren promover los intereses de las compañías financieras y tecnológicas.


La gentrificación del pago es un aspecto fundamental de todo este proceso. Es un programa fragmentado, parcialmente completado y sin embargo calculado, para dirigir a la población a la red financiera digital que puede ofrecer reducidos beneficios a corto plazo, al tiempo que la expone a amenazas colectivas a largo plazo que son sistemáticamente minimizadas. Es el momento de que los grupos y activistas de la sociedad civil comprendan este fenómeno y lo enfrenten.

Por Patricia Bolinches
Brett Scott

publicado
2019-05-17 06:05:00

Publicado enEconomía
Una tribu ecuatoriana gana el juicio contra el Gobierno y salva miles de hectáreas en la Amazonia

Un tribunal determinó que el Ejecutivo ecuatoriano no realizó una consulta previa con los waorani sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza.
La tribu de los waorani que vive en la Amazonia —al noreste de Ecuador—, ganó el pasado 26 de abril un juicio contra varias compañías petroleras, salvando de esa manera más de 200.000 hectáreas de selva tropical de esa vasta región de América del Sur, informan medios locales.


Un tribunal local falló a favor de los waorani tras determinar que el Gobierno ecuatoriano no realizó en 2012 una consulta previa con ellos sobre la posibilidad de subastar el bloque petrolero 22 de la provincia de Pastaza, pese a que desde el Ejecutivo aseguraron que los indígenas dieron su consentimiento para permitir dicha actividad extractora.


Los waorani denunciaron presuntos fraudes por parte de las autoridades durante el proceso de negociación y declararon que no comprendieron del todo que los encuentros tuvieran como finalidad entregar su territorio ancestral.


Un 16% del terreno en cuestión contiene dieciséis comunidades de este pueblo amerindio. Tras el fallo, se ha paralizado indefinidamente la subasta de cualquier bloque extractivo en la zona hasta que no tenga lugar una consulta previa bajo los estándares internacionales.


"Queríamos que quedara claro que el Estado ecuatoriano siempre ha venido a nuestros territorios a engañar y manipular a cambio de explotación petrolera", dijo Oswando Nenquimo, portavoz de los waorani, subrayando que esta decisión judicial es un símbolo histórico de la lucha de sus reivindicaciones. "Le pedimos al Estado que nos deje vivir en nuestro territorio sano […] Nuestro territorio no está en venta, es parte de nuestra vida y cultura", aseveró Nenquimo.


No obstante, desde el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable del Ecuador anunciaron que apelarán el fallo alegando que en la consulta "se respetaron los derechos de los pueblos y nacionalidades".

17 may 2019 02:12 GMT

 

Publicado enMedio Ambiente
Cómo ganar las elecciones con Whatsapp desde Brasil hasta la India

El omnipotente conglomerado GAFAT (Google/Apple/Facebook/Amazon/Twitter), asociado al Pentágono en su segmento Defence Innovation Board, desató una intensa polémica con Trump, quien critica el monopolio cibernético de Silicon Valley (https://wapo.st/2J3H1nj), y con Europa, donde se exige su regulación y atomización (https://econ.st/2Y3JTE6).

Hoy Twitter México/Latinoamérica se encuentra en la picota por sus usuarios debido a la flagrante parcialidad de su director Pepe López Ayala: proto-fascista aliado del Partido Popular español quien no oculta su intrusión en las elecciones (https://bit.ly/2vaEVZJ) y quien ha sido expuesto por su proclividad neofranquista/neoliberal/neopinochetista (https://bit.ly/2vmxf6V).

El común denominador de las críticas altisonantes versa sobre el manejo cautivo de los bots y su “granja de trolls” con el fin de modular a la opinión publica y redireccionar el voto manipulado de los electores.

Cambridge Analytica, hoy extinguida, redireccionó el voto a favor del Brexit y la elección de Trump (https://bit.ly/2TPXEUO).

Ahora la aplicación Whatsapp ha sido colocada en la picota, a lo que se ha sumado en forma sorprendente The Financial Times (04/05/19) vinculado por medio del grupo Pearson, junto con The Economist, a la Banca Rothschild y a su instrumento George Soros: señalado de ser "socio" del mandamás de Facebook (https://bit.ly/2R2Lhnl).

Whatsapp fue adquirida en 2014 por Facebook en 22 mil millones de dólares y cuenta con 500 millones de usuarios, siendo la aplicación más popular en India (300 millones: la mayor del mundo) y Brasil, además de Gran Bretaña, España y Francia.

En India, Financial Times alerta que se puede escenificar una "elección Whatsapp", la cual "podría también configurar su futuro político".

El partido gobernante Bharatiya Janata, del "nacionalismo hindú", utiliza Whatsapp "para librar una de las más sofisticadas campañas políticas digitálicas en el mundo".

John Gapper (FT 16/04/19) había advertido que "Whatsapp es una versión sombría de la democracia" y que la elección general en India, donde votarán del 11 de abril al 19 de mayo 900 millones, "demuestra los riesgos de las plataformas de las redes sociales".
Ahora los clásicos "mensajeros del odio (palabra de moda)" son quienes acusan a sus adversarios de imitarlos, como si el "odio" fuera monopolio exclusivo de un tipo dado de supremacismo racista.

Financial Times admite que Bolsonaro ganó la elección "ayudado en parte por una ola de rumores tóxicos y desinformación, la mayoría propalados por Whatsapp". Ahora se requiere de mercadólogos creativos de las mentiras tóxicas para ganar una elección, como sucede en México con el uso vicioso y antidemocrático del grupo panista de los ex presidentes Fox y Calderón y sus conspicuos aliados propaladores de la "trama rusa" y la Operación Berlín (https://bit.ly/2UrdBVm), con el fin de desestabilizar al gobierno y pretender obtener por vías subversivas lo que perdieron en las urnas electorales.

En Brasil, con 120 millones de usuarios de Whatsapp, se manejó que la manipulación con fake news ayudaron a la elección a la presidencia del ex capitán Jair Bolsonaro. The Conversation denunció que la “postura sesgada de Whatsapp “en la elección de Brasil, demuestra el "peligro a la democracia de las redes sociales debido a la desinformación" (https://bit.ly/2J56o8m).

Los gobiernos masoquistas y los ciudadanos afectados por la obscena toma de partido del GAFAT, al unísono de su extraterritorialidad jurídica y su atentado a la soberanía cibernética de los países, no han tomado medidas precautorias y regulatorias ante el totalitarismo orwelliano de las plataformas monopólicas que controlan las redes sociales.

La tecnología en si es neutral y depende del uso que se le da. Lo grave radica en el monopolio de las plataformas.

El combate a los monopolios y la democratización de las plataformas –donde Latinoamérica, África, Europa y gran parte de Asia se encuentran ausentes– sería el antídoto para la deliberada propagación selectiva de fake news.

AlfredoJalife.com

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Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global

«Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Los efectos de la rápida expansión de la agricultura industrial a gran escala para producir aceite de palma y otros productos agrícolas básicos han sido devastadores en todo el Sur Global en los últimos años. Está obligando a las personas a abandonar sus tierras y destruyendo los medios de subsistencia de millones de personas, al tiempo que contribuye al cambio climático a través de la deforestación y la destrucción del medio ambiente. La tendencia se ha intensificado desde la crisis alimentaria y financiera de 2008, cuando los altos precios de los productos básicos provocaron un aumento del interés en la agricultura a gran escala por los cultivos de alimentos y biocombustibles. Hoy continúa con millones de hectáreas de bosques, áreas de pastoreo y tierras de cultivo convertidas en plantaciones cada año.


El papel central del Banco Mundial en la expansión de plantaciones agrícolas a gran escala


El Banco Mundial ha desempeñado un papel fundamental en la promoción de estos acuerdos de tierras a gran escala. Durante años, a través de diferentes mecanismos que incluyen asistencia técnica y servicios de asesoría a gobiernos, condicionalidad de la ayuda y clasificaciones de negocios, el Banco ha alentado reformas regulatorias dirigidas a atraer la inversión privada extranjera para el crecimiento económico y el desarrollo. Para el 2014, la Corporación Financiera Internacional (CFI), la rama del sector privado del Banco Mundial, estaba administrando 156 proyectos en 34 países por un valor de $ 260 millones para servicios de asesoría para promover el desarrollo del sector privado.


Entre estos esfuerzos, el Banco lanzó en 2013 el proyecto Facilitando los Negocios en la Agricultura (EBA, por sus siglas en inglés) a solicitud del G8, como una de las llamadas “acciones facilitadoras” para la nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición que se formó en ese momento. El objetivo de la EBA es ayudar a crear “políticas que faciliten el hacer negocios en la agricultura y aumente el atractivo de las inversiones y la competitividad de los países”. Para lograr esto, la EBA identifica las “barreras legales” para los agronegocios y prescribe reformas de políticas para eliminarlos. Bajo la guía del Banco Mundial, los gobiernos deberían, por ejemplo, reducir las regulaciones sobre semillas y productos fitosanitarios, es decir, fertilizantes y pesticidas. Inicialmente centrado en 12 áreas temáticas, incluidas semillas, fertilizantes, comercio y maquinaria, el último informe de la EBA, publicado en 2017, presentó un nuevo indicador: la tierra.


Más de 3.000 millones de personas en todo el mundo, la mitad de la humanidad, dependen de la tierra para su sustento, la mayoría en los países en desarrollo. La mayoría de ellos no tienen títulos de propiedad sobre esta tierra; legalmente esa tierra es generalmente propiedad estatal o tierra consuetudinaria. En el Sur Global, los recursos naturales como el agua, los bosques, las sabanas, las tierras agrícolas y de pastoreo se utilizan y gestionan a nivel comunitario bajo leyes consuetudinarias. Las empresas de agronegocios a veces han tenido éxito en apropiarse de tierras consuetudinarias utilizando liderazgos tradicionales, como en el caso de SOCFIN en Sierra Leona. Sin embargo, la tierra consuetudinaria generalmente no se considera como una propiedad individual que se puede comprar o vender, sino que se valora como un bien común, un activo ancestral con un profundo significado social y cultural, que debe preservarse para las generaciones futuras.


Esta es la razón por la cual los agricultores, los pastores y los pueblos indígenas de todo el mundo han estado resistiendo la apropiación de sus tierras, protegiendo sus medios de vida y su identidad cultural y social. La resistencia a menudo se ha encontrado con represión y violencia por parte de milicias privadas o fuerzas de seguridad del gobierno, cobrándose la vida de cientos de defensores de tierras cada año. Sin embargo, con protestas y bloqueos, peticiones, recursos administrativos o acciones legales, muchas de estas luchas han tenido éxito en retrasar, interrumpir o paralizar el avance de plantaciones.


El indicador de tierras de la EBA: un ataque sin precedentes a los derechos sobre la tierra


Para el Banco Mundial, un promotor clave de la agricultura industrial en el Sur Global, esta resistencia es un problema, ya que los derechos tradicionales sobre la tierra se interponen en el modelo de desarrollo económico propuesto por el Banco. Según la institución, «los derechos de los indocumentados (sobre la tierra) plantean desafíos y riesgos para los inversionistas» y, en el caso de África, el desarrollo del continente está «frenado por la confusión con la propiedad de la tierra».


Esto puede explicar por qué el Banco, con fondos de los gobiernos de EE. UU., el Reino Unido y la Fundación Bill y Melinda Gates, todos firmes defensores de la agricultura corporativa, se ha embarcado en un esfuerzo nuevo y sin precedentes para abordar el «problema de la tierra» en los países en desarrollo. Al introducir un indicador de tierra en el proyecto EBA, el Banco ha creado un instrumento para prescribir reformas de políticas que facilitarán el acceso a la tierra para la agroindustria. Introducido como plan piloto en 38 países en el año 2017, se espera que el indicador de tierras se amplíe a 80 países en el informe de la EBA de 2019. Como se detalla en el informe del Instituto Oakland de 2019, «Todo al mejor postor: el nuevo plan del Banco Mundial para privatizar tierras en el sur global», este indicador clasifica a los países según sus “leyes y regulaciones que afectan el acceso a los mercados de tierras para productores y agronegocios”. La EBA identifica y evalúa las «cargas reglamentarias» que afectan el acceso privado a la tierra. Los puntajes que obtienen los países están destinados a condicionar la ayuda y el dinero de inversión.


Si bien el Banco afirma que su intención es proteger los derechos sobre la tierra y otorgar libertad y equidad en el acceso a la tierra, sus recetas se centran en una agenda totalmente diferente centrada en la promoción de la agricultura industrial a gran escala a expensas de los agricultores familiares, los pastores y los pueblos indígenas. Para regular los acuerdos de tenencia de la tierra de los países y «mejorar la productividad del uso de la tierra», el Banco solicita a los gobiernos que formalicen los derechos de propiedad privada, faciliten la venta y el arrendamiento de tierras para uso comercial, sistematicen la venta de tierras públicas mediante subasta al mejor postor, y mejoren los procedimientos de expropiación.


Al sugerir que los países de bajos ingresos no gestionan las tierras públicas de manera efectiva, el Banco recomienda la privatización de las tierras públicas como un camino a seguir: los gobiernos deben convertirse en corredores de tierras y ofrecer tierras públicas con «valor económico potencial» a los intereses privados, de modo que la tierra puede ser ofrecida a su «mejor uso». El enfoque del Banco, por lo tanto, proporciona una vía legal para aumentar el despojo de tierras, la concentración de tierras y su apropiación.


Esta agenda es evidente ya que el Banco alienta a los gobiernos a priorizar la formalización de los derechos a la tierra privada en “áreas agrícolas de alto potencial”. El Banco solo considera otras formas de acuerdos de tenencia de la tierra, como la tenencia de tierras comunales o consuetudinarias, «en áreas rurales con niveles más bajos de potencial agrícola». Sin embargo, los recursos naturales administrados por la comunidad tales como tierras de cultivo, agua, bosques y sabanas son esenciales para el sustento de millones de agricultores familiares, pastores y pueblos indígenas. En África, en general son las zonas donde se organiza el cultivo y el pastoreo, así como los barbechos y las reservas, la recolección de alimentos silvestres, la madera, la pesca y la caza.

Traducción Acción por la Biodiversidad

4 mayo 2019 

Publicado enInternacional
Petrolera Exxon, primera gran corporación en demandar a Cuba bajo el amparo de la Helms-Burton

La petrolera estadounidense reclama más de 70 millones de dólares a Cimex y Cupet por el uso de propiedades nacionalizadas en 1960.

 

La petrolera Exxon Mobil presentó una demanda en un tribunal federal de Estados Unidos contra Cuba-Petróleo, propiedad del Estado cubano, y la empresa CIMEX S.A., por una refinería, gasolineras y otros activos incautados en 1960, meses después de la revolución encabezada por Fidel Castro.


El gigante petrolero estadounidense es la primera gran corporación en demandar a Cuba desde que el gobierno del presidente Donald Trump puso en vigor una sección inactiva de la Ley Helms-Burton de 1996, incrementando la presión sobre los gobiernos de La Habana y Caracas.


Bajo el Título III de la Ley, suspendido por los presidentes anteriores, los ciudadanos, la mayoría cubano-estadounidenses, pueden presentar demandas en cortes de
Estados Unidos contra compañías que se beneficien o hagan negocios con La Habana en propiedades nacionalizadas por el gobierno tras la revolución de 1959.


“El demandante presentó documentación contra la Corporación CIMEX S.A. y la Unión Cuba-Petróleo (…) por tráfico ilegal de propiedad confiscada en violación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba (LIBERTAD) de 1996”, dice la demanda archivada en el tribunal del Distrito de Columbia.


La refinería Standard Oil en la bahía de La Habana, ahora operada por CUPET con el nombre “Ñico López”, fue la primera propiedad de Estados Unidos nacionalizada, luego de que la empresa se negara a procesar petróleo de la Unión Soviética debido a tensiones con Washington.
CIMEX S.A. opera estaciones de servicio en la isla con CUPET.


En la década de 1960, Estados Unidos certificó 5 mil 913 reclamos contra Cuba por valor de mil 900 millones de dólares, de las cuales Standard Oil y Mobil tenían una reclamación cada una por un total de 245 millones, según el Consejo de Comercio y Economía Cuba-EE.UU., una organización con sede en Nueva York experta en reclamaciones.
Un portavoz de Exxon Mobil dijo que, como práctica, la compañía no hace referencia a litigios pendientes.


Una norma cubana aprobada en 1996 sostiene que la ley Helms-Burton estadounidense es “ilícita, inaplicable” y considera “nula” toda reclamación de persona natural o jurídica en tribunales de Estados Unidos.

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El negocio de la felicidad, el fraude del siglo XXI

La felicidad es el trending topic del siglo XXI. Se ha convertido en una de las construcciones culturales con mayor influencia sobre la vida diaria de millones de personas. Un volumen ingente de publicaciones académicas, y también otras sin ese rigor, ha situado como verdad científica una lógica que coincide sospechosamente con los postulados neoliberales: el bienestar es una cuestión individual que ha de procurarse cada persona por su cuenta y riesgo. Presentada como una meta aséptica y neutral por divulgadores de todo tipo —desde expertos de la llamada psicología positiva a charlatanes de medio pelo, pasando por innumerables libros de autoayuda—, la promesa de la alegría esconde un fondo profundamente ideológico que persigue la disolución de los vínculos sociales. Y lo más grave es que se ha adoptado como receta válida por gobiernos e instituciones que pretenden marcar su rumbo atendiendo a lo que miden supuestos índices de felicidad.

 En el invierno de 2013, la corporación multinacional de bebidas refrescantes Coca-Cola anunció el lanzamiento de una página web con más de 400 estudios sobre felicidad y salud que pretendía ser un referente en el campo de la investigación acerca del bienestar. Lo hizo a través del llamado Instituto Coca-Cola de la Felicidad, integrado en una iniciativa de la división española de la compañía que en 2010 y 2012 ya había organizado en Madrid dos ediciones de un evento denominado Congreso Internacional de la Felicidad. 

Entre la maniobra publicitaria y la generación de una imagen de marca amigable, bajo la coartada filantrópica de responder al creciente interés sobre el tema, Coca-Cola se sumó a una agenda global que propone ser feliz como respuesta a todos los males.


Margarita Álvarez es una de las 50 mujeres más poderosas de España, según la revista Forbes, y también fue incluida en el listado de las 100 mujeres más influyentes en nuestro país en 2016, elaborado por la plataforma Mujeres&Cia, en la categoría de Directivas. Álvarez creó y presidió el Instituto Coca-Cola de la Felicidad entre enero de 2008 y marzo de 2011. Acaba de publicar Deconstruyendo la felicidad, un libro cuyo propósito, según se lee en la nota de prensa difundida por la editorial Alienta, es “ayudarte a averiguar si realmente existe la felicidad y, si es así, determinar dónde se puede encontrar”. La nota añade que en sus páginas no hay “reglas ni pautas: solo conocimiento. Porque saber y tener información sobre algo tan relevante te ayudará a entender cómo funciona el cerebro, cómo te utilizan tus pensamientos y cómo puedes identificar y aceptar todas tus emociones para afrontar mejor las circunstancias de la vida”.


Parece poco probable que la idea de ser feliz que maneja Álvarez guarde relación alguna con la que puedan tener, por ejemplo, las más de 800 personas afectadas desde 2014 por el ERE de la embotelladora de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada (Madrid). La suya, más bien, es otra de las voces privilegiadas que han participado durante los últimos 30 años en la construcción y propagación de una noción de felicidad que reposa en el entusiasmo, la voluntad y la superación individual como herramientas para llegar a ella. Libros de autoayuda, talleres de pensamiento positivo y charlas motivacionales han difundido la especie de que ser feliz está a tu alcance y solo tienes que desearlo. En el tiempo de la crisis económica mundial más grave desde el crac del 29, estos discursos han encontrado un público desesperadamente receptivo al que se le ofrece bienestar simplemente mirando a su interior, sin tener que relacionarse con nadie. Aunque esto último no es del todo así: esa felicidad prometida pasa necesariamente por pagar, pues lo que hay detrás de ella tiene poco de altruista.
“Se considera que es una elección personal y que, para ser feliz, una persona simplemente tiene que decidir serlo y ponerse a ello a través de una serie de guías, consejos, técnicas, ejercicios que proponen los que se suponen expertos en estos campos: científicos, psicólogos, coaches, escritores de autoayuda y una gran cantidad de profesionales que se mueven en el mercado de la felicidad”, explica Edgar Cabanas a El Salto. Este doctor en psicología e investigador de la Universidad Camilo José Cela de Madrid es el autor, junto a Eva Illouz, de Happycracia (Paidós, 2019), un ensayo que aplica el bisturí a los argumentos empleados desde la ciencia de la felicidad, que ignoran cuestiones sociales, morales, culturales,económicas, históricas o políticas para presentar unas tesis aparentemente objetivas. “Mientras la vocación de esta idea de felicidad es producir seres completos, realizados, satisfechos, lo que queda es una permanente insatisfacción: la felicidad está conceptualizada como una meta que nunca se alcanza, que nunca se llega a materializar. Es siempre un proceso constante que embarca a la persona en una búsqueda obsesiva de formas de mejorarse a uno mismo, su estado emocional, la administración de sí mismo en el trabajo, en la educación, en la intimidad”, sostiene Cabanas.


En este sentido, la investigadora Sara Ahmed, que publicó hace una década La promesa de la felicidad, traducido al español esta primavera por la editorial argentina Caja Negra, apuntaba en marzo en una entrevista a El Salto que “la felicidad, como promesa de vivir de una determinada manera, es una técnica para dirigir a las personas”.
Precisando aún más, Fefa Vila Núñez, profesora de Sociología del Género en la Universidad Complutense de Madrid, señala que esta concepción “nos empuja, nos ordena y dirige hacia el consumo vinculado a una idea de vida sin fin, forjada en un hedonismo sin límites donde melancolía y tecnofilia se unen en un abrazo íntimo para forjar la idea de logro, de éxito, de inmortalidad, de un placer infinito para aquel sujeto que no se salga del camino marcado”. En su origen, ella encuentra una “maquinaria de felicidad” activada después de la I Guerra Mundial y relacionada con un “capitalismo de consumo” que ha ido modelando la idea de felicidad hasta nuestros días.


La ecuación de la felicidad


El libro de Margarita Álvarez cuenta con dos firmas invitadas muy significativas: el prólogo es de Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola España y número dos por Madrid de Ciudadanos para las elecciones generales, y el epílogo corre a cargo de Chris Gardner, cuya historia siempre es usada como ejemplo por la psicología positiva. Un caso de excepción convertida interesadamente en norma, la biografía de Gardner va de la pobreza al éxito empresarial y quedó retratada en la película En busca de la felicidad, protagonizada en 2006 por Will Smith. Gardner es hoy un multimillonario que se dedica a la filantropía y a dar conferencias sobre cómo la felicidad depende de la voluntad individual. “Si quieres, puedes ser feliz” es su mensaje.


Un nombre clave en el desarrollo de la ciencia de la felicidad es el de Martin E.P. Seligman. Elegido presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología en 1998 (APA, en sus siglas en inglés), puede ser considerado uno de los fundadores de la psicología positiva, ya que participó en su manifiesto introductorio publicado en el año 2000. Seligman proponía un nuevo enfoque sobre la salud mental, alejado de la psicología clínica y enfocado en promover lo que él consideraba positivo, la buena vida, para encontrar las claves del crecimiento personal.


En su despacho de la APA, Seligman pronto empezó a recibir donaciones cuantiosas y cheques con varios ceros procedentes de grupos de presión conservadores e instituciones religiosas interesadas en promover la noción de felicidad que promulgaba esta nueva corriente de la psicología. La difusión por parte de los medios de comunicación y otros canales de algunas de sus publicaciones generó la impresión de que existía una disciplina científica que aportaba claves inéditas para alcanzar el bienestar. La repercusión de estas teorías fue mundial. Sin embargo, sus objetivos, resultados y métodos han sido criticados por su falta de consenso, definición y rigor científico. “Más que engaño, yo diría que puede ser peligroso en términos sociales y políticos; y decepcionante en términos personales”, valora Cabanas, que apunta al mercado, las empresas y la escuela como agentes principales en la elaboración y divulgación de unas nociones que entroncan directamente con valores culturales arraigados en el pensamiento liberal estadounidense.


Seligman llegó a formular una ecuación que explicaría la proporción de factores que dan como resultado la felicidad. Esta sería la suma de un rango fijo (la herencia genética), elementos de la acción voluntaria y circunstancias personales. Su fórmula otorga al primer factor el 50%, a lo volitivo el 40% y únicamente el 10% restante a cuestiones como el nivel de ingresos, la educación o la clase social. Siguiendo esta receta, la psicología positiva se ha mostrado categórica al considerar que el dinero no influye sustancialmente en la felicidad humana.
En La promesa de la felicidad, Ahmed resumió la tautología que sustenta al campo de la psicología positiva. “Se basa en esta premisa: si decimos ‘soy feliz’ o hacemos otras declaraciones positivas acerca de nosotros mismos —si practicamos el optimismo hasta que ver el lado amable de las cosas se convierte en rutina—, seremos felices”.
De la página web presentada por Coca-Cola como el gran archivo sobre la felicidad no queda absolutamente nada cinco años después.


Felicidad Interior Bruta


Desde 2013, el 20 de marzo se celebra el Día Internacional de la Felicidad. La Asamblea General de la ONU decretó en su resolución 66/281 de 2012 esa fecha para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Se trata de una medida controvertida, por la dificultad para encontrar baremos objetivos que cuantifiquen el grado de felicidad y por las repercusiones derivadas de su conversión en faro de las acciones de gobierno, por delante de otras metas como la reducción de las desigualdades, la lucha contra la corrupción o el desempleo. En otras palabras: el riesgo de que la administración preste más atención a un gurú del mindfulness que a los sindicatos es real.


“Las formas de hacer política basadas en la felicidad —opina Cabanas— suponen ensalzar las cuestiones individuales y desdibujar las sociales, objetivas y estructurales. Vienen a hacer énfasis en que lo más importante es la forma en que se sienten los individuos, como si la política se redujera a hacer sentir bien o mal, como si no se tratara de cuestiones de discusión moral o ideológica”.


Tras firmar algunos de los recortes presupuestarios más importantes en la historia del país, con especial incidencia en el gasto social, a finales de noviembre de 2010 el primer ministro británico David Cameron propuso la elaboración de una encuesta para medir la felicidad de los ciudadanos, con la idea de difundir en la opinión pública que el bienestar se encuentra en otras variables distintas al Producto Interior Bruto. Es una iniciativa recurrente en distintos países, que se puede entender como una cortina de humo para distraer la atención. En 2016, el primer ministro y vicepresidente de Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Mohamed ben Rashid Al Maktoum, anunció la creación del Ministerio de la Felicidad para generar en el país “bondad social y satisfacción como valores fundamentales”. Asimismo, situó esta novedad en el marco de una serie de reformas entre las que destacaba que se permitiría al sector privado hacerse cargo de la mayoría de los servicios públicos. En su informe 2017/2018 sobre Derechos Humanos, Amnistía Internacional concluía que Emiratos Árabes Unidos restringe arbitrariamente el derecho a la libertad de expresión y de asociación, que continuaban en prisión decenas de personas condenadas en juicios injustos, muchas encarceladas por sus ideas políticas, y que las autoridades mantenían a las personas detenidas en condiciones que podían constituir tortura. También señalaba que los sindicatos seguían estando prohibidos y que los trabajadores migrantes que participaban en huelgas podían ser expulsados, con la prohibición de regresar al país durante un año.


Emiratos Árabes Unidos ocupa el puesto 21 de un total de 156 países en la edición de 2019 del informe anual sobre felicidad mundial que Naciones Unidas publicó el mismo 20 de marzo. Se trata de la séptima entrega de un estudio que este año pone el foco, según sus autores, en la relación entre felicidad y comunidad, en cómo la tecnología de la información, los gobiernos y las normas sociales influyen en las comunidades. Finlandia, Dinamarca y Noruega se sitúan en el podio de este peculiar ranking, mientras Israel y Estados Unidos —dos países con enormes tasas de desigualdad y pobreza; el primero, además, sostenido sobre la discriminación de la población palestina— alcanzan los puestos 13 y 19 respectivamente. La felicidad en España sube en un año del 36 al 30 en un listado para cuya confección se tienen en cuenta variables como la esperanza de vida saludable, el apoyo social, la libertad para tomar decisiones, la generosidad o la percepción de corrupción.


De los meandros que entrecruzan política y felicidad sabe bastante la filósofa Victoria Camps, senadora por el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) entre 1993 y 1996 y ganadora del Premio Nacional de Ensayo en 2012 por El gobierno de las emociones. En su opinión, la búsqueda de la felicidad es “un derecho, expresado de diferentes formas: el derecho a la igualdad, a tener una protección por parte de los poderes públicos para que esa libertad necesaria para escoger una forma de vida la tenga todo el mundo, no solo unos pocos”. Por eso considera que la política no debe garantizar la felicidad sino “que podamos buscar la felicidad”. Ella entiende que el modelo de Estado de bienestar “iba en ese sentido de proteger socialmente a los más desprotegidos, redistribuir la riqueza e igualar las condiciones de felicidad”. Para esta filósofa, el Estado de bienestar está en crisis pero cree que “era un buen modelo y que habría que potenciarlo e intentar adaptarlo a las nuevas necesidades y corregir todo aquello que no está funcionando”.


Camps conversa con El Salto a propósito de su reciente ensayo, titulado precisamente La búsqueda de la felicidad (Arpa Editores, 2019). Como filósofa, marca distancias entre su disciplina y la palabrería de autoayuda: “Creo que están en las antípodas una de otra. La filosofía no da recetas, sino que plantea cuestiones y obliga a profundizar, a pensar, a encontrar soluciones”.


También recuerda un factor que el paradigma de la psicología positiva tiende a olvidar: “Las condiciones materiales afectan bastante. Ya lo decía Aristóteles muy claramente: la felicidad no está en la riqueza, en el honor, en el éxito, pero todo eso es necesario para ser virtuoso. O como decía Bertolt Brecht, primero hay que comer y después hablar de moral”.
Y reflexiona sobre algunos aspectos nocivos consecuencia de esa promoción de la felicidad como objetivo ineludible: “Lo que se busca es que la gente esté contenta y no moleste mucho. En todos los ámbitos —en la política, en la empresa, en la educación— se busca por vías muy similares a las de la autoayuda, muy simples, que no tienen nada que ver con la felicidad. En la política, todas las medidas antipopulares, difíciles de explicar aunque sean buenas para las personas, son difíciles de proponer porque dan miedo al político, que prefiere que la gente esté contenta con medidas mucho más simples”.


A la felicidad por la huelga


En una entrevista publicada en la web de El Salto en junio de 2018, el músico asturiano Nacho Vegas hablaba de reivindicar la infelicidad, ya que que, en su opinión, “hay veces que parece que vivimos en esto que Alberto Santamaría llama capitalismo afectivo en el que algunas empresas miden cuánto les cuesta la infelicidad de sus trabajadores y se dedican, con estos rollos motivacionales y de coaching, no a crear felicidad, porque el capitalismo no puede hacer eso, sino a cambiar la respuesta de la gente ante la infelicidad”.
Alberto Santamaría es profesor de Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca y el año pasado publicó En los límites de lo posible (Akal), un intento de rastrear la actividad de los agentes que posibilitan que la creatividad, las emociones o la imaginación conformen un mapa afectivo necesario para la prosperidad económica. “Las empresas se dan cuenta de que la infelicidad, la depresión, son problemas gravísimos. Ahora bien, lo que buscan no es una solución directa, sino que la estrategia se basa en reforzar esa doble dinámica de relación mercantil y deseos. Por ello lo que la narrativa empresarial nos vende es que el único lugar donde de verdad seremos felices es en el trabajo”, contesta a El Salto.


Para Isabel Benítez, socióloga y periodista especializada en la cuestión del trabajo y conflictos laborales, la respuesta que las empresas ofrecen ante la infelicidad de las plantillas es un “mecanismo sofisticado de domesticación que busca productividad, directa al intentar mejorar la satisfacción y movilizar los recursos emocionales propios, internos de las trabajadoras; pero también productividad indirecta: reducir la conflictividad laboral, la articulación colectiva del malestar común”.


En su opinión, es “harto difícil” que en el trabajo asalariado se encuentre una posibilidad de realización personal-profesional, aunque precisa que “a nivel individual hay quienes sí lo consiguen a pesar de la inestabilidad, la arbitrariedad, la falta de perspectiva, la ausencia de control sobre el qué, cómo y para qué de tu trabajo”.


Benítez escribió junto a Homera Rosetti La huelga de Panrico (Atrapasueños, 2018), un libro sobre la experiencia de la huelga indefinida que entre octubre de 2013 y junio de 2014 mantuvo la plantilla de la única fábrica de Panrico en Cataluña. Ella cree que los momentos de organización, ganar posiciones y lograr cambios en lo laboral son fuente de satisfacción y crecimiento para los trabajadores, pese a todos los obstáculos.


Por eso considera que la huelga no deja indiferente a nadie: “Es una alteración de la normalidad donde se incrementa la sociabilidad entre trabajadores, se pone a prueba la capacidad de análisis y de organización colectiva, y se descubren habilidades ‘ocultas’: creatividad a todos los niveles para pensar —dónde, cuándo, cómo presionar a la empresa, para dirigirte al resto de compañeras, para activar solidaridades externas a la empresa o centro de trabajo—, para hacer —construir barricadas, campamentos—, negociar, estrategia. Las huelgas, los procesos de lucha colectiva, cambian a las personas que participan. Son momentos de mucha tensión y emoción, en todos los sentidos”.


Yo no quiero ser feliz


“Pero a mí me sabe tan mal”, dice la letra de una canción del grupo de rock Los Enemigos que reconoce la incomodidad propia ante quien puede sonreír cuando lo exige la ocasión, quien distingue el principio del final y sabe hacia dónde va. Ante quien, en suma, es tan feliz y encaja. La canción, incluida en el disco La vida mata (1990), se puede leer como un anticipo del hastío por la imposibilidad de alcanzar esa meta de la felicidad que se sugiere como ideal desde tantos frentes. También, de algún modo, como una reacción.


Casi treinta años después de su grabación, Edgar Cabanas observa que en España se está generando una conciencia crítica. “El otro discurso gana, porque es más simplista, traducible a titulares, integrable en políticas de empresa, comercializable, pero está habiendo un caldo de cultivo crítico que intenta hacerle frente”, señala el coautor de Happycracia.
La profesora Vila Núñez entiende que “mientras haya resistencia, no hay triunfo” aunque no tiene dudas de que estamos en una nueva fase del avance del capitalismo, “un estadio sofisticado definido por el asalto al deseo, a la propia subjetividad. Un infierno a la medida de nuestro deseo, nos recordaría hoy, si estuviese entre nosotras, Jesús Ibáñez. Ya no solo somos cuerpos disciplinados sino deseos expropiados, cuerpos sin memoria”.


Según su parecer, en la sociedad que afirma el imperativo de la alegría “ya nada tiene sentido porque nada tiene principio ni fin, solo existe el ¡ya!, el just do it!, porque no hay recuerdos ni compromisos, no somos nadie, no venimos de ninguna parte y no vamos a ninguna parte, este es el estado de la cuestión, es el cuento del estado de las cuentas. Sísifo arrastrando la piedra que al llegar a la cumbre siempre puede volver a caer”.


A finales de 2018 se publicó La vida de las estrellas (La Oveja Roja), segunda novela de Noelia Pena. Un relato acerca de las otras realidades que la imposición del arquetipo de persona triunfadora, hecha a sí misma y feliz pretende ocultar. Lo que le interesaba, cuenta la escritora a El Salto, era “arrojar un poco de luz sobre algunas problemáticas y conflictos a los que no siempre queremos mirar de frente, como la enfermedad, la soledad, el aislamiento o el maltrato. La proliferación de enfermedades como la ansiedad y la depresión evidencia que este sistema no nos deja vivir: nos exprime y asfixia. ¿Qué sucede cuando una depresión nos impide ir a trabajar o cuando perdemos un trabajo? Nuestra seguridad se tambalea y con ella el modelo de vida que proyectamos alrededor del éxito profesional”.


Pena entiende que el gran problema social sigue siendo la emancipación y en el libro aborda esta cuestión. Pero asegura que no se propuso que sus personajes fuesen el contrapunto a lo que prescribe la psicología positiva: “Lo que puede verse en las problemáticas de los personajes de la novela es la dimensión colectiva de los malestares contemporáneos. A pesar del individualismo creciente, gran parte de nuestros problemas tienen una dimensión social: la soledad de los personajes, sin ir más lejos, especialmente los mayores. Tanto el mindfulness como los libros de autoayuda intentan convencernos de que cambiando nuestra mente podemos cambiar la realidad e individualmente podemos conseguir la felicidad, pero ¿cómo ser felices si la solución a nuestros problemas no es individual, sino que comporta decisiones ajenas, ya sean políticas, médicas o bien apuntan a estructuras de poder asentadas desde hace siglos o a la violencia sobre nuestros cuerpos por parte de otras personas?”. La respuesta a esta pregunta es, posiblemente, la más importante de todas las que se buscan a lo largo de la vida.

Por Jose Durán Rodríguez

publicado
2019-04-13 06:00:00

Publicado enSociedad
Miércoles, 03 Abril 2019 06:14

La batalla por la alimentación del futuro

La batalla por la alimentación del futuro

¿Cómo vamos a asegurar la alimentación de una población de 8 mil 500 millones de personas para 2030? La mayoría de la población piensa que la única forma de lograrlo es mediante la agricultura comercial de gran escala, que hoy domina el mercado mundial de alimentos. Esa es la respuesta equivocada.

La lucha por los alimentos de mañana comienza hoy. La forma de producirlos en la actualidad afecta la producción de una alimentación nutritiva y un medio ambiente saludable en el futuro. La agricultura comercial de gran escala, intensiva en capital y en insumos agroquímicos, no solamente no es la respuesta a las necesidades de producción y conservación, sino pone en peligro el abasto alimentario mundial del futuro. Es urgente revalorizar la agricultura que se rige por los principios de la producción agroecológica.

En Estados Unidos se ha publicado un libro de gran valor por el investigador Timothy A. Wise. Su título es Eating tomorrow y es el resultado de cinco años de investigaciones en México, Estados Unidos y varios países africanos (Zambia, Malawi y Mozambique). La línea conductora del análisis es la pregunta sobre los sistemas agrícolas para alimentar a una población mundial en crecimiento. La respuesta se orienta de manera convincente hacia la agricultura de pequeña escala, que hoy sigue dominando la producción mundial de alimentos (70 por ciento de los producidos en el planeta proviene de la agricultura campesina). Esta actividad productiva se desarrolla en unidades pequeñas, y aunque con frecuencia se trata de tierras que no son de la mejor calidad las técnicas de manejo de suelos, agua y recursos genéticos de estos pequeños productores les permiten obtener rendimientos suficientes para satisfacer las necesidades familiares y llevar excedentes al mercado.

Las técnicas de producción de esos productores pobres descansan en un saber campesino milenario basado en la agrobiodiversidad. Esa forma de producción va contra casi todos los principios de la producción capitalista, que prefiere la uniformización (monocultivo), la mecanización y el uso intensivo de agroquímicos (fertilizantes y plaguicidas). La producción comercial en grandes unidades es la que mejor se presta para aplicar los principios que privilegian la generación de ganancias antes que la de alimentos. Pero esa rentabilidad del complejo agrícola capitalista está dejando un rastro tóxico en el medio ambiente. El mejor ejemplo es el estado de Iowa, en Estados Unidos, que Wise califica de epicentro de una catástrofe ecológica y social.

Las corporaciones que dominan la producción agrícola y ganadera en Estados Unidos manejan las unidades productivas como si fueran una fábrica de telas. Lo que importa es la rentabilidad. Pero el complejo de la agroindustria sigue degradando acuíferos con nitratos, plaguicidas, patógenos, desechos farmacéuticos y hormonas. Un resultado es la llamada "zona muerta", en el Golfo de México, producida por el escurrimiento de nutrientes provenientes de la agricultura comercial de gran escala. Además, las prácticas de roturación y monocultivo siguen teniendo un impacto que deteriora las propiedades productivas de la tierra. En ese esquema la producción agrícola se encuentra entrelazada con gigantescas fábricas de carne, en las que millones de cerdos y pollos son objeto de un proceso de hacinamiento extremo con una huella tóxica de dimensiones bíblicas.

El problema no es sólo ambiental. Aunque muchas unidades de producción siguen siendo propiedad de una familia, la verdad es que esos propietarios no controlan el proceso productivo. La mezcla de producto (agrícola y ganadero), así como los insumos necesarios, así como cuándo llevar todo el producto al mercado, son decisiones que las familias no controlan: son las grandes corporaciones las que determinan las líneas de producción y la combinación de insumos.

Esas grandes corporaciones dominan los mercados de semillas, granos, carne, fertilizantes y plaguicidas. Están integradas horizontal y verticalmente, y los nombres de estos gigantes son bien conocidos: Monsanto, Dupont, Syngenta, Cargill, Archer Daniels, Tyson, Smithfield. Las familias propietarias de granjas se han convertido en una especie de vasallos medievales de estas corporaciones. Y aunque el american dream tiene un lugarcito bucólico para las familias dueñas de un predio, la verdad es que hoy la mayor parte de esas familias recibe ingresos anuales insuficientes para cubrir el costo de operación bajo los parámetros impuestos por estas grandes corporaciones. Muchas familias viven por debajo de la línea de pobreza y han perdido sus tierras. Estados Unidos tiene ya desde hace años un problema agrario de grandes dimensiones.

El análisis de Tim Wise muestra cómo la política agrícola tiene años castigando la pequeña agricultura y otorga privilegios exorbitantes a las grandes corporaciones. El costo puede ser muy alto, pues está en juego la sustentabilidad de la producción de alimentos en todo el planeta.

Twitter: @anadaloficial

 

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Las grandes petroleras gastan mil millones de dólares para bloquear medidas contra el cambio climático

ExxonMobil, Shell, Chevron, BP y Total no escatiman esfuerzos para obstruir los objetivos de los Acuerdos de París. La ONG británica InfluenceMap desvela en un informe la verdadera agenda de las grandes empresas petroleras.


Blanquean su imagen corporativa con amplios programas de responsabilidad social corporativa. O con proyectos innovadores en energías renovables inmersos en sus fundaciones. Aunque, en realidad, despliegan millones de dólares a la pervivencia de los combustibles fósiles. Es decir, a mantener o expandir el calentamiento global.


Siguen el argumentario de El Gatopardo, la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Aquel que pregona “cambiarlo todo para que nada cambie”. Un reciente estudio de InfluenceMap así lo atestigua. Las cinco grandes firmas petroleras que gobiernan el tortuoso mercado energético (de crudo y gas, esencialmente) destinaron a lo largo de 2018 casi 200 millones de dólares -el estudio habla de 153 millones de libras- a retrasar, controlar o bloquear cualquier iniciativa diseñada a combatir el cambio climático.


ExxonMobil, Shell, Chevron, British Petroleum (BP) y Total no dan puntada sin hilo. Hacen suyo el proverbio castellano de “ni un mal gesto, ni una buena acción”. Pura imagen. El informe asegura que estas petroleras se han gastado desde los Acuerdos de París de 2015 más de 1.000 millones de dólares en estrategias de lobby, que han hecho coincidir con campañas de lavado de imagen a favor de las energías limpias. Entre otras, Climate Action 100+, un programa de medidas contra el cambio climático que incorporó a las mayores firmas privadas del mundo.


Entre sus actos de influencia más reseñables, los expertos de esta institución sin ánimo de lucro británica, que enfoca sus objetivos filantrópicos a desenmascarar a las corporaciones que actúan en el sector energético y a defender la causa contra el calentamiento global, destacan el uso de las redes sociales.


Por ejemplo, emplearon 2 millones de dólares en campañas en Facebook e Instagram para promover los supuestos beneficios de que los combustibles fósiles ocupen un lugar aún más destacado en el mix energético global -en detrimento de las renovables- durante las elecciones de mitad de mandato (Midterm) de noviembre pasado en EEUU.


Su misión es de una innegable nitidez. Ganarse el favor del nuevo poder legislativo. Al fin y al cabo, cada cuatro años, en estos comicios, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, una tercera parte de los cien senadores y 36 de los 50 gobernadores de la Unión. Y conviene tener en perfecto estado de revista los servicios de lobby en el paraíso del poder soterrado y en el mercado más importante del mundo. Dentro de una acción global orquestada para debilitar las agendas de reformas favorecedoras de las energías renovables de los gobiernos que avanzan hacia la consecución de los Acuerdos de París.


Entre las que ocupan un lugar destacado las críticas a lo que consideran, sin complejos, un exceso regulatorio en su industria, que -aducen- les resta dinamismo, les reduce los beneficios y les ocasiona multimillonarios gastos anuales por requerimientos legales.


Inversiones multimillonarias en gas y petróleo


Los botones de muestra que ofrece el informe son más que relevantes. BP donó 13 millones a una campana, a la que también se sumó Chevron, que logró frenar la imposición de una tasa al carbón en el Estado de Washington. Un millón de los cuales se destinó a publicidad en medios. Edward Collins, uno de los autores de la investigación de esta ONG, hace hincapié en la banalidad de la estrategia de las big five.


“Sus marcas corporativas revelan claros apoyos públicos hacia el combate del cambio climático, pero sus acciones de lobby van en la dirección contraria. Abogan por soluciones de bajas emisiones de CO2 mientras aumentan sus inversiones y gastos hacia la expansión del negocio de los combustibles fósiles”. Después de los Acuerdos de París de 2015, de los que se salió EEUU por designación expresa de Donald Trump, las compañías de petróleo y gas dieron su apoyo a la paulatina supresión del carbón como fuente de energía y formalizaron la Iniciativa Climática del Petróleo y del Gas para impulsar medidas voluntarias que redujeran la polución por emisiones fósiles.


En 2019, los desembolsos presupuestados en planes de inversión para la extracción de gas y petróleo de estas cinco grandes petroleras se incrementarán hasta los 115.000 millones de dólares, de los que sólo el 3% irán a proyectos de bajas emisiones. Shell y Chevron se apresuraron a criticar el contenido de InfluenceMap.


Con argumentos como que “no hacen apología” de sus contactos con legisladores o reguladores, redoblando su respaldo a los Acuerdos de París y a sus objetivos medioambientales, o apelando a la transparencia de sus iniciativas de reducción de gases que provocan el efecto invernadero o a su compromiso con las energías limpias para lograr que el clima no rebase los 1,5 grados centígrados en 2050 en vez de los 2 grados establecidos en la capital francesa.


Los expertos de esta institución ponen como modelo de buen gobierno corporativo la decisión del fondo soberano noruego, que mueve más de un billón de dólares en activos globales a los que exige -entre otros propósitos- un demostrado compromiso con el medio ambiente. Motivo por el que ha sacado de sus carteras de inversión a compañías dedicadas a la exploración o a la extracción de petróleo.


Un proceso de desinversiones que el Ministerio de Finanzas de Noruega, dueño del fondo del que se nutren las pensiones de las personas en edad de retiro, ha instaurado también en Norges Bank, entidad que sólo financiará con las petroleras proyectos de energías renovables o que aceleren la transición hacia las energías limpias. “Tenemos 11 años para parar el caos climático.


No podemos encontrar justificación alguna en que las petroleras se opongan a regulaciones exigentes y a sanciones duras de sus negocios con elevadas emisiones de CO2 a la atmósfera”, dice Jan Erik, CEO de Storebrand Asset Management, la firma privada de activos más importante de Noruega. Y eso incluye “rechazar todo intento de la Administración Trump de diluir las avalanchas regulatorias en el sector para promover la reconversión industrial hacia las energías renovables e impedir la proliferación de iniciativas de influencia entre bambalinas el Capitolio -sede de las dos cámaras del Congreso- y en la Casa Blanca.


La industria petrolífera se acomoda con Trump


El lobby petrolífero se instaló de inmediato en el Despacho Oval tras el triunfo de Trump. Hasta lograr estabilizar el precio del barril en los más de dos años de su mandato entre los 45 y los 65 dólares por barril. En cumplimiento del complejo equilibrio de intereses geoestratégicos entre países productores y consumidores de crudo.


En detrimento de los grupos de presión de las renovables que afloraron a la vera de Barack Obama. Encabezado -el del oro negro-, por Scott Pruitt, al frente de la Agencia de Protección Medioambiental desde la andadura presidencial de Trump. Y del que han salido voces como la de Harold Hamm, el multimillonario magnate del fracking -una técnica de extracción del crudo a partir de esquistos bituminosos y a través de procesos de pirólisis, hidrogenación o disolución térmica- que nunca ha tenido reparo alguno en avisar a la OPEP, desde entonces, de que “podrían matar” a la industria petrolífera si el cártel trata de encarecer artificialmente el mercado. O, mejor dicho, de calentar sin su consentimiento los precios. En un aviso beligerante sin precedentes en la historia de la poderosa organización que lidera Arabia Saudí.


El del petróleo es un lobby que ha aterrizado de nuevo en Washington con intención de quedarse. Al menos, durante el periplo presidencial de Trump. A pesar de su promesa de “drenar la ciénaga” de grupos de presión próximos a la Casa Blanca, cuando aún se jactaba de ser la auténtica voz contra el establishment, el enemigo de los Clinton y del poder establecido. O de la salida de su gabinete del ex secretario de Estado, Rex Tillerson, antiguo consejero delegado de Exxon Mobile.


Porque, pese a su volatilidad derivada del recorte de cuotas de la OPEP, por un lado, y de la disminución de la demanda por la pérdida de fuelle de la economía global, por otro, el barril de crudo está a punto de firmar su mejor trimestre desde 2002, tras rozar los 40 dólares a mediados de diciembre. Una escalada del 32% desde el inicio de 2019 que ha catapultado su cotización, en EEUU, por encima de los 60 dólares.


Catherine Howarth, ejecutiva jefe de ShareAction, organización que promueve inversiones con responsabilidad social corporativa, pone el dedo en la llaga: “El informe de InfluenceMap deja evidencias de que la retórica de las petroleras no concuerda con su acción empresarial, que sus credenciales sobre cambio climático no pueden convivir con el ejercicio de sus lobbies ni con sus intentos de sabotaje para revertir el calentamiento global. Es un juego sucio, con dinero que no se emplea de forma legítima”.

 

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