Miércoles, 30 Diciembre 2020 06:13

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

¿Vacunas para la salud de la gente o del capital?

A pesar de los avances científicos en la lucha contra el covid-19, todavía queda un largo camino por recorrer para cumplir la promesa de una «vacuna para las personas» universal y de libre disponibilidad. Tal como están las cosas, los intereses de las grandes farmacéuticas están triunfando sobre el principio de justicia sanitaria.

 

Los anuncios recientes de resultados exitosos en dos ensayos clínicos de vacunas contra el covid‑19 generan esperanzas de que un regreso a la normalidad esté cerca. Los datos preliminares de las nuevas vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna son muy alentadores y hacen pensar que es inminente su aprobación de emergencia. Y noticias más recientes respecto de la eficacia (aunque ligeramente menor) de una vacuna desarrollada en forma conjunta por AstraZeneca y la Universidad de Oxford también dan motivos para esperar otros avances. En teoría, la llegada de una vacuna segura y eficaz sería el comienzo del fin de la pandemia de covid‑19. Pero en realidad, no hemos empezado a lograr lo que realmente se necesita: una «vacuna de la gente», que se distribuya en forma equitativa y gratuita para todas las personas que la necesiten. 

Por supuesto que hay que elogiar todo lo que se ha hecho para poder crear vacunas en apenas unos pocos meses. Ha sido un enorme salto tecnológico para la humanidad. Pero ese salto se hizo desde un trampolín de décadas de inversión pública a gran escala en investigación y desarrollo. Las principales vacunas candidatas se basan en general en preparar al sistema inmunitario para detectar la proteína spike, una técnica que es posible gracias a años de investigación en los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Más recientemente, BioNTech recibió 445 millones de dólares del gobierno alemán, y Moderna recibió un millón de dólares de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias y más de 1.000 millones de dólares de dos organismos estadounidenses: la Autoridad para la Investigación y el Desarrollo Biomédico Avanzado y la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa. La vacuna de AstraZeneca‑Oxford recibió más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) de financiación pública.

Pero para que los avances tecnológicos se conviertan en «salud para todos», es necesario que las innovaciones de creación colectiva se rijan por el interés público y no por la ganancia privada. Esto es particularmente cierto en el caso del desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas en el contexto de una pandemia. Ningún país podrá resolver esta crisis actuando solo. Por eso necesitamos vacunas al alcance gratuito de todos. Pero el sistema de innovación actual antepone los intereses de los países de altos ingresos a los del resto, y las ganancias a la salud pública. 

El primer paso hacia una vacuna al servicio de la gente es garantizar la plena transparencia de los resultados de los ensayos clínicos para permitir una evaluación independiente y rápida de la seguridad y eficacia de las vacunas. La publicación de datos preliminares incompletos a través de anuncios de prensa corporativos está dirigida a los mercados financieros, no a la comunidad sanitaria, y es una práctica que sienta un mal precedente. Mientras las acciones de las farmacéuticas se valorizan, los profesionales del área de la salud y la gente se ven obligados a tratar de adivinar los resultados de las pruebas. Conforme surgen más detalles sobre defectos en el diseño y la implementación del ensayo clínico de la vacuna de AstraZeneca‑Oxford, aumentan también los pedidos de un modelo de ciencia abierta y de que los protocolos y resultados se compartan en forma inmediata.

Además, hay preguntas cruciales sobre las principales vacunas candidatas que todavía no tienen respuesta. Presiones políticas y económicas en los países de altos ingresos llevan a que las farmacéuticas estén tratando de acelerar la aprobación de sus vacunas. Por eso han diseñado sus ensayos clínicos de fase III de modo de obtener resultados positivos lo antes posible, en vez de responder preguntas importantes, por ejemplo si la vacuna previene el contagio o solo protege contra la enfermedad. Tampoco está clara la duración de la protección; si la vacuna es igualmente eficaz en jóvenes y ancianos, o en personas con comorbilidades; y qué diferencias hay entre las principales candidatas (lo cual es esencial para el diseño de estrategias de vacunación eficaces). Además, el proceso de distribución de las vacunas sigue dominado por los intereses nacionales (sobre todo, los de los países desarrollados). Aunque el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) es un gran avance, este pierde efectividad frente a inmensos acuerdos bilaterales de compra anticipada de países ricos que pueden darse el lujo de apostar a varias vacunas. Por ejemplo, los países de altos ingresos ya compraron cerca de 80% de las dosis de las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna que estén disponibles el primer año. 

En resumidas cuentas, los países ricos se han apropiado de 3.800 millones de dosis de diferentes fabricantes, contra 3.200 millones (incluidos unos 700 millones de dosis para COVAX) para el resto del mundo. Es decir, reservaron dosis suficientes para dar cobertura a sus poblaciones varias veces, con posibilidad de que las dosis restantes no alcancen para vacunar ni siquiera a los grupos más vulnerables en los demás países. Al mismo tiempo, como la carrera por las vacunas se centra sobre todo en los mercados occidentales, algunas candidatas serían muy poco viables fuera de un país desarrollado. La de Pfizer/BioNTech hay que conservarla a -70 °C, una temperatura inferior a la del invierno antártico. La distribución de esta vacuna creará costosos y complejos desafíos logísticos, especialmente para los países de ingresos bajos y medios. Aunque otras candidatas (por ejemplo, la de AstraZeneca‑Oxford) son estables a temperaturas más altas, es notable que el primer producto que alcanza la fase de aprobación incluya un elemento tan evidente de discriminación de mercados. 

Más allá de los intereses nacionales acecha el problema de los aún más estrechos intereses privados, producto de un modelo de innovación farmacéutica hiperfinancierizado. Ahora que la pandemia da a los inversores la posibilidad de una ganancia inesperada, la industria está ampliando el modelo de negocios para desarrollar futuras vacunas. Pero mientras los inversores se benefician de la subida vertiginosa de sus acciones y las crecientes ganancias de capital y liquidan las acciones sobrevaloradas de una empresa el mismo día que esta anuncia resultados preliminares prometedores en un ensayo clínico, la creación de una vacuna para las personas pasa a segundo plano.

La crisis del covid‑19 es una ocasión ideal para saber si en los próximos años prevalecerá un modelo de innovación y producción más orientado a la salud pública. Pfizer se aferra al modelo de maximizar el valor para los accionistas, pero AstraZeneca al menos se comprometió a no lucrar con su vacuna «durante la pandemia». Aun así, el proceso (a pesar de toda la inversión pública que hay detrás de estas innovaciones) seguirá siendo opaco, y hay motivos para dudar de que AstraZeneca realmente esté dispuesta a anteponer la salud pública a las ganancias y ofrecer su vacuna al costo.

Las últimas noticias sobre vacunas han traído esperanza, pero también han puesto de manifiesto la disfuncionalidad del modelo de negocios de la industria farmacéutica y siembran dudas sobre la posibilidad de lograr una vacuna para la gente y Salud para Todos. Aunque el business as usual alcance por esta vez para superar la crisis, hay una manera mejor de hacer las cosas. Antes de que llegue la próxima pandemia, tenemos que entender que las vacunas son bienes públicos de salud globales y empezar a reorientar el sistema de innovaciones hacia un modelo simbiótico de colaboración entre el Estado y la empresa privada que se rija por el interés público.

Fuente: Project Syndicate

Publicado enSociedad
La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Por Jorge Luis DíazÁlvaro Arador | 29/12/2020 

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Notas:

[1] https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[5] Bergel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[6] https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[7] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[8] Derechos de propiedad intelectual e innovación. Benjamin Coriat y Fabienne Orsi. CEPN-IIDE, UMR CNRS 7115, Université Paris 13. 2007

[9] New drugs: where did we go wrong and what can we do better? https://www.bmj.com/content/366/bmj.l4340

[10] https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

[11] https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

 Fuente: https://vientosur.info/la-propiedad-intelectual-farmaceutica-y-su-amenaza-para-la-salud-publica/

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La propiedad intelectual farmacéutica y su amenaza para la salud pública

Industria farmacéutica: rentabilidad por encima de la salud pública

 

La gran pandemia de nuestro siglo ha provocado una crisis de salud pública sin precedentes, evidenciando radicalmente problemas estructurales inherentes a la sociedad capitalista.[1]

Una de sus muchas consecuencias es que discursos y reivindicaciones hasta el momento minoritarias hayan llegado con fuerza al debate público. Defensores del ecosocialismo como Rob Wallace, Andreas Malm o Mike Davis,  han ganado visibilidad a través de publicaciones o actualizaciones de sus escritos, reafirmando la relación entre las pandemias que acosan a la humanidad en los últimos años y el sistema de producción global capitalista.[2]

Otra de estas luchas, a la que antaño apenas dábamos espacio en la agenda pública, es la lucha por el acceso justo a la innovación farmacéutica, especialmente a medicamentos y vacunas. Actualmente nos encontramos en un momento crucial, en el que varias vacunas están a punto de empezar a utilizarse. El Reino Unido se convirtió en el primer país en autorizar la vacuna de Pfizer / BioNTech, y también el primero en empezar a vacunar. A pesar de ello, aún queda mucho trabajo por hacer antes del previsible control de la pandemia mediante la vacunación.

Mascarillas, respiradores, pruebas de detección, fármacos como Remdesivir o vacunas que aún se hallan en fase III se han convertido en mercancías de especulación rápida, y cabe esperar que así siga, como mínimo, hasta alcanzar la preciada inmunidad colectiva. El afán por asegurar el suministro de vacunas ha empujado a los países ricos a acaparar más del 50% de las compras anticipadas de las vacunas no autorizadas, y según la organización británica Global Justice Now, el 80% de las vacunas que podrá elaborar Pfizer para el año 2021 están comprometidas para países ricos, cuando estos estados solo representan el 14% de la población mundial. Recientemente la OPS ha denunciado que, para los países latinoamericanos, la vacunación del 20% de su población supondría cuadruplicar el presupuesto actual en vacunas, mientras que vacunar al 100% de la población conllevaría un gasto 12 veces mayor. El egoísmo y la competitividad que caracterizan el sistema han quedado al descubierto.

Por su parte, la Unión Europea ha pasado de un “nacionalismo de un solo país” en la primera ola, a un “nacionalismo europeo”, comprando millones de dosis de vacunas a través de contratos opacos, condenando a los países empobrecidos a listas de espera y problemas de desabastecimiento graves.

Salud pública y acceso a medicamentos en la era de las patentes

David Harvey acuñó el concepto ‘acumulación por desposesión’ para denominar el proceso de mercantilización de bienes comunes que los adeptos a la teoría neoliberal promocionan desde finales del siglo XX. Por supuesto, el conocimiento científico médico, que por definición es un recurso que por su naturaleza indivisible e inmaterial, y cuya replicación y distribución forma parte claramente del interés público, sufrió su propio proceso de privatización en los años 1980. Coincidiendo con el auge del neoliberalismo, se multiplicaron a lo largo del mundo las leyes relacionadas con los derechos de propiedad intelectual. Daniel Bensaïd, recuperando a James Boyle, llamó a este proceso “los nuevos cercamientos”, comparándolo con las expropiaciones de los bienes comunales durante la acumulación originaria del capital.[3]

Quizá la más famosa, y la que más impacto tuvo para la industria farmacéutica, sea la ley Bayh-Dole (1980), que autorizó a instituciones financiadas con fondos públicos a patentar sus investigaciones, algo prohibido previamente, con lo que el contribuyente se movilizaba económicamente dos veces: como contribuyente y como inversor.[4]

Este proceso de privatización de la propiedad intelectual cristaliza a nivel internacional con las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), que terminan con el Acuerdo de Marrakech de 1994. Este acuerdo significó la conversión del GATT, fundado en 1947, en la Organización Mundial de Comercio (OMC), nacida el 1 de enero de 1995. Supuso una reforma radical del sistema global de intercambio, con una consecuente liberalización enmarcada en el proceso de  globalización. La creación de la OMC supuso también una profundización de la desigualdad Norte-Sur global, ya que leyes que beneficiaban a los países ricos tuvieron que ser aceptadas por los países más desfavorecidos como requisito para poder participar en la OMC.

En este mismo acuerdo se incluye el anexo 1C, o Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), que desarrolla los pilares fundamentales de la propiedad intelectual, incluidas las patentes farmacéuticas. En este anexo se especifica qué se puede patentar y qué no, los derechos que confiere una patente a su titular, la duración de la exclusividad de producción, comercialización y distribución de la innovación patentada (el plazo de vigencia de la patente), y también las normas jurídicas que regulan el incumplimiento de patente.

Es importante recordar que este anexo fue una imposición de EE UU, Japón y algunos países europeos, que presionaron para incluir todas las propuestas del Comité de Propiedad Industrial de los EE UU, integrado entre otras por las empresas Dupont, General Motors, IBM, Merck, Monsanto, Pfizer, y Johnson & Johnson.[5] Las normas del derecho internacional en materia de propiedad intelectual fueron redactadas según los intereses de estas grandes multinacionales, provocando una redistribución de riqueza y poder hacia ellas. En cuanto a medicamentos y vacunas se refiere, supone una derrota histórica de la salud pública en detrimento del derecho al acceso a medicamentos.

Recientemente conocíamos como los mismos países que crearon este sistema se han puesto una vez más del lado de las farmacéuticas, negándose a liberar los derechos de propiedad de las vacunas y medicamentos contra el virus.[6] La historia se repite y pierden las de siempre.

La propiedad intelectual como herramienta de acumulación de capital

Gracias a los cambios en el sistema de patentes, la industria farmacéutica prospera significativamente, siendo en la actualidad una de las industrias más rentables,[7] con márgenes de beneficio que superan el 30%. La evolución de las leyes internacionales de propiedad intelectual, especialmente las relacionadas con las patentes, son responsables de la progresiva pérdida de las salvaguardas que antaño garantizaban una alianza mutuamente beneficiosa entre la industria farmacéutica y la sociedad. Vamos a analizar una por una las fallas más graves del sistema:

Financiación pública y beneficio privado

La ley Bayh-Dole abrió el camino a la privatización de los beneficios del conocimiento científico, un proceso que no ha dejado de crecer desde entonces. A pesar de que una gran parte de la inversión necesaria para crear nuevos medicamentos o vacunas proviene del sector público, ya sea en Universidades o Centros de Investigación, éstas suelen salir al mercado a precios muy altos, debido a la falta de competencia que provoca la exclusividad del derecho de patente.

Esta situación se ha repetido durante la pandemia. Se han producido enormes esfuerzos e inyecciones de dinero público en investigación y desarrollo (más de 4000 millones de euros), y aún así las vacunas no saldrán al mercado a precio de coste, ni siquiera las desarrolladas con 100% de financiación pública como la vacuna de Moderna. Sólo AstraZeneca se ha comprometido a comercializar su vacuna a 3 o 4 euros la dosis, afirmando que ese es el coste de fabricación. Como explicaremos más adelante, el coste real de fabricación es secreto, por lo que no sabemos si este es un precio justo.

Mercado oligopólico: grandes beneficios y escasez de innovación

El derecho de patente otorga la exclusividad de desarrollo, producción y comercialización del invento durante al menos 20 años. La mayoría de medicamentos, vacunas, o principios activos, están protegidos por lo que se conoce como arquitectura de patentes: no se patenta solamente el producto final, sino todos los procesos y modificaciones moleculares que utilizan para su desarrollo, por lo que al final un medicamento está protegido por decenas o cientos de patentes. Esto impide el desarrollo de genéricos a precios reducidos durante muchos más años. Un ejemplo claro de oligopolio es el mercado de las vacunas, en el que el 80% se concentra en tan sólo 4 empresas: Sanofi, Merck, Pfizer y GlaxoSmithKline (GSK).

La gran rentabilidad que esta exclusividad supone, no se ha traducido en un mayor gasto en innovación por parte de la industria farmacéutica. De hecho, apenas han dedicado parte de sus ganancias al desarrollo de moléculas innovadoras. En los últimos años se han especializado en desarrollar y vender medicamentos muy parecidos a moléculas antiguas, los llamados fármacos yo-también.[8] Estos medicamentos no suponen un beneficio terapéutico, pero son patentables, por lo que se utilizan para darle más vida a los oligopolios. Esto provoca una inflación constante de los precios de los nuevos fármacos, sean o no mejores que sus predecesores. Según un estudio alemán, publicado en la prestigiosa British Medical Journal, más del 50% de los fármacos y moléculas comercializados en Alemania entre el 2011 y el 2017 eran copias que no aportan ningún beneficio clínico.[9] La industria farmacéutica de hoy en día dedica gran parte de su facturación a campañas publicitarias para promocionar el uso de los fármacos yo-también.

En países como la India, con leyes de patentes más avanzadas, este tipo de moléculas no son patentables, ya que existe la obligación de demostrar un beneficio cuantificable de la innovación.

Lanzamiento secuencial, falta de transparencia y desabastecimientos

Las cadenas de producción globalizadas, basadas en procesos de deslocalización, y utilizadas como mecanismo de aumento de la explotación, provocan desabastecimientos en países vulnerabilizados, ya que la industria farmacéutica tiene una política de ventas conocida como lanzamiento secuencial: sus productos llegan primero a los mercados más dispuestos a pagar por ellos. Esto hace que las existencias puedan acabarse antes de llegar a los países más empobrecidos. Los precios son negociados primero en países con gran capacidad de gasto, como Estados Unidos, garantizando un precio de partida muy alto, para después negociar secuencialmente país por país. La pandemia no ha sido una excepción, y el ejemplo más claro son las declaraciones de Paul Hudson, CEO de Sanofi, que en mayo afirmaba que, si conseguían la vacuna, su primer receptor sería EEUU gracias al dinero invertido por Trump en investigación.

Además, los Estados firman con las empresas acuerdos de confidencialidad muy estrictos, por lo que resulta muy difícil saber cuánto están pagando realmente competidores estatales cercanos por los mismos productos. Esta situación provoca un desequilibrio a favor de la industria farmacéutica, que gana mucho poder de negociación, y conlleva una especulación al alza de los precios. Esta falta de transparencia, amparada en el secreto comercial y tolerada por los Estados, no sólo causa un aumento de los precios, sino que hace más difícil la tarea de obtener evidencia científica sólida sobre los nuevos fármacos. Esto reduce la capacidad de las Administraciones y organismos públicos de tomar decisiones informadas y provoca que la industria se beneficie de grandes operaciones que podríamos llamar directamente estafas, como fue el caso del Tamiflu (Oseltamivir) en 2009-2010, un fármaco contra la gripe A. El Estado español gastó 333 millones de euros y posteriormente se demostró completamente ineficaz.

Rentabilidad por encima de la salud pública

La actual agenda de investigación de la Big Pharma responde únicamente al beneficio privado. Esto provoca situaciones nefastas, como que la inversión en medicamentos para la disfunción eréctil supere con creces a la inversión en nuevos antibióticos o antivirales.

Además, la financiación pública se ha rendido a los intereses de las empresas, por lo que áreas de investigación que no resultan rentables simplemente no se financian. A pesar de los ejemplos recientes de epidemias y pandemias como el SARS, el MERS, el H1N1, el Ébola o el Zika, la investigación en enfermedades víricas y bacterianas no era considerada, hasta la pandemia actual, un área rentable para la industria, por lo que inmediatamente superados esos brotes de enfermedades emergentes se detuvo en seco su investigación.

Es particularmente sangrante el caso del Ébola, cuya vacuna se descubrió en 1999, pero al no ser rentable nunca fue desarrollada. Cuando la pandemia asoló el continente africano, era demasiado tarde.[10] Otro ejemplo es FAV-Afrique de Sanofi, retirado del mercado en 2010. Era el antídoto más potente contra las mordeduras de serpiente, un problema de salud pública en muchos países africanos. La pobreza de estos países hizo que no fuese rentable su comercialización, a pesar de afectar gravemente a más de medio millón de personas al año.

La consecuencia más evidente: precios abusivos

No sólo la falta de rentabilidad condiciona la investigación y el desarrollo, sino que la fijación de precios en las fases de comercialización está profundamente afectada por el sistema de patentes. A partir de la fundación de la OMC en 1995 y la aplicación mundial de las leyes de propiedad intelectual, los precios que los Estados pagan por los fármacos no han dejado de crecer, y han provocado crisis de salud pública en varias partes del mundo. Ejemplos claros son el VIH/SIDA en África, la hepatitis C en Brasil (caso que también afectó directamente al Estado Español), o la Insulina en EEUU.

Lejos de lo que podría parecer, estos precios abusivos también afectan de forma directa a los países más favorecidos por el sistema. En el Estado Español, la llegada de medicamentos muy caros, como los anti-cancerígenos de nueva generación, han provocado que se dispare en los últimos años el gasto en productos farmacéuticos y sanitarios del Sistema Nacional de Salud. El gasto ha aumentado de 2014 a 2019 un total de 4727 millones de euros, un 25% más (de 18.888 millones a 23.615 millones).[11]

Este fenómeno de fijación de precios basado en los oligopolios farmacéuticos provoca escasez y desabastecimientos en el Sur global, y supone una amenaza para los sistemas públicos de salud en los países del Norte, que podrían estar invirtiendo este dinero en reforzar la atención primaria o las estructuras de salud pública.

 

Conclusiones: acabar con un sistema nefasto

La carrera por la vacuna para la Covid-19 ha puesto de manifiesto que necesitamos una industria farmacéutica que vele por el interés público. Las patentes se idearon para proteger a los inventores y evitar la competencia desleal a través de estrategias de ingeniería inversa, pero en los últimos años hemos presenciado un viraje hacia un uso fraudulento de las mismas en medicina. Como hemos visto, nuestra estructura legal permite patentar casi cualquier cosa, condenando a las arcas públicas a invertir indefinidamente una parte cuantiosa del presupuesto público en medicamentos que apenas aportan innovaciones significativas respecto a sus predecesores. Los gobiernos deben ser una herramienta que evite los abusos de la industria farmacéutica, velando siempre por los intereses del pueblo y por garantizar su derecho a la salud. Para ello, es fundamental cambiar las reglas del juego.

En primer lugar, acabar con los secretos comerciales y la falta de transparencia, obligando a la industria a hacer públicos todos los datos de los ensayos clínicos, y no sólo presentarlos a las agencias reguladoras o a los altos cargos estatales. También debe existir transparencia en los costes de la investigación, y en los precios que pagan los Estados por los medicamentos y vacunas, además de los criterios de coste-efectividad tenidos en cuenta para aceptar la financiación y la compra.

Debemos caminar hacia un escenario de eliminación del sistema de patentes, sustituyéndolo por fórmulas de colaboración y de creación colectiva de valor público, que aseguren el acceso a la innovación con precios justos a todas las capas de la población.

La innovación debe seguir criterios de salud pública por encima de criterios de rentabilidad. Para asegurarse de que esto ocurra, necesitamos herramientas estatales de desarrollo de esta innovación, por lo que será fundamental una gran inversión pública en investigación, y la creación de una industria farmacéutica nacional, además de explorar fórmulas de gobernanza europeas y mundiales.

Así como la desafección por la política tiene sus causas en que el poder está cada vez más alejado de las instituciones públicas, y más cercano a las multinacionales y al capital, la reticencia vacunal y el movimiento antivacunas beben de la constatación de que el sistema que las produce es un sistema podrido, y que la ciencia y la tecnología han sido profundamente privatizadas y mercantilizadas.

En definitiva, la única forma de asegurarnos que tenemos un sistema de innovación y desarrollo justo y equitativo, que consiga que los logros de la ciencia pasen a beneficiar a todas y todos, es aumentar el control estatal frente a las lógicas empresariales, y democratizar todos los eslabones de la cadena. Esto sólo será posible desmantelando completamente el sistema actual.

Jorge Luis Díaz es MIR de salud pública y máster en salud pública. Álvaro Arador es sociólogo y máster en salud pública.

 

Por Jorge Luis Díaz | Álvaro Arador

22 diciembre 2020

Referencias:

[1]https://www.anticapitalistas.org/textos-de-combate/la-crisis-sanitaria-de-la-covid-19-una-perspectiva-anticapitalista/

[2]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/entrevista-rob-wallace-grandes-granjas-grandes-gripes

[3]  El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[4] Salvaguardas, deriva institucional e industrias farmacéuticas. Abel Jaime Novoa Jurado; Juan Gérvas Camacho; Carlos Ponte Mittelbrunn. (2014).

[5] El dominio público contra la privatización del mundo. Daniel Bensaïd. Viento Sur. http://danielbensaid.org/El-dominio-publico-contra-la-privatizacion-del-mundo?lang=fr

[6] Begel S, Bertomeu MJ. Medicamentos esenciales, patentes y licencias obligatorias: Doha no es la respuesta. Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason. 2020.

[7]https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/espana-paises-ricos-patentes-covid-farmaceuticas-compra-vacunas

[8] Ibid.

[9]https://www.diariofarma.com/2020/04/14/el-gasto-en-productos-farmaceuticos-y-sanitarios-del-sns-en-2019-alcanzo-los-23-616-millones-un-45-mas#:~:text=El%20gasto%20p%C3%BAblico%20en%20medicamentos,5%25%20con%20respecto%20a%202018.

[10] Reconsidering the Bayh-Dole Act and the Current University Invention Ownership Model: https://kenney.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/332/2018/03/reconsidering-the-Bayh-Dole-Act-and-the.pdf

[11]https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2017-06-18/rino-rappuoli-vacunas-antivacunas-tosferina_1399987/

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Sede de Google en Montain View, California. WIKIMEDIA COMMONS

El complejo industrial militar vuelve a sus raíces mientras la CIA recurre a las grandes tecnológicas para mantener el control y reconstruir la economía de guerra.

 

Las famosas “17 agencias de inteligencia” que componen la comunidad de inteligencia estadounidense compartirán una red de proveedores de servicios de computación en la nube del sector privado que incluye a Microsoft, Google, Oracle, IBM y Amazon Web Services (AWS) como parte de un contrato de 15 años sobre el que se comenta que equivale a decenas de miles de millones de dólares.

AWS tiene actualmente el único contrato para proporcionar servicios de computación en la nube a varias agencias de inteligencia, incluidas el FBI y la NSA. La expiración del contrato se establece en 2023 y esta nueva adjudicación —gestionado por la CIA— debilitará en mayor medida la posición anteriormente privilegiada de Amazon en los concursos con dinero público, que ya había recibido un duro golpe cuando se eligió inesperadamente a Microsoft por encima de la empresa de Bezos para el contrato de los servicios en la nube del Departamento de Defensa para el programa Empresa de Infraestructura Conjunta de Defensa (JEDI, por sus siglas en inglés).

La Agencia Central de Inteligencia aprovechará su acceso a fondos sin supervisión para desembolsar los fondos gubernamentales a discreción de la agencia. Aunque se especula que llegan a las decenas de miles de millones, la CIA no tiene planes de revelar el valor real de los contratos C2E (Empresa de Nube Comercial, por sus siglas en inglés). El programa de contratos fue revelado en febrero por parte de la principal agencia de espionaje de EEUU en un intento de establecer una plataforma de servicios con tecnología en la nube para las agencias de inteligencia del país, separada de JEDI, que sigue enredada en un largo proceso judicial con AWS y su implementación lleva dos años de retraso.

Los cinco gigantes tecnológicos competirán entre sí por las “órdenes de operaciones” que lleguen desde la multitud de agencias de inteligencia de todo el país y abarcarán todas las autorizaciones de seguridad, incluidas las de alto secreto. El contrato demanda la construcción de infraestructura y otros servicios básicos en la nube, así como servicios profesionales y servicios cara al público.

Cuantas más cosas cambian…

Muchos parecen sorprendidos por la naturaleza multicontratista y ad hoc de las adjudicaciones C2E porque “no parece asentarse en un proveedor en la nube concreto”, y aunque esta dinámica se aparta de la tendencia relativamente reciente de las adjudicaciones de un único contrato y monopolios tácitos de los que muchas corporaciones han disfrutado mediante sociedades público-privadas, esta práctica concreta de hacer competir a los contratistas entre sí por los servicios requeridos por el Gobierno no es nueva.

De hecho, prácticas de este tipo son una parte intrínseca del complejo militar industrial y sus orígenes históricos en el momento álgido del Imperio británico. El comienzo de la Revolución Gloriosa de 1688 marcó el inicio de 125 años de guerra constante para la superpotencia global del momento y el lento pero inexorable ascenso de una industria de la guerra compuesta exclusivamente de entidades independientes que fabricarían las armas, rifles y balas que requería su reina sedienta de sangre.

A medida que el imperio crecía, los procesos de producción de armas vivieron un cambio dramático desde formas artesanas a producción fabril plenamente desarrollada; todo estimulado por el mayor ejército y armada del mundo, que estaba saqueando y extrayendo recursos para alimentar la floreciente iniciativa capitalista.

Este período también afinó la relación entre el Estado y los contratistas independientes, con el primero estableciendo leyes que les gobernaran para aprovechar su abrumadora ventaja. También se empleaban otras estrategias tanto para suprimir el precio que la corona pagaba por el material como para asegurarse de que ningún contratista individual tenía una parte demasiado grande en la cadena de suministro.

En su libro Empire of Guns (El imperio de las armas), Priya Satia detalla todo este proceso y destruye el mito de que la Revolución Industrial fue el resultado de una máquina de recoger algodón cuando incluso una mirada somera a la historia muestra que fueron las armas y un Estado envuelto en la guerra perpetua los que pusieron los cimientos de nuestro actual paradigma económico.

Ahora nos situamos en el umbral de la así llamada “Cuarta Revolución Industrial” en un mundo que ha perfeccionado armas de guerra de niveles atómicos. Se están forjando nuevas ‘ciberarmas’ y simplemente es oportuno que la industria bélica, liderada hoy por Estados Unidos, vuelva a sus orígenes para mantener su propio monopolio sobre el sufrimiento humano y la devastación en nombre del beneficio económico.

Retorno a las raíces

La asociación público-privada ha sido otra tendencia importante que también refleja una tendencia omnipresente en la Inglaterra victoriana. Pero, en el mundo de hoy, un sistema legal paralelo ha crecido junto a la industria bélica del Estado y está ahora a disposición de grandes empresas que quieren impugnar cada acuerdo, lo que lleva a retrasos considerables en la ejecución de los contratos.

Casos como la demanda de JEDI afectan a los objetivos de preparación militar del Estado de seguridad nacional si no puede avanzar con una iniciativa concreta debido a pleitos. Otro caso reciente es la interrupción de los esfuerzos de la Agencia de Seguridad e Infraestructura de Ciberseguridad (CISA, por sus siglas en inglés) por centralizar la entrada y salida de datos respecto a las ciberamenazas.

En octubre, la Agencia de Servicios Gubernamental (GSA) concedió un contrato de 13 millones de dólares a una empresa llamada EnDyna para “crear una base de datos centralizada que las agencias puedan utilizar para informar sobre, descubrir y actuar contra la información de ciberamenazas”. Un competidor mucho mayor, HackerOne, presentó una queja que cuestionaba la concesión en base a la imposibilidad de satisfacer los requisitos de elegibilidad y la competencia de la empresa menor para llevar a cabo el trabajo.

Tecnicismos como estos pueden interrumpir durante años un proyecto en los tribunales, así que tiene todo el sentido que la industria bélica dirigida por el Estado retorne a sus raíces y aplique los comprobados principios de divide y vencerás contra la gente que fabrica sus armas, ya sean reales o virtuales. Al escoger a los primeros puestos del escalafón de las grandes tecnológicas y ponerlos en una habitación para que se enfrenten por un contrato gubernamental, la élite de la guerra está reconociendo el creciente poder de estas empresas y está soltando a la CIA para contenerlo y disminuir las amenazas hacia la cadena de suministro de la permanente economía de guerra del siglo XXI.

Por Raul Diego

19 DIC 2020 12:30

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 El país asiático, conocido por su desarrollo científico y tecnológico, lleva la delantera en inteligencia artificial y 5G, y ya empezó a experimentar el 6G en el espacio.Foto Afp

EU PADECE SU patología mental bélica –dominar por la fuerza al mundo, y a los masoquistas que lo anhelan, ahora con el dron más grande del mundo que lanzará cohetes en el espacio (https://bit.ly/3abFY1a), mientras la milenaria inventiva China, que no dominó al mundo desde el siglo 11 porque no quiso, arrebata a EU la supremacía cuántica con su nueva supercomputadora.

EN MI RECIENTE libro, Guerra multidimensional entre EU y China (https://amzn.to/3a9C8Wi)”, destaco la contienda tecnológica que definirá el siglo 21. Hasta hace poco China lleva(ba) la delantera en inteligencia artificial y 5G –cuando Beijing ya empezó a experimentar el 6G en el espacio–, mientras que EU le supera en la “guerra de los semiconductores/chips (https://bit.ly/3oTa4uE)” y con su supercomputadora Sycamore, de Google.

HOY, EL FANTÁSTICO anuncio de China del lanzamiento de su supercomputadora cuántica Jiuzhang, basada en fotones, publicado en la prestigiosa revista Science (https://bit.ly/381vUFm), deja atrás a EU. El equipo de investigación, encabezado por los connotados físicos Pan Jianwei y Lu Chaoyang (LC), anunció lo que se conoce en el medio computacional como ventaja cuántica: el punto cuando las computadoras cuánticas pueden realizar cosas más allá de las computadoras clásicas (https://bit.ly/3gQUlJB).

JIUZHANG –NOMBRE DE un antiguo texto matemático– supera a la estadunidense Sycamore en tres aspectos: 1) Velocidad computacional; 2) Adecuación ambiental; y 3) Poder computacional en problemas con muestras mayores. En forma prodigiosa, Jiuzhang puede buscar soluciones en sólo 200 segundos (¡mega-sic!) frente a los 2,500 millones de años que le tomaría a Sunway TaihuLight, la cuarta supercomputadora más poderosa en el presente (https://bit.ly/2K3iJfa).

SEGÚN GLOBAL TIMES, Jiuzhang es 100 billones (trillones en anglosajón) veces más veloz que la más poderosa supercomputadora de hoy y 10,000 millones de veces más veloz que Sycamore, de Google (https://bit.ly/34e2djo).

EL INVESTIGADOR LC, de la Universidad de Ciencia y Tecnología en Hefei (capital de Anhui), cita un proverbio chino: en el mundo de kung-fu, la velocidad define al vencedor, por lo que la velocidad computacional es el más importante indicador del progreso. Los circuitos de superconductores de Sycamore se manejan a ultrabajas temperaturas (-273 ºC), mientras que Jiuzhang es más ambientalmente adaptable en casi todas sus partes a temperatura natural, con excepción de la sección de detección. La computación cuántica tendrá innovaciones transformativas en la gente y estará íntimamente vinculada a la salud y a la vida cotidiana en el futuro.

EL PORTAL RUSO Sputnik comenta la hazaña de China que le arrebata a EU la supremacía cuántica y comenta que Jiuzhang “tiene potencial para ser usado en varios ámbitos, incluida la teoría de grafos, el aprendizaje automatizado y la química cuántica (https://bit.ly/2LCWNbd)”. La supremacía cuántica es el resultado de 20 años de esfuerzo cuando los investigadores chinos compiten contra las principales corporaciones tecnológicas de EU, desde Alphabet hasta Amazon y Microsoft, para alcanzar el liderazgo en la computación cuántica. Hoy China está construyendo un Laboratorio Nacional para Ciencias de Información Cuántica por un valor de US $10,000 millones.

LA REVISTA ESPECIALIZADA Wired diluye un tanto cuanto el vino chino y pone en tela de juicio que el prototipo fotónico de Jiuzhang “no es fácilmente reprogramable para realizar diferentes cálculos (https://bit.ly/387ATUW)”.

A REGAÑADIENTES, FINANCIAL Times (05.12.20) anuncia la pretensión (sic) china de haber alcanzado la supremacía cuántica y enuncia una frase atractiva del investigador chino LC, quien muy al estilo asiático le da su pase diplomático al admirable trabajo de Google: construir una computadora cuántica es una raza entre humanos y naturaleza, no entre países, cuando la máquina cuántica puede solamente operar una tarea específica, no todas las tareas. Todavía no es totalmente programable. ¿Lo asimilará el gabinete de Biden?

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Lunes, 14 Diciembre 2020 06:04

Vacunas

Vacunas

Los gobiernos están aprobando con rapidez el uso de las vacunas contra el Covid-19. Se han desarrollado varias de ellas. Son tres las que se consideran generalmente, las creadas por: Pfizer, Moderna y Astra Zeneca (véase la útil reseña publicada sobre ellas en https://elpais.com/ciencia/2020-11-23/ las-diferencias-abismales-entre-las -vacunas-de-pfizer-moderna-y-oxford.html ?prm=enviar_email).A esas habría que añadir la Sputnik V, de Rusia.

En medio de la larga pandemia y sus severas consecuencias en materia de salud, el alto número de los fallecimientos producidos, las presiones sobre los sistemas sanitarios, los efectos adversos en la educación y los muy altos costos económicos y cuyo saldo negativo aún no se conoce, la disponibilidad de vacunas resulta un suceso relevante.

Hay, sin embargo, elementos de suspicacia al respecto. Una tiene que ver, por supuesto, con su eficacia. Fueron desarrolladas con mucha celeridad tratándose de un producto complejo con las características de una vacuna y que, usualmente, requiere de más pruebas clínicas que fueron obviadas y una idea de sus consecuencias en lo que se llama inmunidad de rebaño y en distintos individuos.

En este caso, según se sabe, no se conocen suficientemente las formas variadas en las que ataca el virus al cuerpo humano; así se registran casos que van desde los asintomáticos –pero contagiosos–, los leves, los difíciles, los graves, hasta los que provocan consecuencias duraderas y, claro, los que producen la muerte.

En cuanto a la relación de esto con el patrón de los contagios también hay vacíos. Esto se asocia con la forma agresiva en que se propaga el virus y las recurrentes acciones de prevención impuestas por las autoridades.

También se vincula con las reacciones de ciertos grupos que ven en la vacunación una forma de represión de las libertades individuales, que se ligan sobre todo con las medidas de confinamiento, pero también con el simple uso de un cubrebocas, que es un medio de obstaculizar la propagación del virus, aunque haya un negacionismo testarudo al respecto entre algunos gobernantes y segmentos de la población.

La investigadora belga Els Torreele que trabaja ahora en el Instituto para la Innovación y la Utilidad Pública en Londres, donde se investiga sobre la reforma del sistema mundial de desarrollo de medicamentos, critica en una entrevista la falta de transparencia en la creación de las vacunas contra el Covid-19.

Primero, apunta Torreele al hecho de que se gasten más de 4 mil millones de euros de dinero público en un resultado económico privatizado. Hay, pues mucha inversión pública, pero el control sigue en el ámbito privado, es decir: propiedad intelectual, fijación de precios, ensayos clínicos y los datos que se hacen públicos.

Al respecto, señala que en el Reino Unido el gobierno aprobó recientemente el uso de la vacuna de Pfizer a partir de información publicada en una nota de prensa de la propia empresa. Claro que la pregunta obvia es acerca de la función de los órganos especializados en salud y regulación de los gobiernos y cómo actúan. Hay incógnitas acerca de la duración del efecto de inmunidad que generan las vacunas y de las posibilidades de una nueva fase de contagios.

La vacuna de Pfizer, recientemente autorizada por Cofepris en México debe mantenerse a temperaturas ultra frías de alrededor de 70 grados bajo cero. ¿Existe esa capacidad de almacenamiento, mismo que se vincula directamente con los medios efectivos de distribución en el desigual territorio del país? Por otra parte, está el proceso mismo de vacunación; esta vacuna se administra en dos dosis con diferencia de 21 días y la inmunidad se alcanza hasta una semana después de la segunda dosis. Hay que repetir el proceso y hacer que la gente vaya dos veces a inyectarse.

El problema logístico será enorme y las posibles fallas, desastrosas. Y, sin embargo, en el planteamiento que se ha ido creando por largo tiempo con respecto a la naturaleza misma de la pandemia, las consecuencias que ha provocado y en buena medida la discutible gestión política emprendida, estamos encaminados a seguir el curso de las decisiones que se han tomado con respecto de las vacunas y en un contexto de mucha incertidumbre.

Cuando menos, estemos conscientes de la situación en que estamos ahora y admitamos que no tenemos muchas opciones. Pero sí tenemos el derecho de exigir a los responsables de la gestión de esta etapa de la pandemia y de la vacunación una efectiva responsabilidad con la población.

Gobierno y ciudadanos, a los que no se puede forzar a vacunarse, hemos de estar conscientes de lo que todo esto significa, en cuanto a las expectativas que se generan, el desempeño y cumplimiento de todas las partes involucradas en el proceso y las adaptaciones que esta nueva etapa va a exigir, sobre todo ahora que la nueva ola de contagios y fallecimientos se ha agravado.

En materia de la economía y en el marco de la pandemia, el gobierno ha rentabilizado lo que se ha llamado como una “austeridad subsidiada”, por medio de las abundantes remesas que se reciben y el aumento de las exportaciones demandadas por la industria de Estados Unidos. En cuanto a la cuestionable gestión de la pandemia y ahora el proceso de vacunación, no hay de donde subsidiarse.

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Una médica organiza resultados de pruebas rápidas de Covid-19, ayer en el macrokiosco de Salud, en la Casa de Cultura Jaime Sabines, alcaldía Álvaro Obregón.Foto Cristina Rodríguez

Hace un año expuse que Google, Facebook y Microsoft, tres gigantes de Silicon Valley, exhortaban, mediante su segmento del Consejo de Innovación de Defensa, que preside el israelí-estadunidense Joshua Marcuse, a que el Pentágono controle la inteligencia artificial (IA), lo cual la militariza(ba) de facto en forma discrecional”, además de la inquietante “militarización de la salud predictiva (sic) que usará la IA para el análisis de las historias clínicas, la clasificación de la imagenología o scanning médicos, la mitigación del síndrome de estrés postraumático y la prevención del suicidio (https://bit.ly/39Tkeac)”.

Desconcierta que el Financial Times ( FT, 7/12/20), portavoz del misántropo y caníbal globalismo financierista controlado por la dupla Rothschild/George Soros, arremeta contra la "penetración del Big Tech en la industria de la salud que crea temores a la privacidad clínica". Nick Couldry y Ulises Ali Mejias, coautores de Los costos de la conexión: cómo los datos colonizan la vida humana y se apoderan de ella para el capitalismo (https://amzn.to/33VO0rc)” –a quienes da cabida en forma asombrosa el globalista FT–, fustigan la incursión de Amazon en el "mundo médico" y las implicaciones de acceso a los datos clínicos de los usuarios sobre "los más íntimos detalles de nuestras vidas" por los gigantes de Silicon Valley: GAFAM (Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft), donde el "medio son los datos personales y el objetivo es el valor económico extraído de ellos".

En forma "filantrópica", Amazon anunció que lanzaría su propia farmacia con 80 por ciento (¡megasic!) de descuento en las prescripciones ( FT, 17/11/20). ¡Vaya proceder "samaritano" del GAFAM! Según los autores de marras, esta inverosímil "generosidad" oculta el objetivo más valioso de la inversión a largo plazo de Amazon:"ganar acceso" a los datos clínicos de los usuarios. ¡George Orwell se quedó corto!

Los autores comentan que los datos médicos constituyen una "frontera abierta (sic)" donde se posiciona el GAFAM para "explotar (sic)" y cuya parte “más vulnerable son los datos relacionados con la salud recogidos fuera de la relación médico/paciente mediante dispositivos de entrenamiento y fitness, así como las características en los asistentes digitálicos personales” –tales como Echo (bocina inteligente) de Amazon. ¿Quién se atreverá a proteger los datos clínicos del género humano?

De la captura de la intimidad genética del género humano a su comercialización y, luego, a su ineludible bursatilización, sólo queda un paso que con la mano en la cintura cruzarán los "maestros del universo" del GAFAM.

Desde hace un año Google había sido denunciada de haber accedido en forma secreta a las historias clínicas de decenas de millones de personas en 21 estados de EU, donde se asociaron con sus locales "sistemas de salud", según el Wall Street Journal (https://on.wsj.com/3oB0GM4). Los autores concluyen que los datos clínicos representan "un nuevo poder (sic) para influir y controlar (sic) a la sociedad" mediante un permisivo "libre comercio de los datos": un "nuevo colonialismo del Big Data" y un "nuevo mundo de explotación cuyas desigualdades tendrán consecuencias por los siglos venideros".

El mandamás de Amazon es Jeff Bezos, quien, además, controla The Washington Post, vinculado a la CIA (portal europeo DeDefensa dixit). Los principales accionistas de Amazon son los cuatro connotados gigabancos: Vanguard Group, BlackRock, SSgA y Fidelity, con una capitalización de mercado de 1.6 millones de millones de dólares, que acaba de empatar con Microsoft. A mi juicio, Bezos es un vulgar prestanombre del Deep State/Pentágono y su ciberbancocracia. ¿Lo es también Bill Gates de los Rothschid (https://bit.ly/37JCH6p)?

Para que el FT, carente de todo escrúpulo bioético, se subleve contra el control de los datos clínicos del género humano, quizá signifique que el Big Tech y el Pentágono se alistan a dominar la anglósfera financierista de los banqueros Rothschild y su instrumento: el megaespeculador Soros.

¿Quién ganará el pleito intraglobalista?

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La revolución del ‘fracking’ se convierte en un fiasco

"Has muerto todas mis ilusiones/Tienes lágrimas negras”, cantaba Compay Segundo. La industria petrolera de perforación hidráulica (el fracking), que fue llamada a ser la mayor revolución energética de este siglo, “uno de los cinco pilares que transformará la geopolítica”, en palabras de Erik Norland, director ejecutivo de CME Group, la panacea que iba a convertir Estados Unidos en un país independiente desde el punto de vista energético en el 2030, ha acabado en un fiasco económico, una ruina financiera, unas lágrimas negras.

El ensayista Bethany McLean, autor de un libro sobre el fracking, considera que lo ocurrido es como una “reminiscencia de la burbuja puntocom de finales de los noventa, cuando las compañías se valoraban más por el número de pupilas que atraían y no por los beneficios que tenían probabilidad de obtener”. Jim Chanos, legendario inversor de hedge funds y de los derivados en Wall Street, sostiene que “la industria del fracking tiene un largo historial de dinero que entra dentro y nunca sale fuera”. Los pozos han engullido una gran cantidad de dólares, sin conseguir la rentabilidad deseada.

EE.UU. En el futuro podría haber más de un centenar de quiebras

Solo en el tercer trimestre hubo 44 quiebras de estas empresas en Estados Unidos, según los cálculos de Haynes and Boone. Desde el año 2016, si se suman las compañías que hacen prospección y exploración, ya son 500. Entre las empresas más conocidas en sumarse a la insolvencia hay nombres como EP Energy, Chesapeake Energy, Ranch Energy, Bellatrix Exploration y Murray Energy. Para la consultora Rystad Energy, a finales de 2022 podrían añadirse a esta lista otras 150.

Ya no se perfora como antes y hay instalaciones que quedan abandonadas. El número de ­plataformas se ha reducido de ­forma drástica respecto a sus estándares habituales, de acuerdo con el contador de Baker and ­Hugues. En la actualidad, en el país hay unas 320 operativas, prácticamente quedan un cuarto de las que perforaban en 2019.

A la tormenta económica hay que sumarle la política. El presidente electo, Joe Biden, contrariamente a su predecesor, ha prometido una moratoria sobre las perforaciones en suelo y aguas norteamericanas, con lo que las perspectivas a corto y medio plazo son muy inciertas.

La pandemia ha dado la puntilla, tras el desplome de los precios y la caída de la demanda. Y el flujo de caja (es decir, la diferencia entre el dinero generado y sus gastos de capital) este año será negativo y se disparará hasta más de 3.000 millones de dólares.

Pero lo que preocupa son los números rojos acumulados. Las firmas del fracking han derrochado casi 30.000 millones de dólares desde 2017, según los datos proporcionados por el Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa).

Cifras. En la última década se han derrochado más de 300.000 millones de dólares

Si se mira más atrás, la cifra se dispara todavía más: entre 2010 y 2019 cada año sin excepción el flujo de caja de estas empresas fue siempre negativo. “La revolución del fracking ha convertido a Estados Unidos en el mayor productor del globo, per en términos financieros este boom de la producción ha sido un burbuja financiera épica”, según comenta Ieefa.

Las plataformas estadounidenses de petróleo de esquisto han quemado en la última década unos 300.000 millones de dólares, según un estudio de Deloitte. Esto supone haber destruido el 70% del capital invertido desde 2008.

Para los bancos norteamericanos que financiaron esta industria, el cambio de ciclo pone en riesgo miles de millones de dólares de préstamos, que corren el riesgo de ser incobrables.

El 40% de este dinero procede de Wells Fargo y JP Morgan ellas solas, pero el resto de grandes nombres de las finanzas estadounidenses tienen un pie dentro... del pozo. Peor todavía, las cifras indican que las entidades han seguido financiando a esta industria deficitaria incluso después de la firma de los Acuerdos del Clima de París de 2016, que fijaban un plan de reducción de emisiones claramente incompatible con el régimen de producción de la industria petrolera.

Esta financiación un tanto a la ligera se llevó a cabo gracias a que Wall Street quería cobrar sus comisiones. Además hay un elemento inquietante: del monto de bonos corporativos emitidos por estas empresas de fracking para captar dinero, el 72% se situaba por debajo de los niveles mínimos de inversión, es decir, que eran puramente especulativos o “bonos basura”. Tal como recuerdan en el estudio Fracking Fiasco, editado por Oilchange Internacional, esta práctica “ha permitido una financiación insostenible y una expansión no rentable”. Entre los tenedores de esta deuda están los mayores fondos del mundo, como Blackrock, Vanguard Group o Prudential Financial.

En tiempos de dinero barato, muchos se lanzaron a un negocio que parecía no tener límite. “Los tipos de interés ultrabajos han sido los verdaderos catalizadores de la revolución del esquisto”, dijo Amir Aazar, académico del departamento de energía de la Universidad de Columbia. De alguna manera, el fracking ha acabado siendo víctima de su propio éxito.

Estas perforaciones son muy costosas. Ocupan mucho espacio y al cabo de dos años agotan el 80% de su producción. Además el petróleo no es de gran calidad. La caída de precios puso la realidad al desnudo, porque con un barril por debajo de los 50 dólares los números no salen. Antonio Turiel, investigador del CSIC, autor del libro Petrocalipsis, explica por qué se ha mantenido en vida un sector que estaba en pérdidas. “Cuando se empezó a potenciar esta industria en el 2008 no había alternativa, si se quería alargar el pico de la producción de petróleo unos años. Pero en el 2018 ya se llegó a este punto y la Administración Trump, mediante incentivos y menor regulación ambiental, alargó la agonía”. La retórica de querer convertir a EE.UU. en el primer productor mundial hizo el resto. Pero a un coste enorme.

Financiación. Los bancos se encuentran con miles de millones de créditos incobrables

El espectro de unas quiebras en cadena es ahora real. Según el citado estudio Fracking Fiasco, estas compañías tienen unos 120.000 millones de dólares de deuda que caducará entre el 2021 y el 2025. Habrá que reestructurar 50.000 millones de dólares en los próximos años, según Haynes and Boone, que eleva sus estimaciones de deuda hasta los 170.000 millones de dólares.

Para Ieefa, “incluso si el mercado global del petróleo y del gas se estabiliza, nos esperamos que los inversores prudentes continuarán viendo el sector del fracking como empresas de alto riesgo, con un historial financiero terrible, unos fundamentales débiles y un modelo de negocio sin pruebas y especulativo”. Antes de que terminara el verano, la producción estadounidense se había derrumbado en 3,4 millones de barriles diarios, lo que equivale a eliminar del mapa a un país de la talla de Emiratos Árabes Unidos.

Y es que el ciclo económico está cambiando. En la última década, el sector de la energía fue el que obtuvo peores resultados de todo el SP 500. Los inversores hoy en día se centran más en las renovables. En este índice bursátil el sector del petróleo y del gas tenía un peso del 12% en el 2012, pero hoy en día supone menos del 3% del valor de las 500 mayores empresas estadounidenses.

 “No veo crecimiento hasta el 2023 y después puede que la industria del esquisto en Estados Unidos nunca más vuelva a crecer”, admitía Scott Sheffield, consejero de delegado de la firma Pioneer, una de las más grandes del país en este campo.

En el 2020 la demanda mundial de petróleo será unos 8,4 millones barriles por día más baja que en el 2019, según las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía. Y en el 2021 tampoco se habrán recuperado los niveles del 2019, anteriores a la Covid. La Agencia Internacional de la Energía ya advirtió de que si la tendencia no cambia, la producción de petróleo podría reducirse a la mitad en el 2025.

Hay otro dato significativo, sintomático de las dificultades que vive esta industria en general. Este año se han descubierto unos 10.000 millones de barriles de petróleo equivalentes (boe) de nuevos yacimientos de gas y crudo, especialmente en Rusia y Surinam.

Pero según la consultora Rystad Energy menos de la mitad podrá explotarse económicamente en las próximas dos décadas. Las firmas energéticas están mirando con lupa los costes y las inversiones, ante las dificultades que están viviendo. Las presiones medioambientales también desaconsejan apostar por zonas como el Ártico o el río Amazonas, que tienen reservas que tal vez nunca vean la luz. El fracking: la revolución que nunca fue.

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Un componente de la computadora cuántica de Google en el laboratorio de la empresa en Santa BárbaraGoogle

La eficiencia de la nueva alternativa a las supercomputadoras 'comunes' ha quedado demostrada en tareas que resultan muy complejas para estas, según un experto ruso.

En octubre de 2019, Google se proclamó líder de la computación cuántica tras presentar una máquina capaz de realizar en 200 segundos un cálculo que la supercomputadora más potente habría realizado en varios miles de años. 

Sin embargo, hace unos días el proyecto Jiuzhang, con sede en Shanghái (China) presentó otra computadora cuántica "10.000 millones de veces más rápida" que la de Google.

El relevo de la 'supremacía cuántica' se efectuó de forma tan rápida e implica a tecnologías tan diferentes, que incluso para los expertos en informática supone un desafío hacer comparaciones y evaluar el progreso en términos de su uso científico. El jefe del equipo 'Tecnologías informáticas cuánticas' del Centro Cuántico Ruso, Alexéi Fiódorov, sostiene que las computadoras cuánticas construidas sobre distintos principios de funcionamiento pueden ser útiles en distintas misiones.

Los logros de la computadora cuántica china tienen naturaleza óptica y utilizan fotones como unidades portadoras de información cuántica, mientras que los inventores de Google recurrieron a los circuitos de superconductores, aclaró el experto en declaraciones al sitio web Meduza.

De momento, solo se trata de experimentos en los que las tareas se plantearon deliberadamente de tal forma "que fueran difíciles de resolver con ayuda de las computadoras clásicas", según Fiódorov. Así, Google mostró el modelado de unos circuitos cuánticos aleatorios, algo muy complicado para la computación común a causa del enorme número de posibles estados en que debe estar el sistema sucesivamente.

Costes operacionales

Operar las supercomputadoras, incluso para verificar las estimaciones del tiempo en los mencionados experimentos, tiene su precio. De hecho, el informático Scott Aaronson reveló recientemente en su blog que el cumplimiento de una tarea concebida por él para la mejora del cálculo supuso un gasto de 400.000 dólares del presupuesto del proyecto, debido a lo costoso que es el tiempo de una supercomputadora.

Aaronson, que hizo la revisión por pares del artículo chino en Science, preguntó a los autores por qué solo verificaron los resultados de su experimento hasta los 26 o 30 fotones, mientras que las computadoras disponibles permitirían llevar ese número a los 40 o 50. Dos semanas después los autores le reportaron que habían aumentado el número a 40, pero asumiendo los enormes gastos mencionados.

El futuro de los proyectos cuánticos

Además de estos dos sistemas, se llevan a cabo en varios países experimentos con dispositivos computacionales a base de los átomos ultrafríos e iones. En general, estas cuatro plataformas están consideradas como las más prometedoras en el desarrollo de las computadoras cuánticas, siendo capaces de demostrar su supremacía frente a las supercomputadoras 'comunes'. Sin embargo, no está claro cuál de ellas llegará a ser la más exitosa, admite Fiódorov.

Entre los usos prácticos prioritarios de la computación cuántica, el representante del centro ruso destaca la búsqueda por computadora de nuevas medicinas o la predicción de materiales con propiedades insólitas, entre otras tareas que usan el aprendizaje por máquina

Fiódorov pronostica que el próximo paso consistirá en demostrar la supremacía cuántica en alguna tarea útil y demandada, como el modelado de sistemas complicados físicos, químicos, biológicos u otros. Además, recuerda que Rusia también ha entrado en la carrera cuántica y tiene un 'mapa de ruta' para el desarrollo de los cálculos cuánticos.

Publicado: 8 dic 2020 00:33 GMT

Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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