Avianca: el sospechoso jueguito de las élites colombianas

“Cómo es posible que mientras el Grupo Santo Domingo anuncia inversiones millonarias en el exterior, el gobierno colombiano tiene que salir a rescatar a Avianca cada vez que está en malas condiciones”. [1]

“En el caso colombiano Avianca no se ha caracterizado por ser una compañía eficiente y competitiva, las perdidas acumuladas en los últimos años la tienen al borde de la liquidación, las perspectivas de crecimiento del mercado por el momento no existen y la fusión se presenta como su principal tabla de salvación”.[2]

 

Cuesta trabajo oir que algunos insistan hoy que hay que salvar de nuevo a Avianca, argumentando que se trata de una empresa estratégica para el desarrollo del país. Entre estos, además de ministros y exministros, medios de comunicación como la revista Semana, ahora de poderosos banqueros. O Dinero, quizá todavía en manos de la familia del expresidente López Michelsen. ¿Acaso no lo son estratégicas también, y de qué manera, Ecopetrol o ISA (Interconexión Electrica Nacional) empresas de las que el estado colombiano con su política neoliberal se ha empeñado en deshacerse? ¿Porqué el empeño si ni siquiera se trata de una empresa colombiana? Déjenme entonces intuir bajas intenciones.

La forma

Creo que fue hacia el 2003 cuando los nuevos dueños de Avianca, ya no colombianos, decidieron resignificar su acrónimo. Ya no sería nunca más Aerovías Nacionales de Colombia sino Aerovías del Continente Americano. Y decidieron radicar su razón social primero en Bahamas y luego en Panamá, curiosamente paraísos fiscales ambos. ¿Debemos contribuir a la salvación de una empresa que no quiso más ser colombiana, y cuyos accionistas mayoritarios no son colombianos? ¿Ayudar a una empresa que además evita pagar sus impuestos en Colombia por su voluntad de estar radicada en Panamá? ¿No será más bien y en consecuencia que quienes hoy la deben salvar son los panameños?

Que se defienda sola, como sentenció Rudolph Hommes, exministro de Hacienda y uno de los padres del neoliberalismo en Colombia en uno de sus twitter, porque además no faltará quienes la sustituyan. ¿Y la preocupación por los miles de empleos que se perderían? Nada de que preocuparse: los nuevos empresarios demandarán esos o quizá muchos más.

El pasado

Si son los 100 años de historia de Avianca los que justifican la presencia recursos del estado colombiano en esta debacle, como también se argumenta, están muy equivocados. De esa historia lo único que hay que salvar son sus primeros veinte años. Porque de los restantes solo puede hablarse de imposición, coerción, chantaje, manipulación, descuido, evasión. Que se busquen entonces otra excusa.

La incursión de colombianos en la aviación tiene lugar hacia los inicios del siglo XX. Manizales, Medellín y Barranquilla pueden vanagloriarse de haber sido el punto de arranque de esas empresas en el país, y sería en esta última donde un grupo de alemanes[3] asociados con un puñado de colombianos crearían Aerolíneas Colombo Alemanas de Transportes Aéreos (SCADTA). Arriesgando, incursionando, explorando, poco a poco SCADTA iría ganando y conquistando el espacio colombiano, básicamente con hidroaviones guiados por el rio Magdalena. Fue construyendo aeropuertos, transportó carga, pasajeros, correo y encomiendas. Allí se inició la fotografía aérea en el país, base para la elaboración de mapas y de investigaciones para exploraciones mineras, entre otras.

El primer tropiezo

Después de haber sentado las bases sólidas para su trabajo en suelo colombiano, SCADTA quiso en 1931expandirse hacia otros países de sur, Centroamérica y el caribe. No pudo. El gobierno norteamericano prohibiría a SCADTA avanzar en su iniciativa aduciendo excusas d seguridad, protegiendo así a su aerolínea Pan-American Airways. SCADTA vendería a Pan-Am acciones para que está se hiciera al 84,4% de la compañía en una secreta y hostil transacción[4] y comenzó a moverse con mayor facilidad.

Tan solo unos años después, y a propósito de la segunda guerra mundial, Colombia expropiaría y por sugerencia de Estados Unidos, todas las propiedades que los ciudadanos alemanes tuvieran en el país. Allí caerían las acciones de SCADTA (y de otras compañías)[5] que fueron nacionalizadas. Y de una fusión de otra compañía aérea con SCADTA nació Avianca que para los años 40 volaba ya a Ecuador Perú, Panamá, Norte América y Europa. Para el 44 Pan Am tendría el 64% de sus acciones, el estado colombiano el 16 % y el resto entre otros colombianos entre los que se encontraba Mario Santo Domingo -padre de Julio Mario. Sin embargo, Avianca ya no estaba sola[6] : 48 compañías aéreas se disputaban lentamente el espacio aéreo colombiano, aunque con una premonitoria y particular dificultad: “Avianca era propietaria de todos o casi todos los aeropuertos del país, y salvo contadas excepciones, no permitía que otras aerolíneas los utilizaran”[7](¡!).

La historia reciente. Los verdaderos dueños

Cómo y de qué manera Pan-Am fue cediendo su espacio accionario y cómo empresarios colombianos haciéndose al suyo es algo que falta dilucidar. Lo cierto es que 20 años después y a hacia finales de los años 60 Pan Am tenía ya el 25% y para el 75 sólo el 11%. El resto en manos de colombianos. Pero, no cualquier colombiano. Porque cuando se hable de Avianca y del pretendido patrimonio de colombianos, de su historia y manejos como veremos a continuación, este sólo les pertenece a cuatro hombres: Jaime Michelsen Uribe, Fernando Mazuera, urbanizador y ex alcalde de Bogotá, Carlos Ardilla Lülle y Julio Mario Santo Domingo.

A propósito, la revista SEMANA relataría en un pretendido conmovedor relato[8] : ”… un nuevo peso pesado de la economía colombiana, el Grupo GranColombiano, liderado por Jaime Michelsen Uribe, comenzó a hacerse a acciones de Avianca. Llegó a convertirse en uno de lo mayores accionistas de la aerolínea, hasta que en 1975 vendió su participación al constructor Fernando Mazuera Villegas.”[9] Así es que después de la mencionada venta, el principal accionista fue Fernando Mazuera Villegas, exalcalde de Bogotá, seguido de lejos por Santo Domingo y Ardila Llülle. También el gobierno y otros muchos colombianos tenían acciones. Pero ya era Santo Domingo el controlaba la administración de la aerolínea.

Después de una dura disputa por hacerse a su control, en la que Mazuera denunciaría que las verdaderas utilidades de Avianca para 1977 se inflaban para así repartir dividendos a cambio de otorgar poder y presencia de Santo Domingo en la Junta Directiva, vende su participación a Santo Domingo, en el que aquél llamó el mejor negocio de su vida. Y Santo Domingo comienza su consolidación como amo, dueño y señor absoluto y Avianca. Refiramos una anécdota:

“Durante sus primeros años de ejecutivo no tuvo avión privado, lo cual supeditaba su agenda al horario de los aviones de Avianca. Cuando las rutas de los itinerarios no se ajustaban a sus necesidades, desviaba vuelos llenos de pasajeros para cumplir sus citas. De allí que entre los pilotos de Avianca era común hacer escalas no programadas para dejar o recoger al dueño de la compañía. La tripulación se ingeniaba toda clase de subterfugios para disimular los cambios de último momento. Un veterano piloto de Avianca recuerda que un día fue informado de que Santo Domingo abordaría en Miami un vuelo comercial que cubría sin escalas la ruta Miami-Bogotá, pero que su obligación era llevarlo a Cartagena. A sabiendas de que esa clase de cambios injustificados enfurece a los pasajeros, el capitán les dijo a las auxiliares de vuelo que primero hicieran el anuncio de la ruta prevista a Bogotá y una media hora más tarde informaran sobre un cambio intempestivo debido al mal tiempo que los obligaría a hacer una escala en Cartagena.”[10]

El paseo de Turbay

Y Santo Domingo dispuso de Avianca.

Hacia finales del año 82, quiso Julio César Turbay Ayala viajar a Europa, con la excusa de limpiar la imagen de Colombia como Estado irrespetuoso de los derechos humanos, y se embarcó en una gira de 25 días por ocho países[11] con una gran comitiva que incluyó ministros, periodistas, empresarios y familias, pero en el nuevo Jumbo de Avianca. Esto significó a la aerolínea no sólo financiar el periplo sino dejar con los “crespos hechos” a cientos de pasajeros que ya habían adquirido sus pasajes en el nuevo avión. Turbay utilizó a Avianca valiéndose que en la prórroga del contrato de transporte de correo con la aerolínea se pactó, a cambio de la misma y en contraprestación, que el presidente de la República podía utilizar la flota de Avianca en caso de que así lo requiriera. Y lo requirió y Avianca asumió el costo. Santo Domingo sería nombrado después embajador en la China.

La Avianca de Santo Domingo. Monopolio y deudas

Hacia 1985 Santo Domingo ya era dueño del 45% de Avianca a través de 11 sociedades y Ardila Lülle del 30% por intermedio de 8. Para entonces Avianca había creado a espaldas del Estado colombiano una sociedad en Estados Unidos, Norasco, por medio de la cual se realizaban sus operaciones de alquileres y compra de aviones hacia Avianca, creada por los beneficios tributarios que esto le significaba (¡!). Y su disputa por el control absoluto de la aerolínea continuó, ahora con Ardila, hasta el punto en este irrumpió en el mercado cervecero, monopolio de Bavaria, y Santo Domingo en los jugos de Ardila, aunque la libre competencia no prosperó en razón al pacto al que llegaron.

En 1991 Avianca amenazó a sus acreedores con recurrir al concordato obligándolos en consecuencia a refinanciar sus deudas: los bancos le descontaron el 53% de las acreencias, y el Estado colombiano -Aeronáutica Civil- cerraría la posibilidad de otorgar rutas a otras aerolíneas en el país[12]. Para entonces César Gaviria era presidente de Colombia, Rudolf Hommes su ministro de Hacienda, y la apertura del país en plena marcha. Salvo excepciones, claro.

En 1992 la revista Forbes ya ubicaba a Santo Domingo como uno de los hombres más ricos del mundo, con una fortuna calculada en más de U$ 1.000 millones: el monopolio de la cerveza en Colombia y Ecuador, dominio del 50% del mercado de la bebida en Portugal, accionista del Banco Comercial Antioqueño, una compañía de seguros, una red de radio y televisión y con una empresa de aviación, Avianca, con pérdidas en libros por más de veinte años “por una razón que nadie explica con claridad” [13]!!

Para 1993 el permiso de vuelo a American Airlines en la ruta Bogotá-New York había sido suspendido, y en respuesta, los gringos amenazaron con eliminar el permiso de los vuelos de Avianca y Aces Miami-New York, que no hicieron efectivo. Era el momento del proceso 8mil y el apoyo de Santo Domingo a Samper su campaña le significó un aporte de US$6 millones, igualando los US$6 millones del cartel de Cali, tres veces los US$1,9 millones de Sarmiento Angulo, 6 veces el US$ 1 millones de Ardilla Lülle.[14]

Pero Avianca, en medio de su crisis, seguía aportando al fortalecimiento de democracia colombiana. En 1998 entregaría $25 millones a la campaña de Noemí Sanín. ¿Cuánto a las otras?

Segunda y tercera crisis financiera

Para 2001 la aerolínea estaba acorralada por sus deudas con los bancos y acreedores que amenazaban, de nuevo, con provocar su cierre.[15] Con un muy alto pasivo laboral que para el año 1991 y reservas prestacionales legales ascendían a US$ 60 millones -24 veces superior a los aportes de los accionistas[16]-, se espantaron los posibles compradores a los que Santo Domingo se aproximó[17]. ¿No guardó sagradamente Avianca esas reservas? Así que se decidió fusionar Avianca con otra sana compañía de propiedad de los cafeteros: ACES. Y contrario al concepto del superintendente de industria y comercio que se opondría a la misma, argumentando que la tal fusión lo único que haría era agravar la situación monopolística de Avianca en el país, la fusión tendría lugar. Para el efecto se recurrió al indicador Herfindahl-Hirschman (HHI) que calcula el poder de un monopolio, una medida del índice de concentración: 1.000 un mercado no concentrado, 1.000-1.800 moderadamente concentrado, > 1.800 altamente concentrado. Pues bien, antes de la fusión y desde hacía 25 años el indicador de Avianca era ya 2.600. Y los cálculos después de la fusión ofrecían una cifra igual a 4.807 en rutas nacionales y 2.830 en las internacionales[18] . Y la resolución que negó la fusión advertiría que “la empresa resultante quedaba en posibilidad de determinar unilateralmente las condiciones del mercado incluyendo precios y calidades”[19]. Santo Domingo apeló y ganó. Y la fusión arrancó en 2002.

Tan sólo un año más tarde, el 23 de marzo de 2003 Avianca se acogería a la ley de bancarrotas de Estados Unidos por sus… dificultades financieras.[20] A partir de ese momento un brasileño se haría al control de Avianca, y con US$43 millones al 73% por ciento de las acciones. Una corte de Nueva York le entregó el control y su reestructuración y la manera de responder por los pasivos. Para entonces Avianca ya se había llevado por delante a SAM y a ACES, dos ejemplares aerolíneas colombianas.

En 2009 Avianca se fusionaría con TACA de Kingsland compañía del El Salvador, de propiedad del centroamericano Roberto Kriete, hoy accionista de Avianca en 14%. Kriete, demandaría a Avianca en una Corte de Estados Unidos, por haber tramitado un crédito con la aerolínea United a sus espaldas. A su vez Avianca demandaría a Kriete por considerar que su proceder frenaba su progreso[21]. Kriete retiraría su demanda, llegaría a un acuerdo con Avianca y el acuerdo con United seguiría adelante. Entre septiembre y diciembre de 2017 enfrentaría un paro de aviadores por mejores condiciones laborales, que la obligaron a cancelar cerca de 15 mil vuelos afectando a más de 400.000 pasajeros.

Avianca hoy, el karma continúa

Por una vez más en su historia Avianca se enfrenta a una grave situación, segunda ventilada ante un Tribunal de Estados Unidos. Y lo que queda claro en una revisión ligera de su historia es esta empresa ha servido más a los intereses de una o dos personas, uno o dos grupos de poder, antes que a la prestación de un servicio de calidad para sus usuarios, operando como un vulgar monopolio, con la anuencia, bendición y respaldo del Estado y de la clase política colombiana, que se hizo de la vista gorda con sus veinte años de pérdidas contables. Y hoy, que ya no es colombiana, ¿debe el Estado colombiano entrar en su nuevo y temporal auxilio hasta que caiga por cuarta vez? ¿Debe hacerse caso omiso de su tránsito por las Bahamas hasta Panamá, paraísos fiscales, obviando así su pago de impuestos en Colombia? Todo parece indicar que así va a ser. Y al embarcar a la sociedad colombiana en un préstamo a la aerolínea como lo anuncia el cuestionado ministro de hacienda, lo único que va suceder es garantizar la permanencia de una situación monopólica aberrante. ¿O es que por fin vamos a contar con cielos abiertos, bajo el riesgo que esta situación afecte los ingresos de Avianca y que en consecuencia pueda argüir el no pago de sus deudas? Mucho me temo que acá existen intereses que desconocemos, diferentes a los del bienestar de los colombianos, a favor de empresarios y funcionarios que propenden por la libre empresa y competencia, mientras no toquen lo de ellos. Aunque persista el mal servicio.

 

[1] Cita del exministro de Hacienda Rudolph Hommes año 1991 antes de trabajar, años después, para el Grupo Santo Domingo, dueño de Avianca. Citado en Reyes pag 245.

[2] Sanabria Tirado R. Más allá de la fusión Avianca-Aces. El Tiempo, 25 de septiembre 2001

[3]Al respecto, el pasado 5 de diciembre, Ximena Gonzalez escribiría una crónica en el diario La República que titularía: Conozca los seis líderes que marcaron la historia el centenaro de Avianca. Hace 100 años Avianca inició su operación, con la firma de la escritura 2.374 en Barranquilla por los alemanes Werner Kämmerer, Stuart Hosie y Alberto Tietjen, y los colombianos Aristides Noguera, Cristóbal Restrepo, Rafael Palacios, Ernesto Cortissoz y Jacobo Correa. Por 19 años su nombre fue Scadta (Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos) y su capital inicial fue de tan solo $80.000.

[4] Ver a proposito la valiosa documentación que al respecto ofrece Mauricio Umaña bajo el título Acuerdo entre PAA y Scadta 1931 «De la Serie: Archivos confidenciales PAA» Historias secretas. ACUERDOS PARA LA COMPRA DE ACCIONES EJECUTADOS ENTRE PAN AMERICAN AIRWAYS Y EL DR. P. BAUER. Febrero 18, 1930 Enero 19, 1931 Enero 30, 1931. También, Ospina Holguín J H: La evolución de la aerolínea avianca en Función de la evolución de su contexto

[5] Habría que preguntar a alguno de los miembros de la familia López Caballero qué tanto recuerdan de estos acontecimientos, en tanto el abuelo y el padre, ambos presidentes de Colombia, serían protagonistas de primera mano. A propósito debería consultarse el libro El Mesias de la Handel, de Enrique Caballero Calderón, que bien ilustra al respecto.

[6] Ospina Holguín, J H. La evolución de la aerolínea avianca en Función de la evolución de su contexto

[7] Donadío Alberto, Galvis Silvia. El Jefe Supremo. Editorial Planeta Pg 98

[8] En su edición de 21 de febrero de 2004, en un artículo que titularía: Una historia de amor y dolor.

[9] Ese tal peso pesado al que se refiere SEMANA es el mismo que pretendió quedarse con el país, quebró a miles de miles de ahorradores con su corporación de ahorro Granahorrar, que bloquearía al diario El Espectador quitándole toda la pauta publicitaria y poniéndole al borde de la quiebra, huiría del país hacia Panamá ante su orden de captura, se dice que en una avioneta de la Policía Nacional. Ese mismo El Espectador sería años más tarde adquirido por Santo Domingo, de su propiedad hasta hoy.

[10] Don Julio Mario, pág 150

[11] Ver nota de El Tiempo en su sección Hace 25 años del 5 de octubre de 2006.

[12] Don Julio Mario, pág 252

[13] Don Julio Mario, pág 250

[14] Don Julio Mario, pág 266

[15] Don Julio Mario, pág 321

[16] Don Julio Mario, pág 252

[17] Será necesario preguntarse hoy si el Estado colombiano, por alguna triquiñuela se hizo cargo de ese pasivo

[18] Don Julio Mario, pág 323. Al frente de la Federación de Cafeteros se encontraba Jorge Cárdenas Gutiérrez, padre de Mauricio Cárdenas, ministro al frente de varias carteras en Colombia ministeriales y padre o padrino de la venta de ISAGÉN.

[19] Don Julio Mario, pág 323

[20] Ver revista Dinero, 21 de agosto de 2019: La venta de Avianca

[21] Ver El Espectaro, 25 de mayo de 2019: ¿Quioén es Roberto Kriete, el nuevo hombre poderoso en Avianca?

 

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Acusan a Guaidó de incumplir el pago para matar a Maduro

El opositor venezolano firmó el contrato para derrocar a Maduro

 

El blog de investigación La Tabla publicó ayer una carta de pago por servicios, acordada entre el diputado opositor Juan Guaidó, y el gerente de la contratista Silvercorp y líder de la Operación Gedeón, Jordan Goudreau, quien acusa al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela de "incumplimiento de contrato".

De acuerdo con la publicación, cinco días antes de la frustrada incursión a las costas venezolanas, el despacho legal, Volk Law, en Florida, Estados Unidos, remitió una misiva a Guaidó por el pago vencido de un millón y medio de dólares, adeudados a Silvercorp por el contrato firmado entre ambos para ejecutar, entre otros planes, el asesinato del presidente Maduro.

“La comunicación de cobranza tiene fecha del martes 28 y cuatro días después comienza la Operación Gedeón. Goudreau muestra así su decisión de hacer valer el contrato, tanto con respecto a los pagos como a la prestación de los servicios de Silvercorp”, señaló la investigación de La Tabla.

El documento enviado por los abogados está dirigido, además de a Guaidó, al asesor de campañas, Juan José Rendón; al diputado de ultraderecha Sergio Vergara, y al abogado defensor de narcotraficantes Manuel Retureta, todos firmantes del contrato mercenario, según se muestra.

La notificación colectiva se envió también al representante político y al "agregado comercial" de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio y Fernando Blasi, respectivamente, de acuerdo con tuit del medio en la red social Twitter.

El contrato, que forma parte de la estrategia para derrocar a Maduro, fue mencionado el pasado mes de marzo por el ex militar y narcotraficante Cliver Alcalá, en una entrevista a un medio radial colombiano.

Crisis por agua en Caracas

En medio de la crisis por el nuevo coronavirus el abasto de agua en la capital se agravó tras la explosión e incendio de una estación de bombeo que paralizó el suministro y que las autoridades atribuyeron a un acto de sabotaje.

Las dificultades que enfrentan a diario los cerca de 6 millones de personas que viven en la región metropolitana de Caracas para abastecerse de agua se agudizaron desde el jueves luego del incidente en la sala de control de la estación de bombeo de Taguacita, ubicada en el estado central de Miranda, lo que paralizó el sistema que surte a la mayor parte de la capital.

El incidente fue comunicado la noche del jueves por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, quien indicó en una llamada telefónica a la televisora estatal que en la estación de bombeo se produjo una "explosión en los tableros" que ocasionó un incendio en los paneles de control afectando las "celdas de alimentación eléctrica en 50 por ciento".

Agregó que cuatro empresas están atendiendo la emergencia y que se espera resolver la situación para el domingo. El gobierno activó un plan complementario de abastecimiento de agua mediantecamiones cisterna para atender a los habitantes de la capital.

La paralización del suministro de agua ocurre en medio de la pandemia que ha dejado hasta la fecha más de una treintena de contagiados en la región capital. En el país sudamericano se han reportado 445 contagiados y 10 fallecidos por Covid-19.

El secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Salud, Pablo Zambrano, afirmó que la interrupción del abastecimiento de agua en Caracas "agrava" la situación que enfrentan más de un centenar de centros de salud públicos de la capital que desde hace años reciben suministros intermitentes de agua y en muchos casos deben recurrir a camiones cisternas para cubrir los requerimientos del líquido.

"Siempre tenemos fallas de jabón y cloro, ahora sin agua se complica la situación que tiene que ver con el riesgo y la contaminación de los centros de salud", dijo Zambrano.

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Estantes con medicamentos en una farmacia. REUTERS

 

Casos de sobornos a médicos, acusaciones de lucrarse de la investigación ajena y de lanzar algunos medicamentos que apenas aportan nada, precios desorbitados… extienden una sombra de sospecha sobre el sector farmacéutico

07/05/2020 07:13

VICENTE CLAVERO

La victoria sobre el coronavirus, mediante un medicamento que cure la enfermedad o una vacuna que la evite, involucra a diversos colectivos, entre ellos los laboratorios farmacéuticos, cuyo papel en la producción y comercialización del remedio será sin duda determinante.

Hay mucho dinero en juego, dado el alcance mundial del problema, y todo invita a pensar que esta industria hará cuanto esté en su mano para ganarlo, como hace cada vez que se le ha presentado la oportunidad, no siempre con prácticas irreprochables.

Una de sus principales estrategias de venta es presionar sobre quienes deciden el consumo en una parte fundamental del mercado, el de prescripción (productos que sólo se expiden con receta), desplegando acciones que a veces pueden tener la apariencia de ayuda a la formación continua de los médicos (suministro insistente de información sobre nuevos fármacos, aportaciones para la organización o asistencia a congresos), pero otras son ajenas a la más mínima exigencia ética.

Entre esas acciones figuran los sobornos, que durante décadas fueron un secreto a voces, siempre negado por la industria, si bien algunos acontecimientos relativamente recientes han demostrado su existencia.

La multinacional Novartis tuvo que afrontar en 2015 una multa de 390 millones de dólares (357,8 millones de euros) por haber pagado viajes, banquetes y dinero a médicos estadounidenses para que recomendasen sus medicamentos. Ese mismo año, otro gigante farmacéutico, Pfizer, zanjó una denuncia por incumplimientos de su propio código ético con el despido de 30 de sus directivos en España.

Las compañías suelen rebajar estos casos a la condición de hechos aislados, aunque algunos estudios muestran que no lo son tanto. Uno de 2014, patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates, con el concurso del Departamento Británico para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Asuntos Exteriores holandés, sostiene que 18 de las 20 multinacionales farmacéuticas analizadas habían sido objeto de sanción en algún momento por motivos tan poco edificantes como el soborno o la violación de las leyes de la competencia.

El importe de los pagos directos o indirectos a los médicos es uno de los secretos mejor guardados de la industria, aunque en España el proyecto Medicamentalia, de la Fundación Ciudadana Civio, aportó en 2018 alguna luz sobre el asunto. Según este organismo independiente, que trabaja por la transparencia de las instituciones, dichos pagos habían ascendido el año anterior a 182,5 millones. Dieciocho médicos, adscritos a la sanidad pública y privada, fueron agraciados con más de 50.000 euros por cabeza.

Otra acusación frecuente a los laboratorios es que se lucran con medicamentos cuya investigación y ensayos clínicos son posibles gracias, en buena medida, a la inversión ajena. Un informe dado a conocer en 2018, dentro de la campaña No Es Sano, respaldada por instituciones como la Organización Médica Colegial de España, ponía ejemplos concretos al respecto. El producto estrella de Roche contra el cáncer de mama, el Trastuzumab, que para entonces le había proporcionado más de 60.000 millones de euros de ingresos en todo el mundo, se obtuvo con financiación procedente de universidades, centros de investigación y fundaciones sin ánimo de lucro.

Esa circunstancia no impide que los laboratorios fijen precios muy altos para sus productos, sobre todo en el ámbito de las nuevas inmunoterapias. Es el caso del Kymriah, de Novartis, indicado contra ciertos tipos de leucemia, y del Yescarta, de Gilea, que sirve para tratar algunos linfomas no Hodgkyn. Sus precios de salida en el mercado estadounidense fueron de nada menos que 475 .000 y 373.000 dólares (438.600 y 344.400 euros), respectivamente, pese a ser fruto de investigaciones sufragadas en gran parte con dinero público.

La respuesta de la industria a las afirmaciones del estudio de No Es Sano fue que su actividad entraña gran riesgo, ya que sólo una de cada 10.000 moléculas investigadas llega a convertirse finalmente en un medicamento, lo que requiere de fuertes inversiones, que las farmacéuticas pagan con sus propios recursos. De ahí que el precio de cada producto, según el sector, no deba reflejar sólo el coste de su investigación, sino de alguna manera también el de aquellas que han fracasado, porque en caso contrario el negocio sería inviable.

Otras voces recuerdan, sin embargo, que el gasto en I+D y en producción sólo supone el 13% del coste de un medicamento, mientras que el gasto asociado a la comercialización y promoción (estudios de mercado, análisis de la competencia, publicidad, deferencias con los médicos) oscila entre el 30% y el 35%. Con la particularidad, además, de que sólo uno de cada cuatro fármacos que salen al mercado son realmente innovadores o mejoran los resultados de otros ya existentes pero más baratos.

Como quiera que sea, el hecho cierto es que el precio de los medicamentos, en particular el de los más modernos, es una de las mayores amenazas que penden sobre los sistemas nacionales de salud, sobre todo aquellos que contemplan su financiación pública total o parcial, como ocurre en España.

Pese a la extensión de los genéricos (productos cuya patente ya ha expirado) y a los mecanismos de control introducidos en los últimos años, el gasto público en medicamentos supera en nuestro país los 16.000 millones de euros anuales, de los que dos tercios corresponden a recetas y el resto, a hospitales.

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COVID-19: ¿Y si la vacuna pagada con dinero público acabara en monopolio de una empresa privada?

En 2016, el doctor Peter Hotez, presidente de la Escuela Nacional de Medicina Tropical en Houston y codirector del Centro para el desarrollo de vacunas del Texas Children's Hospital, estaba trabajando en una vacuna contra el coronavirus. El siguiente paso serían los ensayos con humanos, pero ningún inversor al que se acercó estaba interesado en financiar el proyecto.

Según Massimo Florio, Profesor de Ciencias Financieras de la Universidad de Milán, la historia de Peter Hotez, que testificó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, cuenta cómo "a pesar de que hace casi veinte años desde la aparición del SARS Co-V (Coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), la industria farmacéutica no ha considerado desde entonces como una prioridad invertir en estas enfermedades infecciosas".

El coronavirus no mata, es el sistema inmunológico del paciente el que daña los órganos vitales

Un análisis de inteligencia de Bloomberg ha demostrado que en el último año las 20 compañías farmacéuticas más grandes del mundo han lanzado alrededor de 400 nuevos ensayos de medicamentos: casi la mitad de éstos son anti-tumorales, y sólo 65 están destinados a tratar enfermedades infecciosas que se definen como menos gratificantes que las terapias a largo plazo, como las de la diabetes o el colesterol. De las 20 compañías farmacéuticas más grandes, sólo cuatro tienen una unidad de investigación de vacunas.

Según Florio, estas cifras se explican por el reconocimiento de que "el sistema de investigación actual es víctima de una contradicción incurable entre las prioridades de la ciencia para la salud y de la ciencia para el beneficio".

Para el profesor, "la emergencia que estamos experimentando debe ser una oportunidad para repensar las reglas que han definido el mercado farmacéutico en las últimas décadas".

 

¿Una vacuna al COVID-19 accesible a todos?

 

Según un informe de la OMS, actualmente se están llevando a cabo 62 programas de investigación en laboratorios de todo el mundo para encontrar una vacuna para el COVID-19, y aunque todavía no se sabe cuándo y quién tendrá éxito primero, muchas ONG y políticos se han adelantado pidiendo, con diferentes métodos, lo mismo: que el precio de la vacuna sea, de ahora en adelante, accesible a todos los servicios nacionales de salud.

A principios de marzo, por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos propuso incluir en el plan de emergencia para el COVID-19 un mecanismo para controlar el precio de una posible vacuna obtenida por una empresa farmacéutica gracias también a fondos públicos.

Recientemente, Costa Rica también ha hecho una propuesta a la OMS para crear un fondo común mundial para el COVID-19 en el que se puedan reunir todos los proyectos de propiedad intelectual e investigación. Posteriormente, la OMS puso en marcha un proyecto mundial denominado "Acceso al acelerador de herramientas COVID-19" para asegurar el intercambio de descubrimientos científicos para combatir el virus, aunque todavía no se ha especificado nada sobre la propiedad intelectual de las empresas farmacéuticas.

 

Para el Parlamento Europeo, la vacuna financiada públicamente debe permanecer en el dominio público

 

Mientras que en el Congreso de los Estados Unidos se rechazó la enmienda de los demócratas, el Parlamento Europeo aprobó el 17 de abril una resolución en la que se pedía que "toda investigación financiada con fondos públicos siguiera siendo de dominio público" en relación con la vacuna para el COVID-19. Antes de la votación, un grupo de diputados había escrito una carta a la Comisión Europea.

"Observamos con gran preocupación que, aunque la Comisión invierte más del doble que cualquier otro socio privado en los proyectos de investigación de la Unión para el COVID-19, no se han tomado medidas para garantizar que los resultados sean asequibles para todos los sistemas de salud", dice la carta. El texto advierte a la Comisión que no adopte, una vez más, el modelo de negocio de los años anteriores.

De hecho, en Europa, aunque existe una oficina central encargada de expedir patentes - la Oficina Europea de Patentes - es cada país el que individualmente, a través de sus organismos nacionales, como Aifa para Italia, se encarga de fijar el precio de un nuevo medicamento con la empresa. Por consiguiente, el resultado de las negociaciones puede variar de un Estado a otro y los países no están obligados a revelar el precio acordado con la empresa. Gracias a la patente -normalmente por un período de 20 años- la empresa tiene el monopolio del medicamento y puede pedir el precio que prefiera.

Algunos países han enmendado recientemente sus leyes pertinentes para facilitar el acceso a la vacuna cuando entre en el mercado. Alemania, por ejemplo, ha estipulado que el Ministro de Salud puede, en caso de que se declare una emergencia nacional, ejercer medidas de control sobre las patentes de medicamentos.

Canadá ha enmendado sus leyes para facilitar el uso de una licencia obligatoria. Este tipo de licencia permite al gobierno utilizar una patente sin obtener primero el consentimiento del titular de la patente - en este caso la compañía farmacéutica - mientras paga dinero.

En el pasado, algunos países han utilizado estrategias similares para tratar a sus ciudadanos. En 1997, por ejemplo, Sudáfrica aprobó una Ley de Medicamentos para importar medicinas para el VIH de los países que los producían al precio más bajo. En ese momento algunas de las mayores compañías farmacéuticas demandaron al gobierno pero luego, bajo presión pública, se echaron atrás.

Entre los firmantes de la carta a la Comisión Europea se encuentra Petra De Sutter, eurodiputada belga de los Verdes y presidenta de la Comisión de Mercado Interior, que explica: "No se trata de ignorar la necesidad de que las empresas obtengan beneficios, sino de repensar el papel del público, poniendo en primer lugar la necesidad del paciente y no la de la industria farmacéutica".

Según De Sutter, es poco probable que la vacuna, una vez desarrollada, se ponga en el mercado a precios exorbitantes. "Entonces los gobiernos recurrirían a las licencias obligatorias, lo que siempre es una posibilidad cuando la salud pública está realmente en peligro. Además, se trata de vacunar a casi todo el mundo, por lo que el beneficio sería muy alto en cualquier caso".

Sin embargo, es importante que De Sutter hable de estos temas ahora, "porque una vez que la emergencia del coronavirus haya terminado, los problemas de nuestro mercado farmacéutico permanecerán".

Las grandes farmacéuticas invierten más en la compra de empresas de "bajo riesgo" que en la investigación.

Entre los problemas que destaca De Sutter está el uso de fondos públicos para la investigación.

Varias encuestas han demostrado que en los últimos años las empresas farmacéuticas tienden a invertir sólo en las etapas finales de la investigación, es decir, cuando parece estar asegurado el beneficio, mientras que las etapas iniciales se llevan a cabo gracias a los recursos de las universidades o asociaciones.

El resultado es que "el sector público financia la investigación de alto riesgo en las fases iniciales, mientras que los beneficios en las fases posteriores van de forma desproporcionada al sector privado", como se explica en un informe del UCL Institute for Innovation and Public Purpose por Mariana Mazzucato y Henry Lishi Li.

Una encuesta realizada por la Radio y Televisión de Suiza a principios de este año mostró que las grandes empresas farmacéuticas invierten mucho más en la compra de pequeñas empresas con medicamentos en una fase avanzada de desarrollo que en la investigación real.

El año pasado, el fármaco para la atrofia espinal Zolgensma, producido por Novartis y comercializado en los Estados Unidos, fue descrito por Forbes como el "fármaco más caro del mercado" con un precio de alrededor de dos millones de dólares por paciente. El precio exorbitante también había causado controversia debido a que el fármaco fue, en las fases iniciales, financiado por un laboratorio sin fines de lucro de la asociación francesa Telethon, que luego vendió la patente a una empresa incipiente comprada por Novartis.
El caso de Reino Unido

También en las últimas semanas en el Reino Unido, más de 20 asociaciones han escrito una carta al gobierno pidiendo que cualquier vacuna obtenida con fondos públicos no se convierta en un monopolio de una empresa privada.

"Sin las precauciones adecuadas, veríamos un acceso diferenciado a los nuevos tratamientos para el COVID-19, como fue el caso de la gripe porcina en 2009, cuando los países más ricos fueron los primeros en conseguir la vacuna", dice el documento. La carta está firmada, entre otros, por Médicos sin Fronteras, que lleva semanas vigilando de cerca las implicaciones éticas del desarrollo de la nueva vacuna.

"Sabemos muy bien lo que significa no poder curar a la gente porque la medicina necesaria es demasiado cara", dijo la ONG en un comunicado.

Hace apenas un año, la asociación, junto con otras que trabajan en campos de refugiados en Grecia, utilizó por primera vez en Europa un mecanismo humanitario que le permitió vacunar a los niños contra la neumonía a un precio de 9 dólares por niño. A modo de comparación, el precio acordado por Grecia con Pfizer y GSK - los dos únicos fabricantes de la vacuna - para un tratamiento normal habría costado 168 dólares por niño.

Médicos sin Fronteras aprovechó la oportunidad para recordar que "alrededor de un tercio de los países del mundo no pueden permitirse incluir la neumonía entre sus vacunas estándar debido al precio demasiado alto que exigen las empresas farmacéuticas".

La firma de la carta dirigida al gobierno británico fue, entre otras, la ONG Just treatment (Tratamiento Justo). "Estamos asistiendo a una oleada de nuevos medicamentos, especialmente antitumorales, protegidos por patentes y con precios inalcanzables, y los signos actuales indican que la situación no puede sino empeorar", explica Diarmaid McDonald, portavoz de la asociación.

A lo largo de los años, la ONG ha apoyado varias batallas por el acceso a los medicamentos, la última hace apenas un año, cuando el sistema de salud británico no quiso pagar el precio de 104.000 libras esterlinas por paciente y año por Orkambi, un medicamento para la fibrosis quística producido por Vertex. El estancamiento de las negociaciones - ahora resuelto - había llevado a algunos padres de niños con la enfermedad a organizar un club de compradores y comprar el medicamento en Argentina, que había negado la patente a Vertex y organizado la producción de un Orkambi genérico al precio de 24 mil libras esterlinas.

"Just treatment también hizo campaña para el acceso al Sofosbuvir, el medicamento para la hepatitis c producido por Gilead", que en 2015 se pondrá en el mercado a un precio de hasta 40.000 euros por tratamiento, dice McDonald. En esa época, muchos servicios de salud europeos racionaron la medicina para mantener bajos los costos, poniéndola a disposición de los pacientes sólo en las últimas etapas de la enfermedad. Los otros no tuvieron más remedio que esperar.

Por ello, antes de que las agencias de medicamentos ampliaran el abanico de beneficiarios, muchas personas recurrieron a agencias de viajes que permitían a los pacientes ir a la India o a Egipto - un turismo de salud que publicitaba nada menos que el futbolista Lionel Messi - donde se le negaba el monopolio a Gilead y el medicamento genérico se producía a un precio mucho más asequible.

"Recuerdo bien cuando me examinaron para decidir si era apto para el tratamiento", dice Simon Brasch, uno de los pacientes de hepatitis C que tuvo que esperar para conseguir un medicamento que ya estaba disponible en el mercado. "Me revisaron el hígado y me dijeron: estás bien por ahora, tendrás que esperar hasta que estés peor para recibir tratamiento. Salí de allí y me pregunté: ¿qué tengo que hacer, beber dos vodkas al día para que mi hígado se degrade, para que finalmente pueda mejorar? Nunca hablamos de una sola medicina. Es todo el sistema el que necesita ser repensado", dice.
"La actual pandemia ha mostrado un espectacular fracaso de la investigación de la industria farmacéutica"

Según el profesor Massimo Florio "la actual pandemia ha mostrado un fracaso espectacular de la investigación de la industria farmacéutica. Por eso necesitamos una estructura pública europea que produzca medicamentos que no interesen al sector privado o que sólo existan en el mercado a precios exorbitantes".

La propuesta del profesor de una estructura pública europea para los medicamentos que vaya más allá del oligopolio farmacéutico se publicó en el Foro sobre Desigualdades y Diversidad.

En el siglo XIX el paludismo causó miles de muertes en Italia. Así que en Turín se abrió la planta química farmacéutica militar para producir, bajo la dirección de un coronel químico, la quinina, la única droga conocida entonces para combatir la enfermedad. Más tarde, con el desastre de Chernóbil, la planta - trasladada de Turín a Florencia - pudo producir 500.000 tabletas de yoduro de potasio, el fármaco para el cáncer de tiroides, en 24 horas.

Hoy en día la planta sigue activa y puede producir, entre otras cosas, cloroquina, una droga "descendiente" de la quinina. "Si, por ejemplo, se descubre hoy que la cloroquina se utiliza para combatir el coronavirus, estaríamos listos para producirla en grandes cantidades. Historias como la de la planta de Florio nos recuerdan que Italia no es ajena, por tradición, a la protección del derecho a la salud, pero en los últimos años la política ha eliminado estos temas de la agenda", recuerda Florio, y cierra con una advertencia.

"Hoy nos preguntamos cómo pudo suceder que economías aparentemente evolucionadas se hayan despertado no sólo sin vacunas y medicamentos, sino incluso sin respiradores y mascarillas. No debe volver a ocurrir nunca más".

1 mayo 2020 |

(Tomado de Euronews)

Viernes, 10 Abril 2020 06:50

El agua se nos escurre entre los dedos

Rebelión

En general, usted lector (a) habitualmente utiliza el agua como un bien que está ahí, a su alcance, parece eterna. La usa para cocinar, aseo personal, regar el jardín o como empleo recreacional en piletas, fuentes y jardines. Para usted es algo común, el agua está ahí.

Sin embargo, en nuestro planeta, este recurso, sin el cual ningún organismo viviente podría sobrevivir, no es tan común para miles de millones de seres humanos. Según el Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos del año 2019 (1): 2.200 millones de personas –es decir un 30% de la población mundial- no tiene acceso al agua potable, por tanto, con condiciones de salubridad que representan un peligro social. Dos de cada tres personas en el mundo sufren escases de agua, considerado grave, al menos una vez al año. 750 niños menores de cinco años mueren diariamente, ya sea por no tener acceso a saneamiento básico o por beber aguas insalubres. El año 2030, 700 millones de personas en el mundo, se verán desplazadas de sus lugares de origen por la falta de agua. Y, en materia de género, en cuatro de cada cinco hogares son las mujeres las encargadas de recoger el agua para los hogares, en fuentes ubicadas en ocasiones a varios kilómetros.

Los datos objetivos, tanto aquellos manejados por la ONU como por agencias gubernamentales coinciden en que el uso del agua viene aumentando a una tasa del 1% anual, principalmente desde la década de los 80 del siglo XX hasta ahora. Esto, por el aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, que han incrementado ese uso. En ese nuevo contexto, tanto el agua potable como el saneamiento son reconocidos como derechos humanos fundamentales, tanto en el sentido material (sustento de la población) como también subjetivo (la dignidad de los seres humanos). Esto debería obligar a los Estados a proporcionar a su población el acceso al agua potable y saneamiento sin discriminación, donde se priorice a los sectores más necesitados. Conceptos como acceso, equidad y seguridad son esenciales.

En un interesante trabajo titulado “Agua: ¿dónde está y de quién es? se señala, respecto al agua, en el marco descrito anteriormente, que los temas de propiedad, gestión, manejo y disponibilidad de las aguas ha pasado a constituirse en un eje crítico de las decisiones políticas, económicas y sociales, que debemos tener respecto a este recurso. “A los crecientes problemas de acceso y calidad de los recursos hídricos, se agregan las consecuencias de los procesos de liberalización y privatización del agua, que han transformado su definición desde un bien nacional de uso público, hacia un bien económico sujeto a las reglas del mercado”

En el Informe de la ONU señalado, respecto a Latinoamérica y la región del Caribe, se afirma que esta zona del mundo carece, mayoritariamente, de fuentes adecuadas de agua potable. Con insuficiencias en instalaciones seguras y dignas para la eliminación de las heces. Millones de personas, habitantes de las principales metrópolis del continente están sin acceso al líquido elemento, concentrados en lo que se denomina los cinturones de pobreza, donde el suministro de servicios de agua potable y sanitarios es insuficiente y en otros, sencillamente inexistentes, teniendo que recurrir a camiones aljibes, llaves comunitarias, además del uso letrinas y pozos sépticos, que contaminan además las napas subterráneas.

En gran parte de Latinoamérica, el servicio de agua potable, acompañado de procesos de privatización han generado fragmentación de sus estructuras de servicios, con gran número de prestadores “sin posibilidades reales de lograr economías de escala o viabilidad económica y bajo la responsabilidad de gobiernos locales, que carecen de los recursos e incentivos necesarios, para hacer frente con eficacia a la complejidad de los procesos involucrados en la prestación de servicios. Un ejemplo paradigmático de la privatización del agua lo vive Chile, el único país del mundo que mantiene legalmente privatizada el agua, estableciendo la protección al derecho de propiedad privada más fuerte en el mundo, donde el Estado no interfiere en ningún aspecto para garantizar el bien público.

A principios de los años 90 del siglo XX, en el país sudamericano, bajo el gobierno del ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle se privatizó la administración de la infraestructura y los derechos de agua, que pasaron desde el Estado a las empresas privadas. Privatizando así las principales distribuidoras de agua del país. Bajo el gobierno de Ricardo Lagos (sucesor de Eduardo Frei) se optó por un modelo distinto. La llamada Transferencia del derecho de explotación de las concesiones sanitarias, donde a una empresa privada se le entrega la concesión y las inversiones en infraestructura, por un periodo de 30 años al cabo de las cuales definiría su continuidad.

En Latinoamérica, la necesidad de generar inversiones en el tema agua potable y saneamiento sanitaria, debido al aumento poblacional, el desarrollo social y económico de los pueblos y los cambios en los modelos de consumo, generaron la decisión de parte importante de los gobiernos de nuestro continente, marcados por el modelo neoliberal de entregar a empresas extranjeras (donde se destacaron las de origen español) las oportunidades de inversión en infraestructura y saneamiento. “La incapacidad de las autoridades, para brindar una cobertura adecuada a los ciudadanos incitó un aumento de contratos de privatización de servicios de agua entre inversionistas extranjeros y Gobiernos. Hoy en día 10% de los consumidores en todo el mundo reciben agua vía empresas privadas” y en Latinoamérica esa cifra es mayor a medida que las presiones por privatizar los servicios públicos se imponen, sobre todo bajo la égida de gobiernos de corte neoliberal.

Para José Esteban Castro en su trabajo: La privatización de los servicios de agua y saneamiento en América Latina “esas políticas de privatización implementadas desde la década de 1990, para reorganizar los servicios de agua y saneamiento en América Latina, han tenido poca relación con los problemas específicos de esos servicios. Se presentó la privatización como la solución a la crisis de este sector, caracterizada por: falta de cobertura, calidad inadecuada de la prestación, corrupción y falta de inversión pública en la expansión y renovación de la infraestructura. Sin embargo, la razón principal no fue la búsqueda de soluciones a estos problemas, sino la aceptación acrítica de una política fundada en los principios y argumentos característicos de la ideología pro-privatización, que resurgió en los años 80. La crisis real de los servicios fue utilizada y hasta provocada, para promover las privatizaciones.

La privatización del agua es un negocio multimillonario. Se calcula, que para el año 2025, el gasto anual de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en infraestructura relacionada, superará el billón de dólares. Las nuevas tecnologías y la necesidad de inversión adicional en infraestructura aumentarán la demanda en el mercado, lo que potencialmente generaría valoraciones de miles de millones de dólares. Dichas oportunidades y promesas económicas explican en gran medida, por qué los servicios de agua se han ganado el apodo de “oro azul”

En Latinoamérica las cifras respecto al agua dulce la presentan como un botín muy apreciado, un bien económico y no un derecho social. El 26% del agua dulce del planeta está en América Latina, en forma de acuíferos, campos de hielo, ríos, lagos. Sólo Brasil contiene el 5% de toda el agua dulce del mundo. Los 22.100 metros cúbicos de agua per cápita representa el triple del promedio mundial. Entre los 10 principales ríos del mundo, cinco son latinoamericanos: Orinoco, Amazonas (que representa la quinta parte del caudal fluvial del mundo), Rio Negro, Paraná y Madeira. El Acuífero Guaraní es la tercera reserva mundial de agua dulce y se extiende bajo la superficie de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil. Sus reservas podrían dar agua a todos los habitantes del planeta durante 200 años, de ahí la importancia geopolítica que este acuífero posee, poniéndolo en el radar de los intereses hegemónicos estadounidense.

Pero se da la paradoja, igualmente, que esta Latinoamérica, dotada de recursos hídricos envidiables, 100 millones de sus habitantes carecen de total acceso a ella, surtiéndose de fuentes ocasionales. El 25% de la población latinoamericana (de un total de 629 millones de habitantes) no tienen acceso a servicios de agua potable y saneamiento. República Dominicana Haití, Nicaragua, Perú, Ecuador son, dentro de Latinoamérica, los países con menores capacidades de acceso a esas fuentes de agua potable y saneamiento Sólo el 20% de las aguas residuales de este subcontinente reciben tratamiento. Las represas hidroeléctricas Itaipú y Simón Bolívar, son la segunda y la cuarta más grandes del mundo respectivamente.

Las cifras mencionadas respecto a este oro azul han traído a América Latina a numerosas empresas sanitarias, hidroeléctricas, de distribución de agua entre otras, que representan una tajada importante de ingresos para multinacionales como Endesa, Iberdrola, empresas chinas, entre otras. Según datos entregados por el Banco de Desarrollo de América Latina – CAF – (4) en el Foro Mundial del agua del año 2018, Latinoamérica necesita invertir 12.500 millones de dólares, para alcanzar las metas trazadas por la ONU en los llamados “objetivos de desarrollo sustentable) que entrega datos desalentadores en el plano de agua y saneamiento (2) si no se trabaja por lo signan como el Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos (3) que la ONU volcó en la agenda 2030. Como también en los objetivos planteados en la meta de “No dejar a nadie atrás” según el Informe de Mundial de las Naciones Unidas Sobre el desarrollo de los recursos Hídricos presentado el año 2019.

La dicotomía se da respecto al papel que deben desempeñar los Estados y la iniciativa privada, cuestión de áspero debate en momentos que la propia esencia del neoliberalismo está siendo cuestionada en virtud de la pandemia global del Covid-19, que ha sacado a relucir la importancia de concretar Estados poderoso, capaces de garantizar, salud, educación, bienestar y servicios básicos a su población como derechos irrenunciables, entre ellos el agua potable y el acceso a servicios sanitarios. Para el mundo privado, las empresas de lobby, los gobiernos neoliberales y las multinacionales en Latinoamérica existe un déficit de infraestructura, de capital humano, institucional, financiero y de gobernabilidad, que son las que llevan a situaciones de escasez. Una región apetitosa, donde pueden invertir y tener retornos multimillonarios al cabo de pocos años.

Chile sigue siendo el ejemplo de la presencia de capitales extranjeros, que suelen replicar posteriormente sus inversiones en Latinoamérica, en materia de suministro de agua potable y servicios sanitarios. En el caso chileno, su participación en el mercado alcanza el 93%. Grupo europeo Agbar-Suez, controladora de Aguas Andinas (con ganancias en el país que superaron los 150 millones de dólares el año 2019 y más de 2.300 millones en sus subsidiarias en el mundo), Essal y Aguas Cordillera, que abastece a cuatro de cada diez chilenos. Empresa que a su vez deriva labores hacia el sector de aguas servidas incrementando notablemente sus ingresos. La sanitaria canadiense ligada al mundo docente en Canadá -Ontario Teachers Pension Plan, OTPP – que suman el 36% del mercado con plantas de distribución de agua potable y tratamiento de aguas servidas.

Por su parte, las sanitarias propiedad de la japonesa Marubeni en alianza con la empresa del mismo país Innovation Network Corporation of Japan, con un 9%. Incluso hay presencia de inversiones colombianas, a través de la llamada Empresa Pública de Medellín (EPM), que compró Aguas de Antofagasta al grupo Luksic en US$ 967 millones. La empresa de Singapur Sembcorp, por su parte, vendió a la española Sacyr y sus cuatro empresas de agua, que serán gestionadas por la filial agua Sacyr en servicios de captación de agua bruta, distribución de agua potable, recogida y depuración de aguas residuales.

Una fragmentación que da luces de lo interesante y atractivo que resulta, para estas empresas, invertir en un negocio considerado estable, de rentabilidades seguras, que atrae a inversionistas de largo plazo. Es un negocio redondo ¡claro! pero para el que lo pueda pagar pues el resto deberá seguir en sus mismas condiciones de carestía, sujeto a los vaivenes del mercado, mirando como ciertos cultivos, la minería, los proyectos hidroeléctricos, como también la ineficacia de sus gobiernos e intereses económicos marcados por la corrupción, junto a la invisibilización de los derechos sociales, entre otros le impiden el pleno acceso al agua potable, al saneamiento y en definitiva a su plena dignidad como persona. Que el agua se nos escurra entre los dedos (pero lo mínimo) sólo cuando nuestra sed y nuestra necesidad de higiene esté satisfecha.

Notas:

  1. Extraído de https://www.acnur.org/5c93e4c34.pdf. Publicado en 2019 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 7, place de Fontenoy, 75352 París 07 SP, Francia. © UNESCO 2019. Este informe es publicado por la UNESCO en nombre de la ONU-Agua. La lista de miembros y socios de la ONU-Agua se puede encontrar en el siguiente sitio web www.unwater.org.
  2. Datos relevantes. 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento. Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los hogares sin acceso a agua corriente. Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que este porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales en las que el consumo de agua supera la recarga. 4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como retretes o letrinas. Más del 80% de las aguas residuales por actividades humanas se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento, provocando su contaminación. Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se utilizan para el riego. Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales.
  3. Objetivos 2030. Lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos Lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial. Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. Implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda. Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. Ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización. Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento

Por Pablo Jofré Leal | 10/04/2020

Cedido por www.segundopaso.es

Publicado enMedio Ambiente
El renombrado filósofo y disidente Noam Chomsky en su oficina del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en septiembre de 2016 (MARTIN BIALECKI / PICTURE ALLIANCE VIA GETTY IMAGES)

Entrevista a Noam Chomsky sobre la pandemia

El Covid-19 ha tomado el mundo por asalto. Hay cientos de miles de personas infectadas (posiblemente muchas más que los casos confirmados), la lista de muertes crece exponencialmente y las economías capitalistas se han estancado, lo que hace prácticamente inevitable una recesión global.

La pandemia había sido anticipada mucho antes de su aparición, pero las acciones tendentes a prepararse para esa crisis se restringieron a causa de los crueles imperativos de un orden económico en el que “la prevención de una catástrofe futura no produce beneficios”, señala Noam Chomsky en esta entrevista exclusiva para Truthout. Chomsky es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor laureado en la Universidad de Arizona, autor de más de 120 libros y de miles de artículos y ensayos. En esta entrevista argumenta que el propio capitalismo neoliberal es responsable de la respuesta inadecuada de Estados Unidos ante la pandemia.

C.J. Polychroniou: Noam, la epidemia de la nueva enfermedad del coronavirus se ha propagado a la mayor parte del planeta, y Estados Unidos tiene ya más casos que cualquier otro país, incluyendo China, donde se originó el virus. ¿Cree que es una evolución sorprendente?

Noam Chomsky: La escala de la plaga es sorprendente, impactante diría yo, pero no su aparición. Ni el hecho de que Estados Unidos esté teniendo la peor respuesta ante la crisis.

Los científicos llevan años avisando de la aparición de una pandemia, insistiendo en ello desde la epidemia de SARS de 2003, causada también por un coronavirus, para la cual se desarrollaron vacunas que no pasaron de la fase preclínica. Ese era el momento de empezar a poner en práctica sistemas de respuesta rápida que nos prepararan para otra epidemia y guardar la capacidad de reserva que pudiera necesitarse. También se podrían haber puesto en marcha iniciativas para desarrollar defensas y modos de tratamiento para una probable reaparición de un virus relacionado.

Pero los avances de la ciencia no son suficientes. Tiene que haber alguien que tome decisiones. Y esa opción se ve obstaculizada por la patología del orden socioeconómico contemporáneo. Las señales del mercado eran evidentes: la prevención de una catástrofe no produce beneficios. El gobierno podría haber intervenido, pero lo impide la doctrina imperante: “el gobierno es el problema”, nos dijo Reagan con su sonrisa radiante, lo que significaba que es preciso delegar la toma de decisiones, aún más, al mundo empresarial, comprometido con la obtención de beneficios y libre de la influencia de quienes deberían preocuparse por el bien común. Los años siguientes inyectaron una dosis de brutalidad neoliberal al orden capitalista sin restricciones y a la retorcida forma de mercado que desarrolla.

La gravedad de la patología se pone en evidencia a través de uno de sus fallos más dramáticos (y letales): la falta de respiradores, que constituye uno de los principales cuellos de botella a la hora de enfrentarse a la pandemia. El Departamento de Salud y Servicios Sociales anticipó el problema y contrató a una pequeña empresa para que fabricara respiradores baratos, fáciles de usar. Pero intervino la lógica capitalista. La empresa fue adquirida por una gran corporación, Covidien, que marginó el proyecto y “en 2014, sin haber entregado ningún respirador al gobierno, la dirección de Covidien comunicó a funcionarios del instituto [federal] de investigación biomédica su deseo de rescindir el contrato, según tres antiguos funcionarios federales. Los directivos se quejaron de que el contrato no era lo bastante beneficioso para la compañía”.

Es una verdad que no admite duda.

Pero entonces intervino la lógica neoliberal, que dictó que el gobierno no podía intervenir para salvar el enorme fallo del mercado que ahora está creando el caos. Tal y como argumentó muy diplomáticamente el New York Times, “la paralización de la iniciativa que pretendía crear un nuevo tipo de respirador barato y de fácil uso pone de manifiesto los peligros de subcontratar a empresas privadas proyectos con grandes implicaciones de salud pública; su foco en la obtención del máximo beneficio no siempre está en consonancia con el objetivo del gobierno: estar preparado para una futura crisis”.

Dejando a un lado la reverencia ritual al bondadoso gobierno y a sus loables objetivos, el comentario no deja de tener razón. Podríamos añadir que el foco en el máximo beneficio tampoco está “siempre en consonancia” con la esperanza de “supervivencia de la humanidad”, tomando prestada la frase de un informe eliminado del JPMorgan Chase, el mayor banco de Estados Unidos, en el que se advertía de que “la supervivencia de la humanidad” estaba en peligro de seguir el rumbo actual, al que contribuía las inversiones del propio banco en combustibles fósiles. Así que Chevron canceló un proyecto de energía sostenible rentable porque obtenía más beneficios destruyendo la vida en la Tierra. ExxonMobil ni se planteó una inversión de ese tipo porque antes habría realizado cálculos de rentabilidad más precisos.

Y era totalmente lógico, según la doctrina neoliberal. Como nos explicaron en su día Milton Friedman y otras luminarias neoliberales, la tarea de los directivos de las grandes empresas es maximizar los beneficios. Cualquier desviación de esta obligación moral destruiría los cimientos de la “vida civilizada”.

En todo caso, nos recuperaremos de la crisis del Covid-19, pagando un precio importante y posiblemente terrible, especialmente para la población más pobre y vulnerable. Pero no nos recuperaremos del deshielo de la banquisa polar y de otras consecuencias devastadoras del calentamiento global. También en este caso la catástrofe será producto de un fallo del mercado, en este caso de proporciones verdaderamente demoledoras.

La Administración actual había sido ampliamente informada de la probabilidad de una pandemia. De hecho, el pasado octubre tuvo lugar un ejercicio de simulacro a alto nivel. Durante todos sus años como presidente, Trump ha reaccionado de la manera a la que nos tiene acostumbrados: retirando la financiación y desmantelando cualquier parte relevante del gobierno e implementando regularmente las instrucciones de sus amos corporativos para eliminar las regulaciones que dificultan los beneficios y salvan vidas –y dirigiendo la carrera hacia el abismo de la catástrofe medioambiental, con diferencia su mayor crimen; de hecho el mayor crimen de la historia si consideramos las consecuencias.

A principios de enero ya había poca duda de lo que estaba ocurriendo. El 31 de diciembre China informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la propagación de síntomas similares a los de la neumonía de causas desconocidas. El 7 de enero, China informó a la OMS de que los científicos habían identificado el origen de la enfermedad como un coronavirus y habían conseguido secuenciar el genoma, que pusieron a disposición del mundo científico. A lo largo de enero y febrero, la inteligencia estadounidense intentó captar la atención de Trump de todas las formas posibles sin conseguirlo. Los funcionarios informaron a la prensa de que “no conseguían convencerle de que hiciera nada a ese respecto aunque las luces de alarma estaban encendidas”.

Pero Trump no permaneció callado. Emitió una serie de declaraciones confiadas informando al público de que el coronavirus no era más serio que una tos; que tenía todo bajo control; que estaba manejando la crisis a la perfección; que era muy grave pero que él ya sabía que era una pandemia antes que nadie; y así sucesivamente, con todo el repertorio de lamentables afirmaciones. La técnica está bien diseñada, como la práctica de ir soltando mentiras tan deprisa que el propio concepto de verdad desaparece. Pase lo que pase, Trump está seguro de que sus leales seguidores le defenderán. Cuando disparas flechas al azar, alguna tiene que dar en el blanco.

Para rematar este impresionante record, el 10 de febrero, con el virus recorriendo el país de punta a punta, la Casa Blanca publicó su propuesta de presupuesto anual, que amplia aún más los fuertes recortes en todas las principales partidas sanitarias responsabilidad del gobierno (de hecho, en prácticamente cualquier cosa que pueda ayudar a la gente) al tiempo que incrementa la financiación de lo que realmente importa: el ejército y el muro [con México].

Una consecuencia de esto es el escandaloso retraso de las pruebas y lo limitado de estas, muy por debajo de otros países, lo que imposibilita el uso de estrategias de seguimiento de los contagios que han evitado que la epidemia se descontrole en las sociedades funcionales. Incluso los mejores hospitales carecen de suficiente equipamiento básico. Estados Unidos es en estos momentos el epicentro de la crisis.

Este ejemplo es apenas una pequeña muestra de la malevolencia trumpiana, pero lamentablemente ahora no tenemos más espacio para profundizar.

Aunque resulta tentador echar la culpa a Trump de la desastrosa respuesta ante la crisis, si queremos prevenir futuras catástrofes, es preciso que miremos más allá de su figura. Trump asumió el poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo profundamente enraizado.

La versión neoliberal del capitalismo lleva en vigor desde los tiempos de Reagan y Margaret Thatcher. No debería hacer falta detallar sus funestas consecuencias. La generosidad de Reagan con los superricos tiene una relevancia absoluta en la crisis actual, cuando se prepara un nuevo rescate. Reagan se apresuró a levantar la prohibición de los paraísos fiscales y otros mecanismos destinados a trasladar la carga fiscal al público, además de autorizar la recompra de acciones –un mecanismo para inflar el valor de las acciones y enriquecer a la dirección de las empresas y a los muy ricos (que poseen la mayor parte de las acciones) al tiempo que se debilita la capacidad productiva de la compañía.

Estos cambios en la regulación tienen enormes consecuencias, del orden de decenas de billones de dólares. Por lo general, las reglas se han diseñado para beneficiar a una pequeña minoría mientras el resto tiene que luchar por mantenerse a flote. De esa manera hemos llegado a tener una sociedad en la que el 0,1 por ciento de la población posee el 20 por ciento de la riqueza y la mitad de abajo tiene un patrimonio neto negativo y vive a base de endeudarse un mes tras otro. Mientras los beneficios crecían y los salarios de los grandes directivos se disparaban, los salarios reales se han estancado. Como muestran los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman en su libro The Triumph of Injustice, los impuestos son básicamente planos en todos los grupos de renta, excepto en el más elevado, donde descienden.

El sistema sanitario privado (y con ánimo de lucro) estadounidense es desde hace tiempo un caso de escándalo a escala internacional, pues tiene un coste que duplica al de otras sociedades desarrolladas y uno de los peores resultados. La doctrina neoliberal le asestó otro golpe al introducir en él medidas empresariales de eficiencia: servicio bajo demanda y falta de reservas para contingencias. A la menor alteración, el sistema se viene abajo. Lo mismo ocurre con el frágil orden económico forjado sobre los principios neoliberales.

Este es el mundo heredado por Trump, el objetivo de su ariete. Aquellos interesados en reconstruir una sociedad viable a partir de las ruinas que queden tras la crisis actual harían bien en prestar atención al aviso de Vijay Prashad: “No volveremos a la normalidad, porque la normalidad era el problema”.

Sin embargo, incluso ahora, con el país en mitad de una emergencia de salud pública distinta de cualquier cosa que hayamos visto en mucho tiempo, al público estadounidense se le sigue diciendo que la sanidad universal no es una propuesta realista. ¿Es el neoliberalismo el único responsable de este punto de vista típicamente estadounidense sobre la salud?

Es una historia compleja. Para empezar, durante mucho tiempo las encuestas mostraban actitudes favorables hacia la sanidad universal, a veces incluso un fuerte apoyo. En los últimos años de la era Reagan, en torno al 70 por ciento de la población pensaba que la Constitución debería garantizar los cuidados sanitarios y el 40 por ciento pensaba que de hecho ya era así –asumiendo que la Constitución era la depositaria de todo lo que es evidentemente correcto. Las encuestas mostraban un gran apoyo al derecho a la sanidad universal, hasta que comenzó la ofensiva de propaganda de las compañías, advirtiendo de la enorme carga fiscal que eso supondría, algo parecido a lo que hemos visto recientemente. Entonces el apoyo popular desapareció.

Como suele ocurrir, la propaganda tiene un elemento de verdad. Los impuestos subirán, pero los gastos totales descenderán bruscamente, como muestran los datos de países comparables. ¿Cuánto? Hay algunas estimaciones interesantes. Una de las principales revistas médicas del mundo, The Lancet de Reino Unido, publicó recientemente un estudio que estimaba que la implantación de la sanidad universal en Estados Unidos “probablemente supondría un ahorro del 13 por ciento en el gasto sanitario nacional, equivalente a más de 450.000 millones de dólares anuales (según el valor del dólar en 2017)”. El estudio continuaba afirmando:

“Todo el sistema podría financiarse con un menor desembolso que el que contraen las empresas y las familias que pagan las pólizas sanitarias junto con las partidas asignadas por el gobierno. Este cambio a una sanidad de un solo pagador beneficiaría especialmente a los hogares de menores ingresos. Además, estimamos que el acceso a los cuidados sanitarios para toda la población estadounidense salvaría más de 68.000 vidas y 1,73 millones de años de vida cada año, en relación con la situación actual”.

Pero los impuestos tendrían que subir. Y parece que muchos estadounidenses prefieren gastar más dinero siempre que no sea en impuestos (aunque por otro lado eso suponga la pérdida de decenas de miles de vidas cada año). Este es un indicador sintomático del estado de la democracia estadounidense, según la percibe la gente; y, desde otra perspectiva, de la fuerza del sistema doctrinario diseñado por el poder empresarial y sus lacayos intelectuales. El ataque neoliberal ha intensificado este elemento patológico de la cultura nacional, pero las raíces son mucho más profundas y se pueden observar en muchos ejemplos. Se trata de un tema que merece la pena investigar más.

Algunos países europeos están gestionando la propagación del coronavirus mejor que otros, pero parece que los que han tenido más éxito en esta tarea se sitúan fuera del universo occidental (neo)liberal. Hablamos de Singapur, Corea del Sur, Rusia y la misma China. ¿Cree que este dato nos aporta información sobre los regímenes capitalistas occidentales?

Ha habido diferentes reacciones frente a la propagación del virus. China parece haberla controlado, al menos por ahora. Al igual que los países de su periferia, incluyendo a democracias no menos dinámicas que las occidentales, que tomaron muy en serio los primeros avisos. La mayor parte de Europa retrasó la toma de decisiones, pero algunos países actuaron con presteza. Alemania parece mantener el record global en cuanto a baja mortalidad, gracias a la reserva de instalaciones sanitarias y capacidad de diagnóstico y a la respuesta inmediata. Lo mismo parece ocurrir con Noruega. La reacción de Boris Johnson en Reino Unido fue vergonzosa. Pero los Estados Unidos de Trump van a la cola.

Sin embargo, la diligencia con que actuó Alemania con su población no se extendió más allá de sus fronteras. La Unión Europea ha demostrado estar cualquier cosa menos unida. No obstante, las sociedades europeas enfermas podrían pedir ayuda al otro lado del Atlántico. La superpotencia cubana está lista para ayudar una vez más con médicos y equipo. Mientras tanto, su vecino yanqui se ha dedicado a retirar la asistencia sanitaria a Yemen, donde ha contribuido a crear la mayor crisis humanitaria del mundo, y utiliza la oportunidad que le presenta la devastadora emergencia sanitaria para endurecer sus crueles sanciones y asegurar el máximo sufrimiento de sus supuestos enemigos. Cuba es su víctima más prolongada, desde los tiempos de las guerras terroristas y el estrangulamiento económico de Kennedy, aunque milagrosamente ha conseguido sobrevivir.

A propósito, debería ser extremadamente perturbador para los estadounidenses comparar el circo montado por Washington con los informes serenos, comedidos y objetivos de Angela Merkel sobre cómo manejar la epidemia.

Las distintas maneras de responder a la crisis no parecen depender de si el país es una democracia o una autocracia, sino de si su sociedad es funcional o disfuncional –lo que en la retórica de Trump se resume como “países de mierda”, como el que él mismo se esfuerza en crear bajo su mandato.

¿Qué piensa del plan de rescate económico del coronavirus, valorado en 2 billones de dólares? ¿Es suficiente para prevenir otra posible gran recesión y ayudar a los grupos más vulnerables de la sociedad estadounidense?

El plan de rescate es mejor que nada. Ofrece un alivio limitado a algunos de los que lo necesitan desesperadamente y contiene fondos suficientes para ayudar a los verdaderamente vulnerables: las lastimosas corporaciones que acuden en tropel a papá Estado, con el sombrero en la mano, ocultando sus copias de Ayn Rand* y suplicando una vez más que el sector público las rescate tras haber pasado sus años gloriosos amasando inmensos beneficios y ampliando estos con una orgía de recompra de acciones. Pero no hay de qué preocuparse. La caja negra será supervisada por Trump y su Secretario del Tesoro, en quienes se puede confiar que serán justos e imparciales. Y si deciden ignorar las demandas del nuevo inspector general y del Congreso, ¿quién va a evitarlo? ¿El Departamento de Justicia de Barr? ¿Un impeachment?

Deberían haberse diseñado mecanismos para que la ayuda llegue a quienes la necesitan, a los hogares, más allá de la miseria que parece habérseles asignado. Eso incluye a las personas trabajadoras que tenían verdaderos empleos y al enorme precariado que malvivía con empleos temporales e irregulares, pero también a otros: a quienes ya habían tirado la toalla, los cientos de miles de víctimas de “muerte por desesperación”** –una auténtica tragedia americana–, los sin techo, los presos, todos los que habitan viviendas tan inadecuadas que no es posible el aislamiento y el almacenamiento de comida, y muchos otros que no son difíciles de identificar.

Los economistas políticos Thomas Ferguson y Rob Johnson lo han explicado llanamente: Mientras la sanidad universal que es común en otros lugares se considere algo inalcanzable en Estados Unidos, “no hay ninguna razón por la que se deba aceptar un seguro único financiado por las empresas” Estos autores hacen un compendio de maneras sencillas de superar esta forma de robo corporativo.

Como mínimo, la práctica habitual de rescatar con dinero público al sector empresarial debería exigir como contrapartida la estricta prohibición de recompra de acciones, una participación importante de los trabajadores en la gestión de la empresa y el final de las escandalosas medidas proteccionistas de los mal llamados “acuerdos de libre comercio”, que garantizan enormes beneficios para las grandes farmacéuticas mientras aumentan el precio de los medicamentos mucho más de lo que sería razonable. Como mínimo.

Esta entrevista ha sido editada para facilitar su lectura.

  1. de T.: *Filósofa y escritora rusa que obtuvo la nacionalidad estadounidense y que defendía el egoísmo racional, el individualismo y el laissez faire y rechazaba el altruismo y el socialismo.

**Chomsky hace aquí referencia a la “epidemia” de suicidios de trabajadores en EE.UU. (del orden de 150.000 cada año), y a un libro de Anne Case y Angus Deaton, ganadores del Nobel de Economía en 2015 y autores del libro Deaths of Despair and the Future of Capitalism, al que cita indirectamente el filósofo.

Por C.J. Polychroniou | 06/04/2020 | Noam Chomsky

Traducido para Rebelión por Paco Muñoz de Bustillo

Fuente: https://truthout.org/articles/chomsky-ventilator-shortage-exposes-the-cruelty-of-neoliberal-capitalism/

El presente artículo puede reproducirse libremente siempre que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

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Lunes, 06 Abril 2020 06:18

Pandemia neoliberal

Camiones de refrigeración que se utilizan como depósito temporal de cadáveres quedaron estacionados ayer afuera del hospital Bellevue, en Nueva York.Foto Afp

Ya sabemos que no tenía que ser así, que este desastre no tenía que tener estas dimensiones, que la ciudad de todos en el mundo, Nueva York, no tenía que estar sobre las rodillas gravemente herida, con lágrimas y llanto en sus más de 200 idiomas, que todo Estados Unidos no tenía que estar bajo sitio, con los más pobres y desprotegidos sufriendo las peores consecuencias, como siempre. No tenía que ser así.

Trump "tiene sangre en sus manos", concluyó el Boston Globe en su editorial la semana pasada, argumentando –al igual que un coro cada vez más amplio de expertos, investigadores, doctores y líderes sociales– que gran parte del impacto de la pandemia en este país "era prevenible" y que vale recordar que "el alcance del virus aquí no es atribuible a un acto de Dios o una invasión extranjera, sino un fracaso colosal de liderazgo". (https://www.bostonglobe.com/2020/ 03/30/opinion/president-unfit-pandemic/).

Pero la culpa no es sólo de Trump. Se sabía en lo más alto desde hace años que este y otros países estaban en riesgo de exactamente algo así (las agencias de salud pública desde la previa amenaza de un coronavirus en 2004, el Pentágono había pronosticado precisamente algo así desde 2017, entre otras) y no se hizo lo necesario. El fracaso es bipartidista; no son sólo los Reagan y los Bush, sino los Clinton y los Obama quienes prepararon el camino para llegar a esto hoy día.

Y aunque se contaba desde hace años con el conocimiento y los pronósticos científicos sobre lo que ahora está sucediendo, "la patología del orden socioeconómico contemporáneo" impidió que se hiciera algo, por la sencilla razón de que "no hay ganancias en prevenir una catástrofe en el futuro", comentó Noam Chomsky hace unos días. En entrevista con Truthout subrayó que para superar esta crisis primero se tiene que entender que "Trump llegó al poder en una sociedad enferma, afligida por 40 años de neoliberalismo", el cual incluye un sistema de salud privatizado.

Ahora todos estamos amenazados, con amigos y familiares enfermos o que han fallecido, con colegas en el sector de salud agotados y devastados por lo que están viviendo bajo condiciones injustificables en el país más rico del mundo, resultado del desmantelamiento del sistema de salud y su subordinación al libre mercado. Ni hablar de la clausura de la economía más grande del mundo con millones de desempleados y la anulación de la vida cotidiana, incluyendo escuelas y centros de trabajo, toda la cultura y el deporte. Y no tenía que ser así.

Con las consecuencias del Covid-19 queda claro que lo que existe no es sustentable, casi de la misma manera en que con el cambio climático. Guste o no, como resultado de esta pandemia empezó un cambio, tal vez estructural. Qué tipo de cambio será depende, como siempre, de una lucha entre los que desean "regresar" a otra versión de más de lo mismo y los que argumentan que ya no se debe restablecer lo que antes se definía como "normal", porque ese "normal" era justo el problema.

Es un virus, pero al mismo tiempo es una enfermedad que podría llamarse la pandemia neoliberal. Además de su feroz y temible expresión física de salud, tal vez esta crisis social, económica y política también está produciendo los anticuerpos requeridos para salvarnos de la infección neoliberal.

“Los habitantes, finalmente liberados, nunca olvidarán el periodo difícil que los hizo enfrentar lo absurdo de su existencia y la precariedad de la condición humana… Lo que es verdad de todos los males del mundo es también verdad de la peste. Ayuda a los hombres elevarse sobre sí mismos”, escribió Albert Camus. En su obra La peste, el protagonista, el Dr. Rieux, comenta que "podría parecer una idea ridícula, pero la única manera de luchar contra la peste es con la decencia".

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Coronavirus y la otra pandemia: el desmantelamiento de la salud en el mundo

El verdadero motivo de alarma, en Occidente por lo menos, es el desborde de los servicios sanitarios. La posibilidad de que mueran muchas personas por no tener acceso a hospitales abarrotados se convertiría en una crisis política que los Gobiernos buscan eludir con medidas draconianas de aislamiento forzado.

Más que la gravedad de la pandemia de coronavirus, preocupa el elevado nivel de contagio en poco tiempo, que es la causa del desborde del sistema sanitario. Si se prolongara durante dos años, como prevén algunos expertos, pero no hubiera grandes picos de internación, la situación sería menos grave.

En síntesis, el nudo del problema está en los sistemas de salud, que se han venido deteriorando como consecuencia de las políticas neoliberales de reducción de gastos sociales y privatización de servicios. Un somero repaso de las cifras de camas por habitante en diferentes países, pone al descubierto la crisis del sistema de salud.

Los cambios se aceleraron a raíz de la crisis de 2008. En 2006, la Unión Europea tenía 574 camas cada 100.000 habitantes, pero en 2017 la cifra había caído a solo 504 camas. Una disminución del 12%.

En la parte más alta de la gráfica, figura Alemania con 800 camas en 2017 (830 en 2016), el único país europeo que cumple con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de no menos de 800 camas cada 100.000 habitantes.

No es casualidad que Alemania presente en este momento uno de los niveles más bajos de muertos por infectados: 24 entre 9.257 infectados a fecha de la publicación de este artículo, apenas el 0,26%, diez veces menos que China y treinta veces menos que Italia, que supera el 7%.

Italia se sitúa en uno de los lugares más bajos de la tabla europea: en 2006 tenía 399 camas cada 100.000 personas y en 2017 cayó a solo 318, un descenso estrepitoso del 20%. Países mucho más pobres como Rumanía y Polonia, incrementaron las camas por habitante de 674 a 689 y de 647 a 662, respectivamente.

Bulgaria que tiene un PBI por habitante cuatro veces más bajo que Italia, aumentó su disponibilidad de camas en más del 18% en el mismo período. Datos generales que enseñan que la salud no depende mecánicamente de la riqueza de un país, sino de que sus autoridades la consideren un servicio o un negocio.

En América Latina, la disposición de camas muestra una situación aun peor. Cuba marcha a la cabeza con 520 camas cada 100.000 habitantes, seguida por Argentina con 500. A muchísima distancia le sigue Uruguay, con 280 camas, Brasil y Chile con 220. Una lista que se cierra con Haití, Honduras, Venezuela y Nicaragua, con menos de cien camas.

 

Privatización, la otra pandemia

 

La privatización de los servicios es otro dato fundamental, ya que aumenta la desigualdad en el acceso a la salud. En España la sanidad privada representa ya más del 30% del gasto sanitario, algo que se traduce en mayor opacidad y menor transparencia, según la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Según la misma organización, Madrid es la región que lidera los índices de privatización, así como el porcentaje de camas privadas sobre el total (27,7% en Madrid versus 5,1% en La Rioja). En la privada los datos enseñan sobre la utilización de estudios caros, como las pruebas diagnósticas de imagen. Un informe del sindicato UGT asegura que "en los últimos cuatro años, el porcentaje de inversión en la privada multiplicaba por tres el de la pública".

Una inversión de carácter especulativo, ya que no impidió que la crisis del coronavirus tenga su foco principal en la capital española, con el 44% de los contagios del país y el 72% de los muertos, al 17 de marzo.
Madrid destina elevadas sumas a la "atención especializada", cara y con resultados dudosos, mientras "destina muy poco a la Atención Primaria, que requiere de una inversión fuerte y urgente porque es el primer peldaño de la sanidad", según Marciano Sánchez Bayle, presidente de la FADSP.

En Italia, en diez años se perdieron 70.000 camas hospitalarias, se cerraron 359 departamentos y numerosos hospitales pequeños fueron abandonados. Entre 2009 y 2018 el gasto en salud creció 10%, frente a 37% de la OCDE.

Entre enero y febrero, el sector sanitario español perdió 18.320 trabajadores, en plena expansión del coronavirus. Además, los sindicatos del sector denuncian abuso de la contratación de interinos y la precariedad en el empleo, mientras las condiciones de trabajo son cada vez más duras.

 

Estados Unidos, líder mundial en desmantelamiento de la salud

 

Podríamos establecer una geopolítica del desmantelamiento de la salud y de la crisis sanitaria. Uno de los epicentros sería Estados Unidos, según el sociólogo y urbanista Mike Davis.

"La temporada de gripe de 2018, por ejemplo, superó a los hospitales de todo el país, mostrando la escandalosa escasez de camas hospitalarias después de 20 años de recortes de la capacidad de hospitalización en aras al beneficio".

Davis destacada los cierres de clínicas privadas y la escasez de personal, impuestos por la lógica de mercado, que "han devastado los servicios sanitarios en las comunidades más pobres y zonas rurales, trasladando la carga a hospitales públicos infradotados y clínicas para veteranos".

Los servicios de urgencias están sobrecargados, por lo que asegura que su país se enfrenta a un "Katrina sanitario", en referencia al huracán que arrasó la ciudad de Nueva Orleans en 2005.

Davis nos recuerda que "nada menos que 380.000 pacientes de residencias de ancianos mueren cada año debido al incumplimiento por parte de estas entidades de los procedimientos básicos de control de infecciones".

Como sabemos, Estados Unidos es el país referente en la privatización de la salud. Davis denuncia que las grandes empresas farmacéuticas dejaron de invertir en el desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales.

"Los medicamentos para el corazón, los calmantes adictivos y los tratamientos de la impotencia masculina encabezan la lista de los más rentables, pero no los destinados a combatir las infecciones hospitalarias, las nuevas enfermedades y las tradicionales patologías tropicales".

Por eso vaticina que "dentro de un año puede que admiremos retrospectivamente el éxito de China en la contención de la pandemia, pero que nos horroricemos ante el fracaso de EEUU".

22:11 GMT 17.03.2020(actualizada a las 22:14 GMT 17.03.2020) URL corto

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Jóvenes millennials trabajan en presentaciones de la Semana de la Moda, en NY.Foto Ap

Siempre me intrigó la forma tan singular en la que EU maneja su triple contabilidad: la del fisco, la real, y la “contabilidad invisible (off balance sheet)” de sus macabros hedge funds (fondos de cobertura de riesgo).

EU exhibe varios "agujeros negros" contables que sólo se explican por la doble cobertura de su dotación de armas nucleares y su control, todavía, del sistema financiero global con su arma más letal: el dólar.

Dejo para otra ocasión el escrutinio del "agujero negro" del Pentágono por 35 millones de millones de dólares (https://yhoo.it/39dpfaa): ¡Equivalente al PIB nominal de China y EU juntos!

La colosal deuda universitaria de los millennials todavía no llega al grado de "agujero negro", pero representa el segundo mayor endeudamiento de EU en la categoría de "deuda de consumo": detrás de las hipotecas y antes que los adeudos de las tarjetas de crédito.

Las estadísticas sobre la deuda estudiantil de los derrelictos millennials "muestra que 43 millones de prestatarios adeudan colectivamente 1.6 millones de millones de dólares en deuda federal y privada", según el Consejo de Gobernadores del Sistema del Gobierno Federal (https://bit.ly/2UAQ3Nk).

Los graduados deben 29 mil 200 dólares en promedio. Es impactante el adeudo promedio de los graduados del sector salud: dentistas 285 mil 184 dólares; médicos 196 mil 520 dólares; y especialistas en farmacia 166 mil 526 dólares.

Quizá el ambiente de capitalismo tan salvaje explique el alto costo de la salud en EU, el más caro del planeta, que resalta una paradójica brecha entre un patético acceso –por cierto, catalogado como uno de los peores del mundo–, y el auge desmedido del Big Pharma que tiene ingresos por casi un millón de millones de dólares (https://bit.ly/39nTElY).

No faltan las consabidas acrobacias contables en EU de sus grupos de interés.

Resalta el choque conceptual entre los multimillonarios y el "socialista demócrata" Bernie Sanders, ídolo de los millennials (https://bit.ly/37eMu20).

Los multimedia de los multimillonarios –tipo Bloomberg, Forbes y Jeff Bezos– aseveran que no existe tal "crisis de deuda estudiantil" y que sólo se trata de un artefacto contable de los graduados desempleados y subempleados que no pueden pagar lo adeudado y quienes conforman el rubro de la deuda mínima de cinco mil dólares, más manejable (https://brook.gs/38eQX67).

The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos –el hombre más rico del mundo con 127 mil millones de dólares, rechazó el plan de Bernie (https://wapo.st/37iEVHW), mientras el "socialista demócrata" ha propuesto un plan revolucionario de "Cuidados Médicos para Todos" y de cancelar el colosal adeudo de los graduados, lo cual contribuiría a mejorar la economía de EU (https://bit.ly/3bkUd25).

El plan idealista e idílico de Bernie sería impecable en una "democracia" cuando EU, en su triste realidad, practica una plutocracia proto-teocrática.

A juicio de Bernie, con la cancelación de la deuda estudiantil, la economía tendría un estímulo de un millón de millones de dólares en la próxima década y aportaría 1.6 millones de nuevos empleos cada año.

Una de sus soluciones consiste en imponer una tasa de riqueza a los especuladores de Wall Street.

A veces Bernie peca de cándido cuando pide tratar el rescate de los adeudos de los estudiantes millennials de la misma manera en que fue salvada la banca de Wall Street en 2008.Eso es no entender en absoluto la estructura del complejo militar-tecno-industrial-bursátil de EU.

Si la cancelación de la deuda estudiantil representa una quimera, suena todavía más utópica su propuesta de que la educación en EU sea gratuita y libre de adeudos.

La degradación de la otrora ejemplar educación universitaria en EU ha llegado a grados inconcebibles con el escándalo de las admisiones a sus universidades literalmente compradas (https://bbc.in/37i7Bkl) cuyo ejemplo icónico ha sido el de Douglas Hodge –filántropo (sic) y ex mandamás de Pimco, la magna firma de inversiones–, quien sobornó con un millón de dólares para el ingreso fraudulento de sus cuatro hijos a las prestigiadas universidades de EU (https://bbc.in/38e3aYW).

¿Tiene futuro este EU?

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Sábado, 01 Febrero 2020 06:13

La emergencia climática como negocio

La emergencia climática como negocio

Justo antes de que los super-ricos del planeta se reunieran en el Foro Económico Mundial en Davos el mes pasado, la trasnacional Microsoft anunció sus planes de volverse una empresa “negativa en emisiones de carbono” para 2030. Poco antes, BlackRock, la billonaria y mayor gestora de inversiones especulativas del globo, aseguró que cambiaría parte de sus inversiones para atender el cambio climático. La “emergencia climática” fue uno de los temas centrales en las sesiones del Foro de Davos este año. Otras grandes empresas, muchas culpables del caos climático, como las de agronegocios, energía, automotoras, plataformas digitales, han hecho recientemente declaraciones similares.

¿Significa esto que las trasnacionales, principales causantes del cambio climático, finalmente asumirán la gravedad de la situación y cambiarán sus causas? Claro que no. Lo que están haciendo es asentar una nueva ola de oportunidades de negocio. Por ejemplo, nuevas formas de apropiarse de la tierra y los ecosistemas –con graves impactos sobre las comunidades y el ambiente– y el desarrollo de tecnologías de geoingeniería.

Engloban estas propuestas con expresiones engañosas, como “soluciones basadas en la naturaleza”, “reducción neta de emisiones”, “carbono neutral”, “cero emisiones” netas o el aún más absurdo “emisiones negativas”. Absurdo porque no existe ningún gas que una vez emitido sea menos que cero. Todas son trampas de lenguaje, ya que no reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que alegan compensar esas emisiones para justificar el seguir contaminando. No son reducciones, sino malabarismos contables para que la suma termine en cero o incluso en “negativo”, caso en el cual la humanidad quedará debiéndoles el favor a las empresas que causaron el desastre.

Microsoft, justamente, afirma que para 2030 tendrá emisiones de carbono negativas y para 2050 habrá removido toda la huella histórica de carbono de la empresa, incluso la de los usuarios de sus productos. Para ello, por una parte, continuará con “compensaciones” de carbono (por ejemplo, invertir en monocultivos de árboles u otras actividades que compensen sus emisiones supuestamente absorbiendo carbono). Además, anunció nuevas acciones, como el cambio en sus instalaciones a transportes eléctricos o basados en agrocombustibles. Medidas similares anunciaron también Amazon, Apple y Alphabet (dueña de Google), ya que las plataformas digitales consumen una enorme cantidad de energía. Es poco conocido, pero todas están entre los principales consumidores de energía en Estados Unidos. Este cambio podría parecer positivo, pero debe ser analizado a la luz de a qué fuente de energía se refieren y cómo se obtiene. Por ejemplo, la bioenergía y los biocombustibles, si se analiza su ciclo de vida completo, usan más petróleo y emiten más gases de lo que dicen sustituir.

Microsoft explica que no sólo compensará emisiones, sino también removerá carbono de la atmósfera, usando una mezcla de “soluciones basadas en la naturaleza” y “soluciones” tecnológicas. Lo primero debe traducirse como la intención de apropiarse de territorios que considere fuentes significativas de absorción y retención de carbono, de bosques a humedales, turberas y mares. Además, promoción y cabildeo para que los suelos agrícolas sean aceptados como sumideros de carbono, algo que actualmente no sucede, porque la absorción en suelos no es permanente. No sólo Microsoft, sino todas las empresas que ahora hablan de “soluciones climáticas basadas en la naturaleza” se proponen abrir nuevos frentes de disputa por el control de campos agrícolas y territorios, que esperan les sirvan para obtener nuevos créditos comerciables en los mercados de carbono, pese a que está demostrado que esos mercados no han funcionado para combatir el cambio climático.

En cuanto a “soluciones” tecnológicas, Microsoft anunció el aumento exponencial de apoyo a tecnologías de geoingeniería. Bill Gates, fundador de esta empresa, es actualmente el principal financiador privado de investigación en estas tecnologías de manipulación del clima. Ahora Microsoft anunció la creación de un fondo por mil millones dólares para desarrollo de tecnologías de geoingeniería. Comenzarán con bioenergía, con captura y almacenamiento de carbono (Beccs, por sus siglas en inglés), y “captura directa de aire”, que son megainstalaciones que filtran aire y separan el dióxido de carbono con sustancias químicas. No está claro dónde lo almacenarían para que no retorne a la atmósfera. Como todas las tecnologías de geoingeniería, requieren grandes cantidades de energía, son de alto costo y no está técnica ni ambientalmente probado que puedan funcionar a la escala necesaria para afectar el cambio climático. El fondo estará abierto a financiar también otras técnicas de geoingeniería, incluso la modificación de radiación solar, con lo cual se convertirá en el mayor fondo de promoción de la geoingeniería hasta ahora.

Por sus altos riesgos e incertidumbres, el despliegue de geoingeniería está bajo moratoria en Naciones Unidas, algo que será necesario afirmar ante estos nuevos ataques corporativos (https://tinyurl.com/vztyloz).

Por  Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC

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