Sábado, 18 Mayo 2019 07:00

La batalla por las calles

La batalla por las calles

Cuba y el control de la protesta pública.

Luego de que el gobierno decretara la cancelación de las tradicionales “congas” de la diversidad sexual, unas doscientas personas marcharon en La Habana por los derechos de la comunidad Lgtbiq, un acontecimiento que terminó con varios detenidos y levantó críticas contra la actuación policial. El episodio echa luz sobre los límites de la “apertura” cubana y la compleja posición de las disidencias.
La primera convocatoria había sido anunciada para la mañana en la ciudad de Santiago de Cuba, la segunda más importante del país, casi mil quilómetros al sureste de La Habana. Pero hacia las nueve ya era evidente su fracaso: sólo una veintena de personas había acudido a la Plaza de Marte para participar en la inédita marcha del orgullo gay. Ese sábado 11 en la tarde, en declaraciones a un medio digital alternativo, Ezequiel Fuentes Morales, uno de los congregados, aseguró que “aunque la comunidad (Lgtbiq) está disgustada, teme a la represión y prefiere callar”.


Por primera vez la celebración no era organizada bajo el auspicio del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución adscripta al Ministerio de Salud Pública y dirigida por la socióloga y diputada Mariela Castro, hija del todavía primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Raúl Castro.


Días atrás, el Cenesex había anunciado que este año no saldrían a la calle sus tradicionales “congas por la diversidad”. Como argumento justificatorio, se expuso “la agudización de la agresividad contra Cuba y Venezuela (que) ha envalentonado a grupos (que) intentan tergiversar la realidad de Cuba, y (…) pretenden utilizar nuestra conga para desacreditar, dividir y sustituir el verdadero sentido de esta actividad”.
Durante la última década, las “congas por la diversidad” –una suerte de marcha de la diversidad en versión tropical– han constituido el momento cumbre de las Jornadas Cubanas contra la Homofobia y la Transfobia, que cada mes de mayo tienen sus “sedes centrales” en La Habana y en alguna capital de provincia escogida a tal efecto. Este año la elección recayó en la centroriental ciudad de Camagüey, la tercera de la isla en cuanto a población e importancia, pero una de las más conservadoras debido a la influencia de iglesias, como la católica.


Mientras se discutían allí los planes para los festejos (no fue hasta mediados de la semana anterior que las autoridades aprobaron una versión limitada de la programación original), en La Habana se desataba una tormenta de mensajes, convocatorias y contraconvocatorias a través de Facebook y otras redes digitales. La esencia de los debates podía resumirse en dos posiciones: aceptar la suspensión de la conga e incorporarse al resto de la cartelera preparada por el Cenesex, o acudir el sábado en la tarde al céntrico Paseo del Prado capitalino, para marchar sin autorización oficial. A pesar del fracaso matutino en la “cuna de la Revolución”, a las cuatro y media de la tarde unos doscientos habaneros optaron por esa última opción.


LA CALLE, DE LOS REVOLUCIONARIOS.


La de las calles fue una de las primeras batallas libradas por Fidel Castro y sus seguidores luego del 1 de enero de 1959. Pocas victorias han tenido una importancia mayor. Un estudio publicado en 2015 por la investigadora Claudia González Marrero, doctoranda en el Centro de Estudios para la Cultura de la Universidad Justus Liebig, de Berlín, lo resalta desde su propio título: “La calle es de los revolucionarios: Políticas normativas e imaginario social cubano”.


El monopolio de la movilización popular y de la representación de sus intereses constituye una fuente esencial de legitimidad para la dirigencia isleña. “Expresiones de disconformidad o cuestionamiento público han sido conductas, si bien no negadas, reorientadas y absorbidas por el propio proceso normativo. Las críticas han sido aceptadas siempre que sean emitidas desde los espacios instituidos y organizados para ello”, apunta la estudiosa al describir una dinámica de poder que ha evolucionado a la par del país.


Los hechos confirman su efectividad. No fue hasta el 5 de agosto de 1994 que en La Habana se produjeron los únicos disturbios de alguna consideración, que registra la historia reciente de Cuba. Significativamente, las contramarchas que aquella tarde pusieron fin a los desórdenes avanzaron bajo la consigna de“¡Esta calle es de Fidel!”, remarcando un derecho de posesión que el gobierno-partido está obligado a conservar.


Tal privilegio es refrendado por la nueva Constitución, que de manera implícita subordina libertades individuales, como las de reunión, manifestación y asociación, a la “necesidad de proteger nuestra soberanía e independencia”, según explicación brindada en el Parlamento por el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta. Aun así, teniendo en cuenta las numerosas normas que habrán de complementar la carta magna aprobada el 24 de febrero, no faltó quien especulara respecto a la posibilidad de que fuera establecida una suerte de protocolo para la convocatoria ciudadana de marchas y otras iniciativas de esa índole. Como anticipándolo, a comienzos de abril fue autorizada una manifestación en contra del maltrato animal, que reunió en La Habana a casi medio millar de personas. Poco después, la solicitud para un evento similar era recibida por el gobierno de la central ciudad de Santa Clara, y en otras, como Camagüey y Pinar del Río, grupos interesados en el tema se preparaban para presentar las suyas.


En definitiva, la tendencia fue cortada de raíz a finales del mes pasado, con la destitución del funcionario que había dado luz verde a la solicitud capitalina y la denegación de la presentada ante las autoridades santaclareñas. La facultad “movilizadora” seguirá siendo derecho exclusivo del gobierno, el partido y las organizaciones de masas que se le subordinan.


¿POR QUÉ LOS ANIMALES Y LA COMUNIDAD LGTBIQ?


La marcha por la diversidad sexual, que finalmente tuvo lugar el 11 de mayo en La Habana, fue cubierta por una miríada de corresponsales extranjeros, que pudieron enviar a sus redacciones una jugosa cosecha informativa. Como era de esperar, el momento cumbre de la tarde se produjo cuando la marcha arribó al final de la zona peatonal del Prado y pretendió cortar el tránsito de la concurrida calle San Lázaro para continuar rumbo a Malecón.


¿A dónde se dirigía? Nadie parece saberlo. “Todos los amigos de mi grupo que nos reunimos ese día nos pusimos de acuerdo en Facebook. Por lo que se decía, siempre pareció que la caminata tendría lugar en el Parque Central y el Prado”, contó a Brecha una joven comunicadora social para quien la culminación “natural” de la cita era la “besada” pública, que en la ocasión protagonizaron decenas de parejas. De ahí en más, “creo que todo el mundo tenía sus propios planes. Una amiga mía, por ejemplo, iba preparada para seguir luego hacia el José Antonio (el círculo social José Antonio Echevarría, donde el Cenesex desarrollaba a esa misma hora una fiesta)”.


Muchos, en efecto, lo hicieron. Si bien al día siguiente las portadas de numerosos diarios extranjeros resaltaron la “fuerte represión ordenada por el régimen”, lo cierto es que sólo cuatro personas terminaron esa tarde en el asiento trasero de un coche de patrulla. Cotejando las imágenes y los testimonios de algunos de los presentes, es posible definir casi con exactitud el momento de la confrontación. Sobre su principal animador no quedan dudas: fue el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, quien hace un año se vio envuelto en un enmarañado proceso judicial contra funcionarios del Cuerpo de Guardabosques y vecinos suyos en una finca que usufructúa en el paradisíaco Valle de Viñales. Con independencia de la publicación que se revise, es su detención la que acapara los lentes, por el dramatismo de verlo forcejear entre varios agentes vestidos de civil. Los fotorreporteros tuvieron poco más con que trabajar, pese al fuerte dispositivo policial montado en torno del Prado.


“Todo indica que la apuesta de algunas conocidas figuras de la llamada disidencia, que nunca se preocuparon ni ocuparon con propuestas ni mensajes constructivos por nuestros derechos como personas Lgtbi, era por enrarecer aun más el ambiente”, opinó Francisco Rodríguez Cruz en su blog, Paquito el de Cuba, un conocido reportero de la prensa estatal que se autodefine como “martiano, comunista y gay”. “Fue la agencia Efe la que reportó que en ese grupo había quienes al parecer tenían la intención de provocar un incidente (…), y es evidente que en parte lo lograron”, lamentó.


En los últimos años, el activismo por los derechos de los animales y de las personas con orientaciones sexuales diversas ha asumido buena parte de la centralidad mediática que en otros tiempos acaparaba la lucha contra la discriminación racial. De hecho, durante los debates populares sobre la nueva Constitución, el artículo 68 del proyecto (relativo a la posibilidad del matrimonio igualitario) fue uno de los más discutidos, motivando cerca del 10 por ciento de las intervenciones y propuestas. La campaña animalista, pese a no estar contemplada en el texto, también ganó notoriedad, aunque su mayor impacto estuvo en Internet y entre algunos sectores urbanitas, fundamentalmente capitalinos.


Para muchos, el matrimonio igualitario funcionó como una suerte de cortina de humo durante la consulta. El programa televisivo de mayor popularidad en el país, el humorístico Vivir del cuento, lo alertaría en una de sus emisiones. Como en la ficción, muchas reuniones terminaron centrándose en las implicaciones que tendría la hipotética modificación constitucional y no en temas como la política económica o la relación del Partido Comunista con el Estado.


Desde el exterior tampoco faltan los dobles raseros. Regularmente llegan a La Habana generosos donativos individuales para proyectos centrados en la protección de animales callejeros, la conservación del medioambiente o la promoción de colectivos minoritarios, por citar sólo algunos de los más comunes. La casi totalidad de tales emprendimientos se unifican bajo una premisa, al menos formalmente: no “recurrir a gobiernos, partidos políticos, ni Ong de ninguna parte (mucho menos a instituciones estatales cubanas)”. La frase textual pertenece a Isbel Díaz Torres, líder de Abra, un centro social y biblioteca libertaria definido como “empeño autoemancipatorio” por sus miembros. Tres años de campaña internacional permitieron allegar los fondos para que comenzara a funcionar en mayo de 2018, declaró, por entonces, el propio Isbel, quien el sábado se vio impedido de participar en la marcha del Prado, tras ser detenido junto con su pareja por la policía.


Entre las publicaciones más recientes de su perfil en Facebook llama la atención una que recuerda el Día Internacional de la Objeción de Conciencia al Servicio Militar (este 15 de mayo), asumiendo una posición contrapuesta a la del gobierno de La Habana, que en las últimas semanas ha manifestado su preocupación por la agresividad estadounidense y ha reafirmado la defensa como una de sus “tareas estratégicas”. Vale apuntar que la base de las Fuerzas Armadas Revolucionarias radica en los conscriptos del servicio militar, que por ley están obligados a cumplir todos los hombres mayores de 18 años; significativamente, la homosexualidad es uno de los contados motivos de exoneración.


“Con el matrimonio igualitario y la ley de protección animal se aplicó aquello de ‘jugar con la cadena, pero no con el mono’: con seguridad, alguna gente se extendió en esos tópicos para no meterse en problemas opinando sobre otros que podían ser complicados. Si fue una ‘habilidad’ del gobierno, fue una muy buena”, reflexiona un profesor universitario que durante el proceso de consultas integró uno de los cientos de dúos de “facilitadores” encargados de conducir las asambleas y recoger las opiniones de sus asistentes. La misma sombra de duda puede proyectarse sobre el fin último de muchos de los emprendimientos “alternativos” que florecen en la isla. Entre el activismo militante y el oportunismo media una frontera en extremo difusa.


CUESTIÓN DE SUPERVIVENCIA.


Esta marcha “dilata lo que otros activistas hicimos cuando el peligro parecía incluso mayor. Esa memoria estimula a la de hoy, esos rostros de ahora son una certeza que ansío pueda ser la de muchas otras esperanzas. La batalla real comienza ahora”, escribió esta semana el dramaturgo cubano Norge Espinosa, que reside en España. Sus palabras se alinean con las de creadores como el actor Luis Alberto García, y los músicos Silvio Rodríguez y Vicente Feliú, críticos de la actuación de la policía y las “mentalidades que tienen la retranca puesta en todo lo que se intenta mejorar”, según el último. Opiniones similares predominan en las redes sociales y en los despachos noticiosos fechados en La Habana.


Leyéndolos, pareciera que Cuba se detuvo el sábado en la tarde. En realidad, no ha sido así. Lo ocurrido en el Prado quedó –en buena medida– allí; a las provincias han llegado sólo ecos lejanos y videos filmados con móviles, que para la mayoría de la población no pasan de registrar “cómo la policía dispersó la marcha de los maricones”. Al cubano promedio, sobre todo al “del campo”, lo siguen convocando más las urgencias cotidianas que los pulsos contra el gobierno. Conscientes de ese divorcio entre las elites capitalinas y el país profundo, las autoridades evitaron en todo momento informar sobre lo acontecido en el Prado. A la par, fueron anunciadas medidas contra el acaparamiento y la especulación, a favor del incremento de la cantidad de productos que se comercializan de forma controlada, y la próxima entrada en funcionamiento de nuevos servicios de transporte.


Al redactarse esta nota, el presidente Miguel Díaz-Canel completaba una intensa semana de apariciones públicas visitando su provincia natal, Villa Clara, centro de la comunidad Lgtbiq en la isla, que en la jornada de marras permaneció en absoluta tranquilidad. Mirado a contraluz, el recorrido parece destinado a trasmitir un mensaje claro, a tenor de las reiteradas imágenes del mandatario dialogando ante grandes concentraciones de sus conciudadanos: al margen de lo sucedido el sábado, las calles no han cambiado de manos.

Por Amaury Valdivia
17 mayo, 2019

Publicado enInternacional
Inventar la democracia directa, organizarse en contrapoderes

Presentamos una relación detallada de la segunda ‘Asamblea de Asambleas’ de Saint-Nazaire, pero también un análisis del movimiento de los gilets jaunes: composición social y política, y conjunto de reivindicaciones y formas organizativas.

El martes 16 de abril, el presidente Macron habría tenido que presentar las “reformas” políticas y sociales con las que, tras la muy cuestionada consulta nacional del Grand Débat, pretende dar respuesta a un movimiento que sigue avanzando. No obstante, el incendio de Notre-Dame ha dado a Macron la excusa perfecta para retrasar unos días el anuncio de dichas medidas, en un intento de sortear el atolladero político en que se encuentra en este momento, a través de una contundente llamada a la unidad nacional y al redescubrimiento de la identidad del pueblo francés. En realidad, la reconstrucción de Notre-Dame y los homenajes televisivos a los magnates que han donado grandes sumas de dinero en un clima de conmoción han sido también objeto de un encendido debate político, en un país en el que las cuestiones sociales y democráticas planteadas por los gilets jaunes (chalecos amarillos) han dejado de poderse ignorar.


Desde el viernes 5 y hasta el domingo 7 de abril, a casi cinco meses del inicio de la sublevación de los gilets jaunes, más de doscientas delegaciones provenientes de toda Francia, compuestas siguiendo el principio de la paridad de género y el mandato imperativo, se reunieron en la Maison du Peuple de Saint-Nazaire para tomar parte en la segunda Asamblea de Asambleas (de ahora en adelante, AdA), tras la celebrada en Commercy los pasados 26 y 27 de enero.


On a tous un rond-point en commun (Tenemos todos una rotonda en común)


La devaluación de la democracia directa reaparece persistentemente en el debate actual a través de una serie de clichés.


Por un lado, sus detractores nos dicen que la ‘democracia directa’ sería un mero suplemento de la máquina de la representación que entraría en juego como un potencial correctivo en fases de crisis. Aquí se incluyen las diversas declinaciones débiles del término ‘participación’. En el extremo opuesto se sitúan quienes utilizan el término en modo impropio o manipulador, asociándolo a la abusada y ambigua fórmula política del populismo. En este caso la ‘democracia directa’ asumiría las características del referéndum, para ser más tarde encerrada en la camisa de fuerza de la representación (más o menos) carismática por parte de un determinado líder.


Tanto en el caso de los detractores como en el de los usurpadores, la democracia directa se considera siempre la fase adolescente de un movimiento, antes de su llegada a la edad adulta, la de la “gran política”.


En el caso de los gilets jaunes, es decir, de una “revuelta histórica” en lucha contra un “poder histérico”, las cosas son bien distintas. A estas alturas resulta evidente que los gilets jaunes se niegan a transformarse en partido y, de hecho, han rechazado cualquier oferta electoral, prefiriendo la irrupción multitudinaria en los espacios urbanos, el bloqueo de la economía y la experimentación colectiva. El rechazo a la democracia representativa se realiza en nombre de la propia democracia. Entre Commercy y Saint-Nazaire, empieza ahora a delinearse una forma precisa de expresión política del movimiento, que continúa en desarrollo.


Democracia directa asume aquí un triple valor:


a) Antes que nada, se trata del nombre común alrededor del cual se han reunido un conjunto de grupos locales, asambleas ciudadanas, casas del pueblo, comités de barrio y asambleas de banlieu que constituyen el “cuerpo” de un movimiento policéntrico y muy distribuido a nivel territorial y en las redes sociales digitales. El punto de origen, junto con una petición online, es la ocupación de la “rotonda”, el primero de una serie de círculos concéntricos que configuran una organización de tipo horizontal, la cual se desarrolla siguiendo lógicas asociativas y la pragmática del encuentro.


b) En segundo lugar, “democracia directa” es un modus operandi que la AdA ha hecho proprio, autodefiniéndose, en la inauguración de los tres días de asambleas, como una “plataforma de inteligencia colectiva”, con el objetivo de favorecer que se compartan experiencias, que se cree un mutualismo de ideas y de prácticas y que se mejore la coordinación entre grupos. El método del consenso, los grupos de trabajo y la continua descomposición y recomposición de los “círculos” de debate han permitido sustituir, en el arte de la decisión colectiva, el principio de la mayoría por el de la aglomeración de las diferencias en puntos de convergencia.


c) Por último, la democracia directa es, en el contexto político actual de Francia y Europa, un terreno de lucha, podría decirse vertical, contra Macron y su mundo, contra el desastre social y ecológico del neoliberalismo en pleno Capitaloceno. Ese enfrentamiento vertical se define en términos de asimetría. Los “Actos” del sábado se mueven así al ritmo de la proliferación de instituciones autónomas del movimiento, lo que la AdA define como “contrapoderes populares y locales”.


Por tanto, no se trata simplemente de recuperar un viejo sentido perdido de democracia directa. La AdA quiere aventurarse en el sendero del descubrimiento y la invención. El llamamiento final dice: “Frente a la mascarada del Grand Débat, frente a un gobierno no representativo y al servicio de una minoría privilegiada, nosotras construimos las nuevas formas de la democracia directa”.


La Maison du Peuple de Saint-Nazaire


La Maison du Peuple (Casa del Pueblo) de Saint-Nazaire, un edificio abandonado perteneciente al Pôle Emploi, fue ocupada el 24 de noviembre de 2018, justo una semana después del inicio de la rebelión. Algunos la definen como el “centro nervioso” de un tejido conectivo mucho más amplio que comprende tanto la ciudad de Saint-Nazaire como la banlieu que la rodea.


En los inicios del movimiento, la Maison du Peuple se convirtió rápidamente en punto de encuentro de las rotondas y párkings ocupados por los gilets jaunes de la región. Cada tarde tiene lugar una asamblea plenaria y solo el sábado se organizan conciertos, al final de cada Acto. Con el tiempo, la Maison se ha transformado en un taller de autoproducción que aloja: una serigrafía, una red de encuentro entre comedores y agricultores de la región (algunos de los cuales producen dentro de la Zone À Défendre, más conocida como ZAD) y una plataforma de comunicación digital independiente.


El llamamiento de la AdA se ha acompañado con una invitación a construir Maisons du Peuple por toda Francia: “nuestras Maisons du Peuple son lugares de vida, de solidaridad, donde el calor del colectivo nos hace dejar de sentirnos solos, donde aprendemos a escucharnos y a aceptar nuestras diferencias, y de la que no podríamos prescindir. Y no importa si estos espacios están bajo amenaza de desalojo, si éste llegara a consumarse encontraríamos otros lugares. La Maison du Peuple no es solo un edificio: se mueve al compás de nuestros propios movimientos.


En 1789 el pueblo insurrecto se reunía en los clubs y en los cafés, a principios del siglo XX, los obreros reforzaban su solidaridad en las Bourses du Travail, en 1936 y en 1968, las fábricas en huelga se convirtieron en el corazón de la lucha. Nuestras Maisons du Peuple se inscriben directamente en esa continuidad”.


Para alojar la AdA, los gilets jaunes de Saint-Nazaire realizaron inicialmente una petición al Ayuntamiento para obtener la cesión temporal de edificios públicos. Frente al rechazo del consistorio, reestructuraron por completo el espacio de la Maison du Peuple, echando abajo muros e instalando una carpa de circo en el terreno limítrofe.


La Maison du Peuple ha propuesto un método inspirado en cuatro principios:


a) Confiar en la inteligencia colectiva.


b) Recordar que ningún individuo tiene la solución perfecta, pero que en colectivo podemos encontrar una parte de la solución.
c) Aceptar que tenemos derecho a equivocarnos.


d) Saber que es necesario llegar a puntos de convergencia sin necesidad de ocultar las divergencias.


Los promotores han invitado a quince personas “facilitadoras”, cuya tarea ha sido moderar los debates y asegurar un clima “benévolo” en las asambleas plenarias. Una tarea necesaria, considerando la heterogeneidad de los puntos de vista y la diversidad de los modos de practicar la “toma de la palabra”; por no hablar de la diversidad de culturas políticas presentes. Tras una reflexión sobre la naturaleza y el funcionamiento de la próxima AdA, se ha llegado a un acuerdo general para que ésta se reúna una vez cada mes y medio, de forma que continúe y se consolide la relación de fuerzas en todo el país. La próxima AdA se celebrará antes del verano, y la siguiente, en septiembre.


Geografía social de la AdA


Dentro de la sala donde se desarrollan las asambleas plenarias hay colgado un mapa de Francia, en el que cada comité ha colocado un símbolo distintivo. El número de delegaciones ha crecido respecto a la AdA de Commercy (de 70 a 230), así como su diversidad social y territorial. En relación a su proveniencia, cada delegación ha compartido sus modos de encuentro y organización. En las zonas rurales predominan las “rotondas”, mientras en las ciudades y las zonas periurbanas, lo hacen los comités de barrio y las asambleas de banlieu. También han participado delegaciones de zonas rurales agrícolas o turísticas (principalmente del Sureste de Francia, pero también de regiones del Centro), de zonas rurales obreras (Este y Norte), de zonas periurbanas (alrededor de grandes ciudades como París o Burdeos y de las regiones occidentales del país), de ciudades medianas como Estrasburgo, Montpellier, Grenoble o Nantes, de grandes ciudades como Burdeos, Toulouse o Lyon y también de la metrópoli parisina (región de la Île de France).


La AdA de Saint-Nazaire ha mostrado que la distribución territorial de los gilets jaunes es mucho más rica y articulada de lo que quieren hacernos creer algunas lecturas mainstream fundadas en las maniqueas dicotomías del urbano-rural, de la ciudad-campo o del centro-periferia.


Lejos de ser social o geográficamente “periféricos”, resulta ahora evidente que los gilets jaunes se sitúan en el centro de la lucha por la apropiación del excedente social (“partage des richesses”, “reparto de la riqueza”), de la lucha por la revalorización del trabajo (“nous voulons vivre des nos métiers”, “queremos vivir de nuestros oficios”), de la lucha por construir resistencias a la privatización de lo existente y por la desposesión del bien común (“Fin du monde, fin du mois, mêmes responsables, même combat!”, “¡Fin del mundo, fin de mes, mismos responsables, misma batalla!”). Se demuestra así que la lucha de los gilets jaunes es inseparable de la reescritura de las actuales geografías del poder político y económico (“Réapprenons à vivre ensemble où nous habitons”, “Reaprendamos a vivir allí donde habitamos”).


No es casualidad que el movimiento, durante los últimos meses, haya debatido cada vez más sobre la temática de la vivienda, acompañándola con la práctica de la apropiación del espacio urbano. Precisamente porque los habitantes de las grandes y medianas ciudades, junto con quienes viven en pueblos pequeños mal comunicados y sin servicios públicos, se ven cada vez más empujados a establecerse en las áreas periurbanas como consecuencia de la gentrificación y de la especulación inmobiliaria, los gilets jaunes han orientado sus acciones hacia los barrios ricos de las principales ciudades francesas, obstaculizando los circuitos del consumo y del turismo.


Ahora, junto con los Actos del sábado, empieza a prefigurarse una perspectiva constituyente definida como municipalista (o comunalista), propuesta inicialmente por los gilets jaunes de Commercy, y compartida en Saint-Nazaire por un gran número de grupos. Con esta expresión se critica la organización centralista que caracteriza al Estado francés, y se exige en primer lugar un poder de decisión sobre la gestión y la organización de los servicios públicos locales y sobre las políticas urbanas y territoriales. La propuesta de Commercy destaca, además, la necesidad de construir asambleas populares permanentes y, allí donde la relación de fuerzas lo consienta, presentar listas electorales locales e independientes vinculadas al mandato imperativo. Sobre este último aspecto, el debate está aún totalmente abierto, y en el llamamiento final se ha invitado únicamente a la creación de asambleas populares locales.


“Gilets jaunes, quel est votre métier?”


Los tres días de asambleas se han desarrollado en un clima de gran entusiasmo y determinación colectiva. Y esto a pesar de que las cifras de la represión gubernamental (cuyos responsables se presentan ahora como candidatos a representar “la Europa que protege”) hayan alcanzado una dimensión inédita en el contexto de la historia francesa reciente. Pero el miedo o el victimismo no forman parte de las tonalidades emotivas de los gilets jaunes. Entre una plenaria y otra, han resonado cantos y gritos de batalla, tan alentadores como irónicos: “Gilets Jaunes, quel est le votre métier? Ahou! Ahou! Ahou!”. Este grito, que en Italia se hizo popular entre 2008 y 2010, durante la Ola [último gran movimiento estudiantil italiano, nacido bajo el cuarto gobierno de Silvio Berlusconi, N. del T.], es proferido en esta ocasión por un grupo cuya composición social es mucho más amplia e irregular: jubilados, obreros,profesores, trabajadores de plataformas digitales, parados, trabajadores del sector asociativo, funcionarios públicos, estudiantes, militantes de barrios obreros, pequeños agricultores y pequeños comerciantes.


Más que limitarnos a realizar la enésima descripción o a una clasificación de las categorías “socio-profesionales” que componen el movimiento (lo que a menudo se asocia a un abstracto “interclasismo” de los gilets jaunes), hemos preferido centrarnos en la subjetivación política, podría decirse de clase, que se ha producido en estos cinco meses de lucha. Desde ese punto de vista, se pueden extraer dos elementos claros del encuentro de Saint-Nazaire.


El primero es que los gilets jaunes entrelazan la revalorización del trabajo concreto y la revalorización de la vida en su conjunto. Así, no pierden de vista la lucha por un salario digno, pero al mismo tiempo presentan una serie de reivindicaciones que van más allá de la relación salarial: servicios públicos, pensiones, ayudas a la discapacidad, vivienda, ayudas al desempleo y a las personas sin hogar. La lucha de los gilets jaunes no se limita a denunciar el desmantelamiento del Estado social, sino que se interroga, aún solo de forma embrionaria, sobre la reinvención y la socialización de los elementos de aquél. Al mismo tiempo, el movimiento enfoca la cuestión fiscal en términos de “fin de privilegios”. “Ir a por el dinero allí donde se encuentra” significa, junto con el rechazo a los impuestos indirectos (como el llamado “impuesto sobre el carbono”), elaborar un conjunto de medidas dirigidas a buscar la igualdad fiscal siguiendo el principio de “les gros payent GROS et les petits payent PETIT” (“Que los grandes paguen MUCHO y los pequeños paguen POCO”).


También se ha debatido sobre la reintroducción del ISF (impuesto a las grandes fortunas), sobre la recuperación del fondo económico de 40.000 millones del CICE (crédito fiscal para el empleo), la tributación de las grandes empresas de Internet y de aquellas que más contaminan, la intervención contra los grandes evasores fiscales, etc. La insistencia sobre la vida y el trabajo, y la lucha por el fin de los privilegios (más que contra una genérica “casta”) dividen la abstracta homogeneidad del pueblo, demostrando que éste está compuesto por intereses fraccionados y divergentes.


El segundo elemento es que la transformación social, en el sentido de egalité, es inseparable de la transformación política. La crítica, por parte de los gilets jaunes, de la forma de gobierno de la Quinta República parte de la conciencia que el agotamiento de su constitución material es proporcional al giro autoritario de algunos de sus órganos y aparatos administrativos. En Saint-Nazaire, los gilets jaunes pretenden “funcionar”, en el plano social, como una multiplicidad de grupos que se opongan a la reorganización autoritaria de la máquina estatal (véase la ley “anti-casseurs” aprobada por el Parlamento francés). Al ponerse de manifiesto que existe una condición común de pobreza productiva, el movimiento ha empezado a dirigirse hacia una lucha por la existencia social, adquiriendo así un nuevo carácter de fuerza de choque que ataca los cimientos de la legitimidad del poder soberano.

Las reivindicaciones de los gilets jaunes se sintetizan con la siguiente fórmula: “justicia social, justicia fiscal, justicia ecológica y más democracia”. Los cuatro niveles resultan indisociables, a pesar de que los medios de comunicación sigan pidiendo continuamente al movimiento que “ponga prioridades en sus reivindicaciones”. Tal cosa no sucederá, porque no se encuentran en el marco de una negociación de tipo sectorial. El mismo Macron, por otro lado, ha hecho de la liquidación de los cuerpos intermedios una de las características de su proyecto de gobierno. Pero si los gilets jaunes no estructuran en orden jerárquico sus reivindicaciones es sobre todo porque éstas se están dirigiendo cada vez más hacia una crítica radical del sistema político y económico, haciendo de la misma “ecología” campo de una dura contienda.


La multiplicación de las luchas actuales nos invita a buscar una unidad de acción


Las propuestas presentadas por los comités locales han tenido como objetivo organizar el movimiento y consolidar sus estrategias, tanto a corto como a largo plazo. Durante el cierre de los tres días de asambleas, se han redactado, aprobado y publicado distintos llamamientos en formato texto y audiovisual.


En el marco de un llamamiento a movilizarse el 1 de mayo y a una “semana amarilla de acción”, así como a converger con el movimiento climático y las luchas por la vivienda, la perspectiva de un “movimiento social, ecologista y popular” parece reunir las distintas peticiones de justicia desde la perspectiva de una unidad de acción.


En el llamamiento dedicado a la “convergencia ecológica” se afirma que lo que está destruyendo la vida sobre la Tierra, incluida la vida humana, es la lógica de explotación infinita del capitalismo. La limitación de los recursos empuja al movimiento a preguntarse sobre la distribución de aquellos, así como sobre el control de la producción. La AdA afirma que el conocido como “impuesto sobre el carbono” es el ejemplo perfecto de un falso ecologismo punitivo que castiga a aquellos que no son responsables, o que lo son, como mucho, en una ínfima parte. Así, los gilets jaunes invitan a todas las personas que quieran acabar con el acaparamiento de lo viviente a actuar contra el sistema actual.


Se ha debatido sobre las elecciones europeas como una ocasión para denunciar el carácter antidemocrático de las instituciones de la UE y como un terreno de movilización a escala europea. Considerando el periodo electoral como un “Acto de reconquista democrática”, los gilets jaunes rechazan cualquier indicación sobre el voto, para generar una presencia en las calles durante todo el periodo electoral (se ha previsto una manifestación en Bruselas para finales de mayo o principios de junio).


Además, se ha dedicado un llamamiento a la anulación de las penas para los miles de personas encarceladas y condenadas en estos meses de vida del movimiento de los gilets jaunes, así como de otras luchas dedicas a la defensa del bien común, luchas de barrio, ecologistas o que intentan construir una democracia directa. Se insiste así en la construcción de una campaña en defensa de las libertades públicas y de los derechos fundamentales, configurándose una plataforma estatal para censar los casos de represión judicial, y apoyar su defensa en los tribunales.


A largo plazo, como ya se ha dicho, la perspectiva municipalista (o comunalista) fue propuesta por los gilets jaunes de Commercy. También ésta se ha presentado en forma de llamamiento compartido por la AdA: “Desde aquí invitamos a crear en cada comuna [unidad mínima territorial de tamaño muy variable en que se configura oficialmente el territorio francés, N. del T.], o donde sea posible, una o más asambleas ciudadanas y populares. Porque ese poder nos ha sido confiscado, como podemos constatar en diferentes ámbitos: ecologismo, privatizaciones, democracia, etc.”


El conjunto de propuestas, de instrumentos de trabajo y de llamamientos compartidos por la AdA deberá ser ahora debatido de nuevo por cada comité o asamblea local presente en Saint-Nazaire. La mención de la necesidad de «salir del capitalismo», incluida en el llamamiento final, ha provocado un encendido debate. Algunas personas han expresado su perplejidad, porque consideran que la salida del capitalismo no es una reivindicación que defender ante una contraparte, sino un objetivo de fondo que se conquista con la fuerza material de la lucha. Otras personas, aun declarándose explícitamente anticapitalistas, han señalado la exigencia de preservar la heterogeneidad del movimiento, expresando en su llamamiento solo las reivindicaciones más ampliamente consensuadas. Por último, otros grupos han afirmado que la salida del capitalismo es una consecuencia lógica de las reivindicaciones de los gilets jaunes. La propuesta ha sido aprobada y ahora deberá someterse a discusión en los comités locales, como todo lo demás.


Resulta también necesario subrayar que la “gruposidad” de los gilets jaunes va mucho más allá del conjunto de comités que se han reunido en Saint-Nazaire. La AdA se configura, por tanto, como una hipótesis de trabajo y como la expresión de una tendencia dentro del movimiento de los gilets jaunes, sin pretender representar toda su complejidad.


Esa complejidad se manifiesta en múltiples prácticas de lucha y formas de existencia política: en los “Actos” del sábado, en el uso político de las redes sociales, en la plataforma digital alternativa llamada Vrai Débat, en las asambleas ciudadanas, en los piquetes en peajes, en almacenes de la logística, sedes de Amazon y centros comerciales; en los encuentros públicos en la Bourse de Travail de París y en los Ayuntamientos de las pequeñas ciudades, en los puntos fijos de información en los barrios y en los mercados callejeros; y en la construcción de pequeños campamentos en rotondas y en plazas de las ciudades.

Por Marta Camell i Galí  / Francesco Brancaccio
Traducido por Pedro Castrillo
2019-04-22 14:48:00

Publicado enPolítica
Sábado, 09 Marzo 2019 06:34

La revuelta feminista y sus conexiones

Las más jóvenes, los sectores populares y las mujeres racializadas son las protagonistas de este momento histórico

Vivimos una extensión del feminismo sin precedentes: lo que antes era marginal se volvió sentido común. Los acontecimientos se suceden tan velozmente que a veces no podemos pararnos a pensar. ¿De qué está hecha esta revuelta que tambalea cimientos a escala global? ¿Cuáles son los ingredientes que agitan su potencia?


A veces se ha intentado responder esta pregunta desde la idea de olas, buscando identificar en cuál estamos, como si el momento actual hubiese concluido y pudiéramos analizarlo de forma estanca. Mi propuesta es enfocarlo de un modo distinto, que evite cierres apresurados y utilizar estas preguntas no tanto para definir, sino para escuchar los modos en los que está siendo contestado el poder contemporáneo, porque en ellos encontramos claves fundamentales para comprender nuestro presente.


La revuelta feminista que recorre nuestros cuerpos es radicalmente heterogénea y se produce al mismo tiempo en diferentes niveles: calle, escuela, institución, entornos laborales, medios de comunicación, redes sociales, sindicatos. Esta multiplicidad tiene lugar de manera simultánea en una serie de expresiones comunes: hartazgo ante la violencia, huelga como desafío, demanda inaplazable del aborto. Desde esta perspectiva, es posible repasar algunas de las imágenes que nos deja la revuelta y que hilan un feminismo radicalmente diverso y transformador.


Una revuelta que se inicia en el Sur


Las imágenes de movilizaciones históricas se mantienen muy presentes en nuestras pupilas. La mecha prendida en 2015 en Argentina con la movilización #NiUnaMenos tras una serie de feminicidios, entre los que se encuentra el de Chiara Páez –adolescente de 14 años embarazada en ese momento– y su réplica en México el 24 de abril de 2016, con una movilización que sacude el país entero, resitúan la cuestión de la violencia en términos de clase y la raza: ¿A qué violencias están sometidas las mujeres de las villas o de la periferia de la Ciudad de México? ¿Cómo resistir cuando tu casa se encuentra en la misma zona donde salir a la calle supone en sí mismo riesgo de desaparición o muerte? ¿Qué economías operan en la violencia contra las mujeres? ¿Cómo defenderse, cuidarse colectivamente, cómo no ceder al terror?


La convocatoria en Ciudad de México fue precedida por la acción #MiPrimerAcoso. Cientos de mujeres narraron en ese momento por primera vez abusos de todo tipo. Se iniciaba un proceso histórico: la ruptura del pacto de silencio que impera sobre la violencia. Comenzaron a organizarse grupos de denuncia contra el acoso en las universidades y se tejieron alianzas con las familias que buscaban incansablemente el regreso con vida de sus desaparecidas o batallaban por justicia ante los feminicidios. Las cruces rosas quedaron clavadas en los territorios allí donde la violencia se impuso, allí donde la hermana, la hija o la amiga desapareció, allí donde se encontraron sus restos: símbolos contra el olvido, resistencia contra el borrado de humanidad.


Más tarde, en España se gritará, con la fuerza de quienes sienten en primera persona aquello por lo que batallan, “hermana, somos tu manada”. Se recontruyó un nuevo nosotras no unitario en una realidad cargada de violencia e impunidad. Y también asistimos a las movilizaciones de las estudiantes chilenas por una educación libre de violencias, las de las mujeres en la India marchando juntas, encadenando fuertemente sus brazos, las turcas desafiando al régimen, y el #MeToo, no como causa de esta revuelta, como erróneamente se ha interpretado en ocasiones, sino como efecto de la oleada que nace desde el Sur y el Este, reconfigurando el mapa global de la protesta.


También tenemos recientes las imágenes del Paro Internacional de Mujeres, impulsado por las argentinas en 2017, a raíz del brutal feminicidio de Lucía Pérez, de 16 años de edad, y que colmó la pretensión de asimilar socialmente la barbarie. Una huelga en el que la protesta contra el feminicidio, el derecho al aborto y las desigualdades económicas se entrelazan: “Sin nosotras no se produce y sin nosotras no se reproduce”. Desde Argentina, el desafío se expandió: ¿Qué significa parar cuando la realidad laboral es la precariedad extrema y la familiar depende del cuidado? ¿Cómo hacerlo dentro de una comunidad? ¿Cómo reinventan las mujeres el paro? ¿Qué circuitos económicos colapsan cuando las mujeres dicen «basta»? ¿Qué orden social y qué entramado de poder son cuestionados en cada situación?


Posteriormente, al calor de la huelga feminista convocada en España, adquirió forma otra intuición: si en este sistema las mujeres y quienes no se adecúan a las normas de género son explotadas y excluidas –como las empleadas domésticas, las migrantes, las disidentes sexuales o las trabajadoras del sexo–, amenazadas e, incluso, asesinadas, –en un sistema que impone la desigualdad y la violencia como formas de control–, ¿no será necesariamente el feminismo anticapitalista y antirracista? ¿No cuestiona el feminismo de raíz este orden intolerable? En otras latitudes, las mujeres zapatistas dicen algo que resuena fuertemente con estas preguntas: el capitalismo ataca nuestras comunidades, las mismas condiciones para la reproducción, la misma posibilidad de existir.


Por último, en nuestra memoria reciente aparecen las imágenes de las luchas por el derecho y la despenalización del aborto. Las irlandesas regresando a casa a votar en referéndum histórico; las polacas vestidas de negro, desafiando al régimen en su empeño por prohibirlo y penalizarlo; las argentinas tomando el parlamento, haciendo que sus demandas se conviertan en debate nacional y anudando pañuelos, el verde de las jóvenes, el blanco de las Madres de Plaza de Mayo y el de millones de mujeres en el mundo entero. ¿Qué discursos hegemónicos sobre el control del cuerpo de las mujeres se ven desplazados aquí? La autonomía, sobre la que pivotan buena parte de las reivindicaciones históricas del feminismo, se actualiza en varios aspectos: una nueva dimensión internacional –la autonomía de las de aquí pasa por las de allí–, el derecho de las personas trans a decidir sobre su cuerpo y el cruce con la clase, la edad y la procedencia: son las más jóvenes, los sectores populares y las mujeres racializadas las protagonistas en este momento histórico.
El feminismo como punto de partida incuestionable


El sentido del feminismo se está reconfigurando a través de todas estas nuevas prácticas. Mirar desde esta perspectiva implica asumir que no existe programa predefinido o agenda única que pueda imponerse para calcular avances o evaluar logros. En otras décadas, el feminismo se articuló en torno a la representación de la mujer, categoría que aglutinó al movimiento el movimiento; posteriormente, se cuestionó con la aparición de las diferencias entre mujeres y el reconocimiento de una enorme diversidad de feminismos –populares, comunitarios, negros, transfeministas, queer, descoloniales–. En la actualidad, sin negar nuestras diferencias, nos reunimos en torno a situaciones o problemas comunes. Estas situaciones tienen, además, la cualidad de reverberar a escala global: mensajes, reivindicaciones, discusiones y formas de acción circulan traspasando fronteras y haciendo que unas vibremos con la experiencia de otras. Esta articulación de las diferencias en un nuevo común no unitario es el problema filosófico-político de nuestro tiempo.


El trabajo de identificar situaciones o problemas comunes expresa la resistencia contra lo que podemos llamar lógica de separación: separación de experiencias, separación de cuerpos, separación de territorios. Ante un poder que separa la vida, la nueva revuelta feminista reconstruye los vínculos sociales rotos de maneras diversas. En el Estado de México, la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza, formada ante el terrible aumento de niñas y mujeres desparecidas y/o asesinadas, afirma: “El miedo se transforma en amor por otras”. En la práctica de organizarse, reaparecen otras formas de estar juntas y juntos.


En estos lugares periféricos, vemos con terrible crudeza que nuestro tiempo está definido por la paradoja: al mismo tiempo que vamos ganando vamos perdiendo. Al mismo tiempo que adquirimos más fuerza, experimentamos mayor violencia. Al mismo tiempo que somos potencia, nos sentimos extremadamente vulnerables. El feminismo es hoy un punto de partida incuestionable porque sin él no existe justicia, igualdad ni cuidado de la vida. Y, sin embargo, nos vemos obligadas a gritar: “Disculpen las molestias, nos están matando”, que en lugares como México cobra un sentido absolutamente literal. Es importante reconocer la paradoja de nuestro tiempo, no para quedarnos en ella, sino para hacerla estallar.


Estallar la paradoja


En la revuelta feminista encontramos ingredientes que pueden permitir estallar la paradoja para conducirnos a horizontes distintos. En primer lugar, una comprensión de la categoría de lo humano más allá del paradigma de la racionalidad. El feminismo enseña que la existencia no es evidente, sino una posibilidad que emerge al hacernos cargo de la vulnerabilidad y de la potencia de los cuerpos radicalmente diversos. No hay autonomía como transcendencia, sino que aquélla se da siempre en un entramado situado de interdependencia. Las madres que buscan a sus hijas saben que sin el apoyo de las demás es imposible literalmente sostener la búsqueda.


El significado de la acción política también cambia radicalmente. Aparecen varios desafíos. El primero, inclusión y horizontalidad. ¿Cómo impedir que las diferencias entre mujeres –de clase, procedencia, sexo– se resuelvan en desigualdad? ¿Cómo seguir atentas a las exclusiones producidas por las categorías morales y políticas de la tradición que tratan de imponerse? ¿Cómo propiciar el protagonismo de las menos privilegiadas? El segundo, conexión. María de Jesús Patricio Martínez (Marichuy), representante indígena en las pasadas elecciones en México decía: “Se trata de conectar dolores”. ¿Podemos hacer que distintos dolores dialoguen entre sí para hacernos más fuertes? ¿Qué tipo de nosotrxs distinto puede emerger? El tercero, amplificación. ¿Cómo generar prácticas que interroguen lo que se considera privado –cuidado, sexualidad, afecto– en sus aspectos políticos? El último, una política de lo común que nos permita entendernos enredadas en permanente conversación: con resistencias no necesariamente identificadas como feministas, identidades minoritarias no normativas, las genealogías de las luchas de las que somos parte, el malestar de millones en distintas partes del mundo. El feminismo internacionalista debe revolverse contra las desigualdades producidas por el colonialismo sin reproducir al mismo tiempo identidades estancas.


La revuelta feminista está planteando una de las preguntas más difíciles de nuestro tiempo en un momento en el que cualquier alternativa se declara imposible: ¿Cómo queremos vivir en común con criterios de justicia e igualdad? Y una respuesta tentativa: ¿No lo estamos ensayando ya? En muchos lugares del mundo, este próximo 8 de marzo seguiremos practicando el horizonte transformador por el que transitamos con todas nuestras fuerzas.

Autora
Silvia L. Gil, feminista y profesora/investigadora de Filosofía. Es autora de Nuevos Feminismos. Sentidos Comunes de la dispersión (Traficantes de Sueños) y participa en distintos procesos de pensamiento y acción colectiva entre México y España.

Publicado enSociedad
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

cuadro p3

 

Publicado enColombia
Paro cívico de Buenaventura, vista panorámica

A 20 meses del histórico paro cívico, el incumplimiento del gobierno de Iván Duque 

genera dudas e inconformidad al punto de que ya hay rumores de un nuevo paro

 

Muchos fueron los expertos, periodistas y analistas que se atrevieron a afirmar, en el momento más álgido del paro cívico de Buenaventura, que esta gesta de participación social y sus consecuencias partirían la historia de la ciudad en un antes y un después.

 

Más allá de los aciertos en torno a la anterior afirmación, la verdad es que 20 meses después de firmados los acuerdos del 6 de junio de 2017 entre el gobierno Santos y el Comité del Paro Cívico, se registran varios logros de enorme significación para la ciudad, aunque es evidente que los mayores reclamos del pueblo están lejos de materializarse, y el ritmo de avance registrado a partir de asumir Ivan Duque la presidencia, es angustiosamente lento.

 

De todo el conjunto de graves problemas que fueron motivo de la protesta social, las mesas que más han logrado concretar y avanzar en la ejecución de recursos, son educación en el componente de básica primaria, lo mismo que la mesa de saneamiento básico que ya cuenta con los recursos para mejorar cobertura de agua potable y alcantarillado. Pero persisten y en algunos casos se agudizan algunos problemas, tal como ocurre con la crisis de la salud, que pese a las millonarias inversiones anunciadas no llegan las obras y menos se ven las mejorías; persisten también los problemas con las basuras y la contaminación, y lo mismo ocurre con los problemas por falta de agua potable, los altísimos índices de desempleo con el estancamiento de los comerciantes e incluso el problema de la inseguridad y la violencia urbana, que se ha recrudecido en el último año llegando a niveles superiores a los registrados al momento del Paro Cívico.

 

Como puede recordarse, las preocupaciones del pueblo de Buenaventura que fueron resumidas en 8 grandes temas, con sus respectivas propuestas de solución, llegaron, al término de los acuerdos, a 10 mesas de trabajo, luego de sumárseles dos mesas temáticas que surgieron en el curso de la negociación:

 

Salud, educación, productividad y empleo, agua y saneamiento básico, ambiente, justicia y atención a víctimas, recreación cultura y deporte, territorio vivienda e infraestructura. Ampliadas con la mesa de derechos humanos, lo mismo que los componentes de garantías, protección y memoria.

 

Es entonces necesario recordar que los acuerdos entre gobierno y movimiento cívico tienen compromisos de los tres niveles: nacional, departamental y distrital. Y dentro de lo pactado, además de la ley para dar cumplimiento a los acuerdos con su fondo de Patrimonio autónomo en un periodo de 10 años, que por cierto el gobierno Santos tramitó con sorprendente agilidad emitiendo la ley 1872 del 18 de diciembre de 2017, llamada “ley de Buenaventura”, se establecieron prioridades y montos para ejecutar proyectos entre 2017 y 2019 que respondieran a las urgencias que fueron motivo de reclamación por parte del pueblo en sus 22 días de paro.

 

Lo dramático de la situación es que justamente estos recursos que debieran ser la primera parte del cumplimiento de lo acordado, no quedaron contemplados en el presupuesto del presente 2019, y hasta ahora el contenido de los acuerdos no ha sido incorporado al Plan Nacional de Desarrollo, por lo que puede afirmarse que hasta ahora el presidente Iván Duque incumple a los acuerdos con el pueblo de Buenaventura, aunque mantenga la agenda de seguimiento y permanezca activa la interlocución mediante algunos ministerios con los voceros del Comité del Paro Cívico.
Esta negativa a incorporar los acuerdos firmados el 6 de junio de 2017 en el Plan Nacional de Desarrollo es particularmente grave, pues sucede a pesar de los enormes esfuerzos adelantados por el Comité Cívico para que los mismos no corran la suerte del olvido. Así quedó registrado en carta enviada el pasado 11 de febrero a la directora de Planeación nacional, Gloria Amparo Alonso y al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla; misiva en la que el Comité Cívico expone la importancia y la obligación legal de cumplir lo contraido con Buenaventura, y hasta aportan los términos del artículo elaborado con apoyo de la bancada vallecaucana, para que en el Plan Nacional de Desarrollo sea incorporado el acuerdo del Estado con la ciudad.

 

Las cifras que aparecen a continuación, son los montos pactados en el acuerdo con el gobierno de Santos, para hacer inversiones entre 2017 y 2019, respondiendo así a las urgencias y prioridades expresadas por el pueblo. Sin embargo, hasta ahora la mayor parte de las obras no despegan y en muchos casos los recursos ni siquiera aparecen en los respectivos ministerios dentro del presupuesto 2019.

 

Con estos recursos quedaron priorizadas en las mesas temáticas proyectos para solucionar problemas urgentes y estratégicos para el bienestar de quienes habitan en Buenaventura, como la ciudadela hospitalaria y la reapertura del hospital Luis Ablanque de la Plata con servicios de los niveles dos y tres, lo mismo que el aumento en horas de suministro de agua potable, y obras de infraestructura vial, así como el problema de alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y basuras, entre muchos otros.

 

Para comprender los logros y avances del Paro Cívico es necesario reconocer, por un lado, el tamaño de las aspiraciones plasmadas en los acuerdos con sus cifras, ciertamente millonarias, y por otro lado, interpretar la ganancia social del papel protagónico y el liderazgo gestado en torno al comité del Paro Cívico y que ha puesto a Buenaventura en el centro de la discusión nacional.

 

Este segundo aspecto se ve expresado en la alta credibilidad despertada por el Comité Cívico de Buenaventura, en su dinámico rol de interlocutor con el Gobierno, y que llevó en tiempo extraordinariamente corto al trámite de la ley 1872 de diciembre de 2017 que crea el Fondo de Patrimonio Autónomo y concibe la implementación de un Plan Especial de Desarrollo Integral para garantizar el cumplimiento de los acuerdos. También se logró ya el correspondiente marco normativo de reglamentación y aplicación de la mencionada ley, al punto que el 18 de octubre de 2018 pudo instalarse la Junta Administradora del Fondo en la misma ciudad de Buenaventura, en un hecho que no tiene precedentes en la historia de Colombia.

 

En el escenario de seguimiento a los acuerdos, resalta que las diez mesas temáticas muestras niveles variados de desarrollo. Y queda también claro que mientras las mesas técnicas conformadas por funcionarios del Gobierno y la comunidad avanzan en procura de concretar la solución a problemas priorizados, el comité ejecutivo mantiene una intensa interlocución con el Gobierno para lograr el desarrollo normativo de la ley 1872 y la respectiva presión, con apoyo de la bancada de congresistas del Valle del Cauca, para que el Gobierno mantenga la atención al más alto nivel en el compromiso con Buenaventura. Así se demuestra con la instalación de la Junta Administradora de FonBuenaventura, que tiene la tarea de diseñar e implementar el Plan Especial de Desarrollo Integral para esta ciudad.

 

Un logro parcial, pues de nada servirá la conformación de la Junta Administradora de un fondo sin fondos. Y eso es lo que está ocurriendo, y está a punto de concretarse el incumplimiento formal de parte del gobierno Duque, si es que en las pocas semanas que quedan para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo el gobierno persiste en dejar por fuera los acuerdos firmados para levantar el Paro Cívico de Buenaventura, y con ello daría nuevas razones al pueblo para recordar que el paro cívico no está desmontado sino suspendido, lo que significa que en el presente 2019 podrían venir nuevas protestas.

 

El desafío a corto y mediano plazo, por lo tanto, es concretar en proyectos y ejecución de los mismos, las soluciones plasmadas en los acuerdos.

 


 

Recuadro 1

 

Salud

 

En el Acta final se acordaron recursos por 12.500 millones de pesos para le Unidad de Cuidados Intensivos del único hospital público de la ciudad, pero esta obra está lejos de realizarse.

 

Con una población que carece de servicios básicos, y padece atraso acumulado por años en temas tan sensibles como salud, agua y saneamiento básico, educación e infraestructura, todo es urgente. Por eso, y ante la inocultable crisis de la salud que sufre Buenaventura –a pesar de las reclamaciones del Paro Cívico–, se ve con frustración que todavía no se hayan dado los primeros pasos para concretar la ciudadela hospitalaria que tiene recursos asignados por 183 mil millones de pesos, y es válida la preocupación por el incumplimiento del gobierno local en la tarea de asignar el respectivo lote para la obra.

 

 

Recuadro 2

 

Ambiente

 

Esta mesa, desde los acuerdos hasta inicios de 2018, mantuvo una actividad de seguimiento muy intensa con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero presenta una dificultad similar a la comportada por varias de las otras mesas en las fases de planeación, definición y diseño de proyectos; además, en los últimos meses del gobierno saliente se disolvió la interlocución, por lo que se registra un estancamiento en seguimiento y avances. Tampoco ha logrado una reactivación notoria en lo corrido del gobierno de Iván Duque.

 

En materia de ambiente se logró la presión suficiente para suspender, por ahora, la pretensión de realizar el relleno sanitario en la parte alta del nacimiento de la quebrada El Venado, logrando así protejer el recurso hídrico y el bienestar de las comunidades aledañas, pero el Distrito tiene aplazada la solución al grave problema de las basuras, sin decidir aún el lugar donde deberá construirse el relleno.

 

Sobre este particular se elaboró un informe que demuestra la no viabilidad de la realización del relleno sanitario en Santa Elena. Se demuestra que hay árboles en peligro de extinción, porque el relleno sanitario quedaría encima del nacimiento de una microcuenca, por terrenos demasiado pendientes.

 

Un informe riguroso, generado desde la mesa de ambiente, obligó al establecimiento público ambiental –EPA– a imponer medidas preventivas para la protección del aire, y logró la expedición de sendas resoluciones en octubre de 2017, la 141 y 144, que implica la orden de suspensión preventiva de dos de los patios de carbón de Buenaventura. Sin embargo, transcurrido más de un año esta importante disposición no se ha acatado, y urge por cierto, el acompañamiento de la comunidad y del ministerio público para obligar a su cumplimiento.

 

Al mismo tiempo, se trabaja en tres políticas: ambiental, hídrica y cambio climático, aplicadas a la región natural de influencia de Buenaventura.

 

Al mismo tiempo, se labora en el Plan de Getión ambiental distrital de Buenaventura; el plan de gestión de residuos sólidos, y el Plan de saneamiento y manejo de vertimientos.

 

 

Recuadro 3

 

Educación, lo más destacado

 

El tema que tiene mayor grado de avance es educación, porque hay varias obras del componente de infraestructura que están en ejecución: remodelación de escuelas en zona rural y urbana, y porque se logró el aumento de recursos para Buenaventura en una cifra cercana a 25 mil millones de pesos año, mediante la revisión de un criterio técnico denominado “tipología educativa” que determina los recursos asignados por regiones. Parte de esos recursos ya comienzan a beneficiar a la ciudad. Se logró, así mismo, la asignación de 137 nuevas plazas para docentes.

 

Infraestructura educación superior. El logro concreto en este componente del acuerdo es del orden de once mil millones de pesos ($ 11.000.000.000) para la Univalle sede Pacífico.

 

Se dispuso por parte del MEN, y están en proceso de ejecución, doscientos treinta y seis millones de pesos (236.000.000) para el diagnóstico ampliado que posibilite la definición de políticas públicas territoriales en materia de educación superior.

 

En materia de salud: está aprobada la inversión de 183 mil millones de pesos para la ciudadela hospitalaria, de los cuales están asegurados 27 mil millones para primera fase.

 

Recursos para adecuación, remodelación y construcción de puestos y centros de salud urbanos y rurales. Asegurados ya 3.500 millones para el Centro hospitalario de Puerto Merizalde.

 

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Publicado enEdición Nº254
Cuba aprueba su nueva Constitución tras la celebración de un referéndum

El 86,8 % de los votantes (73,3 % de todos los electores cubanos) votó 'Sí' a la reforma de la carta magna surgida del debate popular realizado entre agosto y noviembre de 2018.

Este domingo 24 de febrero los cubanos y cubanas votaron en un referéndum a favor de reformar la Constitución vigente desde 1976. Con una participación del 84,40 % (el voto no es obligatorio), el 86,85 % de los votantes respondió 'Sí' a la pregunta: "¿Ratifica usted la nueva Constitución de la República?".


Esto corresponde a un apoyo de 6.816.169 ciudadanos (el 73,31 % del padrón electoral), mientras que 706.400 personas (el 7,59 % del padrón y el 9,39 % de los votos válidos) marcaron el 'No' en la consulta popular. La Comisión Electoral Nacional cubana anuló 127.100 boletas, y las restantes 198.674 quedaron en blanco.


El jefe de Estado, Miguel Díaz-Canel, declaró a los medios, luego de asistir al centro de votación, que se trata de una carta magna "moderna" que "formula un Estado socialista de derecho". "Nos va a permitir destrabar procesos y avanzar de una manera más decidida en la construcción del modelo económico-social", añadió.


A su vez, recordó que "el 24 de febrero de 1976, Cuba aprobó la primera Constitución socialista, ya en Revolución", lo que implicó un "momento de crecimiento, de avance institucional, jurídico y constitucional".


Finalmente, sostuvo que la votación fue "también por América Latina, por Venezuela y la dignidad de la región". "Estamos viviendo un momento de amenaza imperial, existe la intención de imponer una plataforma de restauración capitalista en América Latina", agregó en relación a la crisis que se vive en Venezuela y las amenazas de intervención militar por parte de EE.UU


"Los pueblos latinoamericanos tenemos que aprender a defender nuestra identidad. Esta guerra que se nos hace es económica, ideológica y cultural", completó.
¿Qué plantea la nueva Constitución.


El texto aprobado en el referéndum de este domingo supone una serie de modificaciones de distinta índole y mantiene derechos consagrados por el modelo cubano. Entre los artículos más importantes se destacan:


• Título II: actualización del modelo económico y reconocimiento del mercado, la propiedad privada y la inversión extranjera para hacer frente al bloqueo de EE.UU.
• Artículo 4: se ratifica que el país no volverá al capitalismo y se destaca el carácter "irrevocable" del sistema socialista.
• Artículo 82: se considera al matrimonio como una forma de organización familiar que "se funda en el libre consentimiento y en la igualdad de derechos, obligaciones y capacidad legal de los cónyuges". De esta manera, se modifica la descripción que planteaba que era la unión de un varón y una mujer, abriendo la puerta para que el matrimonio igualitario sea legalizado en el futuro.
• Artículos 126 y 127: se crea el cargo de presidente del país que tendrá un mandato de cinco años con opción a una sola reelección por un período de tiempo similar. Además, la edad mínima requerida para aspirar a este cargo serán 35 años y la máxima 60 a la hora de presentarse por primera vez.
• Artículo 15: se explicita el carácter laico del Estado y se mantiene la libertad de credo y el respeto igualitario a todos ellos.
• Artículo 55: se declara que "los medios fundamentales de comunicación social", en cualquiera de sus formas y soportes, son de propiedad socialista y "no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".

• Artículo 42: todas las personas recibirán "igual salario por igual trabajo, sin discriminación alguna".

• Artículos 72 y 73: tanto la Salud como la Educación serán garantizadas por el Estado de forma gratuita.

• Artículo 86: se reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de pleno derecho para garantizar "su desarrollo armónico e integral" teniendo en cuenta "su interés superior en las decisiones y actos que les conciernan".


Un proceso de debate inédito en el mundo


El primer borrador de la nueva Constitución fue presentado a mediados de 2018 en la Asamblea Nacional y sometido a un debate popular de varios meses, que comenzó el 13 de agosto y finalizó el 15 de noviembre.


Según informó Prensa Latina, casi 9 millones de cubanos –sobre 11.500.000 habitantes– participaron de 133.000 reuniones de discusión que se llevaron a cabo en barrios, centros de trabajo y estudio. De allí surgieron alrededor de 783.000 propuestas de modificación, adición o eliminación de artículos.

Publicado: 25 feb 2019 20:22 GMT | Última actualización: 26 feb 2019 09:31 GMT

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Nos hemos conformado con una concepción superficial de la democracia. Y eso es peligroso

A lo largo de los últimos decenios, muchos en Occidente han llegado a aceptar una concepción notablemente estrecha de para qué sirven la economía y una democracia. La economía existe para enriquecernos, o al menos para pagar las facturas. Se cree que funciona cuando suben la bolsa y el PIB. Democracia es votar por alguno de que esté “de tu lado”. Ambas están vinculadas cuando votas por alguien que promete que te hará rico, o al menos que te bajará los impuestos.

A riesgo de afirmar algo que se ha vuelto obvio en años recientes, esta visión materialista de la economía y la democracia es, en el mejor de los casos, pobre; y en el peor, es peligrosa. La insatisfacción económica prolongada y nuestra concepción de la democracia poco consistente han abierto un agujero espiritual que ha empujado a los votantes de Estados Unidos, Europa y Sudamérica a los abrazos de populistas irritados y nacionalistas, que ofrecen un nuevo espiritualismo basado en la nación.


Pero hay otra tradición democrática, prácticamente perdida, en la que los objetivos de una democracia y una civilización digna están irreduciblemente ligados al vigoroso desarrollo de sus ciudadanos en dimensiones sociales, intelectuales y espirituales. En esta vieja concepción, una democracia excelente es aquella que sirve de crisol para la forja del buen carácter y la búsqueda de una vida digna: una que incluye la seguridad material, pero que también va más allá.


Esta versión de la democracia no pone el acento en las urnas o en los valores bursátiles, sino en la calidad de la vidas de los ciudadanos tal y como son vividas. Reconoce, de este modo, que el crecimiento personal saludable no ocurre por sí solo: requiere de libertades y seguridad con las que el florecimiento humano sea posible.


Según esta noción, todos los ciudadanos deberían tener la seguridad como para trascender una brutal refriega por la supervivencia y sentirse a salvo, y la libertad para aspirar a hacer algo más con sus vidas. Como una vez lo expresó el jurista estadounidense Louis Brandeis: “el ‘derecho a la vida’ garantizado por nuestra Constitución” debería ser entendido como “el derecho a vivir, y no meramente a existir”.


La opinión de Brandeis tiene implicaciones radicales respecto a cómo deberían ser un país y su economía. En particular, exige que reconozcamos, limitemos y equilibremos sendos peligros sobre nuestras vidas: tanto el de la opresión gubernamental como el de la coerción privada. Eso significa, claro está, la protección ante la censura y la represión del gobierno. Pero también significa libertad ante la dominación industrial, la explotación o tanta inseguridad económica como para que uno tema constantemente al desempleo o a la pobreza. Como escribió Brandeis, nadie es realmente libre “si depende, en el terreno laboral, de la voluntad arbitraria de otro”.


Desde la revolución industrial, hemos tenido que contar con el crecimiento del poder privado: antes en forma de trust o cártel, ahora en la forma de la gran corporación, el monopolio y la multinacional. El poderío y la riqueza de estas instituciones puede exceder incluso el de los gobiernos. Especialmente en los Estados Unidos, estas empresas también han reivindicado para sí mismas muchos de los derechos políticos de la ciudadanía: el derecho a la libertad de expresión, a gastar dinero para influir en la política y a la libertad de culto corporativo –hasta ahora, prácticamente todo excepto el derecho a votar–.


Para la mayoría de las personas en los países industrializados hoy en día, nuestro sentido de la autonomía y la seguridad está igual o más influenciado por fuerzas privadas y estructuras económicas que por el gobierno. Las condiciones de trabajo –desde la cantidad de nuestro salario y la duración de la jornada, hasta los riesgos de ser despedido, acosado o maltratado por los jefes, e incluso la seguridad personal– determinan hoy qué parte de nuestras vidas es realmente vivida.


Fuera del trabajo, nuestras vidas diarias están también profundamente determinadas por cuestiones económicas como el alquiler, el acceso al transporte o la compra diaria de alimentos, así como el seguro médico, incluso mucho más que cualquier otra libertad abstracta. Es por eso que la libertad real debe ser comprendida como ausencia de coerciones públicas y privadas: un aspecto que ha sido completamente olvidado por los denominados libertarianos, conservadores e incluso la mayoría de neoliberales.


Esto dirige a otra intuición crucial ulterior: que el “gigantismo” –la dominación de la economía y la política por parte de empresas gigantes– es una calamidad.


Desde la perspectiva de la libertad individual hay una diferencia fundamental entre una economía dominada por multinacionales gigantes y una que abarque intereses más pequeños en condiciones de competición. Cuando el poder privado está concentrado, los ciudadanos corporativos [las empresas] pueden desplazar con sus exigencias a los humanos. Emerge cierta inhumanidad, y perdemos de vista que el florecimiento humano debería ser el objetivo.


Las condiciones de trabajo hacen esta dinámica particularmente clara. En los Estados Unidos, los empleados están sujetos regularmente a infracciones que van desde lo invasivo hasta lo abiertamente tiránico. A los trabajadores poco cualificados se les prohíben regularmente las conversaciones casuales o demorarse en la tarea (a lo que Walmart llama “robo de tiempo”), se les deniega el acceso al baño (Tyson Foods), son cacheados al salir del trabajo (Amazon), o sujetos a controles antidroga masivos sin sospecha alguna, incluso para trabajos rutinarios (en muchas industrias).


Más en general, el crecimiento de empleos inestables a tiempo parcial y su otra cara, la sobrecarga de trabajo, ha tenido un efecto corruptor y corrosivo sobre cómo la vida es realmente vivida. Tal vez más perniciosamente, el poder privado, tal y como se experimenta en la forma de un puesto de trabajo pleno de dominación, puede destruir la vida familiar. Esto tiene efectos intergeneracionales profundos, obstaculizando el desarrollo y limitando las oportunidades futuras de los hijos cuyos padres no pueden dedicarles el tiempo y la atención que necesitan.


Proteger la libertad humana y proveer de la seguridad consistente con la prosperidad humana no requiere solo de regulaciones humanas de las condiciones de trabajo, sino también de una economía abierta, compuesta de pequeñas empresas que realmente obedezcan las leyes. Para lograrlo, necesitamos poner fin, o al menos limitar radicalmente, el poder de los monopolios.


Como Brandeis entendió, la verdadera libertad implica una suspicacia contra las corporaciones enormes y los gobiernos enormes. El principio unificador es este: el poder concentrado en cualquiera de sus formas puede ser peligroso; las instituciones deben construirse a escala humana, y necesitamos, por encima de todo, perseguir metas humanas.

 

Por Tim Wu. Es profesor de derecho en la Universidad de Columbia. Su especialidad es la legislación contra los monopolios, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. Se le atribuye la creación del concepto de “neutralidad en la red”. Es el autor de "El interruptor principal: Auge y caída de los imperios de la información" (Fondo de Cultura Económica, 2016). Acaba de publicar su último libro, del cual este texto es una adaptación, "The Curse of Bigness: Antitrust in the New Gilded Age" (Columbia Global Reports, 2018).

 

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“No se trata de sobrevivir en el sistema capitalista, sino de minar sus bases”

Amigo personal de Lula, el veterano fraile dominico brasileño y teólogo de la liberación es sin embargo crítico con algunas de las políticas aplicadas por los gobiernos del PT, de los que se distanció hace más de una década.


—¿Cómo explica el triunfo de Jair Bolsonaro?


—El PT realizó las conquistas más importantes de la historia reciente de Brasil, sobre todo en el área social, pero el último mandato de Dilma Rousseff no fue muy positivo, más bien lo contrario. Llevó a cabo políticas de corte neoliberal, aliándose con sectores de derecha, que alejaron al PT de lo que habían sido sus principios históricos. A eso hay que sumarle la desestabilización política conducida desde dentro del propio gobierno, por el vicepresidente Michel Temer, y desde fuera. Eso fue creando las condiciones para lo que siguió después.


Al mismo tiempo, el PT, en sus 13 años de gobierno, dejó en el tintero muchos temas. Uno de ellos fue la alfabetización política del pueblo, otro la democratización de los medios de comunicación. Y tuvo la “mala suerte” de que varios de sus líderes estuvieran envueltos en redes de corrupción.


—¿Mala suerte? ¿Esos casos de corrupción no fueron consecuencia de aceptar unas reglas del juego que se suponía se iban a combatir?


—Fue un error pensar que para asegurar la gobernabilidad había que hacer alianzas con determinados partidos. Pienso que lo más importante para asegurar esa gobernabilidad era favorecer la movilización de los movimientos sociales, que fueron la base histórica del PT, surgido precisamente como un “partido de los trabajadores”, de los más pobres.


Otro factor que jugó mucho en la llegada al poder de Bolsonaro fue la manipulación de los medios de comunicación. En eso hubo una incidencia de gente como el estadounidense Steve Bannon, que ya había tenido éxito en la promoción de Donald Trump y en la fabricación de “noticias falsas”. Bannon asesoró a Jair Bolsonaro y lo está haciendo en decenas de países (se habla de unos 50), con dirigentes de extrema derecha. Es gente que contribuye a una degradación extrema de la democracia.


El encarcelamiento de Lula contribuyó en mucho también, sin duda, a la victoria de Bolsonaro. Ahora ha quedado clarísimo que se trató de una conspiración en su contra: quien lo acusó, sin pruebas serias, consistentes, fue el juez Sergio Moro, a quien Bolsonaro designó como su futuro ministro de Justicia. Lula molestaba, y era muy probable que pudiera ganar fácilmente las elecciones. Ahora, con este panorama, no sé si no va a terminar sus días en la cárcel.


—¿Usted piensa que las denuncias de corrupción que pesan sobre una cantidad de dirigentes de gobiernos progresistas latinoamericanos obedecen a una campaña global orquestada?


—Es muy posible, pero eso no excluye que haya habido hechos de corrupción concretos, probados. En el caso de Brasil, ha habido incluso muchas confesiones. Antonio Palocci, ex ministro de Hacienda de Lula, admitió haber sido corrompido y haber sido corruptor. Y así otros dirigentes del PT.


Hay que tener en cuenta que este tema de la corrupción es muy sensible sobre todo para la gente pobre, que admite cada vez menos que las elites roben, se enriquezcan, cuando ellos la pasan mal, siguen pasando mal. Hay una exigencia ética muy fuerte en ese sentido, sobre la cual por supuesto se monta la derecha intentando explotarla sin legitimidad.
El PT, en este como en otros temas, no ha hecho autocrítica alguna al respecto.


—¿Cómo son actualmente sus relaciones con el PT?


—Nunca fui militante de ningún partido. Tenía y tengo relaciones personales con algunos de sus dirigentes, especialmente con Lula, con quien mantengo vínculos fraternales. Lo he ido a ver a la cárcel, y pienso ir a verlo, si me autorizan, antes de Navidad. Eso no implica que no pueda criticarlo, y mucho, siempre dentro de la izquierda.


—Usted ha sido muy duro con los gobiernos del PT, por ejemplo en su libro La mosca azul, de 2006.


—Y también en Calendario del poder (publicado en 2007), que no está traducido, y que es una suerte de diario de trabajo de cuando estaba en el gobierno y me decepcioné de sus políticas. Yo había sido parte del programa Hambre Cero, concebido como un plan monitoreado por los movimientos sociales a través de comités de gestores. Pero el propio gobierno lo remplazó con Bolsa Familia. Hambre Cero era un programa emancipatorio, Bolsa Familia fue un programa compensatorio. No es que dar dinero, subvenciones, a los más pobres, esté mal en sí mismo, pero no se les permitió a las familias marchar hacia su emancipación financiera y sustentable.


—Es una concepción con la que se manejaron casi todos, si no todos, los gobiernos progresistas de la región.


—Exactamente. No dieron a la gente condiciones para que saliera durablemente de la miseria, a través del acceso a la vivienda, a la tierra, al trabajo.


En Brasil se priorizó el acceso a los bienes personales. Vas a una favela y adentro hay smartphones, tevé plana y a color, heladera, computadora, pero la casilla en la que viven es la misma casilla miserable de antes. La gente no tiene vivienda digna, no tiene saneamiento, no tiene trabajo, los niños no van a la escuela. Se debería haber priorizado el acceso a los bienes sociales y crear una sociedad diferente, basada en una cultura en la que los bienes sociales fueran los más importantes. Eso no se hizo. Tampoco se puso énfasis en un tipo distinto de educación. Ahora Bolsonaro propone volver a una educación aun más retrógrada, en la que a los niños se les enseñe que la teoría de la evolución es falsa, y lo va a poder hacer, porque no se trabajó para consolidar una base impermeable a ese tipo de barbaridades.


Lo que quiero decir es que no se trata de apuntar, como se hizo bajo los gobiernos del PT, a sobrevivir en la sociedad capitalista, sino a minar las bases de la sociedad capitalista, a darle nuevo sentido a la vida, fomentar un sentido de comunidad. La gente que entraba a los partidos comunistas en los años veinte, treinta, cuarenta, en sociedades capitalistas, sentía que vivía un mundo solidario, fraterno. Con las diferencias claras del caso, hay que volver a ese espíritu.


—Los partidos progresistas afirman que una cosa es la “cultura de oposición” y otra la “cultura de gobierno”, y que una vez que llegan al poder se encuentran con problemas que no preveían. En Brasil, el PT dice que tuvo que operar en un sistema político atomizado y corrupto, y con ese argumento justifica las alianzas que hizo o el mensalão…


—Son excusas. Se podría perfectamente haber hecho de todas maneras cosas que no se hicieron: implementar la alfabetización política de la gente; lo que hablaba antes, de los programas emancipatorios y no asistencialistas; apoyar a los medios de comunicación alternativos, en vez de a los medios grandes; tomar medidas redistributivas más fuertes, y muchas otras cosas que se optó por no hacer a pesar de que se contaba con el apoyo de los movimientos sociales.

Daniel Gatti
30 noviembre, 2018

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EE.UU.: Elecciones de mitad de mandato históricas, cifra de votantes vergonzosa

Las pasadas elecciones de mitad de mandato estadounidenses hicieron historia, sobre todo porque el Partido Demócrata volvió a liderar la Cámara de Representantes de Estados Unidos y una cifra sin precedentes de cien mujeres resultaron electas para el Congreso, entre ellas, las primeras indígenas, musulmanas, afroestadounidenses, latinas y LGTBQ.

Pero también es cierto que menos de la mitad del electorado acudió a las urnas: un 47%. A pesar de ser la participación en elecciones de mitad de mandato más alta en medio siglo, es una cifra vergonzosa. El motivo principal son las agresivas acciones de supresión de votantes que el Partido Republicano ha llevado a cabo con éxito durante décadas, principalmente en los estados en los que detentan la mayoría en la legislatura estatal y que son gobernados por republicanos. La población se está organizando en contra de esta privación del derecho al voto generalizada y puede sacar dos importantes lecciones de estas elecciones de mitad de mandato: primero, que la organización de base obtiene resultados; y segundo, que aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar una democracia justa y representativa con un electorado comprometido y empoderado.


Basta con ver lo que sucedió en el estado de Misisipi, donde se acaba de realizar una segunda vuelta para el Senado de los Estados Unidos. En una elección cargada de racismo, la republicana Cynthia Hyde-Smith derrotó por aproximadamente ocho puntos porcentuales al demócrata afroestadounidense Mike Espy, que ha sido miembro del Congreso y secretario de Agricultura de Estados Unido. Si bien puede parecer una victoria sólida, uno de los dirigentes sociales más brillantes y experimentados del sur, el reverendo Dr. William Barber, lo ve de otra manera: “Mike Espy, en cierta forma, ya ha hecho historia al llegar a una segunda vuelta. Hace cinco o diez años, no se veía lo que estamos viendo en Georgia, Florida, Texas y ahora en Misisipi”.


El Reverendo William Barber se está refiriendo al fuerte avance de personas de color y progresistas en estados que se consideraban fortalezas conservadoras.


En Georgia, Stacey Abrams, quien bien podría haber sido la primera mujer gobernadora afroestadounidense en Estados Unidos, perdió por un margen muy reducido ante el republicano Brian Kemp, que se desempeñaba como secretario de Estado de Georgia durante la campaña. Kemp se negó a renunciar al cargo y finalmente supervisó la elección en la que era candidato. Como secretario de Estado, Kemp eliminó a 1,3 millones de votantes del registro electoral de Georgia y dejó en suspenso el procesamiento de 53.000 formularios de registro de votantes que en su mayoría eran de personas de color, que tienden a votar por los demócratas. Una orden judicial finalmente lo obligó a registrar a esos votantes. Stacey Abrams anunció que creó una nueva organización, Fair Fight Action, que ha presentado una demanda federal para forzar a los funcionarios electorales de Georgia a solucionar lo que, según afirma, son problemas sistémicos del sistema electoral de Georgia.


En Florida, el afroestadounidense Andrew Gillum, alcalde de Tallahassee, perdió por estrecho margen ante Ron DeSantis, el protegido de Donald Trump, en una campaña también empañada por llamadas automáticas con mensajes racistas y comentarios racistas por parte de DeSantis, entre los que se cuenta el convocar a la ciudadanía a “no hacer la monería” de apoyar a Gillum. La contienda fue lo suficientemente estrecha como para forzar un recuento de los votos y aunque Gillum finalmente perdió, en la misma elección los votantes de Florida aprobaron la Enmienda 4, que restaura el derecho al voto de 1,4 millones de floridenses con antecedentes penales.


Barber ha estado organizando lo que llama la “tercera reconstrucción”, una reorganización política en el sur de Estados Unidos. El reverendo explicó cómo la segunda vuelta para el Senado de Misisipi sirvió como oportunidad de organización: “Pude ir allí y estar en iglesias con las personas que acudieron, blancas, negras y latinas, que se estaban organizando, que reconocen que Misisipi no es un estado republicano, sino que es su estado, y que tienen posibilidades en Misisipi porque los índices demográficos han cambiado. Y tenemos que empezar a ver eso también. Comprenden que, en 2016, el 45% de las personas no votaron. Comprenden que solo el 29% del electorado acudió a votar en 2014 en la elección que ganó [el exsenador republicano Thad] Cochran. Este ganó por solamente 125.000 votos, y unos 600.000 afroestadounidenses que podrían haber votado no lo hicieron, y casi un millón de personas blancas que podrían haber votado tampoco lo hicieron”.


Mike Espy, exsecretario de Agricultura de Estados Unidos y excongresista de Misisipi, perdió ante la actual senadora republicana de Misisipi por poco más de 68.000 votos, un margen menor al 8% (Hyde-Smith fue designada para reemplazar a Thad Cochran en abril de este año, cuando este renunció por motivos de salud). La victoria de Hyde-Smith se produjo después de que ella bromeara sobre los ahorcamientos públicos en la campaña electoral y luego de que se hiciera pública una fotografía en Facebook que la mostraba posando con una gorra y un rifle del Ejército Confederado, en la que escribió como pie de foto: “¡Lo mejor de la historia de Misisipi!”.


Como señala el reverendo Dr. William Barber, hay más de 600.000 afroestadounidenses en Misisipi que reúnen las condiciones para votar, pero que no acudieron a las urnas. Un esfuerzo concertado para lograr la participación de estos ciudadanos, para empoderarlos con el fin de que ejerzan el voto, podría cambiar fácilmente los resultados de las elecciones en Misisipi.


Barber concluyó: “El sur está cambiando. La llamada “Estrategia sureña” del Partido Republicano comienza a romperse. Ya vamos sintiendo el dolor de parto de esta tercera reconstrucción”.

 

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Sábado, 17 Noviembre 2018 06:02

A la libertad por la universidad

A la libertad por la universidad

En la imaginaria Ciudad del Sol de Campanella, rodeada de siete murallas, hay una casa con tantos maestros como ciencias: “el astrólogo, el cosmógrafo, el geómetra, el lógico, el retórico, el gramático, el médico, el físico, el político, el moralista… y un solo libro que contiene la totalidad del saber humano, que debe conocer todo el pueblo”.


Esta visión renacentista es el mejor símil de la universidad, un todo armónico resultante de la diversidad de sus partes, articulado hacia adentro, pero que irradia hacia afuera, inserto en la propia sociedad a la que no puede ser ajena porque perdería su razón de ser.


Lo aprendí cuando en 1959 entré a estudiar derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la única que existía entonces, con sede en la ciudad de León, y que tenía apenas mil estudiantes. Las clases se extendían fuera del aula y uno podía visitar a los profesores en sus casas, prestar libros de sus bibliotecas y aun sentarse con ellos a las mesas de los bares. Una intimidad académica y de por medio mucha curiosidad juvenil.


El rector de la universidad era Mariano Fiallos Gil, quien había luchado por conquistar la autonomía universitaria. Fuimos sus discípulos y formamos lo que se llamó la generación de la autonomía.


Creó el lema A la libertad por la universidad, que proclamaba un humanismo beligerante, la universidad fuera del claustro, y así salíamos a la calle a enfrentarnos con la realidad de que el país se hallaba bajo la férula de una dictadura familiar.


Solía repetir a Terencio: Soy un hombre, nada humano me es ajeno. Y nada de lo humano es ajeno a la universidad, inmersa en un entorno que en América Latina es injusto con tanta desmesura. Si a la universidad se le arrebata el humanismo y se burla su autonomía, nada queda de ella.


Es lo que hace un siglo enunciaba el Manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba: “Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes, la hospitalización segura de los inválidos y –lo que es peor aún– el lugar donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaron la cátedra que las dictara”.
Las universidades fueron en América Latina fortalezas éticas que criticaban a los gobiernos autoritarios y denunciaban los abusos de poder. Por eso fueron blanco no pocas veces de las dictaduras militares, que mandaban ocuparlas con tropas y tanques de guerra.


Ahora, cuando en las encuestas de opinión se pregunta sobre las instituciones de mayor prestigio, las que ejercen influencia sobre los ciudadanos, se olvida a las universidades, como si se hubieran ausentado de la vida pública.


La excelencia académica es un reto. Pero también las universidades tienen otro papel que cumplir más allá de las aulas. Deben volver a ser la conciencia de la nación, ahora que el sistema democrático corre tantos riesgos frente a las trampas de la demagogia, el populismo, y el fanatismo ideológico.


Hay nuevas formas de populismo y de caudillismo, y las universidades no se libran de la férula ideológica, alineadas al poder político como ocurre hoy en Nicaragua, donde se ha perdido todo vestigio de autonomía en las universidades públicas y la autoridad académica se subordina a la de los comisarios políticos. Son universidades intervenidas.


Los profesores que no responden a las líneas políticas oficiales son despedidos y decenas de estudiantes han sido expulsados o se hallan en la cárcel acusados de actos de terrorismo. La lealtad política sustituye al rendimiento académico, y por tanto la calidad de la enseñanza se empobrece hasta el ridículo.


La democracia es una herramienta ineludible e insustituible, sin la que no son posibles ni la paz social ni la institucionalidad ni la transformación social ni el progreso económico. ¿Tienen que ver las universidades con la defensa de la democracia? Deben estar a la cabeza. La democracia necesita ser defendida con las herramientas del pensamiento elaborado de manera crítica en los recintos académicos. En el ejercicio pleno de su autonomía y en libre debate de las ideas, las universidades deben ser ellas mismas escuelas de democracia.
No se ha roto el molde del dogma. Un dogma vuelve siempre a sustituir a otro y el antídoto sólo está en poner en cuestión la verdad absoluta, rasgar su coraza y hacer que surja el pensamiento libre. Y crear pensamiento libre de manera incesante es tarea de las universidades.


La primera prédica de la universidad, que por su naturaleza y su misión encarna la diversidad, es en beneficio de la libertad para cerrar así el paso a la intolerancia de quienes no admiten el pensamiento ajeno y buscan anularlo. Quienes expulsan de las universidades toda forma diferente de pensar son quienes terminan levantando los cadalsos e inflamando las hogueras donde se empieza quemando libros y se terminan quemando personas, según las palabras de Heine, que nunca debemos olvidar.


Madrid, noviembre de 2018
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