Foto Agence France Press

 

La pobreza multidimensional en Colombia bajó en los últimos seis años, según una encuesta realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.

El organismo oficial reveló que esto significa que el país pasó de tener 13´719.000 personas en condición de pobreza multidimensional en 2010 a 8´586.000 en 2016, lo que equivale a una reducción de 5´133.000 personas en ese periodo.

En 2016 el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 17,8% para el total nacional y se redujo 2,4 puntos porcentuales con respecto a 2015 cuando fue 20,2%.

En las cabeceras municipales el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue de 12,1% en 2016, 2,3 puntos porcentuales menos que en 2015.

En los centros poblados y zonas rurales dispersas el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional fue 37,6% con una reducción de 2,4 puntos porcentuales, señaló el DANE.

La pobreza multidimensional en las zonas rurales del país ha registrado la misma tendencia decreciente del promedio nacional desde 2010: pasó de 53,1% a 37,6% en 2016. Esto quiere decir que el número de personas en condición de pobreza multidimensional pasó de 5´609.000 en 2010 a 4´068.000 en 2016.

Este comportamiento se explica por las reducciones en las barreras de acceso a servicios de salud y las mejoras en el aseguramiento en salud.

 
Pobreza monetaria

 

En 2016 el 28,0% de los colombianos estaba en condición de pobreza monetaria, lo cual representa una variación de 0,2 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue 27,8%.

La pobreza en las cabeceras municipales pasó de 24,1% en 2015 a 24,9% en 2016, cambio equivalente a 0,8 puntos porcentuales.

La pobreza en los centros poblados y zonas rurales dispersas fue 38,6%, lo cual representa una disminución de 1,7 puntos porcentuales, frente a 2015 cuando fue 40,3%.

Las cifras revelan que el 8,5% del total de la población estaba en condición de pobreza extrema.

En las cabeceras municipales pasó de 7,9% en 2015 a 8,6% en 2016 y en los centros poblados pasó de 18,0% en 2015 a 18,1% en 2016.

Los resultados de la pobreza monetaria y la pobreza monetaria extrema se explican en gran parte por el comportamiento de la inflación en el año 2016.

La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria en 2016 fue Bucaramanga A.M. con 10,6%, seguida por Bogotá D.C. con 11,6% y Medellín con 14,1%. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria en 2016 fue Quibdó con 49,2%, seguida por Riohacha con 45,5% y Valledupar con 35,5%.

La ciudad con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Bucaramanga A.M. con 1,2%, seguida por Pereira A.M. con 1,8% y Bogotá D.C. con 2,3%. La ciudad con mayor incidencia de pobreza monetaria extrema en 2016 fue Quibdó con 19,5%, seguida por Riohacha con 15,3% y Valledupar con 8,7%.

 
Hogares

 

Se observa que las personas que pertenecen a hogares en donde hay tres o más niños presentan niveles de incidencia de pobreza que superan el 53,0%; siempre superior a la media incondicionada del dominio.

Por ejemplo, el 68,2% de las personas que pertenecen a una familia con tres o más niños en centros poblados y rural disperso del país, son pobres; si viven en las cabeceras, el porcentaje es de 65,7% y si están en las trece ciudades y áreas metropolitanas es de 53,6%.

A nivel nacional, se presentó un aumento de la pobreza de las personas que pertenecen a hogares cuyo jefe de hogar alcanzó educación técnica o tecnológica en 1,8 puntos porcentuales y para las personas con jefe de hogar afiliado al régimen de seguridad social en salud en 0,7 puntos porcentuales.

En las cabeceras se presentaron aumentos de la pobreza para las personas que pertenecen a hogares cuyo jefe es hombre y alcanzó educación secundaria, y educación técnica o tecnológica.

Se incrementó la tasa de incidencia de la pobreza de las personas que pertenecen a hogares con jefe ocupado y en posición ocupacional “patronos y cuenta propia” en 0,9 puntos porcentuales.

En los centros poblados y rural disperso la incidencia de la pobreza para las personas en hogares con jefe mujer disminuyó en 4,5 puntos porcentuales, cayó en 4,2 puntos porcentuales en los hogares con jefe de hogar con edad entre 36 y 45 años de edad.

La tasa de pobreza de las personas con jefe de hogar con educación secundaria se redujo en 2,9 puntos porcentuales; y la pobreza para personas con jefe de hogar asalariado se redujo en 4,5 puntos porcentuales.

El segmento con una mayor tasa de incidencia de la pobreza son personas entre los 26 y 35 años, con un 33,3%. En contraste, el segmento de personas entre los 56 y los 65 años obtuvo la menor tasa con 22,3%.

 
Resultado favorable

 

El director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, en Colombia, Juan Carlos Ramírez, expresó que es el primer país que produce cifras de pobreza y que, haciendo proyecciones, para el resto de América Latina prevé un aumento de 2 puntos porcentuales.

“El hecho de que Colombia haya sufrido un choque similar al del resto de América Latina y esté mostrando estas cifras de pobreza, es un resultado absolutamente favorable que muestra la consistencia de la política social y económica y la mayor capacidad de resiliencia del país”, agregó.

Destacó que Colombia, Chile y República Dominicana son los países donde más se ha reducido la pobreza y donde esa tendencia ha sido más consistente.

“Ha aumentado el ingreso de los trabajadores, ha aumentado el número de trabajadores, se ha venido reduciendo el número de personas por hogar y se ha logrado consolidar el programa de transferencias y ayudas”, precisó Ramírez.

Por su parte, Ángela Penagos, directora del Centro Latinoamericano para el Desarrollo, destacó la política de vivienda rural emprendida por el Ministerio de Agricultura y resaltó que los ingresos en esas zonas se han mejorado.

“Las mujeres están ingresando al mercado laboral formal en zonas rurales y están dejando de percibir ingresos por el trabajo agropecuario. Estos son los efectos de la política de vivienda rural, porque normalmente donde se vive es donde se trabaja”, aseveró.

 

 

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Más de 2 mil 600 millones de personas tenían acceso a agua potable de mejor calidad en 2015 que en 1990, lo que redujo el riesgo de contraer enfermedades como el cólera. Sin embargo, el informe del PNUD refiere que una de cada tres personas sigue viviendo con índices bajos de desarrollo humano en 2016 y uno de cada nueve sufre hambruna. En la imagen de hace unos días, un niño con desnutrición severa en un centro de salud financiado por el Unicef en la región de Bahía, en Somalia

 

 

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Selim Jahan, autor principal del Informe Desarrollo humano para todas las personas; Stefan Leofven, primer ministro de Suecia; Helen Clark, administradora del PNUD, e Isabella Lovin, viceprimera ministra sueca, ayer en Estocolmo durante la presentación del documento. Foto Afp

 

*Una de cada tres personas viven por debajo de los umbrales mínimos de desarrollo, indica.

 

*Entre 1990 y 2015 las tasas de mortalidad en niños menores de 5 años se redujeron más de la mitad.

 

 

Estocolmo.

 

Una de cada tres personas en el mundo continúa viviendo por debajo de los umbrales mínimos de desarrollo, por lo que a pesar de los avances conseguidos en los últimos años todavía hay millones de excluidos por la comunidad internacional, advirtió el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su informe anual, divulgado este martes.

De acuerdo con los autores del informe Desarrollo humano para todas las personas, para poder garantizar un desarrollo humano sostenible para todos es imprescindible centrar los esfuerzos en aquellas comunidades que a lo largo de los años han sido especialmente excluidas.

Más de mil millones de personas salieron de la extrema pobreza, indicó el PNUD al relacionar los datos de 1990 con los de 2015, aunque la población global aumentó de 5 mil 300 millones a 7 mil 300 millones en el mismo periodo. Precisó que las personas que viven en extrema pobreza lo hacen con menos de 1.9 dólares diarios.

Las tasas de mortalidad en niños menores de cinco años se redujeron más de la mitad entre 1990 y 2015, de 91 muertes por cada mil nacidos vivos a 43, siendo África subsahariana donde más mejoró la situación, dijo el PNUD.

Más de 2 mil 600 millones de personas tenían acceso a agua potable de mejor calidad en 2015 que en 1990, lo que redujo el riesgo de contraer enfermedades como el cólera. Sin embargo, el informe refiere que una de cada tres personas sigue viviendo con índices bajos de desarrollo humano en 2016 y uno de cada nueve sufre hambruna.

El empeño de no dejar a nadie atrás debe definir cada acción que emprendamos como comunidad global, señaló el primer ministro sueco, Stefan Lofven. Es el principio de inclusión el que debe guiar nuestras decisiones de política, añadió.

El mundo ha recorrido un largo camino en la reducción de la pobreza extrema, mejoras en el acceso a la educación, la salud y el saneamiento, y la ampliación de posibilidades para mujeres y niñas, indicó Helen Clark, administradora del PNUD.

Sin embargo, estos avances son el preludio del siguiente desafío, que es el de velar por que los beneficios del progreso mundial lleguen a todas las personas, manifestó durante su intervención en la presentación del informe, este martes en Estocolmo.

Más de 300 millones de personas –entre ellas un tercio de la población infantil mundial– viven en situación de pobreza relativa. Al contrario de la absoluta, la medida de pobreza relativa se define como la condición de estar por debajo de un umbral relativo de pobreza. Implica la falta de ciertos bienes y recursos que el resto de la sociedad da por sentados.

 

Discriminación sistemática

 

El problema no sólo radica en que hay millones de personas que aún sufren carencias extremas, sino que las desventajas afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos. Prestamos demasiada atención a los promedios a nivel nacional, que a menudo ocultan enormes desigualdades en las condiciones de vida de las personas, declaró Selim Jahan, autor principal del informe. Para avanzar, tenemos que examinar más de cerca no sólo lo que se ha logrado, sino también quién ha quedado excluido y por qué, apuntó.

Las mujeres, los habitantes de las zonas rurales, las comunidades indígenas, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, los refugiados y la comunidad LGTB son los principales grupos excluidos de manera sistemática por obstáculos que no son simplemente económicos, sino también políticos, sociales y culturales.

En general, las mujeres son más pobres, ganan menos y tienen menos oportunidades que los hombres. En al menos un centenar de países están legalmente excluidas de ciertos empleos por su género y en al menos 18 países necesitan la autorización de su marido, hermano o padre para trabajar. Por otro lado, en muchas regiones, prácticas como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzoso continúan a la orden del día.

Los pueblos indígenas representan sólo 5 por ciento de la población mundial, pero más de 15 por ciento de las personas que viven en situación de pobreza.

Los derechos de la comunidad LGTB son violados continuamente en al menos 70 países, donde los actos homosexuales entre hombres son considerados un delito.

Los refugiados, que ascienden a 65 millones en todo el mundo, también se enfrentan a numerosos desafíos, dado que muchos están desempleados, no tienen ingresos y no tienen acceso a los servicios sanitarios y sociales.

Es posible erradicar la pobreza y lograr un desarrollo sostenible, pacífico y justo para todos si se eliminan aquellas normas sociales y leyes discriminatorias arraigadas y persistentes, subrayó Clark.

Pese a las diferencias de progreso, el desarrollo humano universal es alcanzable, aseveró Jahan. En las últimas décadas hemos sido testigos de logros en materia de desarrollo humano que antes se consideraban imposibles de alcanzar, concluyó.

El informe del PNUD incluye el índice de desarrollo humano (IDH), que mide la esperanza de vida al nacer, los niveles de educación y de ingresos. Noruega lidera la lista de 51 países con mejores índices de desarrollo humano. Entre los países en lo más alto de la lista están Australia, Suiza, Alemania, Dinamarca, Singapur, Holanda, Irlanda, Islandia, Canadá y Estados Unidos.

La República Centroafricana se encuentra en lo más bajo de la lista de desarrollo humano de 188 países. El IDH se calcula desde 1990 y ha sido una herramienta útil, puesto que es una medida más amplia que el PIB per cápita, dado que la vida humana no es sólo ingresos, explicó Jahan.

 

 

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Golpe a los 'Cuatro Jinetes Negros' de los transgénicos

 

La Corte Superior del Condado de Fresno (California, EEUU) asestó un duro golpe a los llamados 'Cuatro Jinetes del Apocalipsis OGM' (Organismos Genéticamente Modificados).

 

Si eres propietario de las semillas, como Monsanto, la alimentación del mundo está en tus manos

 

La juez Kristi Culver Kapetan rechazó una demanda legal de Monsanto Chemicals, que trató de impedir que el estado de California agregue glifosato usado en el herbicida Roundup a la lista de sustancias químicas cancerígenas. Esto significa que, en un año, todos los productos que contienen el Roundup deben ser etiquetados como sustancias que producen cáncer.

Tanto Monsanto Chemicals como DuPont, Syngenta y Dow Chemicals, pertenecientes al grupo de 'Jinetes del Apocalipsis OGM', están usando herbicidas a base de glifosato como un componente obligatorio para comprar semillas OMG. Estas semillas tienen una tolerancia a los herbicidas gracias a una forma de insensibilidad al glifosato del gen codificado para el enzima atacado por el herbicida.

La sentencia de la juez Kristi Culver Kapetan se anuncia en el momento de mayor actividad de las transnacionales biotecnológicas, que tratan de imponer al mundo entero el uso de las semillas genéticamente modificadas bajo el pretexto de "salvar al mundo del hambre".

La realidad es completamente diferente. Por algo decía el maquiavélico Henry Kissinger aquello de "controla los alimentos y controlarás a la gente". Los Organismos Genéticamente Modificados usados en las semillas están diseñados para ser uno de los principales instrumentos de los 'globalizadores iluminados' para lograr el control del mundo a través de la alimentación. El plan es a largo alcance y muy simple: al imponer las semillas tipo 'Terminator' (Terminador), la alimentación del mundo dependerá de la voluntad de las megacorporaciones de agronegocio y biotecnología, que serán parte de un Gobierno planetario. La nación que siga las reglas establecidas por este Gobierno recibirá semillas, y la que se oponga tendrá que pasar hambre.

​A nivel micro puedo dar el ejemplo de mi padre, un agricultor tradicional que nada sabía de los productos genéticamente modificados hará unos 15 años. Recuerdo su alegría al lograr una gran cosecha de papa después de utilizar las 'semillas mejoradas'. Dejó varios sacos de la papa cosechada para usar como semillas al año siguiente, haciendo planes para una cosecha más grande. Sin embargo, al año próximo, pese a todos los cuidados y el hermoso follaje, no había una sola papa que cosechar, pues había utilizado las semillas 'Terminator', diseñadas solamente para una cosecha y nadie, ni los medios de comunicación advertían a los agricultores de esta condición. Aquel año, todos los agricultores de la zona sufrieron una debacle financiera.

Ahora, el plan de dominar el mundo a través de alimentos vía semillas no salió realmente de estas corporaciones biotecnológicas, sino de las fundaciones Rockefeller, Ford, a las que se unió en los últimos años Bill & Melinda Gates Foundation.

Como sabemos el creador de la industria automotriz en Norteamérica, Henry Ford, soñaba con el dominio del mundo por parte de EEUU en alianza con Hitler. Por algo el führer alemán consideraba a Ford como "el americano más querido" e, incluso, basó varias secciones de su libro 'Mi Lucha' en escritos de Henry Ford. En especial en su ensayo 'El judío internacional, el mayor problema mundial'.

A la vez, la Fundación Rockefeller financió en los años 1920 tanto en EEUU como en Alemania los estudios en eugenesia para crear una raza superior, 'Raza Master', que había sido el 'Proyecto I' de la organización. En 1939, la Fundación Rockefeller auspició el 'Negro Project' diseñado para Harlem (New York) por la enfermera Margaret Sanger, con el fin de "exterminar a la población negra". Las mismas fundaciones, en compañía de las fundaciones Carnegie y Harriman, intentaron esterilizar a las mujeres puertorriqueñas e hicieron experimentos eugenésicos en Nicaragua, Guatemala y quién sabe en qué países más.

'El Proyecto II' de la familia Rockefeller fue bautizado como la 'Revolución Verde'. Fue concebido después del viaje de Nelson Rockefeller a México en 1946. Aparentemente, el propósito del programa había sido orientado a la "erradicación del hambre y la pobreza", pero su intención verdadera era reemplazar la agricultura pequeña y mediana por la agroindustria globalizada. De allí comenzó el proceso de desplazamiento forzado directa e indirectamente de los campesinos del campo a las barriadas de las grandes ciudades. Este tipo de agricultura orientada al mercado trajo grandes dividendos a los Rockefeller y a las corporaciones químicas, pues la 'Revolución Verde' necesitaba el uso intenso de herbicidas y pesticidas. Por eso no es de extrañar que el 'Proyecto II' fuera llamado a la vez 'Revolución Química'. Aquel proceso fue utilizado por Washington también para promover sus intereses geoeconómicos a través de la comida.

Por supuesto que el hambre no fue erradicada y la pobreza, especialmente en México, que era el laboratorio de Rockefeller y sus seguidores, no disminuyó, sino que aumentó significativamente. El suelo se desgastó por el uso intensivo de los pesticidas, mientras que las corporaciones agroindustriales y químicas obtuvieron grandes ganancias, pero soñaban con más y más. De allí surgió en los años 70 la idea del 'Proyecto III', bautizado como 'Revolución Genética', promovida por la propia Fundación Rockefeller. Así se formó la no tan 'santa alianza' entre esta organización y los 'Cuatro Jinetes del Apocalipsis OGM', a la cual se unió posteriormente la Fundación de Melinda & Bill Gates. No encontraron otro pretexto para implantar el uso de las semillas con los OGM que usar una vieja y reciclada consigna: 'Luchar contra el hambre y la pobreza'.

Sus cabilderos utilizaron millones de dólares para convencer a los países de que las semillas genéticamente modificadas serían la solución para la sobrevivencia del planeta. Tan intensiva ha sido su propaganda y el ocultamiento de las consecuencias que recuerdo la vez en que unos amigos periodistas cubanos, durante el Congreso Mundial de Corresponsales de Guerra, me comunicaron alegres que, finalmente, su país había encontrado la solución para dar un empuje a su agricultura haciendo un convenio con una compañía llamada Monsanto para el uso de los OGM.

Cuando les expliqué las consecuencias del uso de las semillas modificadas o 'mejoradas' en el Cusco (Perú), se les 'cayó el alma'. Poco después, y seguramente tras una investigación, supe que Cuba había decidido convertir la isla en "productora de alimentos orgánicos y libre de transgénicos".

Mientras los cubanos lo entendieron, la Academia de Ciencia en Rusia, China, India, Portugal, España, Brasil, Argentina y Ucrania ha sido convencida con las buenas donaciones de las megacorporaciones biotecnológicas de la necesidad de recurrir a la biotecnología en agricultura a través del uso de las semillas GM y los pesticidas tipo Roundup, que en su interpretación no son dañinos para el organismo y "menos tóxicos que la sal de la mesa". Jamás han tomado en cuenta los resultados devastadores por uso de los OGM en la agricultura de la misma Norteamérica, donde aparecieron después de unos 10 años de uso de glifosato las súper malas hierbas de más de dos metros de altura, tan robustas que no permiten cosechar los campos. Además de glifosato, que ya tiene la categoría mundialmente reconocida como 'probablemente cancerígeno', hay otros componentes en el Roundup, según muchos estudios, incluyendo el del biólogo molecular Gilles-Eric Seralmi, que son más mortíferos que el propio glifosato para la salud de embriones y para las células de la placenta.

El pesticida Roundup es usado para producir Roundup Ready cultivos sin saber exactamente hasta ahora el daño que podrían causar a la salud humana. Por eso, en más de 15 países de la Unión Europea, en Rusia, China, Ecuador, Perú, etc., el uso de los alimentos con los OGM está prohibido. También hay que tener en cuenta que el empleo de los OGM para producir cultivos podría ser utilizado directamente para afectar la salud de los humanos.

El investigador F. William Engdahl ya informó hace un año que el Departamento de Agricultura de EEUU auspició el desarrollo de maíz genéticamente modificado, que contiene un espermicida, para hacer estéril el semen de los hombres. Este tipo de maíz fue producido por la compañía Epicyte en 2001, cuya tecnología fue compartida posteriormente con Syngenta y DuPont.

Lo más extraño de todo esto es que la Fundación Rockefeller y la de Bill Gates, junto con los 'Cuatro Jinetes' biotecnológicos, no solamente trata de imponer las semillas OGM en todo el mundo, contaminando los cultivos tradicionales, sino a la vez son los que controlan la Bóveda de las Semillas más grande del planeta a prueba de bombas, llamada popularmente 'La Bóveda de Semillas del Juicio Final'. Está localizada en el archipiélago Svalbard, en la isla Spitsbergen (Noruega), a 1.100 kilómetros del Polo Norte. La bóveda está administrada por el Global Crop Diversity Trust, con sede principal en Bonn (Alemania). Entonces resulta que las mismas familias y corporaciones biotecnológicas que han estado promoviendo la 'Revolución Genética' están también controlando la bóveda de semillas, con la anuencia del Gobierno de Noruega, que les daría una ventaja geoeconómica en el caso de un desastre ecológico.

Parece que todo es muy simple, pues el mundo en algún posible momento trágico estaría a merced de los reales dueños de la Bóveda de Semillas de Svalbard, un repositorio del legado genético del planeta. Se calcula que allí están depositadas más de cuatro millones de muestras de diferentes variedades de cultivos agrícolas. El periodista de investigación James Corbett informó que, a finales de febrero pasado, la bóveda recibió 50.000 ejemplares de semillas procedentes de Benin, India, Pakistán, Líbano, Marruecos, Holanda, Estados Unidos, México, Reino Unido, Bosnia-Herzegovina y Bielorrusia (The International Forecaster, 1 de marzo, 2017).

Pero lo más trágico de todo esto es que no hay nadie que custodie a los autoproclamados custodios de nuestros alimentos, que lentamente están implantando un patrón nuevo de alimentación al mundo entero. Mientras, los ciudadanos del planeta están convirtiéndose cada vez más, por culpa de los medios de comunicación globalizados, en unos zombis asustados y obedientes.

 

 

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Miércoles, 01 Marzo 2017 08:14

La guerra contra el dinero

La guerra contra el dinero

 

El 8 de noviembre del año pasado el gobierno de la India anunció una medida extraordinaria. Los billetes de 500 y de 1000 rupias fueron declarados inválidos, con efecto inmediato. Cualquier persona que tuviera en posesión billetes de esas denominaciones tendría hasta el 30 de diciembre para canjearlos por nuevos billetes en cualquier banco.

El gobierno neoliberal de Narendra Modi anunció tres objetivos para justificar esta medida: frenar la falsificación de dinero, combatir la corrupción y, finalmente, colocar al sector informal de la economía bajo control para reducir la evasión fiscal.

El caos que reinó en la India en los días siguientes a este anuncio fue mayúsculo. Los billetes retirados de la circulación representan 86 por ciento del circulante en efectivo. La gran mayoría de las transacciones en la India se llevan a cabo directamente en efectivo, ya sea para comprar una tela en el mercado, para transportarse en una moto-taxi o simplemente para comprar algunos alimentos en un puesto en la calle. Para la población que no tiene acceso a un sistema de pagos con tarjeta o por teléfono móvil, las transacciones en efectivo son, literalmente, el pan de todos los días.

La decisión del gobierno generó pánico, tanto en el medio rural como en las grandes urbes como Chennai o Mumbai. Los bancos no estaban preparados para realizar el canje de billetes y los cajeros automáticos tuvieron que cerrar algunos días debido a la falta de abastecimiento de nuevos billetes. En muchos lugares el comercio se paralizó por la falta de circulante. Se calcula que la economía de la India ha sufrido pérdidas equivalentes a una caída de un punto porcentual en el PIB.

En vista del desorden que reinó después del anuncio del gobierno, las autoridades quisieron dar un giro positivo. Se habló entonces de inclusión financiera y de cómo la India estaría entrando en el mundo moderno, transitando a la economía sin dinero. En este nuevo universo las transacciones se harían de manera eficaz, sin falsificadores y sin riesgos para los agentes económicos. Los nuevos sistemas de identificación garantizarían un servicio rápido en cualquier parte del territorio. Se dijo que este tipo de beneficios abarcaría incluso los servicios de salud y apoyo social de diversos programas oficiales.

Pero la lucha contra la corrupción y la falsificación de dinero puede llevarse a cabo a través de medidas de seguridad y técnicas de impresión que los bancos centrales conocen bien. La carrera contra los falsificadores siempre va a continuar, pero no cualquiera tiene acceso a una tecnología basada en la inserción de bandas metálicas o tiras magnéticas combinadas con diseños industriales altamente sofisticados.

De cualquier manera, la eliminación del dinero tiene un costo enorme para la población de bajos ingresos que utiliza este medio de pago para todas sus transacciones. Reemplazar el dinero con sistemas de pago por telefonía móvil y tarjetas de débito no es la mejor manera de combatir la corrupción o la falsificación de billetes. Y hay que señalar que en la India falta mucho por hacer para asegurar una cobertura amplia y confiable en telefonía móvil en todo el territorio.

Y en cuanto a la recaudación, la gran mayoría de la gente que trabaja en el sector informal no paga impuestos no porque sean evasores sistemáticos, sino por la simple y sencilla razón de que sus entradas están por debajo del umbral mínimo de ingresos gravables. Claro, los gobiernos neoliberales siempre han estado obsesionados por cobrar el impuesto al valor agregado y desde esa perspectiva, controlar al sector informal es un objetivo importante. Pero el efecto regresivo de ese gravamen no desaparece por cambiar el sistema de pagos.

Cuando un agente económico paga directamente con dinero en efectivo, esa operación no tiene un costo. En cambio, en una economía sin dinero y dominada por sistemas de pago electrónicos o de telefonía móvil, surgen de todos lados proveedores de servicios para realizar las transacciones: operadores de telefonía, grandes y pequeños agentes financieros, así como bancos y dueños de establecimientos en los que se ofrece el servicio de transferencia de dinero, etc. Toda esa cadena de intermediarios estará cobrando pequeñas comisiones y cargos por la prestación del servicio. Además, las bases de datos con información sobre preferencias, contactos y hábitos de consumo son una mina de oro que muchos están interesados en convertir en flujos de rentabilidad.

La famosa inclusión financiera es parte del esfuerzo por adueñarse del espacio universal de las transacciones monetarias con el fin de obtener una rentabilidad para todo tipo de intermediarios en el sector financiero y bancario, así como en el de telecomunicaciones. Ya no son sólo las clases medias las que tendrán acceso a estos servicios. Los más pobres también estarán integrados, pero sufrirán en esta guerra contra el dinero. De hoy en adelante pagarán por sus transacciones mientras se adaptan a esta nueva forma de servidumbre con máscara de modernidad.

 

Twitter: @anadaloficial

 

 

 

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'Imperial Dreams': ser negro, pobre y expresidiario en Estados Unidos

Que el racismo no es sólo cuestión de piel es algo que bien saben en países como Estados Unidos. La superpotencia, que ahora gobierna un presidente conocido por su verborrea racista, machista y xenófoba, tiene en su mismo ADN el término marcado a fuego. Desde su nacimiento como nación se establecen vínculos económicos y sociales en base a este tipo de diferencias. Desigualdades que se extienden al relato común de sus habitantes, que saben que en muchos sitios el color de piel también implica una cuestión de clase.


Lo decía Howard Zinn en ese monumental libro llamado La otra historia de los Estados Unidos: "Las naciones no son comunidades y nunca lo han sido. La historia de cualquier país, presentada como la historia de una familia, oculta los conflictos de intereses entre conquistadores y conquistados, amos y esclavos, capitalistas y obreros, dominadores y dominados por su raza o su sexo". El prestigioso historiador, al que la cultura norteamericana debe tanto, contaba en las páginas de aquel estudio la crónica de quienes levantaron la nación que ahora dirige Donald Trump, que no fueron ni héroes ni presidentes.


Imperial Dreams, el debut como director de Malik Vitthal que acaba de estrenar Netflix, es exactamente eso: una lectura actual, sin alardes ni remilgos, de una nación que nunca ha sido una familia. Una mirada simple a lo que significa ser negro y pobre en los Estados Unidos de hoy.


La sinceridad del drama


Hace poco, leíamos alabanzas sobre el último drama social de Ken Loach. El realizador contaba en Yo, Daniel Blake la pesadilla burocrática de un carpintero de 59 años que no podía trabajar por sus problemas cardíacos. Un alegato contra la austeridad que le valió la Palma de Oro en Cannes, y que partía de un material que conoce muy bien. Loach lleva nada menos que cincuenta años poniendo el foco en las penas de la clase obrera británica.


No era tan fácil en cambio que un debutante desconocido como Malik Vitthal rodase una película tan sólida como Imperial Dreams sin la experiencia ni el bagaje de Loach. No es de extrañar que a su paso por Sundance tuviese un recibimiento dispar. En primer lugar, porque el cine independiente de EEUU ya tenía su drama racial de la temporada: la nominada al Oscar Moonlight. Y segundo, porque muchos vieron en su falta de sutileza y forma de narrar una constante intención moralizante. Lo cierto es que ésta es la misma con la que Ken Loach filma Yo, Daniel Blake.


Los parecidos de este filme con la película de Loach son más de los que cabría esperar. Se trata de un drama protagonizado por un joven que acaba de salir de la cárcel e intenta cuidar de su hijo huyendo del tráfico de drogas y la delincuencia que le habían metido allí. Pero el sistema no se lo pone fácil. Para apuntarse a la bolsa de trabajo público le piden un carné de conducir que está confiscado desde que salió de prisión. Y para recuperar dicho carné le piden 8.000 dólares en manutención atrasada que no pagó por estar entre rejas. Resulta que él sólo tiene 80 en los bolsillos y no tiene ni dónde dormir.


Con el ritmo pausado del buen drama social, Imperial Dreams construye un laberinto de problemas que ponen a su protagonista, reflejo lógico de la clase obrera negra contemporánea, entre la espada y la pared. ¿Es legítimo delinquir si el sistema no te deja otra?


John Boyega aguanta con dignidad el papel de total protagonista que le entrega una cinta hecha a su medida: sin alarde alguno, sutilezas ni medias tintas. Malik Vitthal prefiere ir directo al grano aunque eso le cueste un desarrollo dramático más conseguido o una lógica mayor en la sucesión de giros argumentales.


Es de alabar, no obstante, la sinceridad con la que se aborda el proyecto, que mantiene siempre un discurso basado en el respeto hacia la realidad. Sin exageraciones, pero con un extraño tono poético comparable al de la reciente y maravillosa Paterson. Como aquella, Imperial Dreams también dedica largas escenas a mostrarnos a su protagonista escribiendo, mientras una voz en off reinterpreta la realidad que vemos a simple vista. La dota de otro tono distinto.


Rejas fuera de la cárcel


Viendo el argumento de Imperial Dreams es fácil imaginar a Vitthal subrayando el libro de Howard Zinn palabra por palabra. Su debut narra la historia de un joven que lleva entrando y saliendo de la prisión desde los doce años. No es una persona ni mejor ni peor que las que viven en su barrio. Pero ha decidido que ya son demasiadas las veces que ha cargado con las culpas de los demás, y que va a integrarse en la sociedad.


Lo que no sabe es que, por mucho que lo intente, el sistema siempre le va a mirar por encima del hombro. Quienes deberían admitirlo como miembro de pleno derecho, lo señalan y repudian. Es un expresidiario y es negro.


"Las prisiones de EEUU han sido durante mucho tiempo un reflejo extremo del propio sistema norteamericano", reflexionaba Zinn en La otra historia de los Estados Unidos, "en ellas veías claramente las duras diferencias entre ricos y pobres, el racismo sistemático y la falta de recursos de la clase más baja para desarrollarse". Imperial Dreams reflexiona, en el fondo, sobre esa regla no escrita que reza que cuanto más pobre eres, más probable es que en algún momento des con tus huesos en la cárcel.


Según el historiador, "los pobres cometieron más crímenes. Pero es que los ricos no tenían que delinquir para conseguir lo que querían. Las leyes estaban de su parte y, de alguna manera, las cárceles de este país terminaron llenas de negros pobres".


Imperial Dreams deja al descubierto que la cuestión del estigma de quien ha pasado por la cárcel está a la orden del día. Es un círculo vicioso: si la sociedad le pone la zancadilla a un recluso que intenta superar su pasado, éste puede verse abocado a volver a delinquir. Entonces la reinserción plena se vuelve una quimera. Un espejismo tan ineficaz como perverso.

 

08/02/2017 - 20:56h

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Domingo, 29 Enero 2017 09:21

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enColombia
Martes, 24 Enero 2017 17:53

Cali, un mar de sombras

Cali, un mar de sombras

“De buenos deseos está empedrado el camino al infierno”, así afirma la sabiduría popular aquello de predicar pero poco hacer; parece que en Cali está sentencia está refrendándose con el alcalde Armitage.

 

Doce meses de mucho predicar... La alcaldía de Maurice Armitage, inscrito por firmas como candidato para regir el destino de Cali y, por tanto, con ínfulas de “independiente”, inició su gestión precedida de muchas expectativas. No era para menos, durante su campaña alcanzó a hablar de la necesidad de avanzar en la redistribución de la riqueza en el país como vía para superar la pobreza –particularizando en su ciudad–, para concretar lo cual buscaría lograr “un cambio en la mentalidad de los ricos”. Su promesa de ser un buen gerente para la ciudad, enfatizando que era un hombre de acciones, que lo único que sabía era hacer y trabajar, también despertó esperanzas de que los de siempre –ricos y gobernantes– darían paso a que los ingresos que recibe la ciudad por fin llegarían, de manera notable o creciente, a todos los sectores que la habitan.

 

No es extraño, por tanto, que los estratos populares y sectores de clase media esperaran, esperanzados en sus discursos de campaña, la concreción de un gobierno muy dinámico, caracterizado por acciones administrativas de gran contundencia e impacto. Acciones que partieran la historia de la ciudad en dos.

 

¿Palabras, no más que palabras? O, ¿imagen no más que imagen? Como otros funcionarios del país que saben que a la gente le gusta verlos en sus territorios, este propietario-gerente de la Siderúrgica de Occidente (Sidoc), dueño del Ingenio del Occidente, socio de Cementos San Marcos, miembro de la Cámara de Comercio de la ciudad, así como de Fenalco, es decir, todo un cacao, deja de manera constante sus oficinas para dejarse ver por los barrios pobres. La informalidad gusta, pero no se traduce en rupturas con lo ya establecido, de lo cual lo realizado por él durante estos primeros 12 meses es una clara expresión.

 

Por ello, a medida que transcurrió este primer año de gestión, vivimos una sensación agridulce, encontrándonos con un alcalde perdido en la maraña del día a día, jugando a la improvisación, sin un libreto claro, con un plan de desarrollo hecho a retazos de lo ya establecido por anteriores alcaldes.

 

De esta manera, la ciudadanía observa un Armitage con mucha voluntad, con deseos de acertar en su labor, pero sin lograr superar sus propias carencias, su desconocimiento notorio de la función pública, su limitación para trabajar en equipo, sin capacidad para lograr que los ricos renuncien a parte de sus dividendos y, ojalá, de sus intereses políticos, territoriales, económicos, parte sustancial de lo cual queda reflejado en el Plan de Ordenamiento Territorial, o en la manera como los ricos, por conducto de sus voceros y representantes políticos –en el Concejo municipal y las distintas secretarías municipales–, proyectan y planean la ciudad, arrinconando más a los empobrecidos y brindando todo tipo de normatividad para el beneficio de los ricos. Todo esto permite colegir que se perdió un año, un cuarto valioso de tiempo de su periodo administrativo.

 

Más allá de esto, en medio de un panorama de incertidumbre y desconfianzas, es imposible ignorar que cuenta con respaldo en las comunidades, logro alcanzado por su permanente presencia en los barrios, dándole la cara a la gente. Los gastos en publicidad e imagen no están ausentes de este logro.

 

Tres graves problemáticas

 

Cali tiene identificadas tres grandes problemáticas que son el medidor de toda gestión pública:

 

1) La seguridad. Este es un tema y una realidad de alto impacto ciudadano, de ello es consciente el nuevo Alcalde, que aunque no ha roto con las políticas heredadas, incrementando el pie de fuerza y dándole continuidad al control social, sí ha tratado de impregnarle un pequeño giro a esta política al emplear a jóvenes identificados en las políticas oficiales como de “alto riesgo”, habitantes de las zonas más empobrecidas de la ciudad. Podemos decir, entonces, que hay un balance positivo al disminuir la tasa de homicidios en un 7 por ciento en relación al 2016, pero el crecimiento de la delincuencia, reflejado en delitos como el hurto, la extorsión, lesiones personales, etcétera, sigue en alza. En este acápite de la seguridad hay un programa de intervención social denominado los Tios (territorios de inclusión y oportunidades), el cual debemos evaluar posteriormente para conocer sus alcances.

 

2) El funcionamiento de Emcali, la empresa pública de servicios. Emcali viene de una intervención de la Superintendencia y su calvario no termina, en su futuro solo se avizora la posibilidad de una venta del componente de Telecomunicaciones, lo que significaría la división de la empresa dejando al garete, desfinanciado, el alcantarillado y el acueducto; su falta de gerencia y gestión la amenazan con la quiebra; problemática agravada por el interés particular de un sector de la élite caleña por vender la empresa o recortarle su carácter público. Sobre este particular, lo único claro con el Alcalde es que no ha pasado nada, su ausencia ha sido total en las decisiones y el fantasma de la privatización de verdad ya asusta.

 

3) El transporte masivo (MIO). Este sí es un verdadero dolor de cabeza para los ciudadanos. El MIO tiene una flota de buses articulados, padrones y complementarios de 900 vehículos que se esperaban en operación, hoy esta flota está debilitada, hay graves problemas de cobertura y cubrimiento de la totalidad de la ciudad, además de la ineficiencia por la demora de los traslados. El transporte masivo, como resultado de un inadecuado manejo y una deficiente planeación, está a punto de colapsar, del parque automotor solo funciona el 70 por ciento; el hecho más grave de esta crisis es la quiebra de los operadores, sin capacidad financiera para renovación de vehículos, ni tampoco para garantizar la operación del sistema. Ante esta realidad, la ciudad está invadida por motos, cuyas ventas crecieron en un 60 por ciento, paralelo a lo cual el transporte pirata se prolonga como la “solución” desesperada para miles de usuarios, víctimas del descalabro del MIO. Corrupción y erróneas inversiones tienen al borde de una intervención a Metrocali, la empresa del transporte masivo en la ciudad.

 

Otras áreas públicas

 

Salud: los logros son escasos. Aunque la ciudad ha librado con éxito la lucha contra los brotes epidémicos del dengue, chikunguya y zika, el municipio ha sido poco incidente en la grave crisis de la red hospitalaria, donde el principal y más grande hospital público (el Universitario del Valle) está al borde de la liquidación, sin una solución efectiva para los miles de usuarios que acuden a sus instalaciones por atención.

 

Educación: se perfilan políticas integrales de mediano y largo plazo tendientes a subsanar el problema de la educación pública; está en trámite un crédito ante el BID para la construcción y dotación de instituciones educativas en las zonas de mayor poblamiento y necesidad.

 

Un problema que afecta la educación oficial es la corrupción, manifiesta en los llamados colegios de cobertura, los mismos que absorben el 60 por ciento de la demanda educativa en los estratos 1-2. El nuevo Alcalde no ha roto con esta política, prolongando una problemática muy seria de calidad, tanto por las condiciones físicas de los colegios como por la formación y remuneración de los docentes. Con recursos públicos se sostienen más de 95.000 niños en establecimientos de carácter privado, que no ofrecen ninguna garantía para el educando.

 

En materia de gestión, el alcalde Armitage es más lo que adeuda que lo realizado en concreción de sus promesas de campaña. El balance refleja una preocupación por atender a los jóvenes, por brindarle capacitación, empleo y reducir tasas de delincuencia.

 

En otros ítems observamos resultados negativos, resaltados en la movilidad, la operación de los servicios públicos –con permanentes cortes de agua y energía–, claroscuros en el tema ambiental (no hay contundencia en las intervenciones en este tema), y una política social rodeada de buenas intensiones pero de limitadas acciones.

 

En definitiva, no basta con ser empresario exitoso ni rico con tiempo disponible para ensayar supuestas capacidades en otros escenarios. En lo público lo fundamental es hacer equipo con el conjunto social, identificando las necesidades más álgidas de la ciudadanía, para darles solución, y desatar las energías ciudadanas para asumir en sus manos los retos que les depara la vida diaria. El empresario venido a político –no dispuesto a romper con su clase– no entendió esté reto, ni lo entenderá en los años que le faltan para culminar su alcaldía.

Publicado enEdición Nº231
Martes, 24 Enero 2017 17:12

La ley tributaria al desnudo

La ley tributaria al desnudo

Año nuevo, IVA nuevo... en 2017 más tristes los días serán, con más hambre y pobreza para la clase trabajadora. Entre pitos y matracas, entre música y sonrisa, el fin de año avisa que han cargado de más tributos al pueblo. Así lo prepararon y así lo hicieron. El miércoles 28 de diciembre de 2016, las plenarias de Cámara y Senado besitos se dieron y todos cantaron, llenos de felicidad, la aprobación del proyecto de reforma tributaria (tercera durante la administración Santos).

 

Será conocida como la Ley 1819 de 2016, vigente desde el 1° de enero de 2017. La alegría por su aprobación no pudo disimularla el presidente Santos que el jueves 29 de diciembre madrugó a felicitar a su ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al pleno del Congreso por la obediencia y genuflexión ante las tareas impuestas por el Ejecutivo.
Mayoría partidista obsecuente y pegada a la mermelada que untan en Palacio, garantía de acceso a la burocracia y al presupuesto público, indispensables para formar clientela y aspirar a una porción mayor de la torta en la próxima contienda electoral. Así actuaron. Con la excepción del Centro Democrático y el Polo, todos los demás partidos políticos que integran la “Unidad Nacional” dieron su voto afirmativo a la regresiva reforma tributaria: partido liberal, conservador, la U, Cambio Radical, asimismo Alianza Verde, Opción Ciudadana y Mais.

 

Apetito incontrolable. No escaparon a la cooptación del Ejecutivo ni el representante de los indígenas, Luis Evelis Andrade del Mais (Movimiento alternativo indígena y social), ni siquiera Jorge Iván Ospina de los Verdes (hijo del guerrillero del M-19 Iván Marino Ospina, muerto por el ejército el 28 de agosto de 1985). Santos sancionó esta reforma como ley de la república el mismo jueves 29, medida indispensable dentro de su diseño económico, de control social, explotación laboral y dependencia de los mandatos de la Ocde, las calificadoras de riesgo y los organismos multilaterales de crédito (FMI y BM).

 

Comprando conciencia...y votos. El decreto 1056 del 2016, expedido por el Gobierno, fue efectivo al momento de aceitar la maquinaria del Congreso con el fin de recibir el apoyo en bloque para las iniciativas de la administración Santos. Con este decreto se autorizó un aumento equivalente del 7,8 por ciento mensual para los miembros del Congreso, lo que se traduce en que un legislador, ya sea senador o representante, recibe actualmente una asignación equivalente a cerca de 40 salarios mínimos legales (SML), esto es, 28 millones de pesos mensuales (además, para jubilarse como congresista, basta con estar posesionado por unos días). Para el año 2017, cada uno de los 268 congresistas cuesta a los ciudadanos colombianos $1.970 millones al año, según quedó establecido en la Ley del Presupuesto General de la Nación.

 

Algo de resistencia, a pesar de faltar la protesta de la gente en la calle. Una vez aprobada esta reforma, el Polo Democrático la demandó ante la Corte Constitucional, alegando que lo aprobado afecta de forma negativa, desproporcionada, onerosa, injusta y antijurídica los principios de progresividad, la eficiencia y la equidad consagrados en el artículo 363 de la Constitución para el sistema tributario.

 

¿Simple o estructural?

 

Aupada por el Gobierno, la “comisión de expertos”, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las calificadoras de riesgos, el capital financiero transnacional y la Ocde, como reforma fundamental por lo estructural, al final, luego de múltiples negociaciones entre diversos voceros del poder, simplemente quedó como más de lo mismo: menos tributos para los ricos (reducción en 10% al impuesto a la renta y la ganancia de los grandes industriales; además, antes las empresas pagaban cuatro impuestos: renta, Cree, sobretasa y riqueza, con la nueva Reforma Tributaria se redujo a uno sólo) y más cargas tributarias para los pobres (aumento del IVA del 16 al 19 por ciento, sobretasa al precio de los combustibles y más impuestos al consumo, esto es, el tributo de carácter monofásico generado por la prestación o la venta al consumidor final de bienes y servicios, como por ejemplo el servicio de telefonía móvil, la venta de algún bien corporal mueble o el servicio de expendio de comidas y bebidas preparadas).

 

Si bien el Congreso legisló en materia de penalización a la evasión de impuestos, simplemente es un canto a la bandera debido a los exagerados montos a partir de lo cual se aplica, los engorrosos trámites y las imposibles pruebas. En cuanto al artículo que aprobó la cárcel para evasores, hay que tener en cuenta que esta solo aplicaría para quienes de manera dolosa omitan activos, inventen costos o declaren información inexacta por más de $5.000 millones; pero se extinguirá la acción penal si el declarante corrige y hace los pagos.

 

De otra parte, las comisiones económicas del Congreso no acogieron la propuesta inicial del Gobierno que buscaba bajar el umbral de los asalariados que deberían declarar renta, es decir, querían ampliar la base tributaria desde ingresos superiores a 2,6 millones de pesos mensuales; por tanto, se mantiene la norma tributaria que obliga a hacer este trámite solamente a quienes tengan ingresos brutos totales en 2017 de 3,7 millones de pesos mensuales. En Colombia, únicamente el 8,1 por ciento de los asalariados recibe este tipo de ingresos o más mensuales (en el extremo inferior, el 80% de los asalariados recibe ingresos inferiores a los 2 SML)**.

 

En síntesis, de buscar ser un reajuste estructural al sistema tributario, terminó siendo una reforma muy superficial en sus pretensiones reformistas aunque sí muy gravosa para las mayorías nacionales populares y clase media: el aumento de la tarifa general del IVA del 16 al 19 por ciento se lleva de entrada el 8,6 por ciento del incremento del salario mínimo legal, teniendo en cuenta su alza del 7 por ciento decretado de manera unilateral y arbitraria por Gobierno para el año 2017.

 

Esta medida coercitiva tributaria se potencia con el alza persistente y sustancial del nivel general de precios que comenzó a sentirse desde inicios de 2017 (la inflación esperada para 2017 es de 4,5% a lo que se suma el incrementó de 0,6% por el impacto de la reforma tributaria, para un aumento del IPC de 5,1% en el total anual). En consecuencia, de manera rápida, en los primeros meses queda pulverizado el aumento del salario mínimo. Sólo el aumento del IVA de 16 a 19 por ciento, sin tener en cuenta los cambios en los impuestos al consumo, representa un incremento de 0,6 por ciento del costo de la canasta familiar que adquiere una familia promedio en Colombia. El impuesto adicional de $135 al galón de gasolina que rige a partir del 1 de enero de 2017 tiene también un efecto indexado en el sistema de costos y precios de la economía.

 

El aumento de la tarifa general del impuesto al valor agregado (IVA) en tres puntos porcentuales adicionales, consagrado por la Ley 1819 de 2016, impactará negativamente más fuertemente la canasta familiar de ingresos bajos que en la de ingresos altos, pero aún más en la de ingresos medios en razón a la proporcionalidad del ingreso que se destina a los alimentos, a la composición de la canasta familiar y la inaccesibilidad a cualquier tipo de subsidio público. La situación más grave la afronta la población desempleada, en incremento durante el último año por la situación recesiva de la economía: según el Dane, durante los meses de diciembre de 2015 a noviembre de 2016, la tasa de desempleo fue de 9,2 por ciento; en el mismo periodo del año anterior había sido de 8,9 por ciento; debido a la ausencia de ingresos y al aumento en el precio de la canasta familiar (por la sinergia entre inflación y elevación del IVA); todo, en conjunto, conduce a los desempleados a la indigencia.

 

Por si quedan dudas. Los bienes y servicios que integran la canasta familiar ya se encuentran gravados en un 60 por ciento con tarifas tributarias que van del 5 al 19 por ciento. Con la reforma, por ejemplo, el aceite de consumo en el hogar (refinados) pasó a pagar un IVA de 19 por ciento. A partir de 2017 las familias populares deberán pagar este gravamen no sólo por la comida, abarrotes y enlatados, también por la ropa, el calzado, la recreación y los útiles de aseo personal y del hogar. Sabemos que una prioridad diaria para cualquier ser humano es su aseo personal, pese a lo cual la clase dirigente decidió castigar más la higiene y pulcritud del pueblo, desde el papel y las toallas higiénicas, pasando por los jabones, los dentífricos, champús, hasta los útiles, detergentes y desinfectantes del hogar; todo lo cual se considera bienes de “lujo” para los pobres, en criterio de la clase dirigente.

 

Pero no solo esto. Contrario a la tendencia mundial, los servicios de telefonía, datos, internet y navegación móvil que excedan un valor de $44.630 pagarán impuesto al consumo del 4 por ciento sobre la totalidad del servicio; los computadores que cuesten más de $1,5 millones tendrán que pagar la tarifa general de IVA de 19 por ciento. El aumento de impuestos a la tecnología amplía la brecha digital, situación que limita el acceso al conocimiento y, sobre todo, perjudica a las clases menos favorecidas y medias. Ninguna necesidad humana, por intima que sea, escapó a la voracidad, arbitrariedad y explotación por parte de los legisladores, los gobernantes, la tecnocracia y la clase política.

 

Únicamente quedaron como bienes exentos de IVA (bienes gravados, pero con una tarifa de 0%; esto es, el producto final no es gravado, pero si se requirieron insumos con IVA, el productor debe pagar ese monto y solicitar devolución): huevos, arepas, pan, maíz y arroz. Los bienes excluidos (productos que no pagan IVA, pero que tampoco generan una devolución al productor si en algún punto de la cadena se requirió de un insumo gravado) son: papas, tomates, cebollas, zanahorias, hortalizas, frutas, verduras y agua.

 

Mientras la economía se encuentra en caída libre (en 2016 el crecimiento del PIB fue de 1,9%, mientras que en 2015 fue de 3,1%), la elevación del IVA en tres puntos significó un crecimiento relativo de este tributo del 18,8 por ciento. Las familias de estratos socioeconómicos medio y bajo tendrán que reducir su consumo de la canasta básica en 2,2 por ciento en 2017; porcentaje del gasto que transfieren ahora a la hacienda pública. Este hecho generará una caída en la demanda efectiva, por tanto, desde el punto de vista económico, el 2017 no será un año fácil: durante los próximos 12 meses no se dará la tan anhelada recuperación del crecimiento y lo esperable es que el crecimiento del PIB ronde el 2 por ciento.

 

Política tributaria abiertamente criminal e inhumana, dado los niveles de pobreza y desnutrición que antes del alza del impuesto al consumo ya padecía el pueblo colombiano. El Smlv fue aumentado en sólo el 7 por ciento quedando en $737.717 mensuales; el precio de la canasta básica familiar (para un hogar medio, compuesto por cuatro personas) aumentó a $3.342.341 mensuales en 2017 (teniendo en cuenta las bienes y servicios que demanda el hogar, la inflación del 5,8% anual en 2016 y el impacto en el nivel general de precios por efecto del aumento del IVA en 0,6 por ciento); en consecuencia, el Smlv sólo alcanza para adquirir 22,1 por ciento de la canasta básica familiar (por tanto, el hogar requiere un poco más de 4 Smlv para satisfacer la totalidad de las necesidades básicas). El Smlv para 2017 alcanza para satisfacer las necesidades esenciales de una sola persona, no para la sobrevivencia de una familia media en Colombia.

 

Maniobrando en contra de las mayorías nacionales. La reforma, pese a la propaganda oficial, no es para financiar el proceso de paz, o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos o eliminar la pobreza, menos aún para impulsar el desarrollo nacional (afecta negativamente tanto a trabajadores como a empresarios). El fin último de la reforma tributaria es tapar el hueco por $34 billones que le dejó al Gobierno la caída del precio del petróleo (10% de sus ingresos) y el aumento en los costos de la deuda externa por causa de la devaluación desde finales de 2014. Lo proyectado con ella es mantener la planta burocrática del Estado, las infladas fuerzas armadas, calmar el apetito de la voraz clase política y alimentar el vampirismo del capital financiero, local y transnacional.

 

Con la reforma aprobada, el Estado espera extraer de los bolsillos de las familias colombianas cerca de $6 billones en el primer año de aplicación tributaria y más de $22 billones hasta el 2020. Y para lograrlo acudieron a la vía más fácil: grabar a las mayorías de hogares nacionales, proceder facilitado por la ausencia de una oposición belicosa, alternativa, con capacidad de citación y movilización nacional, una oposición que ponga en riesgo el gobierno de los mismos con las mismas, y que logre desnudar la tradicional maniobra de los poderosos: retrasar este tipo de medidas claramente antipopulares para final de año, cuando mucha gente anda de vacaciones y con la conciencia apagada. Es decir, coger a la población dormida, en este caso dedicada a fiestas y parrandas.

 

Además, como la reforma tributaria redujo algunos tributos adicionales proyectados (como la ampliación de la base tributaria o el impuesto a las gaseosas) a que aspiraba el Gobierno, los legisladores le dieron patente de corso a las administraciones territoriales para crear tributos (como el cobro por el alumbrado público) o elevar tarifas (predial, vehículos o servicios públicos domiciliares). Aumento del Smlv de sólo el 7 por ciento, inflación esperada de 5,1 por ciento, IVA del 19 por ciento, aumento y nuevos cobros por impuestos municipales, todo está servido para que la oligarquía nacional, su “guardia pretoriana”, el partido del clero y su clase política mantengan en la miseria y la dependencia (material y espiritual) a la clase trabajadora.

 

Gasto en burocracia, represión, rentismo financiero...

 

El gasto del estado colombiano equivale en 2017 a una quinta parte de la riqueza generada por la clase trabajadora, esto es, el PIB. Siete décadas atrás, en el año 1948, la participación del gasto público consolidado (totalidad de las instituciones del Estado) en el producto nacional bruto (PIB) era de 14,5 por ciento; en 1958 se elevó a 16,9 por ciento y en 2017 a 20 por ciento. Desde luego, lo esencial no es el monto o nivel simplemente numérico, sino la composición cualitativa del gasto público: las tendencias estructurales y la dinámica están resumidas en una doble relación: i) entre el gasto corriente y la inversión pública; ii) entre el gasto en desarrollo social y el gasto represivo (presupuestos especiales de fuerzas armadas, policía, inteligencia y cuerpos y aparatos civiles de represión).

 

Respecto a la primera, la relación porcentual del gasto corriente y de la inversión pública, para el año 1949 es de 69,5 contra 30,5 por ciento; en 1958 cambió a 74,5 y 25,5%, respectivamente; en 2017 el gasto corriente concentra el 84 por ciento (61% en funcionamiento y 23% en servicio a la deuda pública) y tan sólo el 16 por ciento en inversión. Esta tendencia tipifica la estructura del gasto en una hacienda pública consuntiva y señorial: la una, ascendente, en la línea del gasto simple de funcionamiento y servidumbre al rentismo del capital financiero; la otra, descendente en la línea de la inversión pública.

 

En cuanto a la segunda relación, el gasto en defensa, policía y seguridad del Estado ha representado entre el 16 y el 33 por ciento del presupuesto público nacional durante los últimos setenta años; comportamiento irregular, dependiendo de los ciclos de violencia, conflicto social y enfrentamiento armado interno. El gasto social, laboral y cultural oscila entre 30 y 44 por ciento, con tendencia a aumentar su participación debido a los altos índices de pobreza, en igual período de referencia. La fórmula maestra de la hacienda pública colombiana es, de una parte, la de Estado como estructura de poder, burocracia política, corrupción, apalancamiento del rentismo financiero y represión social y, de otra parte, la menor cantidad como empresa, como órgano eficiente de gestión y regulación y como garantista de derechos humanos que contribuya al bienestar y paz social.

 

En cuanto a la capacidad ocupacional del Estado existe una doble tendencia: expansión ocupacional y creciente gravitación en la nómina de represión y del aparato de fuerza, vigilancia, control y vigilancia ciudadana. A mediados del siglo XX, el gobierno general (totalidad de niveles) ocupaba 245.000 personas, esto es, el 4,6 por ciento de los 5,4 millones del total de empleados de la fuerza de trabajo del país; aproximadamente la tercera parte de la burocracia del Estado integraba los aparatos directa o indirectamente represivos. Para el año 2017, la nómina pública, según el Departamento Administrativo de la Función Pública, suma 1.237.558 funcionarios (62% del orden nacional y 38% del orden territorial), una concentración porcentual del 5,4 por ciento respecto a los 22,9 millones de ocupados (según el Dane); la fuerza pública está integrada por 564 mil uniformados (37,5% de la policía y 62,5% de las fuerzas militares: ejército, armada y fuerza aérea), esto es, 45,6 por ciento del total de empleos generados por los aparatos del Estado.

 

Si bien el Estado ocupa al 5,4 por ciento de la fuerza laboral colombiana, los sueldos y salarios que paga a su burocracia y fuerzas represivas equivale, en términos porcentuales, a 9,6 del total del fondo salarial nacional (30,1% del valor agregado nacional bruto). Los salarios promedios de los funcionarios públicos son de $2,5 millones; cifra que los coloca en el vértice superior de la pirámide de la remuneración a los asalariados (por encima de los ingresos salariares de $2,5 millones mensuales sólo se encuentra el 9,7% de los trabajadores colombianos; en la base, el 80% devenga por debajo de 2 SML). La nómina del sector público representa una cuarta parte de los impuestos que pagan los colombianos anualmente y equivale a 2,9 por ciento del total de la producción del país (el Producto Interno Bruto). El número de puestos de trabajo que controla y los niveles de salarios que paga le proporciona un inmenso poder a la oligarquía para manipular a la clase trabajadora y contar con una base clientelista que le garantiza reproducir la maltrecha, limitada y excluyente democracia del país.

 

Del pasado al presente

 

En resumen, la Ley 1819 de 2016 conserva en su esencia el carácter de la hacienda pública heredado de esa España oligárquica, burocrática y clerical: impuestos extorsivos sobre las clases populares y trabajadoras y una carga agobiadora que debilita o impide desarrollar el trabajo productivo, libre y creativo. Además, históricamente, incluida la reforma tributaria de 2016, nunca el Estado colombiano ha logrado que las iglesias y los terratenientes contribuyan con el pago de impuestos al fisco nacional. La estructura tributaria puede caracterizarse como una maquinaria de consumo, burocrática, politiquera, corrupta (en 2016 la corrupción sumó $23 billones) y militarista, no ajustada a resolver los problemas y necesidades del desarrollo sostenible, económico y social, pero cuya participación en el PIB va en aumento: su sistema de ingresos se caracteriza por la evasión fiscal de las clases dominantes (grupos políticos, burguesía, terratenientes, clero) y la tributación excesiva, centrada en el consumo básico de las clases medias y pobres; de parte del sistema de gastos se define por una tendencia creciente de los gastos de funcionamiento (estos tienen tres grandes componentes: nómina, gastos generales y transferencias: pago de pensiones y Sistema general de participaciones) y de servicio a la deuda pública y una tendencia errática de la inversión pública.

 

Soportando este tipo de Estado y de estructura fiscal y tributaria ingresamos al nuevo año donde, con seguridad, mucho se dirá sobre lo aprobado pero poco se alcanzará a realizar en su contra, mucho menos echarla atrás, a no ser como decisión de los jueces. Impune como fue aprobada e inconstitucional, entonces, la reforma es un llamado al conjunto de los actores sociales para que reconozcan su débil capacidad de resistencia y su necesaria y urgente coordinación de fuerzas alrededor de un proyecto social digno, democrático, incluyente y sostenible, no de otra manera podrán hacer realidad, ahora o en el futuro, sus propósitos de cambio.

 


 

* Economista político, filósofo humanista y analista existencial. Docente de la especialización en Derechos humanos de la UPTC. Integrante de los comités editoriales de los periódicos desdeabajo y Le Monde Diplomatique edición Colombia.
** En Colombia, la distribución porcentual de los hogares por nivel de ingresos, medidos en salarios mínimos legales, es: menos de 1 SML 32,4%; de 1 a menos de 2 SML 27,9%; de 2 a menos de 3 SML 14,2%; de 3 a menos de 4 SML 8,3%; de 4 a menos de 5 SML 5,4%; y de más de 5 SML 11,8%.

 

Recuadro 1


Con origen conocido pero sin final

 

El IVA es un impuesto indirecto de carácter nacional sobre el consumo, pagado por el consumidor final al momento de realizar la compra. La expresión “IVA” es la sigla del “Impuesto al valor agregado o añadido”, más conocido en Colombia como “Impuesto sobre las ventas”. Desde su creación, hasta la actualidad, ha vivido múltiples y diversas modificaciones, tanto en el número de productos a grabar y en el aumento de la tasa.

 

Fue establecido en Colombia en el año 1963, como impuesto a las ventas, con una tarifa básica del 3 por ciento. El IVA comenzó a regir desde el año 1975, creado por la ley 20631, en ese entonces solamente gravan a los productores e importadores con una tarifa del 6 por ciento. En 1983 extendió su campo de aplicación a todas las ventas, incluyendo las del comercio al detal y los servicios, tomando la forma actual de impuesto al valor agregado (IVA), la tarifa quedó establecida en el 10 por ciento. En 1990 aumentan la tarifa del IVA a 12 por ciento y amplían la base. De nuevo en 1992 la tarifa fue elevada a 14 por ciento; el impuesto entonces se convierte en un impuesto al consumo, evitando así el efecto cascada, es decir, que fuese cobrado más de una vez en la cadena de producción. Con la reforma tributaria de 1996, la tarifa de este impuesto al consumo pasa a 16 por ciento. Con la reforma tributaria de 2016 se elevó a 19 por ciento. Historia de nunca acabar, su techo: 100 por ciento del ingreso de los trabajadores, para concluir en el restablecimiento del sistema social esclavista. Actualmente un trabajador de ingreso medio transfiere obligatoriamente al fisco, mediante toda clase de impuestos, cerca de una cuarta parte de sus ingresos (sumando impuesto a la renta o retefuente, IVA, predial e impuesto al vehículo). La presión fiscal en Colombia, junto al capital, conforma el sistema de expropiación del excedente económico creado por el trabajo.

 


 

Recuadro 2

 

Una chispa para encender la pradera

 

Toda injusticia tiene un límite. Hace dos siglos largos, en la Nueva Granada fue el 4 por ciento el porcentaje con el que el Imperio español gravaba todas las transacciones comerciales. Ese gravamen fue suficiente para hacer explotar los ánimos. Rompiendo el edicto fijado en la puerta de la recaudación de impuestos, una vendedora de plaza, una mujer de 57 años de edad de nombre Manuela Beltrán, logró exaltar la inconformidad popular en contra de la dominación colonial. El 16 de marzo de 1781 se registró la insurrección del común, en El Socorro-Santander. Un mes después, el 18 de abril, fueron proclamados en El Socorro los jefes del alzamiento comunero, entre ellos José Antonio Galán. El resto de la historia es conocida, pero no el parangón entre indignidad a la que pretendían seguir sometiendo al pueblo, y la capacidad de lucha y concertación y pasividad que reinan en la actualidad ¡Cuántas manuelas y José Antonios nos hacen falta en 2017!

Publicado enEdición Nº231
Domingo, 08 Enero 2017 07:17

Le echan nafta al gasolinazo

Le echan nafta al gasolinazo

En la capital mexicana se concentraron en el monumento del Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma y frente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la ciudad. Las dos columnas fueron convocadas a través de redes sociales.

 

Miles de personas le dieron ayer continuidad en la Ciudad de México y en otras capitales de estados a las protestas contra el llamado Gasolinazo, la suba del 20 por ciento en el precio de los combustibles que generó manifestaciones y disturbios durante toda la semana.


En la capital mexicana, desde la mañana de ayer se concentraron manifestantes en el monumento del Ángel de la Independencia, en la avenida Paseo de la Reforma, mientras que otro grupo se reunió frente al Palacio de Bellas Artes, en el centro de la ciudad. Las dos columnas, convocadas a través de redes sociales, partieron al mediodía hacia el Zócalo capitalino, donde se hizo el acto central. Después de marchar en círculos alrededor de la plaza y gritar consignas para exigir que se dé marcha atrás con el alza en los combustibles, de forma espontánea miles de personas que participaron en ambas movilizaciones se reunieron después frente al Palacio Nacional. Ahí, gritaron consignas como “Fuera Peña”, “Renuncia”, “Únanse” y, sobre todo, “No tenemos miedo”. También entonaron el himno nacional y pidieron un minuto de silencio.


Se preveía que una parte de los manifestantes fuera luego hacia la residencia presidencial de Los Pinos. Aunque no hubo organizadores formales de las protestas, entre las columnas se vieron a dirigentes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados públicos y de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Petroleros Mexicanos y a muchos estudiantes.


En la capital mexicana hubo también pequeñas manifestaciones en el Hemiciclo a Juárez y la explanada del Palacio de Bellas Artes, reportaron diarios de la capital. En la ciudad de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, al menos unas tres mil personas salieron desde la plaza Minerva y caminaron hacia el Congreso del estado, mientras en otros estados, como Puebla, Sonora, Baja California, Coahuila, Chiapas y Chihuahua también salieron a protestar cientos de personas contra el alza de los combustibles que entró en vigor el 1º de enero.


Las manifestaciones de ayer fueron hasta bien entrada la tarde pacíficas, en contraposición a los episodios de violencia y los saqueos que se registraron en días anteriores en algunos puntos del país. El viernes hubo al menos seis muertos, más de 900 detenidos y cientos de negocios saqueados. Igualmente, como parte de las manifestaciones, algunos grupos mantienen bloqueos en al menos 13 puntos carreteros, según un informe policial. Estos bloqueos se registran especialmente en el estado de fronterizo de Chihuahua, en los sureños de Oaxaca y Chiapas, y en Hidalgo.
El presidente Enrique Peña Nieto acusó a su antecesor, el conservador Felipe Calderón, de ser el responsable de las alzas que desataron el “Gasolinazo” por haber aplicado subsidios manteniendo los valores artificialmente bajos durante su mandato (2006-2012). El aumento de 20 por ciento del precio de la gasolina entró en vigor el 1 de enero y causó gran malestar en la población.


Legisladores de la oposición, gobernadores, alcaldes y la propia Iglesia llamaron al gobierno a reconsiderar los aumentos o tomar medidas para amortiguar el golpe generado al poder adquisitivo de la población. La izquierda se pronunció por anular los aumentos, en tanto la derecha sugirió reducir los impuestos a los carburantes, el gasto público y la deuda. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) señaló, por su parte: “No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir que vive la gente”. Sin embargo, el secretario (ministro) de Hacienda, José Antonio Meada, tildó a la medida de responsable: “Fue difícil, nos hubiera gustado no tener que tomarla”, pero descartó cualquier marcha atrás o modificación.


El presidente Peña Nieto, por su parte, acusó sorpresivamente al ex presidente Calderón, del conservador Partido Acción Nacional (PAN), de haber derrochado unos 50 mil millones de dólares al tipo de cambio actual para subsidiar el consumo de gasolina. El mandatario mexicano dijo: “Esos fondos se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales”.


La acusación parece estar dirigida a dañar la reputación del PAN, que ha sido fuertemente crítico del llamado “Gasolinazo”, pero en especial de la esposa de Calderón, la ex conductora televisiva Margarita Zabala, que figura en los dos primeros lugares en algunas encuestas con vistas a las presidenciales del 2018.


El jefe de Estado reconoció que hay mucha molestia y enojo por los aumentos pero afirmó que se trata de una decisión difícil que tomó para garantizar la estabilidad económica. Empero, el mensaje de Peña Nieto por cadena de televisión no atenuó el descontento ni redujo los saqueos, la mayoría en el Estado de México, en los alrededores de la capital, en Veracruz (costas del Golfo de México), Chiapas y Tabasco (sureste).


La represión policial ayer en Ixmiquilpan, en el Estado de Hidalgo, causó dos muertos y hubo otro en Veracruz, atropellado durante un saqueo, según el diario La Jornada. Otros medios locales hablan de otros dos fallecidos, presuntos saqueadores. En la Ciudad de México también murió un policía al tratar de impedir el asalto a una gasolinera, pero hasta el momento las autoridades no confirmaron que el asalto haya sido parte de los disturbios ocasionados por manifestantes.


La indignación es mayor entre la población porque una de las promesas de Peña Nieto fue que una reforma, aprobada en diciembre del 2013, bajaría los precios de los combustibles. La reforma fue una de las banderas enarboladas por Peña Nieto para abrir los mercados de hidrocarburos y electricidad a la inversión privada tras casi ocho décadas de nacionalización petrolera, y acabó con el monopolio de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahora puede suscribir contratos con particulares.

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Jueves, 29 Diciembre 2016 09:35

Guatemala: veinte años de paz secuestrada

Guatemala: veinte años de paz secuestrada

El país conmemora el 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno (1960 – 1996). Las desigualdades y la falta de justicia social palpitan en un país que no ha cerrado las brechas que originaron el enfrentamiento que dejó más de 200.000 víctimas mortales, en su mayoría indígenas.

 

CIUDAD DE GUATEMALA.- La noche del 25 de abril de 1982 soldados del Ejército de Guatemala con ropa de civil se presentaron en la aldea Chipiacul, en el departamento de Chimaltenango. “Agarraron a las personas en el salón comunal, les dispararon y les prendieron fuego. Los que pudimos, huimos esa noche por la montaña. Al día siguiente regresamos y el Ejército nos reunió a todos en el mismo salón donde estaban los muertos y nos dijeron 'esto es lo que pasa por estar con la guerrilla'. Los que pudimos, huimos una vez más a la montaña”.

Los hechos que relata Celestina Patal (54 años) se repitieron sistemáticamente durante los años más sangrientos del conflicto armado guatemalteco, que dejó hasta un millón y medio de desplazados y 200.000 muertos, el 93% a manos del Ejército y los grupos paramilitares, según las estimaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) auspiciada por Naciones Unidas.

Casi la mitad de los hombres y mujeres de Guatemala están hechos de maíz, como evoca la tradición maya. La población indígena constituye más del 40 % de un total de 16 millones de habitantes en un país eminentemente rural. Ser indígena y ser pobre van de la mano. El 59 % de la población es pobre y el 79 % de los pobres son indígenas que sobreviven con unos 3,5 euros al día, según la última encuesta oficial de condiciones de vida. Los niños de maíz se mueren de hambre. La desnutrición infantil crónica (que se prolonga y genera retrasos en el crecimiento) afecta al 48 % de los menores de cinco años, la cifra más elevada de todos los países de Centroamérica con diferencia.

“El modelo que ha regido históricamente la economía de Guatemala no atiende a las necesidades internas, sino que se adapta a la demanda del mercado internacional”, asegura el historiador Gustavo Palma. “Tanto la tierra como la población, especialmente la indígena, han sido consideradas como los pies sobre los que se ha venido construyendo un modelo extractivista y de beneficio para escasos grupos sociales”.

Durante el conflicto armado interno, el 83% de las víctimas fueron indígenas maya. Celestina Patal pertenece al grupo kaqchikel, fue maestra en diferentes lugares y durante los años más crueles no pudo evitar toparse constantemente con la violencia extrema. “Las comunidades comenzaron a despertar y querer tener agua potable, una escuela, caminos. Ahí es cuando el Ejército dijo 'son comunistas, son guerrilleros, acabemos con ellos'”.

En el contexto de la Guerra Fría, el miedo a la expansión del comunismo se convirtió en la excusa para reprimir las demandas sociales de los sectores más desfavorecidos.Varios grupos guerrilleros habían encontrado en la desigualdad el caldo de cultivo idóneo para lograr fuerza, alimento y cobijo.

Los sandinistas habían alcanzado en poder en Nicaragua en 1979 y otras guerrillas contagiaban los ideales de izquierda por Centroamérica. Los intereses norteamericanos ya habían servido para orquestar un golpe de estado en Guatemala en 1954. El segundo presidente democráticamente electo del país, Jacobo Árbenz, trató de impulsar una ley de reforma agraria que levantó ampollas entre las élites económicas y puso en jaque los intereses comerciales de la United Fruit Company, el monopolio norteamericano de siembra y comercialización de banano en América Latina. La CIA tumbó su gobierno y se encargó de aupar al poder a un régimen que deshizo los avances liberales de la década anterior.

Raquel Zelaya participó en las negociaciones y firmó los Acuerdos de Paz de 1996 en representación del Gobierno: “¿Cuáles fueron las causas del enfrentamiento? Muchos creemos que fue un escenario de Guerra Fría. Otros hablan de pobreza y exclusión, pero no se puede negar que fuimos escenario de Guerra Fría con condiciones que se prestaban al enfrentamiento”.

Aunque la lucha se prolongó durante 36 años, los picos más elevados de violencia se concentraron entre 1980 y 1983, con los gobiernos militares de Lucas García y Ríos Montt.Durante este periodo se obligó a la población local a participar en las Patrullas de Autodefensa Civil encargadas de combatir la insurgencia, convirtiendo a los vecinos en cómplices forzosos de la violencia. Este fue el caso de Chipiacul, la aldea de Celestina Patal, donde los propios civiles asesinados en el salón comunal eran quienes habían sido reclutados para patrullar aquella noche.

También se puso en marcha la estrategia de “tierra arrasada” que pretendía eliminar cualquier recurso que pudiese aprovechar el enemigo y que en la práctica supuso la aniquilación de comunidades enteras. Los métodos de represión empleados por el Ejército y los grupos paramilitares fueron atroces. “Según el testimonio de mi prima, en la comunidad de El Sitio atraparon a quince hombres y una mujer. A los señores los amarraron de las manos y del cuello detrás de un convoy con alambres de púas y los arrastraron hasta matarlos. Veinte años después los encontraron en una fosa”, relata Celestina Patal.

Muchas de estas masacres están meticulosamente documentadas en el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y por instituciones como la Fundación de Antropólogos Forenses de Guatemala (FAFG), que ha recuperado más de 5.500 cadáveres en fosas comunes y ha identificado a más de 2.000 víctimas.

En 1996 culminaron las negociaciones de paz entre representantes del Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que aglutinaba las cuatro principales facciones de la guerrilla. Para Gustavo Palma, los Acuerdos fueron posibles por la presión internacional. En particular, “porque Estados Unidos ya no quería tener problemas en su patio trasero”. Raquel Zelaya comparte esa opinión: “Los norteamericanos entrenaron al Ejército guatemalteco para cometer las peores atrocidades y, de repente, aparecieron un día con el rollo de los Derechos Humanos”.

Además de decretar el cese de la violencia, que ambos bandos respetaron, los doce pactos suscritos sentaban las bases para abordar problemas estructurales del país como el reparto de la tierra o el racismo. Sin embargo, los buenos propósitos chocaron con un modelo económico extractivista y agroexportador que los convirtió en papel mojado. Después de veinte años los problemas sociales que avivaron el conflicto persisten y los índices de pobreza y hambre no han mejorado.

Tampoco lo han hecho las cifras de violencia, que han alcanzado el nivel de pandemia de la mano de las maras y el narcotráfico. En 2015 hubo 5.718 asesinatos, casi 500 al mes, según Amnistía Internacional. Junto a Honduras y El Salvador, Guatemala conforma el Triángulo Norte, una de las regiones más violentas del mundo. “Los sectores que viven en los márgenes están preocupados por sobrevivir. Eso les mantiene ocupados y les impide involucrarse en otra cosa. La gente sale a la calle y lo primero que hace es santiguarse esperando regresar en la noche. La supervivencia y el miedo operan en términos de contención social”, subraya Palma.

Para cerrar las heridas del conflicto también hay que hacer justicia. “Los testimonios de las víctimas han sido silenciados, desmentidos o negados por algunos sectores de la sociedad.Cuando hallamos fosas y constatamos las condiciones en las que quedaron los cadáveres los testimonios adquieren una nueva relevancia porque hay una verdad social que se vuelve innegable”, asegura el subdirector ejecutivo de FAFG, José Suasnavar. La institución contribuye desde el ámbito científico a cimentar los principios de la justicia transicional: verdad, justicia y reparación.


La verdad avanza caso a caso en Guatemala. Este mismo año un tribunal condenó a cientos de años de prisión a dos militares por crímenes contra la humanidad. Abusaron sexualmente y forzaron a la esclavitud a 25 mujeres maya q’eqchi en el destacamento militar de Sepur Zarco. Catorce de las supervivientes decidieron romper el silencio iniciando un proceso en el que por primera vez en Latinoamérica los delitos sexuales se juzgaron como crímenes de lesa humanidad.

En 2013 el Estado guatemalteco se sentó en el banquillo junto al general Ríos Montt, presidente entre marzo de 1982 y agosto de 1983. El mandatario fue acusado y condenado por genocidio por la masacre de Dos Erres, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia porque la jueza decidió seguir adelante sin atender el recurso presentado por la institución.

Sin embargo, no todos aceptan que en Guatemala hubiera genocidio: “Lo que pasó no se puede negar, está documentado. Pero lo que hubo fue una guerra ideológica. Querer meter la cuña étnica omite la responsabilidad de los Estados Unidos”, defiende Zelaya. Pese a que la Ley de Reconciliación establece que el genocidio y los crímenes contra la humanidad son imprescriptibles, ella dio por hecho que nada se iba a juzgar. “Nadie firma la paz para irse preso. No estaba firmado, no estaba hablado, pero era un sobreentendido”.

La signataria también cuestiona que la idea de juzgar a Ríos Montt naciera dentro del país y considera que fue “un experimento de la comunidad internacional”. No obstante, el caso evidencia que la fractura interna existe y perpetúa la injusticia social en el país.

El racismo sostiene las condiciones de pobreza y viceversa. Los hombres y mujeres que cuidan el maíz, alimento sagrado maya, siguen poblando los márgenes de la sociedad. Después de relatar la barbarie cometida contra su pueblo, Celestina concluye: “La paz se ha firmado, pero la violencia no ha parado, es distinta. La gente no tiene servicios básicos, las mujeres mueren, los niños mueren de hambre, la gente no tiene tierra, las familias no tienen trabajo. El ciclo de la pobreza no termina”.


28/12/2016 - 17:11h

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