La foto que conmueve al mundo: padre e hija murieron al intentar cruzar un río

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. La esposa del hombre y madre de la niña fallecida que logró ser rescatada, Tania Vanessa Ávalos, dijo a las autoridades que el agua se llevó primero a la niña y fue el padre quien intentó agarrarla, pero ambos fueron arrastrados por la corriente del río y desaparecieron.

La imagen desgarradora recordó a la de 2015 cuando un niño sirio de 3 años murió ahogado en las aguas del Mediterráneo. En este caso, ambos están tirados a la vera del río, unidos por la remera del hombre. Se cree que el papá logró alcanzar a la nena en el agua pero que por la fuerte corriente decidió sujetarla por debajo de su remera. Ambos murieron ahogados.

El matrimonio era originario de El Salvador. Óscar Alberto Martínez Ramírez tenía 25 años y la pequeña Valeria, un año y 11 meses. Habían llegado a esta ciudad mexicana para pedir asilo político en Estados Unidos.

Sin embargo, ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo, según señaló la mujer.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por las autoridades de Protección Civil mexicanas. El hallazgo tuvo lugar en las orillas del río, entre unas ramas y a kilómetros del puente internacional de Matamoros que une esta ciudad con Brownsville, Texas.

Enrique Alberto Maciel Cervantes, presidente del Instituto Tamaulipeco del Migrante en Matamoros, lamentó la tragedia y pidió a los migrantes que no se metan a las aguas del río Bravo ya que las compuertas están abiertas y la corriente es muy fuerte. "El río no ayuda; cobra vidas", advirtió.

Miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala ingresaron desde octubre a México en varias caravanas a través la frontera sur con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Ante el aumento del número de migrantes irregulares y de solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó el 30 de mayo pasado con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración. A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.

 Este lunes, el Gobierno de México anunció el despliegue de más de 20.000 efectivos, entre militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional, en las fronteras norte y sur de México.

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Hambre y muerte en cientos de millones de personas por el cambio climático: ONU

Nos encaminamos a un apartheid ambiental

 

 

Cientos de millones de personas alrededor del mundo sufren de hambre, desplazamiento, enfermedad y muerte a causa del cambio climático, se señala en un informe presentado ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por su ponente especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston.

 

El experto independiente en pobreza extrema y derechos humanos advirtió que el mundo va camino del “apartheid climático”, en el que los ricos compran su vía de escape de los peores efectos del calentamiento global, mientras los pobres son los más perjudicados.

 

Alston, un jurista australiano, mencionó a los neoyorquinos vulnerables que quedaron atrapados sin electricidad ni atención sanitaria cuando el huracán Sandy azotó la ciudad en 2012, mientras que "la sede de Goldman Sachs estaba protegida por decenas de miles de sacos de arena y contaba con electricidad de su generador".

 

Confiar exclusivamente en el sector privado para protegerse de las condiciones meteorológicas extremas y de la subida del nivel del mar "casi garantizaría violaciones masivas de los derechos humanos, con los ricos atendidos y los más pobres abandonados", escribió.

 

"Incluso en el mejor de los casos, cientos de millones se enfrentarán a la inseguridad alimentaria, la migración forzada, las enfermedades y la muerte". Precisó que la economía mundial necesita un "giro fundamental" y distanciarse de los combustibles fósiles, a los que responsabiliza de gran parte de las emisiones de efecto invernadero provocados por el hombre.

 

Su informe critica a los gobiernos por hacer poco más que enviar funcionarios a conferencias para hacer "discursos", a pesar de que los científicos y los activistas del clima han estado dando la voz de alarma desde la década de 1970.

 

Por lo pronto, el mercurio seguía subiendo ayer en Europa, especialmente en el oeste del continente, con temperaturas inéditas para un mes de junio que podrían intensificarse en los próximos días.

 

En Francia, donde la ola de calor proveniente del desierto del Sahara se instaló desde inicios de semana, las autoridades emitieron una alerta naranja en 65 departamentos del país y pidieron a los residentes tomar precauciones.

 

El país sigue traumatizado por la ola de calor de agosto de 2003, a la que se le atribuye la muerte de 15 mil personas, principalmente ancianos, los más vulnerables al calor.

 

En París, que como todas las grandes ciudades se convierten durante episodios caniculares en burbujas de calor debido al cemento, a las actividades humanas y a la falta de árboles, los residentes tomaban por asalto las piscinas municipales de la ciudad.

 

El termómetro marcaba ayer por la tarde en la capital francesa 32 °C.

 

Según el organismo nacional de previsión meteorológica, Météo France, esta racha de calor no tiene precedente, para un mes de junio, desde 1947 por su intensidad.

 

Los expertos prevén que el termómetro siga subiendo hoy, hasta superar los 40 °C en varias localidades del este y del centro de Francia, como Besanzón, Clermont-Ferrand o Lyon, y se extenderá hasta finales de semana, al menos en el sureste del país.

 

En España, esta ola de calor durará al menos hasta el primero de julio. Las temperaturas podrían alcanzar el viernes 45 °C en Gerona y 44 °C el fin de semana en Zaragoza, ambas en el noreste del país.

 

“El infierno is coming”, tuiteó la meteoróloga Silvia Laplana, del canal público RTVE, junto a un mapa prácticamente teñido de rojo por las zonas de calor intenso.

 

En Alemania, donde los meteorólogos han advertido que se podría romper un récord de 38.5 °C para un mes de junio, las autoridades impusieron restricciones de velocidad en algunos tramos de las autopistas hasta nuevo aviso, debido al riesgo de que el asfalto caliente se rompa por las temperaturas inusualmente altas.

 

Stefan Rahmstorf, investigador del Potsdam Institute for Climate Impact Research, señaló que "este aumento de los extremos de calor se está produciendo como la ciencia había previsto, como resultado directo de un calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero de la combustión de carbón, petróleo y gas", añade.

 

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Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido. Imagen: AFP

Unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo y el 67 por ciento de los refugiados proviene de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

 

Las personas que en el mundo escapan de guerras, conflictos y persecuciones y que se sienten obligadas a dejar el propio país, fueron hasta fines de 2018 el doble que hace 20 años y 2,3 millones más que en 2017, llegando a 70,8 millones de personas. Se trata de la cifra más alta desde que existe ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, fundado en 1950. Y entre estos casi 71 millones de personas, se encuentran casi 4 millones de venezolanos.

 Según el estudio anual Global Trends (Tendencias Globales), difundido por Acnur en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Refugiado, las cifras son estimadas y no exactas dado que reflejan sólo parcialmente la crisis de Venezuela. “Debemos redoblar nuestra solidaridad con los miles de personas inocentes que se ven obligadas a huir de sus hogares a diario”, declaró desde Ginebra, sede de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados Filippo Grandi. “Pese a la cantidad de gente que escapa, hay grandes muestras de generosidad y solidaridad, especialmente por parte de las propias comunidades que acogen a grandes cantidades de personas refugiadas. Hay una participación sin precedentes de nuevos actores, como exponentes del sector privado y de personas que reflejan el espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados”, señaló. 

Aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre pasado, el Pacto Mundial busca una repartición de responsabilidades más equitativa para quienes acogen y apoyan a las personas refugiadas, el 80 por ciento de las cuales vive en países vecinos a sus lugares de origen. Global Trend calcula además que unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo, que cerca de la mitad de la población mundial de refugiados del 2018 tiene menos de 18 años, y que el número más alto de solicitudes de asilo en 2018 (341.800) fue presentado por venezolanos. Otros datos indican que el 67 por ciento de los refugiados provienen de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido (3,7 millones) seguido de Pakistán (1,4), Uganda (1,2), Sudán (1,1) y Alemania (1,1 millones). Pero el Líbano se confirma como el país que más refugiados a recibido en proporción a su población (uno cada seis).

“El elemento más evidente en todos estos datos es la diferencia entre los países que reciben a los refugiados –comentó ayer Carlota Sami, portavoz de Acnur en Italia, durante la presentación de Global Trends en Roma–. Los que reciben más refugiados son los países que más tendrían necesidad de ayuda porque son más pobres y los que reciben menos, son los países más ricos que tal vez deberían desempeñar un rol más importante en el encontrar soluciones. Las políticas fundadas en el odio y la exclusión, que erigen muros y alambres de púa, no llevan a ninguna solución porque de hecho los números siguen aumentando. Los países deberían ocuparse de encontrar soluciones a los conflictos, a las razones por las que la gente huye.” 

En efecto, según los datos oficiales los países de alto rédito reciben unos 2,7 refugiados cada mil habitantes (Italia 3 refugiados cada mil habitantes), los países de rédito medio  unos 5,8 refugiados cada mil y los países pobres, un tercio de todos los refugiados a nivel mundial. Es así que Turquía, por ser un país limítrofe con Siria, es la nación que más sirios ha recibido. Por su parte Colombia es el país que más venezolanos ha alojado (1.171.600) pero es Perú el que más refugiados venezolanos propiamente dichos, ha aceptado (700) después que solicitaran regularmente asilo y fueran reconocidos como tales. 

“Italia está particularmente preocupada por Venezuela –dijo en la presentación de Global Trends Luigi Vignali, director general para los italianos en el exterior y las políticas migratorias de la cancillería italiana–. En Venezuela viven 143.000 italianos y muchos otros descendientes de italianos. Es un país que está atravesando una profunda crisis y sus refugiados se mueven no sólo a países como Brasil, Ecuador, Colombia sino a también a Europa, España, Italia. Esto confirma la urgencia de una solución para la crisis venezolana”.

Mirvat Sayegh, 27 años, nació en Siria, en Alepo, una de las ciudades más golpeadas por la guerra comenzada en 2011. Durante el conflicto, su familia se trasladó por un periodo a Latakia, una ciudad sobre el mar, “un poco más segura que Alepo”, contó a PáginaI12 en la conferencia de presentación de Global Trends.  “Mi familia partió antes que yo porque yo estaba en la universidad y quería continuar. Estudiaba Literatura inglesa, me faltaban solo dos materias cuando tuve que dejar el país”. Con su familia se trasladó primero al Líbano y luego a Italia.  Pese a la guerra, logró conseguir algunos documentos que certificaban lo que había estudiado. 

Llegó a Roma hace tres años, gracias a un corredor humanitario, es decir tuvo la suerte de llegar a Italia en avión, de modo seguro. Aquí buscó una beca y consiguió una para estudiar en Ferrara (noreste de Italia) “Lengua y literatura moderna”. Ya está en el tercer año. “Me reconocieron algunas materias pero pocas”, dijo.  Mirvat Sayegh habla inglés, árabo, italiano y un poco de francés y español. “Yo hubiera querido ir a estudiar a Estados Unidos pero el problema es que cuando llegué a Italia,  no tenía documentos. Ahora tengo documentos italianos”.

–¿Cuán difícil ha sido vivir como refugiada?

–Para mi familia ha sido mucho más difícil que para mí. Mis padres llegaron a Italia a una edad que nadie les iba a dar trabajo y además no saben bien el idioma.  

–¿Estás contenta de vivir en Italia?

–Trato de estarlo.

–¿Te gustaría volver a Siria?

–Si tuviera que volver a Siria tendría que empezar de nuevo. Sería mucho más difícil recomenzar, me sentiría como una extranjera en mi propio país.

–¿Qué fue lo más difícil que  viviste como refugiada? 

–Lo más difícil que me ha tocado vivir es cómo las personas me ven, cómo me miran. No me miran por lo que soy sino como extranjera. Lo más difícil ha sido comenzar en cada lugar de cero. Mejor diría de menos cero… porque estos años que he pasado yendo de un lugar a otro, pasaron sin que yo aprendiera nada. No había tiempo porque con todas las preocupaciones uno no tiene el ánimo para aprender. Fue muy difícil tratar de trabajar, muy difícil ser considerada una persona normal. Y si te ven siempre como diferente, uno no puede estar al nivel de los demás. 

–¿Cómo podemos  favorecer la integración de los refugiados?

–No considerar a los refugiados como una categoría distinta, sino mirarlos como son, con sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

América latina

En contra del muro

 

El número de víctimas de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe se disparó en el último año según comunicó ayer la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. “El rechazo y los muros no resuelven el problema”, opinó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el italiano Filippo Grandi, durante la conferencia que ofreció en Berlín. La situación en Venezuela fue uno de los temas más abordados en la conferencia de prensa que ofreció Grandi. Según relató, más de cuatro millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015 y de ellos menos de medio millón solicitaron la condición de refugiados. Al respecto precisó que, si bien una minoría de venezolanos que abandonaron su país pidió asilo, la mayoría necesita protección internacional a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos, de medicinas y servicios públicos. “Tenemos una crisis en una región del mundo que hasta hace unos pocos años creíamos que había logrado una relativa estabilidad”, dijo Grandi al aludir principalmente a la región del norte de América Central, en particular a Honduras, Guatemala y Salvador. “En esta región observamos acciones de bandas armadas, que evoca lo que algunos grupos armados, gubernamentales o no, hacen en otros países. Como por ejemplo violar a mujeres para ganar el control de territorio, reclutar niños, ocupar casas”, opinó. Grandi precisó que muchas personas huyen de estos países en diferentes direcciones, que incluyen México y los Estados Unidos, principalmente escapando de la violencia. 

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A la sombra del Brexit, un modelo desaparece

Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres, y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza.

A primera vista no hay más que Brexit. Hace más de tres años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema en una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea (UE) a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuanto antes del bloque europeo, con o sin acuerdo.

A la sombra de este debate, oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del Welfare State (Estado de Bienestar) creado a finales de la segunda guerra mundial.


Un informe del Rapporteur de Naciones Unidos sobre “Extreme Poverty”, que será presentado ante la ONU, a fines de junio deja en claro el deterioro que ha sufrido el Estado de Bienestar tras nueve años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el Rapporteur neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. “Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era “solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad”, señaló a la prensa británica.


El estudio de la ONU halló que unos 14 millones –una quinta parte del total de la población– son pobres y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60 por ciento menos que el ingreso medio (un padre con dos chicos e ingresos equivalentes a 1000 dólares mensuales). Extrema pobreza o “destitution” son los que sobreviven con menos de 13 dólares diarios.


Estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las siete máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel del salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del “contrato social británico”. En los últimos años los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia.


Uno de los rasgos más visibles de este deterioro social es la proliferación de bancos de alimentos convertidos en alternativas para cubrir los agujeros de la austeridad. Hoy la red más importante es el Trussel Trust que suministra alimentos de emergencia en más de 400 puntos del país. En los dos primeros años de la gran austeridad conservadora –2011 y 2012– unas 128 mil personas recurrieron a esos bancos. En 2017-2018 la cifra se quintuplicó a más de 666 mil personas.


En su recorrido del Reino Unido, el Rapporteur de la ONU encontró instancias de hambre y prostitución vinculados a estas reformas burocráticas del Estado de Bienestar. El endeudamiento, la usura, la pobreza energética, el impacto en la salud son parte de este sórdido cocktail de pobreza extrema de primer mundo. El ex director de la Trussell Trust, Chris Mould, lo ejemplificó así. “Hay gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción, hay padres que apenas comen para alimentar a sus hijos. Es increíblemente fácil caer en esta situación. La pérdida del empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los beneficios sociales, un drama familiar resultan en la destitución de una persona. Si a esto se le suma que los salarios son muy bajos y los empleos son temporales o de medio tiempo, mucha gente entra y sale de situaciones de extrema necesidad”, señaló Mould a PáginaI12.


El desmantelamiento del Estado de Bienestar a la sombra del Brexit alcanza a una de sus baluartes: el estatal Servicio Nacional de Salud, el NHS. El embate contra el NHS viene de lejos porque su existencia siempre puso en tela de juicio el apotegma de que privado bueno, estatal malo. En los 80 el Thatcherismo lanzó una reorganización interna del NHS a través de la creación de un mercado interno, proceso que siguió con una creciente subcontratación de servicios y el lanzamiento de las iniciativas público-privadas en los 90.


La Oficina de Auditoría de la Nación señala que la subinversión llevada adelante por los conservadores han resultado en un sustancial déficit en las cuentas del NHS. Especialmente ruinoso para sus finanzas ha sido la construcción de hospitales, rebautizados por el ingenio mediático–popular como “uno por dos”: por el costo de cada hospital bajo la iniciativa público–privada, se podrían haber construido dos si solo lo hubiera hecho el estado. Un caso típico es el del University Hospital Coventry en el que la autoridad regional a cargo debió pedir prestado dinero incluso antes de que entrara en funcionamiento para pagar unos 60 millones de dólares de deuda. En el año del referendo a favor del Brexit, 2016, el sector privado obtuvo 267 de los 386 contratos licitados por el NHS.


El célebre físico Stephen Hawkings, que sufría una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS es un “sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas”. Hawkings, que dependió desde los 21 años del NHS, escribió un artículo para el matutino The Guardian en el que llamaba a evitar “que haya un sistema de salud desigual” mientras reivindicaba al NHS como el “sistema más justo para el suministro de atención sanitaria”.


La visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit que comienza este lunes 3 de junio es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo: cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio posbrexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro: el NHS.


En más de una ocasión el gobierno británico se negó a confirmar que un tratado de libre comercio con Estados Unidos excluiría al NHS de la mesa de negociaciones. El servicio británico que cubre a los 65 millones de británicos “de la cuna a la tumba” es el tesoro más codiciado por el sector privado estadounidense. A la sombra de un Brexit sin acuerdo que invisibiliza los estragos que están ocurriendo a nivel social, la estrategia de las multinacionales estadounidenses se puede hacer realidad.

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Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.


Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.


Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.


Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.


A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.


“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.


En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.


“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.


“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.


Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

20 mayo 2019

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Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

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Proyecto de la FAO prevé combatir la pobreza rural en 100 territorios de AL

Rezagados y vulnerables son los 100 territorios de América Latina en los que la Organización de las Naciones Unidas pondrá el foco para contener la pobreza rural, estrategia que busca mejorar la vida de las comunidades y evitar conflictos como los generados por las migraciones masivas y el narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) presentó este martes en Santiago de Chile su estrategia Cien Territorios Libres de Pobreza y Hambre, que busca intervenir en el contexto de políticas públicas y trabajar junto con gobiernos, organizaciones, empresas y otros actores civiles, con el objetivo de combatir nudos de extrema pobreza que ponen en riesgo la vida de unos 40 millones de latinoamericanos.

En una primera etapa, la FAO trabajará con Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y luego espera que se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, según datos del organismo.

Las áreas rezagadas son "muchas veces tierras invisibles y otra veces territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas", por eso la FAO decidió “poner el foco de atención ahí", señaló Julio Berdegué, representante regional de la organización, con sede en Roma.

Hasta ahora la FAO ha identificado mil 975 municipios en 14 países que agrupan a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. De éstos, la mitad (20.9 millones) vive en el campo y el resto en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescencientes y uno de cada cinco hogares está liderado por una mujer.

Con 547 municipios, México lidera la lista de zonas rurales más rezagadas, seguido de Perú, con 422, Brasil con 229 y Colombia con 213.

El representante señaló que cuando las zonas rurales quedan rezagadas y viven en pobreza pueden ser fuentes de conflictos vinculados al narcotráfico, como la producción de coca o amapola para heroína, el desarrollo de economías ilegales o generar migraciones masivas.

"Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica, que cruzan México y quieren llegar a Estados Unidos, generan todo tipo de problemas internacionales", apuntó Berdegué.

"Nadie dice que el origen de eso son los territorios de extrema pobreza y el abandono, sino que le ponemos atención hasta que tenemos un problema", señaló.

Tras años de buenas noticias y grandes avances en la lucha contra la pobreza, la región está "caminando hacia atrás" con aumentos en las tasas de extrema pobreza global y con casi la mitad de los habitantes de zonas rurales de América Latina inmersos en la pobreza, advierte la organización.

Para Berdegué, estos territorios rezagados son como lugares detenidos en el tiempo. "Incluso en los países con los mayores avances hay territorios rurales que se han quedado atrás, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años", dice.

Hacerse cargo de estas localidades perdidas es necesario "no sólo por el motivo ético de que estas personas, niños vivan una mejor vida, sino porque son fuente de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países", agregó el funcionario.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de personas que vive en la pobreza aumentó en 2017 a un máximo en una década.

En el caso de las zonas rurales, la pobreza alcanza 48.6 por ciento de la población y en algunas áreas más vulnerables el porcentaje se eleva a 70 puntos, de acuerdo con datos de la FAO.

Mariana Escobar, consultora de la FAO especialista en desarrollo rural, especificó que en momentos de contracción de las economías de la región, es necesario mejorar la coordinación, el uso de datos y aplicar la creatividad frente al exceso de burocracia.

También destacó la necesidad de fortalecer a los actores locales y líderes sociales en estos territorios.

"La tarea de avanzar en este reto tan grande de la pobreza rural es tarea de los gobiernos, pero éstos no pueden solos", apuntó.

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Las adolescentes en Reino Unido tendrán tampones y compresas gratuitas en los colegios

Los profesores de este país habían manifestado su inquietud por la cantidad de menores que no podían comprar estos productos sanitarios por la situación económica de sus familias.


Las escolares del Reino Unido recibirán tampones y compresas gratuitas en los colegios del Reino Unido, con la incorporación de Inglaterra el próximo año a esta medida, que ya ha comenzado a aplicarse en el resto del país.

El ministerio británico de Educación (DoE) informó este martes de que la iniciativa se aplicará entre las adolescentes de secundaria (entre 11 y 18 años) y se ampliará a las de primaria, tras llevar a cabo una consulta con maestros, estudiantes y padres.

El Gobierno británico quiere que todas las niñas lleven una vida "activa, sana y feliz" y ha decidido extender el suministro de compresas y tampones a menores de más de 20.000 escuelas, señaló en una nota la secretaria de Estado de Educación, Nadhim Zahawi.

Los profesores de este país habían manifestado su inquietud por la cantidad de menores que no podían comprar estos productos sanitarios por la situación económica de sus familias.

Según una encuesta de la organización benéfica Plan International UK, realizada entre un millar de mujeres y niñas en el Reino Unido, el 10% no había podido pagar productos sanitarios, mientras que el 15% había tenido problemas para comprarlos y el 12% había utilizado protección improvisada.

La medida ha sido bien recibida por organizaciones benéficas como FreePeriods, cuya fundadora, Amica George, señaló que se trata de una "noticia fantástica" y recalcó que el no poder comprar estos accesorios no se puede convertir en "una barrera para la educación".

"Con el acceso gratuito a productos para la regla para cada niña en periodo educativo, cada estudiante puede ir a la escuela sin ansiedad o estrés de preocuparse de dónde sacará la próxima compresa o tampón. Este compromiso asegurará que todas las niñas puedan participar plenamente y concentrarse en las clases", añadió George.


16/04/2019 12:16 Actualizado: 16/04/2019 15:36
EFE

 

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Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

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