Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.


Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.


Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.


Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.


A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.


“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.


En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.


“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.


“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.


Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

20 mayo 2019

Publicado enInternacional
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Jueves, 25 Abril 2019 08:12

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

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Proyecto de la FAO prevé combatir la pobreza rural en 100 territorios de AL

Rezagados y vulnerables son los 100 territorios de América Latina en los que la Organización de las Naciones Unidas pondrá el foco para contener la pobreza rural, estrategia que busca mejorar la vida de las comunidades y evitar conflictos como los generados por las migraciones masivas y el narcotráfico.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) presentó este martes en Santiago de Chile su estrategia Cien Territorios Libres de Pobreza y Hambre, que busca intervenir en el contexto de políticas públicas y trabajar junto con gobiernos, organizaciones, empresas y otros actores civiles, con el objetivo de combatir nudos de extrema pobreza que ponen en riesgo la vida de unos 40 millones de latinoamericanos.

En una primera etapa, la FAO trabajará con Colombia, Guatemala, Honduras, Salvador y República Dominicana, y luego espera que se sumen otros países de América Latina, donde casi la mitad de la población rural vive en la pobreza, según datos del organismo.

Las áreas rezagadas son "muchas veces tierras invisibles y otra veces territorios a los que estamos llevando las soluciones equivocadas", por eso la FAO decidió “poner el foco de atención ahí", señaló Julio Berdegué, representante regional de la organización, con sede en Roma.

Hasta ahora la FAO ha identificado mil 975 municipios en 14 países que agrupan a más de 40 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. De éstos, la mitad (20.9 millones) vive en el campo y el resto en pueblos y pequeñas ciudades. Casi uno de cada cinco son indígenas o afrodescencientes y uno de cada cinco hogares está liderado por una mujer.

Con 547 municipios, México lidera la lista de zonas rurales más rezagadas, seguido de Perú, con 422, Brasil con 229 y Colombia con 213.

El representante señaló que cuando las zonas rurales quedan rezagadas y viven en pobreza pueden ser fuentes de conflictos vinculados al narcotráfico, como la producción de coca o amapola para heroína, el desarrollo de economías ilegales o generar migraciones masivas.

"Los problemas de las caravanas gigantescas de migrantes en Centroamérica, que cruzan México y quieren llegar a Estados Unidos, generan todo tipo de problemas internacionales", apuntó Berdegué.

"Nadie dice que el origen de eso son los territorios de extrema pobreza y el abandono, sino que le ponemos atención hasta que tenemos un problema", señaló.

Tras años de buenas noticias y grandes avances en la lucha contra la pobreza, la región está "caminando hacia atrás" con aumentos en las tasas de extrema pobreza global y con casi la mitad de los habitantes de zonas rurales de América Latina inmersos en la pobreza, advierte la organización.

Para Berdegué, estos territorios rezagados son como lugares detenidos en el tiempo. "Incluso en los países con los mayores avances hay territorios rurales que se han quedado atrás, donde las personas viven en condiciones sociales que se asemejan a las que había hace 50 años", dice.

Hacerse cargo de estas localidades perdidas es necesario "no sólo por el motivo ético de que estas personas, niños vivan una mejor vida, sino porque son fuente de enormes conflictos, de enormes tensiones para el conjunto de los países", agregó el funcionario.

Según los últimos datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el número de personas que vive en la pobreza aumentó en 2017 a un máximo en una década.

En el caso de las zonas rurales, la pobreza alcanza 48.6 por ciento de la población y en algunas áreas más vulnerables el porcentaje se eleva a 70 puntos, de acuerdo con datos de la FAO.

Mariana Escobar, consultora de la FAO especialista en desarrollo rural, especificó que en momentos de contracción de las economías de la región, es necesario mejorar la coordinación, el uso de datos y aplicar la creatividad frente al exceso de burocracia.

También destacó la necesidad de fortalecer a los actores locales y líderes sociales en estos territorios.

"La tarea de avanzar en este reto tan grande de la pobreza rural es tarea de los gobiernos, pero éstos no pueden solos", apuntó.

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Las adolescentes en Reino Unido tendrán tampones y compresas gratuitas en los colegios

Los profesores de este país habían manifestado su inquietud por la cantidad de menores que no podían comprar estos productos sanitarios por la situación económica de sus familias.


Las escolares del Reino Unido recibirán tampones y compresas gratuitas en los colegios del Reino Unido, con la incorporación de Inglaterra el próximo año a esta medida, que ya ha comenzado a aplicarse en el resto del país.

El ministerio británico de Educación (DoE) informó este martes de que la iniciativa se aplicará entre las adolescentes de secundaria (entre 11 y 18 años) y se ampliará a las de primaria, tras llevar a cabo una consulta con maestros, estudiantes y padres.

El Gobierno británico quiere que todas las niñas lleven una vida "activa, sana y feliz" y ha decidido extender el suministro de compresas y tampones a menores de más de 20.000 escuelas, señaló en una nota la secretaria de Estado de Educación, Nadhim Zahawi.

Los profesores de este país habían manifestado su inquietud por la cantidad de menores que no podían comprar estos productos sanitarios por la situación económica de sus familias.

Según una encuesta de la organización benéfica Plan International UK, realizada entre un millar de mujeres y niñas en el Reino Unido, el 10% no había podido pagar productos sanitarios, mientras que el 15% había tenido problemas para comprarlos y el 12% había utilizado protección improvisada.

La medida ha sido bien recibida por organizaciones benéficas como FreePeriods, cuya fundadora, Amica George, señaló que se trata de una "noticia fantástica" y recalcó que el no poder comprar estos accesorios no se puede convertir en "una barrera para la educación".

"Con el acceso gratuito a productos para la regla para cada niña en periodo educativo, cada estudiante puede ir a la escuela sin ansiedad o estrés de preocuparse de dónde sacará la próxima compresa o tampón. Este compromiso asegurará que todas las niñas puedan participar plenamente y concentrarse en las clases", añadió George.


16/04/2019 12:16 Actualizado: 16/04/2019 15:36
EFE

 

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Instalación de Chevron Texaco en Ecuador. Edu León

Las políticas neoliberales, con sus privatizaciones y tratados de libre comercio, provocan enormes desastres humanos y ambientales. Los grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía han dado a las multinacionales un poder ilimitado. Si bien en estos momentos los movimientos sociales globales no suponen una amenaza real para las grandes empresas, cuentan con una ventaja: no paran.


Cuando los noticieros televisivos muestran imágenes de pueblos africanos padeciendo severas hambrunas, desde la comodidad material del primer mundo se tiende a creer que el hambre es un problema provocado únicamente por fenómenos como las sequías o la incapacidad de determinadas regiones de producir alimentos. Si bien es cierto que en África, como en otras partes del planeta, ha habido hambrunas, grandes sequías y otras situaciones complicadas, estas se han dado en momentos concretos de la historia. Tal como se desprende al leer Crímenes de hambre (Alrevés, 2018), la última novela negra de denuncia social del escritor y antropólogo Miguel Pajares, los principales causantes del hambre en África y en otras regiones del planeta no son los desastres naturales sino las políticas de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o el Banco Mundial.


Antes de la irrupción de estas instituciones, allá por la década de 1970, en países como Somalia o Níger no se pasaba hambre de manera continua. Según sostiene Pajares, que es también presidente de la Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado (CCAR), “en África, como en otros lugares del mundo, cuando se sale de la colonización, se sale con deuda. Los nuevos gobiernos de la descolonización, de la liberación, tienen que asumir la deuda de los gobiernos anteriores. Y resulta además que la generosidad del FMI y el Banco Mundial es muy amplia, de manera que permiten que los gobiernos aumentan la deuda. Inicialmente, esto no tendría que suponer un grave problema. Pero la deuda es aprovechada para imponer las políticas neoliberales del FMI y el Banco Mundial”.


¿Cuáles son estas políticas? “Por un lado, consiguen que la deuda sea impagable. De ello se asegura la Reserva Federal de EEUU, que sube los tipos de interés por encima del 20%. Con semejante subida, las deudas son impagables. Porque los gobiernos, a pesar de ir pagando, solo pagan intereses. Y continuamente necesitan más dinero para seguir amortizando la deuda, de manera que se van endeudando cada vez más”, aclara Pajares.


Cuando llegan los plazos de amortización, el FMI y el Banco Mundial se ofrecen a prestar más dinero, pero con una serie de condiciones. Y es ahí donde imponen una políticas que, tal como afirma Pajares, “básicamente vienen a decir que las empresas tienen que poder expandirse por el mundo, que tienen que poder ganar dinero; que eso es bueno para todos porque así se desarrolla la economía; que las empresas no han de tener trabas para entrar en los países, no ha de haber aranceles y los impuestos tienen que ser los más bajos posibles. Desde la filosofía neoliberal se supone que, si las empresas funcionan bien, se invierte, se crea empleo y todos salen beneficiados”

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Tratados de libre comercio


Desde Justícia i Pau, una organización cristiana que desde Catalunya lucha por la defensa de los derechos humanos de las personas y los pueblos, se afirma que se ha puesto la economía en el centro de toda importancia y los beneficios económicos dentro del ámbito del comercio no regularizado se han convertido en lo más perseguido por las empresas transnacionales. Quienes son capaces de reducir costos lo hacen porque, sencillamente, dejan de pagar los costos reales de sus acciones.


Según Núria Carulla, responsable de la Comisión Norte Sur, integrada en el eje de desarrollo humano integral de Justícia i Pau, “las empresas transnacionales están protegidas por los tratados de libre comercio e inversión, que se consideran un elemento esencial para el desarrollo y la obtención de recursos necesarios para la vida actual y para el desarrollo de la tecnología tanto necesaria”.


Lejos de cumplir una función social, cosa que tratan de hacer entender a través de sus políticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo que buscan la mayoría de empresas es reducir al mínimo los costes que generan sus actividades extractivas, industriales y energéticas. Como es sabido, esta reducción se consigue a base de desplazar las industrias hacia países con legislaciones laborales más débiles donde se puede explotar sin restricciones una mano de obra sin derecho ni a seguridad social, ni a medidas higiénicas y de seguridad laboral.
Tener productos abundantes y baratos significa que alguien, en algún otro lugar del planeta, lo está pagando muy caro. Tal como asegura Carulla, “las empresa también reducen costos en la protección del medio ambiente, se contaminan, tierras, agua y aire sin asumir los costes de reparación ni siquiera el coste de vidas humanas que ha provocado algún accidente por no invertir en medidas de seguridad”. Como ejemplo, recordemos el caso de la fábrica de productos químicos en Bhopal, India, donde una fuga de gas provocó la muerte de 25.000 personas que vivían en el entorno de las instalaciones.


El ejemplo de Níger


A partir de las peripecias del teniente Samuel Montcada, que trata de esclarecer las causas del asesinato en Barcelona de una activista reconocida internacionalmente, en Crímenes de hambre van asomando situaciones que permiten apreciar el verdadero alcance de las políticas neoliberales a escala mundial. Vemos, por ejemplo, el caso de Níger, un país que tenía la Oficina Nacional Veterinaria, una institución del Estado que, en situaciones de dificultad, repartía vitaminas y antiparasitarios a los pastores y los ganaderos.


Este país disponía también de una reserva de cereales para ser repartidos en casos de sequía o dificultades, y permitir a los agricultores hacer la siembra del año siguiente. Según Pajares, que se documenta a fondo para escribir sus novelas, “el gobierno fue obligado por el FMI y el Banco Mundial a desmantelar todo eso, ya que se supone que ese tipo de iniciativas o mecanismos van contra el libre mercado. En este contexto, en que no hay ningún tipo de restricción, quienes pueden penetrar mejor en el libre mercado son precisamente las grandes multinacionales, que se hacen con todo. Y a partir de ahí, sucede que los agricultores se arruinan, los pastores pierden sus ganados y no pueden comprar antiparasitarios y vitaminas a los precios de mercado”.


Luego viene el acaparamiento de tierras por parte de las multinacionales. Tal como remarca Pajares, “en los países africanos no hay títulos de propiedad sino que se rigen por un sistema consuetudinario en que los agricultores y los pastores tienen el uso de la tierra de generación en generación. Y lo que ha pasado es que los gobiernos han dicho que la tierra es suya y han empezado a venderla a las multinacionales, cosa que ha acarreado la expulsión de los agricultores de esos terrenos. Todo esto es lo que ha provocado el hambre. La mayor parte de las personas que pasan hambre en África habían sido agricultores que hasta antes de que se impusieran las condiciones del FMI y el Banco Mundial tenían más o menos resueltos los medios de subsistencia”, sentencia Pajares.


Las tierras, cedidas sin costo o compradas a bajo precio, sirven a las multinacionales para instalar explotaciones agrícolas intensivas o extractivas de minerales o combustibles fósiles. Movidos por el afán deobtener divisas, los gobiernos dan facilidad para la explotación de recursos naturales, pero no tienen en cuenta el derecho de las poblaciones que habitan ni el respeto al ecosistema. 

Privatización imparable


Durante las últimas décadas hemos asistido a grandes procesos de privatización en todos los sectores de la economía. Como consecuencia de ello, las multinacionales han acumulado poder hasta el punto de convertirse en el principal sujeto para vehicular las relaciones entre los países del norte y los del sur.


“Con el tema de las privatizaciones —sostiene Núria Carulla— se ha repetido como un mantra aquello de que las empresas públicas no funcionan porque son un nido de corrupción, porque los funcionarios son poco trabajadores o porque no cuentan con técnicos potentes. Bajo estos pretextos han querido hacer calar en la sociedad la idea de que las empresas privadas resultan más eficientes y salen más baratas a los estados”. Pero a esta incansable activista no les salen las cuentas ya que “la empresa pública, por muy mal que vaya, no deriva ni busca beneficios, mientras que la privada, sí. Por tanto, si las empresas privadas hacen las cosas más baratas, es sencillamente porque las hacen más mal. Y si las hacen bien, resulta que son más caras”.


En el ámbito de lo que se ha dado en llamar el Tercer Mundo, la cosa es mucho más grave. Según afirma Carulla, “las multinacionales y los grandes poderes actúan movidos por la idea de que los territorios son libres y que ellos pueden hacer lo que quieren porque los autóctonos son ignorantes e incapaces de oponer resistencia”.


Desastres medioambientales


El 25 de enero de 2019 quebró el dique de contención de una presa de residuos mineros de la compañía Vale, en Minas de Gerais, en el sudeste de Brasil. La tragedia se saldó con cerca de 200 muertos y más de 150 desaparecidos. Dos millones de toneladas de residuos contaminaron 305 quilómetros del río Paraopeba, dejando inservible sus aguas para todos los pueblos a los que abastecía.

Vale era una empresa pública brasileña que a partir de la primera década de 2000 comenzó a ser privatizada. Actualmente es la mayor empresa mundial en exportación de hierro. A pesar de la presión que puede ejercer la Agencia Nacional de Minería de Brasil, Vale, que tal como informaba hace algunas semanas Europa Press, ha instado a las compañías mineras a adoptar una serie de medidas de precaución y congelado más de 800 millones de reales (unos 191 millones de euros) de Vale para compensar a las víctimas, en general las multinacionales no están obligadas a rendir cuentas ante nadie, cosa que no pasaría si habláramos de empresas pública.


Según Núria Carulla, que ha realizado varias estancias en las comunidades indígenas de países latinoamericanos para visitar proyectos de cooperación y colaborar con organizaciones locales, “el problema de reclamar a las grandes empresas los males ambientales, el acaparamiento de tierra o las vulneraciones de derechos humanos que causan, es que se ha de pasar por un juicio de acuerdo con las leyes del país donde suceden los hechos. Lo que pasa es que muchas empresas multinacionales se rigen por las leyes en países donde tienen el capital. Entonces se amparan en que no pueden ofrecer compensaciones económicas porque en aquellos países no tienen capital”. Sus capitales se encuentran básicamente en paraísos fiscales.


Muchos recuerdan el caso de Chevron (antigua Texaco), la empresa petrolera norteamericana que contaminó miles de kilómetros en la amazonía ecuatoriana y provocó la desaparición de dos pueblos. Según ha informado recientemente el Observatorio Petrolero Sur, “la Corte de Justicia de Canadá negó la posibilidad a las comunidades ecuatorianas afectadas por Chevron-Texaco que buscaban continuar con el proceso judicial en el país”. Tras esta decisión, Chevron extiende su impunidad, mientras que la contaminación y las afectaciones de la amazonía ecuatoriana se agravan con el tiempo.

Carulla opina que las comunidades afectadas por Chevron se han organizado de un modo encomiable. “Hace más de veinte años que están de juicios y en todas partes, salvo en Canadá recientemente, les habían dado la razón; pero la compañía aún no ha pagado las indemnizaciones. Y luego hay otro problema: a pesar de que el Tribunal Supremo de Ecuador ha dado la razón a las comunidades, hay una figura curiosa que son los tribunales de arbitraje, un invento de las grandes empresas para que haya un tribunal que valore los litigios entre gobiernos y empresas. Son unos tribunales privados con muy pocos jueces que, con la legislación en la mano, siempre dan la razón al inversor o empresa ya que no existe una legislación internacional que compense. La cuestión de la privatización lleva todos estos males”. Y por otro lado, Carulla aclara que debemos tener presente que “la privatización, si se ha de realizar, debe ser en siempre el caso de subsidiariedad, es decir, cuando un ente público no puede llevar a cabo un trabajo determinado por una razón apremiante. Pero privatizar de manera sistemática y porque sí, no aporta ningún bien en principio”.


Plantando cara a las multinacionales


Puede que en estos momentos los movimientos sociales no sean una amenaza real para las grandes empresas. Pero cuentan con una ventaja: no paran. Cada vez son más quienes claman por el empoderamiento de los sectores más desfavorecidos y forman un frente común, desde campañas globales, a las multinacionales y al agronegocio, al capitalismo internacional y al libre comercio.


Nada menos que 200 millones de campesinos y campesinas de 81 países y agrupados en 182 organizaciones forman parte de La Vía Campesina, un movimiento internacional nacido en 1993 en Mons (Bélgica) con el afán de defender la soberanía alimentaria, los derechos campesinos, la promoción de agroecología, la defensa de las semillas locales y la descentralización del poder. “Globalicemos la luchas, globalicemos la esperanza”, es el lema de una organización “construida sobre un fuerte sentido de unidad, la solidaridad entre estos grupos, que defiende la agricultura campesina por la soberanía alimentaria como una forma de promover la justicia social y dignidad”.


Dos décadas después, en 2012 se inició otra campaña global, Dismantel Corporate Power, que pretende acabar con el poder y la impunidad de las empresas transnacionales. Según se afirma en el manifiesto del movimiento, “el 99% de los y las habitantes del planeta nos vemos afectados por la creciente concentración del poder en manos del 1 por ciento más rico. Este poder queda manifiestamente ilustrado con las 737 grandes transnacionales, muy conectadas entre sí, que controlan el 80 por ciento del capital de las mayores empresas del mundo. La mitad de ese capital está concentrado en las manos de apenas 147 empresas, la mayoría de las cuales son corporaciones financieras”. A esta campaña, que es una valiente respuesta por parte de las comunidades afectadas, se han adherido hasta ahora más de 200 organizaciones que luchan para parar los pies a estas grandes empresas. ¿Consiguen atemorizar a las grandes corporaciones estos movimientos? En opinión de Carulla, “por sí solos no representan ninguna amenaza preocupante para estas compañías”.


Fijémonos en Pablo Fajardo, el abogado de las comunidades afectadas en el caso Chevron. Además de afrontar constantemente el riesgo de ser asesinado, Fajardo tiene que luchar contra los 2.000 abogados contratados por Chevron, mientras que él solo cuenta con el apoyo de unos diez letrados, los cuales, por otra parte, no pueden ofrecerles ayuda a tiempo completo puesto que tienen que trabajar para poder mantenerse. Según manifiesta Carulla, “la amenaza para las compañías es que, gracias a las redes internacionales, todos nos enteramos de lo que pasa, por lo que podemos llevar a cabo acciones como hacer preguntas a un parlamento determinado, escribir cartas a las empresas, hacer un boicot a una marca y cosas por el estilo Y, si hay la posibilidad, también podemos dar apoyo económico y técnico a todos estos movimientos”.


Ante el poder de las empresas transnacionales, las comunidades de campesinos e indígenas de todo el mundo se pueden ver como la lucha de David contra Goliat, una lucha totalmente desproporcionada en la que el campesinado y los pueblos indígenas cuentan con pocas posibilidades de ganar. Sin embargo, la conciencia de la defensa de los derechos y la dignidad ha crecido mucho en los últimos años. Tal como recuerda Carulla, “cada vez más, las acciones para defender el territorio, el agua, y la naturaleza de la que depende la propia vida, así como sus derechos económicos, sociales y culturales se coordinan con otras organizaciones y redes que apoyan a las luchas locales”.


Decía Noam Chomsky que los pueblos indígenas están salvando el planeta de un desastre ambiental. Sin embargo, la defensa de los derechos humanos es, en opinión de Carulla, una tarea global en la que toda la ciudadanía consciente se debería implicar. “El cambio climático tiene causas muy diversas pero el medio ambiente es frágil y la contaminación de la tierra, agua, mares y aire no tiene fronteras, por lo que termina afectando a todo el planeta además de causar dolor y pérdida de calidad de vida a las poblaciones directamente afectadas. Hay muchas maneras de apoyar la lucha de las comunidades que están en primera línea, hay oenegés aquí que trabajan con estas comunidades y que con esta ayuda, difusión y denuncia pueden continuar este enfrentamiento tan desigual”.


Precariedad y pobreza


Hacia el final de Crímenes de hambre, Mario, el entrañable y pedagógico economista que acompaña al teniente Montcada, plantea una inquietante reflexión acerca de la pobreza y la precariedad. Viene a decir que en países como España, cada vez hay más gente que vive en situación de pobreza a pesar de tener un empleo. Sin embargo, a pesar de la precariedad creciente en que vivimos, no nos gusta pensar en la idea de que somos pobres o que corremos el riesgo de serlo en algún momento.
En la UE tenemos el paradigmático caso de Grecia, un país en cierto modo equiparable a España. Dada la situación que se vivía en sus fronteras con la llegada masiva de migrantes, al gobierno griego le concedieron unos préstamos muy importantes para “armarse” frente al problema migratorio. Con la llegada de la crisis, el país heleno no pudo pagar la deuda. ¿Y qué hizo la UE? Según afirma Carulla, “Europa dejó a Grecia en una situación bastante comprometida. Si bien hubo una especie de condonación de la deuda, esta se llevó a cabo con unas condiciones neoliberales brutales. Una de esas condiciones fue la de reducir las pensiones a la mitad. Una simple orden de la UE ha llevado a todo un país a una situación desesperada. De manera que el riesgo es real”.


Si bien Carulla considera que no se trata de meter miedo en el cuerpo, sí cree, en cambio, que la ciudadanía debe ser consciente de ciertas cosas y movilizarse: “Democráticamente, los ciudadanos únicamente decidimos quiénes queremos que sean nuestros gobernantes, aunque bien es cierto que muchas veces los resultados electorales no nos satisfacen. Pero aceptamos las reglas del juego democrático. Ahora bien, lo que no es tan aceptable es que el único poder de la ciudadanía resida en votar una vez cada cuatro años. El ciudadano ha de ser más activo en el tejido democrático. Por ejemplo, tenemos la cuestión de las pensiones: los pensionistas del país vasco se están manifestando constantemente y la sociedad responde llamándolos yayoflautas con cierto sentido despectivo. Ante cualquier situación contraria al statu quo y a la tranquilidad, la sociedad responde con una especie de desprecio hacia quienes de algún se muestran insistente reivindicando sus derechos. A los ecologistas, por ejemplo, hasta que no se ha demostrado que lo del cambio climático es completamente real, les han dicho de todo. Quienes se mueven y protestan son quienes hacen que una democracia sea más activa”, sentencia.

2019-04-10 06:36:00

 

Publicado enSociedad
Domingo, 31 Marzo 2019 11:43

...Lejos de casa

...Lejos de casa

¿El que sepamos que mucha gente alrededor del planeta está sufriendo, hace que el sufrimiento individual sea menor? ¿O nos inmuniza, nos curte, ante el sufrimiento de otros? ¿Qué hacemos, cómo nos comportamos, cuando la tragedia y los avatares adquieren nombre y apellido, cuando adquieren forma, cuando se vuelven persona? ¿Cómo nos comportamos cuando la tragedia deja de ser un número, cuando deja de ser una noticia y se nos presenta ante nuestra cara?

Eliana tiene 22 años, cada día, desde muy temprano, cuando el frío se cuela por todos los poros de nuestra piel, pero además lo evidenciamos en el vapor que sale de nuestra boca por el simple gesto de entreabrirla, ella está en una esquina de Nueva Villa Alsacia, una urbanización bogotano que los burócratas de la administración distrital clasificaron estrato cuatro, en esa artimaña clasista que inventaron en este país de arribismo no oculto, donde todos aspiramos a ser lo que no somos, soñando con gastos que no podemos cubrir, perdiendo identidad y por ello capacidad de acción social transformadora.

Mientras ella empieza otro día de rebuscar la sobrevivencia, por su lado, con paso afanado, cruzan decenas de personas en procura de transporte público que los acerque a sus lugares de trabajo; otros deambulan con sus perros en procura de un lugar en donde estos puedan desechar lo que ya les impide estar tranquilos en las cuatro paredes del apartamento que habitan.

El sol le va ganando la partida a la noche –que ya muere–, y allí, en la esquina de siempre, está Eliana, vestida sin mucha protección contra el frío, tal vez protegida por la fuerza de la juventud, obligada al rebusque por la lejanía con su tierra natal; en la mano la bolsa de dulces, la misma que ofrece a los apurados transeúntes, siempre anteponiendo un “buenos días”. Su acento la delata pero también le obvia tener que explicar muchas cosas.

El “buenos días” es un dulce para quienes proceden de ese lugar que hoy llena espacio en todos los noticieros y en todos los periódicos; ese saludo es muy significativo para quienes de allí proceden pues es una señal de que eres persona, de que compartes lo que tienes. Un saludo que da contra el aire, contra la indiferencia bogotana, fundida en las imágenes cotidianas de cientos de personas arrojadas desde siempre a la calle, malviviendo, desposeídas de todo, rebuscando en canecas algo para comer. Pese a ello, ella continúa con su saludo, esperando que alguien se fije en ella, les responda y tal vez compre un dulce.

Eliana tiene un hermosos rostro que también delata su lugar de origen, no hay duda de ello por sus labios gruesos y una mirada alegre, pero aun ingenua, que expresa confianza en la gente y que para los colombianos puede ser interpretado como atrevimiento. Para un colombiano ella es una “igualada”, cosa rara para los venezolanos pues allí no son tan evidentes las diferencias sociales, como sí resaltan acá; puede que sufran limitaciones, sí, pero a la hora de relacionarse con alguien se tratan sin protocolo social, miran sin bajar la mirada y casi rompen los espacios de intimidad sin el menor reparo.

Como otros tantos de quienes han migrado en los últimos años, para llegar a Bogotá Eliana realizó una travesía llena de penurias y situaciones de gran riesgo por su condición de joven, de mujer y, sobre todo, de embarazada. Su voluminosa barriga se ciñe en un pantalón licra y una camiseta que apenas le quedan. Da la sensación de que su bebe va a nacer en ese mismo momento. Ella me contó que a su tía se le murió su bebe un par de días después de nacer, porque no aspiraron correctamente sus vías respiratorias, al tiempo que le dejaron la placenta en el útero; deceso que la empujó a salir del país.

Desde Caracas, desde una populosa zona llamada El Valle, salió el siete de diciembre rumbo a Colombia. El trayecto de Maracaibo hacia La Guajira, llegando hasta La Raya, fue todo lo difícil, pesado y angustioso que podía ser: “Nos quitaron mucho de lo que teníamos. Tanto comida como objetos personales, porque eso es lo que se vive literalmente con los guardias en Venezuela. Ellos siempre te están quitando algo”.

Antes de salir de Venezuela, Eliana ve con asombro y tristeza como su mundo se desmorona. “Nosotros nos criamos todos en El Valle, pero ahora todo representa un peligro, la policía amenazando a todo el que ve por ahí con matarlo. En los barrios populares ahora hay una disputa permanente”.

“Por ejemplo, si el azote de barrio (se refiere a los delincuentes de la zona) te pide agua y si no se la doy me saca de mi casa o me mata algún familiar, y si te la doy se entera la policía e igualito, vienen y me quitan mi casa. Entonces te quedas en el aire. Allá le quitan a las personas la casa porque sí. Si colocaste una denuncia y afectó al azote del barrio, él te quita tu casa, y te quedas sin nada y tus hijos sin nada, y si no entonces los policías van y dicen que tu le estas tapando la sinvergüenzura y te quitan tu casa. O sea, no tienes ni quien te defienda ni quien te ayude”.

En medio de un caos, que le impide planificar una vida para ella y para su bebe, en compañía de su hermanito de diez años, se llena de falsas ilusiones y valentía y empieza un tortuoso recorrido para llegar a Bogotá. Cruzó como ilegal hasta llegar a Riohacha, allí la impactó el ambiente de droga, prostitución, evidente maltrato a las mujeres y cero posibilidades de trabajar. En horas de la madrugada era tanta la desesperación “que agarraré mis bolsos a las tres de la madrugada y con un señor llamado Rey, al que no conocía, nos arriesgamos para el viaje, y nos llevó hasta Barranquilla; me preocupaba mucho mi hermano”.

“Llegamos a Barranquilla y había muchas personas, mas que todo hombres. A todas las personas que les pedíamos ayuda decían que no, porque como yo estaba embarazada, porque lo que querían era que nos quedáramos ahí pero con segundas intenciones”.

Ella continúa narrándome: “Ante esta realidad, agarré a mi hermano, y le rogamos a un muchacho que nos trajera, él nos dejó en Santa Marta. Nos regresó de Barranquilla a Santa Marta, en donde nos robaron. Al día siguiente agarramos para Bogotá, teníamos que llegar para proteger a mi hermano, así como a los pocos bolsos que nos quedaban los que en la madrugada, llegando a Ibagué, nos los terminaron de quitar; unos hombres le quitaron los bolsos a mi hermano, porque el estaba dormido.

Llegamos a Ibagué, nos montamos en una camioneta, nos bajamos de esa camioneta, nos montamos en otra, hasta que llegamos a Bogotá, eso fue como a las diez de la noche del viernes y acá estamos. Todos los días luchando para no dormir en la calle”.

Pero en Bogotá su condición de mujer y joven resultó un problema, en lugar de un beneficio. Eliana cuenta con tristeza que las mujeres la miran con recelo y los hombre le proponen cosas, le preguntan cuánto cobra y le dicen que todas las venezolanas son putas.

Aun así Bogotá es la única opción que tienen por ahora, y considera una victoria el que cada día puede conseguir lo de la comida. Está preocupada por una hermana y un hermano que dejó allá y agrega que, igual, no puede regresarse porque no tiene cómo costearse el retorno. Colombia no resultó ser la tierra próspera y salvadora que esperaba, tierra para iniciar una nueva vida, pero aún así es lo único que tiene en este momento.

Eliana tendrá un hijo en Colombia y ni siquiera será colombiano, porque la trabajadora social ya le explicó que si la atienden debe llegar de emergencia, sino no. y que a su hijo lo tiene que registrar en un consulado venezolano, como venezolano.

Mientras tanto, los comentarios de aquí y allá hacen referencia a la sobrepoblación de venezolanos, que no deberían estar aquí, que Colombia ya tiene sus propios problemas, que ahora tienen los delincuentes de siempre y de ñapa los de Venezuela, que esos venezolanos pidiendo en la calle bien vestidos y todo, y pare de contar. Porque para algunos colombianos el sufrimiento tiene nacionalidad y Colombia ya la patentó, entonces lo de otros no es sufrimiento, y el derecho a emigrar a trabajar, a buscar futuro en otro país, también lo patentaron los colombianos.

Eliana me mira, y entiendo en sus ojos el interrogante, ¿qué hacer?

Publicado enEdición Nº255
Las niñas prostitutas de la autopista a Medellín

La directora Mabel Lozano cuenta en este texto su experiencia con un colectivo de estudiantes universitarias que lucha contra la trata en Colombia

 
Estos últimos años he estado un par de veces en Medellín (Colombia), en ambas ocasiones para hablar de trata y prostitución, y fue allí donde tuve la oportunidad de conocer al colectivo Todas con las Mujeres, que trabajan contra estas prácticas como una de las caras mas perversas de la violencia de género. Son crímenes contra las mujeres por el hecho de serlo.


Con este colectivo me unen muchas cosas, por ejemplo que utilizan el cine como herramienta de transformación social. Un porcentaje grande de sus integrantes son jóvenes estudiantes de cine de las universidades de Bogotá y Medellín, pero también de otras carreras como Derecho o Trabajo Social. Conozco y admiro el trabajo de este colectivo que en un 80% está integrado por mujeres jóvenes y estudiantes. Desde hace meses ruedan un nuevo documental sobre los llamados ángeles azules, las niñas prostitutas de la autopista de Medellín a Bogotá, llamadas así porque, a pesar de su gran belleza, tienen el color de su piel azul pálido, debido a la mala alimentación, el trasnochar y la adición a las drogas.


Me trasladan los testimonios de varias de estas niñas a las que han seguido durante meses. No quieren ni pueden salir de sus vidas ni abandonarlas a su suerte, una suerte que no está de su lado. Niñas como Patricia, de 14 años, con facciones casi perfectas, sonrisa angelical y extrema delgadez que la hacen parecer mucho menor. Patricia desertó del colegio hace ahora dos años.


"Yo entré a bachillerato con 11 años. Venía muy bien, mi mamá nos mantenía a mis dos hermanos menores y a mí de la venta de perritos calientes y pinchos, en un puesto en la calle. Mi papá se fue cuando yo tenía ocho años a trabajar al Guaviare, raspando coca, y nunca volvió. Yo acompañaba en las noches a mi mamá en la venta, al principio nos iba bien, hasta me compró un celular, pero luego se puso pesado y mi mamá recurrió a los gota a gota para que le prestaran para pagar el arriendo y comprar las salchichas y el pan. Tocaba pagarles a diario con intereses. Después de unos días no se pudo cumplir, entonces a mi mamá le pegaron y amenazaron con violar a mi hermanita, tocó entregarles el carro donde vendía la comida por la deuda… todo se juntó", cuenta. "En la escuela no dieron más desayuno ni almuerzo, no hubo más transporte escolar, yo no quise volver porque estudiar con hambre es muy hijoputa, además solo había para un pan y agua panela en la casa, y prefería que se lo dieran a mis hermanitos".


Caracoli es el sitio donde por las noches se reúnen mujeres de diferentes edades, travestis y niñas, a ejercer la prostitución. "Yo para ayudar a mi mamá comencé a ir a Caracoli (un municipio cercano). Me llevó una amiga, ella se rebuscaba buena plata con los camioneros. No había que darles besos —¡qué asco!— ni dejarse penetrar, solo mamárselo y le pagaban a una hasta 20.000 pesos (5 euros). En un rato se podía hacer unos más de doscientos. Comencé a ir algunas noches, luego todos los días, mi mamá se las olió, me siguió y me pilló, pero fue mejor porque ahora ella está pendiente de mí y anota la placa del carro donde me subo, por seguridad”.


Patricia es parte de los ángeles azules rebautizadas así por mis amigos de Todas con las Mujeres, porque antes les llamaban las zombis. Hasta el nombre estaba lleno de crueldad. Después vieron que el nombre era lo de menos y así lo han comprobado durante los nueve meses que han acompañado a seis de ellas documentando su día a día. Han entrado en sus hogares, con sus familias, en barrios como La Polonia, El Refugio y La Ratonera. Han sido testigos silenciosos de momentos trágicos, como cuando a alguna de ellas las golpeaban y arrojaban de los coches y camiones en marcha por solicitar que se les pagara primero el servicio sexual. De los intentos de suicidio de Ángela, con tan solo 15 años, de las eternas depresiones de Camilla después de pasarse tres días seguidos consumiendo basuco, el sobrante del raspado de la cocaína, altamente adictivo y degenerativo. De la tragedia de María, la chiquis, que entró en su casa y encontró a su hermano ahorcándose y no llegó a tiempo para sostenerle los pies para que no muriera. De Gina, que accedió a colaborar en el documental si se escuchaba alguna de sus composiciones de reguetón: “Cuéntame el cuento de las niñas azules que vagan en las noches para sobrevivir / Dime si es cierto que juraron estar juntas hasta perecer / Dime si es cierto que el pacto fue roto y están esparcidas pagando castigo hasta el amanecer / Dime si es cierto que solo después de esta vida tendrán ya sus alas y recuperarán su niñez / Nos dicen azules por el color de la piel, azules mis sueños, azules mis venas, mis lágrimas también”.


Los ángeles azules son un caso único, además, porque, a diferencia de las prostitutas de la zona, ellas no tienen ni madames ni proxenetas. No hay hoteles de lujo ni turistas extranjeros. Solo hay pobreza. Los servicios sexuales los ofrecen en las cabinas de los camiones y muy raras veces van a moteles de carretera. El precio por el servicio sexual es una miseria.


Más de la mitad de estas niñas empujadas a prostituirse abandonaron sus estudios porque en las escuelas antes podían alimentarse y tenían transporte gratuito para llegar al colegio, además de asistencia. Existen culpables directos: la clase dirigente y política que ha hecho mal uso de los recursos, del dinero. Miles de millones de pesos sustraídos descaradamente del programa escolar PAE, robando así a las niñas la educación, la infancia y condenándolas a vagar por las noches como zombis, vendiendo sus pequeños cuerpos.


En los últimos años han salido ya a la luz los casos más aberrantes de esta corrupción. Hoy, son muy pocos los arrestados por estos delitos, y los que lo son, no son castigados. Se les envía a sus casas porque no son considerados peligrosos para la sociedad.


El Fiscal General de la Niñez, Mario Gómez, es el encargado de llevar esta investigación, que se ha tomado muy en serio. Hace unos días hablaba por teléfono con él desde Madrid y me confesaba la impotencia que le provoca la situación privilegiada de los culpables, pero sobre todo el dolor de ver a esas niñas cada noche en la carretera, ahora además acompañadas de muchas otras menores de origen venezolano.


Es una verdad que todo el mundo sabe, pero de la que nadie habla por miedo en este territorio de paramilitares, ahora dominado por los prestamistas.
El mensaje es alto y claro, robar los dineros destinados para los niños y las niñas, además de un delito muy lucrativo, no tiene la mínima posibilidad de ser castigado.
Mabel Lozano es directora y guionista de cine social.

Por Mabel Lozano
26 MAR 2019 - 18:01 COT

 

Publicado enColombia
Miércoles, 27 Marzo 2019 06:28

Si Colombia fuera Venezuela

Si Colombia fuera Venezuela

Según los últimos informes de diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos Colombia ocupa el primer puesto mundial en cuanto a persecución y asesinatos de líderes sociales. Solo en el año 2018 en ese país 126 personas, de un total de 321 en el mundo, casi el 50%, incrementaron este fatídico ranking. Y en los tres primeros meses de 2019 se contabilizan ya más de 30 las personas defensoras asesinadas. 

La firma en el año 2016 de los Acuerdos de Paz entre la guerrilla de las FARC y el Gobierno colombiano llevaron la esperanza a la sociedad de este país por iniciar el camino hacia la paz después de casi 50 años de una guerra que había sacudido todos los rincones del mismo. Sin embargo, a raíz de dicha firma el listado de persecuciones, criminalizaciones y muertes se ha incrementado a un ritmo casi superior al de los tiempos de la guerra si nos centramos en aquellas personas que defienden los derechos humanos. Esto, además del hecho evidente de que el actual Gobierno del presidente Iván Duque ha frenado, casi hasta el sabotaje, el cumplimiento de los mencionados Acuerdos en muchos de sus puntos esenciales, como la justicia especial para la paz (JEP), que es uno de los ejes fundamentales para la reparación y recuperación de la convivencia. Y también ha cerrado la posibilidad de abrir la mesa de conversaciones con la última guerrilla activa de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional (ELN).


Ante toda esta situación el Secretario General de las Naciones Unidas, el portugués Antonio Guterres, expresaba recientemente de forma diplomática su “enorme preocupación” por la impunidad con que se están cometiendo estos ataques. Y el Relator Especial para la situación de los defensores de derechos humanos en el mundo, también de las Naciones Unidas, Michel Forst, denunciaba el aumento de los asesinatos de estos líderes mientras disminuía el número de homicidios globales en el país. Así, el ambiente de impunidad llega hasta tal punto que este Relator expresaba también “me han horrorizado las versiones de los campesinos afrocolombianos e indígenas describiendo los ataques que enfrentan sin poder decir el nombre de los victimarios”. Por esta razón pedía al Estado colombiano la reacción necesaria, que tomara medidas reales y efectivas, para acabar con estos escenarios de impunidad.

Respecto a los responsables de la situación, además de por algunas disidencias de las diferentes guerrillas, en gran medida, la misma estará propiciada por el paramilitarismo que nunca desapareció de Colombia y que ahora trata de ocupar aquellos espacios territoriales que la guerrilla desmovilizada de las FARC dejó libres. Ese paramilitarismo opera principalmente en negocios como el narcotráfico, el crimen organizado o la protección de intereses económicos múltiples. Y precisamente estos últimos están también muy presentes entre otros responsables (terratenientes, latifundistas, transnacionales extractivas) en este escenario y hoy pujan por ocupar y explotar esos territorios ricos en recursos naturales diversos. Hay que recordar que Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo y eso, en términos económicos, se traduce para las transnacionales de todo tipo en una fuente inagotable de negocios y beneficios. Ante ambos procesos el Gobierno colombiano está o apoyando abiertamente a los segundos (poderes económicos), en aras del siempre recurrente discurso del desarrollo, o en una evidente pasividad ante los primeros (paramilitares), por garantizar éstos un control territorial que el Estado no tiene capacidad para alcanzar y por su golpear constante sobre los diferentes agentes sociales que plantean la crítica política al sistema.


Todo lo hasta aquí señalado genera, además de los ataques continuos contra los defensores y defensoras de los derechos humanos y la persecución de organizaciones sociales, indígenas, negras, de mujeres, campesinas, una creciente extensión de la crisis humanitaria profunda. Así, aunque invisibilizada por la mayoría de los medios de comunicación masiva y alejada de las grandes declaraciones políticas, la realidad del creciente empobrecimiento de cada vez mayores capas de la población es una constante. De ello nos habla el hecho inocultable de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de población desplazada interna, superando los siete millones. Personas que durante la guerra se vieron obligadas a huir de sus tierras, de sus comunidades y que hoy aún no pueden regresar ya que, en gran medida, el Estado sigue sin dar cumplimiento a su compromiso para facilitar la restitución de esas tierras.


De forma más reciente, desde el pasado 10 de marzo se inicio la movilización (Minga) de los pueblos indígenas, comunidades negras, campesinas y otros sectores sociales en el suroeste del país en reclamo del cumplimiento de antiguos acuerdos alcanzados con los gobiernos colombianos. Y también, entre otros, en denuncia de los continuos procesos de criminalización de la protesta y asesinatos de los líderes sociales. La respuesta del Gobierno hasta la fecha está siendo la represión sistemática que ya ha producido nuevas muertes y episodios continuos de represión a las comunidades hasta el punto de extender la solidaridad con dicha protesta a otros puntos del país. La Minga pide que el presidente Iván Duque, tan prolífico en declaraciones y acciones en el marco continental (Venezuela), se siente a una mesa de diálogo con estos sectores históricamente arrinconados y se alcancen compromisos firmes para mejorar verdaderamente las condiciones de vida y de derechos en la propia Colombia.


El interrogante final, ante la situación brevemente aquí descrita sobre Colombia y ante la permanente falta de informaciones sobre ella en la mayoría de los medios de comunicación, es la que da título a este texto. ¿Nos podemos imaginar este silencio informativo si solo una parte de esto estuviera ocurriendo en Venezuela? Hace pocas semanas hablábamos en otro texto del doble rasero que se evidencia entre este último país y la grave situación de emergencia social y política en Haití, ahora volvemos a constatar esa doble moral política y mediática sustituyendo al país caribeño por Colombia. Es más grave si cabe, pues además de invisibilizar lo que aquí está ocurriendo es precisamente a Colombia a la que se presenta como una democracia avanzada y punta de lanza contra Venezuela. Demasiada hipocresía e injerencia externa para poder realmente construir un continente soberano y de justicia para las mayorías sociales.


Por Jesus González Pazos, miembro de Mugarik Gabe
@jgonzalezpazos

Publicado enColombia
El futuro de los chalecos amarillos: entre el regreso de los incidentes y la confluencia con los ecologistas

Tras cuatro meses de protestas, en París confluye la marea amarilla con manifestantes ecologistas y contra la violencia policial. Una confluencia que podría consagrarse ante el futuro incierto de los chalecos amarillos.


Era el día después del final del llamado “gran debate nacional”. Los chalecos amarillos habían planteado las manifestaciones de este 16 de marzo en Francia como un ultimátum para el presidente francés, Emmanuel Macron. Como era de esperar, el día D no llegó. Las protestas de este sábado abren numerosos interrogantes, pero también interesantes hipótesis, sobre la evolución de este singular movimiento. El decimoctavo fin de semana de protestas de los chalecos amarillos estuvo marcado por una incipiente convergencia de luchas con otros movimientos ecologistas y contra la violencia policial en las banlieues.


Miles de chalecos amarillos tomaron los Campos Elíseos desde primera hora de la mañana. Según las criticadas cifras del Ministerio del Interior, había unas 10.000 personas. La realidad es que se trataba de una marcha más numerosa que las de las semanas anteriores, aunque tampoco fue una marea humana. Entre los manifestantes, destacaba la presencia de black blocks (agitadores). Como sucedió durante los primeros fines de semana de diciembre, se produjeron múltiples destrozos materiales y confrontaciones con la Policía. En total, unas 80 tiendas resultaron dañadas y 20 de ellas saqueadas, según los comerciantes de la famosa avenida parisina. Esta vez el símbolo de los destrozos fue el restaurante Fouquet’s, emblema del lujo y la alta burguesía parisina.


“Actualmente, hay gente que intenta por todos los medios dañar la República”, aseguró Macron, que interrumpió su fin de semana de esquí para regresar a París y ponerse al frente de una nueva célula de crisis. De esta forma, contemplar la aprobación de nuevas medidas de seguridad, a pesar de los controvertidos resultados de la mano del joven presidente francés: más de 2.200 manifestantes heridos (la mayoría de ellos pacíficos) por la violencia policial y la aprobación de una controvertida ley liberticida.


Confluencia entre chalecos amarillos y ecologistas


No obstante, mientras que los medios mainstream concentran su atención en los incidentes en los Campos Elíseos, otra movilización humana más numerosa tuvo lugar este sábado por las calles del centro de París. Miles de chalecos amarillos y militantes ecologistas confluyeron en la llamada Marcha del siglo, organizada para alertar ante la urgencia social y climática y apoyar el recurso judicial que el pasado jueves cuatro oenegés presentaron para llevar el Estado francés ante los tribunales por inacción climática. Entre 100.000 (según los organizadores) y 50.000 personas (según el gabinete independiente Ocurrence) participaron en esta manifestación en París. Otras decenas de protestas tuvieron lugar en el resto de Francia. Según los organizadores, un total de 350.000 personas formaron parte de esta marea verde y amarilla en el conjunto del país.


“Desde el 8 de diciembre había pedido esta confluencia, ya que nuestras reivindicaciones convergen integralmente. Hacer pagar a los ultra ricos, penalizar a las multinacionales que contaminan… Esto los poderosos nunca lo harán. Espero que el día de hoy sea histórico”, aseguró el abogado François Boulot, uno de los referentes de los chalecos amarillos en Rouen (Normandía), durante una rueda de prensa organizada el sábado por la mañana por los organizadores de la Marcha del siglo.


“Tenemos que levantar la voz, ya que la única respuesta que hemos obtenido del Gobierno ha sido el gran debate (considerado por la mayoría de los manifestantes como una operación de comunicación)”, afirmó, por su lado, Elodie Nace, la portavoz del movimiento ciudadano ecologista Alternatiba, durante esta misma comparecencia en la plaza de Trocadero, en la zona de la Torre Eiffel.


Además de la convergencia entre chalecos amarillos y militantes ecologistas, la manifestación del sábado en París también confluyó con otra marcha organizada por colectivos de la banlieue contra la violencia policial. Lo que dio lugar a imágenes que parecían inimaginables hace cuatro meses cuando emergió este singular movimiento de indignación, con el pretexto del aumento del precio del combustible. Es decir, ver manifestarse conjuntamente a ecologistas (muchos de ellos urbanitas de clase media), chalecos amarillos (clases populares) y colectivos de migrantes sin papeles. El éxito de esta movilización se vio reflejado en un aumento significativo del número de manifestantes en comparación con otras marchas por el clima en París, que en otoño del año pasado solo reunían a unas 15.000 personas.


¿El final de las manifestaciones semanales?


“Con los chalecos amarillos hemos recuperado la idea de que protestando podemos obtener avances sociales”, reconoce Fanny H., una estudiante de máster en sociología que por la mañana participó en la manifestación de los chalecos amarillos en los Campos Elíseos y por la tarde en la marcha contra la violencia policial y contra el cambio climático. Tras cuatro meses de protestas, este singular movimiento ha ganado una batalla cultural poniendo en el centro del debate las cuestiones sociales. También ha servido como chispa para impulsar la movilización popular. Según un sondeo reciente del instituto Elabe, el 61% de los franceses apoyan o aseguran sentir simpatía por este movimiento.


Sin embargo, el cansancio por las manifestaciones de cada sábado empieza a ser palpable. También entre los manifestantes. “El movimiento debería organizarse mejor, que los representantes de los chalecos amarillos estén mejor coordinados”, afirma Roger Sanchez, de 55 años, enfermero, y un histórico manifestante de los chalecos amarillos en París que participó el sábado en la marcha por la urgencia social y climática.


Con las protestas de este sábado, de hecho, surgen numerosos interrogantes sobre la continuidad de las manifestaciones cada sábado. “Tras esta jornada (el 16 de marzo), en cualquier caso, para mí, se habrán terminado las manifestaciones. Manifestarse hemos visto que no funciona”, declaró el camionero Éric Drouet, uno de los impulsores del movimiento, que ahora apuesta por bloquear sectores estratégicos de la economía.


Además, ha resultado un fracaso el intento de algunos chalecos amarillos de impulsar una candidatura para las elecciones europeas. La mediática auxiliar de enfermería Ingrid Levavasseur, que debía liderarla, renunció a hacerlo. Otros chalecos amarillos persisten con la idea de crear una lista para los comicios del 26 de mayo, pero sus perspectivas electorales son muy modestas, según los estudios de opinión.


Tampoco parece beneficiarse de este heterogéneo movimiento la ultraderecha de Marine Le Pen. Aunque los sondeos apuntan a un duelo entre la República en Marcha de Macron y la Reagrupación Nacional, las perspectivas electorales de la extrema derecha prácticamente no han variado desde el inicio de este movimiento. De hecho, Le Pen marcó distancias el pasado jueves respecto a los chalecos amarillos durante una entrevista en Émission politique, uno de los programas de política con una mayor audiencia en la televisión francesa. “No estoy en guerra contra los ricos”, aseguró la líder de la ultraderecha, que mostró una gran ambigüedad a la hora de defender un aumento de los salarios más modestos, una de las principales demandas de los manifestantes.


Tras cuatro meses de este movimiento, resulta evidente el giro de las reivindicaciones de los chalecos amarillos hacia posiciones identificadas tradicionalmente con la izquierda. Pero la división de las fuerzas progresistas —en las europeas habrá al menos cinco candidaturas con la Francia Insumisa, los socialistas, los verdes, Générations de Benoît Hamon y el Partido Comunista— y la debilidad de sus aparatos dificultan que cualquier partido de izquierdas se beneficie de ello. Al menos de momento.

PARÍS
18/03/2019 07:39 Actualizado: 18/03/2019 07:39
Por ENRIC BONET

Publicado enInternacional