Alrededor de 2.000 personas están en situación de calle en Uruguay / Foto: Leónidas Martínez

Un seminario realizado en Montevideo esta semana obligó a trazar un mapa de los sin techo en la región. Invisibles e ignorados por algunos gobiernos, perseguidos y asesinados por otros o, en el mejor de los casos, empoderados e involucrados en la toma de decisiones. Desde esas perspectivas tan distintas surgen políticas a imitar y repudiar.

En Colombia, a los habitantes de la calle los matan de madrugada, la mayoría de las veces, la policía. Según el Ministerio de Derechos Humanos de Brasil, en tres años hubo 2.700 violaciones a los derechos humanos contra “os moradores de rua”. Hasta no hace tanto, en Paraguay, los niños de la calle o “pirañitas” eran detenidos con autorización judicial por la policía, torturados y hasta desaparecidos. Los relatos surgen de militantes y técnicos que trabajan en los seis países que integran la Red Calle Latinoamericana –Costa Rica, Colombia, Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay– reunidos el martes y miércoles en un seminario internacional.

Pedro Cabrera –doctor en sociología y uno de los consultores contratado por la red para evaluar las políticas públicas destinadas a esta población–, arrancó diciendo que los seis países son “enormemente distintos. Mientras que en Uruguay son poco más de 3 millones y las personas en situación de calle unas 2 mil, en Brasil son alrededor de 215 millones, y sin techo, no sabemos”. En Paraguay, por otra parte, “distinguir a personas en situación de calle de las decenas de miles que se encuentran viviendo bajo chapa de zinc y cartón es un ejercicio verdaderamente complicado, y cuando digo bajo chapa de zinc y cartón, hablo del centro de Asunción, enfrente al Congreso, acampando en la Plaza de Armas”.

En todos los países de la red, la Iglesia fue el primer actor que trabajó con esta población, “y en la década del 90 el Estado, gradualmente, empezó a asumir sus responsabilidades, sobre todo en las grandes ciudades, en general capitales”, cuenta el doctor en antropología, también consultor de la red, Santiago Bachiller. Y en los seis países los programas para personas en situación de calle partieron de los ministerios de Salud y sólo en algunos casos viraron hacia enfoques más estructurales a través de los ministerios de Desarrollo Social. Pero en todos los casos, y pese a que los ministerios de Salud sean de los más presentes, “los programas sanitarios, en general, y los de salud mental y de adicciones, en particular, brillan por su ausencia o son insuficientes”, plantea Bachiller.

 

TECHO Y TRABAJO

 

Sin embargo, los ministerios de Trabajo estuvieron directamente “ausentes en las reuniones que hicimos en los seis países; eso ya es muy sintomático de los problemas de interinstitucionalidad y de que ciertas dependencias no se terminan de hacer responsables de sus funciones”, señala Bachiller, algo que ocurre en cierta medida también con los ministerios de Vivienda.

“En el caso uruguayo, el Mides actúa en aislamiento y no logra que otras dependencias estatales asuman sus responsabilidades. Lo que se escucha en el Mides es que si se trata de un asunto de pobres, automáticamente se lo cargan a ellos”, plantea el antropólogo.

Para Natalia Pintado –encargada del equipo móvil de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle–, es “un retroceso” que tanto las diferentes instituciones del Estado como la sociedad vean al Mides como el único responsable de velar por los derechos de las personas en situación de calle. Pero además, a su equipo le preocupa que esa misma lógica se esté reproduciendo a la interna del ministerio. “El manto ‘calle’ impide que otros servicios actúen”, por ejemplo cuando alguien que está en situación de calle llega al ministerio y automáticamente es derivado al equipo móvil, “como si no pudieran hacer una consulta como cualquier otro ciudadano”.

Bachiller plantea que “está la idea de que el sujeto se desenganchó de la estructura social”, y sin embargo no hay una política de reinserción: “Se los toma como sujetos pasivos, pero la gente se gana la vida por sus propios medios. Empecemos por reconocer las estrategias de subsistencia cotidiana, porque si fuera por el Estado, se morirían. En el mejor de los casos hay un dispositivo que los saca temporalmente de la situación de calle, pero que no propone soluciones a una vida, en general, precaria”.

Más tarde, en diálogo con Brecha, Cabrera se preguntará y se responderá: “¿Por qué sale la gente de la calle? Porque consigue ingresos regulares. Pero si la red de atención no tiene claro cómo reconectarla con el mundo del trabajo, la gente se va a quedar ahí embolsada, en una especie de complejo burocrático-asistencial. No digo que sea lo que pasa en los países de la red, que están muy lejos de crear un aparato con centros, instituciones y recursos, porque en algunos lados directamente no hay nada”.

 

REPRESIÓN Y MOVILIZACIÓN

 

Si desde Colombia las organizaciones sociales denuncian que la policía ejecuta una operación “limpieza”, que no es otra cosa que una masacre con un saldo de 4.176 muertos en los últimos diez años (véase “Los ‘ñeros’ que faltan”), Costa Rica “ha sido el único sitio donde hemos tenido uniformados de la policía que trabajaban con personas en situación de calle y sabían cómo hacer un trabajo policial de corte mediador de conflictos”, plantea Cabrera.

Pero en Paraguay –“el país con menos políticas para gente en situación de calle”, dice Cabrera–, la represión estuvo dirigida incluso a los niños. Aunque la cosa haya empezado a cambiar en la última década, Jorge Luis Amarilla –funcionario del Ministerio de Niñez y Adolescencia de Paraguay– cuenta que “en 2008 la solución que tenía el Estado para los niños en situación de calle era la tortura: picana eléctrica, la cabeza en el inodoro, asfixia. Cuando empezamos a intervenir en las comisarías, la cosa empezó a mermar, pero en algunos casos nosotros fuimos también detenidos”.

De vuelta en Costa Rica, donde “la existencia de redes a nivel local es muy intensa y muy real”, este país aparece como ejemplo o excepción: “Entienden que la gente que hoy está en la gestión se va a ir y si se quiere que las políticas perduren, es necesario que se les dé lugar a los movimientos sociales”, alega Bachiller, algo similar a lo que ocurre en Brasil, donde existen organizaciones integradas por personas en situación de calle que presionan y promueven un enfoque de derechos, además de tener voz en la discusión pública sobre su propia realidad. En los términos de Samuel Rodrigues –del Movimento Nacional da População de Rua–, “nosotros tenemos una activa participación en este tipo de encuentros”, desliza, a diferencia de lo que ocurrió el martes y el miércoles dentro de las paredes del salón Rojo del Edificio Mercosur, frente a la rambla del Parque Rodó (véase recuadro “Con las personas, no para las personas”).

Para Cabrera es complicado pensar en la “experiencia de internacionalidad que supone una organización de varios países para poner este tema en la agenda política”, porque “la historia de cada país y los impactos más recientes a nivel económico, la demografía, el nivel social” dejaron una huella que marca una impronta. Sin embargo, también indica que “las vidas sin techo han sido históricamente vidas sin derechos. Y lo siguen siendo. Lo que hemos visto en los países de la red no es muy diferente a lo que se puede ver en Bruselas, Roma, Madrid o Nueva York”.

 

AUSENTES Y MIGRANTES

 

Argentina es uno de los grandes ausentes, dicen los consultores del proyecto. Bachiller –argentino–, aclara que su país “se negó a participar de la red”, y es además un ejemplo de los diferentes criterios que se usan para definir lo que se entiende por “situación de calle” y por lo tanto construir una cifra o establecer su dimensión: el conteo “les viene dando mil personas, más allá de las coyunturas. Ni siquiera incluyen a los que están en un refugio. La situación es tan absurda que aquellos que duermen en una parada de colectivo no son contabilizados” porque se interpreta que si hay un techo, no hay situación de calle. Mientras, “a las organizaciones sociales que realizan su propio conteo les da que hay más de 5 mil personas”, apunta el porteño.

Cuando varios de los académicos y militantes hacen énfasis en que la solución primera pasa por el acceso a la vivienda –por ejemplo Leonardo Moreno Núñez, de la Fundación para la Superación de la Pobreza, de Chile, plantea que el problema es que la vivienda es cada vez más un bien de cambio, una mercancía más, en lugar de un bien de uso–, Bachiller acota que en los años del kirchnerismo, en Argentina se construyeron más de 900 mil viviendas –“no hay precedentes en la historia de mi país de algo similar”–, y sin embargo el déficit habitacional se incrementó, al igual que los conflictos por el acceso a la tierra: “Ahí está la diferencia entre construir viviendas y construir ciudad. Hubo una política que pensó en construir viviendas sin regular el mercado de suelos, lo que generó mayor cantidad de desplazados”. En Paraguay “el peso del déficit habitacional es bestial”, sostiene Cabrera y agrega que esos campamentos informales que se han instalado en la plaza frente al Congreso son alimentados –entre tantos– por poblaciones indígenas que han huido de sus tierras desplazados por el avance del cultivo de soja.

Venezuela, el otro ausente, no sólo tiene algunos problemas en su propia casa, sino que también los tiene puertas afuera. En el mundo, los extranjeros en situación de calle suelen ser los más vulnerables de esta expresión de máxima vulneración, y en Colombia y el norte de Brasil la cantidad de venezolanos en calle es alarmante. “La capacidad de captación y de retirada de la calle de los dispositivos de albergues operan con mayor eficacia sobre los nacionales. Y cuando la gente que está en la calle habla una lengua extranjera, ahí sí que es complicado”, plantea Cabrera.

En Uruguay “no es que no haya, pero afortunadamente no tiene ese carácter masivo y no tenemos por qué lidiar todavía con ese reto”, considera este sociólogo, a lo que Bachiller agrega: “De los países que conforman la red, el que tiene mayor tasa de inmigración es Costa Rica, y ahí sí tienen un problema con los inmigrantes nicaragüenses. Las estadísticas todavía no muestran que en Uruguay tenga un impacto demasiado importante, pero que en este momento no tengan este problema no quiere decir que no lo vayan a tener”. Cuando Bachiller hizo la investigación de su tesis de doctorado –entre 2004 y 2008 en la plaza Ópera, de Madrid–, los inmigrantes en España no eran una porción significativa de la población de calle: ahora son más del 60 por ciento de los que están a la intemperie.

Lo cierto es que el fenómeno se viene arrimando. Durante su intervención, Natalia Pintado advierte que la población con la que trabajan en el equipo móvil del Mides también la integran “personas que escapan de redes de tráfico e inmigrantes recién llegados al país”, y que “últimamente esta es la mayor dificultad que estamos encontrando, porque no estamos preparados para atender las problemáticas que tiene una persona que recién llega al país”.

Si bien en el Mides no cuentan con datos sistematizados sobre la cantidad de inmigrantes en situación de calle y su nacionalidad, indican que se percibe su presencia en los refugios y que, como el tema de la migración en general, este es un fenómeno relativamente nuevo en Uruguay.

 

POR CASA

 

Si se compara a la población uruguaya que duerme a la intemperie con la que asiste a los refugios, la primera es más masculina, joven, lleva más tiempo en la calle, en mayor medida por problemas vinculares y adicciones, mientras que en los refugios la calle se dio como resultado de problemas de salud mental. A la intemperie se encuentran personas con menor cantidad de años de escolarización, pero que trabajan más y reciben más ayuda de los vecinos. A su vez, 47 por ciento son ex presos, frente a un 24 por ciento de los que asisten a los refugios.

Con base en una encuesta realizada a ex usuarios de los refugios del Mides –“algunos cientos que pudimos encontrar porque son muy difíciles de ubicar”, aclara Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides–, más del 75 por ciento se refiere a aspectos positivos, como el aumento de los ingresos, el logro de un subsidio de alquiler, la recomposición de vínculos, la finalización de un tratamiento de salud. La mayoría dice, sin embargo, que logró salir del refugio por su propia cuenta.

Según las consideraciones preliminares del estudio que dio a conocer Labat, la gran mayoría reside en una vivienda –aunque dos de cada tres lo hacen en la casa de alguien más–, pero un 10 por ciento se encuentra en un hospital, una cárcel, una iglesia o volvió a un refugio o a la calle. Los empleos a los que han accedido son en gran medida precarios: trabajan como vendedores ambulantes, cuidacoches o en mantenimiento y limpieza.

“Si empezamos a sumar, tenemos medio millón de personas que tienen algún tipo de riesgo de estar en situación de calle”, aunque “el más alto es para aquellos que egresan de cárceles, del Inisa y de instituciones psiquiátricas”, plantea Labat, y agrega: “Estamos planteando la desinstitucionalización –el cierre de los manicomios, por ejemplo–, pero vemos que la gente en la práctica se está reinstitucionalizando”, al apelar a un refugio.

“No deberían producirse desinstitucionalizaciones sin saber el destino de las personas, sí que se garantice que el que sale, sale a algún sitio razonablemente digno”, plantea Cabrera. Y Bachiller advierte que “ustedes pueden llegar a tener un problema grave a futuro con toda esta lógica de desmanicomialización, porque a priori es una política progresista, pero si no es acompañada con recursos específicos, va a aumentar la población de calle, y al haber personas con problemas de salud mental, la intervención va a ser mucho más compleja y escandalosamente mediática”.

“Es importante que seamos honestos y asumamos que hay personas que van a requerir del apoyo de por vida del Estado… o de alguien”, y sin embargo, “muchas veces pensamos las políticas como transitorias”, plantea Pintado. Además, concluye que el hecho de que no se haya logrado trabajar con otros ministerios, desde otros enfoques, generó la saturación de los refugios, o dicho de otro modo, una falta de espacio para todos los que acuden al servicio. Eso, a su vez, derivó en el “desarrollo de argumentos meritocráticos” para asignar un cupo, y que los que no pueden sostener un proceso pierdan su lugar: “Aparece la idea de que no hicieron un buen uso y de alguna forma terminamos castigándolos. Por eso hoy dije que intentamos trabajar desde una perspectiva de derechos, porque si bien logramos facilitar el acceso de la población a muchas prestaciones, a veces también terminamos revulnerando”.

Pintado cree que “se necesita generar otro tipo de oferta además del centro nocturno y pensar qué pasa con las personas durante el día”. Comprender que “si bien reivindicamos el trabajo sobre el vínculo, eso tiene su límite. Es necesario también mejorar la distribución del gasto” y asegurar aspectos que tienen que ver con “la materialidad”, como lo es una vivienda.

 


Brasil y sus movimientos sociales

 

Con las personas, no para las personas

 

La experiencia de Brasil está marcada por colectivos sociales que luchan para que los habitantes de la calle participen directamente en los procesos que los involucran. Es decir, una mirada de las políticas públicas desde un enfoque de derechos. “Hay que invitarlos a conversar y garantir que esas personas intervengan como controladores de la política pública, no como objetos de esa política”, resumió a Brecha Samuel Rodrigues, en representación del Movimento Nacional da População de Rua. Así es como en ese país las personas en situación de calle y los clasificadores participan de comités y reuniones periódicas como observadores, sugieren estrategias y proponen instrumentos desde sus experiencias personales. También encabezan movilizaciones de calle con otras poblaciones vulnerables como las prostitutas o los sin tierra. A algunos, la militancia les ha permitido ser contratados en proyectos sociales, abriéndoles el camino al mundo del trabajo y a la superación del estigma de vagabundos o mendigos que les ha dejado la rua.

Desde el Movimento Nacional da População de Rua se definen a sí mismos como una forma de organización de hombres y mujeres en situación de calle, con un fuerte trabajo de voluntarios, todos comprometidos con la lucha por una sociedad justa e igualitaria. Y entre sus tantas banderas, priorizan un aspecto importante: contribuir a la construcción de una cultura que entienda la vivienda como la principal puerta de salida de la calle.

“Las personas pudieron superar su situación cuando de hecho tuvieron una vivienda”, coincidió a su turno María Cristina Bove, de la Pastoral Nacional do Povo da Rua. Este colectivo social brasileño trabaja por la emancipación y el empoderamiento de la población de calle desde las ideas de la teología de la liberación, mezcladas con la pedagogía del oprimido del brasileño Paulo Freire. Persiguen una transformación social estructural, “no desde una visión de la caridad o la misericordia, sino entendiendo la vida de la gente de la calle y los clasificadores como actores sociales”.

Como movimiento han ido más allá de su eslogan “Chega de omissão! Queremos habitação!”, y han realizado acciones concretas, sobre todo en la ciudad de Belo Horizonte. Han trabajado mano a mano con los grupos de personas que viven bajo los numerosos viaductos que tiene la capital y los han acompañado durante los desalojos: “Concretamente en 11 lugares pudimos ayudarlos a que se organizaran durante el proceso y conseguimos vivienda para todos ellos”. También han construido dos bloques de viviendas y están atentos a los terrenos baldíos o los inmuebles ociosos, lo que les permitió, entre otras cosas, conseguir un edificio de 17 pisos –con 160 apartamentos– luego de 13 años de espera. “Hoy están todos en sus casas”, resumió Bove ante los presentes, no sin antes recordar otra de las principales consignas de su colectivo social: “Nadie está en la calle porque quiere”.

 


 

Violencia institucional y muerte en Colombia

 

Los “ñeros” que faltan

 

Los homicidios de habitantes de la calle fueron 4.176, cometidos en Colombia entre los años 2007 y 2017, según una investigación de la Ong Temblores titulada Los nunca nadie. La cifra –obtenida a partir del registro de la policía nacional y la fiscalía de ese país–, muestra un crecimiento de los homicidios al borde de la masacre y sólo en el último año se contabilizaron 582 casos. El 80 por ciento de las muertes ocurrieron en la vía pública durante los días domingo y sábado, sobre todo por la madrugada. La ciudad más violenta es Bogotá, con 1.175 homicidios del total de muertes. “Cuando se dedican a hacer limpieza, más de un loco se desaparece”, opina Ernesto, uno de los cientos de testimonios recogidos en la calle por los investigadores de Temblores.

“Uno de los grandes perpetradores de los homicidios es la policía”, sentenció en Montevideo el abogado e integrante de la Ong Alejandro Lanz, y agregó: “forma parte de una violencia sistemática y selectiva: creemos que a los habitantes de calle los matan por ser habitantes de calle”. Dedicados a tres áreas –“sexo, drogas y paz”–, Temblores trabaja por el reconocimiento de los habitantes de la calle, pero también de la población Lgtbi, trabajadoras sexuales, usuarios de drogas, víctimas de violencia policial y personas privadas de libertad.

Pero antes de la investigación Los nunca nadie estuvo el informe Destapando la olla. En mayo de 2016, más de 3 mil agentes de la fuerza pública intervinieron la zona del Bronx y expulsaron a toda la población que vivía allí. Conocida como “la olla” más grande de Bogotá, se construyó luego de haber hecho un desalojo similar en otro famoso vecindario llamado El Cartucho. “El operativo fue ordenado por la alcaldía de Enrique Peñalosa”, el actual alcalde de Bogotá, dijo Lanz, el mismo que en agosto de 2016 pronunciara las felices palabras: “Tampoco hay que hacerle fácil la vida a los habitantes de calle”.

Los desalojados del Bronx fueron a parar a la salida de un enorme caño de la ciudad, en donde en agosto de ese año se presentó una crisis humanitaria: las compuertas se abrieron y unas 500 personas fueron arrastradas por el repentino caudal de agua, de nuevo durante la madrugada. Desde Temblores siguieron el proceso, lo documentaron y a partir de testimonios de los sin techo reafirmaron que la apertura de las compuertas fue una acción premeditada por las autoridades del distrito. “No lo hemos podido probar, pero todavía estamos pidiéndole al Estado que investigue el proceso”. Han realizado varios pedidos de acceso de información al gobierno, pero aún continúan sin respuestas.

Aunque desde la Ong denuncien incansablemente las violencias institucionales más comunes hacia los habitantes de la calle (ataques a la vida y la integridad física, indocumentación, violencia psicológica), y hasta tengan a algunos policías identificados (dos de los más peligrosos son el Cara de Papa y el Topo Gigio), el nivel de acceso a la justicia por parte de los ciudadanos en situación de calle es muy bajo y no denuncian la violencia policial por miedo a las represalias. Las amenazas son básicamente dos: la primera es llevarlos a la Unidad Permanente de Justicia (Upj), una suerte de centro transitorio donde la policía está habilitada para conducir a los habitantes que se encuentran en “alto grado de exaltación”, parámetro ambiguo que se convierte en una excusa perfecta para llevar allí a usuarios de drogas, trabajadoras sexuales y habitantes de calle, relata Lanz. La segunda amenaza es “cargarlos” con drogas, para luego inculparlos y detenerlos.

“Nosotros no podemos acusar directamente al Estado de la comisión de estos crímenes que están sucediendo porque no tenemos las pruebas necesarias, no hay procesos de denuncias efectivos y acceso a la justicia. Pero sí podemos responsabilizar políticamente a los discursos que ha traído esta alcaldía (la de Peñalosa) y que ha sido nefasta para los habitantes de calle”, dijo Lanz el miércoles en el edificio Mercosur.

Estas no son sólo cifras, dijo el joven abogado, son historias de violencia, de discriminación y de negación sistemática de derechos que merecen ser contadas para hacer memoria, “una memoria que desde las calles ha transformado a la sociedad colombiana en guerra”. “Sólo a través de esta memoria y la resistencia colectiva lograremos que algún día ningún ciudadano sea registrado como un ‘nunca nadie’, que cada historia de violencia sea denunciada, que quienes matan a los ciudadanos habitantes de calle no queden impunes y que a los ‘ñeros’ se les reconozca su dignidad. Sólo así lograremos que ser habitantes de calle no sea una sentencia de muerte”, concluyó.

 


 

Niños de la calle y drogas

 

Pantalón cortito

 

A partir de los años 2012 y 2013 se comenzó a ver menos niños en las calles de Montevideo, en gran parte por el impacto de las políticas universales y focalizadas sobre esa población, resumió Marcelo Rossal, antropólogo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación durante el seminario de Red Calle.

“Comenzaron a estar más cuidados, incluso por sus propias familias”, opinó Rossal. Hubo un cambio, agregó el antropólogo, y las madres que antes pedían en las calles con sus hijos, ahora ya no querían ser vistas: “Evidentemente había un sentir de que cierto apoyo del Estado podía empañarse si las veían. Era algo malo hacer pedir en la calle a sus niños o pedir ellas mismas”. Antes, en 2010, “los niños apenas podían caminar y ya estaban pidiendo monedas para sustentar a sus familias”, explicó el autor del libro De calles, trancas y botones (2011), que junto al también antropólogo Ricardo Fraiman recogieron muchas de esas trayectorias.

Por otro lado, observaron que los mismos niños que habían iniciado la vida en la calle a los 8 o 9 años, los encontraron de nuevo ya con 14 o 15 años, y con “una vida más consolidada” en la ciudad. Utilizaban de manera pragmática los programas de calle y los instrumentos que instituciones como el Inau les ofrecían, también el vínculo con los educadores para acercarse a la institución; “los tomaron como forma de reducir sus propios daños, de rescatarse, para sobrellevar la violencia del Estado o de particulares, muchas veces las ganas de bañarse, el hambre o el querer dejar de consumir ciertas sustancias”. También comenzaron a aparecer otras instituciones evangélicas como Remar o Beraca, que “si bien se podían ver como que los explotaban, eran un ámbito de refugio, literal y simbólico”, “estaban protegidos del castigo posible que les pudieran dar agentes del sistema penal o por deudas en el mercado de la pasta base”.

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 Los migrantes centroamericanos aguardan a entrar a México en el puente sobre el Suchiate. Hector Guerrero / atlas

Plegarias, desesperación e incertidumbre. Así aguarda la caravana de migrantes hondureños su entrada a México para continuar al norte


Cientos de inmigrantes hondureños cierran los ojos y levantan las manos hacia el cielo. “¡Humíllense, Dios los quiere humillados! ¡Oremos, oremos porque esta noche dormirán en territorio mexicano!”, grita un predicador. “¡Amén, amén!”, contesta Julio César Ulloa, de 35 años, con los ojos llorosos. “¡Lo vamos a lograr, hay que estar unidos, raza!”, afirma justo en la mitad del puente que divide a México de Guatemala y que se alza sobre el caudaloso río Suchiate, en medio de un calor sofocante y de un mar de gente. Algunos no han aguantado la espera y se han lanzado a las aguas para avanzar en su camino hacia Estados Unidos.
Los migrantes centroamericanos aguardan a entrar a México en el puente sobre el Suchiate. Hector Guerrero / atlas

La caravana ya ha derribado la valla de la aduana guatemalteca y algunos han pasado al lado mexicano, pero la mayoría aún permanece varada en el puente fronterizo. La euforia se convirtió rápidamente en desesperación e incertidumbre tras el altercado que se vivió en la parte más adelantada del contingente. Padres angustiados retrocedían hacia Guatemala, con sus niños a cuestas, envueltos en sus brazos o agarrados de la mano después de que las autoridades mexicanas lanzaran gas pimienta para responder una agresión a pedradas.

“¡Hay que calmarnos, raza! Unos porros lanzaron piedras a los policías, dejen pasar a los niños, por favor”, grita Cristian Palma, de 19 años. Decenas de personas, sobre todo niños, recibieron atención médica este viernes por deshidratación, confirma la Cruz Roja de Guatemala. La organización ha ofrecido cuidados prehospitalarios a más de 900 personas y apoyo psicosocial a casi 1.785 migrantes de la caravana en la última semana.

Las autoridades mexicanas han dado prioridad a mujeres y a niños para solventar los trámites migratorios. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, ha dicho que unos 200 migrantes han tramitado su ingreso y esperan la entrada de otros 6.000. La caravana es tan densa y tan extensa que las noticias y los rumores se esparcen como pólvora: “Están deportando”, “solo están dejando pasar con permiso”, “las filas no están avanzando”. Muchos no entienden con claridad los trámites para las solicitudes de refugio ni que tardan 45 días como mínimo, incluso varios meses. México es la primera frontera formalmente cerrada a la que se enfrenta la caravana, sin que baste una credencial para caminar sin contratiempos, a estas alturas se habla ya de visas y permisos de tránsito.

“Estoy desesperado, me vine a ver otras opciones, pero es un rifón”, relata Henry Martínez, de 33 años, a unos metros de la orilla del río Suchiate. Él y otros 10 migrantes hondureños barajan la opción del brinco ilegal, después de haber esperado casi 24 horas en Tecún Umán. Son solo 10 quetzales (poco más de un dólar), pero el río está crecido y es bravo. “Vamos a ver, no lo hemos decidido”. El dilema es claro: unos apuestan por la paciencia, otros quieren buscarse la vida. “Si es necesario, nos quedamos toda la noche en el puente, vamos a dormir en el suelo, no importa”, asegura en cambio Delmar Rodríguez, de 22 años. “Nos quedamos sin dinero, no nos queda de otra que cruzar por aquí”, explica Patrick Rodríguez, su gemelo.

Tecún Umán, en el extremo guatemalteco, es otra ciudad a la de esta mañana. Ya no existe ninguna barrera que derribar, el paso fronterizo está completamente abierto. Atrás quedaron las escenas del cerco policial que contenía a la caravana, de la plaza principal donde no cabía un alma, del portazo a la aduana, de los migrantes que corrían y gritaban a todo pulmón por el puente fronterizo. Ahora es momento de replegarse, de llevar comida y agua para hacer frente a la espera.

El puente se ha convertido en un albergue gigantesco y el río concentra ahora toda la tensión. Y aunque el grueso de la caravana está varada entre dos países, la responsabilidad ya está del lado mexicano, pese a que el flujo de migrantes en tránsito por Guatemala no ha se ha acabado. “Estamos esperando, hay más que todavía no han llegado y vamos a seguir… juntos”, afirma Santiago Maldonado, de 22 años, mientras toma un respiro y pasea en el centro de Tecún Umán con un mástil de dos metros con las banderas de Honduras, Guatemala y México. “Puse la mexicana hoy, para allá vamos”, agrega convencido.

“¿Qué va a pasar? Solo Dios sabe”, dice dubitativo Ulloa, que vivió cinco años en Florida y cinco años en Carolina del Norte. Después de haber sido deportado hace menos de un año busca una segunda oportunidad en Estados Unidos. “Pero por lo que he visto hoy, él ya nos está abriendo las puertas”, agrega esperanzado.

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Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, con mayor población de personas sin techo. Foto: Reuters

Parecen estar por todas partes. Personas de todas las edades, durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Son gente sin un hogar que se congrega bajo puentes o en parques, con sus pertenencias en bolsas de plástico como símbolo de sus vidas en movimiento.

 

Muchos llegaron a las calles recientemente, víctimas de la prosperidad que ha transformado en los últimos años muchas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos.

 

Mientras las autoridades intentan responder a esta creciente crisis, algunos dicen que lo más probable es que la situación empeore.

 

El periodista de la BBC Hugo Bachega visitó la vibrante ciudad de Portland, la más grande de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

 

“Es la Ciudad de las Rosas, de clima agradable, rica cultura y pensamiento progresista”, cuenta Bachega. “También es un núcleo de innovación, parte de lo que se llama el Silicon Forest, (en contraposición con Silicon Valley), y los nuevos residentes se trasladaron aquí en los años posteriores a la crisis atraídos por las empresas de alta tecnología y sus trabajos bien remunerados”.

 

“Pero la bonanza no llegó a todos”, añade el periodista.


Escasez de vivienda

 

Lo sucedido en Portland es una historia que se repite en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

 

La floreciente demanda en una zona con escasez de viviendas enseguida hizo subir el costo de vida y aquellos que financieramente estaban en el límite perdieron la capacidad que una vez tuvieron para permitirse un lugar donde vivir.

 

Muchos fueron rescatados por familiares y amigos o programas gubernamentales y organizaciones de ayuda. Otros, sin embargo, terminaron en la calle. Los más afortunados encontraron sitio en albergues públicos. No pocos están ahora en tiendas de campaña y vehículos en las calles.

 

“Incluso aunque la economía esté más fuerte que nunca”, declaró el alcalde de Portland, Ted Wheeler, del Partido Demócrata, “la desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y los beneficios de una economía en crecimiento se concentran cada vez en menos manos”.

 

Muchos expertos creen que es “una bomba de tiempo” en las calles estadounidenses que les puede explotar a las autoridades, ya que el problema va en aumento.

 

“Tenemos más desigualdad en todo Estados Unidos y esto indudablemente tiene un impacto en la gente”.

 

El número de personas sin casa ha aumentado en otras prósperas ciudades de la costa oeste de EE.UU. que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo, como San Francisco y Seattle, donde la culpa se le han echado también a los precios en alza y los desahucios.

 

Las cifras exactas son siempre difíciles de establecer pero 553.742 personas estaban sin hogar en una misma noche en todo Estados Unidos en 2017, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue la primera subida en siete años. No obstante, la cifra para todo EE.UU. sigue siendo un 13% inferior a 2010, gracias al descenso que se ha producido en 30 estados del país.

 

Esta caída fue eclipsada por las altas subidas en el resto del país, con California, Oregón y Washington entre los peores estados.

 

Los Ángeles, donde la situación se describe año tras años como sin precedentes, tiene más de 50.000 personas sin hogar, solo por detrás de Nueva York, que tiene unas 75.000.

 

Joseph Gordon, un hombre transgénero conocido como Tequila, vive en un campamento para personas sin casa, llamado Hazelnut Grove y fundado en 2015, cuando Portland declaró por primera vez el estado de emergencia por la crisis de los sin techo.

 

“Da mucho miedo. La gente con la que me cruzo proviene de todos los lados de la vida. Y la población sin casa no hace más que crecer”, le dijo a la BBC este hombre de 37 años.

 

“Estando en la calle lidias con todo tipo de situaciones, como tener que relajarte conviviendo con ratas. También empiezas a apreciar el agua corriente o el hecho de poder ir al baño siempre que quieras”, cuenta Tequila.

 

La gente suele pensar que es mexicano por el color de su piel y su apodo.

 

Los ancianos y las minorías se ven afectadas por este problema de forma desproporcionada, según un estudio de la Universidad Estatal de Portland, que augura que la tecnología puede tener como consecuencia el recorte de miles de empleos de sueldos bajos, probablemente empeorando las cosas.
Hartos de los vecinos

 

La presencia de los sin hogar en Portland y otras ciudades estadounidenses con el mismo problema es más visible que nunca.

 

Los residentes están cada vez más frustrados por el olor de orina, heces humanas y objetos abandonados que se amontonan en espacios públicos, a veces en sus propias escaleras.

 

En algunos sitios, cunde la sensación de que es una batalla que se está perdiendo. Pero esta es una crisis que se está fraguando desde hace tiempo.

 

Los recortes del gobierno federal en los programas de vivienda asequible y en instalaciones para salud mental en las últimas décadas, hicieron que muchas personas acabaran en la calle en Estados Unidos, según señalan autoridades y proveedores de servicios, mientras que los gobiernos locales son incapaces de llenar el vacío.


Devastador informe de Naciones Unidas

 

El académico australiano Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, viajó por todo Estados Unidos durante dos semanas en diciembre del año pasado.

 

Su misión incluyó visitas a Los Ángeles y San Francisco.

 

En su brutal informe, Alston declaró que “el sueño americano” se está convirtiendo rápidamente para muchos en “la ilusión americana”. El gobierno del presidente Donald Trump criticó duramente sus hallazgos.

 

El futuro, advirtió Alston en una entrevista, no parece alentador.

 

“Las políticas del actual gobierno federal se centran en recortar, al máximo posible, los subsidios para vivienda, y creo que lo peor está por llegar”.


Otros países ricos se han debido enfrentar también el problema de los sin casa, en tiempos en que los más vulnerables sufren la carga de las políticas de austeridad, los precios en alza y el desempleo. Pero en la mayor parte de Europa, por ejemplo, todavía hay una “red robusta del sistema de bienestar” para ayudar a quienes están en riesgo, dijo Alston.

 

“En esencia, si estás en Europa tienes acceso a una atención sanitaria básica y rehabilitación psicológica y física. Esto contrasta fuertemente con Estados Unidos”.

 

De vuelta en Hazelnut Grove, Tequila, quien encontró un trabajo a tiempo parcial, pide donaciones para papel higiénico, bolsas de basura y champú.

 

Está recopilando documentos para apuntarse a un programa local de vivienda asequible, pero no espera trasladarse pronto del campamento.

 

“Una gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando vives en el país más rico del mundo”, le dice Tequila al reportero de la BBC Hugo Bachega.

 

“Hay muy poca esperanza. Es una situación extrema”.

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC
 
El número de personas sin casa ha aumentado en ciudades de la costa oeste de EE.UU., que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. Foto: BBC
 
La cantidad total de personas sin casa en todo Estados Unidos ha disminuido en los últimos años pero, como contraste, en algunas ciudades del país se ha disparado de forma alarmante. Foto: BBC
 
 
Tequila es un hombre transgénero de 37 años que vive en un campamento para personas sin casa en Portland. Foto: BBC
 

Hazelnut Grove, una comunidad autogestionada de pequeñas estructuras de madera, tiene más de una docena de residentes. Foto: BBC

La elevada población de personas sin casa contrasta con el nivel de riqueza en Estados Unidos. Foto: Reuters

 
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Adreina Rodríguez, de 23 años, y su hijo Matías, de nueve meses, esperan en la frontera con Ecuador para poder entrar en Perú después de la medida impuesta por el Gobierno peruano de requerir el pasaporte a ciudadanos venezolanos. Edu León

A los venezolanos no les hace falta pasaporte ni pasaje de avión para salir de su país. Cruzan a pie su frontera, con su desvencijado carné de identidad, o una fotocopia del mismo, y siguen caminando hacia el sur del continente para reemprender sus vidas. Siguen las pisadas de otros tantos que han llegado a Perú, Chile o Argentina y envían buenas nuevas a los que dejan atrás: tienen trabajo, se sirven tres comidas diarias, pueden comprar medicinas, vuelven a comer alguna proteína.

Edu León

Edu León
 

Refugio
Un grupo de venezolanos en un bus puesto por el Gobierno ecuatoriano para dejarlos en la frontera con Perú escucha a una representante de ACNUR que les aconseja que pidan refugio para poder entrar en ese país tras la medida de petición de pasaporte impuesta por el Gobierno peruano.


 

Eso es suficiente para alentar a más caminantes a atravesar los Andes, ‘la Nevera’, como ellos la llaman. El trayecto lo cubren en unas tres semanas, unos tramos van a pie y otros en camiones que les recogen al borde de la carretera. Las imágenes de venezolanos caminando en fila por las rutas no son un montaje, como dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se repiten los mismos pies desgastados por la dureza del camino, los rostros quemados por el viento y el sol, las familias arrastrando sus pocas pertenencias.

Edu León
 

Migración
Hasta la fecha, han ingresado en Perú 400.200 ciudadanos venezolanos de forma regular, según datos del superintendente de Migraciones peruano. La cifra se ha incrementado en 300.000 respecto a enero.


 

El temor a que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, pusiera un cerrojo a las fronteras apuró la huida de miles de venezolanos este año. Entre enero y agosto, al menos 700.000 atravesaron Colombia y recalaron en Ecuador. En este dolarizado país se quedan unos días, los suficientes para reunir los dólares que necesitan para seguir el viaje hacia el sur del continente. Es habitual verlos en las esquinas o en los buses, donde venden dulces, chocolates o botellas de agua. Algunos cuentan su periplo y otros regalan los bolívares que tienen encima y no valen nada.

 

Edu León
 

Mafias
Las nuevas normativas de países como Ecuador y Perú, que restringen el libre tránsito de migrantes venezolanos, llevan a que tengan que pasar por puntos fronterizos no oficiales, como el de Aguasverdes, que ya usaron las mafias en otras ocasiones, como en el éxodo haitiano hace años.


 

Hasta Quito son más o menos 1.600 kilómetros recorridos y miles de tormentos sufridos. En el camino hay compañeros extraviados, niños que enferman por el frío, mujeres abusadas sexualmente y algunas raptadas por los grupos armados en las zonas calientes de Colombia. ¿Quién está llevando la cuenta de estos horrores? Nadie. Lo poco que se sabe es gracias a los testimonios de los viajeros.

Edu León

 


Papel
Enrique hace corazones con los bolívares que trajo de Venezuela. Para él , y es una realidad, valen menos que el papel. Con la venta pretende conseguir dinero para seguir su viaje.


Estamos ante el mayor movimiento migratorio de la historia reciente de Latinoamérica. Según Naciones Unidas, en los últimos cuatro años 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país por la falta de comida, medicinas y atención médica. Con la aceleración del éxodo que se está viviendo en estos meses, se estima que para 2019 serán más de cuatro millones los exiliados.

 

Edu León
 

Xenofobia
Al igual que la solidaridad de muchos ecuatorianos se hizo presente dando mantas y comida, han aparecido en la ciudad carteles de rechazo xenófobos hacia los venezolanos.


 

Los gobiernos antes bolivarianos, ahora pragmáticos, empiezan a poner zancadillas a esa migración. El ecuatoriano Lenín Moreno, que ya no es afín al régimen chavista, sorprendió a la región en agosto con su determinación de exigir pasaporte a los venezolanos. Lo hizo a sabiendas de que la mayoría sale sin este documento y que su solicitud puede retrasar su viaje al menos un año más. Lo mismo hizo el mandatario peruano, Martín Vizcarra, con unos pocos días de diferencia.

Las primeras semanas de estas medidas demuestran que, lejos de evitar que los venezolanos salgan de su país, están empujándolos a abrir nuevas vías de escape, añadiendo kilómetros y riesgos a su peregrinación. Ahora siguen las rutas de las mercancías ilegales y, sin querer, ellos mismos se convierten en eso. Se vuelven más vulnerables, se ponen en manos de mafias, se pierden y, nuevamente, solo quedan sus testimonios dispersos en los lugares por donde pasan.

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Llama el BID a eliminar subsidios a combustibles

En lugar de mantener subsidios a combustibles, como gasolina, diésel y gas, que benefician más a la población de altos ingresos que a los hogares pobres, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben entregar a éstos otro tipo de apoyos, por ejemplo, transferencias monetarias, vales o bonos para transporte y alimentos, que resultan más efectivos para compensarlos, aseguró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Eliminar subsidios y aplicar impuestos a la energía puede ser difícil, ya que los hogares vulnerables dependen de tener energía a precios bajos, pero resultan regresivos, indicó.
Muchos estudios han concluido que, en general, los gobiernos tendrán poco éxito al reformar los subsidios si no comprenden los efectos que tendrá su eliminación en los hogares y en otros grupos clave. Además, si no adoptan medidas específicas para contrarrestar dichas consecuencias y no las comunican de manera apropiada. Independientemente de si los subsidios específicos son regresivos o progresivos, su eliminación gradual puede tener impactos nocivos en los hogares y votantes pobres y de clase media, señaló.


A partir de una investigación en 11 países de la región, el BID concluyó que los subsidios a la energía son una manera muy cara de transferir ingresos a los hogares pobres, porque de cada 12 dólares de apoyo sólo uno llega a la quinta parte de la población más pobre.


Por eso, dijo, son criticados. Promueven el uso derrochador de la energía y contribuyen a elevar las emisiones de carbono.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Domingo, 16 Septiembre 2018 08:20

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

Publicado enColombia
Jueves, 13 Septiembre 2018 19:40

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.