Los Ángeles es la segunda ciudad de Estados Unidos, por detrás de Nueva York, con mayor población de personas sin techo. Foto: Reuters

Parecen estar por todas partes. Personas de todas las edades, durmiendo sobre cartones o directamente en el piso. Son gente sin un hogar que se congrega bajo puentes o en parques, con sus pertenencias en bolsas de plástico como símbolo de sus vidas en movimiento.

 

Muchos llegaron a las calles recientemente, víctimas de la prosperidad que ha transformado en los últimos años muchas ciudades de la costa oeste de Estados Unidos.

 

Mientras las autoridades intentan responder a esta creciente crisis, algunos dicen que lo más probable es que la situación empeore.

 

El periodista de la BBC Hugo Bachega visitó la vibrante ciudad de Portland, la más grande de Oregón, en el noroeste de Estados Unidos.

 

“Es la Ciudad de las Rosas, de clima agradable, rica cultura y pensamiento progresista”, cuenta Bachega. “También es un núcleo de innovación, parte de lo que se llama el Silicon Forest, (en contraposición con Silicon Valley), y los nuevos residentes se trasladaron aquí en los años posteriores a la crisis atraídos por las empresas de alta tecnología y sus trabajos bien remunerados”.

 

“Pero la bonanza no llegó a todos”, añade el periodista.


Escasez de vivienda

 

Lo sucedido en Portland es una historia que se repite en varias ciudades de Estados Unidos, entre las que destacan Nueva York, Los Ángeles y San Francisco.

 

La floreciente demanda en una zona con escasez de viviendas enseguida hizo subir el costo de vida y aquellos que financieramente estaban en el límite perdieron la capacidad que una vez tuvieron para permitirse un lugar donde vivir.

 

Muchos fueron rescatados por familiares y amigos o programas gubernamentales y organizaciones de ayuda. Otros, sin embargo, terminaron en la calle. Los más afortunados encontraron sitio en albergues públicos. No pocos están ahora en tiendas de campaña y vehículos en las calles.

 

“Incluso aunque la economía esté más fuerte que nunca”, declaró el alcalde de Portland, Ted Wheeler, del Partido Demócrata, “la desigualdad está creciendo a un ritmo alarmante y los beneficios de una economía en crecimiento se concentran cada vez en menos manos”.

 

Muchos expertos creen que es “una bomba de tiempo” en las calles estadounidenses que les puede explotar a las autoridades, ya que el problema va en aumento.

 

“Tenemos más desigualdad en todo Estados Unidos y esto indudablemente tiene un impacto en la gente”.

 

El número de personas sin casa ha aumentado en otras prósperas ciudades de la costa oeste de EE.UU. que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo, como San Francisco y Seattle, donde la culpa se le han echado también a los precios en alza y los desahucios.

 

Las cifras exactas son siempre difíciles de establecer pero 553.742 personas estaban sin hogar en una misma noche en todo Estados Unidos en 2017, según informó el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano. Fue la primera subida en siete años. No obstante, la cifra para todo EE.UU. sigue siendo un 13% inferior a 2010, gracias al descenso que se ha producido en 30 estados del país.

 

Esta caída fue eclipsada por las altas subidas en el resto del país, con California, Oregón y Washington entre los peores estados.

 

Los Ángeles, donde la situación se describe año tras años como sin precedentes, tiene más de 50.000 personas sin hogar, solo por detrás de Nueva York, que tiene unas 75.000.

 

Joseph Gordon, un hombre transgénero conocido como Tequila, vive en un campamento para personas sin casa, llamado Hazelnut Grove y fundado en 2015, cuando Portland declaró por primera vez el estado de emergencia por la crisis de los sin techo.

 

“Da mucho miedo. La gente con la que me cruzo proviene de todos los lados de la vida. Y la población sin casa no hace más que crecer”, le dijo a la BBC este hombre de 37 años.

 

“Estando en la calle lidias con todo tipo de situaciones, como tener que relajarte conviviendo con ratas. También empiezas a apreciar el agua corriente o el hecho de poder ir al baño siempre que quieras”, cuenta Tequila.

 

La gente suele pensar que es mexicano por el color de su piel y su apodo.

 

Los ancianos y las minorías se ven afectadas por este problema de forma desproporcionada, según un estudio de la Universidad Estatal de Portland, que augura que la tecnología puede tener como consecuencia el recorte de miles de empleos de sueldos bajos, probablemente empeorando las cosas.
Hartos de los vecinos

 

La presencia de los sin hogar en Portland y otras ciudades estadounidenses con el mismo problema es más visible que nunca.

 

Los residentes están cada vez más frustrados por el olor de orina, heces humanas y objetos abandonados que se amontonan en espacios públicos, a veces en sus propias escaleras.

 

En algunos sitios, cunde la sensación de que es una batalla que se está perdiendo. Pero esta es una crisis que se está fraguando desde hace tiempo.

 

Los recortes del gobierno federal en los programas de vivienda asequible y en instalaciones para salud mental en las últimas décadas, hicieron que muchas personas acabaran en la calle en Estados Unidos, según señalan autoridades y proveedores de servicios, mientras que los gobiernos locales son incapaces de llenar el vacío.


Devastador informe de Naciones Unidas

 

El académico australiano Philip Alston, relator especial de Naciones Unidas para la pobreza extrema y los derechos humanos, viajó por todo Estados Unidos durante dos semanas en diciembre del año pasado.

 

Su misión incluyó visitas a Los Ángeles y San Francisco.

 

En su brutal informe, Alston declaró que “el sueño americano” se está convirtiendo rápidamente para muchos en “la ilusión americana”. El gobierno del presidente Donald Trump criticó duramente sus hallazgos.

 

El futuro, advirtió Alston en una entrevista, no parece alentador.

 

“Las políticas del actual gobierno federal se centran en recortar, al máximo posible, los subsidios para vivienda, y creo que lo peor está por llegar”.


Otros países ricos se han debido enfrentar también el problema de los sin casa, en tiempos en que los más vulnerables sufren la carga de las políticas de austeridad, los precios en alza y el desempleo. Pero en la mayor parte de Europa, por ejemplo, todavía hay una “red robusta del sistema de bienestar” para ayudar a quienes están en riesgo, dijo Alston.

 

“En esencia, si estás en Europa tienes acceso a una atención sanitaria básica y rehabilitación psicológica y física. Esto contrasta fuertemente con Estados Unidos”.

 

De vuelta en Hazelnut Grove, Tequila, quien encontró un trabajo a tiempo parcial, pide donaciones para papel higiénico, bolsas de basura y champú.

 

Está recopilando documentos para apuntarse a un programa local de vivienda asequible, pero no espera trasladarse pronto del campamento.

 

“Una gran población de personas sin hogar no es algo bueno, especialmente cuando vives en el país más rico del mundo”, le dice Tequila al reportero de la BBC Hugo Bachega.

 

“Hay muy poca esperanza. Es una situación extrema”.

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC

Portland es otra ciudad de la costa oeste de Estados Unidos cuyas calles se han llenado de personas sin hogar. Foto: BBC
 
El número de personas sin casa ha aumentado en ciudades de la costa oeste de EE.UU., que suelen ser lugares de destino para trabajadores jóvenes con alto nivel educativo. Foto: BBC
 
La cantidad total de personas sin casa en todo Estados Unidos ha disminuido en los últimos años pero, como contraste, en algunas ciudades del país se ha disparado de forma alarmante. Foto: BBC
 
 
Tequila es un hombre transgénero de 37 años que vive en un campamento para personas sin casa en Portland. Foto: BBC
 

Hazelnut Grove, una comunidad autogestionada de pequeñas estructuras de madera, tiene más de una docena de residentes. Foto: BBC

La elevada población de personas sin casa contrasta con el nivel de riqueza en Estados Unidos. Foto: Reuters

 
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Adreina Rodríguez, de 23 años, y su hijo Matías, de nueve meses, esperan en la frontera con Ecuador para poder entrar en Perú después de la medida impuesta por el Gobierno peruano de requerir el pasaporte a ciudadanos venezolanos. Edu León

A los venezolanos no les hace falta pasaporte ni pasaje de avión para salir de su país. Cruzan a pie su frontera, con su desvencijado carné de identidad, o una fotocopia del mismo, y siguen caminando hacia el sur del continente para reemprender sus vidas. Siguen las pisadas de otros tantos que han llegado a Perú, Chile o Argentina y envían buenas nuevas a los que dejan atrás: tienen trabajo, se sirven tres comidas diarias, pueden comprar medicinas, vuelven a comer alguna proteína.

Edu León

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Refugio
Un grupo de venezolanos en un bus puesto por el Gobierno ecuatoriano para dejarlos en la frontera con Perú escucha a una representante de ACNUR que les aconseja que pidan refugio para poder entrar en ese país tras la medida de petición de pasaporte impuesta por el Gobierno peruano.


 

Eso es suficiente para alentar a más caminantes a atravesar los Andes, ‘la Nevera’, como ellos la llaman. El trayecto lo cubren en unas tres semanas, unos tramos van a pie y otros en camiones que les recogen al borde de la carretera. Las imágenes de venezolanos caminando en fila por las rutas no son un montaje, como dice el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se repiten los mismos pies desgastados por la dureza del camino, los rostros quemados por el viento y el sol, las familias arrastrando sus pocas pertenencias.

Edu León
 

Migración
Hasta la fecha, han ingresado en Perú 400.200 ciudadanos venezolanos de forma regular, según datos del superintendente de Migraciones peruano. La cifra se ha incrementado en 300.000 respecto a enero.


 

El temor a que el nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, pusiera un cerrojo a las fronteras apuró la huida de miles de venezolanos este año. Entre enero y agosto, al menos 700.000 atravesaron Colombia y recalaron en Ecuador. En este dolarizado país se quedan unos días, los suficientes para reunir los dólares que necesitan para seguir el viaje hacia el sur del continente. Es habitual verlos en las esquinas o en los buses, donde venden dulces, chocolates o botellas de agua. Algunos cuentan su periplo y otros regalan los bolívares que tienen encima y no valen nada.

 

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Mafias
Las nuevas normativas de países como Ecuador y Perú, que restringen el libre tránsito de migrantes venezolanos, llevan a que tengan que pasar por puntos fronterizos no oficiales, como el de Aguasverdes, que ya usaron las mafias en otras ocasiones, como en el éxodo haitiano hace años.


 

Hasta Quito son más o menos 1.600 kilómetros recorridos y miles de tormentos sufridos. En el camino hay compañeros extraviados, niños que enferman por el frío, mujeres abusadas sexualmente y algunas raptadas por los grupos armados en las zonas calientes de Colombia. ¿Quién está llevando la cuenta de estos horrores? Nadie. Lo poco que se sabe es gracias a los testimonios de los viajeros.

Edu León

 


Papel
Enrique hace corazones con los bolívares que trajo de Venezuela. Para él , y es una realidad, valen menos que el papel. Con la venta pretende conseguir dinero para seguir su viaje.


Estamos ante el mayor movimiento migratorio de la historia reciente de Latinoamérica. Según Naciones Unidas, en los últimos cuatro años 2,3 millones de venezolanos abandonaron su país por la falta de comida, medicinas y atención médica. Con la aceleración del éxodo que se está viviendo en estos meses, se estima que para 2019 serán más de cuatro millones los exiliados.

 

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Xenofobia
Al igual que la solidaridad de muchos ecuatorianos se hizo presente dando mantas y comida, han aparecido en la ciudad carteles de rechazo xenófobos hacia los venezolanos.


 

Los gobiernos antes bolivarianos, ahora pragmáticos, empiezan a poner zancadillas a esa migración. El ecuatoriano Lenín Moreno, que ya no es afín al régimen chavista, sorprendió a la región en agosto con su determinación de exigir pasaporte a los venezolanos. Lo hizo a sabiendas de que la mayoría sale sin este documento y que su solicitud puede retrasar su viaje al menos un año más. Lo mismo hizo el mandatario peruano, Martín Vizcarra, con unos pocos días de diferencia.

Las primeras semanas de estas medidas demuestran que, lejos de evitar que los venezolanos salgan de su país, están empujándolos a abrir nuevas vías de escape, añadiendo kilómetros y riesgos a su peregrinación. Ahora siguen las rutas de las mercancías ilegales y, sin querer, ellos mismos se convierten en eso. Se vuelven más vulnerables, se ponen en manos de mafias, se pierden y, nuevamente, solo quedan sus testimonios dispersos en los lugares por donde pasan.

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Llama el BID a eliminar subsidios a combustibles

En lugar de mantener subsidios a combustibles, como gasolina, diésel y gas, que benefician más a la población de altos ingresos que a los hogares pobres, los gobiernos de América Latina y el Caribe deben entregar a éstos otro tipo de apoyos, por ejemplo, transferencias monetarias, vales o bonos para transporte y alimentos, que resultan más efectivos para compensarlos, aseguró el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Eliminar subsidios y aplicar impuestos a la energía puede ser difícil, ya que los hogares vulnerables dependen de tener energía a precios bajos, pero resultan regresivos, indicó.
Muchos estudios han concluido que, en general, los gobiernos tendrán poco éxito al reformar los subsidios si no comprenden los efectos que tendrá su eliminación en los hogares y en otros grupos clave. Además, si no adoptan medidas específicas para contrarrestar dichas consecuencias y no las comunican de manera apropiada. Independientemente de si los subsidios específicos son regresivos o progresivos, su eliminación gradual puede tener impactos nocivos en los hogares y votantes pobres y de clase media, señaló.


A partir de una investigación en 11 países de la región, el BID concluyó que los subsidios a la energía son una manera muy cara de transferir ingresos a los hogares pobres, porque de cada 12 dólares de apoyo sólo uno llega a la quinta parte de la población más pobre.


Por eso, dijo, son criticados. Promueven el uso derrochador de la energía y contribuyen a elevar las emisiones de carbono.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

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Tensiones y desafíos de la movilidad de venezolanos hacia Colombia

Cuando la persecución, la pobreza, y la superpoblación ya no se consideren en sí mismas explicaciones suficientes de los flujos migratorios, las imágenes y metáforas basadas en la invasión dejarán de satisfacernos, y las políticas relacionadas a la inmigración podrán ser más innovadoras, ya que abordarán un acontecimiento delimitado, una experiencia compartida, un proceso manejable.
(Sassen, S. 2013:30)

 

Colombia no es un país históricamente receptor de poblaciones de inmigrantes, ni la composición de su población se enriqueció profundamente de los aportes de estas ciudadanías en movimiento, en comparación con otros países de la región como Argentina o Brasil, donde la inmigración contribuyó al crecimiento poblacional y a su desarrollo en general. Por ejemplo, en el caso argentino tenemos en un primer momento la inmigración transoceánica a partir de mediados del siglo XIX, ejerciendo un significativo impacto en la vida económica, política, social y cultural de este país.

 

Entre los años 1857 y 1914, Argentina recibió 4.600.000 inmigrantes, una cantidad tal de personas que llevó a que para 1914 el 30 por ciento de la población del país era extranjera. Un fenómeno de tal dimensión que no podía pasar sin efectos para el poblamiento general del país y su misma economía.

 

Por el contrario, Colombia siempre ha mantenido una distancia entre emigración y la inmigración, considerándolas por separado y sin reconocer la importancia de las migraciones en general. Muestra de ello es el tratamiento institucional dado a esta realidad social, donde las instituciones del Estado encargadas están desarticuladas entre sí. Dicho tratamiento solo ha provocado un abordaje sesgado, selectivo y fragmentado respecto a procesos migratorios y coherencia en medidas políticas que han sido adoptadas históricamente.

 

El tratamiento al migrante en Colombia

 

Por fortuna hoy en día las diferentes relaciones internacionales han provocado que el país tenga una visión más amplia y acorde con las dinámicas globales de movilidad y de Derechos Humanos suscritas en materia migratoria con diferentes países de la región. Sin embargo, la movilidad durante los últimos tres años de cientos de personas provenientes de Venezuela hacia Colombia, ha colocado en el ojo del huracán la institucionalidad y los contextos socioculturales del país, desencadenando una suerte de tensiones y de desafíos de todo orden (político, económico y cultural), que hasta el día de hoy son tema de la agenda nacional y mediática de turno.

 

Dentro de las tensiones más prominentes resaltan las de carácter político-institucional, campo en el cual históricamente se ha promovido una recepción de inmigrantes de forma selectiva, priorizando a los grandes inversores, característica que ha sido una constante debido a la inserción creciente de Colombia a los mercados internacionales hoy globalizados. A su vez, la política migratoria del país se caracteriza por favorecer a la inmigración laboral con fines productivos y desarrollo económico. Al tiempo que Colombia adopta medidas (normas y decretos) de carácter étnico-nacional con fines de crecimiento demográfico y de “mejorar” étnicamente la población, como propuso Luis López de Mesa, ejemplo de lo cual es el ingreso de norteamericanos y europeos a mediados del siglo XX al territorio nacional.

 

De esta manera, la prioridad dada por el país a la inmigración laboral, de cara a fortalecer los procesos de crecimiento y desarrollo interno, y el control a la movilidad de emigrantes, resalta la desarticulación de la política migratoria colombiana, donde el tratamiento por separado de la emigración y la inmigración1 ha sido una constante.

 

En la década de los 90 Colombia encargó al Ministerio de Relaciones Exteriores la ejecución y orientación de las políticas migratorias, obteniendo como resultados que el país adoptara medidas de integración regional y comercio internacional, firmando por esa vía acuerdos como, por ejemplo, el pasaporte Andino en el marco de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, la política migratoria mantuvo su enfoque de control de carácter selectivo, útil y funcional para el arribo de personas con estándares de cualificación alta.

 

En resumen, tenemos en Colombia unas políticas institucionales migratorias caracterizadas por ser selectivas y de control, así como una mirada utilitarista de las diferentes poblaciones de inmigrantes, en términos de desarrollo económico y social, todo lo cual no ha permitido un desarrollo integral de las políticas migratorias que permitan tratar conjuntamente tanto la emigración como la inmigración. Durante la última década el escenario internacional y la política exterior regional han provocado que el país suscriba y ratifique diversos instrumentos legales internacionales donde se promueve proteger y garantizar la dignidad de las personas, en especial las que se encuentran en movimiento.

 

Dentro de tales instrumentos está la incorporación a Unasur, tratado que cobró vigencia en el 2011, y a través del cual se fijan lineamientos en materia de cooperación migratoria, basado en protección de los Derechos Humanos de los inmigrantes y los trabajadores de cara a la integración regional. Sin embargo, la crisis regional desatada por la situación que vive Venezuela, y con ella la presión y hasta conspiración de diversos países para desestabilizar al presidente Maduro, propiciaron la decisión del recién posesionado Iván Duque de retirar al país de Unasur2, con lo cual queda en el limbo todo lo allí ratificado.

 

A todo lo anterior se suma el componente socio–cultural, el cual se refiere a tres grandes campos problemáticos: 1. La construcción mediática de la inmigración venezolana, 2. La construcción del otro/ los/otros. 3. El nacionalismo que se enaltece y la cuestión de soberanía que se instala.

 

La construcción mediática de la inmigración venezolana

 

Es reiterado ver y escuchar en los diferentes medios oficiosos dominantes en Colombia un registro estigmatizante y muy politizado acerca de la movilidad de venezolanos hacia nuestro país3. Lo que se observa en algunos de estos registros es un encasillamiento de la persona inmigrante en temas de inseguridad, bandas delincuenciales o de microtráfico de droga, en especial en las zonas de frontera, temas que circulan constantemente y van instalando en el conjunto de la población una sensación de miedo e inseguridad frente a la población migrante.

 

De otra parte, en dichos medios se muestra la situación que viven los inmigrantes venezolanos durante su travesía, pero las noticias tienden a resaltar lo que han llamado “crisis en Venezuela”, “el drama de los venezolanos”, etcétera, que si bien es una situación compleja, se deja entrever el interés en continuar sosteniendo que los venezolanos huyen de la “dictadura de Maduro”, algo por cierto que ha sido utilizado por los políticos de tendencias conservadoras de turno en Colombia para hacer campaña política, dejando de lado la verdadera discusión política-institucional que demanda la realidad de tal emigración.

 

La construcción del otro/los/otros

 

Debido a este tratamiento mediático, se han vuelto populares dichos como: “nos viene a quitar el trabajo”, “los venezolanos se emplean por menos plata”, “hay mucha banda de ladrones venezolanos”, entre otros, han edificado poco a poco a la persona inmigrante de nacionalidad venezolana como el enemigo interno y responsable de todos los males que nos aquejan como sociedad. De esta forma, a su vez, se va creando una idea del otro/los otros, marcando una división concreta entre nosotros y ellos, esta forma de discriminación no solo genera el oído al extranjero (xenofobia), sino que instala barreras sociales que impiden la inclusión de la población inmigrante.

 

Esta forma particular de segregación también tiene tintes nacionalistas que generan exclusión, abusos y formas de violencia específica, que son más fuertes que cualquier muro de bloques de concreto construido, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México. Romper estas paredes de concreto (socio-cultural) es complejo, porque se trata de generalizaciones negativas que se instalan fácilmente en el sentido común y provocan comportamientos excesivos mal intencionados y abusos contra los que no son de acá.

 

El nacionalismo que se enaltece, y la cuestión de soberanía que se instala

 

Diferentes estudios en materia migratoria, como el de Sassen (2015), dan cuenta que, en situaciones y contextos sociopolíticos particulares, las poblaciones inmigrantes suelen utilizarse como “chivo expiatorio”, para resaltar decisiones políticas institucionales de control y seguridad o responsabilizar de los problemas sociales, políticos y económicos de un país, todo ello de cara a indilgar al extranjero una responsabilidad particular con la cual no tiene una vinculación directa. Por ejemplo, como sucedió durante las recientes elecciones presidenciales en Colombia (2018-2022), donde los políticos en campaña utilizaron a la inmigración del país vecino para sus propósitos electorales con el argumento de que “Colombia no puede convertirse como Venezuela” o que “Colombia no puede llegar a ser castrochavista”, entre otras manipulaciones.

 

De esta manera crean una idea falsa de soberanía y nacionalismo a través nuevamente, del tratamiento mediático y de los discursos de los políticos en campaña. Soberanía, porque se instala la idea –falsa– de lo nuestro (el cuidado de lo propio), y nacionalismo (patriotismo) en cuanto a exaltación de lo colombiano, aspectos que se consideran amenazados por el “extranjero”, en este caso por Venezuela y su actual régimen político, el cual es considerado contrario a los intereses de los grupos dominantes en nuestro país.

 

Lo anterior plantea una pregunta formulada por algunos migrantólogos ¿por qué algunos “extranjeros” indignan más que otros? Esto en comparación, por ejemplo, con movimientos de actividades economías globales extractivistas agenciadas por complejas corporaciones extranjeras, las cuales cuentan con facilidades estatales, sin generar las mismas críticas e indignaciones soberanas y nacionalistas que propicia la migración venezolana y su régimen político.

 

Este fenómeno es la evidencia empírica del uso de la migración como “chivo expiatorio”, para despertar desenfocados nacionalismos, los mismos que distraen a las mayorías sociales de los problemas de fondo ligados con la presencia de extranjeros (corporativos), que extraen riquezas naturales en el territorio colombiano y que no denuncian ni cuestionan, sino, por el contrario, se legitiman.

 

El reto

 

La movilidad de venezolanos hacia Colombia definitivamente pone en tensión el Sistema Nacional de Migración (SNM) y la política de migraciones, la institucionalidad que tiene como responsabilidad la protección de los derechos de las poblaciones inmigrantes y su integración a los planes y proyectos que el Gobierno tenga estipulado, pero también el presupuesto nacional, ya que el SNM no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con los objetivos y metas planteadas en los diferentes instrumentos legales. A su vez, plantea importantes desafíos político–institucionales, económicos y socio-culturales, que demandan la necesidad de una política que esté acorde a las necesidades de la población inmigrante, desde una perspectiva integral incluyente, de respeto y garantía a los derechos humanos de los inmigrantes trabajadores y sus familias.

 

En este sentido toma forma el reto de una ética ciudadana y política donde la forma de abordar dicha realidad social sea a partir de un tratamiento que reivindique la vida y el Derecho Humano a migrar en términos dignos y en cuanto a acciones, decisiones y organización política-institucional definidas en función de la exaltación, la gratificación, el posibilitamiento y el cuidado de la vida y las necesidades reales de dicha población con perspectiva de futuro.

 

 

* Candidato a Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ungs-Ides), Buenos Ares-Argentina, Magíster en Estudios políticos y comunicador social. Docente universitario, investigador del Colectivo de Estudios e Investigación social, Proyecto Ceis. Coordinador Diplomado en Migración, Territorio y DDHH, Universidad Nacional de Avellaneda. (Bs. As. Argentina).
1 Entiéndase emigrar como el abandonar su propio país para establecerse en territorio extranjero. Por inmigración, como acción y efecto de inmigrar, según el Diccionario de la Real Academia Española. En otras palabras, la inmigración es el proceso posterior que acontece en el país o lugar de llegada, es decir, es el efecto que surge una vez se efectúa la salida de personas de un país, región o lugar determinados para dirigirse a otro.
2 El presidente de Colombia, Iván Duque, decidió la salida de Colombia de Unasur porque considera a dicho organismo como “caja de resonancia de la dictadura” venezolana. Una vez más se observa cómo se politiza la situación inmigratoria que comparten ambos países, dejando de lado decisiones contundentes que favorezcan y protejan a la población venezolana que emigra hacia Colombia.
3 Hay dos aspectos de interés a resaltar con relación a las características de la emigración venezolana hacia Colombia y que el mismo Christian Krüger, Director General de Migración Colombia, reconoce. El primero es que los venezolanos que están llegando al país lo utilizan como puente para dirigirse a terceros países como “Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú y Chile”. Segundo, “que según un estudio realizado en frontera por la Cancillería y la OIM, se logró evidenciar que cerca del 40% de las personas que ingresan por nuestra frontera son portadores de doble nacionalidad, mientras que el 30% son colombianos y el otro 30% ciudadanos venezolanos”. Lo que significa que en un porcentaje importante los ciudadanos que están llegando a nuestro país son colombianos que eran residentes en Venezuela y ahora, debido a la situación en ese país, están retornando. Así se evidencia en el informe de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores titulado: “Radiografía de venezolanos en Colombia 2017”. De otra parte, en relación a las cifras, según el mismo informe: “la Agencia para los Refugiados de la ONU afirma que son 300.000 y la Asociación de Venezolanos en Colombia asegura que son más de 1.000.000 de personas”, “Están pasando más de 40.000 personas diarias”, aseguró el alcalde de Villa del Rosario…”, “En los últimos 3 años el país ha atendido la salud de 14.362 venezolanos…”, “…al país entraron mensualmente más de cuarenta mil venezolanos…”, “…El éxodo ha aumentado de cientos a miles…”, “En el Valle de Aburra votaron 11.560 venezolanos…”, “En nueve puntos de Medellín y el Valle de Aburrá se adecuaron las mesas para que los más de 7.000 venezolanos radicados en Antioquia…”, “…actualmente hay entre 3.000 y 5.000 venezolanos en la región”.

 

Bibliografía

 

Ministerio de Relaciones Exteriores. Migración. (2017). Radiografía de venezolanos en Colombia.
Nicolao, Julieta. (2010). El Estado argentino ante el reto de las migraciones internacionales: reflexiones del reciente cambio de rumbo en la política migratoria argentina. UAEMex, Revista Convergencia. Ciencias de Sociales. Nº. 53, mayo. pp. 205-228.
Sassen, S. (2013). Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI. España Editores, S.A.
Maldonado. E. (2018). Política + Tiempo =Biopolitica. Complejizar la política. Ediciones desde abajo. Bogotá, D.C–Colombia.

Publicado enEdición Nº250
​Nace en Colombia la Unión Nacional de Integración Rural–Unir

Los problemas de la ruralidad y los conflictos agrarios han sido una constante histórica que han llevado a que las comunidades que habitamos el campo nos hayamos visto desplazadas, marginadas y empobrecidas. Ante esta situación, nosotros, los campesinos y campesinas nos hemos dedicado a sembrar vida cuidando la tierra y cosechando los alimentos para darlos a nuestras familias y a las familias de esta diversa Colombia.

 

A partir del paro agrario de 2013 las comunidades rurales recuperamos la fuerza de la dignidad y salimos a las calles y a las carreteras a manifestarnos para exigir reformas y cambios en las políticas públicas en materia de acceso y redistribución de tierras; vías de transporte; insumos y asistencia técnica; protección de las semillas criollas; garantías en salud y educación; protección al medio ambiente; entre otros muchos asuntos.

 

Estas manifestaciones y protestas permitieron realzar –de manera renovada– la cuestión agraria en la agenda pública nacional. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de miles de habitantes del campo, las protestas y paros de las comunidades, junto con las negociaciones y acuerdos suscritos con el Gobierno, no han sido suficientes para lograr un nuevo rumbo para el campo.

 

Por estas razones, los días 7 y 8 de septiembre de 2018 nos dimos cita en el municipio de Fusagasugá, Cundinamarca, para llevar adelante el Primer Encuentro Nacional Agrario de la Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia –Comosoc*–, como resultado de lo cual nace la Asociación de segundo nivel que hemos denominado Unión Nacional de Integración Rural-Unir.

 

A este primer Encuentro Nacional asistieron delegaciones de 42 asociaciones campesinas provenientes de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Nariño, Valle del Cauca, Putumayo, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Sucre. De igual forma tuvimos algunos invitados especiales que nutrieron la discusión en el espacio y que se llevan el compromiso de apoyar y fortalecer no solo esta experiencia sino otras que están en gestación en el ámbito rural.

 

Como objetivo principal de este evento, se estableció la consolidación de una organización nacional agraria de segundo nivel que nos permita articular los diferentes procesos organizativos rurales vinculados o con cercanías prácticas a la Comosoc.

 

Cada una de nuestras organizaciones analizó los retos atestiguados desde nuestros territorios, tanto en el seno de cada una de ellas como en los contextos regionales donde desarrollamos nuestras dinámicas económicas, sociales y políticas. Con el fruto de estos análisis tallamos los siguientes ejes transversales: Participación política, economía propia, acceso y uso del territorio, megaproyectos, Derechos Humanos y conflicto armado, finalmente, el panorama internacional. Estos ejes nos permitieron reflexionar y toparnos con el trabajo en grupos, sacándole el jugo a nuestras diversidades regionales.

 

Todo este esfuerzo nos permitió completar los insumos suficientes para diseñar los elementos que nos llevarán a poder levantar y construir los planes de trabajo desde nuestras organizaciones y territorios para el fortalecimiento de la Unir. Este diseño se compone de tres dimensiones: una hacia el interior de las organizaciones, la otra hacia el exterior y una sectorial.

 

En la primera dimensión se establecieron líneas de construcción de asambleas regionales y fortalecimiento de los procesos que tienen las asociaciones que están en Unir, estos elementos giran alrededor de:

 

- Identidad y cultura campesina
- Formación política y legal
- Protección del medio ambiente
- Economía propia

 

Para las líneas de trabajo externas se definieron:

 

- La defensa del territorio, donde se trabajará la autonomía y defensa de recursos naturales renovables y no renovables.
- La economía propia, donde se trabajará la producción con conocimiento propio y construcción de redes de comercio entre las organizaciones.
- El eje de comunicaciones, que además de una herramienta es una apuesta política que nos permite mantener una interacción entre las organizaciones que conforman la Asociación, permitiéndonos al mismo tiempo compartir nuestras experiencias, apuestas y formas de construir llevando nuestra agenda a la opinión pública nacional.

 

La tercera dimensión la compone el sector Afro de la Comosoc, quienes definieron hacer parte de Unir al mismo tiempo que darle cuerpo a una organización nacional afro con fecha y lugar para su conformación.

 

Finalmente, fue elegida una junta provisional de delegados nacionales, 5 mujeres y 5 hombres, de distintas regiones, quienes tendrán las tareas de elegir la junta directiva, revisar la redacción final de los estatutos y la más importante, hacer el llamado a la realización de las asambleas regionales.

 

Fue así cómo logramos Unir en una asociación de segundo nivel las asociaciones cercanas o parte de la Comosoc y salir con el reto de fortalecerla desde las regiones a través de lo que hemos querido recoger desde el principio: las experiencias organizativas, intereses y problemáticas de cada uno de los miembros que la integran a través de las organizaciones asociadas.

* Comosoc es un proceso de articulación de organizaciones y movimientos sociales, de carácter nacional, regional y local. www.comosoc.org

Publicado enEdición Nº250
Domingo, 16 Septiembre 2018 08:20

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

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Jueves, 13 Septiembre 2018 19:40

Un gobierno de los ricos y para los ricos

Edgar Insuasty

Este artículo analiza el gobierno de Iván Duque desde la perspectiva del poder como fundamento de la política. Metodológicamente se consideran tres niveles: i) la base social que cuantitativa y cualitativamente le dio el triunfo electoral, el pasado 17 de junio, ii) el círculo de poder que rodea al mandatario, iii) las fuerzas políticas que le dan gobernabilidad a la actual administración nacional.

 

Al desnudo, así va quedando el nuevo Presidente colombiano. Y el encargado del destape es él mismo. Lo hace para que no quede duda sobre el carácter de su gobierno, al nombrar en su gabinete una decena de ministros con claros intereses corporativos (ver infograma “Gabinete corporativo). Un hecho sin precedentes en nuestra historia republicana, un gobierno de los ricos y para los ricos. Sin tapujos. Por si quedara duda de la prioridad en su gestión, en la 74ª Asamblea de la Andi, ante una nutrida participación de 2.000 empresarios, Iván Duque se comprometió a gobernar en favor de los gremios económicos; en este sentido, expresó que en la reforma tributaria que promoverá su gobierno habrá una “exención del impuesto de renta de las empresas”, a la par que su ministro de Hacienda anuncia una reforma pensional que también les aminorará egresos.


La base social del duquismo


El comportamiento electoral de un individuo es el resultado tanto de factores socio-estructurales como de otros referidos a su personalidad, los que le permiten captar la realidad (aspecto cognoscitivo), expresar valoraciones (aspecto afectivo), reproducir las orientaciones partidistas recibidas en la familia (socialización política) y establecer relación entre el yo propio, sus intereses y necesidades, y los demás, en un contexto socio histórico determinado (identidad).


Consecuente con ello, en Colombia el comportamiento electoral en 2018 muestra que el potencial de los 36.783.940 (100%) votos del actual censo electoral, se distribuyó entre una mitad que optó entre dos candidatos y otra mitad que se abstuvo, votó en blanco o su voto fue no marcado o nulo (ver infograma “Base electoral de la fuerza política).


Quienes votaron por algún candidato, le dieron el triunfo a la coalición de partidos de derecha, representados por Iván Duque, quienes fueron preferidos por 10.373.080 de los votantes (28,2% respecto al potencial electoral). La alianza entre la izquierda y el centro obtuvo 8.034.189 de votos (21,8% en relación al censo electoral).


El triunfo de las fuerzas de derecha se explica por razones de clase, ideológicas, cultural regionalistas, tradición electoral, condicionamiento de la opinión pública por parte de los medios de comunicación, prácticas violentas institucionalizadas y ejercicio del poder político. Además, aunque menos en número, la clase dominante participa en su totalidad y vota de manera disciplinada en defensa de sus intereses (la clase popular es mayoría pero vota menos y su conciencia de clase es débil o inexistente); sin olvidar que la oligarquía tiene el poder de influir en sus subordinados, controla los mecanismos económicos, orienta la opinión pública, manipula los resultados de los eventos electorales y tiene la capacidad de comprar votos (práctica tradicional, por ejemplo, en la región Caribe).


Es así como el 38,6 por ciento de los votos que obtuvo el candidato (un poco más de cuatro millones), hoy en ejercicio de la presidencia, tiene su fuente en los dueños del capital, las familias ricas y la clase media alta de tendencia derechista (proveniente esta última, en su mayoría, del sector fajardista antioqueño de la llamada Coalición Colombia). En última instancia, la oligarquía dominante determina el juego político, controla los mecanismos electorales e impone su poder y liderazgo en nombre de la mayoría.


De esta manera, tomando en cuenta a quienes votan efectivamente, la sociedad colombiana se divide en torno a los partidos políticos, los movimientos sociales y el voto de opinión, los dos primeros de los cuales constituyen formaciones que congregan sectores de la población alrededor de la representación de intereses comunes en el plano político y económico. El partido, como los movimientos sociales, expresan ideas, sentimientos, valores, miedos, intereses y aspiraciones de los grupos que los conforman, así como ejerce entre los individuos la función de identificación política. Con uno y con otro se crea la lealtad política, expresada en el voto o en la movilización directa tras ciertos objetivos. En el país, la tradición constituye la primera de las grandes características de la afiliación política partidista; la segunda, la constituye la localización regional. La resistencia, la búsqueda de caminos alternos para concretar derechos básicos y la autoprotección, son algunos de los motivos para integrar una expresión social independiente.


Precisamente, retomando la adscripción partidista con una mirada histórica, resalta que la región antioqueña (departamento de Antioquia y zona cafetera) posee el mayor número de municipios conservadores, caudillistas, entidades territoriales en donde, además del parroquialismo cultural, se registra la coacción del voto ejercida sobre los campesinos por los gamonales políticos, los terratenientes y por la movilización del clero o los pastores de las iglesias cristianas o evangélicas, y la utilización de los principios religiosos y educativos que defienden los valores de la derecha, la lucha de cada quien por sus propios intereses y el culto al dinero unido a acumulación de capital como medida del éxito en la vida. La violencia institucional y paramilitar ejerce también presión en los pobladores al momento de hacer presencia en las urnas. El eje cafetero y el departamento de Antioquia aportaron 2.542.187 votos (24,5%) de los 10.373.080 acumulados por la campaña duquista.

 

 


Otras fuentes de sus votos


En 2005, el extraditado cabecilla de las Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, confirmó ante la Corte Suprema de Justicia que el 35 por ciento de los congresistas fueron elegidos en zonas de influencia paramilitar. “Cuando nosotros decimos que tenemos afecto por el 35 por ciento del Congreso de la República, decimos que estos congresistas fueron elegidos en zonas de influencia de las Autodefensas”, aseveró Mancuso al término de la diligencia. El desmovilizado jefe paramilitar agregó “las Autodefensas le enseñamos a votar a esas poblaciones, porque allí no había presencia del Estado y nosotros –AUC–, suplantábamos a las autoridades oficiales”. El proyecto de extrema derecha paramilitar se institucionalizó en amplias zonas del territorio nacional y cooptó instituciones públicas, terratenientes y autoridades municipales. Las zonas de influencia e institucionalización paramilitar (en las regiones Caribe, Andina y Orinoquia) contribuyeron, según el estimativo de los abanderados paramilitares, con 3.630.578 votos (35%) a la elección presidencial de Iván Duque.


Como una de sus particularidades sociopolíticas, resalta que en Colombia el vínculo religioso influye en el voto más que el de clase. Según crece el nivel de implicación religiosa aumenta la propensión a elegir los partidos de derecha. El partido del clero les enseña a los feligreses, maniqueamente, quienes son los buenos (la derecha) y quienes son los malos (la izquierda). La atadura religiosa influye también, negativamente, en la participación política. Las iglesias cristianas, evangélicas y protestantes le aportaron a la elección de Duque, a través de sus organizaciones políticas (Mira, Colombia Justa Libre, Casa sobre la roca –la iglesia de Vivian Morales– entre otras), 2.500.000 votos (24,1%) a manera de contribución en la alianza que firmaron con el partido Centro Democrático. Los trabajadores organizados en sindicatos, con la atomización que los caracteriza y la disparidad ideológica que distancia a las diferentes centrales que los aglutinan, no logran que la totalidad de los 1,4 millones de afiliados con que cuentan voten en favor del candidato de izquierda. Votos por la derecha, el centro, así como la opción abstencionista y otras resaltan en su proceder.


Al sumar los componentes de la base electoral del duquismo, puede suceder que supere el 100 por ciento. Son conjuntos que se intersectan en una misma circunscripción electoral: un caudillo de la extrema derecha puede contar, a la vez, con votantes inducidos por los paramilitares, en regiones de fuerte herencia e identidad cultural, que son feligreses de iglesias cristianas o evangélicas, provenientes de familias oligarcas y miembros de un mismo gremio empresarial. El carácter geográfico de la distribución de los fortines partidistas queda claro en esta elección presidencial de 2018.


El círculo del poder


En un claro conflicto de intereses, resalta en Colombia la puerta giratoria que separa, casi que invisiblemente, al sector privado y al público, puerta por la cual la oligarquía transita libremente de los cargos empresariales a los puestos públicos y viceversa, como puede apreciarse en el actual gabinete corporativo (ver infograma), donde ministros como el de Agricultura procede de Fenavi –gremio de los avicultores–; el de defensa, era presidente del gremio de los comerciantes Fenalco; de un centro hospitalario privado y elitista, afecto a la industria farmacéutica, proviene el medico que dirigirá el sector salud; el de Ambiente y desarrollo de la Andi, donde dirigía el Centro Nacional del Agua perteneciente a tal gremio; el de Vivienda, ciudad y territorio sale de Asobancaria de la cual era Vicepresidente; el de Transporte estaba en Asograsas, por solo colocar algunos ejemplos. Razón tenía Marx al afirmar: “El Gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa” (1).


Es una puerta giratoria que permite apropiar lo público con fines privados, y así ampliar el poderío de quienes más tienen poder en el país. El poder es una cualidad propia de las relaciones sociales, es decir, es una cualidad relacional. El poder es propio del rol y, por tanto, de la estructura (organización, institución, sistema) en la que se inscribe el rol. Cronológicamente se observa que los centros de poder se forman de hecho sobre la base de recursos, como el dinero y las armas; pero después se legitiman en el plano cultural. Una vez establecido un centro de poder legítimo a nivel macrosociológico, dicho poder regula y legitima desde arriba los centros inferiores en toda la sociedad. En consecuencia, el poder de la tecnocracia y los partidos políticos no reside en disponer personalmente de dinero o de la fuerza represiva del Estado, sino en la facultad de exigir su uso a quien lo detenta, siguiendo toda la escala jerárquica y las esferas de competencia, en las formas establecidas por la ley.


Por demás, hay que recordar que en Colombia el poder es endogámico (2). El círculo más cercano al poder presidencial de Duque proviene de las familias oligárquicas (muchos son delfines hijos o nietos de patriarcas políticos), todas relacionadas de alguna manera entre sí (asisten a los mismos clubes, viven en los mismos barrios, acuden a idénticos centros educativos, son socios en las empresas, y sus hijos se casan entre sí); provienen de las mismas universidades que forman técnica e ideológicamente a la clase dirigente (Universidad de los Andes o Colegio de Estudios Superiores de Administración, entre otros) y de carreras profesionales requeridas para cumplir con las funciones económicas o políticas de su clase (abogados, economistas, administradores). En síntesis, además de constituir un gobierno patrimonial con un gabinete corporativo, el régimen es característicamente plutócrata, como ya está anotado, de los ricos para el servicio de los ricos (Ver infograma “El poder político concentrado en la Casa de Nariño”).


El poderío que concentra este círculo del poder en el gobierno es infinito. En 2017, el Gobierno contó con una apropiación definitiva de 229,3 billones de pesos (25,1% del PIB), presupuesto del cual 60,6 por ciento fue para funcionamiento, 17,6 por ciento para inversión, y 21,8 por ciento para servicio de la deuda (intereses y amortización). En 2018 el gobierno central y los establecimientos públicos controlan de manera directa 1.100.000 puestos de trabajo y su nómina tiene un valor de $53 billones (el salario referencial de un empleado público es, en promedio, cinco veces mayor al que devenga un trabajador común). Las Fuerzas militares concentran 497.000 cargos con un costo de $14,2 billones; la burocracia 603.000 cargos, con un costo de $38,8 billones. El duquismo controla 157 entidades del nivel nacional de gobierno, agrupadas en 29 sectores que cubren todo el espectro social, económico, político, militar, cultural y ambiental del país.

 


La gobernabilidad política


La gobernabilidad puede entenderse como la situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción de gobierno, que se sitúan en su contorno o son intrínsecas a éste. Este concepto se enmarca en el ámbito de “la capacidad de gobierno”. La alianza que establecieron los partidos políticos del establecimiento, ante el riesgo que los movimientos de centro e izquierda ganaran las pasadas elecciones presidenciales, es garante de la gobernabilidad con que cuenta la administración Duque (2018-2022). En concordancia con el significado de la noción, el establecimiento es el conjunto de personas, instituciones y entidades influyentes en la sociedad, que procuran mantener, controlar y reproducir el orden establecido.


Establecimiento que se mantiene, reforma y prolonga su dominio o entra en crisis, total o parcial, según las coyunturas que atraviesa y las fuerzas que lo confrontan. Así, según el Estatuto de Oposición que el sistema político colombiano está implementando a partir de este período presidencial, y tras 27 años de haberse ordenado su redacción, es obligación de los partidos políticos declararse de gobierno, independientes o de oposición.


En este panorama ya hay dos cosas claras: de una parte, los partidos de gobierno son el Centro Democrático, el Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres, que suman 93 curules en Senado y Cámara; solo en Senado, donde la mitad más uno son 55 votos, estos cuatro partidos llegan a 38 escaños. De otra parte, un poco más lejanos del círculo de poder, se encuentran otros tres partidos del establecimiento: liberalismo, Cambio Radical y la U que en alianza tienen la mayoría relativa del Congreso: 134 curules; en solo Senado son 44. Según lo han anunciado, estos tres partidos se van a declarar independientes, lo que va a representar un verdadero reto para el actual Gobierno.


Del otro lado está la oposición. Este bloque (Alianza Verde, Colombia Humana, Farc, Polo, Mais y la Lista de la Decencia) tiene en Senado y Cámara 44 curules; en Senado 24 bancas. Al sumar los partidos de derecha, su poder se expresa en el control de 80 por ciento del Congreso. A partir de que los partidos se declaren independientes o en oposición, el Gobierno no podrá ofrecer cargos de responsabilidad política a sus dirigentes; así lo establece la ley.

 

 


Esta realidad, de la que no hay muchos antecedentes, deja al Gobierno de Duque en relativa vulnerabilidad para pasar sus proyectos y para enfrentar los debates de control político en el legislativo.


Otro riesgo de gobernabilidad que enfrenta el nuevo Presidente es el desplome de su popularidad. Una medición de la firma encuestadora Yanhaas, a finales del mes de agosto, muestra que la favorabilidad del mandatario ha descendido 12 por ciento en la última semana de mandato presidencial. Duque lleva tres semanas en la Casa de Nariño y, según esta encuestadora, la aprobación de su gestión ha pasado del 53 por ciento, que obtuvo en la primera semana de mandato, al 41 por ciento, que arrojó la medición del 20 de agosto. Además, el 38 por ciento de los encuestados desaprobó la labor del nuevo inquilino de la Casa de Nariño (la última medición era del 23%).


La encuesta también indagó por la imagen del gabinete presidencial, y el resultado tampoco fue el mejor para el Gobierno: mientras que el 36.7 por ciento de los encuestados aprueban a los ministros nombrados, el 42.8 por ciento los desaprueba, y el 14 no sabe o no responde. La imagen del gabinete también empeoró con relación a la última encuesta: la desaprobación aumentó en 10 puntos porcentuales y la aprobación disminuyó 13 por ciento. Finalmente, el 49.6 por ciento de los encuestados consideró que el país va por mal camino; mientras el 39. por ciento piensa que la realidad nacional mejorará.


La búsqueda de gobernabilidad de la administración Duque se centra, adicional a los partidos del establecimiento, en el apoyo de los gremios empresariales, las fuerzas armadas, las iglesias cristianas y el gobierno estadounidense.


Toda una trinca. A pesar del avance histórico, de las transformaciones socioeconómicas, el poder político se reproduce y se mantiene sin cambios desde la Colonia hasta la época republicana. En particular, el poder del clero y de las fuerzas armadas se mantiene intacto. Estas dos fuerzas son leales al régimen oligárquico y al gobierno patrimonial. Duque confía en que estas dos columnas le garantizen la gobernabilidad; en consecuencia, se muestra bastante dadivoso con ellos en materia de impuestos, exenciones, seguridad social y aumentos de salario.


Estos son factores internos, pero también cuenta lo externo, en lo cual el apoyo del gobierno estadounidense es fundamental, sin importar que para ello el colombiano deba ceder soberanía, entregar recursos minero-energéticos a las transnacionales, implementar las estrategias antinarcóticos diseñadas desde el Norte y servir de alfil en las aventuras intervencionistas de los yanquis en los países vecinos.


Estamos ante un poder que, como el establecimiento del cual hereda su ejercicio y fortaleza, parece fuerte, pero una conjunción de fuerzas provenientes desde varias coordenadas podrían quebrarlo o, cuando menos, colocarlo en aprietos, llevándolo a la defensiva. Todo depende de la capacidad de estas para reunir, concentrar y movilizar por distintas vías a los suyos. Para evitarlo, Duque conjuga los factores heredados, de la agilidad para lo cual depende su “buena suerte”, con la cual cuenta para los próximos cuatro años (ver infograma “Poder político concentrado...).

 

1. C. Marx y F. Engels. Manifiesto Comunista, en: Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, pp. 34-35]. (Diciembre de 1847-enero de 1848/1976).
2. Se entiende como comportamiento endogámico el rechazo a la incorporación de miembros ajenos a un grupo social en particular.

 

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

El duquismo y el poder como fundamento de la política

 

En Colombia la democracia es lejana al pueblo y está concentrada en la clase dominante, es por ello que es denunciada como una democracia formal –electoral– o mínima. El poder político infiltra todas las formas institucionales del Estado. El patrimonialismo caracteriza al aparato de Estado; este es una forma de gobernabilidad en la que se mezclan los intereses de los sectores público y privado. Es una forma de dominación tradicional centrada en familias oligárquicas que garantiza el blindaje a la clases dominantes y excluye del poder a las clases media y popular. Normalmente, los ejércitos de estos países son leales a la clase que monopoliza el poder, no a la nación. Las iglesias, los medios de comunicación, el sistema educativo y demás aparatos ideológicos también son funcionales a la reproducción del monopolio patrimonial y a la acumulación de capital.


Habitamos una sociedad dividida y ordenada jerárquicamente en clases. El pueblo no ejerce de manera efectiva el poder, por tanto la soberanía popular, al igual que la democracia, es formal y no sustantiva ni radical. Se vive bajo un régimen de dictadura de clase, de un poder que imponen a través de todas las formas de violencia, incluso cuando los instrumentos de estas violencias son institucionales y constitucionales. La dictadura de clase, a la vez, permea todas las relaciones sociales, económicas, políticas y ambientales, sean estas raciales, étnicas, territoriales, culturales, religiosas, generacionales o sexuales. En esta complejidad histórica, hablar de democracia efectiva, más allá de lo formal, carece de sentido y significado por completo.


El concepto fundamental de las ciencias humanas es el poder, como la energía lo es a las ciencias físicas o el dinero al sistema económico. En sociología, el poder se define como la capacidad de una clase de imponer sus intereses y producir los efectos deseados o intencionales influyendo en el comportamiento de las demás clases subordinadas. Dado que el poder se identifica con la fuerza sociomotriz (la capacidad de hacer que funcione y se reproduzca el sistema societal en una determinada dirección), el poder es ubicuo y, por tanto, difícilmente observable en su totalidad, a no ser en sus manifestaciones particulares. El poder, como la energía y el dinero, es un constructo hipotético, cuya existencia se postula para explicar de forma unitaria una serie de fenómenos, sus relaciones, valores, cambios y cuantificaciones, y la transformabilidad de unos en otros.

 

La experiencia urbana y su relación territorial expandida

Más allá de identificar las tensiones permanentes de habitar la ciudad, la sociedad está llamada a cuestionarla y actuar desde la construcción –o destrucción– de paradigmas urbanos que derroten la individualidad, la desigualdad y la pobreza desde el posicionamiento de actuaciones alrededor del medio ambiente y la acción prioritaria por el ser humano.

 

Hablar de ciudad conduce a pensar, casi inmediatamente, en las características físicas del concepto, su infraestructura y la facilidad que brinda tal o cual escenario para que una persona pueda acceder a una gama de servicios diferenciados. A partir de ello sería posible decir que generalmente la ciudad se concibe como uno de los resultados de la modernización.

 

Desde las Leyes de Indias, promulgadas en Europa con el fin de regular la vida en sociedad en los territorios de América invadidos y colonizados, se impuso una visión de ciudad que debería cumplir con ciertas características físicas. La definición de un centro (plaza) que está delimitado por las instituciones que representan autoridad y poder, como la iglesia católica, las instituciones que administran justicia y los lugares de decisiones de la vida pública, así como su mantenimiento con el pasar de los años, son la expresión del intento por regularizar la vida social en medio del tránsito hacia la modernidad.



Este patrón urbano, construido desde el poder, y reglado por las instituciones, terminó por consolidarse como el método formal y ordenado de construir la ciudad. Sin embargo, esa forma impuesta que ha cambiado de acuerdo a épocas, tendencias y dinámicas globales, ha desatado en la actualidad el establecimiento de un modelo de ciudad cuyo enfoque se ha limitado a desarrollar lo físico-espacial bajo pautas de mercado que destacan fundamentalmente una imagen, por encima del desarrollo socio-espacial que humanice la ciudad y, en consecuencia, las haga sostenibles, saludables y vivibles. Las ciudades en la actualidad no dialogan con sus habitantes y están reguladas simbólicamente por aquellas instituciones dedicadas a mantener un statu quo.



En este sentido, es necesario rescatar vértices de la ciudad que han sido menguados. Se trata de un espacio fundamentalmente social, y que por ende no puede ser predeterminada de antemano ya que es producida y construida por las interacciones sociales cotidianas que se dan dentro de un contexto político, ideológico, social y cultural determinado; es por ello que hablar de ciudad nos remite a hablar también de democracia. La ciudad es, finalmente, un organismo complejo donde la imagen de felicidad no es más que un sofisma que atenúa las tensiones que la vida social produce dentro de lo urbano.

 

La cotidianidad es la vida de la ciudad

 

La vivienda, la movilidad, los servicios públicos, las infraestructuras públicas, los equipamientos, y demás aspectos característicos de las ciudades se encuentran en constante interacción y resuelven, en diferentes medidas, problemáticas asociadas a lo urbano. Sin embargo, la realidad cotidiana, manifiesta de diferentes maneras a lo largo del territorio urbano, queda desvanecida ante los ejercicios de planeación, superando rápidamente las acciones planteadas por las instituciones desde la formalidad. Esta realidad es la que se vislumbra, tornándose discusión en los escenarios públicos que la ciudad –planeada o no– permite sean permeados por la cotidianidad y las tensiones de la vida que fluye a su interior.

 

En este sentido, la vida urbana también es el encuentro entre las distintas ciudadanías o sujetos urbanos cuya mayor actividad se da en los espacios abiertos como el lugar ideal para el desarrollo y consolidación de la democracia. Es así que el espacio público, ideológicamente hablando, es utilizado como herramienta homogeneizadora de la población, bajo paradigmas como la cultura ciudadana, que establece unos “usos adecuados”, normalmente relacionados con el mero tránsito o paso de peatones, espacio que es reforzado por estructuras físicas que no incluyen lugares para la permanencia o la contemplación.

 

Habitar el espacio público en los diferentes modelos de ciudad

 

El espacio público como lugar de reunión, es un escenario que se complejiza a partir de las diferentes prácticas y usos que le dan, y en esa medida constituye un espacio de encuentro que pone de manifiesto las diferencias y consensos entre la sociedad que acude al mismo.

 

Sin embargo, por lo menos en las actuales ciudades de Latinoamérica, la concepción del espacio público es cada vez más condicionante, lo que obliga a la ciudadanía asistente a replegarse a ciertas prácticas, omitiendo la diversidad en las representaciones culturales que a éste se remiten. Este tipo de espacio público fomenta la segregación, en tanto se construyen espacios para niños (parques) y ciclistas (ciclorutas), pero pocas veces espacios donde diversos sujetos (ancianos, niños, mujeres, estudiantes y deportistas) puedan convivir y encontrarse.

 

En lugar de generar un espacio público abierto, universal y accesible, un espacio que permita construir la colectividad y afianzar la posibilidad de establecer consensos ante las tensiones que resaltan en éste, el espacio público ha terminado por ser convertido en la herramienta propicia del mercado inmobiliario para potenciar sus propuestas urbanas caracterizadas, principalmente, por ser cerradas, focalizadas, conservadoras y aisladas, evitando así que la ciudad sea un espacio generador de experiencias desde el encuentro entre diferentes actores urbanos

 

Un ejemplo concreto de este análisis es el que surge de la vivencia en la ciudad con los centros comerciales o rascacielos, donde el espacio tejido con la ciudad está estrechamente vinculado a las actividades económicas que estos ofrecen. Es así como edificios como el BD Bacatá en Bogotá, o los centros comerciales en general, son una especie de coraza que no ofrece un relacionamiento con la ciudad distinto a una experiencia de consumo, a pesar de las grandes áreas y servicios urbanos que ocupan.

 

Este es el nuevo espacio público, que reemplaza las aceras y plazas por corredores y pasillos entre una multiplicidad de almacenes, un espacio que llama al consumo y a la individualidad. Un espacio que logra estructurar un escenario silenciador de las tensiones y, en consecuencia, de la posibilidad de consensuar sobre las mismas, un espacio que actúa en contraposición a las múltiples formas de tejer el territorio desde dinámicas participativas, como destaca en acciones de mejoramiento de barrios en Medellín o Bogotá.

 

Estamos entonces ante una opción para la ciudad, la cual sigue siendo una extensa malla de relaciones físicas y sociales, y que es el enclave territorial que precisa repensar su forma y relación en torno a lo colectivo y lo común. Ciertamente, el espacio público es ese hilo conector que permite abrir el encuentro en una ciudad atiborrada de construcciones, lo cual implica que estas conexiones superen la noción meramente funcional de la circulación de sus habitantes.

 

Es decir, el espacio público debe permitir organizar la vida colectiva y la reinterpretación de la ciudad a partir del reconocimiento de las diferentes representaciones culturales y políticas de la sociedad, de manera que la experiencia en lo urbano sea un ejercicio activo de apropiación que responda a las necesidades de la comunidad, todo ello por encima de los intereses inmobiliarios o económicos del mercado.

 

A partir de esto es necesario que la sociedad cuestione, desde su experiencia urbana, cuáles son las decisiones de ciudad y qué prioridad tiene lo humano, pues el espacio urbano –tal como si fuera un organismo complejo– mantiene una dinámica relacional no solamente dentro de sí, con sus múltiples sucesos, sino hacia fuera, con el espacio rural, del cual percibe una enorme cantidad de servicios sin los cuales sería imposible soportar sus actividades.

 

¿Ciudades más allá del capitalismo?

 

En la medida en que la renta sea lo que determine la construcción de ciudad, los usos colectivos serán desechados y dejados a la deriva. Es por ello que la ciudad es el espacio predilecto para la reproducción del capitalismo, el flujo e intercambio rápido de mercancías y servicios, lo que se pone de manifiesto en la forma como es ocupa el suelo, junto con las lógicas de uso establecidos en estos. Los usos agropecuarios y ambientales o de conservación del territorio, tal como el espacio público, quedaron supeditados a las necesidades de las urbes, de manera que la expansión y el desarrollo de las ciudades suceden a expensas de estos.

 

En este sentido, es necesario enfatizar en que el sostenimiento de las ciudades está estrechamente ligado al funcionamiento de grandes zonas que no son urbanas las cuales permiten el abastecimiento de agua, alimentos y generación de energía, así como de zonas para la disposición de residuos y recepción de vertimientos, entre otros, lo cual representa una dinámica ultra funcional que está a merced de prioridades lejanas a la de fortalecer las dinámicas relacionales entre las personas, la naturaleza y los espacios que habitan, lo que genera un claro desbalance entre las ciudades y las áreas rurales necesarias para garantizar estos procesos.

 

Es en este sentido que la disputa por el territorio es un suceso expandido entre las dinámicas urbanas y rurales-ambientales, disputa reflejada en la generación de conflictos como, en el caso de Bogotá, los que están ligados a la urbanización de los Cerros Orientales y el área rural de la localidad de Usme, o de áreas protegidas como en el Parque Nacional Farallones de Cali, o la ocupación sobre espacios de ronda y su posterior inundación, como sucedió en la cuenca del río Tunjuelo en la localidad de Bosa al sur de la capital del país, o con las viviendas de alto costo en la cuenca del río Bogotá en el municipio de Chía.

 

Bajo el actual modelo económico, la ciudad consume recursos externos y territorio, invade, desplaza, niega, impone; realidad que invita a pensar en nuevas formas de planificarla, gestionarla y construirla, eliminando o disminuyendo las desigualdades territoriales que genera su desarrollo. Es por ello que el encuentro y la interacción entre las diversas ciudadanías y sujetos urbanos también implican el relacionamiento de estos con los sujetos campesinos, los habitantes y cuidadores de áreas protegidas.

 

Los espacios de borde urbano rural, que se vienen consolidando en localidades como Usme y San Cristóbal en Bogotá, por ejemplo, dan cuenta de la posibilidad del encuentro, de la viabilidad de generar espacios públicos integrales donde se armonicen los usos y prácticas urbanas, rurales y ambientales en la ciudad. Prácticas que surgen desde abajo y que reivindican el derecho a la ciudad, a una ciudad diversa e incluyente en donde la experiencia urbana sea resultado de prácticas colectivas.

Publicado enEdición Nº249
Lunes, 02 Julio 2018 09:51

De Cazucá a la tierra

De Cazucá a la tierra

Comprendí que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz [...] 

Fueron cuatro golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia.


Albert Camus-El extranjero

 

El cielo ha sido un cíclope, y el sol como su ojo de fuego destilando odio a cada lengüetazo. Su fulgor que encegueció a Mersault cuando apuntó con su revólver al árabe y descargó los cuatro tiros del tambor sobre la silueta del hombre al que no podía ver con claridad porque la luz lo encandiló. Lo que hizo entonces, al no verlo, fue asesinarlo con el ímpetu de su corazón, con las palpitaciones de la sangre que bombeaba en su cabeza y le produjeron desesperación. Luego de los disparos, todo fue silencio y una extraña sensación, de liviandad quizás, de orfandad en el vasto mundo. Eso fue lo primero que pensé cuando Poveda, de quince años de edad y que integra un grupo de aceleración de un colegio de Bosa, al sur occidente de Bogotá, me contó su historia.


Aquella misma mañana, una mañana cualquiera del mes de mayo de 2018 en que extrañamente el sol refulgía con furia sobre Bogotá, un amigo de su barrio fue hasta su casa y le avisó que las pintas estaban dando papaya, pues se encontraban campantes, sentados frente a otra de las ollas del barrio, hablando, como si no le debieran nada a nadie. Poveda entonces supo que era su oportunidad, se levantó, se puso una sudadera, cogió su bicicleta, le dijo a su mamá que no se demoraba y sin desayunar ni lavarse los dientes salió de la casa con dirección a la olla del Mono cuco y el Burro, quienes les pasaron los fuetes. Sebastián, como se llamaba su amigo, se acomodó la cachucha de los Lakers y Poveda intentó ajustar el revólver entre sus boxers y su vientre, ya que el material de algodón de su sudadera hacía que la cacha se resbalara. Antes de treparse a las bicicletas, el Burro les ofreció un cigarrillo de marihuana, para que se fueran relajados, y cuando arrojaron el resquicio del pucho, se echaron la bendición y empezaron a pedalear.

 

El barrio

 

Y pedalearon por las calles sin asfaltar del barrio Bosa Santa Fe, ubicado al sur de la localidad de Bosa, y que colinda con el canal de Cundinamarca, el río Bogotá y con los barrios Potreritos, Villa Ema y Ciudadela el Recreo. Sector en el que el Distrito de Bogotá, a través del Programa Integral de Vivienda Efectiva, construyó en 2017, 6.129 viviendas, agrupadas en el conjunto Campo Verde, para familias ahora llamadas pomposamente en condición de vulnerabilidad.

 

Sin embargo, esta zona de la ciudad se ha visto afectada por serios problemas debido a las constantes inundaciones que presenta, a la escasez del transporte público, y a los altos índices de delincuencia. Del mismo modo, la comunidad de indígenas muiscas que habitan el sector, interpusieron las respectivas denuncias para que frenaran la construcción, ya que en ningún momento se les consultó sobre la urbanización de los predios, pero como era de esperarse jamás les prestaron mayor atención.

 

Poveda y Sebastián son habitantes de esta zona, específicamente del conjunto residencial llamado El Bicentenario, el cual fue creado por «La Caja de la Vivienda Popular por medio del programa de Reasentamientos Humanos y buscando proteger la vida de las familias vulnerables» (radiosantafe.com, 2010). Esto quiere decir que además de las familias que salieron huyendo de las montañas de Ciudad Bolívar como víctimas de la violencia, el microtráfico y la delincuencia, también arribaron a El Bicentenario otro tipo de personas con el propósito de encubar el terror y establecer sus negocios ilícitos, como es el caso de la banda de narcotraficantes y asaltantes denominada los Nocopeo, que tenían allí su guarida y centro de operaciones.

 

Las calles del barrio están sin asfaltar, varias casas funcionan como dispendio de drogas, tanto así que de forma recurrente la policía aparece y quita las puertas de las casas; los caciques de las ollas caminan con tranquilidad armados a plena luz del día, y por lo tanto, los habitantes del sector viven con miedo. Anteriormente, el conjunto tenía una reja que lo bordeaba, la policía la quitó para establecer mayor control, pero el día en que empezaron a echarla abajo hubo un tiroteo que dejó varios muertos y heridos. Adentro del conjunto también hay ollas, pequeñas casas que sirven para el expendio del bazuco y donde se arriendan los cuatro cuartos que tienen para su consumo. Unas cuadras más abajo de El Bicentenario se extiende macilenta la cuadra picha, donde vive el cacique general, o el duro de la zona. Mejor dicho, la gente no puede salir en la noche, es muy peligroso, si alguien debe salir, tiene que hacerlo acompañado.

 

Infancia

 

Poveda vive allí desde hace tres años, me cuenta entretanto acomoda el mechón de pelo que le atraviesa la frente. Estamos sentados en un salón de clases y el sol golpea fuerte sobre Bogotá, el mismo sol de El extranjero de Camus. Como ya conté, tiene 15 años, es moreno, de contextura gruesa, rostro fuerte, expresión sombría, la piel de su cara es acartonada y tiene múltiples orificios, no por el acné sino por automutilaciones. Nunca mira a nadie directo a los ojos, por lo tanto su cabeza se mueve buscando escapatoria, para que nadie lo mire, para no hacer contacto con ningún interlocutor. Sus manos también están cicatrizadas, pero estas últimas, él me cuenta, son producto de la cantidad de papas que debe pelar en El Redentor, la cárcel para menores de edad en la que se encuentra recluido.

 

Su voz es pausada, no articula bien la letra r, no pronuncia la l que está a mitad de palabra, y jamás las finaliza con la s. Me cuenta que antes vivía en Cazucá, altos de Cazucá, que corresponde a la Comuna 4 del municipio de Soacha. Este barrio triste, marchito por el polvo que se levanta de sus calles, pobre y lóbrego, es aún refugio para los más de 17.000 desplazados por la violencia de todo el país, que encontraron en aquella montaña o en sus faldas, un trozo de raíz para sostenerse y no caer definitivamente al abismo. Y sus habitantes deben vivir, además sin servicios públicos, con el miedo constante que producen las bandas criminales que crecen como parásitos en una letrina y con la presencia pestilente de los grupos paramilitares, que regularmente hacen sus famosas limpiezas sociales.

 

La casa, o el rancho en el que creció y vivió estaba levantado sobre la falda de una montaña, sus paredes eran de lámina de madera y su techado era de zinc y hojalata. Allí se apretujaban Poveda, su mamá, cuatro hermanos, dos de ellos mayores y su papá cuando aparecía. Y por eso, porque su papá pocas veces frecuentaba su casa, su mamá debía rebuscarse lo de los alimentos vendiendo bolsas de basura.

 

Por supuesto, cuando le pregunto por el paradero de su padre, Poveda inclina más la cabeza, como si quisiera girarla 180 grados, o quizás arrancársela y arrojarla al bote de basura. Me dice: “él camellaba en una olla, era el cacique de una olla”, en el barrio le tenían respeto, que puede traducirse como miedo, porque era fácilmente alterable, ya había asesinado a varias personas. Incluso, un día que tuvo un altercado con el cacique de otra olla, se armó de un revólver y una granada y se dirigió a donde su enemigo, pero al comprobar que la olla estaba repleta de gente, decidió arrojar la granada. Luego su papá debió esconderse por un tiempo y cuando regresó consumía más drogas, hasta que una mañana, cuando Poveda tenía 6 años, la misma Sijin lo mató cuando intentaba huir por el techado de una casa.

 

Dos de sus hermanos mayores no corrieron con mejor suerte. A uno de ellos lo mataron por una jovencita, le pegaron 3 puñaladas y a su otro hermano lo mató la limpieza paramilitar de la zona cuando se encontraba departiendo con sus amigos y de la ventana de una camioneta salió la boca de una ametralladora. Del año 2004 al 2006, Jaime Andrés Marulanda de 26 años, alias el Chiquitín y miembro de las AUC, asesinó a más de 137 jóvenes de Soacha y Cazucá. Al momento de dictarle una sentencia de 28 años de cárcel, el Chiquitín se enfureció porque la condena estaba argumentada por el asesinato de 37 jóvenes, y él reclamó que les habían faltado otros 100, que además él le había hecho un favor a la comunidad, y que por cada joven asesinado recibía un pago de 400.000 pesos.

 

El crimen

 

Poveda pega su mirada al sol, como si no lo afectaran sus rayos. Creo que percibe su reflejo abotagado, perplejo, en la ventana. El resto de sus compañeros ríen por algún chiste, pero él permanece inmutable. Luego voltea lentamente su cabeza, me mira un instante y antes de proseguir con su historia vuelve a anclar su mirada al piso.

 

Sebastián pedalea a su lado derecho. Antes de doblar por la esquina donde están los enemigos se miran de reojo y palpan su vientre para comprobar que permanecen allí los revólveres o fuetes. Cuando gira el manubrio de la bicicleta Poveda recuerda a sus dos amigos asesinados por los hombres que están a media cuadra, luego recuerda las tres puñaladas que un mes antes los mismos hombres le habían propinado, únicamente porque él pasó por una calle prohibida. Las fronteras invisibles, le digo yo. Siente entonces el picor de la herida de su vientre, la que casi lo mata y le produce ira. La sangre le bombea más rápido, se agita turbia en su interior y se agolpa en su cabeza, al mismo tiempo que las ruedas de su bicicleta giran y el sol le da pleno en los ojos. Es un sol inusual en Bogotá, es estival, diáfano, entra al mundo puro, como si no tuviera ningún obstáculo, ni que atravesar tanto espacio y tiempo.

 

Los hombres están sentados sobre la acera, a media cuadra de distancia, en frente de la olla. Son tres, fuman cigarrillo, se rotan un bareto y se ríen a carcajadas. Las risas penetran con estridencia en los oídos de Poveda que mira a su lado y observa como Sebastián se pone de pie en la bicicleta y acelera, entretanto con la mano derecha saca el revólver. Los hombres los observan y se percatan de que van por ellos. Uno se pone de pie y echa a correr y Sebastián dispara, el hombre cae y Sebastián lo remata con tres tiros en la cabeza. Poveda siente que le falta el aire, no me dio nada matarlos, me confiesa, acelera también, saca el revólver y apunta al primero al que le pega un tiro que se pierde en el aire y otro que le da en una pierna, este hombre alcanza a huir por una bocacalle, pero el otro no alcanza a reaccionar y recibe un balazo primero en el hombro y otro en el pecho. Cuatro disparos, los mismos de Mersault.

 

Sebastián mira a Poveda y le hace un gesto cuando escuchan que salen personas por las ventanas y que a lo lejos aúlla una sirena de la policía. Emprenden la huida, cada uno por una calle diferente. Poveda siente cómo la adrenalina regurgita en su interior y se disemina por sus extremidades. Se siente tranquilo y satisfecho. Recuerda que tiene empuñado, con mucha fuerza, el revólver, el cual arroja a un costado, hacia un potrero. Gira por una esquina, no sabe con exactitud en dónde se encuentra, pero gira y pedalea como si fuera su última carrera, como si así lograra escapar del infierno. El sol golpea de nuevo en sus ojos y lo encandila, no lo deja ver las dos motos de la policía que se acercan a toda velocidad, ni a los policías que las conducen y que ya le apuntan.

 

Quizás Poveda jamás hubiera cometido el crimen si hubiera nacido en otro contexto, si sus padres lo hubieran bajado rápido de esa loma, si en su barrio no hubieran ollas en la casa vecina, si para estudiar no tuviera tantas necesidades. Estoy seguro de que Poveda es un fiel reflejo de las calles en las que creció, de la mirada perdida de su padre, de la sangre derramada de sus hermanos, de las avenidas sin asfaltar que debe recorrer diariamente levantando polvaredas que ensucian sus zapatos y lo enceguecen, de la desesperanza de no tener un futuro, solo un presente demasiado cercano, oscuro y tétrico, pero diáfano, porque no hay esperanza en él. Quizás Poveda sería un estudiante brillante si estuviera matriculado en uno de esos colegios del norte o de la Sabana de Bogotá que tienen canchas de fútbol, hermosas bibliotecas y piscina. Y de otra cosa estoy seguro, entretanto me despido dándole la mano y mi número de teléfono, porque las cosas en El Redentor son duras y de pronto necesita algo, ojalá un libro, y es que Poveda es un extranjero de la vida, de su contexto, de su tiempo, de las condiciones de su sociedad, un extranjero enceguecido por la inminente pobreza y violencia que brilla más que la luz del sol.

 

Referencias

radiosantafe.com. (19 de 9 de 2010). www.radiosantafe.com. Obtenido de www.radiosantafe.com: http://www.radiosantafe.com/2010/09/29/conjunto-residencial-el-bicentenario-sera-el-hogar-de-667-familias-vulnerables/

 

Video relacionado

https://youtu.be/_cLuZ7vS9eg

 

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