Muelle de cabotaje, sector el Piñal, Buenaventura.

A la histórica pobreza padecida por los habitantes del recóndito litoral Pacífico colombiano, desde hace unos años se le suma el desespero causado por la inseguridad que acorrala a quienes lo habitan, así como a propietarios y pilotos de pequeñas y medianas embarcaciones –conocidas como transporte de cabotaje–, sometidos a un constante drama. Así lo narra y denuncia Javier Torres Caicedo, líder social y empresario del transporte marítimo.

 

En 2018 se presentaron 48 casos de asaltos en alta mar en la costa Pacifica colombiana, así como de extorsión en Buenaventura a los propietarios de embarcaciones. El registro lo procesó la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico –Atransmaflupa–. Las pérdidas estimadas por estas acciones  superan los 8.000 millones de pesos. En lo corrido de 2019 se han registrado 12 casos de robos en alta mar y tierra a los pequeños empresarios del transporte, y se estima que las pérdidas se aproximan a 1.500 millones de pesos.

Es necesario resaltar que el cabotaje es el único medio de transporte que comunica y resuelve en materia de carga, la vida cotidiana de 16 municipios y más de 200 pequeños caseríos desperdigados a lo largo del litoral pacífico colombiano, pertenecientes a los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño que tienen como capital natural a la ciudad puerto de Buenaventura.

Al histórico abandono estatal y a la ausencia de normativas que regulen específicamente su actividad, se le agrega una inseguridad crónica que se agudizó en los últimos tres años con pérdidas millonarias, al punto que la actividad del transporte como iniciativa económica, que tienen muchos propietarios y pilotos “marinos”, está al borde de la quiebra.



Los piratas del siglo XXI



Los primeros robos a los transportadores, realizados con cierta periodicidad, se presentaron hacia 2007, y eran realizados por personas que usaban armas visiblemente rudimentarias y que no desplegaban claras muestras de experticia en la actividad delincuencial. Luego el fenómeno disminuyó y desde 2014 reaparece con creciente frecuencia.  

En los últimos años, una de las novedades del problema consiste en que los casos de asalto en altamar evidencian el uso de armas de fuego cada vez más sofisticadas por parte de piratas que a su vez se movilizan en modernas lanchas rápidas. Esta situación ofrece la certeza de la consolidación de una engranada estructura con alto grado de especialidad, que tiene alarmados a usuarios y empresarios del sector.

El fenómeno ha sido registrado cuidadosamente por pequeños empresarios, organizados en Atransmaflupa,  asociación que agrupa a más de 100 pilotos y propietarios, los cuales representan al menos el 75 por ciento del total de naves que con su labor comunican la zona litoral de los cuatro departamentos.

Son numerosos los municipios conectados por este sistema de transporte que hoy, junto con cientos de caseríos, se ven amenazados por asaltos frecuentes. En el departamento de Nariño son: Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera (Satinga), Santabárbara Iscuandé, El Charco y La Tola. En el departamento del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay.  Buenaventura en el Valle del Cauca, y en el Chocó los poblados afectados son: Litoral del San Juan, Pizarro, Nuquí, Bahía Solano y Juradó. Estos municipios en total superan, con sus numerosos caseríos, el millón de habitantes.

El transporte en estos territorios, tanto de pasajeros como de alimentos y toda clase de insumos –que van desde cemento y ladrillo hasta hierro y herramientas de trabajo–, se lleva a cabo a través de las llamadas embarcaciones de cabotaje. Transporte de insumos y materiales que no es en una sola vía, ya que desde el interior de la selva salen materiales variados y apreciados como el caso de las maderas de sonoros nombres como Sajo, Cedro, Chanul, Algarrobo, Sande y Abarco, las cuales son de altísimo valor para la elaboración de muebles, pisos y variados usos en la industria, incluso en la construcción misma de barcos. Otro producto emblemático de la región se produce a partir de la pesca, la cual sufre mengua desde hace muchos años, pero que con dificultades sigue aportando a la cocina colombiana ricas variedades como Pargo, Pelada, Cierra, Ñato y Camarón; productos comercializados en primera instancia con Cali y Bogotá.

Es así como todo este flujo de bienes que sustenta la economía y la vida misma de cientos de familias, se están marchitando por efecto de los robos, ejecutados mediante la modalidad de asalto con arma de fuego, y ocurridos con una azarosa sistematicidad que mantiene en angustiante alerta a las potenciales víctimas.

No es para menos. Los operativos son realizados por piratas que en naves modernas y cada vez más rápidas alcanzan y abordan a las embarcaciones de cabotaje, que usualmente llevan tanto pasajeros como carga con materiales e insumos para el consumo humano. Los desconocidos, que llegan armados, despojan del dinero –y en algunos casos de bienes y joyas– tanto a la tripulación como a los pasajeros que usualmente se suben y se bajan entre decenas de pequeños caseríos, aunque el mayor número abordan las naves en Buenaventura o Tumaco.

 

El reino del miedo y la desesperanza  



La situación es particularmente grave por el desamparo que sienten las víctimas, quienes suelen mostrar temor a denunciar por las represalias sufridas en otras circunstancias cuando han radicado testimonio alguno, y ante la nula eficacia de la Fiscalía en los casos en que se ha presentado la denuncia por asalto en altamar.

De acuerdo con Javier Torres Caicedo, presidente de Atransmaflupa, el resultado es una impunidad de 100 por ciento en los casos de asaltos ocurridos en altamar,  lo que podríamos presentar  desde otro ángulo como un cien por ciento de efectividad para quienes realizan el ilícito,  que en ese entorno ven cada vez más lucrativa la actividad, mientras se refuerza la desconfianza que tienen las víctimas, tanto hacia la Fiscalía, como hacia las fuerzas del Estado que tienen la tarea de brindar seguridad en el mar,  bien la Armada Nacional o bien la Fuerza Naval del Pacífico.

Don Javier Torres, una de las pocas personas que se atreve a denunciar y a declarar ante medios, desde la organización que fundó en 2015 justamente buscando mayor capacidad de visibilizar y defender los intereses de su sector, encuentra algunas explicaciones para lo que está ocurriendo, las mismas que no son fáciles de entender desde el interior del país.

Según su conocimiento, en Colombia no existe una legislación que regule ni el tránsito ni la seguridad del transporte de cabotaje, pues la legislación actual es concebida para la persecución del narcotráfico, por lo que la Infantería de Marina y las unidades de Guarda Costa del Pacífico que hacen sus operativos, centran su atención en las motonaves sospechosas de estar vinculadas con tráfico de drogas y restan importancia a la seguridad del sector cabotaje.

Ante este panorama, y luego de numerosas denuncias sin resultados, la alternativa que contempla con mesurada expectativa el líder de este sector, es llevar el tema al Congreso de la República, para lo cual está realizando los primeros acercamientos con el grupo de congresistas que han mostrado particular sensibilidad con los problemas del Pacífico colombiano, encabezados por Alexander López Maya, quien abiertamente ha respaldado el proceso del Paro Cívico concretado por la población de Buenaventura y de otros municipios hace dos años y un mes (mayo 2017), y el posterior seguimiento a los acuerdos con el Gobierno.

Cuando nos despedimos de don Javier, al concluir la entrevista que sirvió de insumo para este artículo, su mirada enclavada en la profundidad del mar proyectaba esperanza, la misma, junto con el optimismo, que desde siempre ha caractetizado a quienes habitan esta parte del país. Esperanza y optimismo sin los cuales es imposible salir de faena al mar, bien para pescar, bien para transportar a quien lo requiera. Pero sin las cuales tampoco es posible sobrellevar la vida, mucho menos cuando se impone el irrespeto por la misma.

 


 

 

En la extensa franja de 1.300 kilómetros que conforman el litoral del Pacífico colombiano, las distancias son naturalmente largas y todo parece lejano. Y sin embargo, hasta este entorno que a primera vista impresiona al visitante con su luminosa belleza, y sugiere un remanso de paz en la altamar del profundo océano, está permeado por la delincuencia, con escasa respuesta del aparato de seguridad estatal, a pesar de que el Pacífico colombiano es intensamente patrullado en prevención y persecución del flujo de narcóticos.
Publicado enEdición Nº258
Muelle de cabotaje, sector el Piñal, Buenaventura.

A la histórica pobreza padecida por los habitantes del recóndito litoral Pacífico colombiano, desde hace unos años se le suma el desespero causado por la inseguridad que acorrala a quienes lo habitan, así como a propietarios y pilotos de pequeñas y medianas embarcaciones –conocidas como transporte de cabotaje–, sometidos a un constante drama. Así lo narra y denuncia Javier Torres Caicedo, líder social y empresario del transporte marítimo.

 

En 2018 se presentaron 48 casos de asaltos en alta mar en la costa Pacifica colombiana, así como de extorsión en Buenaventura a los propietarios de embarcaciones. El registro lo procesó la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico –Atransmaflupa–. Las pérdidas estimadas por estas acciones  superan los 8.000 millones de pesos. En lo corrido de 2019 se han registrado 12 casos de robos en alta mar y tierra a los pequeños empresarios del transporte, y se estima que las pérdidas se aproximan a 1.500 millones de pesos.

Es necesario resaltar que el cabotaje es el único medio de transporte que comunica y resuelve en materia de carga, la vida cotidiana de 16 municipios y más de 200 pequeños caseríos desperdigados a lo largo del litoral pacífico colombiano, pertenecientes a los departamentos de Valle, Cauca, Chocó y Nariño que tienen como capital natural a la ciudad puerto de Buenaventura.

Al histórico abandono estatal y a la ausencia de normativas que regulen específicamente su actividad, se le agrega una inseguridad crónica que se agudizó en los últimos tres años con pérdidas millonarias, al punto que la actividad del transporte como iniciativa económica, que tienen muchos propietarios y pilotos “marinos”, está al borde de la quiebra.



Los piratas del siglo XXI



Los primeros robos a los transportadores, realizados con cierta periodicidad, se presentaron hacia 2007, y eran realizados por personas que usaban armas visiblemente rudimentarias y que no desplegaban claras muestras de experticia en la actividad delincuencial. Luego el fenómeno disminuyó y desde 2014 reaparece con creciente frecuencia.  

En los últimos años, una de las novedades del problema consiste en que los casos de asalto en altamar evidencian el uso de armas de fuego cada vez más sofisticadas por parte de piratas que a su vez se movilizan en modernas lanchas rápidas. Esta situación ofrece la certeza de la consolidación de una engranada estructura con alto grado de especialidad, que tiene alarmados a usuarios y empresarios del sector.

El fenómeno ha sido registrado cuidadosamente por pequeños empresarios, organizados en Atransmaflupa,  asociación que agrupa a más de 100 pilotos y propietarios, los cuales representan al menos el 75 por ciento del total de naves que con su labor comunican la zona litoral de los cuatro departamentos.

Son numerosos los municipios conectados por este sistema de transporte que hoy, junto con cientos de caseríos, se ven amenazados por asaltos frecuentes. En el departamento de Nariño son: Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera (Satinga), Santabárbara Iscuandé, El Charco y La Tola. En el departamento del Cauca: Guapi, Timbiquí y López de Micay.  Buenaventura en el Valle del Cauca, y en el Chocó los poblados afectados son: Litoral del San Juan, Pizarro, Nuquí, Bahía Solano y Juradó. Estos municipios en total superan, con sus numerosos caseríos, el millón de habitantes.

El transporte en estos territorios, tanto de pasajeros como de alimentos y toda clase de insumos –que van desde cemento y ladrillo hasta hierro y herramientas de trabajo–, se lleva a cabo a través de las llamadas embarcaciones de cabotaje. Transporte de insumos y materiales que no es en una sola vía, ya que desde el interior de la selva salen materiales variados y apreciados como el caso de las maderas de sonoros nombres como Sajo, Cedro, Chanul, Algarrobo, Sande y Abarco, las cuales son de altísimo valor para la elaboración de muebles, pisos y variados usos en la industria, incluso en la construcción misma de barcos. Otro producto emblemático de la región se produce a partir de la pesca, la cual sufre mengua desde hace muchos años, pero que con dificultades sigue aportando a la cocina colombiana ricas variedades como Pargo, Pelada, Cierra, Ñato y Camarón; productos comercializados en primera instancia con Cali y Bogotá.

Es así como todo este flujo de bienes que sustenta la economía y la vida misma de cientos de familias, se están marchitando por efecto de los robos, ejecutados mediante la modalidad de asalto con arma de fuego, y ocurridos con una azarosa sistematicidad que mantiene en angustiante alerta a las potenciales víctimas.

No es para menos. Los operativos son realizados por piratas que en naves modernas y cada vez más rápidas alcanzan y abordan a las embarcaciones de cabotaje, que usualmente llevan tanto pasajeros como carga con materiales e insumos para el consumo humano. Los desconocidos, que llegan armados, despojan del dinero –y en algunos casos de bienes y joyas– tanto a la tripulación como a los pasajeros que usualmente se suben y se bajan entre decenas de pequeños caseríos, aunque el mayor número abordan las naves en Buenaventura o Tumaco.

 

El reino del miedo y la desesperanza  



La situación es particularmente grave por el desamparo que sienten las víctimas, quienes suelen mostrar temor a denunciar por las represalias sufridas en otras circunstancias cuando han radicado testimonio alguno, y ante la nula eficacia de la Fiscalía en los casos en que se ha presentado la denuncia por asalto en altamar.

De acuerdo con Javier Torres Caicedo, presidente de Atransmaflupa, el resultado es una impunidad de 100 por ciento en los casos de asaltos ocurridos en altamar,  lo que podríamos presentar  desde otro ángulo como un cien por ciento de efectividad para quienes realizan el ilícito,  que en ese entorno ven cada vez más lucrativa la actividad, mientras se refuerza la desconfianza que tienen las víctimas, tanto hacia la Fiscalía, como hacia las fuerzas del Estado que tienen la tarea de brindar seguridad en el mar,  bien la Armada Nacional o bien la Fuerza Naval del Pacífico.

Don Javier Torres, una de las pocas personas que se atreve a denunciar y a declarar ante medios, desde la organización que fundó en 2015 justamente buscando mayor capacidad de visibilizar y defender los intereses de su sector, encuentra algunas explicaciones para lo que está ocurriendo, las mismas que no son fáciles de entender desde el interior del país.

Según su conocimiento, en Colombia no existe una legislación que regule ni el tránsito ni la seguridad del transporte de cabotaje, pues la legislación actual es concebida para la persecución del narcotráfico, por lo que la Infantería de Marina y las unidades de Guarda Costa del Pacífico que hacen sus operativos, centran su atención en las motonaves sospechosas de estar vinculadas con tráfico de drogas y restan importancia a la seguridad del sector cabotaje.

Ante este panorama, y luego de numerosas denuncias sin resultados, la alternativa que contempla con mesurada expectativa el líder de este sector, es llevar el tema al Congreso de la República, para lo cual está realizando los primeros acercamientos con el grupo de congresistas que han mostrado particular sensibilidad con los problemas del Pacífico colombiano, encabezados por Alexander López Maya, quien abiertamente ha respaldado el proceso del Paro Cívico concretado por la población de Buenaventura y de otros municipios hace dos años y un mes (mayo 2017), y el posterior seguimiento a los acuerdos con el Gobierno.

Cuando nos despedimos de don Javier, al concluir la entrevista que sirvió de insumo para este artículo, su mirada enclavada en la profundidad del mar proyectaba esperanza, la misma, junto con el optimismo, que desde siempre ha caractetizado a quienes habitan esta parte del país. Esperanza y optimismo sin los cuales es imposible salir de faena al mar, bien para pescar, bien para transportar a quien lo requiera. Pero sin las cuales tampoco es posible sobrellevar la vida, mucho menos cuando se impone el irrespeto por la misma.

 


 

 

En la extensa franja de 1.300 kilómetros que conforman el litoral del Pacífico colombiano, las distancias son naturalmente largas y todo parece lejano. Y sin embargo, hasta este entorno que a primera vista impresiona al visitante con su luminosa belleza, y sugiere un remanso de paz en la altamar del profundo océano, está permeado por la delincuencia, con escasa respuesta del aparato de seguridad estatal, a pesar de que el Pacífico colombiano es intensamente patrullado en prevención y persecución del flujo de narcóticos.
Publicado enColombia
La profesora de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva. Belinda Soncini/ZUMA Wire

La profesora de Economía de la Universidad de Harvard, Stefanie Stantcheva, reclama que se "escuche" a la gente "y sus circunstancias" antes de aprobar impuestos

"Está bien gravar los combustibles, pero si no hay alternativa al transporte privado, afectará a las personas pero no reducirá la contaminación", explica Stantcheva

 

Stefanie Stantcheva es economista. Búlgara de nacimiento, francesa de nacionalidad y estadounidense de vida, en cuanto a que vive y trabaja como profesora en Harvard. En mayo pasado, esta profesora de 41 años recibió el premio de la mejor economista joven concedido por Le Monde y Le Cercle des Économistes de París. Estos días ha estado en Bruselas hablando de impuestos dentro del Brussels Economic Forum.

¿Hay una preocupación sobre cómo poner impuestos?

Es un asunto muy común. Hay muchas preocupaciones sobre ello, sobre la equidad. Estamos dándole vueltas, tanto en la UE como en EEUU y en el mundo en general.  Por eso creo que hay tanto interés en estos momentos en los que, además, estamos afrontando nuevos desafíos en todo el mundo. Es muy diferente cómo quieres poner impuestos en una economía cerrada o en una economía globalizada. Hay muchos desafíos y los habrá todo el tiempo, por lo que los sistemas impositivos no pueden ser estáticos, tienen que adaptarse y evolucionar.

¿Qué opina del debate europeo sobre la armonización fiscal?

Déjame abordar la pregunta desde el punto de vista de un economista, hay pros y contras en la uniformidad de la política fiscal. Los pros es que evitas que la gente y las empresas se muden por razones de impuestos, eso es una ganancia. Por otro lado, la política fiscal es mejor si se hace de forma local, está mejor afinada y diseñada si atiende a las consideraciones locales.

Ahora, eso no significa que no haya que tener políticas coordinadas. Es posible tener una jurisdicción a escala comunitaria con una política fiscal coordinada que te permita hacer políticas diferentes en lo local, pero como está coordinada evita que esas políticas acaben empobreciendo al vecino con carreras para bajar los impuestos. Por tanto, los economistas recomendarían una política coordinada, en la que puedas dejar un margen para ajustes locales, reducciones por circunstancias económicas...

¿Por qué los impuestos son de izquierdas y no de derechas?

¿Cuál es el nivel apropiado de impuestos? Los economistas te dirán que hay una fórmula fiscal, en la que en un lado están los costes de los impuestos en cuanto a la actividad económica, y cómo afecta a la mano de obra y la innovación. Y, en el otro lado, tenemos los beneficios de los impuestos: la recaudación y la redistribución. Y la gente puede, con mejores datos y estudios, estar de acuerdo con los costes de los impuestos. Es una cuestión empírica, tenemos que estudiarlo.

Pero en el lado de los beneficios de los impuestos, en realidad depende de tus preocupaciones en justicia social y en tus estándares de justicia. Cuánta desigualdad eres capaz de tolerar o no. Y esto es algo que los economistas no pueden decirte. Es algo que realmente depende de tu sentido de la justicia y la equidad. Y ahí es donde la gente difiere mucho, y en diferentes países la polarización es profunda entre gente que piensa que es justo o no tener más o menos desigualdad.

Los impuestos no son la única herramienta para redistribuir. En algunos lugares se piensa que esta redistribución se hace mejor a través de la caridad privada o empresarial, y que el Gobierno no debe intervenir mucho. Pero sí, al final todo reside en la diferencia sobre los conceptos de justicia.

¿Y de cuánta desigualdad se puede soportar?

Sí, de cuanta desigualdad puedes tolerar. Pero déjame también decir algo interesante desde el punto de vista de los negocios y la economía, la gente no sólo difiere en los puntos de vista de la justicia en tanto que no tenemos la respuesta de cómo afectan los impuestos.

Hice un estudio para comprender lo que la gente de derechas y la gente de izquierdas piensan de las consecuencias de los impuestos. Y puedes ver que la gente de derechas piensa que tienen más costes, más incidencias en el empleo, en las pérdidas de puestos de trabajo, que la gente tendrá que cambiar de país... 

Y esto es algo que deberíamos resolver, con mejores datos y mejores estudios, es la pregunta que debemos responder. No sobre opiniones, tiene que ser con hechos y datos, pero aún no estamos ahí porque necesitamos más investigaciones.

En la última campaña en España, hubo un debate en torno a Amancio Ortega, y su caridad, en torno a los impuestos que pagaba como empresa y a las donaciones voluntarias.

Es un asunto muy interesante. Y los países tienen diferentes actitudes hacia ello. Realmente la cuestión es si prefieres un dólar o un euro en manos de un rico filántropo o si queremos que ese dólar o euro esté sujeto a impuestos y en manos del Estado. 

Y tienes que confiar en el Estado.

Lo que la gente puede decir es que el beneficio de dárselo al Gobierno es que el Gobierno representa la voluntad democrática y la canalizará a causas que le importan a la gente, y lo cierto es que en EEUU ha habido estudios sobre a qué se dedica la caridad privada y suele ir a destinos diferentes de a donde invierte el Gobierno. El dinero privado va mucho más a arte, por ejemplo, y menos a la gente con rentas bajas. Claramente no se destina a lo mismo, aunque pueda haber excepciones.

El otro asunto es cuál es más costoso. El Gobierno puede tener grandes costes administrativos, pero puede ser eficiente al tener ya una estructura. Una entidad privada, sin embargo, quizá pueda dominar un área, pero también puede caer en duplicidades. 

Por tanto, estas son las cosas que hay que sopesar y los países tienen diferentes ideas al respecto. En EEUU la caridad privada está muy incentivada por deducciones fiscales muy fuertes. En Europa no lo es tanto, así que entiendo que en Europa se tiende a preferir el dinero en las manos de los gobiernos en lugar de donarlo. Y en EEUU tendemos a querer el dinero en manos de filántropos privados.

Usted suele repetir que los políticos y los gobiernos deberían escuchar a los ciudadanos y a los investigadores.

Los investigadores y los políticos tienen que escuchar a la gente, y por gente me refiero a la ciudadanía y los votantes. Y no me refiero a hacer políticas aprobadas en referendos, no estoy diciendo eso. Lo que quiero decir es que necesitamos comprender las percepciones de la gente, sus ideas sobre justicia y sus propias circunstancias económicas. 

La herramienta que propongo eran los estudios y las investigaciones, que pueden hacerse online y llegar a mucha gente. Gracias a la psicología sabemos cómo diseñarlos de un modo cuidadoso para que sean intuitivos, claros e interactivos, bien enfocados  y calibrados para que podamos conocer las percepciones de la gente.

He hablado de percepciones del sistema económico y las políticas económicas, qué idea tienen de justicia y aspectos sobre sus circunstancias personales que pueden ser difíciles de ver con otros datos. Pongo por ejemplo el impuesto sobre el carbono o los seguros sanitarios.

En el caso del impuesto sobre el carbono puede haber gente a favor hasta que, como en Francia, afecta al bolsillo de gente de la calle y se movilizan los chalecos amarillos por lo que supone llenar el depósito de la furgoneta.

El impuesto sobre el carbono es un ejemplo de porqué necesitamos realmente comprender y preguntar a la gente directamente acerca de sus circunstancias económicas, porque los datos del transporte u otros datos que podamos consultar nos dan respuestas incompletas o que generan confusión.

Por tanto, sin necesidad de centrarnos en los chalecos amarillos, es un asunto fundamental. 

Déjame hablar sobre los impuestos al combustible: la teoría económica nos dice que los impuestos pueden funcionar para reducir el consumo de combustibles... Pero sólo si la gente puede dejar de utilizar combustible. Por ejemplo, pueden dejar de usar el coche e ir en autobús, pero ha de ser posible ese cambio. Si no es posible, si estás atrapado con el medio de transporte, entonces no es un impuesto correctivo, es un fracaso que daña a la gente sin reducir la polución: van a reducir otros gastos, pero no se reducirá la contaminación.

Puedes ver los datos de transporte y que hay una gran red de autobús que puede usar la gente. Pero luego empiezas a preguntar y te das cuenta de que tienen que llevar los niños al cole, que los doctores están muy lejos, que tienen turnos de noche... Hay que comprender estos impedimentos para aplicar bien los impuestos. Hay que tener en cuenta todo paisaje. Por eso defiendo que hay que comprender las circunstancias de la gente y para eso lo mejor es preguntar directamente.

Además, estos impuestos son indirectos, afectan por igual a todos los bolsillos. No son progresivos. 

En general, los impuestos indirectos sobre bienes, tabacos... son regresivos, porque la gente con menos ingresos dedican un porcentaje mayor de su salario a pagarlos. Así, en teoría económica uno de los primeros resultados es que no debería jugarse con productos, precios, etc... Deberías hacer la redistribución con impuestos progresivos y, después, dejar actuar al mercado.

Pero hay excepciones a esta regla, y a veces hay buenas razones para gravar ciertos productos de manera diferente, y uno de ellos es un impuesto correctivo por la contaminación, el medio ambiente, lo cual está bien justificado. Pero, de nuevo, sólo puede funcionar si la gente puede cambiar de medio transporte.

Usted ha trabajado también sobre la percepción de la migración, y ha constatado que suelen exagerarse sus efectos.

Cuando la gente decide qué políticas apoyar, incluidas las políticas redistributivas como los impuestos progresivos, tienen consideraciones complejas. Y una es que la generosidad no viaja bien a través de las fronteras.

La gente es más favorable a redistribuir más entre gente parecida y menos entre gente diferente. Y los inmigrantes aparecen en las cabezas de las personas cuando se piensa en redistribución, el problema es que las percepciones de la gente sobre los inmigrantes suelen ser equivocadas. 

Hicimos un gran estudio en seis países donde preguntábamos a la gente su opinión sobre el número de migrantes, sis circunstancias económicas, sus orígenes, etcétera, y lo que vimos es que en todos los países sistemáticamente la gente piensa que hay más inmigrantes de los que hay, que hay más migrantes musulmanes de los que hay y que son más débiles económicamente y con menos estudios y ocupaciones laborales de lo que son y, por tanto, más dependientes de las políticas públicas de lo que realmente son. Por tanto, sí, todo el mundo está equivocado. Algunos grupos están más equivocados que otros, pero todos están bastante equivocados, y quien tiene una percepción menos acertada es la que tiene menos nivel educativo, la gente que trabaja en sectores con más proporción de migrantes en trabajos menos formados, y los que se sitúan más a la derecha del espectro ideológico también tiene una visión más equivocada sobre los inmigrantes.

Es muy importante porque si haces que la gente piense sólo en inmigrantes, que puede estar ocurriendo en una parte del debate político, tenderán a ser menos defensores de la redistribución, querrán menos impuestos progresivos, etcétera. Por tanto, es una preocupación grande de la gente.

Porque piensan que los impuestos van directamente a ellos.  

No estoy segura de que exista ese canal directo. Pero claramente hay un vínculo entre cuántos migrantes crees que hay, lo económicamente fuertes que crees que son y lo partidario que seas en la redistribución, según los resultados de nuestro estudio, que sostienen que simplemente hacer pensar a la gente en inmigrantes reduce su apoyo a la redistribución.

Pero, al margen de los impuestos, ¿qué otra manera efectiva hay para corregir desigualdades? 

Hay herramientas diferentes para los Gobiernos. Están los impuestos directos, que son ingresos automáticos. También están las regulaciones para intervenir en el mercado de una manera u otra; la otra es la iniciativa privada a través de la caridad o donaciones, lo que para algunos es buena idea; y están los impuestos indirectos progresivos que son una gran herramienta, con efectos poderosos en toda la economía.

Y es importante acertar. Si te pasas, puedes afectar en la actividad económica y en la innovación; y si te quedas corto puedes tener una sociedad en la que los grandes ingresos crezcan y los bajos se queden bajos. Hay que buscar el equilibrio. 

Hablábamos antes de los impuestos sobre los combustibles. Pero, ¿cómo puede ayudar la política fiscal a abordar la emergencia climática?

Es extremadamente urgente actuar contra el cambio climático. Los economistas tienen muchas sugerencias, como una acción sobre el carbono mundial, o sobre el comercio local, regulación sobre empresas, impuestos a los hogares... Estoy a favor de buscar todo tipo de intervenciones posibles. Pero lo único que quiero es alertar contra la aplicación de impuestos sin escuchar a la gente y cómo puede responder, y que tienen que ver con las redes de transporte público, por ejemplo, para que los impuestos no queden sin efecto.

En España también ha habido debate en las últimas campañas electorales con los impuestos de sucesiones. ¿Qué opina de su eliminación?

Sí, el debate está en todas partes. Depende del enfoque interno. Lo importante es saber qué es para ti justo y tolerable y según se plantee la pregunta: ¿Se debe gravar el trabajo de toda una vida que se lega a los hijos? ¿Es justo ser desigual desde el día de nacimiento, desde la cuna? Es un asunto complicado porque vincula dos generaciones, dos miradas desde una hacia la otra.

 

Por Andrés Gil- Corresponsal en Bruselas

29/06/2019 - 22:02h

Publicado enEconomía
Sábado, 29 Junio 2019 06:20

El viejo cuento de la corrupción

El viejo cuento de la corrupción

La narrativa política que justifica cualquier opción como forma de acabar con la corrupción es tan antigua como la política y como la narrativa. En América Latina es un género clásico y sólo gracias a la poca memoria de los pueblos es posible repetirla, generación tras generación, como si se tratase de una novedad.

 Pero esta narrativa, que sólo sirve a la consolidación o a la restauración de una determinada clase en el poder, se centra exclusivamente en la corrupción menor: un político, un senador, un presidente recibe diez mil o medio millón de dólares para favorecer a una gran empresa. Rara vez un pobre ofrece medio millón de dólares a un político para que le otorgue una pensión de quinientos dólares mensuales.

 Es corrupto quien le paga un millón de dólares a un político para ampliar los beneficios de sus empresas y es corrupto el pobre diablo que vota por un candidato que le ha comprado las chapas para el techo de su casita en la villa miseria.

 Pero es aún más corrupto aquel que no distingue entre la corrupción de la ambición y la corrupción de quien busca, desesperadamente, sobrevivir. Como decía la mexicana Sor Juana Inés de la Cruz a finales del siglo XVII, antes que el poder del momento la aplastara por insumisa:

 ¿O cuál es más de culpar,

 aunque cualquiera mal haga:

 la que peca por la paga

 o el que paga por pecar?

 Rara vez las acusaciones de corrupción se refieren a la corrupción legal. Ni importa si, gracias a una democracia orgullosa de respetar las reglas de juego, diez millones de votantes aportan cien millones de dólares a la campaña de un político y dos millonarios aportan sólo diez millones, una propina, al mismo candidato. Cuando ese político gane las elecciones cenará con uno de los dos grupos, y no es necesario ser un genio para adivinar cuál.

 No importa si luego esos señores logran que el congreso de sus países apruebe leyes que benefician sus negocios (recortes de impuestos, desregulación de los salarios y de las inversiones, etc.), porque ellos no necesitarán violar ninguna ley, la ley que ellos mismos escribieron, como un maldito ladrón que no le roba a diez millones de honestos e inocentes ciudadanos sino a dos o tres pobres trabajadores que sólo sentirán la ira, la rabia y la humillación por el despojo que ven y no por el que no ven.

 Pese a todo, aún podemos observar una corrupción aún mayor, mayor a la corrupción ilegal y mayor a la corrupción legal. Es esa corrupción que vive en el inconsciente del pueblo y que no procede de otro origen sino de la persistente corrupción del poder social que, como una gota, cava la roca a lo largo de los años, de los siglos.

 Es la corrupción que vive en el mismo pueblo que la sufre, en ese hombre cansando, de manos curtidas o de títulos universitarios, en esa mujer sufrida, con ojeras, o en esa otra de naricita levantada. Es esa corrupción que se va a la cama y se levanta con cada uno de ellos, cada día, para reproducirse en el resto de su familia, de sus amigos, como la gripe, como el ébola.

 No es simplemente la corrupción de unos pocos individuos que aceptan dinero fácil por los misteriosos atajos de la ley.

 No, no es la corrupción de quienes están en el poder, sino esa corrupción invisible que vive como un virus de la frustración de quienes buscan acabar con la corrupción con viejos métodos probadamente corruptos.

Porque corrupción no es solo cuando alguien da o recibe dinero ilícito, sino también cuando alguien odia a los pobres porque reciben una limosna del Estado.

 Porque la corrupción no es sólo cuando un político le da una canasta de comida a un pobre a cambio de su voto, sino cuando quienes no pasan hambre acusan a esos pobres de corruptos y holgazanes, como si no existieran los holgazanes en las clases privilegiadas.

 Porque la corrupción no es sólo cuando un pobre holgazán logra que un político o el Estado le den una limosna para dedicarse a sus miserables vicios (vino barato en lugar de Jameson Irish whiskey), sino también cuando quienes están en el poder se convencen y convencen a los demás que sus privilegios lo ganaron ellos solos y en la más pura, destilada, justa ley, mientras que los pobres (esos que lavan sus baños y compran sus espejitos) viven del intolerable sacrificio de los ricos, algo que sólo un general o un Hombre de Negocios con mano dura puede poner fin.

 Porque corrupción es cuando un pobre diablo apoya a un candidato que promete castigar a otros pobres diablos, que son los únicos diablos que el pobre diablo resentido conoce, porque se ha cruzado con ellos en la calle, en los bares, en el trabajo.

 Porque corrupción es cuando un mulato como Domingo Sarmiento o Antonio Hamilton Martins Mourão siente vergüenza de los negros de su familia y odio infinito por los negros ajenos.

 Porque corrupción es cuando un elegido de Dios, alguien que confunde la interpretación fanática de su pastor con los múltiples textos de una Biblia, alguien que va todos los domingos a la iglesia a rezarle al Dios del Amor y al salir tira unas monedas a los pobres y al día siguiente marcha contra el derecho a los mismos derechos de gente diferente, como los gays, las lesbianas, los trans, y lo hace en nombre de la moral y del hijo de Dios, Jesús, sí, ese mismo que tuvo mil oportunidades de condenar a esa misma gente diferente, inmoral, y nunca lo hizo, sino lo todo contrario.

 Porque corrupción es apoyar a candidatos que prometen la violencia como forma de eliminar la violencia.  

Porque corrupción es creer y repetir con fanatismo que las dictaduras militares que asolaron América Latina desde el siglo XIX, esas que practicaron todas las variaciones posibles de corrupción, pueden alguna vez ser capaces de terminar con la corrupción.

Porque corrupción es odiar y, al mismo tiempo, acusar al resto de sufrir de odio.

Porque la corrupción está en la cultura y hasta en el corazón de los individuos más honestos de una sociedad.

Porque la peor de las corrupciones no se lleva un millón de dólares, sino aquella otra que no deja ver ni escucha los alaridos de la historia, ni se escucha ni deja que se vea hasta que es demasiado tarde.

Por Jorge Majfud, profesor uruguayo-estadounidense. 

Tequila y El mismo fuego son sus dos últimas novelas. 

Publicado enSociedad
La foto que conmueve al mundo: padre e hija murieron al intentar cruzar un río

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

Otra vez una foto que expone el costado más cruel de la crisis migratoria conmueve al mundo entero. La imagen muestra los cuerpos de un hombre y su pequeña hija tendidos sin vida a la orilla del río Bravo, en el noreste de México, a un kilómetro del puente internacional que conecta con Estados Unidos.

La tragedia ocurrió el domingo en la ciudad de Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas. La esposa del hombre y madre de la niña fallecida que logró ser rescatada, Tania Vanessa Ávalos, dijo a las autoridades que el agua se llevó primero a la niña y fue el padre quien intentó agarrarla, pero ambos fueron arrastrados por la corriente del río y desaparecieron.

La imagen desgarradora recordó a la de 2015 cuando un niño sirio de 3 años murió ahogado en las aguas del Mediterráneo. En este caso, ambos están tirados a la vera del río, unidos por la remera del hombre. Se cree que el papá logró alcanzar a la nena en el agua pero que por la fuerte corriente decidió sujetarla por debajo de su remera. Ambos murieron ahogados.

El matrimonio era originario de El Salvador. Óscar Alberto Martínez Ramírez tenía 25 años y la pequeña Valeria, un año y 11 meses. Habían llegado a esta ciudad mexicana para pedir asilo político en Estados Unidos.

Sin embargo, ante la desesperación por la lentitud en los tramites decidieron junto con otros migrantes cruzar el río Bravo, según señaló la mujer.

Los cuerpos fueron encontrados al día siguiente por las autoridades de Protección Civil mexicanas. El hallazgo tuvo lugar en las orillas del río, entre unas ramas y a kilómetros del puente internacional de Matamoros que une esta ciudad con Brownsville, Texas.

Enrique Alberto Maciel Cervantes, presidente del Instituto Tamaulipeco del Migrante en Matamoros, lamentó la tragedia y pidió a los migrantes que no se metan a las aguas del río Bravo ya que las compuertas están abiertas y la corriente es muy fuerte. "El río no ayuda; cobra vidas", advirtió.

Miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala ingresaron desde octubre a México en varias caravanas a través la frontera sur con el objetivo de cruzar a Estados Unidos. Ante el aumento del número de migrantes irregulares y de solicitantes de asilo que llegan a Estados Unidos, el presidente de ese país, Donald Trump, amenazó el 30 de mayo pasado con imponer aranceles a todas las importaciones mexicanas.

El 7 de junio se anunció un acuerdo que prevé el envío de 6.000 efectivos de la Guardia Nacional de México a la frontera sur, entre otras medidas para contener la migración. A cambio, Estados Unidos retiró la amenaza de los aranceles.

 Este lunes, el Gobierno de México anunció el despliegue de más de 20.000 efectivos, entre militares, marinos y miembros de la Guardia Nacional, en las fronteras norte y sur de México.

Publicado enInternacional
Hambre y muerte en cientos de millones de personas por el cambio climático: ONU

Nos encaminamos a un apartheid ambiental

 

 

Cientos de millones de personas alrededor del mundo sufren de hambre, desplazamiento, enfermedad y muerte a causa del cambio climático, se señala en un informe presentado ayer en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas por su ponente especial sobre la extrema pobreza, Philip Alston.

 

El experto independiente en pobreza extrema y derechos humanos advirtió que el mundo va camino del “apartheid climático”, en el que los ricos compran su vía de escape de los peores efectos del calentamiento global, mientras los pobres son los más perjudicados.

 

Alston, un jurista australiano, mencionó a los neoyorquinos vulnerables que quedaron atrapados sin electricidad ni atención sanitaria cuando el huracán Sandy azotó la ciudad en 2012, mientras que "la sede de Goldman Sachs estaba protegida por decenas de miles de sacos de arena y contaba con electricidad de su generador".

 

Confiar exclusivamente en el sector privado para protegerse de las condiciones meteorológicas extremas y de la subida del nivel del mar "casi garantizaría violaciones masivas de los derechos humanos, con los ricos atendidos y los más pobres abandonados", escribió.

 

"Incluso en el mejor de los casos, cientos de millones se enfrentarán a la inseguridad alimentaria, la migración forzada, las enfermedades y la muerte". Precisó que la economía mundial necesita un "giro fundamental" y distanciarse de los combustibles fósiles, a los que responsabiliza de gran parte de las emisiones de efecto invernadero provocados por el hombre.

 

Su informe critica a los gobiernos por hacer poco más que enviar funcionarios a conferencias para hacer "discursos", a pesar de que los científicos y los activistas del clima han estado dando la voz de alarma desde la década de 1970.

 

Por lo pronto, el mercurio seguía subiendo ayer en Europa, especialmente en el oeste del continente, con temperaturas inéditas para un mes de junio que podrían intensificarse en los próximos días.

 

En Francia, donde la ola de calor proveniente del desierto del Sahara se instaló desde inicios de semana, las autoridades emitieron una alerta naranja en 65 departamentos del país y pidieron a los residentes tomar precauciones.

 

El país sigue traumatizado por la ola de calor de agosto de 2003, a la que se le atribuye la muerte de 15 mil personas, principalmente ancianos, los más vulnerables al calor.

 

En París, que como todas las grandes ciudades se convierten durante episodios caniculares en burbujas de calor debido al cemento, a las actividades humanas y a la falta de árboles, los residentes tomaban por asalto las piscinas municipales de la ciudad.

 

El termómetro marcaba ayer por la tarde en la capital francesa 32 °C.

 

Según el organismo nacional de previsión meteorológica, Météo France, esta racha de calor no tiene precedente, para un mes de junio, desde 1947 por su intensidad.

 

Los expertos prevén que el termómetro siga subiendo hoy, hasta superar los 40 °C en varias localidades del este y del centro de Francia, como Besanzón, Clermont-Ferrand o Lyon, y se extenderá hasta finales de semana, al menos en el sureste del país.

 

En España, esta ola de calor durará al menos hasta el primero de julio. Las temperaturas podrían alcanzar el viernes 45 °C en Gerona y 44 °C el fin de semana en Zaragoza, ambas en el noreste del país.

 

“El infierno is coming”, tuiteó la meteoróloga Silvia Laplana, del canal público RTVE, junto a un mapa prácticamente teñido de rojo por las zonas de calor intenso.

 

En Alemania, donde los meteorólogos han advertido que se podría romper un récord de 38.5 °C para un mes de junio, las autoridades impusieron restricciones de velocidad en algunos tramos de las autopistas hasta nuevo aviso, debido al riesgo de que el asfalto caliente se rompa por las temperaturas inusualmente altas.

 

Stefan Rahmstorf, investigador del Potsdam Institute for Climate Impact Research, señaló que "este aumento de los extremos de calor se está produciendo como la ciencia había previsto, como resultado directo de un calentamiento inducido por los gases de efecto invernadero de la combustión de carbón, petróleo y gas", añade.

 

Publicado enInternacional
Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido. Imagen: AFP

Unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo y el 67 por ciento de los refugiados proviene de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia.

 

Las personas que en el mundo escapan de guerras, conflictos y persecuciones y que se sienten obligadas a dejar el propio país, fueron hasta fines de 2018 el doble que hace 20 años y 2,3 millones más que en 2017, llegando a 70,8 millones de personas. Se trata de la cifra más alta desde que existe ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, fundado en 1950. Y entre estos casi 71 millones de personas, se encuentran casi 4 millones de venezolanos.

 Según el estudio anual Global Trends (Tendencias Globales), difundido por Acnur en ocasión de celebrarse el Día Internacional del Refugiado, las cifras son estimadas y no exactas dado que reflejan sólo parcialmente la crisis de Venezuela. “Debemos redoblar nuestra solidaridad con los miles de personas inocentes que se ven obligadas a huir de sus hogares a diario”, declaró desde Ginebra, sede de ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados Filippo Grandi. “Pese a la cantidad de gente que escapa, hay grandes muestras de generosidad y solidaridad, especialmente por parte de las propias comunidades que acogen a grandes cantidades de personas refugiadas. Hay una participación sin precedentes de nuevos actores, como exponentes del sector privado y de personas que reflejan el espíritu del Pacto Mundial sobre Refugiados”, señaló. 

Aprobado por la Asamblea General de la ONU en diciembre pasado, el Pacto Mundial busca una repartición de responsabilidades más equitativa para quienes acogen y apoyan a las personas refugiadas, el 80 por ciento de las cuales vive en países vecinos a sus lugares de origen. Global Trend calcula además que unas 37.000 personas se desplazan cada día en el mundo, que cerca de la mitad de la población mundial de refugiados del 2018 tiene menos de 18 años, y que el número más alto de solicitudes de asilo en 2018 (341.800) fue presentado por venezolanos. Otros datos indican que el 67 por ciento de los refugiados provienen de Siria, Afganistán, Sudán del Sur, Myanmar y Somalia. Por quinto año consecutivo, Turquía fue el país que más refugiados ha recibido (3,7 millones) seguido de Pakistán (1,4), Uganda (1,2), Sudán (1,1) y Alemania (1,1 millones). Pero el Líbano se confirma como el país que más refugiados a recibido en proporción a su población (uno cada seis).

“El elemento más evidente en todos estos datos es la diferencia entre los países que reciben a los refugiados –comentó ayer Carlota Sami, portavoz de Acnur en Italia, durante la presentación de Global Trends en Roma–. Los que reciben más refugiados son los países que más tendrían necesidad de ayuda porque son más pobres y los que reciben menos, son los países más ricos que tal vez deberían desempeñar un rol más importante en el encontrar soluciones. Las políticas fundadas en el odio y la exclusión, que erigen muros y alambres de púa, no llevan a ninguna solución porque de hecho los números siguen aumentando. Los países deberían ocuparse de encontrar soluciones a los conflictos, a las razones por las que la gente huye.” 

En efecto, según los datos oficiales los países de alto rédito reciben unos 2,7 refugiados cada mil habitantes (Italia 3 refugiados cada mil habitantes), los países de rédito medio  unos 5,8 refugiados cada mil y los países pobres, un tercio de todos los refugiados a nivel mundial. Es así que Turquía, por ser un país limítrofe con Siria, es la nación que más sirios ha recibido. Por su parte Colombia es el país que más venezolanos ha alojado (1.171.600) pero es Perú el que más refugiados venezolanos propiamente dichos, ha aceptado (700) después que solicitaran regularmente asilo y fueran reconocidos como tales. 

“Italia está particularmente preocupada por Venezuela –dijo en la presentación de Global Trends Luigi Vignali, director general para los italianos en el exterior y las políticas migratorias de la cancillería italiana–. En Venezuela viven 143.000 italianos y muchos otros descendientes de italianos. Es un país que está atravesando una profunda crisis y sus refugiados se mueven no sólo a países como Brasil, Ecuador, Colombia sino a también a Europa, España, Italia. Esto confirma la urgencia de una solución para la crisis venezolana”.

Mirvat Sayegh, 27 años, nació en Siria, en Alepo, una de las ciudades más golpeadas por la guerra comenzada en 2011. Durante el conflicto, su familia se trasladó por un periodo a Latakia, una ciudad sobre el mar, “un poco más segura que Alepo”, contó a PáginaI12 en la conferencia de presentación de Global Trends.  “Mi familia partió antes que yo porque yo estaba en la universidad y quería continuar. Estudiaba Literatura inglesa, me faltaban solo dos materias cuando tuve que dejar el país”. Con su familia se trasladó primero al Líbano y luego a Italia.  Pese a la guerra, logró conseguir algunos documentos que certificaban lo que había estudiado. 

Llegó a Roma hace tres años, gracias a un corredor humanitario, es decir tuvo la suerte de llegar a Italia en avión, de modo seguro. Aquí buscó una beca y consiguió una para estudiar en Ferrara (noreste de Italia) “Lengua y literatura moderna”. Ya está en el tercer año. “Me reconocieron algunas materias pero pocas”, dijo.  Mirvat Sayegh habla inglés, árabo, italiano y un poco de francés y español. “Yo hubiera querido ir a estudiar a Estados Unidos pero el problema es que cuando llegué a Italia,  no tenía documentos. Ahora tengo documentos italianos”.

–¿Cuán difícil ha sido vivir como refugiada?

–Para mi familia ha sido mucho más difícil que para mí. Mis padres llegaron a Italia a una edad que nadie les iba a dar trabajo y además no saben bien el idioma.  

–¿Estás contenta de vivir en Italia?

–Trato de estarlo.

–¿Te gustaría volver a Siria?

–Si tuviera que volver a Siria tendría que empezar de nuevo. Sería mucho más difícil recomenzar, me sentiría como una extranjera en mi propio país.

–¿Qué fue lo más difícil que  viviste como refugiada? 

–Lo más difícil que me ha tocado vivir es cómo las personas me ven, cómo me miran. No me miran por lo que soy sino como extranjera. Lo más difícil ha sido comenzar en cada lugar de cero. Mejor diría de menos cero… porque estos años que he pasado yendo de un lugar a otro, pasaron sin que yo aprendiera nada. No había tiempo porque con todas las preocupaciones uno no tiene el ánimo para aprender. Fue muy difícil tratar de trabajar, muy difícil ser considerada una persona normal. Y si te ven siempre como diferente, uno no puede estar al nivel de los demás. 

–¿Cómo podemos  favorecer la integración de los refugiados?

–No considerar a los refugiados como una categoría distinta, sino mirarlos como son, con sus diferencias. 

 

 

 

 

 

 

América latina

En contra del muro

 

El número de víctimas de desplazamiento forzado en América Latina y el Caribe se disparó en el último año según comunicó ayer la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en su informe anual. “El rechazo y los muros no resuelven el problema”, opinó el alto comisionado de la ONU para los refugiados, el italiano Filippo Grandi, durante la conferencia que ofreció en Berlín. La situación en Venezuela fue uno de los temas más abordados en la conferencia de prensa que ofreció Grandi. Según relató, más de cuatro millones de venezolanos abandonaron su país desde 2015 y de ellos menos de medio millón solicitaron la condición de refugiados. Al respecto precisó que, si bien una minoría de venezolanos que abandonaron su país pidió asilo, la mayoría necesita protección internacional a causa de la inseguridad y la escasez de alimentos, de medicinas y servicios públicos. “Tenemos una crisis en una región del mundo que hasta hace unos pocos años creíamos que había logrado una relativa estabilidad”, dijo Grandi al aludir principalmente a la región del norte de América Central, en particular a Honduras, Guatemala y Salvador. “En esta región observamos acciones de bandas armadas, que evoca lo que algunos grupos armados, gubernamentales o no, hacen en otros países. Como por ejemplo violar a mujeres para ganar el control de territorio, reclutar niños, ocupar casas”, opinó. Grandi precisó que muchas personas huyen de estos países en diferentes direcciones, que incluyen México y los Estados Unidos, principalmente escapando de la violencia. 

Publicado enInternacional
A la sombra del Brexit, un modelo desaparece

Unos 14 millones de británicos, la quinta parte de la población, son pobres, y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza.

A primera vista no hay más que Brexit. Hace más de tres años que el debate público y mediático británico está dominado por este tema en una sociedad polarizada entre los que quieren seguir en la Unión Europea (UE) a través de un nuevo referendo y los que quieren salir cuanto antes del bloque europeo, con o sin acuerdo.

A la sombra de este debate, oculto tras tanto sonido y furia, la sociedad británica está experimentando una silenciosa transformación del Welfare State (Estado de Bienestar) creado a finales de la segunda guerra mundial.


Un informe del Rapporteur de Naciones Unidos sobre “Extreme Poverty”, que será presentado ante la ONU, a fines de junio deja en claro el deterioro que ha sufrido el Estado de Bienestar tras nueve años de austeridad conservadora. En un intento de ilustrar la situación, el Rapporteur neoyorquino Philip Alston recurre a la célebre definición de la vida que dio Thomas Hobbes, uno de los padres de la filosofía política moderna. “Hobbes hizo notar que la vida de los más relegados de la sociedad era “solitaria, pobre, horrible, brutal y corta”. A medida que se evapora el contrato social británico, estas predicciones se están convirtiendo en la nueva realidad”, señaló a la prensa británica.


El estudio de la ONU halló que unos 14 millones –una quinta parte del total de la población– son pobres y un millón y medio vive en condiciones de extrema pobreza. La línea de la pobreza en el Reino Unido abarca a los que ganan un 60 por ciento menos que el ingreso medio (un padre con dos chicos e ingresos equivalentes a 1000 dólares mensuales). Extrema pobreza o “destitution” son los que sobreviven con menos de 13 dólares diarios.


Estas cifras de la pobreza deberían escandalizar en una de las siete máximas potencias del planeta, miembro del G7. El congelamiento salarial vigente desde que asumieron los conservadores en 2010, el bajo nivel del salario mínimo y el deterioro de los servicios públicos debido a los fuertes recortes presupuestarios son factores cruciales de este deterioro del “contrato social británico”. En los últimos años los conservadores le han sumado un kafkiano sistema universal de beneficios sociales que, escudado en una supuesta simplificación burocrática, terminó generando demoras y virtuales exclusiones del sistema que empujaron a miles de británicos a situaciones de emergencia.


Uno de los rasgos más visibles de este deterioro social es la proliferación de bancos de alimentos convertidos en alternativas para cubrir los agujeros de la austeridad. Hoy la red más importante es el Trussel Trust que suministra alimentos de emergencia en más de 400 puntos del país. En los dos primeros años de la gran austeridad conservadora –2011 y 2012– unas 128 mil personas recurrieron a esos bancos. En 2017-2018 la cifra se quintuplicó a más de 666 mil personas.


En su recorrido del Reino Unido, el Rapporteur de la ONU encontró instancias de hambre y prostitución vinculados a estas reformas burocráticas del Estado de Bienestar. El endeudamiento, la usura, la pobreza energética, el impacto en la salud son parte de este sórdido cocktail de pobreza extrema de primer mundo. El ex director de la Trussell Trust, Chris Mould, lo ejemplificó así. “Hay gente que tiene que elegir entre comer y prender la calefacción, hay padres que apenas comen para alimentar a sus hijos. Es increíblemente fácil caer en esta situación. La pérdida del empleo, una cuenta muy alta de electricidad, una reducción de los beneficios sociales, un drama familiar resultan en la destitución de una persona. Si a esto se le suma que los salarios son muy bajos y los empleos son temporales o de medio tiempo, mucha gente entra y sale de situaciones de extrema necesidad”, señaló Mould a PáginaI12.


El desmantelamiento del Estado de Bienestar a la sombra del Brexit alcanza a una de sus baluartes: el estatal Servicio Nacional de Salud, el NHS. El embate contra el NHS viene de lejos porque su existencia siempre puso en tela de juicio el apotegma de que privado bueno, estatal malo. En los 80 el Thatcherismo lanzó una reorganización interna del NHS a través de la creación de un mercado interno, proceso que siguió con una creciente subcontratación de servicios y el lanzamiento de las iniciativas público-privadas en los 90.


La Oficina de Auditoría de la Nación señala que la subinversión llevada adelante por los conservadores han resultado en un sustancial déficit en las cuentas del NHS. Especialmente ruinoso para sus finanzas ha sido la construcción de hospitales, rebautizados por el ingenio mediático–popular como “uno por dos”: por el costo de cada hospital bajo la iniciativa público–privada, se podrían haber construido dos si solo lo hubiera hecho el estado. Un caso típico es el del University Hospital Coventry en el que la autoridad regional a cargo debió pedir prestado dinero incluso antes de que entrara en funcionamiento para pagar unos 60 millones de dólares de deuda. En el año del referendo a favor del Brexit, 2016, el sector privado obtuvo 267 de los 386 contratos licitados por el NHS.


El célebre físico Stephen Hawkings, que sufría una enfermedad degenerativa neuromuscular, advirtió poco antes de su muerte en marzo del año pasado que se estaba buscando convertir al NHS es un “sistema de seguros al estilo de Estados Unidos, gerenciado por organizaciones privadas”. Hawkings, que dependió desde los 21 años del NHS, escribió un artículo para el matutino The Guardian en el que llamaba a evitar “que haya un sistema de salud desigual” mientras reivindicaba al NHS como el “sistema más justo para el suministro de atención sanitaria”.


La visita de estado de Donald Trump a esta tierra del Brexit que comienza este lunes 3 de junio es un paso de este proceso. Los conservadores están desesperados por demostrar que la salida de la Unión Europea es su reingreso al mundo: cualquier palabra que diga Trump a favor de un tratado de libre comercio posbrexit favorecerá su causa. Raramente Trump se priva de opinar sobre cualquier tema, pero en el caso británico su interés central es muy claro: el NHS.


En más de una ocasión el gobierno británico se negó a confirmar que un tratado de libre comercio con Estados Unidos excluiría al NHS de la mesa de negociaciones. El servicio británico que cubre a los 65 millones de británicos “de la cuna a la tumba” es el tesoro más codiciado por el sector privado estadounidense. A la sombra de un Brexit sin acuerdo que invisibiliza los estragos que están ocurriendo a nivel social, la estrategia de las multinacionales estadounidenses se puede hacer realidad.

Publicado enInternacional
Transnacionales mineras: la segunda “colonización” en América Latina

Mujeres defensoras de derechos humanos, procedentes de América Latina, concordaron en que los proyectos extractivos transnacionales se han convertido en la segunda colonización de los pueblos del continente, que las mujeres continúan siendo las más vulnerables, en la lucha social de sus territorios, sus recursos naturales y las comunidades.


Convocadas al IV Encuentro Regional de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), mujeres defensoras de Bolivia, Perú y Haití, expusieron las duras circunstancias en que viven las poblaciones, a la sombra de proyectos mineros, que lejos de generar progreso en las comunidades han roto el tejido social y generado violencia en su interior.
La Rinconada, en la provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno, Perú, la conocen también como “tierra de nadie”, que coloca a la mujer en un riesgo grave permanente, en donde el dominio masculino y las leyendas heredadas vulneran sus derechos individuales.


Leny Olivera, quien trabaja en Democracy Center Bolivia, habló sobre la criminalización del movimiento social y cómo las mujeres son vulneradas en sus derechos humanos, señalando casos graves en Bolivia y Perú, que termina condenándolas a vivir permanentemente, en pobreza extrema, excluidas socialmente por reforzamiento de patrones culturales.


Olivera habló sobre La Rinconada (Perú), un proyecto minero que se enclava a cinco mil 100 metros sobre el nivel del mar, que se considera uno de los lugares más altos en el mundo.
“En La Rinconada se refuerza el machismo que nos llegó con la Colonización, además de otras formas de dominación, hacia las mujeres, a través los mitos (invenciones) que se van construyendo socialmente. Y no significa que sea parte de la cultura andina, pero, en La Rinconada, las mujeres están expuestas a riesgos y peligros, porque los mineros aseguran encontrar el mineral más fácil si tienen relaciones sexuales o violan a mujeres jóvenes vírgenes o sea, de menos de 20 años. Entonces, en estos lugares se encuentran muchas mujeres jóvenes, a las que llevan con engaños o promesas de trabajo, que ya estando allí son vulneradas o pueden ser violadas por extranjeros, gente que no son del lugar y luego quedan estigmatizadas, no pueden salir fácilmente y se incrementan las experiencias de prostíbulos, la trata y tráfico de personas, te pueden botar hasta en el río y nadie puede reclamar. Es como si la vida de las mujeres no valiera nada”, relató.


A esa situación se suma que muchas mujeres están comenzando a trabajar, al interior de las minas y no por decisión propia, han quedado viudas, otro grupo son madres solteras. Entonces tratan de buscar un sustento para sus familias, pero son repelidas por los mineros.


“Los mineros dicen que las mujeres no puede entrar a la mina, porque se va a enojar o se pondrá celoso el tío, dicen. El tío es una deidad que los mineros tienen al que invitan a beber alcohol o pichar coca (hojas de coca en la boca), para evitar que les pase una desgracia dentro de la mina y aunque no puedo generalizar que todos los mineros son así, pero en La Rinconada, la vida llega a ese extremo”, aseveró.


En cuanto a la vivencia de la segunda colonización, Olivera reiteró que es una “invasión”, que lleva al riesgo y vulnerabilidad a las comunidades y Pueblos Indígenas o afrodescendientes y en especial las mujeres y las defensoras de derechos.


“El contexto es igual, simplemente los actores han cambiado, son empresas transnacionales, organismos como el Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que tienen control e intereses para beneficiar minorías acaudaladas, de países del Primer Mundo, a costa de la explotación y subordinación de las poblaciones en América Latina, entonces, todos los acuerdos a nivel internacional que en teoría defienden los derechos humanos de indígenas y comunidades son limitadas, pero la resistencia sigue estando presente en la lucha en América Latina, en donde muchos mueren en defensa de sus territorios”, reconoció Olivera. Mientras, Joseline Colas Noel, de JPIC Haití, narró como están destruyendo el ecosistema de la isla y cómo influye que el territorio sea víctima de muchas catástrofes, señalando como un proyecto minero que abandonó su equipo con restos de cianuro, continúan contaminando a la población y recursos naturales.


“Nos preocupa que compañías internacionales estén interesadas en la explotación de minas de Haití. Explotaciones de minas que no aportan nada al país. Solo entre 1996 a 1997, el Estado ha dado 57 permisos de explotación que representa el 15 % del territorio haitiano. En donde viven 11 millones de habitantes, la situación es difícil, y la situación política mucho más, cuando la población entendió que los fondos de PetroCaribe, no han sido utilizado en bienestar social como escuelas, hospitales y servicios básicos”, manifestó.


Sobre reformas jurídicas, Angie Lee Gardy, del Grupo de Apoyo a Refugiados de Haití, enfatizó, que la propuesta de una nueva Ley de Medio Ambiente (1976), no garantiza la protección del agua, suelo y aire. Ni responsabiliza a las empresas a reparar daños ocasionados al territorio y tenemos empresas mineras de Canadá y Estados Unidos.
“Han elaborado un anteproyecto de ley de mina incompleta, que quita los derechos y autoridad al parlamento, y crea la Autoridad Minera, que sería la única que daría los permisos, donde la empresa puede explotar todo lo que encuentre en esa área, si hay un río, pues lo toma y no tiene que reportarlo a ninguna otra institución del Estado, al generar daños al medio ambiente. Es una situación grave, aunque no ha sido firmada por el parlamento, consideramos que Haití puede desaparecer”, puntualizó.

20 mayo 2019

Publicado enInternacional
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256