El Chocó y el eterno abandono institucional

Tras un año de la firma del Acuerdo de Paz entre Gobierno-Farc (24 de noviembre 2016), la organización Amnistía internacional1, publicó el informe “Continúan los años de soledad”2, en el cual describe la situación de implementación del punto cinco –víctimas– en el departamento del Chocó. En el documento la Ong internacional deja claras las falencias del Estado tanto en la implementación de lo pactado, como en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales con respecto a derechos humanos.

 

No es nuevo. Amenazas, torturas, asesinatos, violencia sexual y de género, son parte de los múltiples sufrimientos padecidos por las comunidades pobladoras del Chocó –en su mayoría afrodescendientes e indígenas–, sufrimiento reflejo de la realidad que caracteriza al país en sus diferentes regiones en crisis –Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, entre otros–.

 

Más allá del conflicto armado

 

Realidad irrefutable. Para la Ong la situación del departamento es alarmante, pues lo vivido por las comunidades es el abandono institucional reflejado no solo en la continua violencia armada, sino en que “la población chocoana vive en condiciones de pobreza, exclusión y escaso acceso a servicios públicos, especialmente en las zonas rurales. El índice de pobreza extrema es cercano al 80% y el índice de analfabetismo supera por tres veces el promedio nacional, alcanzando un 20.9%”3.

 

Según cifras de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), el 60 por ciento del total de la población del departamento está registrada como víctima del conflicto armado interno, pese a lo cual no han recibido la debida reparación integral y, al contrario, cada día que pasa se recrudece la situación de derechos humanos en la región. Es decir, a un Estado que no cumplió con sus obligaciones ahora se suma uno que no atiende ni repara a las víctimas, como tampoco se plantea sacar a quienes habitan estos territorios de la marginalidad.

 

La “paz estable y duradera” cada día más lejos

 

Para la organización internacional, es un hecho que con la firma de los acuerdos, la violencia armada en el departamento disminuyó notoriamente pero ahora, con la salida de los frentes 57 y 34 de las Farc, la región es un territorio en disputa por parte de diversos actores armados que están en un reacomodo militar para obtener el control de las zonas que dejaron los frentes farianos.

 

El reagrupamiento armado del Eln, de grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) y el mayor cubrimiento que intenta el Ejército Nacional, va dejando sobre el terreno múltiples violaciones a los derechos humanos de las comunidades que habitan la ruralidad del departamento, especialmente en el municipio de Riosucio4, el cual se encuentra ubicado en medio de un corredor estratégico que inicia desde el bajo Atrato chocoano, límites con Urabá antioqueño y la costa Pacífica –Bahía Solano–.

 

Con el enfrentamiento militar entre ejército, guerrilla y paramilitares, aumentan los homicidios y ataques contra líderes y lideresas afrodescendientes, indígenas y campesinos; desplazamientos forzados colectivos; violencia sexual contra mujeres y niñas; reclutamiento de niños, niñas y adolescentes; muertos por minas antipersonal, es decir, la realidad del departamento es cada día más crítica.

 

Una historia que se repite. Esta lucha por el control territorial, al igual que en el pasado, tiene también como objetivo, obtener tierras para desarrollar actividades económicas como monocultivos de palma, madera, ganadería y minería. Una práctica de la que ni el mismo Estado queda excluido, pues solo basta recordar la operación Génesis de 1977 donde según el informe el “[...] Estado, a través de fuerzas de seguridad, fue declarado responsable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato, desplazamiento y despojo de tierras de más de 100 personas. En este caso, el Estado fue condenado por propiciar las condiciones para que los grupos paramilitares incursionaran en el territorio colectivo y por permitir la explotación ilegal de las tierras abandonadas a su paso”5.

 

Desplazamiento forzado interno

 

Según el informe la ausencia del Estado está dejando a las comunidades a merced de los grupos armados, lo que ocasiona una situación crítica, pues en el 2017 los desplazamientos en el departamento sobresalen como los más altos de todo el país. Amnistía Internacional, siguiendo el informe de Acnur Colombia, afirma que “Entre enero y septiembre de 2017, alrededor de 9.544 personas fueron víctimas de desplazamientos colectivos en el Chocó. A octubre de 2017 reportaron 27 eventos de desplazamiento, de los cuales, 3.115 personas afrodescendientes y 2.955 indígenas han sido víctimas”6.

 

Las víctimas continúan siendo los de siempre. El mismo informe estima que aproximadamente 550 personas –alrededor de 200 familias– de los pueblos Embera Dóbida y Wounaan, así como de comunidades afrodescendientes de la cuenca del río Truandó se encuentran desplazadas en el municipio de Riosucio.

 

Muchos de los desplazamientos forzados se dan producto de las minas antipersonal que siembran los actores armados al interior de los territorios de comunidades afrodescendientes y pueblos indígenas; lo que ocasiona un grave riesgo para la vida de niños, niñas y adolescentes, además de generar afectaciones a los modos de vida de las comunidades y pueblos, pues muchos de estos quedan encerrados en sus propios territorios y no pueden moverse ni siquiera para realizar sus labores de pesca, caza o agricultura, lo que implican problemas de seguridad alimentaria.

 

El silencio siempre está presente. Aunque se conocen algunos de los casos de violencia armada y desplazamientos forzados, la Ong considera que pueden ser muchos más pero que las personas no denuncian en las instituciones y viven todos estos conflictos por su propia cuenta.

 

La situación es alarmante pues prosiguen las muertes por explosión de minas antipersonal, como lo registra el informe al retomar que el 19 de marzo de 2017 un niño indígena de 14 años resulto herido por la explosión de una mina lo que generó el desplazamiento y confinamiento de 955 personas de las comunidades La Nueva, Dos Bocas, Taparal, Quiparadó, Jagual, Marcial y Mamey Dipurdú.

 

Violencia armada, sexual y asesinatos

 

La maldición del conflicto. Con la llegada de actores armados a los territorios, se incrementó el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes indígenas y afrodescendientes. Casos aterradores se siguen presentando, como lo relata el informe que menciona el ingreso de “más de 200 miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia en agosto de 2017 en el resguardo El Brazo en Bahía Solano, en Buena Vista en Bajo Baudó, en el resguardo Tigre Montería en Novita y en Bojayá, donde se presentaron reportes de reclutamiento forzado de niños y niñas entre 12 y 14 años”7.

 

Con el ingreso de los actores armados a las comunidades aumentó la violencia de género en la región, pues son más frecuentes las violaciones sexuales y abusos a niñas, niños y mujeres, lo que cada vez es más preocupante, puesto que “las mujeres indígenas y afrodescendientes aún consideran un riesgo denunciar estos abusos”8. Esto es una realidad poco documentada y de la cual no existen datos fieles.

 

De igual manera, se incrementaron los asesinatos selectivos en la región que tienen como objetivo quebrar procesos organizativos locales. Ejemplo de esto son los asesinatos de Ruth Alicia López de la Asociación Agroecólogica Interétnica e Intercultural Asokinchas, (2 de marzo de 2017), el 3 de junio le arrebataron la vida a Efrén Santo, impulsor del proceso de restitución de tierras del Consejo Comunitario Pedeguita, Mancilla; el 30 de junio, fue asesinado Eugenio Rentería promotor del paro cívico del Chocó.

 

Los asesinatos quiebran las bases culturales de los pueblos indígenas que habitan el departamento, pues muchos de los asesinados portaban los conocimientos ancestrales de los pueblos. El 7 de octubre fue asesinado por los paramilitares el exgobernador, líder y promotor de salud indígena Ezquivel Manyoma; así mismo el ELN asesinó el 24 de octubre al líder indígena Aulio Isarama Forastero.

 

Bojayá 15 años después

 

En el año 2017 se cumplieron 15 años de la masacre de Bojayá, donde 119 personas, en su mayoría niños y niñas que se escondían en la iglesia del pueblo, perdieron sus vidas por efecto de la explosión de un cilindro bomba –que además dejó un sin número de heridos– lanzado por las Farc en medio de un enfrentamiento con los paramilitares. Sin importar lo sucedido, 15 años después las comunidades continúan siendo víctimas de violaciones a los derechos humanos y al conflicto armado en sus territorios.

 

El Estado no atendió los llamados. Según el informe de Amnistía Internacional, las comunidades afectadas en Bojayá habían dejado constancia, días antes de la masacre, de la presencia de grupos armados y enfrentamientos cerca de sus territorios, sin embargo el Estado no respondió a los llamados. Por esta razón la Ong, junto al Centro Nacional de Memoria Histórica y a las victimas responsabilizan al establecimiento por lo ocurrido.

 

En el documento se señala que la organización internacional realizó una visita a Bellavista Nueva –lugar donde reubicaron el pueblo después de la masacre– y se encontraron con que “[...] tras quince años de que ocurrieron los sucesos, la población continúa sumida en la incertidumbre, las amenazas y la zozobra frente a las incursiones de actores armados en su territorio”9. Por lo que sostiene que el Estado debe garantizar la seguridad colectiva de los bojaceños y bojaceñas, además de la de los líderes y lideresas de la comunidad.

 

Además, retoma el informe, es fundamental reconocer que el ejército y los paramilitares siguen actuando en conjunto en los territorios y ya es evidente, “pues las comunidades que habitan las cuencas de los ríos Atrato, Baudó y San Juan concuerdan en denunciar que estructuras paramilitares actúan en connivencia con el Estado, y esto ha permitido su reacomodación en la coyuntura de implementación territorial del Acuerdo de Paz”10 (ver recuado).


Pese a que las Farc ya realizaron un acto público en el 2016 pidiendo perdón a las víctimas, aún hace falta que el Estado y los grupos paramilitares hagan lo propio.

 

Al Estado le quedó grande la realidad del país

 

Como queda evidenciado, el Estado colombiano no implementa una respuesta integral para controlar los territorios, garantizar la vida digna de sus pobladores y atender a las víctimas del conflicto, además de toda aquella población que vive en condiciones de empobrecimiento y marginalidad, sin servicios médicos, alimentación y vivienda. Todo indica que el Estado no cuenta con los registros reales de las víctimas de los conflictos que se presentan actualmente, y que su única alternativa ante los conflictos inocultables que padecen amplios grupos poblaciones es la militarización de los territorios. Respuesta que simplemente profundiza los conflictos.

 

Arranca el 2018, con nuevos retos para encarar por parte de la sociedad colombiana que cada día se ve más hundida en tiempos de crisis; ¿será necesario seguir apostando por una institución que desde décadas atrás prioriza el crecimiento económico y abandona las realidades de las regiones? o ¿será que es momento de consolidar un nuevo proceder en la política y control territorial que se geste desde las comunidades organizadas?

 

El reto es claro y cada día más emplazante. Por el momento, lo único cierto es que si las cosas siguen igual, si no florece la imaginación para consolidar alternativas de producción, defensa y control territorial –que no dependan del establecimiento–, lo que tendremos en el presente y hacia el futuro en el país será el mismo hedor a impunidad y sangre.

 

1 Organización no gubernamental que trabaja en la investigación y seguimiento de la situación de derechos humanos en diferentes países del mundo, para saber más visitar: https://www.amnesty.org/es/
2 Para descargar el informe: https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/
3 Amnistía Internacional. (2017) “Continúan los años de soledad. Colombia: Acuerdo de paz y garantías de no repetición en el Chocó” p. 11, disponible en https://www.amnesty.org/es/documents/amr23/7425/2017/es/ .
4 Municipio donde Amnistía Internacional inicialmente pensó realizar trabajo de campo de la investigación y no lo pudo realizar por cuestiones de seguridad.
5 Ídem, p. 13
6 Ídem, p. 16
7 Ídem, p. 17
8 Ídem, p. 19
9 Ídem, p. 33
10 Ídem, p. 35

 


 

Recuadro


Recomendaciones de Amnistía Internacional

 

Ante esta crítica situación departamental, la Ong, recomienda, entre otros aspectos:

 

• Desmantelar prontamente todos los grupos paramilitares e investigar sus vínculos con las fuerzas de seguridad del Estado.

• Cumplir plenamente con la obligación internacional de garantizar la reparación integral, la que debe incluir garantías de no repetición para todas las víctimas del conflicto armado.

• Cumplir con la obligación internacional de prevenir el desplazamiento de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes de sus territorios, y garantizar sus derechos como víctimas del conflicto armado.

• Desarrollar e implementar medidas urgentes para garantizar la protección colectiva de los resguardos indígenas y consejos comunitarios afrodescendientes ubicados en las zonas de conflicto armado, teniendo como insumo principal las consultas con sus líderes, lideresas y organizaciones representativas.

• Priorizar la atención de calidad en salud física y mental de las víctimas de minas antipersonal.

 

Publicado enEdición Nº242
La capital de la miseria de Estados Unidos, fuera de control

La cifra de personas sin hogar aumenta por primera vez en siete años al dispararse la situación de emergencia en Los Ángeles.

 

“Nunca lo he visto tan mal”. El que dice esto mientras camina por la calle Seis del centro de Los Ángeles, California, lo ha visto todo en miseria. Es el agente Deon Joseph, con dos décadas de experiencia patrullando en la comisaría Central de la ciudad, situada en medio de la mayor concentración de personas sin hogar al aire libre de Estados Unidos, el barrio conocido como Skid Row.

 

Las cifras oficiales dan la razón al agente Joseph. Al menos en el tiempo que él lleva en el barrio, nunca ha estado tan mal. La situación de los sin techo en Los Ángeles, que las autoridades locales ya habían calificado de “emergencia”, se ha vuelto una cuestión nacional al revelarse este mes las últimas cifras del fenómeno en Estados Unidos. El número de personas sin hogar ha aumentado un 1% en el país, el primer aumento en siete años.

 

El aumento espectacular en el condado de Los Ángeles, con un 23% más de sin techo en un año hasta las casi 58.000 personas, explica por sí mismo las cifras nacionales. Si no fuera por la región de Los Ángeles, la población sin techo habría bajado un 1,5%. Las cifras han aumentado en toda la Costa Oeste. De las siete zonas urbanas con más personas sin techo, cinco están en el Pacífico (Los Ángeles, Seattle, San Diego, San José y San Francisco).

 

En Estados Unidos hay 553.000 personas sin hogar según el último censo del Departamento de Vivienda, publicado a principios de diciembre. Es el 0,17% de la población, un porcentaje superior a México (0,04%), pero inferior a Canadá (0,44%), Reino Unido (0,25%) o Suecia (0,36%), según las últimas cifras recopiladas por la OCDE. Uno de cada cinco vive en Nueva York o en Los Ángeles. En números absolutos, la ciudad de Nueva York es la que más sin techo tiene de EE UU, con más de 76.000. La diferencia es que en Nueva York, el 90% tiene donde pasar la noche. Tres de cada cuatro personas sin hogar en Los Ángeles no tienen cama en ningún albergue o solución temporal.


Además, la diferencia en el clima (la temperatura máxima en Nueva York esta semana ha sido -5 grados y en Los Ángeles, 26) hace que el fenómeno esté al aire libre, en aceras por toda la ciudad. Y en Skid Row es donde ese teatro de la miseria norteamericana muestra su cara más cruda. En las 50 manzanas de Skid Row se concentra la mitad de los sin techo de la ciudad de Los Ángeles. El detective Harry Bosch, de las novelas policiacas de Michael Connelly, lo define así: “Cruzas una calle y estás en Calcuta”. Tal cual.

 

El agente Deon Joseph patrulla a pie por la calzada de la calle Seis porque no se pueden usar las aceras. Son una amalgama de tiendas de campaña, basura, chatarra en la que viven miles de personas. A ratos, el olor es nauseabundo. Algunos se le acercan a saludar o a contarle sus problemas. Joseph cuenta que esta gente se ha convertido en víctimas de las bandas, que cobran por el sitio en las aceras, en dinero (hasta 200 dólares al mes) o en servicios, desde el tráfico de drogas hasta la prostitución. En algunas de estas tiendas de campaña, explica, han encontrado armas. El trapicheo está casi a la vista. Las violaciones son habituales. Coches de alta gama están aparcados junto a personas inconscientes en la acera a las que todo el mundo ignora. El crimen en la zona “está fuera de control”, asegura Joseph, atraído por el tráfico de drogas. El agente es muy crítico con lo que considera “política de no inmiscuirse” de las autoridades.


En una esquina encontramos a Jennifer de León. Prácticamente sin dentadura, explica que tiene 40 años y lleva viviendo en esta esquina desde 2009 en una tienda que empezó siendo pequeña pero ahora ocupa unos seis metros cuadrados. Sus padres viven en Desert Hot Springs, a dos horas de aquí. No se habla con ellos. Vive de una pensión de la Seguridad Social desde los 18 años que hoy asciende a 997 dólares, y sin embargo sigue en la calle. Simplemente es su vida. Acabó aquí después de engancharse al crack y a la metanfetamina. Se ducha en el albergue más cercano. Si no tiene que ir, hace sus necesidades en un cubo y las tira a la calle.

 

Midnight Mission es uno de los albergues más antiguos de Skid Row, fundado en 1914. “En la crisis del 29 servíamos un millón de comidas al año”, explica Joey Weinert, coordinador de los voluntarios del albergue. Aquí se viene a comer, pero también a pasar la noche y, si la persona consigue estabilizarse, Midnight Mission provee una solución habitacional temporal que le permita reconstruir su vida. “Si se pide ayuda, la hay”, asegura Weinert. Todos los habitantes de las aceras de Skid Row pueden comer tres veces al día, conseguir ropa limpia y acceso a higiene personal. “Es como la Meca de los sin techo. Aquí están todos los servicios”.


Las causas del aumento de sin techo son diversas y profundas. Weinert cita el aumento en el consumo de drogas, los efectos a largo plazo de la crisis económica y también la crisis de vivienda que sufre el condado de Los Ángeles, donde el aumento de los precios está erosionando rápidamente la clase media. Esta es la razón más admitida por las autoridades locales, en todas las ciudades de la Costa Oeste. También asegura que vienen personas sin techo de otros lugares, sabiendo que aquí se puede llevar esta vida. “Si estás en la calle en Chicago en esta época del año y te ofrecen un billete de autobús a California, te vas”.

 

La situación lleva dos años creciendo fuera del centro de la ciudad. Las tiendas de campaña aparecen de la noche a la mañana en todo Los Ángeles. La situación es tan evidente que este año los votantes han aprobado en referéndum dos veces subirse los impuestos para recaudar un total de 4.700 millones de dólares en 10 años para construir al menos 15.000 plazas en residencias permanentes para gente sin techo y los servicios que necesitan. La semana pasada, el alcalde inauguró la primera de esas obras.

 

Weinert no cree que echar dinero sobre el problema sea la solución. “Si le das un piso a un adicto al crack, sus amigos se van a meter allí y lo que has hecho es montar un piso franco de venta de crack”. No se puede resolver la situación de una persona que está en la calle sin resolver antes las razones por las que está en la calle, explica, especialmente la adicción y los problemas mentales. “Nuestro país no se ocupa de los pobres y los débiles”.

 


 

“EL SUEÑO AMERICANO SE ESTÁ CONVIRTIENDO RÁPIDAMENTE EN EL ESPEJISMO AMERICANO”


Estados Unidos, uno de los países más ricos del mundo y la “tierra de la oportunidad”, se está convirtiendo en el campeón de la desigualdad. Esta es la frase con la que comienza el comunicado del pasado 15 de diciembre de Phillip Alston, el relator especial de Naciones Unidas para la extrema pobreza. Alston acabó en Skid Row, Los Ángeles, un viaje de dos semanas por California, Alabama, Georgia, West Virginia, Washington DC y Puerto Rico para observar el estado de la pobreza en el país más rico del mundo. Su conclusión es que “el sueño americano se está convirtiendo rápidamente en el espejismo americano”.

 

El relator cita las cifras del censo, según las cuales 40 millones de estadounidenses viven en la pobreza y de ellos 18,5 millones en extrema pobreza. Alston se mete en política y pasa a continuación a criticar los posibles efectos de la reforma fiscal de Donald Trump sobre los más pobres. Dice que el plan “va a desgarrar partes cruciales de una red de seguridad que ya estaba llena de agujeros”.

 

En el problema de los sin techo, en concreto, Alston considera que las cifras oficiales son inferiores a las reales. El relator critica la “criminalización” de la pobreza por los arrestos por delitos menores de personas que viven en la calle. Alston publicó una versión preliminar de su informe hace una semana. La versión definitiva se publicará en abril.

Publicado enInternacional
Uno de cada 5 jóvenes que busca trabajo en América Latina no lo encuentra: OIT

En América Latina y el Caribe al menos uno de cada cinco jóvenes que busca empleo no puede encontrarlo, lo cual afecta a 10.2 millones de personas, alerta la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A ello se suma que el desempleo en el caso de las mujeres alcanzó, más de dos dígitos, por primera vez en lo que va de la década, al llegar a 10.4 por ciento de esta fuerza laboral.

En el Panorama Laboral de América Latina y el Caribe 2017, presentado recientemente por el organismo multinacional, se revela que en la región 26.4 millones de personas buscan trabajo sin lograr acceder a una fuente de empleo, lo cual representa un incremento de 2 millones de desempleados, en comparación con la estadística registrada en el año anterior.

En el documento se agrega que si bien se presenta un repunte económico en la región y se estima un crecimiento promedio de 2 por ciento para las economías latinoamericanas en el año 2018, esta cifra todavía se mantiene muy por debajo del nivel de 5 o 6 por ciento que requieren estos países para hacer una diferencia contundente en cuanto a la informalidad y la calidad del empleo que se ofrece.

Uno de los sectores más afectados por la falta de oportunidades laborales, se destaca en el informe, son los jóvenes, quienes enfrentan tasas de desempleo que triplican la desocupación de los adultos; por primera ocasión en lo que va de la década la tasa de jóvenes desocupados estuvo muy cerca de 20 por ciento, pues se situó en 19.5.

Se detalla que a escala regional, la tasa de desocupación juvenil varía por país, desde 6.6 a 29.8 por ciento en años recientes, aunque únicamente en seis de 16 naciones de la región la media del desempleo de los jóvenes superó en 2017 la tasa de 20 por ciento. Entre ellos se ubicaron Brasil, Jamaica, Uruguay, Argentina, Costa Rica y Paraguay, mientras que Guatemala, México y Ecuador presentan tasas inferiores a 10 por ciento.

El organismo multinacional señala que el hecho de que uno de cada cinco jóvenes en la región busque trabajo y no lo encuentre es preocupante, porque significa una amenaza al presente y a las expectativas de más de 10 millones de jóvenes que no ven materializarse oportunidades de empleo, educación ni movilidad social.

Agrega que en el caso de las mujeres jóvenes la situación es peor: están aún más en riesgo, porque sus tasas de ocupación son menores, frente a mayores niveles de desempleo, mientras que la prevalencia de empleos precarios las afecta de manera desproporcionada.

Por ello, se considera esencial mejorar las oportunidades para este sector de la población a través de políticas sociales y de empleo apropiadas, con el propósito de garantizar sociedades que sean más inclusivas y sostenibles.

En cuanto a la calidad del empleo que se ha creado en la región, la OIT destaca que si bien este año se incrementó en 0.3 por ciento el empleo asalariado, el trabajo por cuenta propia aumentó 0.7 por ciento, lo cual representa un indicador que preocupa, porque el deterioro de la calidad del empleo se ha mantenido en 2017, pues los nuevos puestos de trabajo en este año se han caracterizado por su baja calidad.

Publicado enSociedad
Domingo, 10 Septiembre 2017 07:48

El síndrome del desarraigado climático

Desplazados en Fort-Liberte, Haití, por el paso arrasador del huracán Irma anteayer.

 

Si se sumaran hoy mismo los 6,3 millones de desplazados que huyen en Miami de la trayectoria del huracán Irma, desde principios de año hasta ahora habría en el mundo un total de 15 millones de desplazados internos. Más de la mitad de ese éxodo interior es atribuible a los desarreglos climáticos mientras que el resto corresponde a los conflictos. Si no se tomaran en cuenta los estragos causados por Irma, la cifra alcanza 9,1 millones de personas que tuvieron que trasladarse a otras regiones de su propio país empujadas por las guerras, los conflictos de todo tipo y las catástrofes naturales. Este retrato inédito de los éxodos lo llevó a cabo el Observatorio de las situaciones sobre los desplazamientos internos (Internal Displacement Monitoring Center, IDMC). Se trata de un organismo fundado en 1998 por el Consejo Noruego para los refugiados cuya vocación consiste en monitorear los desplazamientos de los seres humanos que, por la fuerza, deben moverse dentro de las fronteras de sus propios países. El informe del IDMC correspondiente al primer semestre de 2017 ha registrado porcentajes elevadísimos de este tipo de refugiados que carecen de toda protección o estatuto jurídico suficiente como para contar con la protección de la comunidad internacional. Son los nuevos desventurados de la modernidad en cuyo seno se va esbozando un tipo cada vez más recurrente: el del desarraigado climático.

Entre enero y junio, los refugiados por las condiciones climáticas extremas y aquellos que deben abandonar sus tierras debido a los conflictos comparten porcentajes casi idénticos:4,6 millones de personas oriundas de 29 países escaparon de los conflictos, y 4,5 millones pertenecientes a 76 países desertaron sus regiones por los estragos climáticos. Comparado al balance de 2016, el IDMC constata que durante el primer semestre de 2017 hubo menos desplazados climáticos (24 millones en 2017) y más víctimas de las guerras. Sin embargo, el panorama es poco alentador en lo que atañe al clima. Los huracanes en el continente americano y el monzón en África y Asia incrementarán el número de exiliados climáticos. Combinados, ambas situaciones extremas muestran un mundo cada vez más inestable y a millones de individuos obligados e elegir entre partir hacia el éxodo o morir en un conflicto o en algún desbarajuste del clima. Toda la parte de África sahariana es la más azotada por los conflictos armados (46% del total), seguida desde luego por Medio Oriente. En apenas seis meses, 997.000 personas tuvieron que desplazarse en la República Democrática del Congo (más que todo 2016) mientras que 992.000 lo hicieron en Irak y 692.000 en Siria. En lo que atañe a América Latina, según el informe, en México, la violencia desplazó a 311 mil seres humanos. Con respecto al clima, Asia es la zona más golpeada tanto por los desprendimientos de terreno como las inundaciones que azotaron, por ejemplo, las provincias del sur de China en junio (858 mil desplazados) o el ciclón tropical Mora que en mayo y junio barrió Bangladesh, Myanmar y la India (851 mil desplazados). A estos factores de conflictos y clima se le suma el de la pobreza, que incrementa los estragos. A veces, guerras y clima se combinan para estrangular a las poblaciones. Ese es el caso de Somalia donde la sequía histórica condujo al país al abismo del hambre y a 800 mil personas a desplazarse hacia los centros urbanos. La ayuda humanitaria internacional apenas pudo articularse a raíz de las devastaciones que causa la guerrilla islamista del grupo Al-Shabab. En total, a finales de 2016 había en el mundo 40 millones de personas que vivían fuera de sus tierras de origen por culpa de los conflictos armados.

El subdesarrollo aparece igualmente como una variable de las catástrofes. Cuanto más pobre es un país, más expuesto está a pagar las consecuencias de los golpes del clima. En muchas regiones del mundo los fenómenos climáticos extremos están anticipados por los organismos internacionales de monitoreo (lluvias, inundaciones) pero el país no cuenta con los medios para aplicar políticas de prevención. Nigeria, Sudán del Sur, Somalia o Yemen, en estos cuatro países 20 millones de personas viven bajo la amenaza constante del hambre, lo que constituye, según lo definió el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, “la crisis humanitaria más gravé desde la Segunda Guerra Mundial”. A estas cuatro naciones se le suman otras 37 país que, según la misma ONU, requieren asistencia inmediata. En casi todas partes la tenaza del clima y las guerras desembocan en la misma catástrofe que recuerda a las sufridas en Biafra (1967-1970), Sahel (1969-1974), Somalia (1991 y luego 2011), Etiopía (1983-1985) o Sudán (1998). Las sequías vuelven a ser ahora un factor determinante de las hambrunas al tiempo que las guerras internas traban los desplazamientos o dejan a los refugiados en manos de bandas incontroladas. En Zimbabue, Uganda, Tanzania, Mozambique o Lesoto el cambio climático ha modificado el ritmo y la riqueza de las cosechas, provocados sequías o lluvias torrenciales que destruyeron los cultivos o mataron al ganado. Con 7,3 millones de personas amenazadas por el hambre Yemen se ha convertido en la antesala de la muerte, seguido por Sudán del Sur, 6,1 millones, Nigeria, 5,1 millones, Somalia, 2,9 millones. Estas situaciones, sin embargo, hubiesen podido administrarse de otra forma si en cada uno de los países azotados hubiese un atisbo de democracia o de organización estatal. La configuración actual tiende a darle la razón a la premio Nobel de la Paz Amartya Sen, para la cual el hambre surge allí donde la democracia no existe. La multiplicación de los conflictos (Siria por ejemplo) o las catástrofes climáticas crea también un colapso entre los países donantes de ayuda humanitaria. La Oficina de Coordinación de asuntos humanitarios de la ONU, OCHA, estima que en 2017 unas 130 millones de personas necesitan asistencia humanitaria a lo largo del planeta. Hacen falta 22 mil millones de dólares, lo que representa el doble que hace una década atrás. Lejos, muy lejos de los juguetitos tecnológicos, de internet, los nuevos modelos de móviles o los objetos conectados, millones y millones de personan mueren por las causas más primitivas de la historia humana: el clima, las guerras, el hambre.

 

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 

Publicado enSociedad
Viernes, 23 Junio 2017 15:29

Miguel quiere ser escritor

Miguel quiere ser escritor

He vivido una buena vida. Mi familia es noble y me educó para ser una persona que aporte algo bueno a la sociedad, por abstracto y pragmático que parezca a la vez. Al igual, el colegio en el que estudié me brindó conocimientos y grandes amigos. Una esposa que baila, me comprende y me apoya, dos gatos que cantan todas las mañanas a las aves que ven frente a la ventana. Tengo salud, hago lo que me gusta, buenos trabajos. Pero, a pesar de todo lo anterior, algunos días me siento mal, me deprimo hasta el llanto. Especialmente por mi trabajo como docente en zonas marginadas de la ciudad. Bogotá, en definitiva, es una ciudad caótica, injusta y podría decir hasta infame, pero cuando he salido por algún tiempo la he extrañado. Es mi ciudad, qué le puedo hacer.

 

Una de las vicisitudes que se presentan cuando se vive en Bogotá es tener que atravesar sus calles a medio construir, en especial si se va a esos barrios de los extramuros, barrios de invasión que les llaman, habitados por personas expulsadas de los campos y de otras ciudades en tiempos de guerra, personas pobres que sortean sus existencias como pueden, porque en definitiva el Estado por allí no aparece. Así ocurre en Ciudad Bolívar, una localidad ubicada al sur de Bogotá, atiborrada –en las nuevas barriadas que la siguen poblando, así como algunas “antiguas”– de desordenados barrios compuestos por pequeñas casas que se trepan de las montañas. Entonces no es extraño observar algunas casas inclinadas hacia el abismo o lotes baldíos donde se han levantado casuchas con tela asfáltica y latas de zinc que se estremecen cuando el viento sacude con fuerza.

 

Hasta allí me dirijo dos veces a la semana, a un barrio de calles empinadas y sinuosas llamado Juan Pablo II –nombrado en honor a uno de los papas de la iglesia católica que jamás conoció el hambre–, para dictar mis talleres de creación literaria con niños de primero y segundo de primaria de una escuela pública. Y es extraño que al iniciar el ascenso al barrio en el bus que deja la avenida Villavicencio, todo sea tan triste y hermoso a la vez, pues desde la ventanilla se puede observar a la ciudad creciendo, a sus calles replegándose por entre el asfalto como si fueran serpientes grisáceas, pero empiezan a aparecer a la vera de la carretera las casas a medio construir, los montes rapados por la erosión, la mirada afanosa de muchos de sus habitantes.

 

Fue en la segunda o tercera clase que conocí a Miguel, tiene nueve años, es uno de los más pequeños del salón, una cicatriz adorna su mejilla derecha, la sonrisa es franca, esto quiere decir que pocas veces sonríe. La clase había terminado pero llovía así que decidí esperar dentro del colegio a que menguara. La mayoría de los niños se quedaron dentro del salón para no mojarse en el patio, al preguntarles el motivo me respondieron que no podían ensuciar ni mojar su único uniforme porque, ¿qué se pondrían al día siguiente? Miguel se quedó apartado del resto de sus compañeros, comiendo un trozo de ponqué y bebiendo un yogur que les habían dado de refrigerio. Ese día corrieron con suerte, pues en otras ocasiones ví que les dan un banano y una galleta, nada más. Me acerqué hasta donde se encontraba Miguel, en un rincón oscuro, sus ojos brillaban quizás por mala costumbre a permanecer alejado y en medio de la oscuridad o porque resaltaban en su rostro moreno.

 

Lo que yo deseaba saber era por qué se apartaba del resto de sus compañeros, por qué no hablaba con ellos. Le pregunté cómo se encontraba y me respondió de forma tajante que bien, enseguida pegó la mirada al vidrio del salón que empezaba a empañarse, luego le pregunté por qué no jugaba con sus amigos y no me respondió, simplemente levantó los hombros, se puso de pie y se dirigió al baño.

 

Cuando escampó me dirigí a la sala de profesores y allí me encontré con la profesora de Miguel. Le pregunté por qué el niño se comportaba de tal forma y lo único que dijo fue que la vida de Miguel, o la poca que había sobrellevado, era dura, difícil, llena de malos momentos y de malos recuerdos. Intenté preguntarle un poco más pero el timbre sonó y ella debió marcharse a clase. Antes de salir del colegio miré por la ventana del salón de Miguel y lo vi sentado con la misma expresión de cuando lo dejé. Alcé la mano para despedirme, pero no me vio o no quiso hacerlo.
Ese fin de semana pensé en él, quizás su mirada y esa luz que fulguraba de ella me impactó, pues es parecida a la de las cosas que arden con demasiada fuerza momentos antes de extinguirse. Imaginé cuáles serían esos problemas y malos recuerdos para que un niño de nueve años se comportara de una forma tan retraída y díscola. Sin embargo, poco puede llegar a sorprenderte en un país como éste, cientos de historias atraviesan las vidas de los niños del país. Recuerdo en este momento la historia de una niña que conocí en Pasto, campeona de la categoría infantil de atletismo. Aquella mañana, minutos antes de la competencia por el título, sus profesores recolectaron dinero para comprarle un par de tenis, quizás el primero, pues hasta ese día había llegado a las finales corriendo con los zapatos del colegio. Lo más sorprendente fue cuando José Wilson, uno de sus tutores y benefactores, me dijo “eso no es lo peor, la niña vive al interior del cementerio con su abuela”.

 

Así que a la semana siguiente regresé al colegio con la intención de hablar con Miguel, quería escuchar su historia y quería ayudarlo. No sé cómo, adultos como yo, que viven sumergidos en obras de ficción o preocupados por conseguir dinero, pueden ayudarle a un niño al que el destino ha golpeado. Pero siempre he creído en la palabra como fuente de vida, así que solo hablaría con él. Llegué minutos antes del inicio de la clase, busqué a Miguel que se encontraba sentado en las bancas de cemento que bordean el patio. Me senté a su lado y tras saludarlo empezamos a hablar. El día era soleado, la tesitura de su piel brillaba y a pesar del intenso calor, nunca se quitó su saco. Hablamos de varios temas, de fútbol, de su ídolo James Rodríguez, de las clases que le gustaban. En ese momento se cerró el abismo que había entre los dos. Quizás nos identificamos porque yo al igual que él, también tuve rotos los zapatos y escaldadas las plantas de los pies por el calor del asfalto. Luego me contó que le gustaban las clases de literatura, pero que no sabía sobre qué podría escribir, yo le dije que empezara contando su historia, que todos tenemos algo que contar, o que por lo menos escribiera una parte de ella, y así lo hizo, me la transmitió primero a mí, en ese momento.

 

Vivía con su abuela, su mamá y su hermano unos años mayor, en una pequeña casa ubicada en la colina de la montaña. Su madre trabajaba frente a la Universidad Distrital del sur, vendiendo tintos y aromáticas que llevaba en un carrito. En las noches él y su hermano debían colarse en un bus del Sitp para recoger a su madre y ayudarle a guardar el carrito en un parqueadero que les cobraba tres mil pesos por noche. Su abuela estaba muy vieja y enferma, y su hermano tenía doce años y por eso, solo en algunas ocasiones conseguía empleo como cobrador de pasajes de los vehículos ilegales que hacen la ruta desde el barrio San Francisco hasta Juan Pablo. Por eso, los únicos ingresos con los que contaba la familia eran los de su mamá, y por eso, al ver la situación, Miguel a veces entraba a los supermercados a robar. Pero lo que robaba ese niño de nueve años, de expresión triste y manos pequeñas, eran libras de arroz, de lentejas, huevos y cosas por el estilo, para ayudar con la comida de su casa.

 

Al preguntarle por su otro hermano y por su papá, Miguel miró hacia el muro que dividía al colegio de la calle, del filo del mismo se alcanzaba a observar la silueta de una montaña. Luego volvió la mirada y me contó que a su hermano mayor lo había matado la policía, y su padre, qué decir de su padre. Siempre nos pegaba, me dijo, era un drogadicto que no duraba mucho en la calle antes de ser apresado de nuevo. En una de sus salidas llegó a casa borracho y drogado, la mamá de Miguel no quiso dejarlo entrar para que no los golpeara y sin mayores contemplaciones su papá le prendió fuego a la casa. Su madre, como pudo, con la ayuda de algunos vecinos logró sacarlos, pero Miguel llevó la peor parte, pues ya se encontraba profundamente dormido y los lengüetazos de fuego alcanzaron a quemar una parte de su brazo izquierdo y del costado del mismo lado del cuerpo.

 

Desde ese momento no veía a su padre y por eso se fueron a vivir con su abuela, sin mayores pertenencias que las pijamas que llevaban puestas aquella noche. Por demás, aunque se sentía protegido y complacido en casa de su abuela, no le gustaba que le tocara dormir en un colchón en la sala con su hermano. Me dijo también que era feliz, que hacía poco un amigo de su mamá les había regalado un televisor y que allí veía sus programas favoritos. Que además le gustaban las mañanas, en especial las de los fines de semana cuando al despertar sentía el olor del chocolate que su mamá batía en la cocina. Aquel día no hablamos más sobre su vida, pero su rostro cambió y quizás sea pretensión o sugestión, pero su comportamiento fue distinto desde nuestra charla. Quisiera creer por el poder de las palabras.

 

Pero lo que más me conmovió sucedió el último día de nuestro taller. En clase desarrollamos una actividad de despedida y luego compartimos un ponqué y un jugo. Luego, cuando salí estaba Miguel frente al colegio acompañado de una señora de baja estatura y de tez morena. Era su madre quien se acercó, hablamos durante unos pocos minutos sobre el rendimiento de Miguel en clase, de las mejorías que había mostrado, de los textos que había escrito y finalmente, cuando Miguel me abrazó su madre me dio las gracias y al preguntarle por qué, me respondió “porque ahora Miguel quiere ser escritor”. No le respondí nada, solo regresé el abrazo a Miguel y supe que el mundo entero tenía sentido.

Publicado enEdición Nº236
El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enColombia
La poca dicha de Buenaventura con el TLC

Un lugar en Colombia donde la miseria y el alto número de desocupados contrastan con una inversión portuaria que supera los 500 millones de dólares. El Tratado de Libre Comercio demuestra la inequidad de su aplicación.

 


Cinco años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos pueden resumirse en la paradoja de Buenaventura. Es el puerto marítimo más moderno e importante del país. Se inauguró en marzo pasado. El 70 por ciento del comercio sale hacia el exterior desde su protegida bahía de aguas profundas. Pero su ciudad ubicada a 7,6 kilómetros está paralizada por las sucesivas movilizaciones y paros de sus habitantes. Su desempleo llega al 62 por ciento y el trabajo informal al 90,3%, según datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En ese lugar donde la miseria contrasta con una inversión portuaria que supera los 500 millones de dólares, el TLC demuestra la inequidad de su aplicación y una presencia del Estado que no guarda proporciones. “El pueblo ya no aguanta más” se lee en las pancartas de la población afroamericana en esa zona del Caribe colombiano. El acuerdo firmado en 2006 por George W. Bush y Alvaro Uribe, pero materializado hace un lustro, es motivo de controversia. Sus cifras no son visibles más que en las estadísticas de los funcionarios. La marginación y las protestas en Colombia están a la vista.


El TLC que el presidente Juan Manuel Santos y los empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana festejaron en su quinto aniversario -se cumplió el 15 de mayo-, está lejos de recoger unanimidades. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, exalta sus ventajas competitivas: “Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. 32 de cada 100 dólares que recibimos en concepto de ventas de productos nacionales en el exterior, vienen de la nación norteamericana. A la vez, el 26% de nuestras importaciones se adquieren en ese mercado”, señaló. Además destacó las ventajas que su país consiguió en EE.UU. y que alcanzan a 16.634 posiciones con cero por ciento de arancel.


Hay quienes no opinan lo mismo. El Centro de Estudios de Trabajo (CedeTrabajo) fundado en 1979 publica en su portada un artículo crítico: “Desde los tiempos de la negociación, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue presentado a la opinión pública como un plan de apertura económica que promovería el desarrollo industrial y agropecuario para que Colombia pudiera triplicar sus exportaciones e importar tecnología. Resultó lo contrario, al cumplir 5 años, el balance de resultados demuestra que ha sido el peor negocio de la historia” escribe Leónidas Gómez-Gómez, un liberal de izquierda que fue candidato a gobernador en el Departamento de Santander en 2015 y salió segundo.


El mismo espacio de reflexión además aportó datos concretos sobre el tratado: entre 2012 y 2016 Colombia perdió 2 billones de pesos en comercio con EEUU, unos 9.657 millones de dólares. Si se descuentan las exportaciones mineras, el déficit comercial con la principal potencia asciende a 30.000 millones de dólares, durante el período que lleva vigente el TLC. Pero sobre todo, antes del acuerdo el superávit era de 8.244 millones de dólares y hoy el déficit asciende a 1.414 millones. Lo que representa una caída del 117%. Dos ejemplos: para que Colombia compre una tonelada de celulares debe exportar 777 barriles de petróleo. Desde que se implementó el convenio apenas se lograron exportar 38 productos nuevos, dice CedeTrabajo.


En 2015, cuando promediaba el TLC, ya se insinuaban estos datos. El déficit comercial llegó a ser de 3.043 millones de dólares en los primeros dos meses del año. En ese corto lapso había alcanzado casi la mitad de todo el año anterior: 6.293 millones de dólares. Un comentario del ultraderechista Uribe a los pocos días de que se firmara el tratado en Washington, ahora lo deja reducido a una caricatura sobre el papel: “Cada uno de nosotros se tiene que convertir en un pedagogo del Tratado de Libre Comercio. Un esfuerzo de veintidós meses de negociación, que representa una gran oportunidad y un reto para nuestra patria”.


El presidente Santos suscribe los mismos argumentos de su adversario político. Que el déficit comercial con Estados Unidos se redujo un 70% en 2016(pasó de casi 5.000 millones de dólares en 2015 a 1.414 millones en 2016). En 2011, cuando se instrumentó el TLC, había comentado: “Hoy es un día histórico para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y es un día histórico para los empresarios y los trabajadores colombianos, para la inserción de Colombia en el mundo”. A cinco años del lanzamiento del tratado, sigue ponderándolo. También estuvo en el puerto de Buenaventura cuando se inauguró en marzo. Un par de meses antes de que se desataran las protestas sociales multitudinarias. La expectativa de 250 mil nuevos puestos de trabajo para Colombia producto del acuerdo - según la Casa Blanca-, es invisible a los ojos en esa ciudad castigada por la crisis y el abandono del gobierno nacional.


Medicinas, minerales, neumáticos, productos laminados y alimentos como frutas, hongos, yogur, queso fresco, harinas de maíz y trigo, aceites, chocolate, miel, palmitos, camarones y langostinos son exportados a Estados Unidos. Lacouture, la ministra de Comercio, no ve el lado oscuro de la luna. Ve la cara del sol: “Fueron 115 los proyectos de inversión con capital estadounidense que comenzaron en Colombia entre 2012 y 2016, los cuales han generado 22.518 empleos, entre directos e indirectos”.


Si fuera así, no llegan al 10 por ciento de las oportunidades laborales con que se entusiasmó Santos en octubre del 2011, cuando el Congreso de Estados Unidos convalidó el TLC: “Se crearán 250 mil nuevos puestos de trabajo, se aumentará la exportación en un 6%, habrá más inversión para la infraestructura, la industria; más desarrollo y menos pobreza”, declaró.


Si se recorre Buenaventura cinco años después -donde está uno de los puertos de más flujo comercial en Sudamérica-, el toque de queda que rige desde las 18 hasta las 6 de la mañana derriba cualquier discurso político. La población urbana del municipio (381.746 habitantes) pide salud, educación, agua potable, seguridad y sobre todo, trabajo. El Estado reprime y mata con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Su ejército de ocupación donde el Tratado de Libre Comercio es una cáscara vacía.


Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enColombia
El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enEdición Nº235
Crisis de migrantes centroamericanos en México

La crisis humanitaria olvidada de esta ola migratoria alimenta el oscuro panorama en México, donde los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias carcomen al país desde hace una década.
El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios en EE.UU.

México enfrenta en su propio territorio una crisis humanitaria que nace en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que cada año expulsan a medio millón de personas que, en su mayoría, intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es mayor el número de migrantes que pretende quedarse en México, y el número de solicitudes de asilo pasó de 1,100 en 2011 a unas nueve mil en 2016. Para este año de estima que las peticiones podrían llegar a 20 mil refugiados, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), que ayer presentó el informe “Forzados a Huir del Triángulo Norte de Centroamérica”.

MSF considera una crisis humanitaria olvidada a esta ola migratoria, motivada por la extrema violencia que se vive en Honduras, El Salvador y Guatemala, la que además alimenta la crisis humanitaria en México, donde los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la impunidad carcomen al país desde hace una década. A pregunta expresa, el director de operaciones de MSF para América Latina, Marc Bosch, consideró preocupante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretenda utilizar el flujo migratorio centroamericano como moneda de cambio para negociar su relación política y comercial con la administración de Donald Trump durante la próxima cumbre sobre indocumentados, anunciada a finales de marzo pasado por John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro se programa para realizarse en Miami y sería copresidido por Estados Unidos y México, con representantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta reunión también participarían Canadá y Colombia en calidad de observadores.

El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios, detenciones y expulsiones desde Norteamérica que podrían “empujar a más refugiados y migrantes a las redes de tráfico de personas y de organizaciones criminales”. Así, México podría convertirse no sólo en un inmenso muro de contención de migración centroamericana hacia Estados Unidos, sino un país receptor de estos flujos.

Y si bien aún existe un elevado índice de migración económica, al menos el 50 por ciento de los centroamericanos que se internan en México lo hacen huyendo de situaciones que se encuentran en cualquier país en guerra, aunque para ello deban llegar a un país donde la violencia ha alcanzado niveles sólo superados por Siria. México registró 23 mil asesinatos en 2016, superando a Iraq y Afganistán, según un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dado a conocer el martes pasado. De hecho, un mapa de las desapariciones en México coincidiría con las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, dice Rita Robles Domínguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con sede en Tapachula, Chiapas.

MSF realizó un sondeo con 467 migrantes procedentes del TNCA. Para el 39.2 por ciento, “las principales razones para abandonar su país” fueron ataques directos o amenazas a ellos o sus familias, así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales. De ellos, arriba de dos tercios fueron recibidos en México con más actos de violencia.

Nueve de cada 10 migrantes atendidos por MSF entre 2015 y 2016 sufrieron al menos un episodio de violencia en sus países de origen y/o durante su tránsito por México hacia Estados Unidos.

De por sí, “la implacable violencia y el sufrimiento emocional” padecido por estos migrantes “no es diferente a lo que experimentan las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto donde hemos estado trabajando durante décadas”, dice Bertrand Rossier, coordinador general de la organización en México. Los países del TNCA registran 150 mil asesinatos en los últimos 10 años.

Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por “actores armados no estatales”, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada se encuentran en la lista de situaciones de violencia que padecen los migrantes centroamericanos en su paso por México. Todas ellas “son realidades propias de una guerra, pero también son situaciones que estas personas están sufriendo”.

De hecho, aún mucho antes de que iniciara la era Trump, México desató una cacería de migrantes a partir de implementación del Programa Integral Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014. “Se vendió como un plan para proteger la integridad de los migrantes y combatir a los grupos criminales que los atacan; en la práctica, se convirtió en una verdadera cacería de migrantes”, dice Alonso Hernández, director del Albergue Paso FM4 de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y miembro del Comité Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.

Los migrantes saben de la violencia que les espera en México, y aun así vienen, lo cual habla de la dimensión de la violencia de la que huyen desde Honduras, El Salvador y Guatemala, subrayó Elena Estrada Cocina, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF.

MSF hizo un llamado a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como a los de México, Estados Unidos y Canadá, para que garanticen alternativas a las detenciones masivas de migrantes y para que se adhieran a los principios de no expulsión. “Estamos ante una crisis humanitaria continuada” desde los países de origen de los migrantes hasta su tránsito por México e incluso su arribo a Estados Unidos, dice Marc Bosch. Poco se puede hacer ante estas realidades, como no sea acompañarlas, reconoce, pues “la solución a las crisis humanitarias no está en la sociedad civil, se necesitan respuestas claras de los gobiernos”.

Publicado enInternacional
Lunes, 08 Mayo 2017 07:02

Una sociedad fracturada

Una sociedad fracturada

Cuanta más prosperidad hay en una zona, más votos cuentan para Macron. La otra Francia fue objeto de evocaciones, pero nadie se ocupa de ella.



Un espacio político divido en cuatro y una sociedad fracturada en dos: la elección del centrista liberal Emmanuel Macron es el espejo exacto que refleja mucho más que la frontera entre izquierda y derecha, o aquella que definió el electo presidente entre “progresistas y nacionalistas”. Hay cuatro fuerzas políticas en el nuevo escenario: la del centro liberal presidencial, la de la extrema derecha, la de los conservadores de tradición gaullista y la de la izquierda radical. Y hay dos Francia netas, visibles en la geografía electoral:una, urbana y capacitada, a menudo joven e implicada en el mundo globalizado, y otra rural, suburbana y poco calificada. La primera votó a Emmanuel Macron, la segunda a la extrema derecha de Marine Le Pen. La primera Francia es la de las redes y la conquista, la segunda la de la exclusión y el resentimiento. Pocos votos habrán tenido como este una lectura social tan intensa, y pocos, también, habrán remitido a la imagen de quienes componen la sociedad. Las sucesivas contaminaciones y escándalos de la campaña nunca empañaron el espejo de la “fractura social” (Jacques Chirac, ex presidente 1995-2007), ni el de la fractura digital, ni el del centro y las periferias desiertas y pauperizadas. Las elecciones francesas han tenido el mérito profundo de derrotar al populismo nacionalista y de sacar de los cuentos míticos del progreso la realidad en la que viven la mayor parte de las democracias del mundo, aisladas en zonas de prosperidad y dinámicas de ascenso y, otras, en espacios de confinamiento, de precariedad y sensación de derrota. Trump, en los Estados Unidos, puso la batuta sobre la nota racial, Francia restauró la dimensión social con una transparencia rotunda. Los datos son elocuentes:cuanto más prosperidad hay en una zona, más votos se cuentan a favor de Emmanuel Macron. La otra Francia ha sido objeto de relatos y evocaciones, pero nadie se ocupó de ella. Contrariamente a lo previsto, no fue la infección radial la que monopolizó el debate sino la desesperanza social.


La izquierda está ausente de lo que siempre ha sido su identidad histórica:reconectar, a través de la igualdad, las sociedades fracturadas. La misión le incumbe paradójicamente a un liberal profeso, que carece de partido y cuya próxima y cercana misión, el próximo 21 de junio, consiste en armar una mayoría legislativa para gobernar. ¿Con quién ? ¿Cuántos socialistas irán bajo sus afiches ? Hoy se perfilan dos sólidos ejes de oposición:la ultraderecha, y la izquierda radical de Mélenchon. Su respectivos porcentajes en estas elecciones les permiten conjeturar una traducción legislativa de sus fuerzas presidenciales. Emmanuel Macron está en el centro de ese tablero cuyas complejas realidades fueron más rebeladas por el cambio de retórica del lepenismo que pasó de la xenofobia a la denuncia social que por sus propios diagnósticos. Con esta elección, la desigualdad cifrada en estudios y trabajos sociológicos adquirió el rostro de la gente, reconquistó su identidad. Con Trump, el mundo dejó de ser lo que era y, con la elección francesa, de pronto se recupera la pregunta sobre lo que quiere ser. No sólo hay consumidores de los últimos modelos de celulares, sino, millones de personas que tienen otras preocupaciones más inestables que atender. La elección francesa sopló la cortina de humo de la tecno ilusión, la de la digitalización feliz, la de un mundo integrado y mega conectado donde basta con cliquear sobre un “like” para ser parte de él. Quienes cliquearon en la urna tangible de la extrema derecha no son todos fascistas, ni xenófobos, ni anti mundo. Tal vez sólo hayan pedido, mediante el resentimiento, que los incluyan, que les construyan rutas, sucursales bancarias, mejores escuelas, internet más rápido, mejor acceso a la educación de sus hijos, que les pinten la escabrosa tristeza en la que tantos y tantos suburbios del mundo viven sumidos. La desigualdad social y el enriquecimiento de unos pocos sobre el empobrecimiento de muchos ha sido la narrativa reflexiva de los últimos años. Nunca se había hablado tanto y visto y debatido tan poco. Francia la puso en la pantalla ampliada de la híper realidad, allí donde Trump la había ocultado con sus patrañas raciales y sus insultos a las elites intelectuales.


La apuesta de la recomposición social se la llevó Emmanuel Macron. Sus primeras medidas van en contra de la reconexión. El electo presidente se pondrá, como primera medida, manos a la obra para hacer adoptar una “reforma en profundidad” de la ley sobre el derecho laboral, la misma que, desde el año pasado, levantó un muro de protestas callejeras y terminó de hundir un poco más la tenue presidencia de François Hollande. Todo lo contrario de una política social o de atención a la Francia que está del lado menos floreciente de la fractura. Esta vez, sin embargo, toda anticipación suena a disparate. La elección presidencial, hasta el final, ha sido una sinfonía de singularidades que fueron contradiciendo a los más acertados analistas. Entramos, con Francia, en la quinta dimensión. Los esquemas de antes se quedan cortos y los nuevos habrá que inventarlos para comprender la frondosa y cambiante realidad humana. Lo que, por encima de las retóricas diseñadas por los comunicadores y propagadas por Macron, sí persiste y se ha renovado es el eje izquierda derecha. Nunca fue tan pujante, ni tan evidente la necesidad de una izquierda poderosa que mire y se comprometa cuerpo y alma allí donde siembra su futuro la ultraderecha.

Publicado enInternacional