Viernes, 23 Junio 2017 15:29

Miguel quiere ser escritor

Miguel quiere ser escritor

He vivido una buena vida. Mi familia es noble y me educó para ser una persona que aporte algo bueno a la sociedad, por abstracto y pragmático que parezca a la vez. Al igual, el colegio en el que estudié me brindó conocimientos y grandes amigos. Una esposa que baila, me comprende y me apoya, dos gatos que cantan todas las mañanas a las aves que ven frente a la ventana. Tengo salud, hago lo que me gusta, buenos trabajos. Pero, a pesar de todo lo anterior, algunos días me siento mal, me deprimo hasta el llanto. Especialmente por mi trabajo como docente en zonas marginadas de la ciudad. Bogotá, en definitiva, es una ciudad caótica, injusta y podría decir hasta infame, pero cuando he salido por algún tiempo la he extrañado. Es mi ciudad, qué le puedo hacer.

 

Una de las vicisitudes que se presentan cuando se vive en Bogotá es tener que atravesar sus calles a medio construir, en especial si se va a esos barrios de los extramuros, barrios de invasión que les llaman, habitados por personas expulsadas de los campos y de otras ciudades en tiempos de guerra, personas pobres que sortean sus existencias como pueden, porque en definitiva el Estado por allí no aparece. Así ocurre en Ciudad Bolívar, una localidad ubicada al sur de Bogotá, atiborrada –en las nuevas barriadas que la siguen poblando, así como algunas “antiguas”– de desordenados barrios compuestos por pequeñas casas que se trepan de las montañas. Entonces no es extraño observar algunas casas inclinadas hacia el abismo o lotes baldíos donde se han levantado casuchas con tela asfáltica y latas de zinc que se estremecen cuando el viento sacude con fuerza.

 

Hasta allí me dirijo dos veces a la semana, a un barrio de calles empinadas y sinuosas llamado Juan Pablo II –nombrado en honor a uno de los papas de la iglesia católica que jamás conoció el hambre–, para dictar mis talleres de creación literaria con niños de primero y segundo de primaria de una escuela pública. Y es extraño que al iniciar el ascenso al barrio en el bus que deja la avenida Villavicencio, todo sea tan triste y hermoso a la vez, pues desde la ventanilla se puede observar a la ciudad creciendo, a sus calles replegándose por entre el asfalto como si fueran serpientes grisáceas, pero empiezan a aparecer a la vera de la carretera las casas a medio construir, los montes rapados por la erosión, la mirada afanosa de muchos de sus habitantes.

 

Fue en la segunda o tercera clase que conocí a Miguel, tiene nueve años, es uno de los más pequeños del salón, una cicatriz adorna su mejilla derecha, la sonrisa es franca, esto quiere decir que pocas veces sonríe. La clase había terminado pero llovía así que decidí esperar dentro del colegio a que menguara. La mayoría de los niños se quedaron dentro del salón para no mojarse en el patio, al preguntarles el motivo me respondieron que no podían ensuciar ni mojar su único uniforme porque, ¿qué se pondrían al día siguiente? Miguel se quedó apartado del resto de sus compañeros, comiendo un trozo de ponqué y bebiendo un yogur que les habían dado de refrigerio. Ese día corrieron con suerte, pues en otras ocasiones ví que les dan un banano y una galleta, nada más. Me acerqué hasta donde se encontraba Miguel, en un rincón oscuro, sus ojos brillaban quizás por mala costumbre a permanecer alejado y en medio de la oscuridad o porque resaltaban en su rostro moreno.

 

Lo que yo deseaba saber era por qué se apartaba del resto de sus compañeros, por qué no hablaba con ellos. Le pregunté cómo se encontraba y me respondió de forma tajante que bien, enseguida pegó la mirada al vidrio del salón que empezaba a empañarse, luego le pregunté por qué no jugaba con sus amigos y no me respondió, simplemente levantó los hombros, se puso de pie y se dirigió al baño.

 

Cuando escampó me dirigí a la sala de profesores y allí me encontré con la profesora de Miguel. Le pregunté por qué el niño se comportaba de tal forma y lo único que dijo fue que la vida de Miguel, o la poca que había sobrellevado, era dura, difícil, llena de malos momentos y de malos recuerdos. Intenté preguntarle un poco más pero el timbre sonó y ella debió marcharse a clase. Antes de salir del colegio miré por la ventana del salón de Miguel y lo vi sentado con la misma expresión de cuando lo dejé. Alcé la mano para despedirme, pero no me vio o no quiso hacerlo.
Ese fin de semana pensé en él, quizás su mirada y esa luz que fulguraba de ella me impactó, pues es parecida a la de las cosas que arden con demasiada fuerza momentos antes de extinguirse. Imaginé cuáles serían esos problemas y malos recuerdos para que un niño de nueve años se comportara de una forma tan retraída y díscola. Sin embargo, poco puede llegar a sorprenderte en un país como éste, cientos de historias atraviesan las vidas de los niños del país. Recuerdo en este momento la historia de una niña que conocí en Pasto, campeona de la categoría infantil de atletismo. Aquella mañana, minutos antes de la competencia por el título, sus profesores recolectaron dinero para comprarle un par de tenis, quizás el primero, pues hasta ese día había llegado a las finales corriendo con los zapatos del colegio. Lo más sorprendente fue cuando José Wilson, uno de sus tutores y benefactores, me dijo “eso no es lo peor, la niña vive al interior del cementerio con su abuela”.

 

Así que a la semana siguiente regresé al colegio con la intención de hablar con Miguel, quería escuchar su historia y quería ayudarlo. No sé cómo, adultos como yo, que viven sumergidos en obras de ficción o preocupados por conseguir dinero, pueden ayudarle a un niño al que el destino ha golpeado. Pero siempre he creído en la palabra como fuente de vida, así que solo hablaría con él. Llegué minutos antes del inicio de la clase, busqué a Miguel que se encontraba sentado en las bancas de cemento que bordean el patio. Me senté a su lado y tras saludarlo empezamos a hablar. El día era soleado, la tesitura de su piel brillaba y a pesar del intenso calor, nunca se quitó su saco. Hablamos de varios temas, de fútbol, de su ídolo James Rodríguez, de las clases que le gustaban. En ese momento se cerró el abismo que había entre los dos. Quizás nos identificamos porque yo al igual que él, también tuve rotos los zapatos y escaldadas las plantas de los pies por el calor del asfalto. Luego me contó que le gustaban las clases de literatura, pero que no sabía sobre qué podría escribir, yo le dije que empezara contando su historia, que todos tenemos algo que contar, o que por lo menos escribiera una parte de ella, y así lo hizo, me la transmitió primero a mí, en ese momento.

 

Vivía con su abuela, su mamá y su hermano unos años mayor, en una pequeña casa ubicada en la colina de la montaña. Su madre trabajaba frente a la Universidad Distrital del sur, vendiendo tintos y aromáticas que llevaba en un carrito. En las noches él y su hermano debían colarse en un bus del Sitp para recoger a su madre y ayudarle a guardar el carrito en un parqueadero que les cobraba tres mil pesos por noche. Su abuela estaba muy vieja y enferma, y su hermano tenía doce años y por eso, solo en algunas ocasiones conseguía empleo como cobrador de pasajes de los vehículos ilegales que hacen la ruta desde el barrio San Francisco hasta Juan Pablo. Por eso, los únicos ingresos con los que contaba la familia eran los de su mamá, y por eso, al ver la situación, Miguel a veces entraba a los supermercados a robar. Pero lo que robaba ese niño de nueve años, de expresión triste y manos pequeñas, eran libras de arroz, de lentejas, huevos y cosas por el estilo, para ayudar con la comida de su casa.

 

Al preguntarle por su otro hermano y por su papá, Miguel miró hacia el muro que dividía al colegio de la calle, del filo del mismo se alcanzaba a observar la silueta de una montaña. Luego volvió la mirada y me contó que a su hermano mayor lo había matado la policía, y su padre, qué decir de su padre. Siempre nos pegaba, me dijo, era un drogadicto que no duraba mucho en la calle antes de ser apresado de nuevo. En una de sus salidas llegó a casa borracho y drogado, la mamá de Miguel no quiso dejarlo entrar para que no los golpeara y sin mayores contemplaciones su papá le prendió fuego a la casa. Su madre, como pudo, con la ayuda de algunos vecinos logró sacarlos, pero Miguel llevó la peor parte, pues ya se encontraba profundamente dormido y los lengüetazos de fuego alcanzaron a quemar una parte de su brazo izquierdo y del costado del mismo lado del cuerpo.

 

Desde ese momento no veía a su padre y por eso se fueron a vivir con su abuela, sin mayores pertenencias que las pijamas que llevaban puestas aquella noche. Por demás, aunque se sentía protegido y complacido en casa de su abuela, no le gustaba que le tocara dormir en un colchón en la sala con su hermano. Me dijo también que era feliz, que hacía poco un amigo de su mamá les había regalado un televisor y que allí veía sus programas favoritos. Que además le gustaban las mañanas, en especial las de los fines de semana cuando al despertar sentía el olor del chocolate que su mamá batía en la cocina. Aquel día no hablamos más sobre su vida, pero su rostro cambió y quizás sea pretensión o sugestión, pero su comportamiento fue distinto desde nuestra charla. Quisiera creer por el poder de las palabras.

 

Pero lo que más me conmovió sucedió el último día de nuestro taller. En clase desarrollamos una actividad de despedida y luego compartimos un ponqué y un jugo. Luego, cuando salí estaba Miguel frente al colegio acompañado de una señora de baja estatura y de tez morena. Era su madre quien se acercó, hablamos durante unos pocos minutos sobre el rendimiento de Miguel en clase, de las mejorías que había mostrado, de los textos que había escrito y finalmente, cuando Miguel me abrazó su madre me dio las gracias y al preguntarle por qué, me respondió “porque ahora Miguel quiere ser escritor”. No le respondí nada, solo regresé el abrazo a Miguel y supe que el mundo entero tenía sentido.

Publicado enEdición Nº236
El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enColombia
La poca dicha de Buenaventura con el TLC

Un lugar en Colombia donde la miseria y el alto número de desocupados contrastan con una inversión portuaria que supera los 500 millones de dólares. El Tratado de Libre Comercio demuestra la inequidad de su aplicación.

 


Cinco años de vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos pueden resumirse en la paradoja de Buenaventura. Es el puerto marítimo más moderno e importante del país. Se inauguró en marzo pasado. El 70 por ciento del comercio sale hacia el exterior desde su protegida bahía de aguas profundas. Pero su ciudad ubicada a 7,6 kilómetros está paralizada por las sucesivas movilizaciones y paros de sus habitantes. Su desempleo llega al 62 por ciento y el trabajo informal al 90,3%, según datos oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP). En ese lugar donde la miseria contrasta con una inversión portuaria que supera los 500 millones de dólares, el TLC demuestra la inequidad de su aplicación y una presencia del Estado que no guarda proporciones. “El pueblo ya no aguanta más” se lee en las pancartas de la población afroamericana en esa zona del Caribe colombiano. El acuerdo firmado en 2006 por George W. Bush y Alvaro Uribe, pero materializado hace un lustro, es motivo de controversia. Sus cifras no son visibles más que en las estadísticas de los funcionarios. La marginación y las protestas en Colombia están a la vista.


El TLC que el presidente Juan Manuel Santos y los empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana festejaron en su quinto aniversario -se cumplió el 15 de mayo-, está lejos de recoger unanimidades. La ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Claudia Lacouture, exalta sus ventajas competitivas: “Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia. 32 de cada 100 dólares que recibimos en concepto de ventas de productos nacionales en el exterior, vienen de la nación norteamericana. A la vez, el 26% de nuestras importaciones se adquieren en ese mercado”, señaló. Además destacó las ventajas que su país consiguió en EE.UU. y que alcanzan a 16.634 posiciones con cero por ciento de arancel.


Hay quienes no opinan lo mismo. El Centro de Estudios de Trabajo (CedeTrabajo) fundado en 1979 publica en su portada un artículo crítico: “Desde los tiempos de la negociación, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue presentado a la opinión pública como un plan de apertura económica que promovería el desarrollo industrial y agropecuario para que Colombia pudiera triplicar sus exportaciones e importar tecnología. Resultó lo contrario, al cumplir 5 años, el balance de resultados demuestra que ha sido el peor negocio de la historia” escribe Leónidas Gómez-Gómez, un liberal de izquierda que fue candidato a gobernador en el Departamento de Santander en 2015 y salió segundo.


El mismo espacio de reflexión además aportó datos concretos sobre el tratado: entre 2012 y 2016 Colombia perdió 2 billones de pesos en comercio con EEUU, unos 9.657 millones de dólares. Si se descuentan las exportaciones mineras, el déficit comercial con la principal potencia asciende a 30.000 millones de dólares, durante el período que lleva vigente el TLC. Pero sobre todo, antes del acuerdo el superávit era de 8.244 millones de dólares y hoy el déficit asciende a 1.414 millones. Lo que representa una caída del 117%. Dos ejemplos: para que Colombia compre una tonelada de celulares debe exportar 777 barriles de petróleo. Desde que se implementó el convenio apenas se lograron exportar 38 productos nuevos, dice CedeTrabajo.


En 2015, cuando promediaba el TLC, ya se insinuaban estos datos. El déficit comercial llegó a ser de 3.043 millones de dólares en los primeros dos meses del año. En ese corto lapso había alcanzado casi la mitad de todo el año anterior: 6.293 millones de dólares. Un comentario del ultraderechista Uribe a los pocos días de que se firmara el tratado en Washington, ahora lo deja reducido a una caricatura sobre el papel: “Cada uno de nosotros se tiene que convertir en un pedagogo del Tratado de Libre Comercio. Un esfuerzo de veintidós meses de negociación, que representa una gran oportunidad y un reto para nuestra patria”.


El presidente Santos suscribe los mismos argumentos de su adversario político. Que el déficit comercial con Estados Unidos se redujo un 70% en 2016(pasó de casi 5.000 millones de dólares en 2015 a 1.414 millones en 2016). En 2011, cuando se instrumentó el TLC, había comentado: “Hoy es un día histórico para las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Y es un día histórico para los empresarios y los trabajadores colombianos, para la inserción de Colombia en el mundo”. A cinco años del lanzamiento del tratado, sigue ponderándolo. También estuvo en el puerto de Buenaventura cuando se inauguró en marzo. Un par de meses antes de que se desataran las protestas sociales multitudinarias. La expectativa de 250 mil nuevos puestos de trabajo para Colombia producto del acuerdo - según la Casa Blanca-, es invisible a los ojos en esa ciudad castigada por la crisis y el abandono del gobierno nacional.


Medicinas, minerales, neumáticos, productos laminados y alimentos como frutas, hongos, yogur, queso fresco, harinas de maíz y trigo, aceites, chocolate, miel, palmitos, camarones y langostinos son exportados a Estados Unidos. Lacouture, la ministra de Comercio, no ve el lado oscuro de la luna. Ve la cara del sol: “Fueron 115 los proyectos de inversión con capital estadounidense que comenzaron en Colombia entre 2012 y 2016, los cuales han generado 22.518 empleos, entre directos e indirectos”.


Si fuera así, no llegan al 10 por ciento de las oportunidades laborales con que se entusiasmó Santos en octubre del 2011, cuando el Congreso de Estados Unidos convalidó el TLC: “Se crearán 250 mil nuevos puestos de trabajo, se aumentará la exportación en un 6%, habrá más inversión para la infraestructura, la industria; más desarrollo y menos pobreza”, declaró.


Si se recorre Buenaventura cinco años después -donde está uno de los puertos de más flujo comercial en Sudamérica-, el toque de queda que rige desde las 18 hasta las 6 de la mañana derriba cualquier discurso político. La población urbana del municipio (381.746 habitantes) pide salud, educación, agua potable, seguridad y sobre todo, trabajo. El Estado reprime y mata con el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Su ejército de ocupación donde el Tratado de Libre Comercio es una cáscara vacía.


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El ciclo económico después de la reforma tributaria

La coyuntura económica evidencia la creciente desaceleración de la economía colombiana...

 

El crecimiento económico tiene cuatro fases: auge, desaceleración, crisis y recuperación. Esta dinámica de los ciclos de negocios de un país tiene a veces momentos de auge prolongados que van acompañados de crisis de corta o de larga duración. Lo cierto es que cuando se agota una etapa favorable sigue siempre una contracción.

 

Todo lo que sube tiene que bajar

 

Hay economistas que afirman que la preocupación de quienes deciden sobre la política económica debe estar orientada a crecer lo máximo posible porque este hecho por sí solo desencadena beneficios para todos. Concluyen que no se requiere tomar acciones directas para llevar los resultados de las bonanzas a los sectores más excluidos. Menos aún protegerlos cuando llegan las vacas flacas.

 

Sin embargo existe más evidencia para contradecir esa hipótesis que para sustentarla. Angus Deaton estudió la crisis de 2008 en Estados Unidos y encontró que se incrementaron los casos de alcoholismo, drogadicción, y suicidios entre la población blanca no hispana de mediana edad que fue excluida del auge inmobiliario. En Colombia apenas entramos en la fase de desaceleración y ya se resienten las condiciones de vida de los más pobres. La incidencia de la pobreza extrema que había mostrado una tendencia decreciente, se incrementó en 60 puntos base de 2015 a 2016.

 

Cuando una economía se acerca a su mayor capacidad productiva tiende a emplear la totalidad de sus factores productivos, en el caso del trabajo podría hablarse de niveles cercanos al pleno empleo. Entonces los salarios reales aumentan y desestimulan la tasa de ganancia. Los inversionistas revisan sus decisiones de producción, iniciándose un proceso de desaceleración en el que disminuye el nivel de empleo y los salarios. “El consumo y la inversión de los capitalistas –advirtió Kalecki– además de los criterios de distribución del ingreso, determinan el consumo de los trabajadores y por tanto, los niveles de producción y empleo de un país”.

 

Con el fin de estimular la producción y mitigar las crisis, la financiación del gasto público debe hacerse vía crédito y no con impuestos que siempre recaen sobre los salarios impactando negativamente la demanda y minando la capacidad de crecimiento o ampliando la profundidad de una crisis. Tal es la constante en Colombia. Desde mediados de 2014 la caída sostenida del precio del petróleo tuvo un efecto negativo sobre los ingresos fiscales del país. En 2016 se necesitaba 34 billones de pesos para cubrir los gastos de la nación. La solución fue imponer más impuestos sin considerar las consecuencias sobre el ciclo económico y sin tomar en cuenta los resultados sociales de esta decisión.

 

Como mínimo dos años más de desaceleración

 

De acuerdo con la tendencia del último ciclo económico se esperaría que la contracción llegara a sus niveles mínimos a finales del próximo año, volviéramos a llegar a un punto de máximo potencial hacia finales de 2020. No obstante, la reforma depositó su capacidad de recaudo en los impuestos indirectos que afectan mayormente a la demanda de los hogares, que ya venía desacelerándose. En el gráfico se observa que también el crédito de consumo crece a tasas menores, entonces es de esperar que tres puntos porcentuales más de IVA afecten nuestra recuperación.

 

Después del deterioro introducido por la reforma tributaria, las autoridades económicas centran ahora su esperanza en la política monetaria que en palabras del economista Galbraith no es socialmente neutral pues “favorece firmemente a la clase rentista” mediante los movimientos en las tasas de interés. Mientras el gasto público altera las decisiones de los sectores a los que la inversión privada debe dirigirse y por ende la tasa de ganancia, la política monetaria no precisa mayor inconveniente para la actividad privada y tampoco incide en la distribución de la riqueza, como si lo haría una política fiscal que protegiera el bienestar de los asalariados. Por estas razones los grupos de presión económica inciden mayoritariamente para que se privilegie las acciones de los bancos centrales para regular las economías.

 

Sobre tal particular, el Banco de la República reconoce el momento de menor demanda, el aumento de precios por cuenta del IVA, y el deterioro del mercado laboral: “La tasa de desempleo muestra una tendencia ascendente para el total nacional y las trece áreas [...] se observó una desaceleración importante en el empleo asalariado, el número de no asalariados aumentó frente a enero”.

 

Ante la magnitud del problema la decisión de la autoridad monetaria fue disminuir la tasa de intervención en 25 puntos base teniendo siempre presente el cumplimiento de la meta de inflación, y anunciando que vendrán más bajas: “Se han elevado simultáneamente los riesgos de desaceleración excesiva y de persistencia en la inflación, aumentando la incertidumbre sobre el paso al que se deben realizar reducciones adicionales de las tasas de interés”.

 

Para el pensamiento ortodoxo que domina a los banqueros centrales pensar en tolerar un poco más de inflación a cambio de un nivel más alto de empleo es sencillamente impensable. No hace falta decir que el descenso de tasas tenga algún efecto sobre el ingreso y menos sobre el empleo de las personas y que alivie las fallas de un modelo de producción en declive y con profunda desigualdad social. Esta medida por un lado abarata los costos de fondeo de la banca comercial, que sin duda no se transmitirán al público en general porque los bancos mejoran sus ingresos si dejan inmodificado sus márgenes de intermediación. De otro lado, los tenedores de TES aumentarán su riqueza porque el descenso de la tasa se traduce en aumento de precios de los bonos. Es sorprendente ver como Galbraith tiene razón.

 

Crecimiento sin equidad

 

El crecimiento económico de Colombia no es favorable a la clase asalariada. El empleo que genera es de baja calidad y los salarios solo se ajustan con base en las metas de inflación del Banco de la República, que rara vez se cumplen. En la siguiente gráfica se observa que indistintamente de la etapa de crecimiento, en los últimos diez años el país tiene entre el 42 y el 48 por ciento de su población económicamente activa por fuera del sistema de protección social en salud. Además, el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos y es muy baja la tasa de quienes logran una pensión. Estos resultados son la consecuencia de una profunda informalidad y un bajo ingreso y capacidad de ahorro de los asalariados.

 

A pesar de estas condiciones las entidades privadas que manejan el ahorro para pensión, con el fin de capturar mayores recursos para administrar, están presionando para que el Gobierno elimine tarde o temprano el régimen de prima media. Este régimen se basa en la solidaridad generacional y no en el rendimiento financiero de los aportes por lo que hace una cobertura de todo el periodo de vejez. En el régimen de ahorro individual se deja a su propia suerte a quienes no cumplan los montos mínimos para pensionarse o simplemente se racionaliza el ahorro para cubrir hasta donde sea suficiente, sin considerar mayores expectativas de vida.

 

Las decisiones privadas solo buscan su propio beneficio y su incidencia no es la mejor en términos de equidad y bienestar para las mayorías. Al Gobierno le corresponde usar todas sus herramientas para proteger a la población de las consecuencias de los intereses privados y es través del gasto que puede incidirse directamente en la actividad económica y en las condiciones laborales. Por el momento el Gobierno acude a la austeridad como medida, aunque de ella solo pueda esperarse que extienda más la fase recesiva.

 

La última reforma tributaria evidencia que el Gobierno también puede usar la política fiscal en contra del bienestar general y del crecimiento económico. El aumento del IVA golpeó fuertemente a las clases populares, y no se hizo mucho por atacar la evasión o por eliminar varios beneficios que abundan en el Estatuto Tributario. En el impoconsumo la evasión se acerca a 2 billones y la deducción plena del IVA en bienes de capital representa 6.4 billones cada año. De otro lado no tiene sentido hacer devoluciones de IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como son el carbón, los minerales y el petróleo crudo.

 

Haber llegado a una situación, como la de Colombia, en la que el 1 por ciento de la población concentra el 20 por ciento del ingreso nacional es el producto de la acumulación histórica de varias decisiones de política económica que no es que estén equivocadas sino que no están bien intencionadas, y que muestran la debilidad de un Estado que cede fácilmente ante las presiones de intereses económicos nacionales e internacionales, y no frente al evidente deterioro de las condiciones sociales.

 



Recuadro

 

Para favorecer a los de siempre

 

La reforma tributaria que entró a operar en 2017 no eleva el recaudo impactando al segmento de mayores ingresos del país sino que contribuye a la sociedad del cansancio introduciendo elementos más desfavorables para la clase trabajadora, entre ellos desde luego está involucrada la quimérica clase media. El hueco fiscal (desbalance entre los ingresos y gastos del gobierno) es de 33.6 billones. Además 2017 es un año electoral en el que se debe engrasar la maquinaria política con mermelada en cada región. De allí que la negociación en el Congreso de la reforma tributaria haya sido un trámite sencillo sin mayor oposición. Ejecutivo y Legislativo pensando la permanencia del status quo perjudicando a un gran número de colombianos.

 

La estructura tributaria en Colombia es profundamente desigual. Dos personas con niveles de ingresos parecidos deberían ser tratados de la misma manera y dos empresas con similares características en su estructura financiera deberían contribuir con impuestos de manera similar, pero esto no sucede aquí, especialmente a nivel de las empresas, debido a los múltiples beneficios tributarios (zonas francas y contratos de estabilidad jurídica) y a los altos índices de evasión fiscal. El contrabando y la evasión mediante paraísos fiscales hacen que nuestro país deje de recaudar alrededor de 8,8 billones.

 

En Colombia el 1 por ciento más rico de la población concentra el 20 por ciento del ingreso pero sólo tributa sobre la base del 11 por ciento de sus ingresos, porque el 89 por ciento restante de su riqueza está constituida solamente por dividendos. La concentración accionaria en el país es muy similar a la de la tenencia de la tierra. Un impuesto a los dividendos aumenta el ingreso de la nación removiendo esta inequidad. Esta iniciativa hubiera sido una muestra de gentil cambio de perspectiva de la clase política. La idea fue presentada por la Comisión de Expertos (con una tasa entre el 10% y 15%) pero rechazada por el gobierno debido a la alta presión de Anif y Andi. Anualmente en forma de dividendos hay 28 billones de pesos que se reparten entre empresas (gracias al discurso del estímulo a la inversión, se permite que el negocio de Carlos Slim retire anualmente 2 billones de pesos en remesas sin tributar un solo peso) y solo 4 billones entre personas naturales.

 

 

El golpe más violento a la clase trabajadora lo dio el Gobierno con el aumento de 3 puntos porcentuales en el IVA. De un lado restringe dramáticamente su ingreso disponible y por otro lado se profundiza la desaceleración reduciendo la demanda efectiva. El IVA es un impuesto indirecto de fácil recaudo que empieza a generar ingresos al Estado desde el primer mes de aplicación. Con el incremento pasamos a tener la tarifa de la Ocde sin tener los mismos niveles de ingreso ni el mismo gasto e infraestructura en bienes públicos y políticas sociales. Este impuesto se hubiera evitado si se hubieran eliminado las exenciones de IVA que privilegian ante todo a los capitalistas. Por ejemplo la eliminación la deducción plena del IVA en los bienes de capital representaría 6.4 billones cada año. En el comercio internacional se puede exigir por ejemplo no devolver el IVA a productos exportados que no contengan valor agregado como el carbón, los minerales y el petróleo crudo. Evitar realmente la evasión de impuestos como el impoconsumo que representa dos billones de pesos al año.

 

La idea de impuestos saludables fue una propuesta interesante en la medida que contiene una acción preventiva en la salud pública si el recaudo se dirige de manera especial a gasto en prevención en salud. Pero el lobby de las empresas de gaseosas hizo que se retirara del proyecto de ley con el argumento cínico de que las gaseosas son imprescindibles en el desayuno de las personas más pobres.

 

El impuesto ambiental que creó el Gobierno no es sino otro impuesto a la gasolina sin ninguna incidencia ambiental porque se cobra sobre el consumo de gasolina y no sobre la emisión. Un impuesto realmente ambiental debe desestimular la emisión de carbono y el uso del automóvil. Por otro lado su recaudo debe destinarse específicamente a proyectos de sostenibilidad, mitigación y adaptación al cambio climático, y no dejarse como un gasto a discreción del Gobierno.

 

En Colombia el 80 por ciento de los pensionados está en niveles de ingreso entre uno y dos salarios mínimos. Para el porcentaje restante puede establecerse un umbral para que las pensiones altas se graven, un umbral a sugerir son más de 7 salarios mínimos.

 

La paz se construye con justicia social. En la reforma tributaria que nos deja el último periodo de Santos se refleja que no hay una medida de justicia sino una oportunidad de hacer de la administración del Estado una máquina de negocios tan corrupta que parece imparable. Dentro de las prioridades que tiene la política pública de Santos, redundar en el bienestar general es la última. Esta reforma tributaria es en beneficio de la clase política y de los empresarios y en perjuicio de los trabajadores.

Publicado enEdición Nº235
Crisis de migrantes centroamericanos en México

La crisis humanitaria olvidada de esta ola migratoria alimenta el oscuro panorama en México, donde los asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias carcomen al país desde hace una década.
El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios en EE.UU.

México enfrenta en su propio territorio una crisis humanitaria que nace en Honduras, El Salvador y Guatemala, países que cada año expulsan a medio millón de personas que, en su mayoría, intentan llegar a Estados Unidos. Sin embargo, cada vez es mayor el número de migrantes que pretende quedarse en México, y el número de solicitudes de asilo pasó de 1,100 en 2011 a unas nueve mil en 2016. Para este año de estima que las peticiones podrían llegar a 20 mil refugiados, de acuerdo con estimaciones de Médicos Sin Fronteras (MSF), que ayer presentó el informe “Forzados a Huir del Triángulo Norte de Centroamérica”.

MSF considera una crisis humanitaria olvidada a esta ola migratoria, motivada por la extrema violencia que se vive en Honduras, El Salvador y Guatemala, la que además alimenta la crisis humanitaria en México, donde los asesinatos, los secuestros, las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias y la impunidad carcomen al país desde hace una década. A pregunta expresa, el director de operaciones de MSF para América Latina, Marc Bosch, consideró preocupante la posibilidad de que el gobierno de Enrique Peña Nieto pretenda utilizar el flujo migratorio centroamericano como moneda de cambio para negociar su relación política y comercial con la administración de Donald Trump durante la próxima cumbre sobre indocumentados, anunciada a finales de marzo pasado por John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El encuentro se programa para realizarse en Miami y sería copresidido por Estados Unidos y México, con representantes del llamado Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA): Honduras, El Salvador y Guatemala. En esta reunión también participarían Canadá y Colombia en calidad de observadores.

El informe de MSF se presenta en un contexto de mayores controles migratorios, detenciones y expulsiones desde Norteamérica que podrían “empujar a más refugiados y migrantes a las redes de tráfico de personas y de organizaciones criminales”. Así, México podría convertirse no sólo en un inmenso muro de contención de migración centroamericana hacia Estados Unidos, sino un país receptor de estos flujos.

Y si bien aún existe un elevado índice de migración económica, al menos el 50 por ciento de los centroamericanos que se internan en México lo hacen huyendo de situaciones que se encuentran en cualquier país en guerra, aunque para ello deban llegar a un país donde la violencia ha alcanzado niveles sólo superados por Siria. México registró 23 mil asesinatos en 2016, superando a Iraq y Afganistán, según un reporte del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos dado a conocer el martes pasado. De hecho, un mapa de las desapariciones en México coincidiría con las rutas de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, dice Rita Robles Domínguez, del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, con sede en Tapachula, Chiapas.

MSF realizó un sondeo con 467 migrantes procedentes del TNCA. Para el 39.2 por ciento, “las principales razones para abandonar su país” fueron ataques directos o amenazas a ellos o sus familias, así como episodios de extorsión y reclutamiento forzado por bandas criminales. De ellos, arriba de dos tercios fueron recibidos en México con más actos de violencia.

Nueve de cada 10 migrantes atendidos por MSF entre 2015 y 2016 sufrieron al menos un episodio de violencia en sus países de origen y/o durante su tránsito por México hacia Estados Unidos.

De por sí, “la implacable violencia y el sufrimiento emocional” padecido por estos migrantes “no es diferente a lo que experimentan las poblaciones que se encuentran en zonas de conflicto donde hemos estado trabajando durante décadas”, dice Bertrand Rossier, coordinador general de la organización en México. Los países del TNCA registran 150 mil asesinatos en los últimos 10 años.

Asesinatos, secuestros, amenazas, reclutamiento por “actores armados no estatales”, extorsiones, violencia sexual y desaparición forzada se encuentran en la lista de situaciones de violencia que padecen los migrantes centroamericanos en su paso por México. Todas ellas “son realidades propias de una guerra, pero también son situaciones que estas personas están sufriendo”.

De hecho, aún mucho antes de que iniciara la era Trump, México desató una cacería de migrantes a partir de implementación del Programa Integral Frontera Sur, anunciado por el presidente Enrique Peña Nieto en julio de 2014. “Se vendió como un plan para proteger la integridad de los migrantes y combatir a los grupos criminales que los atacan; en la práctica, se convirtió en una verdadera cacería de migrantes”, dice Alonso Hernández, director del Albergue Paso FM4 de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco y miembro del Comité Ciudadano del Instituto Nacional de Migración.

Los migrantes saben de la violencia que les espera en México, y aun así vienen, lo cual habla de la dimensión de la violencia de la que huyen desde Honduras, El Salvador y Guatemala, subrayó Elena Estrada Cocina, responsable de Asuntos Humanitarios de MSF.

MSF hizo un llamado a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, así como a los de México, Estados Unidos y Canadá, para que garanticen alternativas a las detenciones masivas de migrantes y para que se adhieran a los principios de no expulsión. “Estamos ante una crisis humanitaria continuada” desde los países de origen de los migrantes hasta su tránsito por México e incluso su arribo a Estados Unidos, dice Marc Bosch. Poco se puede hacer ante estas realidades, como no sea acompañarlas, reconoce, pues “la solución a las crisis humanitarias no está en la sociedad civil, se necesitan respuestas claras de los gobiernos”.

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Lunes, 08 Mayo 2017 07:02

Una sociedad fracturada

Una sociedad fracturada

Cuanta más prosperidad hay en una zona, más votos cuentan para Macron. La otra Francia fue objeto de evocaciones, pero nadie se ocupa de ella.



Un espacio político divido en cuatro y una sociedad fracturada en dos: la elección del centrista liberal Emmanuel Macron es el espejo exacto que refleja mucho más que la frontera entre izquierda y derecha, o aquella que definió el electo presidente entre “progresistas y nacionalistas”. Hay cuatro fuerzas políticas en el nuevo escenario: la del centro liberal presidencial, la de la extrema derecha, la de los conservadores de tradición gaullista y la de la izquierda radical. Y hay dos Francia netas, visibles en la geografía electoral:una, urbana y capacitada, a menudo joven e implicada en el mundo globalizado, y otra rural, suburbana y poco calificada. La primera votó a Emmanuel Macron, la segunda a la extrema derecha de Marine Le Pen. La primera Francia es la de las redes y la conquista, la segunda la de la exclusión y el resentimiento. Pocos votos habrán tenido como este una lectura social tan intensa, y pocos, también, habrán remitido a la imagen de quienes componen la sociedad. Las sucesivas contaminaciones y escándalos de la campaña nunca empañaron el espejo de la “fractura social” (Jacques Chirac, ex presidente 1995-2007), ni el de la fractura digital, ni el del centro y las periferias desiertas y pauperizadas. Las elecciones francesas han tenido el mérito profundo de derrotar al populismo nacionalista y de sacar de los cuentos míticos del progreso la realidad en la que viven la mayor parte de las democracias del mundo, aisladas en zonas de prosperidad y dinámicas de ascenso y, otras, en espacios de confinamiento, de precariedad y sensación de derrota. Trump, en los Estados Unidos, puso la batuta sobre la nota racial, Francia restauró la dimensión social con una transparencia rotunda. Los datos son elocuentes:cuanto más prosperidad hay en una zona, más votos se cuentan a favor de Emmanuel Macron. La otra Francia ha sido objeto de relatos y evocaciones, pero nadie se ocupó de ella. Contrariamente a lo previsto, no fue la infección radial la que monopolizó el debate sino la desesperanza social.


La izquierda está ausente de lo que siempre ha sido su identidad histórica:reconectar, a través de la igualdad, las sociedades fracturadas. La misión le incumbe paradójicamente a un liberal profeso, que carece de partido y cuya próxima y cercana misión, el próximo 21 de junio, consiste en armar una mayoría legislativa para gobernar. ¿Con quién ? ¿Cuántos socialistas irán bajo sus afiches ? Hoy se perfilan dos sólidos ejes de oposición:la ultraderecha, y la izquierda radical de Mélenchon. Su respectivos porcentajes en estas elecciones les permiten conjeturar una traducción legislativa de sus fuerzas presidenciales. Emmanuel Macron está en el centro de ese tablero cuyas complejas realidades fueron más rebeladas por el cambio de retórica del lepenismo que pasó de la xenofobia a la denuncia social que por sus propios diagnósticos. Con esta elección, la desigualdad cifrada en estudios y trabajos sociológicos adquirió el rostro de la gente, reconquistó su identidad. Con Trump, el mundo dejó de ser lo que era y, con la elección francesa, de pronto se recupera la pregunta sobre lo que quiere ser. No sólo hay consumidores de los últimos modelos de celulares, sino, millones de personas que tienen otras preocupaciones más inestables que atender. La elección francesa sopló la cortina de humo de la tecno ilusión, la de la digitalización feliz, la de un mundo integrado y mega conectado donde basta con cliquear sobre un “like” para ser parte de él. Quienes cliquearon en la urna tangible de la extrema derecha no son todos fascistas, ni xenófobos, ni anti mundo. Tal vez sólo hayan pedido, mediante el resentimiento, que los incluyan, que les construyan rutas, sucursales bancarias, mejores escuelas, internet más rápido, mejor acceso a la educación de sus hijos, que les pinten la escabrosa tristeza en la que tantos y tantos suburbios del mundo viven sumidos. La desigualdad social y el enriquecimiento de unos pocos sobre el empobrecimiento de muchos ha sido la narrativa reflexiva de los últimos años. Nunca se había hablado tanto y visto y debatido tan poco. Francia la puso en la pantalla ampliada de la híper realidad, allí donde Trump la había ocultado con sus patrañas raciales y sus insultos a las elites intelectuales.


La apuesta de la recomposición social se la llevó Emmanuel Macron. Sus primeras medidas van en contra de la reconexión. El electo presidente se pondrá, como primera medida, manos a la obra para hacer adoptar una “reforma en profundidad” de la ley sobre el derecho laboral, la misma que, desde el año pasado, levantó un muro de protestas callejeras y terminó de hundir un poco más la tenue presidencia de François Hollande. Todo lo contrario de una política social o de atención a la Francia que está del lado menos floreciente de la fractura. Esta vez, sin embargo, toda anticipación suena a disparate. La elección presidencial, hasta el final, ha sido una sinfonía de singularidades que fueron contradiciendo a los más acertados analistas. Entramos, con Francia, en la quinta dimensión. Los esquemas de antes se quedan cortos y los nuevos habrá que inventarlos para comprender la frondosa y cambiante realidad humana. Lo que, por encima de las retóricas diseñadas por los comunicadores y propagadas por Macron, sí persiste y se ha renovado es el eje izquierda derecha. Nunca fue tan pujante, ni tan evidente la necesidad de una izquierda poderosa que mire y se comprometa cuerpo y alma allí donde siembra su futuro la ultraderecha.

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Fan Yusu, la Charles Dickens china de la era internet

El relato online de la difícil situación de millones de chinos han convertido a su humilde autora en una sensación literaria de la noche a la mañana



De niña, Fan Yusu se escapaba de su vida de pobreza rural gracias a Charles Dickens. Se sumergía en las fatigas de Oliver Twist escapándose de un albergue para pobres de la época victoriana y dirigiéndose hacia la gran nube de humo —Londres—.


Pero es la historia del propio vuelo de Fan a la gran ciudad el que se ha ganado los corazones y las mentes en su China natal. Tras publicar en la red las luchas de los trabajadores migrantes, Fan se ha convertido de la noche a la mañana en una nueva sensación literaria.


Según medios chinos, más de un millón de personas ha leído el texto autobiográfico de la autora desde la semana pasada, cuando fue publicado en la red social WeChat. En el relato, Fan traza sus intentos de construir una vida en Pekín.
La historia, titulada Yo soy Fan Yusu, ha sido eliminada de la red, posiblemente como consecuencia de los temas políticos que toca, incluyendo la mala situación de los 281 millones de trabajadores migrantes de China.


Sin embargo, la fama de la autora, de 44 años, que ha sido calificada por un periódico como 'La escritora china más candente', continúa aumentando. Tanto que Fan ha abandonado su casa en un barrio pobre de inmigrantes a las afueras de Pekín para huir de las hordas de periodistas que quieren entrevistarla. “Me estoy escondiendo”, declaró a un periodista, según recoge Xinhua, la agencia de noticias oficial del país.


La historia de la última estrella literaria de China comienza en un pueblo del interior a comienzos de los setenta, llegaba a su fin la turbulenta Revolución Cultural del presidente Mao y el país se sumergía en una nueva era de agitación económica y social.


Fan, nacida en el seno de una familia de cinco hijos en una comunidad rural desfavorecida tuvo que empezar a trabajar a los 12 años y soñaba con mudarse a una de las ciudades en repentino auge de China.


Pero también era un ratón de biblioteca: Además de Oliver Twist y Grandes Esperanzas, de Dickens, devoró las obras de Daniel Defoe, Julio Verne y Maxim Gorky, así como autores chinos como Jin Jingmai. Con 20, Fan viajó a Pekín esperando encontrar trabajo y vio “el gran y amplio mundo”.


No solo no encontró trabajo, sino que cayó en un matrimonio abusivo con un hombre del noreste de China con quien tuvo dos hijas. “Se volvió un borracho y violento. No pude soportar su violencia machista y decidí coger a mis dos hijas y regresar a mi pueblo natal”, recuerda Fan en su relato, que continúa con su vuelta a la capital china, donde encontró trabajó de niñera del hijo ilegítimo de un millonario. “Mi vida es como un libro miserable y conmovedor”, explica Fan. “El destino me ha atado de una forma absolutamente desastrosa”, añade.


Zhang Huiyu, profesor de literatura que trabajó como voluntario en el curso de escritura para trabajadores inmigrantes al que asistió Fan, afirma que su exalumna era una fanática de la literatura, y que sus “palabras simples y sinceras” han tocado la fibra a la gente común. “Hoy en día la gente está atrapada en el ajetreo de la vida pero la historia de Fan Yusu nos muestra el lado bonito y romántico de la vida”.


El periódico oficial del Partido Comunista, the People's Daily, se hizo eco de estos sentimientos y afirmó que había emocionado a los lectores por su prosa “objetiva pero provocadora”.


“Es como una antropóloga que, observando a la gente y todas sus formas de vida, ofrece a los lectores una nueva perspectiva”, afirmó un crítico.


“No tengo ni idea, y ¿tú?”, respondió a un periodista que le preguntaba por qué sus palabras han resonado entre los lectores. Antes de esconderse Fan concedió varias entrevistas en las que se veía obligada a explicar su éxito repentino.
“No tengo talento”, indicó en otra ocasión, acallando así los rumores de que busca perseguir una carrera en la escritura. “Nunca he soñado en cambiar mi destino con un bolígrafo”.


Fan se describe a sí misma como “una mujer que lucha por sobrevivir en el fondo de la sociedad” y afirma que los libros le han ayudado a afrontar los retos de ser un miembro de la clase baja explotada de China. “Cuando la vida era extremadamente difícil, leía para dejar de pensar en la adversidad”.


Tras ser catapultada al estrellato literario, han emergido otros textos de Fan, incluido un poema llamado Monólogo de una madre migrante:


“Solo me atrevo a llorar en las profundidades de la noche
soy una inmigrante, y también lo son mis hijas
Si es posible, dejadme afrontar sola las adversidades
dejando a mis queridas hijas la felicidad”.

 

Tom Phillips
03/05/2017 - 20:21h
Traducido por Javier Biosca Azcoiti

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Miércoles, 26 Abril 2017 15:06

Primero la propiedad privada, luego...

Primero la propiedad privada, luego...

De nuevo el bolillo y la amenaza. El pasado lunes 24 de abril fueron desalojados a golpes y empujones cerca de 400 familias, incluyendo menores de edad, pobladoras del barrio Bilbao de la localidad de Suba, en Bogotá. Familias que llevaban allí entre dos años y seis meses de residencia. Para ocultar el atropello, la policía, en colaboración con algunos medios de comunicación, no ocultaron su esfuerzo para que la opinión pública creyera que los desalojados eran expendedores de drogas y que ellos mismos fueron quienes incendiaron sus casas para ocultar la evidencia.

 

El hecho de que los desalojados son recicladores facilitaría tal versión. Evidente discurso clasista. Sí, son recicladores, decenas de familias empobrecidas, excluidas, obligadas a brindarse un techo a como de lugar ya que los ingresos no les permite pagar un arriendo mensual y mucho menos abonar una deuda por veinte años para hacerse de una vivienda. Su falta de empleo seguro e ingresos fijos, no les permite proyectar gastos. Ante esta realidad, la invasión de zonas en las que corren el riesgo de sufrir enfermedades o algún tipo de desastre, al ubicarse, como en este caso, a orillas del río Bogotá, es su única alternativa.

 

Manipulación mediática más violencia oficial. Además, como prueba de la farsa entretejida alrededor del desalojo, cuyo único fin es evitar la indignación de la opinión pública, está el hecho de que la policía y los boinas verdes entraron a las casas de la gente con perros para buscar estupefacientes, pero no encontraron nada, lo que impidió judicializarlos por porte o tráfico de drogas. Los medios de comunicación oficiosos no pudieron mostrar evidencia alguna, solo palabras. Minutos después del ingreso de los uniformados y sus pesquisas dentro de las casas de muchos de los pobladores, ocurrió la conflagración de la que la población acusa a los verdes.


La comunidad afirma que el desalojo no sólo dejó heridos sino también muertos. Según relatan, una mujer de la tercera edad sufrió un ataque al corazón al momento del operativo uniformado. Otra joven embarazada perdió el bebe al ser pisada por los caballos de carabineros. Sin embargo, no hay registros que confirmen estos hechos. Se espera que las autoridades competentes aclaren esta situación.

 

 ¿Cuándo será que el problema de la tierra y de la vivienda encuentra solución efectiva en esta ciudad y en todo el país?

 

 

A continuación, presentamos imágenes de los efectos del desalojo.

 

Los desalojos se ubican en dos zonas distintas separadas por dos cuadras y sin conexión alguna. La primera se ubica entre las carreras 150 hasta la 153 con calle 143c. En esta fue donde hubo más represión y violencia por parte de la policía tras la resistencia que opusieron sus pobladores, quienes no tenían alternativa alguna de vivienda. La segunda zona afectada se encuentra al final de esta calle: en la carrera 155, ahí el camino se corta porque se atraviesa el río. Los pobladores aquí fueron engañados por la policía al decirles que nadie los sacaría de sus casas sin negociación previa. La imagen muestra a una familia de la primera zona con sus bienes personales. Unas de las pocas que pudo sacarlos antes de que las llamas consumieran todo.

 

 

La noche del 24 las familias desalojadas tuvieron que dormir en la calle. Muchos niños no pudieron asistir al colegio debido a que sus útiles escolares, junto a los uniformes, se perdieron en el incendio y no tenían dónde alistarse para salir a clase. Son sesenta las familias víctimas del conflicto armado afectadas en este hecho, proceden de los departamentos de Sucre, Chocó, Córdoba, Magdalena y Caquetá, muchas de ellas con 8 o 10 años de haber llegado a Bogotá y sin lograr resolver el tema de una vivienda digna ni el de los ingresos fijos. La gran mayoría no tiene familia cercana para reubicarse. Las madres les piden a las directivas de los colegios que no les quiten las rutas escolares. Dicen que como perdieron todo no han podido llevar a sus hijos al colegio, y que con tres fallas pierden el derecho a la ruta escolar.


Algunos vecinos se han solidarizado con los desalojados y les brindan alimentos. Las llamas también los dejaron sin ingresos al destruir lo que habían reciclado durante semanas de reciclaje.

 

 La mayor concentración de desalojados se encuentra a lo largo de la calle 143-b, desde la carrera 51.

 

 

  

Estas imágenes corresponden a las invasiones de la zona uno arriba descrita.

 

 

 

De manera pacífica, en horas de la mañana del martes 26 de abril salieron a protestar por una vivienda digna. En medios de comunicación funcionarios del Distrito afirmaron que los desalojados recibirán ayuda y que ya dieron casas a 50 personas. Sin embargo, no hay registro de dichos beneficiados y la población denuncia que la ayuda consiste en un pago de 150 mil pesos que no les alcanza ni para un mes de arriendo. Pero aún no han recibido la mínima ayuda. La colaboración ha venido de vecinos solidarios y de algunas fundaciones que operan en el sector. Los funcionarios públicos sólo hacen presencia frente a las cámaras para hablar de supuestas ayudan que no aparecen por parte alguna. Por eso la población quiere entablar un diálogo con el Alcalde mayor de la ciudad, para que les solucione el problema de vivienda.

 

Imágenes de la segunda zona desalojada.

 

  

Las personas heridas por acción de la policía o al intentar rescatar sus bienes, como un hombre que se cortó con una teja y otro que se clavó una puntilla, no han sido atendidos. Los casos más graves fueron llevados al hospital de Suba. Se desconoce su estado de salud. En imágenes se ve a un joven que fue golpeado con un bolillo en la quijada. La mujer de rosado muestra ante la cámara su brazo golpeado.

 

 

 

 

En la noche del 25 de abril la lluvia arreció y la gente, sin alternativa de techo, buscó refugio en las fachadas de las casas y en carpas improvisadas. A esa hora aún no recibían soluciones. Temían que a la madrugada llegara el Esmad a sacarlos. Si lo hacían, manifestaba la gente, no tenían otra opción que seguir invadiendo predios desocupados.

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© AFP 2017/ Paul J. Richards

 

Desde la crisis financiera de 2008, la desigualdad y la amenaza del impago de la deuda de los EEUU han sido temas recurrentes en los análisis sobre la erosión de la hegemonía global de Washington. Sin embargo, bajo la presidencia de Donald Trump ambas cuestiones van cobrando nuevas dimensiones.

El mundo comienza a desconfiar de las promesas de los gobernantes de la superpotencia porque la evidente fractura social interna se convierte, también, en amenazadora fractura política.

Una nación que tenga una sociedad integrada, donde sus miembros se relacionen de una manera medianamente horizontal y democrática, será estable ya que las aspiraciones al ascenso social que atraviesan el mundo, pueden concretarse con esfuerzo y trabajo. Algo así sucedía en EEUU hacia mediados del siglo pasado.

De hecho, las décadas de 1950 y 1970 presentan la menor desigualdad en la historia reciente del país: el 10% superior en ingresos se llevaba entre el 30 y el 35% de los ingresos nacionales. Hoy ese mismo 10% se lleva la mitad del ingreso nacional, pero el 1% ha crecido aún más rápidamente.

El panorama que presenta hoy el país es más o menos el siguiente: gobiernan los multimillonarios, sector al que pertenece la mayoría de los miembros del Congreso; la clase media está desapareciendo, los salarios están estancados y la pobreza crece exponencialmente, concentrada en ciertos barrios y regiones. En vez de trabajo estable bien remunerado, los nuevos empleos que se crean son precarios y mal pagos, sin la posibilidad de que el trabajador tenga un desempeño profesional ascendente.

Si el sistema era estable en la década de 1950 y la sociedad se mostraba optimista y confiada, ¿qué se puede esperar en este período en el que las mayorías sufren serio retroceso? Además, ya no existen espacios comunes compartidos por los diferentes sectores sociales: los más pobres, en particular negros, tienen como referente la cárcel y la exclusión; los más ricos se socializan en espacios exclusivos que los demás ni siquiera sueñan conocer. La clase media no puede referenciarse en ninguna de ellos.

Un reciente estudio divulgado por la revista médica británica The Lancet revela que la brecha entre la esperanza de vida de los más ricos respecto a los pobres se ha elevado en EEUU de cinco a trece años. Pero el informe señala que estamos apenas en el comienzo de una creciente polarización.

"Estamos presenciando a cámara lenta un desastre en la salud de los americanos de bajos ingresos que han transcurrido su vida trabajadora en un período de crecientes desigualdades de ingresos", destaca el profesor Jacob Bor, coautor del informe, consultado por el diario El País. Se refiere a los nacidos en la década de 1960, generación que ha sido carcomida por el tabaquismo, una epidemia de obesidad y el consumo de opiáceos, la respuesta que han encontrado al persistente deterioro de sus vidas laborales.

Es la llamada "trampa de pobreza y salud", relación que se retroalimenta hacia abajo, ya que el costo de la atención médica para los estadounidenses pobres "puede llevar a la bancarrota a hogares y empobrecer familias", como señala Bor. Aún luego de la reforma sanitaria del gobierno de Barack Obama, un 25% de los más pobres no tiene seguro médico, cuestión que afecta sobre todo a negros y latinos, algo que la revista The Lancet denomina como la continuidad histórica de un "racismo estructural", que se manifiesta en los problemas de vivienda y en el crecimiento de la población carcelaria, que también afectan la esperanza de vida.

Aquí se cruza, de forma alarmante, el problema de la deuda, que ha sido siempre un tema tabú en el mundo y ahora resurge, ya que supera el 100% de PIB de EEUU. De hecho, Trump ha sido el encargado de romper ese tabú al mencionar que podría renegociar la deuda pública si fuese necesario, lo que supone un verdadero sismo geopolítico, como señala el Laboratorio Europeo de Anticipación Política.

El actual presidente fue muy claro al respecto en su campaña electoral, lo que puede explicar la furia de ciertas élites hacia su persona, ya que muestra el lado menos aceptable de la dominación global del sistema financiero anclado en el chantaje del dólar y de Wall Street al resto del mundo.

En los hechos, EEUU ya no cuenta con la posibilidad de negociar algo que funcione como lo hacía el petrodólar, que en 1971 le permitió al presidente Nixon anunciar la suspensión de la convertibilidad del billete estadounidense en oro. Sin aquel apoyo de la monarquía saudí, que sostuvo la cotización y el comercio del petróleo en dólares, el billete verde no se habría mantenido casi medio siglo como referencia mundial sin competencia alguna.

Lo que anuda ambas cuestiones son dos hechos centrales y cada día menos discutibles. Por un lado, la evidente erosión de la hegemonía estadounidense. Respecto al dólar, la pregunta que todos se hacen es cuándo dejará de ser la moneda de reserva universal, porque es consenso que ese día llegará aunque nadie puede precisar cuándo.

Por otro, la crisis de confianza en los EEUU como gran potencia que no admitía contestación, por lo menos en el llamado mundo occidental, ha entrado en su fase final. En las relaciones internacionales, cada vez son más los países que se atreven a desafiarla, incluso en el terreno militar. Lo que viene sucediendo desde comienzos de la década de 2000, una serie ininterrumpida de fracasos político-diplomático-militares, es el signo de los tiempos.

Lo único novedoso que aporta la presidencia de Trump, es que la fractura interior se ha hecho visible y se ha convertido en una suerte de "fractura expuesta" que deja en evidencia la decadencia imperial y que ya no es reversible, como lo muestran los datos sobre desigualdad y deuda.

Nos guste o no nos guste el actual inquilino de la Casa Blanca, tiene la virtud de que ya no puede ocultar que el caos por el que atraviesa el sistema mundial ha anidado en la mayor potencia económica y militar del planeta. Con todos los riesgos que eso implica para la humanidad.

 

 

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La concentración de la tierra en Latinoamérica, causa de conflicto social y subdesarrollo

• 1% de los propietarios concentra más de la mitad de las tierras

• 32 millonarios igual riqueza que 300 millones de personas

• Importante reunión de la FAO en Santiago de Chile


El 1% de los propietarios de América Latina concentra más de la mitad de las tierras agrícolas. La Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), retomó estos datos de un informe de la ONG OXFAM para describir la enorme desigualdad que atraviesa al continente.

El tema de la concentración de las tierras junto con la reflexión sobre el impacto de las reformas agrarias de la región, constituyó el tema central de la Reunión de alto nivel sobre “Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques en América Latina y el Caribe”, realizada en Santiago de Chile en el transcurso de la primera semana de abril.

La región de América Latina y el Caribe tiene la distribución de la tierra más desigual del mundo. La FAO destacó que esa distribución es aún más inequitativa en Sudamérica, mientras que en Centroamérica es levemente inferior.

La región tiene la distribución de tierras más desigual de todo el planeta: el coeficiente de Gini –que mide la desigualdad– aplicado a la distribución de la tierra en el continente alcanza al 0,79, superando ampliamente a Europa (0,57), África (0,56) y Asia (0,55).

El organismo de la ONU sostiene que administrar mejor los derechos de la tierra, así como el acceso a los bosques y la pesca es fundamental para reducir la pobreza en las zonas rurales y proteger los recursos naturales. E instó a mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia.

Mejorar el reconocimiento de los derechos de tenencia de la tierra y su distribución es un paso necesario para erradicar el hambre y avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, subrayó la FAO en Santiago de Chile.

Otro problema significativo, según el organismo onusiano: cada vez es menor el porcentaje de la tierra en manos de pequeños propietarios. Fenómeno que conspira, en particular, contra las mujeres. En Guatemala, por ejemplo, sólo el 8% de las mujeres es propietaria. En Perú, sólo el 31%. En la mayoría los casos, estas propiedades son de menor tamaño y calidad que las que poseen los hombres.

A fines del año pasado OXFAM publicó “Desterrados: Tierra, Poder y Desigualdad en América Latina”, uno de los informes más completos realizados hasta ahora sobre la situación agraria del continente. El mismo centraliza su análisis en 17 países latinoamericanos.

“El 1% de las fincas acapara más de la mitad de la superficie productiva. Es decir, este 1% concentra más tierra que el 99% restante. Esta situación no ofrece un camino para el desarrollo sostenible, ni para los países, ni para las poblaciones ” , indica el informe de la ONG, retomado ahora por la FAO.

La desigualdad económica y social es uno de los mayores lastres que impiden a las sociedades latinoamericanas alcanzar el desarrollo sostenible y supone un obstáculo para su crecimiento económico. “En la región, 32 personas privilegiadas acumulan la misma riqueza que los 300 millones de personas más pobres. Esta desigualdad económica está íntimamente relacionada con la posesión de la tierra, pues los activos no financieros representan un 64% de la riqueza total”, subraya OXFAM.

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