BLOQUEO CONTRA EL PUEBLO. La policía boliviana bloqueó ayer la carretera Sacaba-Cochabamba para evitar que los partidarios del presidente en el exilio Evo Morales lleguen a la sede del gobierno. Las autoridades reconocieron que han muerto ocho civiles en las manifestaciones.Foto Ap

Mas allá del abordaje sociologista ultra-reduccionista sobre el golpe de Estado policiaco/militar/mediático en Bolivia, con bendición de Estados Unidos y la OEA–con sede en Washington y cuyo 60 por ciento de su presupuesto es financiado por Washington–, surgen sus profundas razones en el análisis geopolítico multidimensional que trasluce un litio-golpe (https://bit.ly/2NQomfI).

Desde el 8 de octubre, Behind Back Doors explayó los preparativos del golpe de Estado, con coartada de fraude electoral (https://bit.ly/35iR27h), para derrocar al gobierno anti-neoliberal de Evo Morales con la ayuda de los evangelistas (20 por ciento de la población).

Dejo de lado la mórbida personalidad del líder cívico de Santa Cruz, el gasero-financiero Luis Fernando Camacho, miembro de la logia Los caballeros del Oriente y exhibido como narco-lavador en los Panama Papers, junto al fascista peruano Mario Vargas Llosa (https://bit.ly/2qlJOAf). También soslayo la todavía más vulgar personalidad de la proclamada presidenta Jeanine Áñez, elegida por ocho diputados sin quorum: entronizada por el ejército y con una Biblia evangelista en la mano, cuyo sobrino Áñez Dorado libra una condena por narcotráfico en Brasil (https://bit.ly/357y7vW).

Dos meses antes del golpe, Ivanka, asesora e hija de Donald Trump, visitó Jujuy (Argentina), frontera con Bolivia, y pletórica en litio, donde prometió 400 millones de dólares para las rutas del litio (https://bit.ly/33TsTDZ). El 75 por ciento de las reservas globales de litio se encuentran en el triángulo Bolivia/Chile/Argentina que son motivo de la codicia geoestratégica de las superpotencias debido a su uso para las baterías de los carros eléctricos y los teléfonos inteligentes.

La firma del gobierno de Evo Morales con China de un contrato por mil millones de dólares para explotar el litio indispuso a Estados Unidos, con quien la nación asiática libra una guerra comercial (https://bit.ly/33UkH6l).

A las trasnacionales mineras anglosajonas de Estados Unidos y Canadá, que controlan a la OEA, les indispuso todavía más el lanzamiento del carro eléctrico Quantum de fabricación totalmente boliviana: una asociación de la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Quantum Motors, de Cochabamba (https://bit.ly/2KqNury).

El golpe de estado abre de par en par a las mineras anglosajonas el Salar de Uyuni en Bolivia, la primera reserva global de litio (https://bit.ly/2KtSMCn). Según Common Dreams, el golpe viene menos de una semana después de que Evo Morales frenó (sic) el acuerdo para la extracción de litio con la firma alemana Acisa debido a semanas de protestas en la región de Potosí –cuya población exigía menos desventajas– que contiene “entre 50 y 70 por ciento de las reservas mundiales de litio en el Salar de Uyuni (https://bit.ly/2OklGpD)”.

El gobierno antineoliberal de Evo Morales había ya molestado a las trasnacionales gaseras/petroleras/acuíferas, debido a su exitosa nacionalización del gas/agua/electricidad/mineras/ telecomunicaciones, lo cual le procuró el segundo mayor crecimiento económico de todo el continente americano frente al artificial primer lugar de Panamá, especializado en el blanqueo financiero.

Hace dos años Stratfor publicó, la CIA en las sombras de las trasnacionales, y advertía el “empoderamiento de la revolución global del litio (https://bit.ly/32U3B72)” cuando la demanda de baterías de litio-iónico continuará a crecer, mientras Bolivia podría perder (sic) su oportunidad la próxima década para llenar las brechas del abastecimiento global del litio.

¿El pesimismo de Stratfor, en referencia a Bolivia hace dos años, se debía al gobierno nacionalista y anti-neoliberal de Evo Morales? En 20 años la producción de litio se ha triplicado y se espera que se duplique su demanda en 2025. Una cosa es tener las mayores reservas del mundo, el caso de Bolivia, y otra cosa es exhibir su producción, donde vienen a la cabeza Australia, Chile, Argentina y China. También hace un año, Laura Millán Lombrana de Bloomberg, aseveraba el casi imposible (sic) sueño del litio de Bolivia (https://bloom.bg/2QrsjJu). Ahora sus golpistas neoliberales pueden cumplir el sueño posible de las trasnacionales mineras anglosajonas.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 06:16

Licencia para matar y salir impune en Bolivia

En Cochabamba, ciudadanos rodean los féretros de los muertos en la represión de Sacaba. Imagen: AFP

Tras la masacre de Cochabamba, la presidenta ilegal le dio inmunidad a las FF.AA.

El decreto 4078 aprobado por Añez deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno”.

Fueron nueve muertos y ciento quince heridos en la ya denominada masacre de Cochabamba. “Hubo un acto de represión, no ha existido un enfrentamiento”, informó el representante de la Defensoría del Pueblo para Sacaba, Cochabamba, Nelson Cox. Todos los fallecidos presentaron disparos en la cabeza o el tórax, añadió.

Son así un total de 24 muertos en Bolivia, según declaró la Defensoría del Pueblo. Esas cifras grafican lo que se ha vivido en el país a partir del golpe de Estado concretado el pasado domingo cuando el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera fueron obligados a renunciar.

La escalada represiva y de muerte a escalado forma vertiginosa y el anuncio del sábado anticipa que aumentará. En efecto, fue conocido el decreto 4078, aprobado por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, que deslinda de responsabilidad penal a los militares que participen en “los operativos para el restablecimiento del orden interno y la estabilidad pública”.

El decreto establece que las Fuerzas Armadas podrán “hacer uso de todos los medios disponibles que sean proporcionales al riesgo de los operativos”.

El conocimiento de la orden dada por el gobierno generó reacciones adversas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De esta manera, cinco días después del anuncio de la Fuerza Armada Boliviana (FAB) de salir a las calles, se hizo oficial la autorización para proceder a actuar con impunidad.

“Es una carta blanca de impunidad para masacrar al pueblo”, escribió Evo Morales desde su cuenta de Twitter.

La presencia de la FAB en las carreteras del país y calles de las principales ciudades comenzó el lunes por la noche, luego de que la Policía Nacional Boliviana (PNB) pidiera el refuerzo militar en vista de los levantamientos, en particular el ocurrido en la ciudad de El Alto.

A partir de esa noche comenzaron a sobrevolar aviones y helicópteros militares, y las tanquetas se hicieron presenta a diario en las inmediaciones de la Plaza Murillo, donde se encuentran la sede de gobierno y el poder legislativo. Bolivia pasó a estar de facto en un estado de sitio.

Esta situación de escalada se vio agravada por las declaraciones de Añez, quien aseguró que enfrentan acciones desestabilizadoras de “grupos subversivos armados”. De esta manera los tres elementos centrales han sido puestos en marcha: el operativo militar, su respaldo legal y su justificación narrativa. La masacre de Cochabamba fue su implementación.

En ese marco tuvo lugar la reunión entre el enviado de Naciones Unidas, Jean Arnault, y Añez. Arnauld explicó en sus declaraciones que se reunirá con todos los líderes y actores, para abordar dos cuestiones centrales: la “pacificación” de la crisis y la “convocatoria de elecciones libres a los cuales todos los actores están comprometidos”.

La cuestión electoral también fue abordada en una rueda de prensa dada por los presidentes de las cámaras de Senadores, Eva Copas, y de diputados, Sergio Choque, ambos del Movimiento Al Socialismo (MAS). Allí anunciaron que convocarán a una sesión de la Asamblea Plurinacional el día martes para tratar la convocatoria a nuevas elecciones.

Una de las respuestas al anuncio vino por parte Oscar Ortiz, actual senador, ex candidato presidencial, quien afirmó que la convocatoria “busca desestabilizar la transición democrática” y, agregó, que “el MAS busca la convulsión”.

El tema electoral es una de las variables centrales de la actual situación. Quienes encabezan el golpe de Estado y actual dictadura anunciaron desde el inicio que existirá una convocatoria a elecciones presidenciales. Para eso es necesario la elección de nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que necesita un acuerdo dentro del ámbito legislativo.

Aún no se sabe si existirá el acuerdo para el TSE o si el gobierno de facto buscará otro camino por encima de la Constitución. Mientras tanto avanza en uno de sus objetivos centrales: perseguir a dirigentes políticos, sociales, forzar al asilo, asesinar de manera selectiva o en escenarios como la masacre de Cochabamba.

El plan golpista es llegar a elecciones habiendo diezmado las fuerzas del proceso de cambio, de los movimientos sociales que han tomado las calles, del MAS, y ha anunciado, a través del decreto de impunidad, que avanzará en ese plan. Cuenta, para sostenerse, con la FAB, la PNB, la clase política y empresarial que busca una restauración y una revancha, así como de la protección político-diplomática norteamericana.

La situación en Bolivia se encuentra en horas oscuras: sin Estado de derecho, con autorización para la FAB de matar, dirigentes y periodistas amenazados, perseguidos, un gobierno de facto que multiplica amenazas, y un manto de silencio que intenta invisibilizar lo que sucede.   

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Salar de Uyuni, en Potosí. Base de un proyecto de industrialización que generó reacciones y hasta un golpe.

El proyecto de Evo Morales, con explotación 100% estatal y control sobre la industrialización. El proyecto de fabricar baterías para autos eléctricos generó denuncias en Potosí de los mismos que después le exigieron la renuncia.

 

"No hay ninguna duda del papel central que tuvo el litio en la motivación del golpe contra Evo Morales; pero se da por el proyecto de industrialización soberana que viene desarrollando Bolivia, que dejaba afuera a Estados Unidos, más que por el control de la materia prima", sentenció Federico Nacif, sociólogo y docente de la Universidad de Quilmes, donde está al frente de un grupo de investigación sobre el litio en Argentina, Chile y Bolivia. Este último es el único de los tres que desarrolló, a partir de 2008, un proyecto de explotación del litio (llamado, con fundamentos, el "oro blanco") "cien por ciento estatal", y a través de la creación de YLB (Yacimientos de Litio Bolivia), ya logró poner en marcha una planta productora de cloruro de potasio (subproducto del litio) y tiene en estado muy avanzado otra para fabricar carbonato de litio. "El gobierno había acordado con una firma alemana hacer, en conjunto, una planta industrial para fabricar baterías de litio, bajo control del Estado, socio mayoritario y que además designaría al director de la empresa, garantizando también la transferencia tecnológica y el uso de patentes a favor del Estado boliviano", repasó Nacif. "Pero este proyecto empezó a ser combatido por el Comité Cívico de Potosí (ComciPo), al que absurdamente calificó de "entreguista"; antes de las elecciones, Evo dio de baja el acuerdo con Alemania con el criterio de privilegiar el orden interno, y ahí salió a la luz la verdadera intención de estos grupos: el ComciPo no aceptó la resignación del proyecto y empezó a agitar el pedido de renuncia del presidente", señaló el investigador del Departamento de Economía de la UNQui.   

Es importante tomar en cuenta el rol de los comités cívicos en la vida política de Bolivia. Se conforman por departamentos (provincias) como pequeños grupos de empresarios y profesionales, generalmente vinculados a las principales corporaciones pero también con presencia de medianas empresas. No participan de ellos los sindicatos de trabajadores ni pequeños productores (mineros, cocaleros)  y son fuertes en los distritos "blancos". Luis Fernando Camacho, presidente del de Santa Cruz, encabezó la agitación que derivó en el golpe de Estado. Marco Pumari, titular del ComciPo, articuló el reclamo de la renuncia de Evo a partir de las acusaciones de "entrega" que le enrostró al gobierno por el acuerdo con Alemania por la planta para fabricar baterías. 

Se calcula que las reservas de litio que acumulan los salares del NOA argentino, norte de Chile (Atacama) y SO de Bolivia (Uyuni) representan el 70 por ciento del total mundial. Su aplicación a las baterías de celulares y de autos eléctricos lo convierten en una materia prima estratégica. Así lo interpretó Bolivia y lo expresó en el proyecto nacional de 2008, que prohíbe la participación privada en la explotación primaria (extracción), declarando además al Salar de Uyuni como reserva fiscal. Esta concepción es opuesta a la de Argentina, en la que el litio sigue considerándose un "commodity" (materia prima de exportación, sin restricción para su explotación privada). 

Para su industrialización en suelo boliviano, la empresa estatal YLB le compró a Alemania, llave en mano, la planta de cloruro de potasio. Para la de carbonato de litio utilizó un criterio, podría decirse, más "pragmático": le compró el diseño a Alemania y encargó la construcción a China. La financiación corrió enteramente por cuenta del Banco Central de Bolivia, y el deudor fue YLB. Es decir, no generó deuda externa. La irrupción de YLB en el mercado mundial del litio aemnazaba con romper el oligopolio controlado, hasta entonces, por Estados Unidos y China. 

Del salar a la batería

Pero el gran salto en este desarrollo estratégico estaba dado por el inicio de la fabricación de baterías. Bolivia ya había dado el primer paso, con la instalación de una planta piloto de investigación y desarrollo en La Palca, Potosí, única en la región (ni Argentina ni Chile tienen algo parecido). Luego vino el acuerdo con la alemana ACI Systems para levantar una planta industrial para fabricar baterías, con una inversión prevista de 1300 millones de dólares. Las condiciones que demandó YLB  (control accionario y dirección de la empresa en manos bolivianas, transferencia tecnológica y derecho de patentes también a favor del país sudamericano) se impusieron luego de duras negociaciones, de las que además resultó que el gobierno de Angela Merkel quedara como garante del cumplimiento de la firma alemana. 

El acuerdo fue bombardeado desde el principio por fuerzas empresarias de Potosí. "Este acuerdo fue el que salieron a denunciar como entreguista, absurdamente, desde el ComciPo", señaló Nacif a Página 12. "Históricamente, los sectores locales se sustentaban en la exigencia del cobro de regalías, vistiéndolo de reivindicación regionalista", explicó el especialista, que visitó en varias oportunidades la zona y tiene un trato frecuente con las autoridades de YLB como parte de sus investigaciones. 

Las regalías son el porcentaje que los concesionarios le pagan a las autoridades locales sobre el valor del mineral extraído. En este caso, las empresas privadas no tuvieron en ningún contrato acceso al litio, por lo cual las regalías no existían. El desarrollo de un proyecto soberano de explotación e industrialización aparecía, así, extrañamente enfrentado los supuestos intereses regionales. En realidad, los reclamos ocultaban otras intenciones. Detrás de varios de estos artículos "críticos" aparece el interés de consultoras y promotores de inversiones bursátiles, para los cuales lo cuestionable era que el negocio del litio boliviano quedara lejos de su alcance. 

En los meses previos a las elecciones presidenciales de octubre, las denuncias y acusaciones de los medios y sectores económicos de Potosí fueron levantando temperatura. El rechazo se tradujo en revueltas, en las que se acusaba al presidente Evo Morales de "robarse las regalías" del litio de Potosí. Ante esta situación, relató Federico Nacif a este diario, "Evo toma la decisión de ceder y anula el convenio con ACI Systems, de Alemania, buscando privilegiar cuestiones de orden interno". Lo que se estaba resignando, o postergando quizás, era concretar el gigantesco salto estratégico de convertir a Bolivia en productor y exportador de baterías de litio para coches eléctricos. Un paso atrás excesivo, quizás, supuestamente motivado por la incomprensión de una parte de la población. 

Sin embargo, inmediatamente después del paso atrás de Evo, salió a la luz el verdadero propósito de quienes combatían el proyecto de producir baterías. Marco Pumari, presidente del comité cívico de Potosí, rechazó el gesto del presidente aymara y reveló su real intención: reclamó su renuncia. A partir de allí, se puso al lado de Luis Fernando Camacho, líder del movimiento golpista que desplazó a Evo, y se constituyó en su principal aliado. Los intereses extranacionales, particularmente de Estados Unidos, contra el proyecto soberano de producción e industrialización de litio en Bolivia fueron el combustible del golpe, según observa Nacif. "Si el golpe contra Evo se consolidara, no me cabe duda de que entre las primeras medidas estará la anulación de estos proyectos de industrialización independiente, un mal ejemplo para el resto de la región", sentenció. 

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:47

El eterno retorno de los chalecos amarillos

El eterno retorno de los chalecos amarillos

A un año de su marcha más multitudinaria vuelven a la calle en Francia

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París.

 “¿Pasarán por acá?”, preguntó temeroso el cliente de un bar situado en la esquina del Boulevard de l’Hôpital y el Boulevard Saint Marcel donde la policía había desplegado un montón de unidades represivas. 700 metros más arriba, en la Place d’Italie, unos 3.000 chalecos amarillos preparaban su quincuagésima segunda manifestación de los sábados. Esta tenía un sabor muy especial: hace un año, el 17 de noviembre de 2018, 282 mil personas se habían manifestado en todo el país y ocupado una infinidad de rotondas. Los chalecos querían hacer de esta jornada una suerte de símbolo de su persistencia, pero la violencia que se desató aún  antes  de que los manifestantes iniciaran la marcha condujo al prefecto de París a prohibir la manifestación. Estaba previsto que la protesta comenzara a las dos de la tarde, pero ya a las 11 de la mañana estallaron los primeros incidentes protagonizados por personas vestidas de negro y con máscaras en la cara: los manifestantes destruyeron los locales del banco HSB (uno de las instituciones bancarias más sucias del mundo), quemaron autos, incendiaron basureros y rompieron las vidrieras de centro comercial Italie 2.

La conmemoración del primer año quedó trunca. Estaban previstas más de 200 acciones en toda Francia, pero la tensión se focalizó en los enfrentamientos en París. Hace un año, Francia asistía, a la vez orgullosa y atónita, al nacimiento de una de las insurrecciones civiles más poderosos y extendidas del último cuarto de Siglo. Con el paso de los meses, con la masiva represión policial, la infiltración del movimiento por radicales de izquierda y de derecha, los episodios de violencia extrema que tuvieron lugar en los barrios ricos de París y las declaraciones desubicadas de varios de sus líderes se aplacaron tanto la capacidad movilizadora de los chalecos amarillos como su legitimidad en las calles. Sin embargo, cada sábado, en pequeños grupos, los chalecos mantuvieron encendida la llama de una insurrección que ha marcado la historia social de Francia. A su manera contradictoria, un año después, los chalecos amarillos obtuvieron una victoria política y otra moral: se instalaron en las rotondas y acudieron a París en protesta por el aumento del precio del gasoil decidido por el Ejecutivo dentro de su programa de “transición ecológica” y consiguieron que el poder anulara esos y otros aumentos, que gastara cerca de 18 mil millones de euros para incremental el poder adquisitivo de los franceses, que organizara un debate nacional para conocer el estado de animo del país y sus demandas y que, desde entonces, el presidente Emmanuel Macron avanzara con paso de antílope y prudencia en la aplicación de su programa de reformas liberales. 

El Ejecutivo vive con la obsesión de un incendio social tanto más presente cuanto que, ahora, se dispone a una enésima reforma del sistema de pensiones. El profundo impacto social que tuvo la insurrección amarilla no se tradujo en un beneficio político para sus lideres. Varios de ellos se presentaron como candidatos en las elecciones europeas, pero no fueron capaces de atraer votos. En cambio, sí se beneficio el país social y político. Los chalecos han conseguido una de esas victorias que no se miden en votos sino en la huella que dejan y los sentidos que abren. De golpe, de la nada, esa clase trabajadora blanca que residía en las zonas periféricas puso al desnudo la estafa globalizada, la existencia de una desigualdad de raíz ocultada por la ficción de una prosperidad que sólo beneficiaba a las zonas urbanas ultra conectadas mientras, al lado, existía un país invisible, sufrido, olvidado por los apóstoles de la promoción liberal y los servicios públicos. Distribución de las riquezas, reparto de la carga fiscal, justicia social, democracia directa, representatividad, servicios públicos, cada una de estas problemáticas presentes pero no verbalizadas emergieron con los chalecos amarillos. Y lo hicieron fuera de todas las cajas de resonancia que, antaño, eran la correa de transmisión de las protestas. Los sindicatos se quedaron afuera, los partidos políticos buscaban en el mapa de dónde venía toda esa gente, los periodistas no entendían qué pasaba y los analistas profesionales descubrían azorados que estaban ante lo no pensado. Esta insurrección no organizada, sin estructuras ni programa llegó mucho más lejos que todas las luchas planteadas por los sindicatos. Obtuvo del poder lo que las organizaciones sindicales jamás lograron, forzaron la puerta de los medios, modificaron el contenido de las prioridades políticas y obligaron a las castas urbanas (periodistas incluidos) a mirar toda la realidad del país. La revuelta amarilla trastornó el mandato de Emmanuel Macron. Ni él como persona ni el ejercicio del poder fueron los mismos. En una entrevista con The Times, Macron reconoció que “de cierta forma, los chalecos amarillos fueron algo bueno para mi. Me recordaron quién debía ser”.

El Estado doblegó al movimiento aplicando una estrategia represiva extrema. Miles de arrestos preventivos, violencia institucional, policías sin control, uso de armas que dejaron cientos de heridos graves (gente sin ojos, otros mutilados por las granadas), juicios y condenas instantáneas desinflaron también la movilización. La doble acción policial y judicial funcionó como argumento disuasivo. Con todo, menos gente en las calles no significó rendición. La visibilidad perdida de un sujeto social restaurado, la evidencia de que la lucha de clases no era una referencia superada en el Siglo XXI, la denuncia de los incontables sistemas de micro desigualdad que el liberalismo había sembrado en las sociedades y la reactivación de otras luchas (hospitales, servicios públicos, jubilación, ferrocarriles) forman parte del extenso catalogo de éxitos colaterales conseguidos por los chalecos amarillos. Ya nada es igual. Son un referente de la lucha social. Habrá hoy menos chalecos amarillos en las calles y las rotondas, pero ya son millones en las conciencias.

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Domingo, 17 Noviembre 2019 05:44

El odio al indio

El odio al indio

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4x4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman "collas", que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que "hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de "elecciones limpias" pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media", medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado en celag.org

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La cumbre de los BRICS evidencia la falta de cohesión de los emergentes

Los BRICS -el bloque de las principales economías emergentes- languidece lastrado por el frenazo económico y la disparidad de intereses entre sus cinco miembros. Las conclusiones de la cumbre que ha reunido en Brasilia durante dos días a los presidentes chino, Xi Jinping; al ruso, Vladímir Putin; al brasileño, Jair Bolsonaro; al sudafricano, Cyril Ramaphosa, y al indio, Narendra Modi, evidencian la falta de cohesión de un grupo que nació a lomos de su potencia económica y que no ha logrado desarrollar una agenda común de largo recorrido ni elevar la presencia de los emergentes en las instituciones internacionales a niveles acordes con su peso económico.

A la pérdida de empuje del bloque en los últimos tiempos, se suma el giro que ha dado su anfitrión. Bolsonaro, que se ha alejado de la tradicional diplomacia multilateral brasileña para sellar una alianza nacionalpopulista con Donald Trump, no ha mostrado interés en convertir esta cumbre en una plataforma de liderazgo regional. Las discrepancias sobre Venezuela, si debía estar representada o por quién, derivaron en la decisión de no convocar la cumbre de líderes regionales que suele acompañar a los encuentros de los BRICS. El actual Gobierno brasileño prefiere las relaciones bilaterales, como dejó claro la víspera el presidente Bolsonaro cuando cortejó abiertamente a China y quiso distinguirla del resto de los emergentes. Para el bolsonarismo, los BRICS son algo de la época de Lula da Silva, su gran antagonista. La política externa brasileña “tiene los ojos puestos en el mundo, pero primero en Brasil”, afirmó el presidente para disipar las dudas que pudiera haber.

Bolsonaro ha recibido en la capital brasileña a otros cuatro mandatarios con los que comparte cargo, género y edad; todos sexagenarios. El brasileño definió este miércoles la primera gran cumbre internacional de la que es anfitrión como una especie de “reunión de viejos amigos”. Juntos gobiernan países que suponen un tercio de la economía mundial y un 40% de la población. Pero en pocos asuntos de relevancia están de acuerdo o tienen aspiraciones comunes.

Al margen de llamamientos genéricos a estrechar la cooperación comercial entre sus países y defender el multilateralismo, los discursos de los líderes han reflejado las urgencias domésticas de cada uno de ellos.

La declaración final no incluye ninguna referencia a las crisis que tienen tan agitado al continente latinoamericano. Los negociadores prefirieron evitar los asuntos en los que las divergencias son mayores que las convergencias. Ni palabra sobre Venezuela —en la que China y Rusia apoyan al régimen de Nicolás Maduro, que Brasil quisiera ver sustituido por Juan Guaidó—. Tampoco mencionan la incierta situación en Bolivia, aunque Putin se ha sumado a Bolsonaro en el reconocimiento de la nueva presidenta interina, ni aparecen Chile o la Amazonia.

El documento menciona en cambio, los conflictos de Siria, Yemen o la desnuclearización de la península de Corea. Los negociadores brasileños han explicado que obedece a que estos últimos son “conflictos de envergadura global”, obviando las consecuencias regionales y mundiales, por ejemplo, del éxodo venezolano con sus más de cuatro millones de refugiados repartidos por buena parte del planeta. La situación en la embajada venezolana, donde la víspera entraron afines a Guaidó, volvió a la normalidad la noche del miércoles cuando abandonaron el edificio tras un incidente que pilló al Gobierno por sorpresa.

Xi criticó en Brasilia que el “creciente proteccionismo está llevando a la desaceleración de la economía mundial”. El mandatario se refería a la batalla que libra con Estados Unidos y en la que el brasileño tampoco quiere decantarse. “Yo no estoy metido en esa guerra comercial. Brasil comercia con todos”, recalcó el miércoles pero el año próximo, cuando se subasta el espectro para la tecnología 5G, China podrá participar en el concurso.

Putin se ha referido reiteradamente a la necesidad de que la economía despegue “para mejorar la calidad de vida de nuestras sociedades”, inquieto quizá ante las imágenes que llegan de Chile, donde el descontento con la desigualdad ha derivado en un inesperado estallido de violentas protestas. Solo el primer ministro Narendra Modi apremió a sus socios a implicarse de lleno con los BRICS y, en un discurso que más bien parecía el de un líder empresarial, les instó a ponerse “metas más ambiciosas, a identificar prioridades” y ponerse plazos y objetivos a cumplir.

Una de las principales aportaciones de Brasil al documento final es, según uno de los negociadores, la referencia a la protección de las minorías religiosas en la guerra de Siria, un guiño a los cristianos evangélicos, que son una importante base electoral de Bolsonaro.

El Pacto de París y la soberanía

En las conclusiones, difundidas antes del almuerzo con el que ha terminado la cumbre, destaca el compromiso de los BRICS de aplicar lo firmado en el Pacto de París contra el Cambio Climático, una postura relevante después de que Estados Unidos abandonara el pacto. Los BRICS también hacen un llamamiento a los países desarrollados para que respalden con ayuda financiera, tecnológica y de capacitación a los países en desarrollo.

Brasil ha logrado incluir en el documento una mención al respeto a la soberanía nacional en los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Es una referencia a la polémica suscitada este verano por los incendios de la Amazonia, que se convirtieron en uno de los asuntos estrella del G7 organizado por el presidente francés, Emmanuel Macron y al misterioso derrame de petróleo que ha afectado a más de cien playas brasileñas desde septiembre.

Otros dos puntos importantes desde la perspectiva brasileña son la aplicación adecuada de la ciencia y la tecnología en la agricultura, con el objetivo de evitar falsas barreras sanitarias solo para asegurar los mercados junto a las críticas a las medidas proteccionistas y un llamamiento a “evitar medidas unilaterales y proteccionistas que sean contrarias al espíritu y las normas de la OMC (Organización Mundial del Comercio)”.

Por Naiara Galarraga Gortázar  / Afonso Benites

Brasilia 14 NOV 2019 - 15:05 COT

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Jueves, 14 Noviembre 2019 06:05

Golpe a golpe

Golpe a golpe

América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original. El destino de golpes y destierros de seis presidentes latinoamericanos de orientación socialdemócrata es un retrato fantasmagórico de la carga destructiva que las castas oligarcas de América Latina están dispuestas a activar. Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, Rafael Correa en Ecuador y ahora Evo Morales en Bolivia han sido los tótems malditos de un ala ultraconservadora que no dudó en desparramar muerte y represión para apartar del poder a una opción política que, más allá de sus retóricas, se asemejaba más a una socialdemocracia con perfil redistributivo que a una revolución socialista. El expresidente norteamericano Barack Obama fue el primero en inaugurar el siglo y entregar envuelto en papel castrense un golpe de Estado. Ocurrió en Honduras, en 2009. En junio de ese año, con la pueril excusa de una supuesta “traición a la Patria”, Manuel Zelaya terminó destituido, expulsado y exiliado (República Dominicana) por las fuerzas armadas en cumplimiento de una orden de la Corte Suprema de Justicia. Se trató de una obscena patraña cuyo único objetivo consistía en impedir, entre otras cosas, que Zelaya llevara a cabo un plebiscito sobre una Asamblea Nacional Constituyente. Con Honduras se inauguró la fase del nuevo golpismo a través de la construcción masiva de un relato contaminante. Los medios y las redes sociales adquirieron en Honduras el perfil que hoy le conocemos: se volvieron armas de disuasión masiva armadas con falsedades. El 28 de junio de 2009, Zelaya, en ropa interior, fue sacado a la fuerza de su residencia por los militares y expulsado del país. No le perdonaron su plebiscito ni su alianza con el eje liderado por el difunto presidente venezolano Hugo Chávez.

Fernando Lugo, en Paraguay, corrió una suerte similar. El “obispo de los pobres” había sido el segundo presidente de izquierda que llegó al poder después del corto periodo presidencial de Rafael Franco (1936-1937), otro desterrado. Ganó la presidencia en abril de 2008 y terminó destituido en junio de 2012 por un voto mayoritario de la Cámara de Diputados por un supuesto “mal desempeño” de sus funciones. Como en Honduras, la caída de Lugo resultó de un relato armado con minuciosa eficacia a partir de hechos reales pero alterados en beneficio de la destitución. En Ecuador, Rafael Correa gobernó por un periodo de 10 años, entre enero de 2007 hasta mayo de 2017. Su plataforma política, económica y social, así como su interlocución con la población indígena de Ecuador, hicieron de Correa un presidente de ruptura con respecto a los anteriores. Tampoco se lo perdonaron, sobre todos los medios hegemónicos acostumbrados a manipular todo el espacio de la comunicación y los negocios. Su ya famosa “revolución ciudadana” trascendió las fronteras de Ecuador hasta volverse el argumento central de partidos de la izquierda radical europea como fue el caso de Francia Insumisa (Jean-Luc Mélenchon). Pero las castas no admiten procesos de transformación profundos. Correa sacó a millones de personas del marginamiento (según el Banco Mundial, la tasa de pobreza en Ecuador pasó del 36,7% en 2007 al 22, 5% en 2014), otorgó derechos a las personas LGBT+, modificó la relación de fuerzas de los medios, multiplicó por cinco los gastos en sanidad, amplió la asistencia a los discapacitados, rehusó que Estados Unidos siguiera contando con una base militar en Ecuador y le brindó asilo a Julian Assange en la embajada ecuatoriana de Londres. Correa dejó el poder en mayo del 2017. Fue reemplazado por su exvicepresidente, Lenín Moreno, quien se convirtió en un aliado de la venganza de las castas contra Correa. En 2018, la oposición de Correa al referéndum constitucional para reformar la Constitución le valieron los dardos de la justicia. En julio, la jueza ecuatoriana Daniella Camacho dictó una orden de prisión preventiva contra el ex mandatario y hasta solicitó a Interpol que fuera arrestado. El presidente que más hizo por su país vive exiliado en Bélgica.

Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil son el anteúltimo peldaño del infierno al cual las derechas latinoamericanas están depuestas a someter a los dirigentes socialdemócratas para apartarlos del camino. Los escándalos de corrupción de su partido, el PT, sirvieron como frase inaugural del gran relato desconstructor del lulismo emprendido por los abanderados históricos de la corrupción brasileña. Atrás quedaban los programas sociales, la inversión en salud, educación, justicia, desarrollo, así como los millones de brasileños que salieron de la pobreza. Con un tejido de acusaciones respaldadas por un relato hegemónico, Lula fue arrestado el 4 de marzo de 2016 en el marco de la operación anti-corrupción Lava Jato, teledirigida por el juez Sergio Moro. Lula fue condenado a nueve años y medio de cárcel acusado de recibir sobornos de la constructora OAS a cambio de contratos millonarios y Dilma Rousseff destituida en septiembre de 2016 al cabo de 13 años de gobiernos progresistas.

Evo Morales cerró en Bolivia la serie negra iniciada hace casi 15 años antes en Honduras. Las condiciones de su renuncia, la brutalidad, la violencia y la ilegitimidad de los actores políticos e institucionales que intervinieron sembraron la imagen de una venganza sangrienta. Fueron dos de las fuerzas menos creíbles que existen en América Latina, las más corruptas, la policía y el ejército, quienes decidieron el destino político de una Bolivia que vivió sus años más prósperos y orgullosos bajo el mandato de Evo Morales. Las circunstancias con las que se acorraló al presidente a la renuncia, el odio y la violencia liberadas en las calles, su partida al exilio mexicano, el silencio de las grandes democracias de Occidente y la pasividad retórica de los vecinos quedarán en la historia como una de las grandes heridas de nuestra América.

No es la hegemonía de un medio la que hace titubear la democracia sino la hegemonía de su mala fe. De Manuel Zelaya en Honduras a Evo Morales en Bolivia, la mecánica de la destitución ha sido similar: una casta oligarca que se apoya en los medios para viciar el relato, en la justicia y los militares. En cada caso se buscó arrancar del poder a opciones políticas reformistas, nacionalistas y con un fuerte ánimo redistributivo. Ninguno de estos seis expresidentes ha sido un dictador, o un revolucionario violento, ninguno reprimió, amordazó a su pueblo, sentencio la libertad de expresión, ni derramó sangre en las calles. Llegaron para abrir el juego político, social y económico en países cautivos de una casta explotadora, no para llenar las cárceles o los cementerios. Sus enemigos sí. Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la obscuridad. Lo acaban de probar en Bolivia, amparadas, una vez más, en la protectora dependencia de Washington. La Casa Blanca siempre ha estado a la vera de todas las hecatombes políticas de América Latina. Ha sido el capacitador ideológico y operativo de los golpes de Estado militares del Siglo XX como lo es ahora de los golpes cívico militares que promueve desde el inicio del Siglo XXI.

Por Eduardo Febbro

Desde París

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Bolivia y la contrarrevolución: así fue derrocado Evo Morales

- El Gobierno de Evo Morales fue una revolución política antielitista: una sublevación no estaba en el horizonte de nadie e implica una contrerrevolución

- El líder visible es Luis Fernando Camacho, un empresario de 40 años que no participó en el proceso electoral y llegó al Palacio Quemado con una Biblia y una escolta policial

- Tras el derrocamiento del presidente, en la calle quemaban banderas indígenas y gritaban "echamos al comunismo"

 

Empecemos por el final (o por el final provisional de esta historia): durante las últimas horas de la noche del domingo, el líder cruceño Luis Fernando Camacho desfiló encima de un vehículo policial por las calles de La Paz, escoltado por policías amotinados y aupado por sectores de la población opositores a Evo Morales. Se escenificaba así una contrarrevolución cívica-policial que sacó del poder al presidente boliviano.

Morales se parapetó en su territorio, la región cocalera de El Chapare que lo vio nacer a la vida política y donde se refugió de los riesgos revanchistas. Es una parábola –al menos transitoria– en su vida política. De este modo, lo que comenzó como un movimiento en demanda de una segunda vuelta electoral tras la polémica y confusa elección del 20 de octubre, terminó con el jefe de las Fuerzas Armadas "sugiriendo" la renuncia del presidente.

Una sublevación contra Evo Morales no estaba en el horizonte de nadie. Pero en tres semanas, la oposición se ha movilizado con más firmeza que las bases "evistas", que tras casi 14 años en el poder han ido perdiendo potencia movilizadora mientras el Estado iba reemplazando a las organizaciones sociales como fuente de poder y burocratizando el apoyo al "proceso de cambio". Y en pocas horas, lo que fue el gobierno más fuerte del siglo XX en Bolivia pareció desmoronarse (hay varios exfuncionarios refugiados en embajadas). Ministros renunciaron denunciando que sus casas eran quemadas y los opositores mostraban a los tres muertos de los enfrentamientos entre grupos civiles como prenda de indignación frente a lo que llaman la "dictadura". Finalmente, el domingo Evo Morales y Álvaro García Linera renunciaron y denunciaron un golpe en marcha.

Denuncio ante el mundo y pueblo boliviano que un oficial de la policía anunció públicamente que tiene instrucción de ejecutar una orden de aprehensión ilegal en contra de mi persona; asimismo, grupos violentos asaltaron mi domicilio. Los golpistas destruyen el Estado de Derecho.

El Movimiento al Socialismo (MAS), formado en los años 90, fue siempre un partido profundamente campesino –más que indígena– y eso se trasladó en muchos sentidos al gobierno de Evo Morales. El apoyo urbano fue siempre condicionado –en 2005 una apuesta a un nuevo liderazgo "indígena" frente a la profunda crisis que vivía el país; luego porque Evo mantuvo una muy buena performance económica–, pero los intentos de Morales de permanecer en la presidencia –sumado a sustratos racistas de larga tradición y la sensación de exclusión del poder– alentaron a las clases medias urbanas a salir a la calle contra Morales.

 

Antielitismo, estatismo y clase media

 

Objetivamente hablando, el llamado "proceso de cambio" no favoreció a la clase media tradicional ni al estamento "blancoide" –como se suele denominar a los "blancos" en Bolivia–, y, en cambio, les quitó poder. La de Morales fue revolución política antielitista. Por esto chocó contra las élites políticas anteriores y las sustituyó por otras, más plebeyas e indígenas. Este hecho desvalorizó hasta hacer desaparecer el capital simbólico y educativo con que contaba la "clase burocrática" que existía antes del MAS. Entretanto, sus victorias electorales con más del 60% le permitieron copar todo el poder del Estado.

Morales pareció sellar una victoria de la política sobre la técnica. Si el neoliberalismo creía en el derecho de los "más capaces" a imponer sus visiones al conjunto, el "proceso de cambio" creía en el derecho de la Bolivia popular de imponerse sobre los "más capaces". Para actuar recurrió a la política (igualitarismo) y al reparto corporativo de cargos entre diversos movimientos sociales antes que a la técnica (elitismo). Por esta razón no llenó de manera meritocrática las vacantes dejadas por el repliegue de la burocracia neoliberal. Y tampoco recurrió sistemática y ampliamente a las universidades para proveerse de un capital cultural que, en cambio, consideraba prescindible. Esto agrió a la clase media, especialmente a su segmento académico-profesional, cuya expectativa máxima era lograr un claro reconocimiento social y económico de los saberes que posee.

Y finalmente, el MAS fue crecientemente estatista. El enfoque siempre estatista con que el Gobierno abordaba los problemas y necesidades que iban surgiendo en el país lo llevó a ignorar y a menudo a chocar con las pequeñas iniciativas privadas, esto es, con las iniciativas de la clase media. Por esta razón había roces entre el "proceso de cambio" y los sectores emprendedores no indígenas y no corporativos (los que sí se beneficiaban de los aspectos políticos del cambio e indignaban a los "clasemedieros"). Es cierto que existía un pacto de no agresión y de apoyo táctico entre el "proceso de cambio" y la alta burguesía o clase alta, pero este se fundaba en razones políticas antes que empresariales o económicas.

Por otra parte, varias medidas adoptadas por Evo Morales desestabilizaron la dotación de capitales étnicos, perjudicando a los blancos: si bien no hizo una reforma agraria, benefició a los pobres con la dotación de tierras fiscales; hubo una redistribución del capital económico –mediante infraestructuras y políticas sociales– en favor de sectores más indígenas y populares; la política educativa implementada por el Gobierno mejoró la dotación de capital simbólico a los indígenas y los mestizos, mediante la revaloración de su historia y su cultura pero, al mismo tiempo, el Gobierno hizo muy poco para elevar el nivel de la educación pública y, por tanto, para arrebatar el actual monopolio blanco de la educación (privada) de alta calidad. Así, las élites anteriores perdieron espacios en el Estado, vieron debilitados de sus capitales simbólicos y sus vías de influencia en el poder. En síntesis: el Club de Golf perdió cualquier relevancia como espacio de reproducción de poder y estatus.

Diversas encuestas ya mostraban la desconfianza de los sectores medios respecto al presidente. No por la gestión, que aprobaban, sino por la duración del dominio de la élite que Evo dirigía. Tal era la cuestión que importaba a la clase media, una cuestión que la persistencia en la meta reeleccionista de Morales hicieron imposible de resolver, precipitando a la clase media a la sedición. Y a esto se sumó que el "proceso de cambio" no debilitó los microdespotismos presentes en toda la estructura estatal boliviana. El uso de los empleados públicos en las campañas electorales y, más en general, en la política partidaria del MAS, debilitó el pluralismo ideológico entre los funcionarios incluso de menor rango.

Bolivia es un país casi genéticamente antirreeleccionista: ni Víctor Paz Estenssoro, conductor de la Revolución Nacional de 1952, logró dos periodos consecutivos. En parte esta tendencia parece una suerte de reflejo republicano desde abajo y en parte la necesidad de una mayor rotación del personal político. Y cuando alguien no se va limita el acceso de los "aspirantes". Todos los partidos populares que llegan al poder tienen el mismo problema: hay más militantes que cargos para repartir. El Estado es débil pero es una de las pocas vías de ascenso social.

Bolivia es también el paraíso de la lógica de las equivalencias de Laclau: apenas la situación se sale del carril y se ve débil al Estado todos se suman con sus demandas, indignaciones y frustraciones, que son siempre muchas dado que es un país pobre y con muchas carencias. Así también fue esta vez. Los motines policiales expresan enemistades de viejo cuño de sectores bajos con los mandos más altos, por temas de desigualdad económica y abusos de poder entre las "clases": sucedió en 2003, en el motín de 2012 y en el del fin de semana pasado.

Potosí, enfrentado con Evo desde hace años por sentir que desde la Colonia sus riquezas –ahora el litio– se esfuman y ellos siguen siendo siempre pobres, también se sumó a la rebelión. Y lo mismo pasó con sectores disidentes de todas las organizaciones sociales (cocaleros Yungas, ponchos rojos, mineros, transportistas). Esto se suma a una cultura corporativa que hace que las demandas de región o sector pesen más que las posiciones más universalistas, lo que habilita posibles alianzas inesperadas: en esta última asonada se aliaron Potosí y Santa Cruz, impensable durante las crisis de 2008, cuando Potosí fue un bastión "evista".

Un nuevo líder en la oposición

Después de varios años de impotencia política y electoral de la oposición tradicional –los viejos políticos como Tuto Quiroga, Samuel Doria Medina o el propio Carlos Mesa– aparece un "liderazgo carismático" nuevo: el de Fernando Camacho. Este personaje desconocido hasta hace pocas semanas fuera de Santa Cruz se proyectó primero ocupando un vacío en la dirigencia cruceña, que desde su derrota frente a Evo en 2008 había pactado cierta paz. Aupado en una nueva fase de radicalización juvenil, el "macho Camacho", un empresario de 40 años, se erigió como líder del Comité Cívico de la región que agrupa a las fuerzas vivas con hegemonía empresaria y defiende los intereses regionalistas.

Y más recientemente, frente a la debilidad de la oposición, Camacho esgrimió una mezcla de Biblia y "pelotas" para enfrentar "al dictador". Primero escribió una carta de renuncia "para que Evo la firme"; luego fue a llevarla a La Paz y fue repelido por las movilizaciones oficialistas; pero volvió al día siguiente para finalmente entrar el domingo a un desierto Palacio Quemado –el viejo edificio del poder hoy trasladado a la Casa Grande del Pueblo– con su Biblia y su carta; allí se arrodilló en el piso para que "Dios vuelva al Palacio".

Camacho selló pactos con "ponchos rojos" aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti-Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista ("Los cruceños somos blancos y hablamos inglés", había dicho alguna vez una Miss). Y, en una productiva estrategia, Camacho se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el "ninguneo de Evo".

Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívica-policial. Para ello desplazó al expresidente Carlos Mesa, segundo en las elecciones del 20 de octubre, quien al ritmo de la aceleración de los acontecimientos se radicalizó sin convicción ni grandes oportunidades de ser aceptado en el club más conservador por ser considerado un "tibio".

René Zavaleta decía que Bolivia era la Francia de Sudamérica: allí la política se daba en su sentido clásico, es decir, como revolución y contrarrevolución. Pero el país ha vivido más de una década de estabilidad, un periodo que puso en duda la vigencia del pensamiento de Zavaleta. En 2008, Evo Morales resolvió su pulso con las viejas élites neoliberales y regionalistas que se habían opuesto a su asunción al poder y comenzó su ciclo hegemónico: una década de crecimiento económico, de confianza del público en su porvenir, de aprobación mayoritaria de la gestión gubernamental; un mercado interno con grandes inversiones financiadas a partir de ingresos extraordinarios en un tiempo de altos precios de las exportaciones; y una mejora en el bienestar social.

Pero la rebelión ha vuelto y se ha articulado con un movimiento conservador y contrarrevolucionario. A diferencia de Gonzalo Sánchez de Lozada en 2003, Evo Morales no ha sacado al Ejército a la calle. Movilizó a los militantes del MAS, al tiempo que se expandió a través de las redes sociales y los medios la imagen de las "hordas masistas" –ya no se puede decir campesinas o indígenas–.

El informe de la OEA sobre el resultado electoral, alertando sobre alteraciones, minó la autoconfianza del oficialismo: perdió la calle y las redes al mismo tiempo. Esta auditoría, que podría haber pacificado la situación, fue rechazada por la oposición, que consideraba a Luis Almagro un aliado de Evo Morales por haber avalado su repostulación. La organización acaba de pronunciarse para rechazar "cualquier salida inconstitucional a la situación".

Una de las razones del insurreccionalismo es el caudillismo, esto es, la ausencia de instituciones políticas consolidadas. No existe más que una lógica inmediatista, de "suma cero": se gana o se pierde todo, pero nunca se busca acumular victorias y derrotas parciales con la vista puesta en el futuro. Evo Morales no superó esa cultura y por eso buscó seguir en su cargo: pero la oposición hasta ahora tampoco y emerge con otro "caudillo" de derecha como Camacho.

No sabemos qué futuro político le aguarda pero ya ha cumplido una "misión histórica": que las ciudades acaben con la excepción histórica de un gobierno campesino en el país. No casualmente tras el derrocamiento de Evo se quemaron Whipalas, bandera indígena transformada en una segunda bandera nacional bajo el gobierno del MAS. Y adicionalmente, sacar al nacionalismo de izquierda del poder: "echamos al comunismo", repetían los movilizados en las calles, algunos con Cristos y Biblias.

Bolivia no es solo el país de las insurrecciones, sino también de las refundaciones. Solo la idea de una "refundación" permite cohesionar las fuerzas que requieren las salidas insurreccionales y anular la influencia social y política de quienes perdieron. Por otro lado, una "refundación", y la "destrucción creativa" de instituciones estatales y políticas que le es consustancial, permiten una movilización de promesas y prebendas con la dimensión que los nuevos ganadores requieren para "ocupar" (aprovechar) verdaderamente el poder. Pero la paradoja es que el país cambia poco en cada refundación. Sobre todo en términos de cultura política.

Ahora el péndulo ha quedado del lado conservador, veremos si la fragmentada oposición a Evo Morales logra estructurar un nuevo bloque de poder. Pero las heridas étnicas y sociales del derrocamiento de Evo serán perdurables.

 

Por Pablo Stefanoni / Fernando Molina - Revista Anfibia  

12/11/2019 - 21:28h

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Un militar le coloca la banda presidencial a Añez,  autoproclamada presidenta sin quórum en el Congreso boliviano. Imagen: EFE

En el Congreso boliviano, sin respaldo constitucional

Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

 

“Sí se pudo”, dijo Jeanine Añez al finalizar su discurso luego de autoproclamarse presidenta de Bolivia. Mientras hablaba se escuchó cómo le susurraban qué decir. Luego se dirigió al balcón presidencial y saludó con la banda tricolor. Así finalizó una de las fases más importantes del golpe de Estado en Bolivia: construir una ficción institucional.

Añez se autoproclamó fuera de la Constitución y sin quorum. Se sabía que esa era la única manera de hacerlo, ya que la mayoría en ambas cámaras pertenecen al Movimiento Al Socialismo (MAS) y que la decisión fue de no sesionar.

Yañez, por lo tanto, primero se autoproclamó presidenta del Senado -figura que debe asumir el cargo de la presidencia interina luego de la renuncia del presidente y del vicepresidente- y luego se autoproclamó presidenta. Siguieron los aplausos de las pocas personas presentes en el recinto.

Este paso era imprescindible en la estrategia de un golpe de Estado que siempre tuvo como objetivo presentarse como democrático. Esa presentación tuvo desde un principio la cobertura de Estados Unidos, del secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, que este martes acusó a Evo Morales de haber cometido un golpe de Estado, y de una maquinaria mediática de protección.

Sin embargo, aún con esos respaldos, la ausencia de una formalidad de presidencia daba lugar a un vacío de gobierno -los poderes reales siempre siguieron actuando- que debía ser resuelto. El bloque que encabeza el golpe decidió entonces acelerar los pasos saltando toda legalidad para colocar la banda sobre los hombros de la persona elegida.

Nada de esto hubiera sido posible sin la participación de quienes detentan los poderes reales. Morales, quien llegó en horas de la mañana a México junto a Álvaro García Linera, denunció que Añez se autoproclamó “rodeada de un grupo de cómplices y apañada por las Fuerzas Armadas y la Policía que reprimen el pueblo”.

No se trató de una imagen política: la policía y los militares reprimieron mientras Añez y toda la derecha celebraba en Bolivia. Sucedió en el centro de La Paz, en los alrededores de la Plaza Murillo, donde toda la tarde se mantuvo una movilización encabezada por quienes bajaron de la ciudad de El Alto, uno de los lugares donde se dieron las mayores protestas del país.

La movilización de El Alto fue uno de los puntos de mayor conflictividad. El lunes tuvo lugar el primer momento del levantamiento -su génesis había sido el sábado por la noche- con miles de hombres y mujeres en su gran mayoría pertenecientes a la nación aimara. Ese día terminó con tres muertos, según denunciaron. Las imágenes eran de manchas de sangre sobre metros de calle.

La jornada del martes fue entonces la anunciada llegada a La Paz, para lo cual los vecinos del centro se encerraron en sus casas, mientras que otros salieron a aplaudir a la masiva movilización con la bandera whipala en la mano.

La acción de calle nuevamente mostró la potencia de El Alto, a la vez que evidenció una dificultad de dirección, similar a la que ocurrió en los últimos días antes de consumarse el golpe de Estado y en la que ahora se encuentran las diferentes partes del proceso de cambio.

Las acciones de El Alto, donde se realizan cabildos a diario, no son las únicas en marcha. La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico llamó a movilizarse desde el jueves, y la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia decretó un plan de lucha para bloquear las carreteras del país y generar un cerco sobre la ciudad de La Paz que, luego de 48 horas de logrado el golpe, comienza a presentar dificultades de abastecimiento en gasolina y alimentos debido a que muchas tiendas están cerradas.

En ese contexto también se supo del anuncio de la Central Obrera Boliviana (COB) que daba “48 horas para restablecer el orden constitucional”. ¿Tomará la COB lo sucedido con Añez como restablecimiento del orden constitucional o irá a una huelga general?

La situación en Bolivia continúa con muchas preguntas, avances de quienes encabezan el bloque golpista, así como el crecimiento de resistencias en un contexto donde los canales de información son pocos. Resulta difícil saber qué sucede, tanto en el epicentro político de los debates, como en diferentes zonas de La Paz, de El Alto, y del país, en particular de las zonas más alejadas, rurales.

Son muchas las denuncias de muertos, represiones, humillaciones, persecusiones, en un contexto de ofensiva golpista que antes de lograr derrocar a Morales desplegó una oleada de violencia con grupos de choque armados, y que, una vez en el poder, con o sin gobierno, mantiene su ofensiva con el objetivo de descabezar al proceso de cambio. 

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 El secretario general de la OEA Luis Almagro. En vídeo, sus declaraciones. Foto: AFP | Vídeo: EFE

 En una sesión urgente en la OEA, México, Uruguay y Nicaragua han denunciado un "grave quebrantamiento del orden constitucional" en el país andino

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha celebrado este martes con contundencia la renuncia de Evo Morales y el papel de las Fuerzas Armadas en la salida del líder boliviano. “En Bolivia hubo un golpe de Estado el 20 de octubre cuando Evo Morales cometió fraude electoral”, sostuvo Almagro en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente del Organización de Estados Americanos que tuvo lugar este martes en Washington. “El Ejército debe actuar conforme a su mandato. Nadie ha excedido el poder hasta ahora”, agregó el diplomático uruguayo. En la sala no estuvo presente el embajador boliviano ante el organismo multilateral, José Alberto Gonzales, quien según AFP, presentó horas antes su “renuncia irrevocable” sin especificar las razones.

Las diferentes percepciones sobre lo ocurrido el pasado domingo en Bolivia resultaron palpables desde el primer momento en la sesión. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, fue uno de los primeros en tomar la palabra para calificar de “ridícula” la idea de que Morales fue víctima de un golpe de Estado, a lo que la delegación de México, el país que le ha dado asilo político al líder sudamericano, respondió de inmediato sosteniendo que la presión de las Fuerzas Armadas sí configuró un grave quebrantamiento al orden constitucional.

En la polarizada sesión, un bloque de 15 países firmaron una carta en la que evitaron calificar como golpe de Estado lo sucedido e hicieron un llamamiento para que se forme urgentemente “la presidencia provisional” conforme a la Constitución boliviana y se convoquen una nuevas elecciones. En el texto, firmado por EE UU, Argentina, Perú, la Venezuela de Juan Guaidó, Ecuador, Colombia, Honduras, Panamá, Paraguay, Chile, Canadá, Brasil y Guatemala, se rechazan los actos de violencia que atenten contra la estabilidad y la democracia. Trujillo sostuvo que “si hubo amenaza a la democracia en Bolivia, era la del Gobierno” de Morales.

El excanciller boliviano Diego Pary, quien presentó su renuncia este domingo, envió una carta al organismo multilateral en la que alertaba del riesgo a la integridad personal al que se enfrenta la cúpula de Morales. Además, solicitó a la OEA que actúe inmediatamente para contribuir a recuperar la paz social. "Invitamos a la comisión interamericana de los derechos humanos a Bolivia para que pueda verificar las graves violaciones a los derechos humanos", apuntó en el escrito leído por una portavoz de la delegación boliviana.

Almagro fue duramente criticado por México este lunes por su silencio frente a lo ocurrido el pasado domingo  en Bolivia. El organismo emitió horas después de la salida de Morales un breve comunicado en el que rechazaba “cualquier salida inconstitucional" a la crisis y hacía un llamamiento “a la pacificación y al respeto al Estado de Derecho". “Frente a sucesos de esta magnitud, los pronunciamientos de esta organización deberían ser más oportunos y contundentes”, postuló la embajadora mexicana, Luz Elena Bañados Rivas.

Nicaragua apoyó a México en su postura crítica con el papel de la OEA. “Denunciamos al mundo las prácticas interventoras imperiales que han prevalecido y prevalecen en EE UU y sus organizaciones satélites”, añadió la delegación nicaragüense. El embajador de Uruguay, Hugo Cayrús, también condenó, en otro tono, lo ocurrido con Morales. “Que no queden dudas: esto fue, a todas luces, un golpe de Estado cívico, político y militar”.

La sesión urgente solicitada por Brasil con el apoyo de varios países arrancó con los detalles del informe preliminar de la OEA, en el que se detectaron “graves irregularidades” en las elecciones del 20 de octubre que dieron por ganador a Morales. La falsificación de firmas, actas irregulares o un sistema de transmisión de votos viciado fueron algunos de los hallazgos de la auditoría electoral. Recomendaron repetir las elecciones con un nuevo tribunal electoral y bajo la observación de organismos internacionales. Evo Morales, cuando aún ocupaba el cargo de presidente, aceptó celebrar nuevos comicios, pero horas más tarde las Fuerzas Armadas le "sugirieron" que dimitiera y, asegurando ser víctima de un golpe de Estado, Morales renunció.

Por Antonia Laborde

Washington 13 NOV 2019 - 03:13 COT

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