Sábado, 26 Septiembre 2020 05:41

¿EU posTrump?

¿EU posTrump?

La mayor potencia militar del mundo enfrenta este noviembre sus elecciones presidenciales marcadas por dos hechos que combinados entre sí producen un escenario de consecuencias imprevisibles. Por un lado, la pandemia que asola el planeta y que ha causado ya cerca de un millón de muertes en el mundo, de las cuales más de 200 mil se han producido en Estados Unidos. Por otro lado, la segunda ola de protestas antirracistas agrupadas en el #BlackLivesMatter, que se convierte al mismo tiempo en una respuesta al auge de la alt-right en la mayor economía mundial.

La actitud errática de Trump a la hora de enfrentar la pandemia se ha traducido en denunciar a China por "infectar el mundo" en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) y en decidir la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al mismo tiempo que anuncia que la vacuna contra el coronavirus estará a finales de octubre y las primeras dosis serán distribuidas antes de que termine 2020.

Pero la realidad es que en estados clave desde el punto de vista electoral, como California, Texas, Florida, Georgia y Arizona, la epidemia de Covid-19 se ha disparado, y la Universidad de Washington calcula llegar al 3 de noviembre, día de la elección presidencial, con más de 250 mil personas muertas.

Al mismo tiempo y en lo que respecta a la economía, el PIB estadunidense tuvo la mayor caída de su historia en el segundo trimestre del año, con un descenso de 31.7 por ciento, lo cual implica una tasa anual de 32.9 por ciento, que se traduce en más de 30 millones de personas desempleadas como resultado de la crisis pandémica.

Y todo ello, con un panorama convulsionado por el que probablemente es el movimiento social más grande de la historia, que denuncia el racismo y la violencia policial, justificada por Trump en más de una ocasión, lo cual cuestiona de raíz a un sistema político gobernado por Wall Street y el complejo industrial-militar, pero sobre todo, podría inclinar la balanza a favor de Joe Biden, vicepresidente del primer presidente estadunidense negro de la historia.

Porque si bien a Trump lo sostenía la buena marcha de la economía y las bajas tasas de desempleo e inflación, la pandemia vino a patear el tablero de juego, y el Black Lives Matter lo reordenó. Si a eso le sumamos la salida del Acuerdo de París en torno al cambio climático, la dura política contra la migración que se contrapone con la más que blanda actitud hacia un comercio, legal e ilegal, que ya suma 200 millones de armas, les da a los demócratas una oportunidad que no tenían hace pocos meses, cuando muchos presuntos analistas consideraban a Biden un cadáver político.

Lo que viene en los próximos días, son tres debates presidenciales, 29 de septiembre (Cleveland), 15 de octubre (Miami) y 22 de octubre (Nashville), que salvo debacle demócrata, pueden ayudar a consolidar el voto a favor de Biden, frente a un Trump deseoso de que se vote menos, lo que favorecería a los republicanos. La nominación de una nueva jueza en el Tribunal Supremo, tras la muerte de Ruth Bader Ginsburg, que podría asentar una nueva mayoría conservadora de seis contra tres jueces progresistas, marcará el tono de los debates.

Hasta el momento, y de cara al 3 de noviembre, de los 306 votos electorales obtenidos en 2016, los republicanos sólo tienen seguros alrededor de 125, mientras que los demócratas cuentan como bastante seguros, 222 votos de los 232 obtenidos hace cuatro años. De los estados péndulo ( swing states) que podrían cambiar en 2020, la elección se juega en Florida (29 votos electorales), Pensilvania, (20), Carolina del Norte (15), Michigan (16), Arizona (11) y Wisconsin (10). Todo ello, con el objetivo de alcanzar un mínimo de 270 de 538 votos electorales.

Para ello, en plena pandemia y a las puertas de una gran crisis económica, Advertising Analytics calcula que ya se ha invertido más de 2 mil millones de dólares en publicidad entre ambos partidos, y que se cerrará la campaña con un gasto total de 6 mil 700 millones de inversión.

Hasta el momento las encuestas son favorables a Joe Biden y su candidata a vicepresidenta Kamala Harris. La encuesta más reciente de la NBC y Wall Street Jornal, entre votantes registrados, otorga a los demócratas 51 por ciento frente 43 por ciento de los republicanos. Por su parte, la encuestadora más cercana a los republicanos, Rasmussen, coloca la ventaja de Biden frente a Trump en tan sólo un punto, 47 contra 46 por ciento.

Cuando se profundiza en las encuestas, en la única área que aún gana Trump es en la economía, el que más les importa a los votantes (21 por ciento), lo cual le permite seguir con opciones, pero a la vez la posibilidad a Biden y los demócratas de golpear políticamente en el resto de áreas: pandemia, racismo, cambio climático, salud, educación, empleo y migración.

El 3 de noviembre sabremos si tendremos a Trump, que sigue sembrando sospechas de fraude y de no reconocimiento de los resultados electorales, cuatro años más gobernando la principal potencia económica y militar del mundo, en declive de su hegemonía, pero aún imponiendo su dominación; o comienza la era posTrump, en la que, como sentenció Xi Jinping esta semana en Naciones Unidas, se rechace la mentalidad de suma cero, se dejen de impulsar guerras frías o calientes, y se impulse un mundo basado en la cooperación y el multilateralismo.

Twitter: @katuarkonada

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Viernes, 25 Septiembre 2020 05:24

Derribar estatuas

Derribar estatuas

“El riesgo de un destructor de estatuas es convertirse en una”, cita Carlos Monsiváis, al final de su ensayo De monumentos cívicos y sus espectadores, a Jean Cocteau.

Líneas arriba había escrito que uno de los primeros actos de liberación de un pueblo es la destrucción de monumentos a héroes y caudillos, que de ese modo dejaban de serlo.

A raíz de la oleada de derribos de monumentos, multiplicada luego del asesinato de George Floyd por la policía en Estados Unidos, aparecieron críticos de tales derribos, quienes se rasgan las vestiduras porque, dicen, las estatuas son parte del espacio público.

El episodio más reciente sucedió en Popayán, capital del Cauca, en el sur de Colombia. El 16 de septiembre un grupo de misak y nasa derribaron el monumento a Sebastián de Belalcázar, fundador de la ciudad y de Guayaquil, Quito y Cali. Recibió el título real de gobernador vitalicio de Popayán, además de otras condecoraciones.

Su estatua fue colocada en el Morro de Tulcán, un cerro de Popayán donde había una pirámide ceremonial construida por pueblos originarios que fue literalmente, decapitada para instalar la estatua ecuestre del conquistador, como demostró hace medio siglo el antropólogo colombiano Julio César Cubillos (https://bit.ly/3mKFYci).

Ante los lamentos de la oligarquía local, que fue la que en 1940 instaló el monumento sobre el sitio sagrado, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) recordó a la población que en lo que va de este año "han sido asesinados 65 integrantes de las comunidades indígenas en el Cauca", algo que no a todos parece importarle. Saluda "el acto de valentía" del pueblo misak al "decolonizar el pensamiento y reconstruir nuestra propia historia" (https://bit.ly/3kF7KoL).

Recuerda que Belalcázar es sinónimo de "genocidio, racismo, esclavitud y discriminación a los pueblos indígenas" y que en vida fue uno de los mayores genocidas de los pueblos originarios de América Latina (https://bit.ly/3kF7KoL).

No tengo tan claro como Monsiváis si el derribo de monumentos anticipa la rebelión o si la acompaña. El año pasado en Chile, más de 30 figuras de militares y conquistadores fueron marcadas con graffities o les arrojaron pintura, desde Arica en el norte, hasta el sur mapuche. Recuerdo cómo los jóvenes se enardecían, en la Plaza de la Dignidad, ante la estatua del general Baquedano ("héroe" de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, según la historiografía de arriba) que fue pintada y tapada parcialmente con banderas mapuches.

A lo largo de Chile, y al calor de la revuelta popular que barrió el país desde octubre, rodaron esculturas de Colón, la estatua del colonizador y militar Francisco de Aguirre (en cuyo lugar colocaron la escultura de una mujer Diaguita) y el busto de Pedro de Valdivia, en Temuco, cuya cabeza fue colgada en la mano del guerrero mapuche Caupolicán.

El 12 de octubre de 1992, los zapatistas realizaron una gran marcha en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y derribaron la estatua de Diego de Mazariegos, frente a la iglesia de Santo Domingo. "Si volvieron a levantarla no importa. Nunca podrán levantar de nuevo el miedo a lo que representaba", escribió en mayo de 2015 el subcomandante insurgente Galeano.

Menos de 15 meses después, se encendió el Ya Basta! de la insurrección zapatista. En este caso, la frase de Monsiváis es tan acertada como justa.

Pero quisiera detenerme en la cita de Cocteau, que trae el escritor mexicano. Una de las características más notables de la revolución zapatista es que nunca pretendió sustituir a los villanos derribados por personajes más nobles, en el mismo pedestal. No se trata de derribar a un conquistador genocida para colocar a un "hermano" libertador en su lugar. La cosa es mucho más profunda.

Las estatuas son una herencia colonial. Como los estados. Representan la cultura de la clase dominante. Los pueblos originarios tienen otra forma de representar sus cosmovisiones en la arquitectu-ra, como las pirámides, que enseñan también modos jerárquicos de ver el mundo. Tampoco se tratade sustituir estatuas coloniales por pirámides sacramentales.

En el lugar de los tiranos, los zapatistas construyen, crean, inventan mundos nuevos y diferentes, clínicas de salud, escuelas, espacios de vida para seguir viviendo. Las juntas de buen gobierno, por ejemplo, pertenecen a ese tipo de creaciones colectivas, donde el jefe es el pueblo, donde las mujeres y los varones que gobiernan obedecen al colectivo. Rotan para no petrificarse en el lugar de mando, porque no tienen vocación de monumentos, sino de servicio.

En estos momentos en que los de arriba están asesinando bases de apoyo zapatistas en el ejido de Tila, tzotziles en Aldama, nasas y misak en el Cauca, y pueblos negros, originarios, campesinos y de periferias urbanas en todo el continente, podemos reflexionar para qué resistimos y damos la vida: no para cambiar de caporales, sino para vivir en un mundo sin mandones.

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Manifestantes ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia declinó imponer cargos criminales a los policías blancos involucrados en la muerte de la afroestadunidense Breonna Taylor. El presidente Donald Trump fue abucheado en la Corte Suprema, al asistir a un homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Foto Afp

Nueva York., Donald Trump ha puesto en duda el principio básico del sistema político-electoral de Estados Unidos, y nadie sabe qué hacer.

Veinticuatro horas después de que el presidente rehusó comprometerse a una transición pacífica del poder –"tendremos que ver qué sucede", respondió–, y luego de que durante varios días ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios si no le son favorables, y de que ha hecho explícito que desea instalar un nuevo juez en las Suprema Corte antes de las votaciones ya que pronosticó que la disputa electoral se resolverá a su favor ahí, el debate en este país ha entrado a territorio desconocido sin mapa ni brújula.

El liderazgo republicano de inmediato aseguró que sí habrá transición pacífica, creen, sin mencionar el nombre del presidente, mientras otros trataron de descalificar la respuesta al considerarla otro exabrupto sin sentido ni intención del presidente. Demócratas y otros opositores de Trump continuaron advirtiendo que se trata de maniobras para descarrilar no sólo las elecciones, sino los procesos democráticos de esta república.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se vio obligado a tuitear que "habrá una transición ordenada igual que ha sucedido cada cuatro años desde 1792". El senador republicano Dan Sullivan declaró: "por supuesto, vamos a tener una transición pacífica del poder. Somos Estados Unidos de América. No somos una república bananera", reportó el New York Times. Por lo menos otros ocho senadores republicanos buscaron asegurar al público que la transición se realizará, aunque algunos usaron palabras como "pienso" y "espero" que sea así, sin garantizarlo.

Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que Trump aceptará los resultados de "una elección libre e imparcial", al responder a preguntas sobre lo declarado por el presidente el pasado miércoles.

Pero Trump no se quedó callado ayer y minó todo este esfuerzo para calmar la controversia y una vez más cuestionó la integridad del proceso electoral, sin ninguna evidencia, y declaró: "queremos asegurar que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo", en referencia a su insistencia en que el voto por correo será motivo de un megafraude electoral. El fraude por esta vía es casi inexistente en el país.

Entre las respuestas a las declaraciones sin precedente en la historia moderna de un presidente, el Senado aprobó una resolución de manera unánime "reafirmando el compromiso al traslado ordenado y pacífico del poder tal como se establece en la Constitución de Estados Unidos". Pero el simple hecho de que el Senado se haya visto obligado a promover esta resolución ya es alarmante.

La presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, le recordó al presidente: "no estás en Corea del Norte; no estás en Turquía. Estás en Estados Unidos de América. Es una democracia; entonces, por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución".

El diputado Adam Schiff declaró en respuesta a las palabras del presidente que "es así como muere la democracia".

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders llamó a la creación de una comisión electoral independiente para proteger la democracia estadunidense. En un discurso en Washington declaró que "demasiada gente ha luchado y ha dado su vida para defender la democracia estadunidense y tú (Trump) no la vas a destruir". Concluyó: "ésta no es sólo una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Ésta es una elección entre Donald Trump y al democracia, y la democracia tiene que ganar".

Mientras, el director de la FBI, Christopher Wray, declaró ante legisladores que él no había visto evidencia de "un esfuerzo coordinado a escala nacional de fraude electoral", en aparente contradicción con lo que ha sugerido el presidente durante semanas.

Al mismo tiempo, cerca de 500 ex altos funcionarios militares y civiles –incluyendo ex secretarios de gabinete– firmaron una carta abierta en la cual expresaron su apoyo a Biden, al afirmar que tiene las características necesarias para “abordar un mundo en llamas. Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos arriesgado nuestras vidas, por Estados Unidos. Somos generales, almirantes… embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad acional. Somos republicanos y demócratas e independientes. Amamos a nuestro país. Desafortunadamente, también tememos por él”. Trump, señalan, ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer su puesto.

El apoyo a Trump en las filas militares se ha desplomado, con sondeos recientes que dan a Biden ventaja de 41 por ciento contra 37 para el presidente. En 2016, Trump gozaba ventaja de dos a uno contra Hillary Clinton, reporta el Washington Post.

Protestas

"Ley y orden", tuiteó una vez más Trump ante la erupción de nuevas manifestaciones en las calles en reacción al anuncio de que un gran jurado en Kentucky declinó emitir cargos directos contra tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Sólo se anunciaron cargos menores contra uno de tres uniformados que asesinaron a la afroestadunidense en su casa en marzo.

La decisión detonó una nueva serie de protestas en Louisville, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Filadelfia, Portland, Chicago y Denver en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Anoche se esperaba una nueva ola de protestas en Louisville y otras ciudades.

El Movimiento por las Vidas Negras, red de más de 150 organizaciones dentro de Black Lives Matter, calificó la decisión sobre los cargos de insuficientes e indignantes y declaró que "esta decisión, presentada a 41 días de la elección más crítica en la historia moderna de Estados Unidos, tiene la intención de permitir violencia sancionada por el Estado contra todas las comunidades negras y obstruir a la gente de afirmar sus derechos a protestar".

Fraude, el negocio familiar

Mary Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal en Nueva York contra su familia, a la que acusa de haberle robado su herencia del hermano del presidente. Al inicio de la demanda presentada ante tribunales, la sobrina del mandatario afirma que para la familia Trump "el fraude no es sólo el negocio de la familia, es una forma de vida".

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Viernes, 25 Septiembre 2020 04:59

Camisas de fuerza

Camisas de fuerza

Imaginemos que en las bases de convocatoria de uno de los premios literarios importantes establecidos en nuestra lengua, digamos el Alfaguara o el Herralde, se estableciera como requisito de participación que la novela concursante debe llenar determinados requisitos sobre el tema y en cuanto a la procedencia racial de los personajes, o su género, sus preferencias sexuales, o sus capacidades físicas.

No estoy usando mi fantasía para crear un escenario distópico. Sólo hago una transferencia al territorio de la literatura de las condiciones que se acaban de establecer para las producciones que a partir de 2024 compitan por el premio Óscar a la mejor película.

En cuanto a "representación en la pantalla, temática y argumento", la película debe centrarse en uno de los siguientes grupos: "mujeres, una etnia poco representada, personas LGTBI+, o personas con discapacidad física, cognitiva o auditiva". "Al menos uno de los actores principales o secundarios de cierta relevancia, deben ser parte de uno de los siguientes grupos raciales o étnicos: asiático, latino/hispano, negro/afroamericano, indígena/nativo, americano/nativo de Alaska, originario del cercano Oriente o del norte de África, hawaiano nativo u otro tipo de isleño originario de Oceanía, o de otra etnia poco representada". Y 30 por ciento de los actores secundarios debe llenar todos estos mismos requisitos.

Algunas de estas condiciones pueden ser intercambiadas, o sustituidas, por la misma representación diversa en los equipos de dirección y producción, que no se ven en la pantalla; pero todo obedece a un plan para enfrentar “el mayor desafío de nuestra historia para crear una comunidad más igualitaria e inclusiva… tanto en la creación de las películas como en el público que conecta con ellas”.

Conviene separar, antes de seguir adelante, la justicia de las políticas de inclusión social, racial y de género, que responde a una lucha de siglos de la humanidad por la conquista de la justicia, de la pretensión de imponer temas y cuotas dentro de la obra de arte, que representa por sí misma un campo infinito de diversidad, y asimismo de libertad, sin lo cual el acto creativo no sería posible. Y en esto equiparo al cine, del que he sido devoto toda mi vida, a la literatura, que es mi otra devoción, como escritor, y como lector.

He oído alegatos de que las alarmas respecto a estas reglas son exageradas, porque se trata de requisitos leves, que bien pueden ser evadidos parcialmente sustituyéndolos por los otros, invisibles, que atañen a la composición de los equipos de producción; y que, en todo caso, de tan leves, no se notarían, y el cine seguiría siendo el mismo.

La censura nunca es leve, y su tendencia es a avanzar, una vez establecida una cabeza de playa, porque las exigencias que llevan a imponer en el arte cánones políticos, sociales, o morales, nunca se sacian, por mucho que las intenciones puedan parecer benévolas, o justicieras.

No veo tampoco por qué no, a algún bien intencionado no se le ocurra ensayar esas mismas reglas en la literatura. Jurados literarios determinados a servir de muro de contención contra la discriminación. Comités editoriales celosos de reglas de contenido que no perturben al lector, o busquen evitar el arraigo de tendencias morales, políticas o filosóficas perjudiciales al conjunto de la sociedad. De todo estos hemos visto antes, ya sea porque el Estado se impone como el "gran benefactor" de las conciencias, o porque grupos de presión buscan conquistar terreno y consideran que la creación artística es la joya de la corona, por su poder de influencia espiritual.

Y cuando se trata de reglas, la naturaleza ideológica deja de importar. En la espléndida novela de Julian Barnes, El ruido del tiempo, Stalin atormenta a Shostakóvich porque quiere imponerle, en cambio de su música reaccio-naria y decadente, los parámetros del realismo socialista que canta las virtudes del hombre nuevo, siempre optimista, mirando hacia el futuro luminoso.

Censura desde el poder, pero también desde los grupos de presión. Cuando Memoria de mis putas tristes, la novela de García Márquez, fue convertida en México en una pieza de teatro, la representante de una organización feminista exigió que se prohibiera su representación, por las mismas razones morales que Lolita, la obra maestra de Nabokov fue sacada de las bibliotecas públicas en Estados Unidos: el uso de "nínfulas" como personajes.

La regla debería ser entonces: "no se permite en las novelas la figuración como personajes con connotación sexual, de personas del sexo femenino menores de 15 años de edad". Esto incluiría, por supuesto, la pintura, para prevenir casos tan lamentables como el de los cuadros de Balthus, maestro de la incorrección.

Ganar espacios de representación, y conquistar la justicia postergada, o denegada, nada tiene que ver con la imposición de reglas que buscan entrar en el territorio de la creación artística, y moldearla, adaptarla o limitarla. Al imponer a una obra de arte una camisa de fuerza, se le impone, en fin de cuentas, a toda la sociedad.

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Trump desembarca del Air Force One y se dirige a la multitud en el aeropuerto de Mosinee, Wisconsin. Flickr / White House

Trump ha agudizado la tendencia de un país que no ha querido participar en acuerdos e instituciones para perseguir el genocidio, luchar contra las bombas de racimo o combatir la crisis climática

 

Esta semana, la ONU celebra su 75 aniversario ante una crisis que ha puesto en evidencia las fragilidades del mundo. El secretario general, Antonio Guterres, inauguraba el debate de la Asamblea General insistiendo en la necesidad de un mayor multilateralismo. Minutos después, el presidente Donald Trump pronunciaba su discurso. Aunque no hizo mención a su ya tradicional "globalismo contra patriotismo" de otros años, el tono fue el mismo y se reafirmó en su máxima nacionalista del America First.

"Hoy estamos frente a nuestro propio 1945", advertía Guterres. "Necesitamos más cooperación internacional, no menos; fortalecer las instituciones multilaterales, no abandonarlas; una mejor gobernanza global, no una caótica ley de la selva". 

Durante su primer mandato, que ahora llega a su fin, Trump ha hecho precisamente lo contrario, sacando a Estados Unidos de grandes organismos del universo ONU, como la UNESCO, la Organización Mundial de la Salud (OMS) –cuya retirada se hará efectiva en julio de 2021 si no se revierte antes– y el Consejo de Derechos Humanos, siempre acusándolas de "sesgadas". También ha sacado a EEUU del Acuerdo de París por el Clima, del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, del acuerdo nuclear con Irán y de varios tratados de control de armas con Rusia, entre otros.

Sin embargo, EEUU lleva décadas al margen de importantes tratados que sitúan a la primera potencia mundial a la cola de los convenios de derechos humanos, fuera de la Corte Penal Internacional y de los acuerdos que impulsan la prohibición de armas que representan un elevado riesgo para la población civil atrapada en zonas de conflicto.

Estados Unidos, por ejemplo, solo ha firmado y ratificado cinco de los 18 tratados internacionales de derechos humanos –entre los 18 están incluidos los protocolos adicionales a los textos principales–. Solo Bután, con cuatro, está por debajo de Estados Unidos en menos ratificaciones de acuerdos internacionales (otros microestados como Niue, Palau, Tonga y Tuvalu también han ratificado menos que el país norteamericano). España, por ejemplo, ha firmado y ratificado 17 de los 18. En cambio, en América Latina, muchos países han ratificado la mayoría de los textos –Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay son Estados parte de los 18 tratados–.

"Yo creo que la no ratificación tiene más que ver con su propio funcionamiento interno que con la arrogancia que se suele achacar a Estados Unidos", dice Carlota García Encina, investigadora principal de EEUU y relaciones transatlánticas del Real Instituto Elcano. La experta recuerda que un tratado internacional tiene que ser aprobado por dos terceras partes del Senado. "Siempre habrá un senador republicano, porque suelen ser republicanos, con problemas de soberanía". El ejemplo paradigmático es la creación de la Sociedad de Naciones para asegurar la paz tras la Primera Guerra Mundial. Aunque EEUU fue uno de los grandes promotores de la iniciativa bajo el liderazgo del presidente Woodrow Wilson, el Senado rechazó el ingreso del país en la que es considerada como la precursora de la ONU.

Los derechos del niño y la discriminación contra la mujer

Estados Unidos, por ejemplo, es el único país del mundo que no es parte del Convenio de los Derechos del Niño de 1990, sobre el que se sostiene UNICEF. "Estados Unidos dice que esos derechos ya están recogidos en sus leyes y que incluso van más allá, pero es fácil demostrar que no es cierto", dice a elDiario.es Blanca Hernández, portavoz de Amnistía Internacional para temas de EEUU. "Hasta hace poco aplicaban pena de muerte contra personas que habían cometido el crimen siendo menores de edad. Eso ya no sucede, pero siguen haciendo algo que la convención prohíbe, como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional". Además, oficialmente EEUU alega que el texto "entra en conflicto con la autoridad de los padres".

En el caso de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), los únicos que no están obligados por el tratado son Estados Unidos, Sudán, Somalia e Irán. Este es el tratado de derechos de la mujer más importante del mundo y permite el examen de los países miembros por parte del comité y tiene la competencia de estudiar denuncias de casos particulares. 

"No ser parte de una convención fundamental es realmente una falta de responsabilidad", decía en 2018 Nicole Ameline, vicepresidenta del comité de 23 miembros de la CEDAW en una entrevista con elDiario.es. "He trabajado mucho desde hace 12 años con Bill Clinton, con Barack Obama y con Hillary Clinton para empujar al Gobierno. A veces la resistencia es del Congreso y otras, como hoy probablemente, del propio presidente".

Estados Unidos es de los pocos que tampoco ha ratificado el Convenio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por 171 países). "Durante casi tres décadas, EEUU ha jugado un papel central en disuadir y a veces bloquear el desarrollo del concepto de derechos económicos, sociales y culturales, particularmente en el contexto del régimen internacional de derechos humanos", escribía en 2009 el experto en derecho internacional Philip Alston y exrelator especial de la ONU sobre extrema pobreza. Alston cree que muchos en EEUU ven este concepto como "derechos no económicos, socialistas y colectivos". Durante la Guerra Fría existió una división entre los dos bloques entre los derechos económicos, sociales y culturales –más apoyados por el bloque soviético– y los derechos políticos y civiles –más apoyados por EEUU–.

Trump, las minas antipersona y la munición de racimo

Al margen de los tratados de derechos humanos, EEUU tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional, con capacidad de juzgar los crímenes más graves: genocidio y crímenes de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Washington había firmado –no ratificado– el estatuto en 2000, pero dos años después George W. Bush retiró oficialmente la firma. El país norteamericano es de los pocos que tampoco es parte de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

En cuanto a armamento, EEUU tampoco ha ratificado la Convención sobre las Municiones en Racimo ni la Convención sobre la prohibición de minas antipersona. Ambas están consideradas como un armamento peligroso para la población civil atrapada en zonas de conflicto. "Las minas antipersonal no pueden distinguir entre soldados y personas civiles y suelen matar o mutilar gravemente. Al ser relativamente baratas, pequeñas y de fácil manejo, han proliferado por decenas de millones, causando indecibles sufrimientos y devastando social y económicamente a docenas de países en todo el mundo", sostiene el Comité Internacional de la Cruz Roja

Además de no ser parte de ambos tratados, Trump levantó en noviembre de 2017 una directiva del Pentágono que restringía el uso de las municiones de racimo y calificó estas arma como "una capacidad militar vital" para el país. Además, en enero de 2020, el presidente levantó también las restricciones internas sobre el uso de las minas antipersona establecidas por Obama en 2014. Trump alegó que la política del expresidente situaba a los soldados estadounidenses "ante una grave desventaja".

Trump también ha recibido múltiples críticas por retirarse del Acuerdo de París sobre el Clima –la salida entrará en vigor en noviembre–, dejando a EEUU como el único país del mundo no firmante (otros ocho Estados han firmado, pero no han ratificado). Sin embargo, EEUU tampoco ratificó el Protocolo de Kyoto de 1997 para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Solo EEUU, Sudán del Sur y Canadá no han ratificado ese texto

"Es un problema grave sobre todo cuando el país toma una actitud de deprecio y desacredita tratados internacionales. Puede inspirar a otros países a seguir su estela. El efecto se multiplica porque EEUU tiene mucha influencia", dice Hernádez, de Amnistía Internacional.

Por Javier Biosca Azcoiti

23 de septiembre de 2020 22:16h

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Jueves, 24 Septiembre 2020 06:05

Estrecho de Taiwán: la crisis que se avecina

Un avión de caza ligero de la Fuerza Aérea de Taiwán, Indigenous Defence Fighter (IDF, en español 'caza de defensa autóctono') y misiles de crucero aire-tierra Wan Chien, en la Base de la Fuerza Aérea de Makung en la isla de Penghu, en la costa taiwanesa. REUTERS / Yimou Lee

Ausente de los grandes titulares, la escalada de tensión en el Estrecho de Taiwán sigue su curso de forma imparable. Las incursiones militares de China continental a modo de advertencia a las autoridades de Taipéi se suceden una tras otra. Beijing no quiere aparentar debilidad ante las acciones de EEUU, cada vez más intrusivas en el diferendo bilateral, y sube proporcionalmente el listón de sus acciones.

El debate sobre la reforma constitucional, en sus inicios en Taipéi, amenaza con otra crisis a medio plazo. La Carta Magna vigente, con siete enmiendas a sus cuestas, es de 1946, lo cual refleja, en cierta medida, la magnitud histórica del problema. Tras el final de la II Guerra Mundial, China recuperó el control de Taiwán, convertida en una colonia de Japón desde la firma del Tratado de Shimonoseki en 1895. Si en la isla no se refugiaran las tropas derrotadas del nacionalista Kuomintang, probablemente, hoy sería parte indiscutible de la República Popular, que prolongó sus bombardeos durante años. La Constitución que el KMT se llevó del continente preceptúa aun que la República de China representa a toda China, aunque, en realidad, desde 1949 no va más allá de la línea media del Estrecho. Pero para el PCCh acomodar esa realidad en el marco constitucional representaría un casus belli.

Las probabilidades de un empeoramiento de las no relaciones entre Beijing y Taipéi cotizan al alza. Tras repetir victoria en enero de este año, al soberanismo representado por Tsai In-wen le quedan por delante cuatro años de obstinación frente al hostigamiento del continente, cada vez más alejado de las tácticas prioritariamente seductoras del pasado inmediato. Pero cuanto más blande la espalda, la empatía con la sociedad taiwanesa se resiente; y lo que es peor, amenaza con quebrar la posibilidad de una alternancia más favorable a sus intereses al actuar como detonante del consenso en el nacionalismo panchino representado por su viejo enemigo, el KMT. En consecuencia, la expectativa de un horizonte gubernamental soberanista durante varias legislaturas provoca nerviosismo y en algunos alienta el vaticinio de la inevitabilidad de medidas más audaces que podrían llegar, en el peor de los escenarios, al conflicto armado.

EEUU, valedor de Taipéi, tiene mucho que decir en esto. Y tras la llegada de Trump ha abanderado el abandono de cualquier atisbo de ambigüedad. Considerado antaño por el general Douglas MacArthur como un portaaviones insumergible, hoy la isla viene al pelo a la estrategia del Indo-Pacífico, ideada para frenar la emergencia de China y asegurar la preservación de la hegemonía estadounidense en el área. Washington no solo promueve decisiones legislativas abiertamente ofensivas para los intereses de China, elevando el perfil de sus intercambios a todos los niveles, sino que moviliza a su flota en la región para contrarrestar la presencia militar china o incrementa de forma significativa sus ventas de armas a la isla exigiéndole el incremento de sus gastos militares, que el año próximo podrían superar el 10 por ciento del presupuesto.

Puede que de ganar Biden el próximo noviembre la situación afloje, pero solo "puede". La nueva policía hacia Taiwán ha gozado estos años de un alto nivel de consenso bipartidista. En el supuesto de continuidad de Trump, esta tendencia podría reforzarse y con ello el peligro de que la situación se desborde, llegando incluso a la confrontación grave. Algunos republicanos sueñan incluso con reanudar los lazos diplomáticos formales con Taiwán. No cabe duda que Trump iría más lejos en su apoyo al soberanismo. Por su parte, Wang Yang, el número cuatro de la jerarquía china, aseguró este fin de semana en Xiamen que "depender de los extranjeros solo traerá riesgos inasumibles para Taiwán".

En la gestión del problema de Taiwán, tras convertir la reunificación en la cara B del éxito de la modernización, el PCCh se juega buena parte de su credibilidad ante la sociedad china. En las ocasiones en que el presidente Xi Jinping se refirió a ese asunto dejó entrever la urgencia de hallar una solución, pacífica o no, que garantice la reunificación, no el actual statu quo, que equivaldría a una eternización. La fecha límite sería 2049, cuando se celebrará el primer centenario de la fundación de la República Popular. En una situación tan volátil como la que se vive actualmente en todo el mundo, con incertidumbres por doquier y signos de acusaba inestabilidad en actores significativos del sistema internacional, sucumbir a la tentación del atizamiento irresponsable de las tensiones o del recurso al uso de la fuerza, representa un riesgo que importa prevenir con urgente anticipación.

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China. Acaba de publicar 'Taiwán, una crisis en gestación' (Popular, 2020).

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Washington intensifica su 'guerra contra el terrorismo' en Líbano

 

En lugar de afrontar los verdaderos problemas de Oriente Próximo, Estados Unidos y Europa se dedican a poner parches aquí y allá. La reciente imposición de sanciones por parte de Washington sobre políticos que mantienen buenas relaciones con Hizbolá simplemente agrava la crisis libanesa y deja claro que Occidente no está interesado en lograr una estabilidad sostenible en la región.

24/09/2020 07:11

 

La administración de Washington ha intensificado en los últimos días las sanciones contra aquellos funcionarios libaneses que colaboran de alguna manera con Hizbolá, la organización chií que tanto Estados Unidos como algunos otros países occidentales consideran "terrorista" por su oposición a la expansión israelí en Oriente Próximo.

Entre Líbano e Israel existen en la actualidad dos conflictos territoriales. El primero tiene que ver con las Granjas de Sheba, una pequeña área montañosa situada en la confluencia de Siria, Líbano e Israel, que Israel considera parte de Siria y por lo tanto se la anexionó unilateralmente junto con el resto del Golán, pero que los libaneses afirman que forma parte de su país.

El segundo conflicto se refiere a una zona marítima de la que Israel está extrayendo gas, y que los libaneses afirman que en parte se encuentra dentro de sus aguas territoriales. En este caso, Israel ha seguido una política de hechos consumados aprovechándose de su superioridad militar sobre Líbano, un país que no puede responder de ninguna manera a la presencia de los buques de guerra que protegen los yacimientos.

Hizbolá, además, reclama que el estado judío abandone los territorios palestinos ocupados. Todas estas circunstancias hacen que Hizbolá se haya convertido en objetivo permanente de Estados Unidos, la potencia mundial que únicamente atiende a los intereses de Israel y para defenderlos está dispuesta prácticamente a cualquier cosa.

En este contexto, en lugar de resolver los conflictos, Washington va dando palos a diestra y siniestra guiado por Benjamín Netanyahu. El presidente Donald Trump asedia a palestinos, sirios y libaneses sin importarle lo más mínimo la terrible situación de millones de árabes mientras la Unión Europea contribuye, con su silencio o con sus acciones, a las injusticias de cada día.

Las sanciones más recientes de EEUU están dirigidas contra las finanzas libanesas en un momento que el país se halla al borde del colapso, y tienen horribles repercusiones sobre el tejido social, con el pretexto de acosar a la resistencia, es decir, a funcionarios libaneses que se han significado por su colaboración con Hizbolá, o simplemente por mantener relaciones con la organización chií.

Por primera vez las sanciones afectan a altos funcionarios que de alguna manera han colaborado con el partido, o a quienes Washington considera vinculados con la formación que dirige Hassan Nasrallah. David Schenker, asistente de la Secretaría de Estado para Oriente Próximo, ha declarado que las sanciones "son un mensaje para cualquiera que trate con el partido", es decir con Hizbolá.

El departamento del Tesoro ha castigado a Ali Hassan Khalil, ayudante político del presidente del parlamento libanés, Nabih Berri, y al exministro Youssef Fenianos "por su colaboración con Hizbolá y por su implicación en operaciones corruptas", en el marco de la Ley Antiterrorista. El departamento del Tesoro ha dicho que va a "castigar a cualquier político libanés que ayude a Hizbolá".

Según el departamento de Tesoro, "Khalil y Fenianos todavía están operativos a pesar de haber abandonado el gobierno", ya que ambos, y otros políticos, han "usado puertas traseras para realizar acuerdos con Hizbolá persiguiendo beneficios personales a expensas del pueblo libanés". Es gracioso y no es sorprendente que la administración Trump diga que está defendiendo al pueblo libanés cuando su único interés consiste en apuntalar las políticas israelíes en la región.

Pero Washington no se corta un pelo, así que ha justificado las medidas relacionándolas no solo con la corrupción sino también con las recientes explosiones en el puerto de Beirut, buscando una legitimidad inexistente para algo que resulta difícil de justificar. Los libaneses "deberían aplicar políticas distintas", aclaró Schenker.

Las sanciones también se interpretan como un mensaje al presidente del parlamento Nabih Berri, líder del partido chií Amal, y al exministro Suleiman Frangieh, líder de la formación cristiano-maronita (católica) Marada, dos grupos que han mantenido una estrecha colaboración con Hizbolá.

Washington no puede ignorar que con las sanciones no va a conseguir nada más que dar otro gusto a Netanyahu, algo que viene ocurriendo con una periodicidad alarmante. HIzbolá es una formación muy sólida a la que este tipo de castigos no va a afectar en lo más mínimo, y es muy dudoso que sus aliados dejen de colaborar con Hizbolá por más sanciones que les impongan los americanos.

Washington envía un mensaje adicional al presidente Michel Aoun, fundador del Movimiento Frente Patriótico, otra importante formación cristiana-maronita aliada de Hizbolá, en el sentido de que si este partido continúa colaborando con Hizbolá tendrá que pagar un alto precio. Esto muestra que las sanciones van dirigidas contra las formaciones más críticas con las controvertidas posiciones de Israel en Oriente Próximo.

Algunos analistas han indicado que las sanciones contradicen los esfuerzos del presidente Emmanuel Macron para formar un gobierno en Líbano, pero es evidente que por encima de todo se encuentra el objetivo de mantener la tensión y la inestabilidad en la región en todos aquellos frentes que se oponen a la ocupación y las políticas israelíes en Oriente Próximo.

Sin embargo, es más fácil que Líbano vuelva a ser asaltado por un conflicto civil antes de que las sanciones debiliten a Hizbolá. La explicación más plausible es que nadie en Occidente está interesado en resolver los verdaderos conflictos sino que prefieren poner parches aquí y allá sin afrontar la ocupación israelí y la normalización de relaciones con Irán.

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Estados Unidos sigue ejerciendo presión sobre Venezuela con nuevas sanciones políticas

Entre este lunes y martes el Gobierno de Trump ha anunciado nuevas sanciones. La del lunes se trata de Irán y Venezuela por violar “embargo de armas”, y la de este martes, es sobre cinco representantes políticos vinculados a la oposición por actuar supuestamente como parte de un plan para manipular las elecciones parlamentarias que se celebrarán en diciembre.

 

Los nuevos anuncios de Estados Unidos se dan en el marco de una gira de Mike Pompeo realizada la semana pasada por cuatro países de Sudamérica, entre ellos Brasil, Colombia y Guyana, para presionar sobre el Gobierno de Maduro.

Pompeo, declaró el lunes que la imposición de nuevas sanciones contra el Ministerio de Defensa de Irán y contra Nicolás Maduro, es por contribuir a violar el embargo de armas impuesto sobre Teherán, alertando de que cualquiera que "viole el embargo de Naciones Unidas sobre Irán se arriesga a ser sancionado".

“Durante casi dos años los funcionarios corruptos de Teherán han trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU”, añadió el jefe de la diplomacia estadounidense. “Nuestras acciones de hoy son una advertencia que debería ser escuchada en todo el mundo”. Aunque es de considerar que Maduro hace tiempo que está sancionado por Estados Unidos, siendo que la sanción se enfoca con más fuerza sobre Irán.

El sábado, Estados Unidos anunció la imposición de sanciones acogiéndose al mecanismo conocido como ’snapback’, incluido en el acuerdo nuclear de 2015 que Washington abandonó hace unos años. Dicha acción tuvo lugar a pesar de que el Consejo de Seguridad de la ONU rechazara extender el embargo impuesto contra Teherán.

Además, como reseñaron algunos medios de prensa como EFE, “la medida va a la par del esfuerzo del presidente estadounidense Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel.”

Tras conocer la decisión de Washington, Alemania, Francia y Reino Unido han advertido de que el anuncio de Estados Unidos sobre volver a imponer las sanciones carece de "efecto legal", habida cuenta de que el país se retiró en 2018 del acuerdo nuclear. Rusia, otro de los países firmantes del acuerdo y el principal aliado de Irán en la escena internacional, también ha rechazado el paso dado por Washington. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, indicó que el organismo no va a tomar medidas contra Irán en la línea que ha solicitado Estados Unidos porque no hay consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Por su parte, la sanción a individuos venezolanos anunciada este martes, tiene que ver con la política de EE. UU. de continuar metiendo presión contra el Gobierno de Maduro, en un momento en que hay toda una negociación en curso con sectores de la oposición como Capriles Radonsky y Stalin González con el Gobierno que envolvería también a la Unión Europea.

Los nuevos sancionados no son del Gobierno ni pertenecen al alto escalón del chavismo. Se trata de integrantes de la oposición que buscaron hacerse cargo del control de partidos de la derecha mediante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se declara que las sanciones son por “poner el control de los partidos de oposición de Venezuela en manos de políticos afiliados al régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier oposición creíble de desafío a ese régimen". En la lista están Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez y Chaim Bucaran. También impuso sanciones a Williams Benavides, el líder del movimiento Tupamaro que apoya a Maduro.

La medida del martes congela los activos estadounidenses de los incluidos en la lista negra y, en general, prohíbe a los estadounidenses negociar con ellos. Se trata de sanciones más simbólicas, pues no tienen incidencia más allá de meter mayor presión y apuntalar al sector de la oposición encabezada por Guaidó y otros dirigentes que llaman a desconocer las elecciones de diciembre.

Hace poco más de veinte días, el escenario político venezolano se vio movido tras el anuncio de un indulto a 110 dirigentes de la oposición, tras una negociación entre el Gobierno con Capriles Radonski (Primero Justicia) y Stalin González (Un Nuevo Tiempo) con la mediación del gobierno de Turquía y que, según medios, son acuerdos que contarían con el visto bueno de la Unión Europea.

El tablero político también se movió en las filas de la oposición, en una verdadera división abierta, cuyos agrios enfrentamientos y duras acusaciones en las redes sociales son casi cotidianos. La principal división está entre los que llaman a desconocer y boicotear las próximas elecciones (Guaidó y un arco de partidos opositores) y los que miden aún poder participar en las parlamentarias (Capriles, Stalin González) si cuentan con los observadores de la Unión Europea. Entre el sector que llama a boicotear también hay divisiones, como es el caso entre Guaidó y María Corina Machado, quien cuestiona abiertamente el papel desempeñado por éste durante todo el 2019 al fracasar su hoja de ruta: la salida de Maduro.

Son muchas las variables aún abiertas y habrá que esperar y ver el desarrollo de los distintos movimientos políticos tanto internos como externos. Adelante están las elecciones en Estados Unidos, que a depender de su resultado marcará la política de Washington. Mientras tanto desde la Casa Blanca se sigue con la presión como se muestra en estas recientes sanciones a personajes de la política nacional, al compás que las negociaciones y pactos siguen su marcha acelerada, acuerdos que, como se sabe, nada bueno son para los

Por La Izquierda Diario Venezuela

@LaIzqDiario_VE

Martes 22 de septiembre | 15:31

trabajadores y el pueblo.

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Fuentes: CADTM [Foto de Rohan Makhecha, Unsplash]

En una resolución sancionada el 23 de marzo de 2016 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU explicaba que “el peso creciente de la deuda a la que deben hacer frente los países en desarrollo más endeudados, en especial los menos desarrollados, no es viable y constituye uno de los principales factores que impiden el avance del desarrollo sostenible centrado en la población y la eliminación de la pobreza […]. Para una buen número de países en desarrollo y de países en transición el servicio excesivo de la deuda ha limitado en gran medida sus capacidades de promover el desarrollo social y la provisión de los servicios esenciales necesarios para la indispensable conformación de las condiciones que permitan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales […]. Los países en desarrollo continúan desembolsando anualmente mucho más de lo que reciben como ayuda pública al desarrollo”.

El FMI es en parte responsable de la crisis actual

Debido al desarrollo de sus políticas deajuste estructuralque imponen la liberalización de economías frágiles y drásticas medidas de austeridad a muchos países del sur a cambio de posibilitarles préstamos, el FMI ha participado ampliamente en esta comprobación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de los países que haya aplicado ajustes estructurales ha podido sostener de manera constante un índice de crecimiento elevado.

Las desigualdades sociales han aumentado por todas partes. Ningún país “ajustado” se ha librado de esta triste comprobación (1). De este modo, los recortes del gasto público recomendados por las instituciones financieras internacionales (IFI) impiden a los países “beneficiarios” de la ayuda del FMI asegurar a sus ciudadanos cierto nivel de protección social.

Si los países del sur ven en estos tiempos desbordados sus sistemas de salud y sin posibilidades de asegurar la protección sanitaria de sus habitantes frente al covid-19 se debe en gran parte a las mortíferas políticas de las IFI y especialmente del FMI. Destacamos que esta comprobación no es nueva (2) y que los investigadores del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine lo habían señalado ya en un artículo científico con ocasión de la epidemia del ébola en el 2014. Esos estudios llegaban a la conclusión de que “las exigencias del FMI en materia de rigor presupuestario debilitaron los sistemas de salud de los países africanos más duramente golpeados por el virus del ébola e impidieron también encarar una defensa coordinada contra dicha epidemia” (3). Hoy en día la historia se repite y pone de relieve que el FMI no ha sabido sacar ninguna lección de las crisis anteriores y permanece subordinado a los intereses de los acreedores privados a los que hay que reembolsar cueste lo que cueste, aún a costa del bienestar de los pueblos del Sur. Luego de la epidemia del ébola, el CADTM había reaccionado a través de varios llamados pidiendo la anulación de las deudas de los países que la habían sufrido (4)

Reacciones y propuestas del FMI en la gestión de la actual epidemia del covid-19.

El 4 de marzo de 2020 con oportunidad de una rueda de prensa compartida con el Banco Mundial, el FMI presentó en grandes las líneas las intervenciones que tenía previstas en el marco de la epidemia de covid-19. Las medidas enunciadas eran de dos tipos; 1) el aumento de su capacidad de préstamos a los países del Sur y 2) la movilización de las subvenciones con el propósito de aliviar el servicio de la deuda de los países más pobres del Sur con relación al FMI (5). Desde entonces el FMI ha puesto en marcha la maquinaria y ha anunciado varias medidas concretas.

  1. El anuncio que más han destacado el FMI y la mayoría de los medios consiste en el alivio del pago de la deuda por parte de 25 países pobres, de los cuales 19 son africanos, por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida debe permitir cubrir durante seis meses los reembolsos adeudados al FMI y a los países “dedicar una mayor cantidad de sus escasos recursos a las urgencias médicas y de ayuda” (6). En la práctica el FMI será ampliamente reembolsado a través de sus fondos fiduciarios de asistencia y respuesta a las catástrofes especialmente apoyado por los Países Bajos, China, el Reino Unido y Japón. Así, el FMI no cancela las deudas de los países con problemas y (i) mantiene su poder de presión sobre los gobiernos para reclamar en el futuro políticas de austeridad manteniendo el vínculo deudor-acreedor y (ii) no hace que esas donaciones permitan a los países pobres hacer frente a la situación sanitaria, por ejemplo, para comprar equipo médico y contratar personal.
  2. Se han concedido préstamos de emergencia a varios países africanos, como Costa de Marfil. Así, este país ha conseguido un desembolso de 295,4 millones de dólares en el marco de Servicio de Crédito Rápido, es decir, en forma de préstamo a tasa cero reembolsable en 10 años, y un desembolso de 590,8 millones de dólares en el marco del Instrumento Financiero Rápido, un crédito reembolsable en un plazo de entre tres y cinco años (7). En consecuencia, el FMI aprovecha la crisis para fortalecer y aumentar su poder de presión sobre los países africanos volviendo más pesado el fardo de la deuda ya de por sí tremendamente dura para muchos países. Además Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto del FMI, ha declarado que una vez controlada la epidemia de covid 19 será “importante que el déficit presupuestario vuelva a la situación anterior a la crisis para preservar al mismo tiempo lo adquirido en el marco del programa del FMI y la viabilidad de la deuda a medio plazo”. Esta declaración anticipa una vuelta con fuerza del FMI luego de la crisis, como ocurrió después de la crisis el 2008.

Una asistencia siempre muy política

El pasado 16 de abril 102 países habían pedido oficialmente un préstamo al FMI, que los aprobó en su mayor parte, incluidos los de Nigeria, Pakistán Ghana, Túnez, Senegal y Albania. Sin embargo, es de notar que el gobierno venezolano en conflicto con los EEUU ha visto rechazado su pedido (8). Opuesto al caso venezolano está el “buen alumno” chileno. Para este país, en el que la población se manifestó durante meses contra las políticas de austeridad de los últimos meses, se ha desbloqueado una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares. La línea de crédito flexible “es un instrumento que permite al país el acceso a montos importantes en cualquier momento. Más allá de los fondos disponibles inmediatamente en caso de necesidad, constituye también una muestra de confianza del Fondo hacia la política económica del beneficiario y una excelente señal para el acceso a otras fuentes de financiamiento”. Este ejemplo de Chile causa gran inquietud a los pueblos y a los movimientos sociales latinoamericanos, como Argentina, fuertemente marcados por las políticas de austeridad impuestas por el FMI en los últimos decenios.

En otros lugares del mundo, como Líbano, luego de meses de manifestaciones debidas a las medidas de austeridad, el gobierno no encontró nada más original que acordar con el FMI la puesta en marcha de un plan quinquenal. Adoptado a fines de abril su objetivo es reducir el déficit público y prevé una suba de impuestos, un congelamiento del empleo en el sector público, un aumento del precio de la electricidad y la reducción de las subvenciones a dicho sector. Prevé igualmente una reestructuración de la deuda y del sector bancario. Hasta ahora ha sido rechazado por la Asociación de Bancos del Líbano.

El FMI se mantiene igualmente activo en el Norte. En Ucrania, país asistido desde la guerra civil que estallara en 2014, el FMI y el gobierno negociaron el 21 de mayo un acuerdo a propósito de un nuevo programa de ayuda de 5.000 millones de dólares en 18 meses “para ayudar a Kiev a superar la epidemia del coronavirus”. Este “acuerdo de confirmación” esta avalado a cambio de un programa de reformas. Se tardó muchas semanas en llegar a este acuerdo porque había que votar la ley llamada “anti Kolomoiski” (cuyo objeto es impedir que los antiguos propietarios bancarios puedan recuperar sus empresas si fueron nacionalizadas, aunque hubiera habido vicios de procedimiento, y reconocerles como máximo una compensación financiera por el perjuicio sufrido) y, sobre todo, la ley relacionada con la eliminación de la moratoriasobre la venta de tierras agrícolas. El límite de superficie que puede poseer una persona física era de 100 hectáreas, a partir del 1° de enero de 2024 las sociedades podrán comprar tierras agrícolas hasta un máximo de 10.000 hectáreas. (9)

La alternativa DTS

El 14 de abril de 2020 Gordon Brown, exministro de Finanzas y primer ministro del Reino Unido y Lawrence H. Summers, profesor de economía de la Universidad de Harvard y exministro de finanzas de los EEUU, opinaban en el Washington Post que debían fortalecerse los poderes intervencionistas del FMI, especialmente mediante el uso de los DTS, derechos especiales de emisiones: se trata de un sistema pilotado por el FMI que permite completar sus reservas a los países miembros.

Dominique Strauss-Khan propone además recurrir a los DTS combinado con un alivio de las deudas de los países en desarrollo. Según el antiguo director del FMI, si no se hace Occidente se expone sobre todo a una crisis migratoria sin precedentes… Voces de la izquierda (y no de centro, como las neoliberales precedentemente mencionadas) reclaman también DTS y paralelamente la anulación de las deudas. Se olvidan, sin embargo, que los DTS también son préstamos del FMI que implican su reembolso bajo ciertas condiciones y tasas de interés.

Por Robin Delobel, Adrien Péroches | 23/09/2020

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Artículo tomado del AVP n.º78 « Dette, coronavirus et alternatives », revista semestral del CADTM gratuitamente disponible en pdf, en venta a 5 euros o por abono anual.

Notas:

(1) Toussaint E. (2019), « Retour sur la crise de 1982 ». AVP Dettes aux Suds, tercer trimestre de 2019, 1 p.

(2) Le Monde (2014), « Des chercheurs pointent une responsabilité du FMI dans l’épidémie d’Ebola. », publicado on line el 22 de diciembre de 2014, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

(3) Kentikelenis et al. (2014), « The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, », The Lancet Global Health Vol. 3(2), pp. 69-70.

(4) https://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l

(5) FMI & Banque Mondiale (2020), Réponse du Groupe de la Banque mondiale et du FMI au Covid-19, transcripción de la rueda de prensa de Mme Georgieva & M, Malpass, 4 de marzo de 2020.

(6) Le Figaro (2020), « Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette », publicado on line el de abril de 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414

(7) Fualdes N. (2020), « La Côte d’Ivoire obtient près de 900 millions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus », Jeune Afrique, publicado on line el 22 de abril de 2020, https://www.jeuneafrique.com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-millions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/

(8) https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezuela-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

(9) www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-moratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

Fuente: http://www.cadtm.org/Quand-le-FMI-profite-de-la-covid-19-pour-augmenter-son-emprise-sur-les-pays-du

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Políticos de todo el mundo exigen al Reino Unido la liberación de Assange 

Carta abierta contra la ilegalidad del juicio de extradición al fundador de WikiLeaks

El documento del colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Bolivia, Evo Morales Ayma, entre otros.

Más de un centenar de líderes políticos de todo el mundo exigen al gobierno de Reino Unido la inmediata liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien atraviesa un juicio de extradición en el tribunal londinense de Old Bailey. La carta abierta promovida por los juristas agrupados bajo el colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales Ayma, de Ecuador Rafael Correa, de Uruguay Jose "Pepe" Mujica y de España José Luis Rodríguez Zapatero, además del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Todos expresaron sus "serias preocupaciones frente a las violaciones de los derechos fundamentales" de Assange y denunciaron la "ilegalidad" del proceso judicial.

"Les solicitamos, como representantes del gobierno británico, que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso y otorgándole al Sr. Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política", señala la carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, y a los responsables de Exteriores, Justicia e Interior.

Los juristas y los 167 políticos que firman el documento sostienen que la extradición de Assange al país norteamericano sería ilegal, entre otras razones por el riesgo a ser sometido a un "juicio injusto por la naturaleza política" de los presuntos delitos de los que se lo acusa, y por las dudas sobre el trato que podría recibir en prisión. En ese sentido, piden "permitirle acceder a un diagnóstico y tratamiento médico independientes en un entorno hospitalario apropiado". La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista, quien se encuentra en prisión preventiva, entre ellas una de Amnistía Internacional en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya recolectó más de 400 mil firmas.

Assange, de 49 años, afronta desde este lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las filtraciones del portal WikiLeaks, que expusieron, entre otros elementos, brutales crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la cárcel de Guantánamo. Además de cuestionar la legalidad del proceso, Lawyers for Assange denuncia que se puso en peligro el principio británico de "justicia abierta" y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de observadores independientes como Amnistía Internacional y parlamentarios de distintos países. Si se habilita la extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.

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