Viernes, 14 Junio 2019 06:17

Assange periodista

Assange periodista

El gobierno británico acaba de dar curso al pedido de extradición de Julian Assange para enfrentar cargos de espionaje en Estados Unidos y una posible sentencia de hasta 170 años de cárcel. Se trata de una medida de rutina al cumplirse dos meses desde el pedido inicial, el plazo legal para que Estados Unidos termine de presentar su caso, según el tratado de extradición entre ambos países. La justicia británica no está atada a la decisión de su gobierno pero es muy probable que termine por ordenar el traslado del fundador de WikiLeaks al país requiriente, más allá de la férrea defensa que interpondrá el equipo de abogados de Assange encabezado por Baltazar Garzón. Así parecen indicarlo la estrechísima e histórica alianza de seguridad entre los dos países, la coincidencia de gobiernos conservadores a ambos lados del Atlántico y sobre todo un tratado de extradición tan favorable a Estados Unidos que el año pasado el gobierno británico creó una comisión bicameral en el Parlamento para estudiar formas de reformarlo, cuestión que no terminó ocurriendo.

La firma del pedido de extradición, entonces, era esperable y de rutina, y no debería afectar el juicio en curso, que indefectiblemente tardará al menos varios meses, incluyendo una audiencia programada para mañana. Pero las declaraciones de hoy del ministro de Interior británico, Sajid Javid, anunciando la firma y agregando que está “muy satisfecho” con la detención de Assange, no dejan de ser llamativas al menos por dos razones. Por un lado, envía un mensaje (o una presión) al juez del caso, remarcándole los intereses geopolíticos en juego y el deseo (o compromiso) ya indisimulable del gobierno británico. Por otro lado, las palabras de Javid demostrarían que Assange tenía razón al sospechar que Gran Bretaña lo entregaría a Estados Unidos apenas pudiera, razón por la cual se asiló durante siete años en la embajada ecuatoriana en Londres. Recordemos que el 11 de abril el editor de megafiltraciones fue enviado a una prisión de máxima seguridad por un crimen menor, violar su libertad condicional, mientras la cancillería británica anunciaba que él estaba detenido también a pedido de Washington por un delito informático también menor. Al mes siguiente el gobierno de Trump amplió su acusación a espionaje, publicación de documentos secretos y poner en riesgo a colaboradores encubiertos. A su vez WikiLeaks denunció al gobierno de Theresa May de colaborar abiertamente con la investigación del FBI estadounidense que derivó en la acusación, al punto de entregarle las pertenencias y archivos de Assange, incluyendo su defensa legal, después de que autoridades ecuatorianas permitieran el allanamiento de su sede diplomática y la detención del ciberactivista, que en sus últimas semanas en la embajada lucía un collar de pent drives precisamente por esa razón.

Más allá del carácter rutinario, casi burocrático, de la medida anunciada ayer por el gobierno británico, es casi imposible sobreestimar la importancia de este caso para el futuro del periodismo a nivel global. Ya se han pronunciado al respecto diversos organismos de la ONU y las principales ONG que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Incluso los grandes medios que en su momento contribuyeron a la demonización de Assange, por celos, competencia, o diferencias de estilos y relaciones, como el New York Times, The Guardian o El País, han cambiado de postura tras la violenta e irregular detención de Assange, y ahora publican todo tipo de editoriales y comentarios en favor de su colega y en contra del proceso al que está sometido.

El problema se hace evidente al leer el pedido de extradición. Assange está siendo acusado de hacer lo que hacen todos los periodistas de investigación: buscar, curar y publicar información secreta. No sólo eso: lo acusan de hacerlo con los mismos documentos que fueron publicados por los grandes medios del mundo. De ahí a enjuiciar a cualquier periodista que quiera publicar un documento secreto de Estados Unidos hay solo un pasito. Y de ahí a enjuiciar a cualquier medio que publique información sensible para el gobierno de turno, llámese Panamá Papers o Moroleaks, también. El gobierno de Trump eligió anunciar la acusación de espionaje en contra de Assange el mes pasado a través del jefe de seguridad nacional del Departamento de Justicia, John Demers, en una conferencia de prensa en la que no aceptó preguntas. Allí argumentó: “El Departamento toma en serio el papel de los periodistas en nuestra democracia, pero Julian Assange no es un periodista”. O sea, el problema no es qué hizo, sino quién lo hizo. Pero si aceptamos esta insólita, llamémosla “doctrina Demers”, entonces será el gobierno el que decida quién es periodista y quién no. Y no hace falta ser un genio para intuir que el gobierno elegirá a damas y caballeros de su círculo social, comunicadores corporativos que lo último que buscan es revelar secretos que pongan nerviosas a sus fuentes.

La democracia, decía mi padre, Guillermo O´Donnell, puede morir de a poco. No hace falta un golpe. Las libertades y los derechos se pueden ir perdiendo de a poco. En este caso, el caso Assange, urge decir que no es la primera vez que los derechos a la información y a la libre expresión entran en conflicto con otros, como el derecho a la privacidad, a la propiedad o a la seguridad nacional. No será la primera vez pero podría ser la última, si perdemos la posibilidad de decirnos y enterarnos lo que está pasando en los centros de poder donde se toman las grandes decisiones.

Publicado enSociedad
El juez Fux, parte de la campaña para apresar y callar a Lula.

El vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Luiz Fux, fue salpicado en el “Morogate” luego de que el portal The Intercept Brasil publicara nuevas conversaciones. El material revelado por Leandro Demori, editor ejecutivo del diario web, alumbra sobre mensajes que intercambió el ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, con el fiscal encargado de la causa Lava Jato, Deltan Dallagnol. En estas nuevas conversaciones Moro habría dicho que confiaba en el mencionado juez de la Corte Suprema, con la frase en inglés “In Fux we trust” (Confío en Fux). Tanto estos mensajes como los que fueron difundidos el domingo pasado datan de 2016 cuando Moro, en su calidad de juez responsable en la primera instancia, lideró la causa y posterior condena contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

Desde el inicio del Morogate, el ahora ministro está señalado de no haber sido imparcial en el proceso. 

Según las nuevas revelaciones, el magistrado Fux habría brindado su apoyo al fiscal Dallagnol y a Moro para el desarrollo de las investigaciones en la causa. No así lo habría hecho el magistrado relator del Lava Jato, Teori Zavascki, quien apercibió a Moro por una escucha telefónica que consideró ilegal. 

En una parte de la conversación, el fiscal Dallagnol señala: “Dijo que contáramos con él para lo que necesitemos, una vez más”, a lo que Moro contestó: “Excelente. En Fux we trust”. Con las nuevas revelaciones de las supuestas conversaciones el magistrado Fux entra a formar parte del escándalo en la que ya están inmersos el ministro Moro y algunos fiscales que actuaron a su lado. Según The Intercept Brasil, Moro sugirió a sus colegas del Lava Jato cambiar el orden de las fases de la operación y otros procedimientos que según juristas estarían prohibidos por ley. La revelación de los mensajes, transmitidos por Telegram y que llegaron a The Intercept gracias a un “hacker” anónimo que intervino los teléfonos de los involucrados, causó un inmediato revuelo en Brasil y llevó a la defensa de Lula a reiterar que el exmandatario fue víctima de una “persecución política” y que el juicio en su contra estaba “viciado” y debería ser declarado nulo.

En una entrevista al periodista Reinaldo Azevedo, el editor del sitio brasileño afirmó que los mensajes son verídicos y forman parte del material que el sitio obtuvo gracias a una fuente no revelada. 

Mientras tanto, Moro anunció en la víspera que comparecerá ante el Senado el próximo miércoles para esclarecer las acusaciones. El ministro enfrenta además un pedido de renuncia que hizo la Orden de Abogados de Brasil. Sin embargo insistió, por su parte, en que las conversaciones divulgadas en ningún momento muestran que hubiera intervenido ilegalmente en el proceso. Una visión que comparte con el jefe de estado, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Así lo explicitó ayer el presidente de Brasil en declaraciones que ofreció a los medios en el Palacio del Planalto donde minimizó los efectos del Morogate. “Lo que hizo Moro no tiene precio. El realmente sacó para afuera y mostró las vísceras del poder y la promiscuidad del poder en temas de corrupción”, dijo ayer el mandatario. En sus declaraciones no sólo cuestionó el intercambio de mensajes sino que también afirmó que si sus conversaciones privadas tomaran estado público, él también sería criticado.

Pero Bolsonaro no sólo ofreció apoyo explícito a su ministro, también se mostró con él. El lunes asistieron juntos a una condecoración que la Orden de la Marina le ofreció a Moro. Y ayer fueron juntos a ver un partido del club Flamengo en el estadio Mané Garrincha de Brasilia. 

Publicado enInternacional
Viernes, 14 Junio 2019 05:57

Assange y los medios de Estados Unidos

Assange y los medios de Estados Unidos

El ministerio británico del Interior dio ayer su visto bueno a la extradición de Julian Assange a Estados Unidos y ahora la última palabra la tiene un tribunal que debe sesionar hoy. No hay mucho margen para esperar que esa instancia escuche los exhortos para que se libere al australiano que han formulado el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de las Naciones Unidas y múltiples organizaciones sociales en pro de los derechos humanos y la libertad de expresión. Como se ha visto desde febrero de 2011, el sistema judicial del Reino Unido está totalmente alineado en los planes del gobierno estadunidense, como lo han estado durante este tiempo las autoridades de Estocolmo.

 

Una vez interrumpida la solitaria solidaridad ecuatoriana por la traición de Lenín Moreno a toda la gestión de su antecesor, en la que se inscribía la protección diplomática al fundador de Wikileaks, sólo una movilización de la sociedad británica podría impedir que Londres lo entregara al gobierno de Washington. Pero previsiblemente esa movilización no ocurrirá y todo hace pensar que Assange será enviado a Estados Unidos, donde el Departamento de Justicia le ha fincado 17 delitos, varios de ellos, graves, como espionaje, que podrían llevar a una condena de cadena perpetua.

 

Si no hubo en Gran Bretaña una condena social contundente a las violaciones a los derechos de Assange, menos cabría esperar que la hubiera en el país vecino del norte, donde las paranoias de la seguridad nacional tienen una raigambre más acendrada y donde, por ende, ha resultado fácil confundir a grandes sectores de la opinión pública con la falsa noción de que Wikileaks y su fundador son una suerte de "agentes extranjeros" perniciosos para la seguridad de la nación.

 

El panorama mediático estadunidense, al menos en lo que se refiere a los medios del llamado mainstream, no serían, en principio, más favorables para la defensa del australiano. La difusión de los materiales que documentan crímenes de guerra en Irak y Afganistán, a mediados de 2010, dejaron en muchos directores y editores estadunidenses una sensación de despecho por lo que era el mayor golpe periodístico de la década. Unos meses después, la entrega de los "cables del Departamento de Estado" a The New York Times –y a otros cuatro medios de otros países– obligó al rotativo neoyorquino a tragarse su orgullo y a colaborar con Wikileaks.

 

Pero esas publicaciones operaron con una sospechosa parsimonia, que especularon con los documentos y que vieron antes que nada por la preservación de sus intereses corporativos. De esa forma, Wikileaks y su fundador decidieron redistribuir los cables en forma segmentada por naciones entre muchos medios independientes del mundo, de los que La Jornada fue el primero.

 

Ese episodio provocó una inocultable irritación en las redacciones de los cinco medios. De pronto, sus páginas se llenaron de ataques a Assange, algunos de ellos tan pueriles y poco serios como que el fundador de Wikileaks evitaba el baño diario. La animadversión de The New York Times fue rápidamente compartida por muchas otras empresas noticiosas. Ello se explica no sólo por el patrioterismo implícito en la acusación de que Wikileaks afectaba la seguridad nacional estadunidense, sino también por un orgullo profesional maltrecho: les resultaba intolerable que una pequeña organización de jóvenes, advenedizos en el periodismo, estuvieran sacudiendo el planeta con una eficacia y un rigor jamás visto hasta entonces. Y construyeron la noción despectiva de que Julian Assange y sus compañeros no eran informadores sino informantes, un despropósito que a la larga podría ser reciclado como argumento por los fiscales en contra del australiano.

 

Pero hoy el panorama ha cambiado drásticamente por la guerra declarada por Trump en contra de la generalidad de los medios de comunicación de su país. En ese contexto, un juicio ganado por Washington en contra de Assange sentaría un peligrosísimo precedente para el desempeño de la tarea informativa en Estados Unidos y en el mundo. Porque no hay diferencia alguna, a final de cuentas, entre los actos por los que el Departamento de Estado quiere procesar al australiano y lo que hacen día con día innumerables periodistas en todo el orbe: obtener documentos confidenciales, verificarlos –tarea en la que Wikileaks no ha tenido un solo yerro– y difundir su contenido.

 

Así pues, si los grandes medios noticiosos de Estados Unidos quieren sobrevivir a la embestida trumpiana, tendrán que tomar partido entre el presidente insolente y ominoso y el colega despreciado y en desgracia, cuya figura representa, les guste o no, el mayor símbolo del derecho a la verdad en la circunstancia presente. Más les valdría tragarse el orgullo por segunda ocasión, informar verazmente a la opinión pública de lo que está en juego y asumir un papel protagónico en defensa de Assange y, por ende, de los derechos a la libre expresión y a la información.Nada menos.

 

http://navegaciones.blogspot.com

 

Twitter: @Navegaciones

Publicado enInternacional
The Trust Project: los grandes medios y Silicon Valley se convierten en armas para silenciar la disidencia

Dado el impacto de Trust Project a la hora de hacer a los ricos más ricos en el panorama de las noticias en internet, no sorprende descubrir que está financiado por una confluencia de oligarcas de la tecnología y poderosas fuerzas con un claro interés en controlar el flujo de noticias.

 

 

Tras el fracaso de Newsguard —el sistema de calificación de noticias respaldado por un grupo de importantes personalidades neoconservadoras— en afianzarse entre las empresas de redes sociales y de tecnología estadounidenses, otra organización ha intervenido silenciosamente para dirigir los algoritmos de noticias de gigantes tecnológicos como Google, Facebook y Microsoft.

Aunque es diferente de Newsguard, este grupo, conocido como The Trust Project (El Proyecto Confianza), tiene un objetivo similar de restaurar la confianza en los medios convencionales y corporativos, en relación con alternativas independientes, aplicando “indicadores de confianza” a los algoritmos de noticias de las redes sociales de una forma decididamente poco transparente.

La financiación de The Trust Project —proveniente en general de grandes empresas tecnológicas como Google; oligarcas de la tecnología con conexiones en el gobierno como Pierre Omidyar; y la Knight Foundation, un inversor clave de Newsguard— sugiere que un motivo ulterior en su incansable promoción de medios de comunicación convencionales “tradicionales” es limitar el éxito de alternativas disidentes.

De particular importancia es el hecho de que los “indicadores de confianza” de Trust Project ya se están usando para controlar qué noticias son promocionadas y suprimidas para motores de búsqueda principales como Google y Bing y enormes redes sociales como Facebook. Aunque las descripciones de estos “indicadores de confianza” —ocho de los cuales están en uso actualmente— están disponibles públicamente, no lo está la forma en que grandes empresas tecnológicas y de redes sociales los están usando.

El objetivo de Trust Project es aumentar la confianza pública en los mismos medios tradicionales que Newsguard favorecía y utilizar códigos HTML en artículos de noticias favorecidos para promocionar su contenido a expensas de alternativas independientes. Incluso si su esfuerzo para promover la “confianza” en medios de la élite no tiene éxito, su código incrustado oculto dentro de las webs de noticias que participan permite a esos medios eludir a su competencia independiente, convirtiendo en irrelevantes en gran medida tales asuntos de “confianza” ya que se busca homogeneizar el panorama de los medios en internet en beneficio de los medios convencionales.

La directora de Trust Project, Sally Lehrman, dejó claro que, desde su punto de vista, la falta de confianza pública en los medios convencionales y su público en declive son el resultado de “competencia” no deseada “de empresas sin principios [que] mina aún más el mismo rol y propósito [del periodismo] como motor de la democracia”.

 

Conociendo Trust Project

 

El Trust Project se describe a sí mismo como “un consorcio de empresas de noticias líderes” involucradas en desarrollar “estándares de transparencia que te ayudan a valorar fácilmente la calidad y credibilidad del periodismo”. Esto lo ha hecho creando lo que llama “indicadores de confianza”, que la web del proyecto describe como “un estándar digital que satisface las necesidades de la gente”. Sin embargo, lejos de satisfacer “los intereses de la gente”, los indicadores de confianza parecen tener la intención de manipular los algoritmos de motores de búsqueda y redes sociales para beneficio de los socios mediáticos del proyecto, más que para beneficio del público.

Los orígenes de Trust Project se remontan a una “mesa redonda” de 2012 albergada por el Centro Markkula de Ética Aplicada en la Universidad de Santa Clara, un centro fundado por el antiguo CEO de Apple, Mike Markkula. La mesa redonda se dio a conocer como la Mesa Redonda sobre Ética en el Periodismo Digital y fue creada por la periodista Sally Lehrman, que entonces trabajaba en el Centro Markkula, en conexión con la Mesa Redonda Ejecutiva de Nuevos Medios y Vigilancia de la Credibilidad Online de la Sociedad de Periodistas Profesionales. Lehrman ha afirmado explícitamente que Trust Project solo está abierto a “organizaciones de noticias que se adhieren a estándares tradicionales”.

La idea específica que desencadenó la creación de Trust Project nació en un encuentro en 2014 de esa mesa redonda, cuando Lehrman “preguntó a un especialista en Machine Learning de Twitter, y a Richard Gingras, responsable de Google News, si se podrían usar los algoritmos para apoyar la ética en vez de dañarla, y dijeron que sí. Gingras aceptó colaborar”. En otras palabras, la idea tras Trust Project, desde el inicio, tenía como objetivo manipular los algoritmos de los motores de búsqueda y redes sociales con la complicidad de grandes empresas tecnológicas como Google y Twitter.

Como apunta el mismo Trust Project, la forma de alterar algoritmos se desarrolló en tándem con ejecutivos de gigantes tecnológicos como Gingras y “editores líderes en la industria de 80 medios e instituciones informativos”, todos los cuales son medios corporativos y convencionales. Es de destacar que los socios mediáticos del Trust Project, involucrados en la creación de estos nuevos “estándares” para los algoritmos de noticias, incluyen publicaciones propiedad de ricos oligarcas: el Washington Post, propiedad del hombre más rico del mundo, Jeff Bezos, el Economist, dirigido por la rica familia Rothschild; y el Globe and Mail, propiedad de la familia más rica de Canadá, los Thomson, que también son dueños de Thomson Reuters. Otros socios de Trust Project son The NewYork Times, Mic, Hearst Television, la BBC y la red de USA Today.

Otros medios destacados están representados en el Consejo de Liderazgo de Noticias del Centro Markkula, incluyendo al Financial Times, Gizmodo Media y el Wall Street Journal. Ese consejo —que también incluye a Gingras y a Andrew Anker, director de gestión de producto de Facebook— “guía al Trust Project en nuestros indicadores de confianza”.

Estos “indicadores de confianza” están en el centro de las actividades de Trust Project y revelan uno de los mecanismos clave a través de los cuales Google, Twitter y Facebook han estado alterando sus algoritmos para favorecer a medios con buenos registros de “indicador de confianza”. Los indicadores de confianza, a primera vista, tienen la intención de hacer “más transparentes” a las publicaciones informativas, como un medio de generar un aumento de la confianza en el público. Aunque se han desarrollado un total de 37, parece que solo ocho de ellos se están utilizando actualmente.

El Trust Project enumera y describe estos ocho indicadores de la siguiente manera:


  • Mejores Prácticas: ¿Cuáles son los estándares del medio informativo? ¿Quién lo financia? ¿Cuál es la misión del medio? Además de compromisos con la ética, voces diversas, exactitud, hacer correcciones y otros estándares.
    • Experiencia del Autor/Reportero: ¿Quién lo hizo? Detalles sobre el periodista, incluida su experiencia otras historias en las que han trabajado.
    • Tipo de Trabajo: ¿Qué es esto? Etiquetas para distinguir la opinión, el análisis y el contenido publicitario (o patrocinado) en los reportajes informativos.
    • Citas y referencias: ¿Cuál es la fuente? Para historias de investigación o en profundidad, acceso a las fuentes tras los hechos y declaraciones.
    • Métodos: ¿Cómo se construyó? También para historias en profundidad, información sobre por qué los reporteros eligieron seguir una historia y cómo llevaron el proceso.
    • ¿De Origen Local? ¿Se hizo la información en el lugar, con profundo conocimiento sobre la situación o comunidad local? Te permite saber cuándo la historia tiene origen o conocimiento local.
    • Voces Diversas: ¿Cuáles son los esfuerzos y compromisos de la redacción para mostrar diversas perspectivas? Los lectores advirtieron cuando faltaban ciertas voces, etnias o colores políticos.
    • Feedback Viable: ¿Podemos participar? Los esfuerzos de una redacción por conseguir la ayuda del público en el establecimiento de las prioridades de la cobertura, la contribución al proceso informativo, asegurar la exactitud y otras áreas. Los lectores quieren participar y ofrecer feedback que puede alterar o expandir una historia.

 

Cómo el Trust Project pone a disposición del público estos indicadores se puede ver en su nuevo proyecto, el Rastreador de Transparencia en la Redacción, donde ofrece una tabla de “transparencia” para medios participantes. Es llamativo que esa tabla mezcla prácticas de transparencia reales con la simple provisión al Trust Project de políticas y directrices de medios relacionadas con los indicadores mencionados anteriormente.

Por ejemplo, The Economist consigue una “puntuación” de transparencia perfecta por haber proporcionado al Trust Project enlaces a su política ética, declaración de principios y otra información requerida por el proyecto.

Sin embargo, el hecho de que esas políticas existan y se proporcionen al Trust Project no significa que las políticas de la publicación sean, de hecho, transparentes o éticas en términos de su propio contenido o en la práctica. El hecho de que The Economist proporcione enlaces a sus políticas no hace a la publicación más transparente, pero —en el contexto de la tabla del Rastreador de Transparencia en la Redacción— ofrece la apariencia de transparencia, aunque esas revelaciones de su política por The Economist difícilmente se traducirán en algún cambio en sus conocidos sesgos e información parcial sobre ciertos asuntos.

 

Los indicadores de confianza manipulan los algoritmos de las grandes tecnológicas

 

El verdadero poder de los indicadores de confianza aparece en una forma que no es visible para el público general. Estos indicadores de confianza, aunque mostrados ocasionalmente en las webs de los socios, están acompañados por “señales legibles por máquinas” integradas en el código HTML de webs y artículos participantes usados por Facebook, Google, Bing y Twitter. Como Lehrman apuntó en un artículo de 2017, el Trust Project estaba “ya trabajando con estas cuatro compañías, todas las cuales han dicho que quieren usar nuestros indicadores para priorizar las noticias honestas y bien documentadas por encima del engaño y la falsedad”.

Gingras, de Google News, también apuntó que los indicadores de confianza son usados por Google como “indicios para ayudar a los motores de búsqueda a entender y clasificar mejor los resultados… [y] a ayudar a la miríada de sistemas algorítmicos que moldean nuestras vidas mediáticas”.

Una nota de prensa del Trust Project el año pasado subraya aún más la importancia de los “indicadores” integrados para alterar los algoritmos de las redes sociales y motores de búsqueda:


“Mientras que cada indicador es visible para los usuarios en las páginas de los socios informativos del proyecto, también está integrado en el código de los artículos y webs para que lo lean las máquinas –ofreciendo el primer lenguaje técnico estandarizado que ofrece información de contexto sobre los compromisos con la transparencia de las webs informativas”.


A pesar de afirmar que aumenta el conocimiento público de los “compromisos con la transparencia de las webs informativas”, la forma en que las empresas tecnológicas líderes como Google y Facebook están usando estos indicadores es cualquier cosa menos transparente. En realidad, se desconoce en gran medida cómo se usan estos indicadores, aunque hay algunas pistas.

Por ejemplo, CBS News citó a Craig Newmark —el multimillonario fundador de Craislist, quien facilitó los fondos iniciales del Trust Project— sugiriendo que “el algoritmo de búsqueda de Google podría clasificar las fuentes de confianza por encima de otras en los resultados de búsqueda” utilizando los indicadores de confianza del proyecto.

El año pasado, el Trust Project señaló que Bing usaba “el indicador de confianza ‘Tipo de Trabajo’ para mostrar si un artículo es información, opinión o análisis”. También señaló que “cuando Facebook lanzó su proceso para indexar páginas de noticias, trabajaron con el Trust Project para facilitar que cualquier editor añadiera información opcional sobre su página”. En el caso de Google, Gingras fue citado diciendo que Google News usa los indicadores para “valorar la autoridad relativa de las organizaciones informativas y los autores. Esperamos desarrollar nuevas formas de utilizar los indicadores”.

Es de destacar que la versión legible por máquinas de estos indicadores de confianza está disponible únicamente para las instituciones que participan, que actualmente son publicaciones corporativas y convencionales. Aunque se están desarrollando plug-ins de WordPress y Drupal para poner a disposición de editores más pequeños esas señales integradas para motores de búsqueda y redes sociales, solo se pondrá a disposición de “editores cualificados”, una evaluación que presumiblemente hará el Trust Project y sus asociados.

Richard Gingras, en una declaración hecha en 2017, apuntó que “los indicadores pueden ayudar a nuestros algoritmos a entender mejor el periodismo con autoridad, y ayudarnos a hacerlo salir mejor a la superficie para los consumidores”. Así, está sobradamente claro que estos indicadores, que están integrados solo en webs de noticias “cualificadas” y “con autoridad”, se usarán para dar un sesgo a los algoritmos de noticias de motores de búsqueda y redes sociales en beneficio de las webs informativas de la élite.

En resumidas cuentas, estos indicadores integrados y exclusivos permiten a determinados medios informativos evitar los devastadores efectos de cambios recientes en los algoritmos que han visto desplomarse en los últimos años el tráfico para muchas webs informativas, Mintpress [responsable de este artículo] incluida. Esto está llevando a una homogeneización del panorama informativo en internet al privar de tráfico web a competidores independientes, mientras que a los medios aprobados por el Trust Project se les da una válvula de escape mediante la manipulación de los algoritmos.

 

Los multimillonarios de la tecnología tras el Trust Project

 

Dado el impacto de Trust Project de hacer a los ricos más ricos en el panorama de las noticias en internet, no sorprende descubrir que está financiado por una confluencia de oligarcas de la tecnología y poderosas fuerzas con un claro interés en controlar el flujo de noticias e información en internet.

Según su página web, Trust Project recibe actualmente financiación de Craig Newmark Philanthropies, Google, Facebook, el Fondo para la Democracia del fundador de eBay Pierre Omidyar, la Fundación John S. and James L. Knight (a menudo abreviada como Fundación Knight), y la Fundación Markkula.

Su web también señala que Google fue “una fuente financiera inicial” y que había sido en sus orígenes financiada por Craig Newmark, el fundador de Craiglist. Como se mencionó anteriormente, el cofundador del Trust Project es Richard Gingras, actual vicepresidente de Noticias en Google. La web de Trust Project describía el actual papel de Gingras con la organización como “un poderoso evangelista” con quien “siempre se puede contar para asesoramiento especializado y ánimos”. El actual papel de Newmark en el Trust Project se describe como el de un “financiador y valioso conector”.

Newmark, a través de Craig Newmark Philanthropies, quien facilitó la financiación inicial para Trust Project, también ha financiado otras iniciativas relacionadas como la Iniciativa de Integridad en la Información en la City University de Nueva York, que comparte muchos de los financiadores del Trust Project, incluyendo a Facebook, el Fondo para la Democracia de Omidyar, y la Fundación Knight. El Trust Project está registrado como colaborador de la Iniciativa de Integridad en la Información. Newmark también es muy activo en varias ONG relacionadas con la información con espíritu similar. Por ejemplo, se sienta en la junta de la Fundación Frontera Electrónica, durante mucho tiempo receptora de enormes subvenciones de la Red Omidyar, y de Politifact.com, que está en parte financiado por el Fondo para la Democracia de Omidyar.

Newmark está trabajando actualmente con Vivian Schiller como su “consejera estratégica” en sus inversiones mediáticas. Schiller es miembro del Consejo sobre Relaciones Exteriores, ex jefa de noticias en Twitter, y una veterana de publicaciones convencionales de renombre como NPR, CNN, The New York Times y NBC News. También es una directora del Scott Trust, que posee The Guardian.

La Fundación Markkula, uno de los financiadores clave del Trust Project, ejercita una influencia considerable sobre la organización a través del Centro Markkula de Ética Aplicada, que estimuló en un principio la organización y cuyo Consejo de Liderazgo de Noticias juega un importante papel en el Trust Project. Entre los miembros de ese consejo hay representantes de Facebook, The Wall Street Journal, The Washington Post, FinancialTimes y Google, y “guía al Trust Project sobre nuestros indicadores de confianza y aconseja sobre asuntos centrales relacionados con el conocimiento de la información y la reconstrucción de la confianza en el periodismo dentro de un ambiente disciplente denominado como posthechos”.

Tanto la Fundación Markkula como el Centro Markkula de Ética Aplicada fueron fundados por A. M. “Mike” Markkula, ex CEO de Apple. El programa de ética en el periodismo del Centro Markkula está actualmente encabezado por Subramaniam Vincent, un antiguo ingeniero de software y consultor para Intel y Cisco Systems que ha trabajado para unir el big data con el periodismo local y es un defensor del uso de “IA [inteligencia artificial] ética para ingerir, escoger y clasificar noticias”.

La Fundación John S. y James L. Knight es otro interesante financiador del Trust Project, dado que esta misma fundación es también un inversor clave en Newsguard, el polémico y sesgado sistema de clasificación de noticias con fuertes conexiones con miembros del Gobierno y autodenominados propagandistas del Gobierno.

Hay coincidencias considerables entre Newsguard y el Trust Project, con este último citando a Newsguard como socio y afirmando también que las clasificaciones manifiestamente sesgadas de Newsguard usan los “indicadores de confianza” del proyecto en sus extensos análisis de webs de noticias, que Newsguard llama “etiquetas de nutrición”. Además, convertirse en un participante del Trust Project es un factor que “respalda una evaluación positiva” de Newsguard, según una nota de prensa del año pasado.

Es interesante que Sally Lehrman, que dirige el Trust Project, describió los indicadores de confianza para noticias del proyecto “en el sentido de una etiqueta de nutrición en un paquete de comida” cuando el Trust Project fue creado casi un año antes de que se lanzara Newsguard, lo que sugiere alguna coincidencia intelectual.

Un artículo anterior de MintPress reveló los numerosos conflictos de interés de Newsguard y un sistema de clasificación fuertemente sesgado a favor de conocidos medios tradicionales, incluso cuando esos medios tienen un dudoso registro de promover las llamadas “fake news”. No debería sorprender que el objetivo del Trust Project sea aumentar la confianza pública en los mismos medios tradicionales a los que Newsguard favorecía y usar códigos integrados en HTML en artículos informativos para promocionar su contenido a expensas de las alternativas independientes.

 

Un rostro familiar en la guerra contra los medios independientes

 

El Fondo para la Democracia, otro patrocinador principal del Trust Project y una fundación bipartidista que estableció en 2011 el fundador de eBay y propietario de PayPal Pierre Omidyar “por el respeto por la Constitución de EE UU y los valores democráticos centrales de nuestra nación”. Es un derivado de la Red Omidyar y, tras separarse como empresa independiente en 2014, se hizo miembro del Grupo Omidyar. El Comité Asesor Nacional del fondo incluye antiguos cargos de los gobiernos de Bush y Obama y representantes de Facebook, Microsoft, NBC News, ABC News y el grupo Gizmodo Media.

La participación del Fondo para la Democracia en el Trust Project es destacable debido a los otros proyectos mediáticos que financia, como el nuevo imperio mediático del archineoconservador Bill Kristol, quien tiene una larga historia de crear y diseminar falsedades que se han utilizado para justificar la guerra de Estados Unidos en Iraq y otras posiciones de política exterior de los ‘halcones’.

Como reveló una serie reciente de MintPress, el Fondo para la Democracia de Omidyar proporciona apoyo financiero a la iniciativa de Kristol Defender Juntos la Democracia y también apoya la Alianza para Asegurar la Democracia de Kristol, un proyecto del think tank German Marshall Fund conocido por su críptico panel sobre “bots rusos” Hamilton68. El Fondo para la Democracia de Omidyar también ha contribuido económicamente al proyecto Defender la Democracia Digital del German Marshall Fund y directamente al propio German Marshall Fund. Además, Charles Sykes, un cofundador y editor de la nueva publicación de Kristol, The Bulwark, está en el Comité Asesor Nacional del Fondo para la Democracia.

Un acólito de Kristol que trabaja en el German Marshall Fund, Jaime Fly, afirmó el pasado octubre que las purgas coordinadas en redes sociales de páginas independientes conocidas por sus críticas al imperio y la violencia policial estadounidenses eran “solo el comienzo” e insinuó que el German Marshall Fund tuvo que ver en purgas pasadas en redes sociales y, presumiblemente, un papel en futuras purgas. Así, los vínculos del Fondo para la Democracia con neoconservadores que promueven la censura de medios independientes críticos con la política exterior militarista de EE UU casa con el interés subyacente del fondo en el Trust Project.

La participación de Omidyar en el Trust Project es interesante por otro motivo, a saber, que Omidyar es el principal apoyo tras los esfuerzos de la polémica Liga Anti Difamación (ADL, por sus siglas en inglés) por convertirse en un elemento clave respecto a qué medios son censurados por los gigantes de la tecnología de Silinco Valley. ADL fue fundada en un inicio para “parar la difamación del pueblo judío y asegurar la justicia y el tratamiento justo para todos”, pero los críticos dicen que con el paso de los años ha empezado a catalogar a los críticos del Gobierno de Israel como “antisemitas”.

Por ejemplo, el contenido que caracteriza las políticas israelíes hacia los palestinos como “racistas” o “de tipo apartheid” es considerado “discurso de odio” por la ADL, igual que acusar a Israel de crímenes de guerra o de intentos de limpieza étnica. La ADL incluso ha descrito explícitamente a organizaciones judías que son críticas con el Gobierno israelí como “antisemitas”.

En marzo de 2017, la Red Omidyar facilitó el “capital inicial crítico” necesario para lanzar el “nuevo centro de ADL en Silicon Valley, que tiene el objetivo de abordar esta creciente ola de intolerancia y de colaborar más estrechamente con empresas tecnológicas para promover la democracia y la justicia social”.

Ese nuevo centro de ADL financiado por Omidyar permitió a la ADL asociarse con Facebook, Twitter, Google y Microsoft —todos ellos colaboradores del Trust Project— para crear un Laboratorio de Resolución de Conflictos de Odio Cibernético. Desde entonces, estas compañías y sus subsidiarias, incluido el YouTube de Google, han confiado en la ADL para indicar el contenido “polémico”.

Dado el hecho de que Trust Project comparte con la ADL un fundador clave (Pierre Omidyar) y varios socios tecnológicos externos, queda por ver si existe coincidencia entre cómo grandes empresas tecnológicas como Google y Facebook usan los indicadores de confianza en sus algoritmos y la influencia de la ADL en esos mismos algoritmos.

Lo que está claro, sin embargo, es que existe una innegable coincidencia dado que Craig Newmark, quien facilitó el capital inicial para el Trust Project y sigue financiándolo, es también un importante donante y consejero de la ADL. En 2017, Newmark dio 100.000 dólares para el Centro de Respuesta a Incidentes y es miembro de la junta asesora tecnológica del grupo.

 

Deslocalizando la censura

 

Por supuesto, los donantes más interesantes y problemáticos son Google y Facebook, que están usando el mismo proyecto que financian como “tercera parte” para justificar su manipulación de los algoritmos de servicios de noticias y motores de búsqueda. La íntima participación de Google desde la misma concepción del Trust Project lo identifica como una extensión de Google que desde entonces se ha vendido como una organización “independiente” encargada de justificar los cambios en los algoritmos que benefician a determinados medios informativos en detrimento de otros.

De forma parecida, Facebook financia el Trust Project y también emplea los “indicadores de confianza” que financia para alterar su algoritmo de servicio de noticias. Entre los demás socios de Facebook en la alteración de este algoritmo está el Consejo Atlántico —financiado por el Gobierno de EE UU, la OTAN y fabricantes de armas, entre otros—, y Facebook también se ha asociado directamente con gobiernos extranjeros, como el Gobierno de Israel, para suprimir información precisa pero disidente que el gobierno en cuestión quería que se eliminara de la red social.

La opacidad entre la censura “privada”, la censura de los oligarcas tecnológicos, y la censura gubernamental es particularmente remarcable en el Trust Project. Los financiadores privados del Trust Project que también utilizan su producto para promocionar cierto contenido informativo sobre otro —particularmente Google y Facebook— tienen vínculos con el Gobierno estadounidense, siendo Google un contratista del Gobierno y luciendo Facebook un creciente equipo de antiguos cargos gubernamentales en altos puestos de la empresa, incluyendo a un coautor de la polémica Ley Patriótica como asesor general de la compañía.

Una maraña similar rodea a Pierre Omidyar, fundador del Trust Project a través del Fondo para la Democracia, quien tiene conexiones extremadamente buenas con el Gobierno de EE UU, especialmente con el complejo militar-industrial y el ámbito de la inteligencia. Y asociarse con medios como el Washington Post, cuyo propietario es Jeff Bezos, genera más conflictos de intereses, dado que la empresa de Bezos, Amazon, es también un importante contratista del Gobierno estadounidense.

Este creciente nexo que une empresas y oligarcas de Silicon Valley, medios convencionales y el Gobierno sugiere que estas entidades tienen intereses cada vez más parecidos y complementarios, entre los que está la censura de periodistas independientes y medios de noticias que buscan desafiar su poder y sus relatos.

El Trust Project se creó como una forma de externalizar la censura de las webs informativas independientes así como de intentar rescatar la destrozada reputación de los medios convencionales y volver al panorama mediático estadounidense e internacional de hace años, cuando tales medios podían dominar el relato.

Aunque parece improbable que sus iniciativas consigan restaurar la confianza en los medios convencionales dados los muchos ejemplos recientes e incesantes de esos mismos medios “tradicionales” haciendo circular noticias falsas y no consiguiendo cubrir aspectos cruciales de acontecimientos, el desarrollo por el Trust Project de códigos ocultos que alteran los algoritmos en las webs participantes muestra que su objetivo real no trata de mejorar la confianza pública sino de ofrecer una fachada de independencia a la censura de Silicon Valley a los medios independientes que dicen la verdad al poder.

 

Por Whitney Webb

Traducción: Eduardo Pérez


Publicado: 2019-06-13 06:00:00

Publicado enSociedad
Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias.

Sergio Moro mantiene una estrecha relación con el país del Norte

 Del ministro de Justicia de Brasil, hoy en el centro de un escándalo, se dice que fue entrenado por el FBI. Moro queda expuesto por su propio pasado.

 

Hay una segunda Escuela de las Américas en Estados Unidos pero no forma ni necesita militares para cumplir sus propósitos. Es el Departamento de Justicia, dicta la doctrina a seguir para muchos funcionarios judiciales del continente y Sergio Moro es uno de sus mejores alumnos. La estrecha relación entre el ministro vedette de Jair Bolsonaro y EE.UU. explica en buena medida por qué el Lava Jato dejó en evidencia que su objetivo político era la proscripción de Lula. Las revelaciones del sitio The Intercept sobre cómo el ex juez de Curitiba direccionó su investigación para detener al ex presidente y sacarlo de competencia en las últimas elecciones lo dejaron desnudo. Pero además confirmaron lo que se sospechaba. Que Moro es un peón en el juego de la geopolítica norteamericana y de sus negocios, donde Washington jamás se queda de brazos cruzados. El ministro de Justicia brasileño también quedó expuesto por su propio pasado, además de por los chats cifrados de Telegram que filtró el periodista estadounidense Glenn Greenwald. 

Documentos de Wikileaks –como uno del 30 de octubre de 2009– prueban la influencia de   Estados Unidos sobre el Ministerio Público brasileño. Moro siempre ha sido un viajero frecuente a EE.UU como asistente a cursos y a dar conferencias. Ya en julio de 1998 participó del Programa de Instrucción para Abogados en la Escuela de Derecho de Harvard. Desde entonces no paró. En una de sus últimas incursiones en julio de 2016, brindó una conferencia en Washington DC sobre la importancia de los medios en el apoyo a investigaciones criminales. Algo que en Brasil cumplió con creces el grupo Globo, clave en la construcción de sentido que se hizo sobre el Lava Jato direccionada casi en exclusividad contra el PT.

Los antecedentes académicos del ministro de Justicia no dirían demasiado si no se relacionaran con otros de conocimiento público. La prestigiosa filósofa brasileña de la Universidad de San Pablo, Marilena de Souza Chauí, declaró hace tres años que Moro había sido “entrenado por el FBI” para atender los intereses de EE.UU. en el Lava Jato. El ex juez nunca la desmintió. Tampoco a los periodistas Daniel Giovanaz y Lourdes Nassif quienes en junio de 2017 escribieron un artículo titulado: “¿Agente de la CIA? ¿Entrenado por el FBI? Un rayo X en la relación de Moro-EE.UU.”

El 18 de marzo pasado Bolsonaro y su ministro de Justicia y Seguridad visitaron la sede de la CIA en Langley, Virginia, en un acto no oficial. Por la Agencia Central de Inteligencia pasó William P. Barr entre 1973 y 1977, el actual secretario de Justicia estadounidense. Un duro contra la inmigración que asumió el cargo en febrero de este año y que ya en 1992 planteaba levantar una barrera en la frontera con México. Moro se reunió con él durante el viaje a EE.UU., aunque era previsible por su condición de ministros de la misma área. 

El prestigioso historiador brasileño Luiz Alberto Moniz Bandeira, experto en Estados Unidos, también alertaba sobre la estrecha relación del ministro con ese país en una entrevista de PáginaI12 del 20 de junio de 2016: “Moro realizó cursos en el Departamento de Estado en 2007. En 2008 pasó un mes en un programa especial de entrenamiento en la Escuela de Derecho de Harvard, acompañado por su colega Gisele Lemk. Y en octubre de 2009 participó de la conferencia regional sobre ‘Illicit Financial Crimes’ promovida en Rio de Janeiro por la Embajada de los Estados Unidos”. 

El ministro también se desempeña en la Red Internacional Laureate, una de las instituciones educativas y privadas más influyentes en Estados Unidos que compró varias universidades en Brasil. Moro es profesor de la que está ubicada en Curitiba. Desde ahí solía defender hasta hoy las prisiones preventivas como las que aplicó en el marco del Lava Jato. 

El ex juez se queja ahora de que The Intercept violó su privacidad o de que le pincharon el teléfono, pero en plena campaña electoral en Brasil filtró el contenido de la delación premiada al ex ministro de Justicia de Lula, Antonio Palocci, para favorecer las chances electorales de Bolsonaro. Pasó una semana antes de los comicios. Los fiscales que se complotaron con Moro para condenar al ex presidente con pruebas escuálidas también marcharon contra el PT en algunas movilizaciones. La Justicia contaminaba así el Lava Jato

Pero hay más sobre el ministro que llegó a ser elegido por la revista Time como uno de los cien personajes más influyentes del mundo en 2016. Según el portal Jornalistas Libres de Brasil, el juez creyó que podía tomar ciertas medidas desde su juzgado sin respetar cuestiones básicas del derecho: “Moro determinó en 2007 la creación de documentos de identidad falsos y la apertura de una cuenta bancaria secreta para uso de un agente policial estadounidense en Brasil, en una investigación conjunta con la Policía Federal. Especialistas en Derecho Penal apuntaron ilegalidad en la acción determinada por el juez paranaense. Recuerde el caso”, señaló en un artículo el sitio Brasil de Fato el 5 de junio de 2017.

La influencia de los fallos firmados por Moro en Brasil ha sido tal que de alguna manera quedó blanqueada en un fallo del Tribunal Federal de Porto Alegre (TF4) sobre el escándalo de los sobornos: “La operación Lava Jato no debía seguir las leyes del país por ser excepcional”. La justicia extraterritorial busca favorecer los intereses económicos de las compañías de Estados Unidos y sacar del medio a sus competidoras de otros países.

Publicado enInternacional
Reino Unido firma la orden de extradición de Julian Assange a EEUU

 

Reino Unido ha firmado la orden de extradición de Julian Assange a EEUU, según informan varios medios. El Gobierno de Donald Trump pidió el pasado martes formalmente la extradición del fundador de WikiLeaks.

Assange, de 47 años y origen australiano, se enfrenta en una corte federal del estado de Virginia a varios delitos de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, en relación con la filtración masiva que organizó en 2010.

La petición formal de extradición fue presentada la semana pasada, poco antes de que se cumpliera el plazo legal para ello. En concreto, el tratado de extradición entre Londres y Washington establece que cualquier petición de extradición debe ser formalizada en un plazo de 60 días.

El 11 de abril Assange fue detenido por la Policía británica tras ser sacado a rastras de la embajada ecuatoriana en Londres, después de que Quito rescindiera el asilo que le había concedido en 2012.

Hace casi siete años, el 19 de junio de 2012, el periodista se refugió en la misión ecuatoriana para eludir su extradición a Suecia, que dos años antes pidió su entrega para interrogarle por presuntos delitos sexuales que él siempre negó y de los que nunca fue acusado.

Assange temía que, si era entregado a la Justicia sueca, acabaría siendo extraditado a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos por la difusión en 2010 de documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán, entre otros asuntos.

La petición de extradición de Estados Unidos se fundamenta en la acusación que presentaron en su contra en mayo fiscales federales en la corte del distrito este de Virginia, con sede en Alexandria.

La acusación argumenta que Assange ayudó a la exsoldado Chelsea Manning a descifrar las claves de acceso de los equipos informáticos del Gobierno de Estados Unidos para entrar dentro esos sistemas y extraer información secreta sin dejar huella.

A finales de mayo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos amplió su investigación y acusó a Assange de haber violado la Ley de Espionaje al filtrar información secreta, en lo que supone una escalada en la gravedad de los delitos que se le imputan.

Actualmente, Assange se encuentra en una cárcel británica cumpliendo una pena de 50 semanas de prisión por haber violado en 2012 las condiciones de libertad provisional que le habían fijado las autoridades suecas en relación con delitos de agresión sexual.

13/06/2019 11:24 Actualizado: 13/06/2019 11:51

Assange volverá a comparecer ante la justicia británica mañana 12 de junio.

Publicado enInternacional
Miércoles, 12 Junio 2019 05:32

Goodnews-Fake News

Goodnews-Fake News

A partir del triunfo de Donald Trump y de Jair Bolsonaro, una de las preguntas que se plantean en un año electoral es si las fake news van a tener centralidad en la campaña. Los analistas y especialmente la opinión pública creen que van a proliferar las fake news. Piensan que “la gente” le da mucha importancia a las fake news, como algo propio de la comunicación electoral e innatas a la suciedad de la política, como un fenómeno que irrumpe en un momento de la campaña, aislado de la dinámica comunicacional electoral y que se injerta desde afuera.  

Sin embargo, y esta es la hipótesis de trabajo, las fake news son una práctica comunicacional que existe en y gracias a un marco comunicacional y  político determinado. Alcanzan relevancia porque la comunicación política, y particularmente la comunicación electoral actual, se caracterizan por tener una tónica de negatividad del otro. La identidad política, la conformación de la representación política, se construye principalmente a partir de la negatividad del otro. Las noticias falsas o falseadas, pueden ser una comunicación creíble porque los discursos dominantes se basan en esto como forma de posicionamiento. La conformación de un imaginario de valores negativos alrededor de la figura de un político es el marco necesario para que este tipo de noticias puedan ser creíbles. 

En un electorado polarizado, las noticias falsas tienen mayor relevancia. Lo mismo sucede con los candidatos; un candidato que ocupa una posición más polarizada, tiende a ser más abordado por noticias falsas, que uno moderado. El desarrollo de las redes sociales, que no tienen la responsabilidad de una empresa periodística –aunque los medios tradicionales son parte de las operaciones mediáticas–  produce que la legitimidad de la información se ponga en juego.

Los núcleos duros señalan como fake news toda información que afecte a su candidato, o apoyan cualquier noticia falsa sobre el contrincante, poniendo en juego la propia concepción de veracidad de la información. Acá se observa  una de las caras más preocupantes de la posverdad.  

Otra cuestión es la efectividad. Suponiendo que el electorado se divide en tres, los pro destinatarios, los contra destinatarios y los para destinatarios, las fake news apuntan principalmente a los para destinatarios, es decir al electorado que se llama independiente. La noticia falsa refuerza la idea de uno de los núcleos duros, es rechazado por el otro núcleo duro, y su capacidad de persuasión está en el sector que define su posición con el transcurrir de la campaña. La importancia de esta práctica comunicacional en el voto está ligada al tamaño del electorado independiente. Las redes sociales son centrales, porque en términos operativos es necesario acceder a datos que permitan abordar a la persona que no ha definido su voto. Pero la fake news no tiene vida propia, se sostiene en el contexto de una suma de contenidos que van ubicando a los distintos candidatos en un espacio simbólico. Con esto se pone en tensión el postulado que asegura las fake news son propias de las redes sociales y que los medios tradicionales no tienen nada que ver.  

Las fake news son una herramienta más de esta lucha simbólica por posicionar al otro y es exagerado pensar que las noticias falsas definen elecciones. Son parte de un todo comunicacional más amplio. 

* Politólogo y docente.

 

Publicado enSociedad
Martes, 11 Junio 2019 06:31

Desmontar el mandato de masculinidad

Desmontar el mandato de masculinidad

 

Rita Segato relata que el concepto de mandato de masculinidad lo formuló en Buenaventura, puerto de la costa del Pacífico de Colombia, cuando mujeres negras le preguntaron cómo se hace para poner fin a la guerra y la violencia. “Desmontando el mandato de masculinidad”, fue su respuesta.

La última semana de mayo tuvimos la oportunidad de compartir y debatir en el marco del “Congreso Resiste” convocado por la Universidad Iberoamericana y la revista Concilium, en Ciudad de México, para luego hacerlo en el Cideci, en San Cristóbal de las Casas, y en los espacios La Reci y la librería La Cosecha de esa ciudad.

Los debates fueron intensos y convocaron cientos de personas, participaron ponentes de varios continentes, incluyendo miembros del Congreso Nacional Indígena y del Concejo Indígena de Gobierno. En uno de los debates, además de Rita y quien escribe, participó el madrileño Amador Fernández-Savater, quien afirmó que en la izquierda (se refería al español Podemos), se registra un “deseo monoteísta” que se concreta en los objetivos de capturar del poder y uniformizar los movimientos.

Aunque me resulta imposible sintetizar en un par de cuartillas la riqueza de los debates, quisiera recoger la importancia de la participación de las mujeres, que mostraron un profundo espíritu crítico y autocrítico, que incluye al propio movimiento feminista.

Así, Elsa y Rebeca de la Asamblea Nos Queremos Vivas Neza, del estado de México, explicaron cómo se vive en “una sociedad atravesada por la violencia”, en la que no se aplican las políticas públicas porque el Estado no funciona y es, apenas, “una estructura patriarcal”. Dibujando un puente con los pueblos originarios, explicaron que “no partimos de un feminismo ortodoxo que impone cosas, sino del autocuidado de las mujeres”.

María Macario del CIG enfatizó en la necesidad del trabajo conjunto de varones y mujeres en estrecho contacto con el medio natural, al punto que de destacar que “la tierra se siembra en nosotras”. Explicando sus sentimientos al comprobar los desastres que el capitalismo genera en la madre tierra, dijo: “Estoy dejando de ser mujer porque el arroyo se está acabando”.

Siobhan Guerrero, filósofa de la ciencia, licenciada en biología y activista trans en temas de género, analizó el papel de las iglesias evangélicas en América Latina y cómo la ideología de género de las nuevas derechas se inserta en un discurso de derechos humanos, lo que las potencia. Destacó la complementariedad varones-mujeres y llamó a desarrollar formas de conciencia no mediadas por el Estado. “Es un problema que el movimiento de mujeres se piense en términos de derechos liberales”, concluyó.

Los intercambios con Rita giraron en torno a su concepto mandato de masculinidad y mostró sintonía con los debates que propone el zapatismo al criticar una política centrada en el enemigo, a la que considera fascista, “porque en ese caso es el enemigo el que nos mancomuna”.

En los intercambios pudimos constatar varias confluencias. La primera fue que el mandato de masculinidad no se desmonta desde el Estado, con leyes y procesos institucionales, sino en el trabajo directo con las personas, varones y mujeres, que pasa por cambios personales y de personalidad, por el modo como se establecen los vínculos en los espacios de la vida cotidiana.

En este aspecto, adivino dos procesos simultáneos: la organización de las mujeres que potencie movimientos y acciones, y a cada una de ellas; y los necesarios cambios entre nosotros, los varones, que pasan por perder los privilegios que tenemos, algo que es imposible procesar sin atravesar una crisis profunda porque se trata de cambiar nuestro lugar en el mundo. En lo personal, puedo decir que no se trata de “una” crisis puntual y acotada en el tiempo, sino un proceso ininterrumpido y continuo, sin final o con final abierto, para ir asumiendo, en la mejor hipótesis, una configuración interna otra que permita relacionarnos desde un lugar de sencillez y humildad naturales.

La segunda es que el mandato de masculinidad se desmonta en plazos muy largos, lo que requiere pensar y actuar en términos de larga duración. La persistencia y la permanencia permiten no sólo cambios en las relaciones, sino comprender a las y los otros, sus dolores y frustraciones, esas rabias y heridas que el patriarcado y el machismo han cincelado en el alma y en el cuerpo de las mujeres, pero también de los varones.

Publicado enSociedad
Martes, 11 Junio 2019 06:26

Una luz en la oscuridad

Una luz en la oscuridad

La conmoción causada por la revelación sobre cómo se armó la operación judicial-mediática contra Lula ya impactó en la Corte Suprema, donde uno de los jueces la consideró “muy grave”. En el Congreso impulsan una Comisión Investigadora y desde distintos sectores reclamaron la inmediata libertad del ex presidente.

 

Después de un tornado llamado “Morogate”. Brasilia, centro del poder político nacional, quedó estremecida por la potencia destructiva de las informaciones publicadas en el sitio The Intercept sobre las maniobras que coordinaron el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales de Lava Jato, Deltan Dallagnol, para acusar a Luiz Inácio Lula da Silva a pesar de las hasta hoy inexistentes pruebas sobre la entrega, como parte de una coima, de un departamento en la ciudad balnearia de Guarujá. La defensa de Lula, que prepara medidas legales, exigió la libertad del ex mandatario. “Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró Gilmar Mendes, miembro del máximo tribunal.

 Artículos de la Constitución y el Código Procesal, establecen que sólo el Ministerio Público cuenta con atribuciones en la formulación de la denuncia de un ciudadano investigado y que el juez es pasible de impugnación si se conduce con parcialidad. En este caso el magistrado obró como si fuera el coordinador de los procuradores, según se desprende de los primeros artículos del sitio editado por el periodista norteamericano, ganador de un Pulitzer, Glenn Greenwald.

“Todavía no hemos terminado de estudiar las medidas legales que vamos a llevar adelante, nos estamos reuniendo ahora con el resto del equipo de trabajo, pero sin dudas esto es causal para que el expresidente sea puesto en libertad con urgencia”, declaró la abogada Valeska Teixeira Zanin Martins, defensora de Lula, en diálogo con PáginaI12. “Este tipo de vinculación entre un juez y fiscales es totalmente ilegal, todo esto confirma lo que siempre dijimos, este fue un caso de persecución política para retirar al ex presidente de las elecciones del año pasado” en las que era favorito hasta un mes antes de la votación, cuando tuvo que desistir de su candidatura asfaltando el camino el triunfo de Jair Bolsonaro.

La abogada recordó que “este caso típico de Lawfare (guerra judicial con motivos políticos)” es motivo de una causa abierta en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde la defensa cuenta con la participación jurista australiano Joeffrey Robertson, que fue patrocinante de Julian Assange.

Ayer Moro fue incapaz de disimular los daños sufridos. Escogió viajar a la Amazonia acaso para tomar distancia de las preguntas de los reporteros de la Capital Federal y formuló dos declaraciones contradictorias en menos de doce horas: primero admitió la existencia de las conversaciones que tuvo con Dallagnol a través de la aplicación Telegram y luego puso en duda aquel diálogo.

Además acusó de emplear métodos “delictivos” para obtener las informaciones a los periodistas responsables del reportaje de un medio de comprobada credibilidad como es The Intercept. Su editor Greenwald fue quien publicó en 2013 los documentos obtenidos por el ex agente Edward Snowden de la agencia norteamericana NSA, nunca desmentidos.  

Hasta el cierre de esta crónica, en la noche del lunes, el presidente Jair Bolsonaro se había llamado a silencio sobre las peripecias de su “superministro” de Justicia y Seguridada Pública. Pero hace un mes le  agradeció su contribución para que llegara a la presidencia en las elecciones atípicas de octubre de 2018.

En una de las conversaciones transcriptas por The Intercept el entonces juez Moro, de la primera instancia federal de Curitiba, le dicta a Dallagnol los pasos a ser dados en una de los tantos operativos de Lava Jato. Y en otra apercibe al fiscal por la demora en generar nuevas acciones, generalmente espectaculares, que siempre eran amplificadas por la propaganda (con apariencia de noticia) de las empresas periodísticas (ver aparte).

A partir del destape del “Morogate” tal vez se haya dado inicio a una temporada de vendavales que amenaza dejar más a la intemperie al magistrado de provincia voló hasta lo alto del poder nacional como un personaje de historietas. En las marchas por el impeachment de Dilma Rousseff se vendían muñequitos de Supermoro, con su capa roja. El mismo personaje inflado de gas, de casi diez metros de altura, se volvió a ver en una reciente concentración de bolsonaristas en el centro de Brasilia.

Moro hizo de Lava Jato una bandera capaz de amalgamar al amplio campo conservador, donde germinaría un núcleo neofascista, encuadrado detrás de la premisa de acabar con Lula luego de derrocar a Dilma Rousseff. Y así fue: Dilma cayó en 2016, Moro condenó a Lula en 2017 y en abril de 2018 lo encarceló, tras la ratificación de su fallo por parte de una cámara de apelaciones.

 “Moro pateaba corners y cabeceaba al mismo tiempo”, comentó un juez del Supremo Tribunal Federal a un periodista de la radio CBN, de la cadena Globo. Según ese magistrado del Supremo, protegido por el anonimato, con la depreciación de la credibilidad del ministro de Justicia subieron las chances de que Lula acceda al régimen semiabierto como lo solicitó la semana pasada una procuradora al Superior Tribunal de Justicia, de la tercera instancia. 

Los hechos imputados al funcionaro más notorio del gabinete son “muy graves”, declaró sin proteger su identidad Gilmar Mendes, él también miembro de la más alta Corte.

En el Congreso, el líder de la bancada del Partido de los Trabajadores Paulo Pimenta, anunció el inicio de conversaciones con otras fuerzas de izquierda para la creación de una Comisión Parlamentaria de Investigaciones con foco en Moro y Dallagnol. Otra de las transcripciones divulgadas por The Intercept informa sobre la indignación de algunos fiscales sobre la posibilidad de que Lula conceda una entrevista antes de las elecciones y la preocupación con que pueda contribuir a la victoria de su apadrinado político, Fernando Haddad.

En ese mismo trecho de la nota los miembros del Ministerio Público planean una estrategia para que ese reportaje a los diarios Folha y El País – que finalmente no se hizo en 2018– sea convertido en una conferencia de prensa a fin de que en ella haya periodistas afines a Lava Jato.

The Intercept anticipó que cuenta con harta documentación a ser publcada en próximas ediciones, que de ser tan letales como las del domingo, pueden afectar más a Moro y eventualmente salpicar a otros personajes. Los rumores sobre lo que vendrá son de todo tamaño, y no se descarta que surjan conversaciones o menciones más detalladas sobre como se gestó la aproximación Moro-Bolsonaro.

Publicado enInternacional
EEUU solicita formalmente a Reino Unido la extradición de Assange, según 'The Washington Post'

El Gobierno estadounidense ha presentado 18 cargos contra el fundador de Wikileaks, entre ellos uno por espionaje, desde su detención en la embajada ecuatoriana de Londres.

 

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado formalmente a Reino Unido la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a quien persigue por la publicación de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán, que evidenciaban torturas por parte del ejército estadounidense, según ha informado este martes The Washington Post.

Una fuente estadounidense ha asegurado que la petición formal se envió el pasado jueves a las autoridades británicas. El tratado de extradición entre Washington y Londres requería que se hiciera en los 60 días siguientes a la detención de Assange, esto es, desde el 11 de abril.

Estados Unidos presentó los primeros cargos contra Assange el mismo día de su arresto. En un primer momento, le acusó de un cargo federal de conspirar para acceder ilegalmente a un ordenador del Gobierno, por el cual podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel. Un mes después, le imputó otros 17 cargos por violar la Ley de Espionaje.

Un gran jurado estudia ya el caso Assange. La ex analista de Inteligencia militar Chelsea Manning, que fue condenada y encarcelada por entregar la información clasificada a Wikileaks, volvió a entrar en prisión en mayo por negarse a testificar en esta nueva causa.

 

Siete años de encierro

 

Assange se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 para evitar que Reino Unido le detuviera y extraditara a Suecia, por unas denuncias de abusos sexuales en su contra, desde donde temía ser enviado a Estados Unidos por publicar información clasificada.

El entonces Gobierno de Rafael Correa le concedió el asilo diplomático permitiéndole permanecer en su Embajada de Londres, donde se encontraba en ese momento, hasta que Reino Unido accediera a darle el salvoconducto necesario para viajar a Ecuador.

El 11 de abril, el nuevo Gobierno de Lenín Moreno, que considera a Assange un problema heredado, le revocó el asilo diplomático argumentando que había tenido un comportamiento inadecuado, incluso "agresivo", en la Embajada, después de casi dos años de reproches mutuos. Ese mismo día, el fundador de Wikileaks fue detenido y condenado en Reino Unido por violar los términos de la libertad condicional que le concedió en 2012. Ha sido sentenciado a 50 semanas de cárcel. 

La Fiscalía sueca, por su parte, ha reabierto la investigación contra Assange por violación que cerró en 2017 por la imposibilidad de avanzar debido a la reclusión del periodista australiano en la Embajada.

11/06/2019 11:58 Actualizado: 11/06/2019 11:58

Publicado enInternacional