Miércoles, 28 Agosto 2013 06:37

EU, GB y Al Qaeda, en el mismo bando

EU, GB y Al Qaeda, en el mismo bando

Barack Obama decide atacar al gobierno sirio, se asegurará de que por primera vez en la historia Estados Unidos y Al Qaeda estén del mismo lado. ¡Vaya alianza! ¿No fueron los tres mosqueteros los que exclamaban: ‘¡Todos para uno y uno para todos!’ cada vez que salían a combate? Éste debería ser el nuevo grito de guerra para los estadistas occidentales si deciden unirse en la agresión contra Bashar Assad. Los hombres que destruyeron a tantos miles el 9/11 estarán luchando al lado de la nación cuyos inocentes asesinaron cruelmente hace exactamente 12 años. Gran triunfo para Obama, Cameron, Hollande y el resto de estos guerreros en miniatura.

 

Esto, desde luego, no será anunciado con fanfarrias por el Pentágono o la Casa Blanca ni, supongo, por Al Qaeda, aunque los tres intentan destruir a Bashar, lo mismo que el Frente Nusra, afiliado a la red Al Qaeda; pero la posible acción trae consigo interesantes posibilidades.

 

Quizá los estadunidenses deberían pedirle colaboración de inteligencia a Al Qaeda, después de todo, dicha red tiene “las botas en el terreno”, cosa que a Estados Unidos no le interesa en lo más mínimo. Posiblemente Al Qaeda pueda ofrecer alguna información sobre instalaciones de comunicación clave a la nación que normalmente afirma que los simpatizantes de Al Qaeda, y no precisamente los sirios, son los hombres más buscados del mundo.

 

Habrá algunas ironías, claro está. Mientras los estadunidenses, con sus drones, matan a miembros de Al Qaeda, y a las habituales decenas de civiles, en Yemen y Pakistán, los señores Cameron, Hollande y los otros pequeños generales, estarán dando asistencia material a Siria al golpear a los enemigos de Al Qaeda. Ciertamente, pueden ustedes apostar su último dólar que los objetivos que los estadunidenses no atacarán en Siria serán de Al Qaeda y del Frente Nusra.

 

Nuestro premier británico aplaudirá lo que sea que los estadunidenses hagan, aliándose así a Al Qaeda y seguramente olvidará de los atentados con bomba en Londres. Quizá, como ya no existe memoria institucional en estos gobiernos modernos, Cameron no recuerda lo similares que son los sentimientos expresados por él mismo y Obama a los que manifestaron en su momento Blair y el ex presidente Bush hace una década; las mismas aseveraciones insípidas dichas con una certeza absoluta y sin suficientes evidencias para sustentarlas.
En Irak fuimos a la guerra sobre la base de falsedades de engaña bobos y mentirosos profesionales. Ahora es guerra vía YouTube. No quiero decir que las terribles imágenes de civiles muertos o afectados por gases venenosos sean falsas, sino que cualquier evidencia contraria a lo que se ha visto será suprimida.

 

Por ejemplo, a nadie le interesarán los persistentes reportes provenientes de Beirut, según los cuales tres miembros de Hezbolá que combatían al lado de las tropas de Damasco fueron víctimas del mismo gas el mismo día del ataque, cuando se encontraban en unos túneles. Se dice que ahora están recibiendo tratamiento en un hospital de Beirut. Si las fuerzas del gobierno sirio usaron gas ¿cómo es que hombres de Hezbolá resultaron afectados también? ¿Se les regresó el gas por accidente?

 

Hablando de la memoria institucional: que levante la mano el alegre estadista que recuerde lo que ocurrió la última vez que los estadunidenses la emprendieron contra el ejército del gobierno sirio. Apuesto a que no se acuerdan. Bueno, pues esto sucedió en Líbano cuando la fuerza aérea estadunidense decidió bombardear misiles sirios en el valle de Bekaa el 4 de diciembre de 1983. Lo recuerdo bien porque vivía yo en Líbano. Un misil sirio tipo Strela de fabricación rusa impactó un avión bombardero A-6 estadunidense y éste cayó, naturalmente, en Bekaa. El piloto, Mark Lange, resultó muerto y su copiloto, Robert Goodman, fue tomado prisionero y trasladado a una cárcel en Damasco. Jesse Jackson tuvo que viajar a Siria a rescatarlo después de casi un mes en medio de muchas frases hechas sobre “poner fin al ciclo de violencia”.

 

Otro avión estadunidense, esta vez un A-7 también fue impactado por disparos sirios pero el piloto logró eyectarse del aparato sobre el mar Mediterráneo, de donde lo sacó un barco pesquero libanés. Su avión quedó destruido.

 

Claro, se nos dice que el ataque contra Siria será breve. Nada más que entrar y salir. Cosa de un par de días. Eso es lo que Obama quiere creer. Pero piensen en Irán. Piensen en Hezbolá. Más bien sospecho que si Obama sigue adelante, el conflicto a su vez, seguirá y seguirá.

 

Traducción: Gabriela Fonseca

Publicado enInternacional
La piñata de los baldíos y los abogados robatierras

“[…] La habilidad y el patriotismo de los abogados colombianos al servicio de las compañías extranjeras consiste precisamente en enredar inteligentemente las palabras para que pierdan su significación gramatical en beneficio de la patraña jurídica […]. Estas argucias desleales y sutiles no se les ocurren a los abogados de la Universidad de Columbia, sino a los profesores de la Universidad de Colombia […]”.

Luis Cano, 1926 (¿?), citado en Jorge Villegas, Petróleo, oligarquía e imperio, Editorial E.S.E., Bogotá, 1969, p. 269.

 


Si se trata de rastrear el origen histórico de la desigualdad e injusticia de nuestra sociedad es necesario remitirse al despojo de la tierra a que han sido sometidos los pobladores pobres del campo (indígenas, campesinos, afrodescendientes, colonos…), a lo cual hay que agregar la usurpación fraudulenta de los baldíos, o territorios de la nación, en la que han participado desde 1820 militares, empresarios nacionales y extranjeros, abogados, notarios, terratenientes, tenedores de bonos de deuda pública…

 

La “piñata de los baldíos” que se ha desatado en tiempos recientes no es ninguna novedad en Colombia, simplemente es la repetición de una vieja historia, que tiene como protagonistas consuetudinarios a las clases dominantes de siempre y al Estado. Con esto se demuestra que estructuralmente este país nunca ha cambiado, y sigue siendo manejado con la lógica de una gran hacienda, en la cual los poderosos hacen lo que se les viene en gana con los territorios nacionales y con los campesinos, los que, en el mejor de los casos, son arriados como sirvientes, o son vistos como un estorbo que debe ser eliminado.

 

La orinoquia y el modelo Riopaila

 

Según la Superintendencia de Notariado y Registro un baldío es un “terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. Una importante porción de esos baldíos se encuentra en la altillanura del oriente del país, con una superficie de cuatro millones de hectáreas “libres”, un apetecible bocado para inversionistas nacionales y extranjeros que perciben la región como un “polo de desarrollo”, un tecnicismo que se pronuncia para referirse a la siembra de cultivos de exportación y agrocombustibles.

 

La empresa azucarera Riopaila, que tradicionalmente se ha enriquecido con el robo de tierras en el Valle del Cauca y con la explotación inmisericorde de los trabajadores, ahora continúa con su zaga de despojo en la Orinoquía colombiana. ¿Cómo lo realizó?

 

Para empezar, tanto en la región como en el resto del país existe un obstáculo legal que dificulta el acaparamiento de tierras en zonas de antiguos baldíos, que se denomina la Unidad Agrícola Familiar (UAF), establecida por la Ley Agraria 160 de 1994, cuyo tamaño varía según la región y de acuerdo a la extensión mínima indispensable para garantizarle una vida digna a una familia campesina. En la Orinoquia, esa UAF puede llegar a ser de hasta 1.500 hectáreas pero en promedio es de 1000. Además, según el artículo 72 de la mencionada Ley, las tierras baldías deben ser adjudicadas a pobres del campo y no pueden comprarse para constituir grandes haciendas.

 

Para eludir esta limitación, Riopaila decidió recurrir a las argucias jurídicas –que tan conocidas son en este país de leguleyos santanderistas- y para eso se valió de la asesoría de una “prestigiosa” firma de abogados, Brigard & Urrutia, que dirigía Carlos Urrutia, hasta hace pocas semanas Embajador de Colombia en los Estados Unidos. Como resultado de las propuestas de esta firma se conformaron 27 Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), cada una con un capital inicial de 100 mil pesos, con sede en la oficina de los abogados, y compraron por separado territorios contiguos, hasta alcanzar las 42.000 hectáreas, con el fin de implementar el Proyecto Veracruz, en el Vichada, destinado a producir caña de azúcar, soja y palma aceitera. Eso no tendría nada de raro si no fuera porque el 95% de los predios apropiados eran baldíos que habían sido adjudicados a campesinos beneficiarios de reforma agraria entre 1991 y 2009. Cada SAS compró la tierra por separado, con dinero suministrado por Riopaila, y luego le arrendaron cada predio a la empresa azucarera por un lapso de 30 años. Llama particularmente la atención que “empresas” de fachada con un lánguido capital inicial de 100 mil pesos –con el que, de pronto, se puede comprar el tiquete de entrada a un estadio de futbol profesional en cualquier ciudad de Colombia- hayan adquirido tierras que alcanzaron un precio de 40 mil millones de pesos.

 

Como para no dejar huellas de su acción delictiva, los abogados cedieron en forma gratuita la propiedad de las SAS a cinco firmas españolas que a su vez las traspasaron a otras que fueron constituidas por la sociedad Asturias Holding S.A.R.L., con sede en Luxemburgo, un paraíso fiscal con muy malos antecedentes. De esta forma, Riopaila y sus “honorables abogados” cerraban un testaferrato, con apariencia de un negocio transnacional, para dificultar el conocimiento del asunto, maquillar su acción delictiva y, sobre todo, tener seguridad jurídica al presentar la transacción como un asunto internacional. Para completar la faena, entre otras acciones de dudosa ortografía se generó un repentino encarecimiento de los predios, algunos de los cuales fueron comprados por 10 millones de pesos y al mes fueron vendidos en 3.100 millones de pesos.

 

Riopaila es un modelo que se replica a lo largo y ancho del país, en especial en la altillanura oriental. Con los mismos procedimientos fraudulentos de los azucareros se han implantado empresas del grupo Sarmiento Angulo, con 17.000 hectáreas y una inversión de cien millones de dólares en palma y caucho. Aunque Alejandro Santo Domingo no ha comprado tierras, ha optado por alquilarlas, en cuya modalidad tiene 4.000 hectáreas. La familia Eder, dueños del ingenio Manuelita, se ha apoderado de 20.000 hectáreas en el Meta y 10.000 en Casanare, destinadas a palma de aceite y agrocombustibles. El industrial santandereano Jaime Liévano posee 13.000 hectáreas, con una inversión de 100 millones de dólares en Puerto Gaitán, en cultivos de soya y de maíz. Entre los “honestos” empresarios extranjeros se encuentran la firma Timberland Holdings Limited, con 10 predios en La Primavera (Vichada), que abarcan un total de 13 mil hectáreas, mientras la empresa estadounidense Cargill –el principal monopolio mundial de la alimentación- adquirió 52.500 hectáreas, adquisición que también contó con el asesoramiento de Brigard & Urrutia. Hasta el momento, en el Vichada se han ubicado 140 mil hectáreas en situación similar a la de Riopaila.

 

El modelo agrario de Riopaila se basa en el despojo y el fraude legal –lo cual no significa que desprecien el uso de la violencia, puesto que unos años antes los paramilitares arrebataron las tierras de la altillanura a los colonos-, porque aparte de sus acciones ilegales para acaparar antiguos baldíos, los empresarios reciben prebendas del Estado. A Riopaila en particular se le ha dado un trato especial, con subsidios estatales, exenciones tributarias, créditos subsidiados, dineros de Agro Ingreso Seguro, todo lo cual suma unos 35 mil millones de pesos.

 

La “ley Urrutia”: premio al ladrón

 

A los grandes delincuentes de cuello blanco de este país, que se precian de ser honorables, se les suele premiar de múltiples maneras por sus incondicionales servicios al capital y a los poderosos, y el abogado Carlos Urrutia no podía ser la excepción. Por eso, el gobierno de Juan Manuel Santos decidió nombrarlo como Embajador en Washington, aunque el Incoder había alertado mucho antes de esa designación sobre los negociados de los baldíos en los que estaba involucrada la firma Brigard & Urrutia Ese individuo se desempeñaba tranquilamente en ese cargo, cuando se conocieron las primeras denuncias sobre Riopaila y Carguill. Como suele ser usual en un país de cinismo extremo, el personaje mencionado se limitó a negar que se hubiera presentado apropiación de baldíos y su bufete hubiera asesorado a Cargill. Casi al mismo tiempo agregó que él había vendido sus acciones en la empresa de abogados apenas lo habían designado Embajador en Washington, en agosto de 2012. Esta es una pobre disculpa, porque la piñata con los baldíos de la altillanura se había consumado entre el 2009 y el 2011, cuando el leguleyo en cuestión era el jefe de su propia oficina de abogados.

 

Como sus burdas explicaciones no fueron suficientes, Urrutia renunció a su cargo de Embajador. Tanto su carta de renuncia como la de Juan Manuel Santos indican hasta dónde puede llegar la impunidad de los delincuentes de “alta alcurnia” en este país. Urrutia sostuvo que “en el país se avecina ‘un debate eminentemente político’ entre sectores que aún viven en un modelo de desarrollo ‘arcaico’ que impondrá restricciones al desarrollo agropecuario y los que buscan generar la seguridad jurídica que permitirá el desarrollo de estas remotas regiones”. Como se nota, el abogado-embajador desvió el asunto central, el de la apropiación ilegal de los baldíos, que es un delito, a una cuestión política, en la que se debaten diversas posiciones sobre el “desarrollo agrario”. Esta fue una típica maniobra leguleyista de los abogados de los poderosos. Por su parte, Juan Manuel Santos aseguró que la renuncia de su embajador era un acto de “gallardía”, ya que “no tiene motivos sino para sentirse muy orgulloso por los servicios que le ha prestado al país y es merecedor de toda mi gratitud y la de todos los colombianos”i. ¡Claro, debemos estar agradecidos con la gallardía de haber robado a los campesinos, en representación de Riopaila y Carguil, cerca de 100 mil hectáreas de tierra, 42 mil de la primera y 53 mil de la segunda!

 

A raíz de conocimiento público de las maniobras de estas empresas, el gobierno en lugar de investigar y sancionar a los responsables ha procedido a impulsar una Ley en el Congreso de la República con la finalidad de hacer legales los procedimientos ilegales de bufetes de abogados como los de Brigard & Urrutia y de legitimar el despojo a que han sido sometidos los campesinos por parte de capitalistas nacionales y extranjeros. Debido a esta relación, algunos han denominado a este engendro jurídico como la “Ley Urrutia”.

 

El proyecto que cursa en el Senado está hecho a la medida de los intereses del capital extranjero, los nuevos llaneros y el sector financiero, puesto que se elimina el número de las UAF de que puede disponer un mismo propietario, sin importar si son baldíos. Así mismo, se consideran como legales las acumulaciones de UAF por los grandes inversionistas en predios que hayan sido titulados antes de 1994. Con este mico jurídico se legaliza la mayor parte de las adquisiciones fraudulentas de Riopaila y demás acaparadores de tierras en la altillanura. También se impone como condición de la pretendida modernización agrícola el establecimiento de “alianzas productivas” entre campesinos y empresarios, una figura decorativa para justificar el despojo de los primeros. Todo esto se hace a nombre de suministrarle protección jurídica a los inversionistas de la agroindustria, lo cual se justifica en forma demagógica como la única vía de garantizar el suministro de alimentos, cuando en esas tierras Riopaila y compañía van a sembrar de todo menos cultivos para alimentar a la gente, aunque si para “nutrir” automóviles con los irracionales agrocombustibles.

 

Con esos procedimientos, se reafirma la impunidad de los delincuentes de “fina estampa”, en este caso los abogados y sus clientes, porque de manera cínica la firma Brigard & Urrutia pretendió tapar su delito al decir que lo hacía porque “la mayoría de las más reconocidas firmas de abogados del país, presentaron vehículos similares para adquirir las tierras”. Es decir que si unos roban, todos podemos robar, sentencian con suficiencia estos abogados, que se supone no deben violar las leyes. Y para reafirmar su “ética” profesional sostienen, sin rubor alguno, que “la función de una firma de abogados como la nuestra, consiste en desarrollar soluciones jurídicas para nuestros clientes”ii. O sea, que si los clientes matan, atracan o trafican, Brigard & Urrutia sabe y dispone como librarlos de culpa.

 

Ante tanto descaro, valga evocar las palabras del escritor liberal Alejandro López quien en el año de 1927 manifestaba que en torno a los baldíos se libra una “lucha sorda entre el papel sellado y el hacha, entre la posesión efectiva de ésta y la simplemente excluyente de aquél”iii. El papel sellado que esgrimen los abogados de los empresarios y terratenientes y el hacha de los campesinos y colonos que descuajan monte y selva, de la que luego son violentamente expulsados por las armas del Estado o de los particulares que las se emplean cómo instrumentos convincentes que respaldan el papel sellado en el que se registran los títulos fraudulentos e ilegales de los grandes empresarios, hombres que sus gallardas acciones hacen patria y enorgullecen a todos los colombianos “de bien”.

 

Los rabulas robatierras

 

Otro mito persistente en Colombia es sostener que este es un país de abogados, para deducir en forma automática que somos un “Estado social de derecho”. Lo que menos se menciona es que al parecer somos el país del mundo con más facultades de Derecho, pero también el lugar en donde el 97% de los delitos quedan en la impunidad y, para remarcar el sello de clase de la justicia que se imparte, siempre se persigue a los de ruana, como reza un sabio dicho popular.

 

Como manifestación palpable de que el derecho se usa para beneficiar a los poderosos de aquí y de afuera (como a las empresas multinacionales) desde tiempos inmemoriales que se proyectan hasta el día de hoy se ha erigido una casta de rábulas de media y alta alcurnia que sirven en forma incondicional a todo tipo de empresarios –incluidos los narcotraficantes y paramilitares-, entre los que sobresalen los del sector petrolero, minero y agrícola. Así como los “abogados aceitosos”, que fueron estudiados por Jorge Villegas en su célebre libro Petróleo, oligarquía e imperio (1969), facilitan y legalizan todos los robos que las empresas multinacionales de hidrocarburos le han hecho a los colombianos, también debe hablarse de los abogados robatierras.

 

Éstos se han erigido en los portavoces de los grandes terratenientes y capitalistas del agro y en enemigos jurados de campesinos e indígenas. Son los encargados de legalizar el despojo y la expulsión de sus tierras de los pobres del campo, así como de falsificar e inventar títulos a nombre de los usurpadores. También facilitan el robo de baldíos y redactan leyes –que luego son aprobadas en el Parlamento, que está repleto de abogados aceitosos y robatierras- para legitimar la expropiación y proporcionarles seguridad jurídica a los ladrones de “cuello blanco”. Además, los abogados robatierras se presentan a sí mismos como la encarnación de la patria, la propiedad y el derecho y por eso, como lo acaba de hacer la firma Brigard & Urrutia, sostienen sin recato alguno que sus actuaciones se hacen para beneficiar a los verdaderos dueños del país, porque éstos engrandecen la patria, con sus acciones fraudulentas y sus crímenes.

 

No sorprende en estas condiciones que esos abogados estén tras la redacción de una “Nueva Ley” –que sería la Ley Urrutia- en la que se legalice el despojo de miles de hectáreas que se le ha hecho a los campesinos colombianos y digan que tal disposición beneficia a la agricultura colombiana, en la cual solo caben latifundistas, grandes empresarios agrícolas y multinacionales. Estos abogados se encargan de darle un lustre de aparente legalidad a lo que son simplemente delitos, pero como lo efectúan los poderosos, tal maniobra se muestra como resultado de la genialidad y sapiencia jurídica de los rábulas que roban la tierra, a nombre de los prohombres de la patria, cuyas sabias opiniones coinciden al pie de la letra con lo que piensa Juan Manuel Santos y los funcionarios gubernamentales, los voceros de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y Riopaila, Carguill, Fazenda y compañía. Todos ellos quieren que se validen las apropiaciones de los baldíos de la nación que se hicieron antes de 1994 y que las efectuadas después de esa fecha sean legitimadas, con el sofisma que eso era posible porque en el certificado de tradición y propiedad no figuraba la expresa prohibición de comprar y acumular terrenos de UAF.

 

Y tampoco sorprende que la “gran prensa” que representa a las fracciones dominantes de la tierra y del capital salga tanto en defensa de los abogados que delinquen como del proyecto de convertir la altillanura en un emporio del capital transnacional. Editoriales, artículos de opinión (cuyos columnistas son bien pagos), publicidad y propaganda en los grandes medios se encargan de lavar la imagen de los robatierras, tanto los de toga y birrete como de los “honorables empresarios”. Al respecto un comentario de la Revista Semana es suficientemente ilustrativo, si se considera la vuelta de tuerca que le da a los hechos, con el objetivo de lavar la imagen de los delincuentes de “noble cuna” y de exonerarlos de antemano de cualquier responsabilidad:

 

“La solución de la altillanura no es la agricultura campesina, sino la agroindustria. […] Como afirmó el gobernador de Vichada, Andrés Espinosa, el desarrollo de la región solo será posible si llegan los capitales privados.

 

Eso también lo pensaban los últimos gobiernos, los cuales eran conscientes de esas inversiones agroindustriales, que en ese momento eran consideradas convenientes. La tierra en la altillanura es muy mala y no es apta para el agro. El nivel de acidez es tan elevado que se requieren cuantiosas inversiones para volverla fértil. Ese problema no se podía solucionar si se le daba una interpretación restrictiva a la Ley 160 de 1994, pues la explotación de una sola UAF no podía ser rentable.

 

Como toda ley tiene más de una interpretación, se buscaron fórmulas jurídicas para responder a esas realidades económicas. […]

 

A Carlos Urrutia lo convirtieron en el pararrayos de todo ese episodio para que la acusación tuviera algún gancho político. Como se trataba de negocios entre particulares que estaban arriesgando su propio capital, se requería algún nexo con el gobierno para que el escándalo despegara. […]

 

Esto produjo la inusual situación de que un debate de baldíos que tenía múltiples protagonistas –desde los compradores de las tierras, los habitantes de la región y hasta el gobierno– se centró en un concepto jurídico, en una firma de abogados y en uno de sus socios.

 

Un concepto jurídico no es más que una opinión que se puede acoger o no. Puede ser bueno, regular o malo, pero no judicializable como se ha llegado a especular ahora. Carlos Urrutia ha sido considerado siempre uno de los abogados más respetados del país y se había perfilado como un gran embajador en Washington”iv.

 

Esta larga cita nos sirve para ilustrar hasta dónde puede llegar la apología del delito en Colombia por parte de la “gran prensa”, que sigue al pie de la letra lo que dicen y hacen los abogados robatierras. Por qué el asunto es si puede considerarse como un simple “concepto jurídico” que un abogado (Carlos Urrutia), contratado por grandes empresas, como Riopaila y Carguill, les proponga, como lo sugirió a la empresa estadounidense mencionada, que fundara cuatro sociedades ficticias, como efectivamente se hizo, y que a esas cuatro empresas de fachada (Black River Colombia SAS, Cargill Trading Colombia Ltda, Cargill de Colombia Ltda y Colombia Agro SAS), se les subordinaran otras 17 SAS y cada una de ellas comprara un predio UAF, en violación flagrante del artículo 72 de la Ley 160 de 1994. Fue de esta forma delincuencial que Carguil se apropió de 26 mil hectáreas de tierra con una inversión de 40 mil millones de pesos, todo lo cual se realizó por iniciativa de la firma de abogados Brigard & Urrutiav. Esto no puede considerarse una simple opinión jurídica sino un auténtico delito, con robo incluido. Como son miles de hectáreas y miles de millones de pesos, la Revista Semana dice que eso es una simple opinión jurídica, pero cuando se trata de los campesinos de El Catatumbo que piden una Zona de Reserva Campesina, eso se juzga cómo una solicitud inaudita y delictiva, porque se agrega que detrás de eso están las fuerzas insurgentes. Con esto se demuestra que, según los periodistas del establecimiento, cuando la tierra se roba para beneficio de los grandes empresarios el hecho se interpreta como una simple opinión o como una gran jugada jurídica, pero cuando la tierra la reclaman los pobres campesinos se les niega y se les criminaliza.

 

Por lo visto, lo que se requiere para que un delito sea visto como una simple opinión jurídica es que quien lo lleve a cabo pertenezca al gremio de los encopetados abogados robatierras, cuyos apellidos ilustres se presentan como ejemplo de “honestidad” y “patriotismo”. En conclusión, en Colombia la ley es para (casi) todos, menos para los ricos y poderosos, o como decía Solón: “Las leyes son como las telarañas, enredan al débil, pero son rotas por los fuertes”. Y a los rábulas robatierras se les aplica al pie de la letra el siguiente chiste, nada ficticio por lo demás, como hemos visto: un abogado se dirige con su hijo a su hacienda ganadera y éste le pregunta: Papá, papá, todo lo que se encuentra en esta finca es ganado. Y con una increíble dosis de sinceridad, el abogado le responde: ¡No hijo, no es ganado, es robado!

 

Objetivo principal: la eliminacion de los campesinos

 

Tras la fraudulenta y criminal maniobra de apropiarse de la altillanura por parte de los grandes empresarios nacionales y extranjeros, a cuyo servicio se encuentran unos rábulas incondicionales, se perfila un terrible objetivo de las clases dominantes de Colombia: la eliminación de los campesinos.

 

Tal pretensión por parte del conjunto de las clases dominantes y de sus amos extranjeros continúa con un proceso de larga duración de los últimos 70 años, cuyo resultado ha sido la reducción relativa de los campesinos, perseguidos y expulsados de sus parcelas, las cuales han pasado a manos de grandes latifundistas. Para justificar ese exterminio se ha recurrido a distintas artimañas y pretextos: que los campesinos son atrasados, analfabetos, bárbaros, que son la base social de la insurgencia armada, y ahora se repite que no son productivos y, frente a la gran empresa agraria capitalista, no tienen nada que ofrecer ni son competitivos. Eso se sostiene con toda la impunidad del caso, a pesar de que los pequeños productores del campo sigan abasteciendo de alimentos en un alto porcentaje al territorio nacional, y a las grandes ciudades.

 

Por supuesto, decir que los campesinos son improductivos y poco competitivos es el estribillo de moda de todos aquellos que se presentan a sí mismos como “modernizadores” y “altamente tecnificados” –como Riopaila y Carguill- para legitimar el despojo que los escuadrones paramilitares realizan a su nombre y que luego legalizan los abogados robatierras. Esos empresarios consideran que los campesinos son un obstáculo al desarrollo y al libre comercio, y no están en condiciones de implementar los paquetes tecnológicos que supuestamente nos convertirán en una potencia agroindustrial. Por ello, a los campesinos se les aplasta por todos los medios posibles, legales y violentos. Contra los campesinos se han desplegado las fuerzas armadas y los paramilitares, que los matan y destierran. En contra de ellos se firman los Tratados de Libre Comercio, que desprotegen por completo las economías de campesinos e indígenas, mientras les conceden todos los privilegios a las transnacionales y sus súbditos locales. Para apropiarse de las tierras y territorios de los pequeños productores del campo se aprueban todas las leyes que propician el despojo y el saqueó de los minerales, hidrocarburos y riquezas forestales que allí se encuentren. Contra los labriegos e indígenas se difunde una propaganda mediática criminal, aupada por el Estado y los grandes medios de desinformación, que los cataloga de enemigos del progreso y que, finalmente, propende por su desaparición, con la peregrina suposición de que los alimentos que ellos producen pueden ser proporcionados a menores precios y con mejor calidad por las multinacionales y sus supermercados. Contra los campesinos se libra esa cruel batalla transgénica por destruir sus semillas nativas, a nombre de la defensa de la propiedad de las semillas de Monsanto y las multinacionales, que lleva a perseguir y destruir la base natural de la milenaria producción campesina, como sucedió hace poco en el Departamento del Huila.

 

Todas estas estrategias anticampesinas sólo buscan reforzar a los latifundistas tradicionales, a las transnacionales y sus lacayos locales, minorías insignificantes que actúan con la perspectiva de vincularse a las cadenas productivas de tipo exportador, que ni siquiera van a generar alimentos, sino productos propios de los enclaves agrícolas, tales como palma aceitera, caña, soja o caucho, destinados a los mercados internacionales. Por todo lo anterior, en los últimos meses se ha exacerbado el desprecio y criminalización de campesinos e indígenas, como se registra con los pobladores de El Catatumbo y como acontece en estos momentos con quienes participan en el paro agrario nacional.

 

Todo indica que en la realidad dura de Colombia están enfrentados dos modelos de agricultura: la de los campesinos y pequeños productores, que abastecen de alimentos a todo el país, y la del gran capital, que quiere convertirnos en un vasto enclave agroindustrial, en donde ya no existan campesinos, tan solo unos cuantos proletarios agrícolas, sometidos a una brutal explotación. Es el modelo malasio el que se busca implantar en Colombia, el de la palma aceitera, que destila a chorros sangre de campesinos e indígenas. Ese es el modelo agrícola del santismo, que pretende legitimar el despojo a nombre de las supuestas virtudes productivas de los grandes empresarios y las multinacionales.

 

En este sentido, resultan llamativas como ejemplo del despiste de muchos comentaristas y periodistas ante el problema agrario del país, las afirmaciones poco fundamentadas del escritor William Ospina, quien ha señalado que “el gobierno de Juan Manuel Santos no representa al viejo latifundio empobrecedor que ha retrasado el avance de la sociedad colombiana durante 150 años, ni representa a los poderes que, aliados con ese latifundio, están arruinando al empresariado con su lavado de activos, cerrando la posibilidad de una economía campesina y desintegrando los últimos residuos de legalidad y de moralidad de la vieja Colombia”. Para el mencionado comentarista, el gobierno de Santos “representa a un sector industrial, financiero, agrícola y de pequeños y medianos propietarios que, si corrigiera su tradicional espíritu excluyente y su sistema de privilegios, podría liderar un modelo más moderno de orden económico y social. Representa el respeto que la vieja dirigencia colombiana mostró, así fuera a menudo de manera hipócrita, por las formas de la legalidad y por los rituales de la democracia, y eso todavía le asegura cierta respetabilidad en el ámbito internacional”vi.

 

Por lo visto, William Ospina está hablando de otro país y de otro régimen, porque en Colombia el santismo tiene de todo menos algún talante democrático, de respeto a la “legalidad” y no está interesado en mantener las economías campesinas de pequeños y medianos productores, porque todos los días se contempla un absoluto irrespeto y desprecio por sus justas peticiones, y se implementa una burda criminalización de la protesta rural, al mismo tiempo que se respaldan y apoyan a los grandes capitalistas y a las multinacionales para que se apropien de manera fraudulenta de la tierra y, con el apoyo de las fuerzas represivas del Estado, expulsen con las armas a los campesinos.

 

Porque una cosa si es clara, tanto el uribismo como el santismo son proyectos de clase que se identifican en su odio hacia los campesinos e indígenas y en su respaldo a todo aquello que signifique el fortalecimiento de la gran propiedad, en un caso del latifundio tradicional, y en el otro caso de las empresas exportadoras agrocapitalistas. Ambos han recurrido al paramilitarismo para llevar a cabo sus planes de limpieza y exterminio de los pobres del campo. En ambos casos, el modelo se sustenta en la misma lógica de limpiar la tierra de campesinos, para despejarle el terreno a los terratenientes y ganaderos o a capitalistas y multinacionales. En ninguno de los dos casos el campesino aparece como un sujeto ni como un protagonista de la historia colombiana, sino como un obstáculo al que debe quitarse del camino para facilitar la marcha de los negocios de una rancia oligarquía que ve en la tierra una vasta empresa de acumulación de capital por la vía del despojo.

 

Notas:

 


i. http://www.eltiempo.com/politica/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-12943662.html

ii. “Cuestionan 52 mil hectáreas de multinacional Carguill”, en http://www.verdadabierta.com/despojo-de-tierras/component/content/article/48-despojo-de-tierras/4645-cuestionan-52-mil-hectareas-de-multinacional-cargill/

iii. Alejandro López, “Problemas colombianos”, en Obras Selectas, Imprenta Nacional, Bogotá, 1983, p. 25.

iv. “Los baldíos y el posconflicto llanero”, Revista Semana, agosto 17 de 2013.

v. “La Luciérnaga revela en exclusiva comprometedor documento de la firma Brigard & Urrutia”, en http://www.caracol.com.co/noticias/actualidad/la-luciernaga-revela-en-exclusiva-comprometedor-documento-de-la-firma-brigard--urrutia/20130618/nota/1918135.aspx

vi. William Ospina, “La moneda en el aire”, El Espectador, agosto 17 de 2003.

Renán Vega Cantor es historiador. Profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional, de Bogotá, Colombia. Autor y compilador de los libros Marx y el siglo XXI (2 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 1998-1999; Gente muy Rebelde, (4 volúmenes), Editorial Pensamiento Crítico, Bogotá, 2002; Neoliberalismo: mito y realidad; El Caos Planetario, Ediciones Herramienta, 1999; entre otros. Premio Libertador, Venezuela, 2008. Su último libro publicado es Capitalismo y Despojo.

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Martes, 27 Agosto 2013 06:16

Suenan las trompetas de guerra

Suenan las trompetas de guerra

Con el correr de las horas, la hipótesis sobre una intervención militar occidental en Siria se acerca cada vez más a la realidad, a pesar de la oposición frontal de Rusia. El argumento de esta acción es el presunto uso de armas químicas contra la población civil por parte de las tropas fieles al presidente Bashar al Assad. Con espantosas imágenes de apoyo a sus argumentos, la oposición siria denunció la utilización de armas químicas en un ataque lanzado por las tropas de Al Assad el pasado 21 de agosto, en Ghuta oriental y Muadamiyet al-sham, dos sectores situados en la periferia de Damasco y controlados por los rebeldes. Después de arduas negociaciones, el régimen sirio permitió que un grupo de inspectores de la ONU accediera ayer a las zonas concernidas para verificar la veracidad o no de las acusaciones de los rebeldes. Según éstos, la ofensiva dejó un saldo de más de 1300 muertos. Del total de trece ataques con armas químicas denunciados tanto por la oposición como por el régimen –ambas partes se acusan mutuamente–, la misión de la ONU dirigida por el científico sueco Aake Sellström sólo fue autorizada a verificar tres. Los inspectores, en total once, ya recogieron las primeras pruebas sobre la existencia de gases químicos empleados la semana pasada.

 

París, Londres y Washington apuntaron sin ambigüedad hacia el presidente sirio. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, dijo que el ataque “debe sacudir la conciencia del mundo” y recalcó que Al Assad debe “responder por esa atrocidad”. Kerry también aclaró que el gobierno sirio es el único que detenta ese tipo de armas. Más directo, el jefe de la diplomacia francesa, Laurent Fabius, dijo que “lo que resulta evidente es que la matanza tuvo su origen en el régimen de Bashar al Assad. Hay una matanza química establecida, está la responsabilidad de Bashar al Assad, hace falta una reacción y estamos en eso”. No hay hasta el momento ninguna decisión formal que haya sido adoptada, pero las trompetas de la guerra resuenan en las principales capitales occidentales cuyos países son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU: Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. De los otros dos miembros, China y Rusia, Beijing preconizó la prudencia, mientras que Moscú cerró filas detrás de Damasco. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguey Lavrov, dijo: “Estoy preocupado por las declaraciones de París y Londres según las cuales la OTAN podría intervenir para destruir las armas químicas en Siria sin la autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se trata de un terreno movedizo y peligroso, así como de una grosera violación del derecho internacional”. Con respecto a este punto, es decir, intervenir sin el aval de la ONU, el canciller francés dijo que esto era posible “en determinadas circunstancias”. Alemania también se sumó al coro de la guerra. El jefe de la diplomacia alemana, Guido Westerwelle, declaró: “La utilización de armas químicas de destrucción masiva sería un crimen contra la civilización. Si el empleo de esas armas se confirma, la comunidad internacional debe actuar. En ese caso, Alemania formará parte de quienes respaldan las consecuencias”.

 

Cabe señalar que las potencias occidentales no son las únicas que promueven sanciones militares contra Siria. Turquía también se sumaría a una eventual coalición. Las razones son obvias: hostil al presidente sirio Al Assad, Turquía está en primera línea del conflicto. Desde que éste estalló, en 2011, centenas de miles de sirios se han refugiado en territorio turco. Según el ministro turco de Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu, su gobierno está dispuesto a respaldar una coalición internacional contra Siria, incluso si ésta no cuenta con aval de la ONU. Davutoglu aseguró que “otros 36 o 37 países están discutiendo actualmente esa eventualidad”.

 

Las modalidades de esa intervención son una copia de ejemplos pasados, como el de Kosovo. En 1999, en nombre de la “urgencia humanitaria”, la administración norteamericana de Bill Clinton lanzó un ataque bajo el amparo de la OTAN contra el régimen del presidente serbio Slobodan Milosevic, y ello sin la previa autorización del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En virtud del artículo VII de la Carta de la ONU, el Consejo es el único que puede autorizar el recurso a la fuerza. La operación en Kosovo duró 78 días y dejó un saldo controvertido de lo que luego se llamó “daños colaterales”, es decir, la muerte de inocentes.

 

El procedimiento de la guerra sin el permiso de la ONU fue utilizado varias veces, especialmente por el ex presidente norteamericano George W. Bush cuando invadió Irak en 2003. En uno de los ejemplos más degradantes y mentirosos de la historia mundial, Bush y la coalición que lo respaldó atacaron Irak en base a falsos documentos que supuestamente probaban que el difunto presidente Saddam Hussein tenía depósitos de armas de destrucción masiva. Esas armas pasaron a ser luego “armas de desaparición masiva”, porque jamás se encontraron. En lo que atañe a Siria, los partidarios de la intervención militar quirúrgica tienen varios argumentos al alcance, entre éstos el Protocolo de Ginebra de 1925, que prohíbe el empleo de gases asfixiantes. Los observadores militares alegan que la operación en Siria debería ser breve y sin despliegue de tropas. Su punto de partida sería uno de los cuatro barcos norteamericanos que están en el Mediterráneo, apoyados luego por los misiles crucero franceses y británicos. El esquema parece armado. Sólo falta que alguien apriete primero el gatillo.

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Revolución y contrarrevolución en Egipto

La inmensa mayoría de los analistas que intentan entender la lucha entre revolución y contrarrevolución en Egipto y los ecos sucesivos, como las olas en un lago, de ese proceso en las capas profundas de la sociedad egipcia, se cierran sin embargo el camino a la comprensión al trabajar con categorías estáticas y siempre iguales a sí mismas, como los militares”, “el ejército” o la “democracia” y “el pueblo”. Ahora bien, en el ejército –como aparato represivo del Estado e institución– y entre los militares, se refleja poderosamente la lucha entre las clases fundamentales del país y la batalla entre las ideas religiosas, nacionalistas, panarabistas o antimperialistas que abarcan todo el Medio Oriente, al igual que la influencia política y cultural de las distintas grandes potencias. No podría ser de otro modo ya que tanto los soldados como los técnicos, suboficiales y oficiales se reclutan en todos los sectores de la sociedad, desde el campesinado hasta la baja intelectualidad, los comerciantes, terratenientes y capitalistas, e incluso en franjas de obreros especializados y de artesanos.

 

Ningún ejército es política y socialmente homogéneo. El ejército argentino tenía en su seno peronistas y golpistas antiperonistas. En las fuerzas armadas de Fulgencio Batista hubo quienes combatieron contra la dictadura, y en Guatemala Yon Sosa, el revolucionario y guerrillero, se formó en las fuerzas de elite antiguerrillas. El ejército egipcio no es una excepción. En los altos mandos predominan los formados (y financiados) por Estados Unidos pero quedan restos de los burócratas aliados con la ex Unión Soviética, más o menos nacionalistas, y hasta del nasserismo. Pero entre los oficiales de baja graduación y los suboficiales y tropas, donde los orígenes sociales, la formación cultural, el nivel de vida, los contactos con los vecinos y los sueldos no tienen nada que ver con los de sus jefes, que están integrados en las capas altas de la burguesía, pesa mucho la conciencia del papel fundamental de Egipto como baluarte del mundo árabe frente a Israel, la influencia estadunidense es mucho menor, y siempre está presente la idea –panárabe– de un renacimiento de la nación fragmentada, que algunos oficiales musulmanes ven como un renacimiento del Islam (la palabra Umma significa tanto nación como comunidad de fieles).

 

Además, aunque Egipto es el país árabe más unitario desde el punto de vista étnico y religioso, no hay un solo Egipto: está el cosmopolita, ligado al Mediterráneo, con ciudades como Alejandría, desde siglos llenas de judíos, griegos, italianos y mediorientales, con núcleos burgueses comerciales o bancarios con lazos familiares y de conocimiento internacionales, y está el Egipto profundo, ligado a la tierra, así como existe el Egipto predominantemente urbano de los millones de cristianos coptos, incluso militares, que coexiste con la mayoría islámica, subdividida en todas las subtendencias religiosas que se enfrentan desde fines del siglo VIII, cuando la instalación en El Cairo del Califato Fatimí, de la rama ismailí del chiísmo. Desde el punto de vista religioso, el Islam egipcio ni es unitario ni apaciguó jamás sus luchas intestinas. Lo nuevo ahora es que detrás de la reaccionaria y ultraconservadora Hermandad Musulmana están las potencias financieras modernas de los Emiratos y de Qatar, construidas después de la Segunda Guerra Mundial sobre la base de los ingresos petroleros, lo cual le da un carácter antiraquí y proestadunidense.

 


Mientras Hosni Mubarak era socio político de Israel y hacía allí negocios personales, la Hermandad se instaló en el régimen, al cual había combatido durante el período laico de Abdel Gamal Nasser. Cuando Mubarak, agente de Washington, fue derribado por una primera ola de una profunda revolución democrática, Estados Unidos apostó a la Hermandad Musulmana y a Mohammed Mursi, aunque temiendo que el islamismo tuviese una lógica propia, escapase de sus manos y abriese el camino al nacionalismo antisraelí siempre presente.

 

El golpe militar contra Mursi fue así una medida preventiva, conservadora, de contrafuego, contra el desbordamiento social por la izquierda (había gérmenes de consejos de fábricas y huelgas victoriosas) y, en lo internacional, una medida de mantenimiento del statu quo en la región a favor de Israel. Pero fue dirigido por el ala más conservadora de un ejército dividido. Si Nasser subió al poder en los 50 derribando al conservador general Naguib, que había dado el golpe contra la monarquía, los Naguib de hoy no tienen ninguna seguridad de que no habrá detrás de ellos una alianza entre un nuevo Nasser y la izquierda radicalizada, democrática, juvenil. Por eso dejan libre a Mubarak, para aliarse en el alto mando con los seguidores de éste, para dar garantías a Estados Unidos e Israel y para ahondar la fosa que existe entre el poder actual y la revolución democrática en marcha, que enfrenta a los secuaces de Mursi y a la vez exige justicia y libertades y rechaza las imposiciones castrenses.

 

La liberación de Mubarak, sin duda, lanzará contra el poder del general Al Sisi a quienes derribaron en abril al dictador, pero también tendrá grandes repercusiones en las fuerzas armadas, que deben estar en virtual estado de asamblea, discutiendo ardientemente, y una parte de las cuales podría radicalizarse hacia la izquierda. Igualmente, la posibilidad de que la actual represión contra la Hermandad Musulmana tenga como objetivo obligar a ésta a integrar un gobierno de unidad nacional conservadora bajo tutela de los pretorianos, podría llevar –en el caso de que esa maniobra se concretase– a una ruptura interna en la Hermandad misma, debilitándola así en su esfuerzo por transformar una informe y caótica revolución democrático social en una guerra civil entre cristianos y musulmanes, profundamente reaccionaria y que favorecería por años a Israel.

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Sábado, 24 Agosto 2013 07:31

El espionaje del gobierno de EU

El espionaje del gobierno de EU

El espionaje es una actividad eterna de los gobiernos. Hubo una vez un tiempo en que los gobiernos espiaban primordialmente a otros gobiernos. Hoy espían a todo mundo y en verdad digo que es todo el mundo. Recientemente hemos sabido, gracias a quienes denunciaron estos hechos, a Wikileaks y al periódico británico The Guardian, qué tan extenso se ha vuelto el alcance de Estados Unidos, que aparentemente cuenta con el sistema de espionaje más amplio de cualquier gobierno en el mundo. En particular el de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

 

Por extraño que pueda parecerle a quienes espían, muchas personas ordinarias que para nada son espías, ni están implicadas en actividades nefastas, están sorprendidas de enterarse de que su privacidad es invadida y no les gusta.

 

Lo que la NSA ha estado haciendo es lo que se conoce como extraer metadatos. Es decir, hacer que los servicios que transmiten correos electrónicos y llamadas telefónicas le envíen a la NSA todos los registros que tienen para que la NSA los analice en busca de “tendencias” que supuestamente puedan revelar actividad “terrorista” real o potencial.

 

Supuestamente, el elemento inicial que evoca sospechas es alguna comunicación entre alguien fuera de Estados Unidos y alguien dentro de Estados Unidos. Sin embargo, esto se extiende hasta incluir todas las comunicaciones entre la persona dentro de Estados Unidos y el resto. Y luego, incluye todas las comunicaciones entre estos “otros” y los demás con quienes se comunican. En este punto, hablamos de una red que incluye virtualmente a la población entera de Estados Unidos.

 

La justificación legal para esta actividad es la Sección 215 de la Ley Patriota, que permite que la FBI solicite una orden para producir “cosas tangibles” con el fin de proteger al país del “terrorismo internacional”. La orden la adjudica (virtualmente siempre se concede) la corte de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). El criterio de juicio y los argumentos gubernamentales ante la corte son secretos. Esta muy extensa actividad es lo que reveló Edward Snowden, y es lo que ha causado semejante conmoción. Para algunas personas, las revelaciones fueron una total sorpresa. Para otras, meramente confirman lo que ya hace mucho tiempo se sospechaba. Para el gobierno, fue una vergüenza importante.

 

Hubo tres principales reacciones ante las revelaciones. La primera fue la del gobierno de Estados Unidos. Pese a que el presidente Barack Obama aseguró que el debate sobre estos asuntos era deseable y prometió aumentar la “transparencia” sobre el proceso de toma de decisiones, también persiguió a Snowden del modo más fiero posible, buscando traerlo ante una corte estadunidense para juzgarlo y castigarlo con severidad.

 

La segunda reacción importante fue la de otros gobiernos por todo el mundo, que descubrieron que eran objeto activo del espionaje estadunidense (algo que por supuesto ya sabían). Y al mismo tiempo, las revelaciones de Bradley Manning y Edward Snowden, juntas revelaron el grado de cooperación entre los gobiernos de Europa occidental y Japón con las operaciones de la NSA.

 


Pero la reacción más interesante ocurrió en el Congreso estadunidense. Hasta ahora, la oposición de los miembros del Congreso a tales actividades había sido bastante marginal. Pero de repente, se volvió de gran escala. Dos miembros de la cámara de representantes, Justin Amash y John Conyers, unieron fuerzas para proponer una medida que habría restringido la “colecta indiscriminada” de tales registros.

 

Hay dos cuestiones que resaltan en la enmienda de Amash-Conyers. Justin Amash es un republicano de extrema derecha, lo que se conoce como republicano libertario. John Conyers es uno de los prominente miembros antiguos del ala “progresista” (o ala “izquierda”) del partido demócrata. La segunda cosa que resalta es que fueron combatidos por otra pareja inusual, el presidente Obama y el vocero de la cámara, John Boehner. Era el establishment contra los “extremos”. El voto fue de 205 a favor (94 republicanos y 111 demócratas) contra 217 en contra (134 republicanos y 83 demócratas) más 12 abstenciones.

 

La derrota de la enmienda fue asegurada gracias únicamente al intenso cabildeo de Obama y Boehner. Más aún, lo más notable es que el autor mismo de la sección 215, el representante James Sensenbrenner (republicano de Wisconsin), denunció enojado al gobierno por no llevar a cabo la intención de lo que él había redactado. Y expresó que el término “relevante” relacionado con los registros implicaba limitar la autoridad del gobierno, no extenderla. También le recordó al establishment que la cláusula expira en 2015 y dijo: “A menos que se percaten de que tienen un problema, esto no va a lograr su renovación”. Así que ¿dónde estamos? El gobierno (sea demócrata o republicano) intentará demoler verbalmente a quienes protesten mientras, de todos modos, continúa invadiendo la privacidad de todo mundo. Y utilizarán (o fabricarán) conspiraciones terroristas para justificar esto. Pero quienes denunciaron estos hechos socavaron su legitimidad y esto es lo que les duele y es por eso que el gobierno se torna vengativo con ellos.

 

¿Logrará aprobarse la próxima vez algo parecido a la enmienda Amash-Conyers? es difícil decirlo, pero es bastante posible. Y si lo logra, ¿entonces qué? Bueno, depende un poco de quién esté en el cargo. ¿Sería tan duro Amash si el presidente en cuestión fuera Rand Paul? Posiblemente no. Lo que de todos modos podemos decir es que la legitimidad y la autoridad del gobierno de Estados Unidos, en lo interno, se erosionó de forma severa. Cuando uno añade esto a una seria y continua decadencia en legitimidad y autoridad geopolítica, Estados Unidos comienza a verse como uno de esos países menos estables en el sistema-mundo, y no como uno de sus fundamentos.

 

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

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Facebook y Google cobran por dejarse espiar

La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense (NSA, en sus siglas en inglés) pagó millones de dólares a grandes compañías de Internet para cubrir el costo de su participación en el programa de espionaje masivo Prisma, según reveló el ex analista de la CIA Edward Snowden al diario británico The Guardian. Estas empresas recibieron los fondos de la organización de espionaje para adaptarse a la sentencia dictada en octubre de 2011 por el Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Exterior (FISA, en sus siglas inglesas), que actúa bajo la normativa de secretos oficiales.

 

La información de The Guardian supone la primera prueba de la existencia de una relación económica entre empresas tecnológicas como Google, Yahoo, Microsoft y Facebook con la NSA en relación con la vigilancia masiva de las redes y teléfonos de los usuarios.

 

Una sentencia judicial de 2011, que fue desclasificada el miércoles por la administración de Barack Obama, declaraba inconstitucionales algunas de las actividades de la NSA, porque su incapacidad para separar las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos estadounidenses y las de los otros países viola la cuarta enmienda (inviolabilidad de las comunicaciones) de la Constitución. El desembolso en favor de las compañías tecnológicas se produjo después de esa sentencia del FISA.

 

Un documento secreto de la NSA fechado en diciembre de 2012 y difundido por The Guardian refleja los perjuicios que este fallo causó a la agencia, con un costo de millones de dólares para los proveedores de Prisma, es decir, para las grandes empresas tecnológicas.

 

Descripto por Snowden como la joya de la corona del NSA, el departamento que se encarga de las operaciones y las financia se apoya en las colaboraciones corporativas con los proveedores de Internet y de telecomunicaciones para acceder a los datos que intercambian los usuarios.

 

Los documentos confirman, por tanto, que el dinero de los contribuyentes estadounidenses fue utilizado para cubrir el costo que supuso para los gigantes tecnológicos que colaboran con el gobierno de Washington la sentencia del tribunal especial.

 

Las reacciones de las compañías afectadas han sido variadas. Microsoft ha declinado responder a las informaciones del diario, mientras que Google desmiente su cooperación con el programa Prisma y señala que espera que el gobierno dé respuesta a su petición para poder publicar más datos sobre seguridad nacional. Facebook niega haber recibido cualquier compensación económica. Un portavoz de Yahoo subrayó a The Guardian que la ley federal exige al gobierno el pago de los costos tras el fallo del FISA.

 

La información de The Guardian constata que los gigantes de Internet incurrieron en importantes costos para adaptarse a las nuevas normas acordes con la Constitución, que finalmente fueron cubiertos por la NSA.

 

El periódico británico, que destapó el escándalo del espionaje masivo por parte de Estados Unidos, parece responder así al acoso que dice haber sufrido por parte de las autoridades británicas desde que comenzara a publicar los datos facilitados por Snowden. Este acoso se tradujo el pasado domingo en el arresto –y posterior interrogatorio durante nueve horas– en el aeropuerto de Heathrow (Londres) de David Miranda, el novio de Glenn Greenwald, el periodista que firmó los principales artículos sobre el caso. Al brasileño le fue aplicada la ley antiterrorista, en una acción que ha denunciado por vía legal. La policía sostiene que entre el material informático que se le incautó ha encontrado decenas de miles de documentos confidenciales de la inteligencia británica.

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Los efectos "mariposa" en la corrupción venezolana

ALAI AMLATINA, 22/08/2013.- Toda sociedad, familia y persona exige bienestar, progreso y felicidad. Estas condiciones se obtienen en la medida que son satisfechos sus múltiples deseos de compras. Tengo más dinero y puedo adquirir más bienes, insumos, artefactos, vestidos, licores, recursos, servicios e incluso podemos comprar consciencias, ideales y sentimientos.

 

Así llegamos a distorsionar nuestros valores ético-formativos, de forma tal que sostenemos una vida enteramente superficial y artificial, la cual nos obliga e induce a justificar y concebir la sobreproducción y el sobreconsumo entre nuestras relaciones sociales y económicas. ¡Debemos producir más, para comprar más y socialmente destacarnos más! Aún, desviando nuestra capacidad “de compras”. Nos endeudamos sin tener posibilidades de cumplir con nuestros compromisos de pago. Cuando ello ocurre, urge acudir a otros medios de ganancias de dinero, fáciles y rápidos. Generalmente, emerge la corrupción.

 

El buen germen de la corrupción-corrupto se da en las múltiples ganancias que se llegan a obtener, por los tantos mecanismos de especulación que el sistema capitalista nos ha creado. Sistemas de financiamientos, cuotas balón, créditos, pirámides financieras, comisiones, aranceles adulterados, divisas por sobre precio, bolsas de valores, casinos, juegos de azar, bonos de diferentes nominaciones, seguros de todo tipo contra todo riesgo, diversidad de impuestos, normas, leyes, que en alguna medida se crean pero que son evadidas a favor de la ganancia, la usura, la especulación, la escasez, acaparamiento, sobreprecios y desmedidos lucros.

 

Los corruptos podrán desaparecer pero el andamiaje del sistema de corrupción capitalista difícilmente desaparecerá. El sistema capitalista se autodestruye, es y será insustentable. No tiene reparo para respetar los límites de los recursos naturales de la biósfera del planeta Tierra. Arrastra con todo y toda condición de clase social establecida. En especial se traga y carcome a los más desposeídos y excluidos. Incluso, en el afán de competencia y protagonismo para escalar condiciones sociales, también se saltan las normas y condiciones éticas que mitigan las diversas acciones jurídicas, sociales, ambientales que vayan a favor de la ley de la conservación de la vida.

 

La corrupción-corrupto en Venezuela nos domina, gana terreno y se impone su característica interpersonal, con un despliegue de carácter neutral y no ético; el corrupto venezolano se comporta de manera bi-conceptual . Su viveza-boba estriba en lo posible en no comprometerse, ni en proteger y resguardar a nadie, incluso no hay institución pública y privada que valga. Muchas instituciones nacidas en el proceso revolucionario han sido desnaturalizadas, maltratadas y erróneamente manejadas, por charlatanes y oportunistas, quienes han incubado la cleptocracia, la ineficacia y el atraso, la desinformación e ignorancia como otros tantos gérmenes de la corrupción-corrupto.

 

El corrupto pierde y desdibuja su sentido de pertenencia; afianza su carácter individual y egoísta. Salvo algunas excepciones la corrupción-corrupto puede corresponderle a su célula social involucrada en su proceso de corrupción.

 

Otra de las consecuencias perversas de la corrupción-corrupto son los efectos “MARIPOSA” (causa-efecto-causa) que se instalan en nuestros entornos sociales, efectos que modulan la institucionalización de la corrupción y que la diputada Blanca Eekhout se lo reclama a la oposición política venezolana, en su insistencia de mantener el formato de desestabilización social y económica, el cual, por varias vías, empuja las formas de la corrupción-corrupta: Fabricación de mentiras y manipulación de consciencias electorales; recepción y administración de los fondos del narco-lavado; malversación de recursos financieros, servicios y bienes del Estado; ultraje y malogramiento por orgías con menores de edad; agravios e injurias contra la diversidad sexual; burlas y tergiversación de verdades a través de la industria comunicativa del rumor, arraigando la confusión social y colectiva.

 

En fin, pare usted de contar las otras condiciones que se conocen y se entrecruzan; se entrelazan en la compleja gama de interrelaciones que la corrupción-corrupto nos atrae y que sabemos han permeado a sectores del devenir revolucionario venezolano, como es el caso del fondo chino y el blanqueo de dineros con sectores de la oposición política venezolana, que exigimos se devele y se aclare. Es claro que la oposición política de nuestro país seguirá utilizando la corrupción-corrupto como su máxima expresión política, en la medida que la institucionalidad venezolana la siga manteniendo impune, la retroalimente y se autosabotee.

 

Como bien lo ha venido enfatizando el presidente Nicolás Maduro y quien ha pedido poderes especiales para combatir el flagelo corrupción-corrupto. Nos afirma: la corrupción frena los verdaderos procesos de cambio y transformación que la sociedad venezolana está requiriendo, por ello “debemos combatirla, caiga quien caiga”.

 

Para el combate necesario que debemos dar frente a la corrupción-corrupto, una condición revolucionaria que cada quien puede asumirla y que en los actuales momentos se debate entre los movimientos sociales en especial los agro-ambientalistas (y más cuando confrontan el tema de la “escasez de los recursos naturales”), es el concepto de autocontención o autolimitación, que el filósofo ecólogo Jorge Riechmann lo ha venido trabajando en sus tantos escritos y que lo traemos a la reflexión por lo pertinente y alusivo al tema de la corrupción. Como se ha afirmado, si bien es cierto que en la corrupción-corrupto, va implícito un ejercicio de poder en el otro u otros dice Riechmann, (2012:31) “... pero si en un ejercicio de reflexividad guiado por valores de la compasión, trato de dominar no al otro, sino mi relación con el otro, si trato de dominar mi dominio, de autocontenerme, se abren impensadas posibilidades de transformación. De verdadera humanización para muchos de esos inmaduros homínidos que aún seguimos siendo”.

 

Esta medida “de autocontención” también se acopla con otras consideraciones éticas y morales, que permean nuestro proceso de transición revolucionario; sintetizado en el legado que nos proporcionó nuestro comandante eterno Hugo Chávez (II Plan Socialista Programa Patria 2013 – 2019). Es desde allí donde, estamos convencidos, se encuentran los reales fundamentos de nuestra nueva ética ecosocialista, la cual se constituye en la idónea artillería de pensamiento de ideas y acciones colectivas frente a los efectos mariposa que la corrupción impone en Venezuela.

 

Por Miguel Ángel Núñez es Director del Instituto Universitario Latinoamericano de Agroecologia "Paulo Freire" Venezuela.

 

Referencias

Riechmann, Jorge. 2012. El socialismo puede llegar sólo en bicicleta. Madrid. Ed. Catarata p. 255

 

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Twitter: @17miguelangel

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El soldado Manning, condenado a 35 años por las filtraciones a Wikileaks

El soldado Bradley Manning ha sido condenado a 35 años de cárcel por la mayor filtración de documentos diplomáticos y militares secretos de la historia de EE UU. El uniformado de 25 años se enfrentaba a una pena máxima de 90 años en prisión por los 20 delitos de los que fue encontrado culpable por la juez militar encargada del caso el pasado 30 de julio, entre ellos violación de la Ley de Espionaje, robo y fraude informático. De acuerdo con el código militar, Manning deberá cumplir un tercio de su pena antes de poder solicitar la libertad condicional.


 
Durante la fase final de alegaciones del pasado lunes, la fiscalía solicitó a la juez, la coronel Denise Lind, que impusiera a Manning una pena de 60 años que sirviera “de ejemplo disuasorio”. “Esta sala debe enviar un claro mensaje a cualquier soldado que esté sopesando robar información clasificada”, señaló la acusación. La defensa del soldado, sin embargo, pidió una condena que “le permita tener un futuro”. El abogado de Manning aspiraba a que se le sentenciara a un máximo de 25 años, el periodo que debe pasar para que los documentos secretos puedan hacerse públicos.


 
El soldado también ha sido expulsado con deshonor del Ejército y será obligado a devolver parte de su salario, de acuerdo con la resolución leída por Lind. De la pena total impuesta a Manning, la juez deducirá los tres años y medio que ha pasado en prisión a la espera de juicio. De acuerdo con el código militar, antes de cualquier apelación, la sentencia de Lind ahora debe ser aprobada por el responsable del Distrito Militar de Washington, el general Jeffery Buchanan, quien incluso podría rebajarla. Si da el visto bueno al fallo, el caso pasará automáticamente al tribunal militar de Apelaciones.

 


Mientras las asociaciones de derechos civiles demandaban una sentencia proporcional, el Gobierno esperaba obtener un fallo ejemplarizante que sirviera de precedente para impedir futuras filtraciones en el Ejército. La decisión de la juez ha decepcionado a las primeras. "Cuando a un soldado que ha compartido información con la prensa se le impone un castigo mayor que a otros que han torturado o asesinado a civiles es que algo funciona extremadamente mal en nuestro sistema de justicia", ha asegurado en un comunicado la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU).


 
La semana pasada, el soldado pidió perdón por haber filtrado los documentos y reconoció que con su conducta había “perjudicado a EE UU”. Manning aseguró que le hubiera gustado volver atrás pero que, dado que era imposible, aspiraba a poder “retomar la relación con su familia y graduarse en la universidad”. Este miércoles terminará para el uniformado una pesadilla que comenzó en febrero de 2010 cuando envió a Wikileaks los primeros documentos sobre las guerras de Irak y Afganistán.


 
Desde ese momento, el soldado continuó filtrando nuevo material, cables diplomáticos, declaraciones de presos de Guantánamo, vídeos sobre la guerra, entre ellos las famosas imágenes del helicóptero Apache disparando sobre un grupo de iraquíes -entre ellos niños- y dos periodistas en Bagdag. De acuerdo con sus abogados, la frágil personalidad de Manning no soportó la impresión de los acontecimientos a los que asistió en Irak, lo que, unido a su idealismo le llevó a dar a conocer los documentos y la realidad de lo que sucedía en las guerras que estaba llevando a cabo EE UU. El propio Manning en la vista previa del juicio en febrero reconoció que su intención había sido la de generar un debate. “Yo creía que iba a ayudar a la gente, no a perjudicarla”, insistió el soldado la semana pasada.


 
La versión que ha ofrecido la fiscalía durante las ocho semanas que ha durado el juicio ha sido muy distinta. Lejos de la bonhomía que defendía la defensa, el Pentágono ha presentado a Manning como un narcisista y un traidor que en todo momento era consciente de lo que estaba haciendo y que sabía que con las filtraciones ayudaría a los enemigos de EE UU. Pese a su empeño, el fiscal no ha conseguido que al soldado se le reconociera culpable del delito de ayuda al enemigo, el más grave de los 22 cargos que pesaban sobre él y que acarrea la cadena perpetua.


 
El desarrollo del juicio a Manning ha coincidido con el escándalo provocado por otro filtrador, Edward Snowden, cuyos documentos sobre las prácticas de espionaje del Gobierno y su posterior huída y concesión de asilo por Rusia han puesto en jaque a la Administración Obama. Como Manning, Snowden también ha sido acusado de espionaje, es la séptima persona imputada por filtrar información secreta a los medios de comunicación desde que el actual presidente llegó a la Casa Blanca.


 
El proceso ha cuestionado la función de los filtradores en el mundo de Internet, levantando las dudas sobre si, con la cesión de datos a los medios de comunicación, se ejerce una labor de servicio público en aras de la libertad de expresión e información o se pone en riesgo la seguridad nacional. Un debate que está lejos de apagarse tras el goteo de filtraciones de Snowden.


 
Tras su detención el 27 de mayo de 2010, Manning ha recibido el apoyo internacional de miles de seguidores que lo consideran un héroe, una palabra que muchos de quienes estaban en el tribunal de Fort Meade (Maryland) le han gritado tras conocerse la sentencia. La red de apoyo a Manning , The Bradley Manning Support Network, va a centrar ahora sus esfuerzos en solicitar el indulto del soldado al presidente de EE UU y crear un fondo para que éste pueda ir a la universidad cuando sea definitivamente liberado.

 

Eva Saiz Washington 21 AGO 2013 - 16:23 CET

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Miércoles, 21 Agosto 2013 06:41

“Todas las informaciones son útiles”

“Todas las informaciones son útiles”

La protección de los datos personales y la democracia no son buenos aliados. El caso de Edward Snowden, el agente de la NSA norteamericana que reveló el espionaje norteamericano y la colaboración de actores privados de la talla de Google, Microsoft o Faceboook, sigue expandiendo sus verdades y mostrando los límites de los sistemas democráticos. Espionaje global de los individuos a través del sistema Prisma; arresto en Londres del compañero del periodista del diario The Guardian que reveló los documentos de Snowden, Glenn Greenwald; destrucción forzosa de los discos duros de The Guardian por parte de los servicios secretos británicos, intimidaciones, amenazas... en suma, las democracias sacaron del cajón sus mejores dispositivos legales para justificar el espionaje o impedir la difusión de informaciones suplementarias.

 

En esta entrevista, Nicolas Arpagian analiza los resortes de este espionaje globalizado, sus mecanismos legales, sus características modernas, sus meandros tecnológicos, el concepto de guerra moderna y, sobre todo, la supremacía absoluta de Estados Unidos en el campo de las tecnologías de la información. Profesor en el Instituto de Altos Estudios de Seguridad y Justicia (Inhesj) y en la Universidad de París, experto reconocido en temas de ciberseguridad y seguridad militar moderna, Nicolas Arpagian es también autor de varios ensayos sobre las tecnologías de la información como “La ciberseguridad”, “La ciberguerra: la guerra numérica ha comenzado”, “Seguridad privada, disputa pública”, “El Estado, el miedo y el ciudadano”.

 

–¿En qué se caracteriza el espionaje moderno tal y como lo practican hoy, en regla general, la NSA norteamericana a través del sistema Prisma?

 

–La idea consiste en asociar a los industriales de la tecnología de la información, es decir, Microsoft, Yahoo!, Google o Facebook, con la seguridad nacional de los Estados Unidos. Estamos frente a prestatarios privados que explotan y que, para emplear una terminología petrolera, refinan las informaciones de los particulares, de las empresas. En suma, todo lo que le confiamos hoy a Internet. Para captar el alcance de todo esto hay que tomar en cuenta el hecho de que incluso las administraciones públicas europeas recurren al uso de G-mail para comunicarse. La administración norteamericana les exige entonces a estos actores privados que entreguen información bajo la égida de las autoridades.

 

–Lo curioso del caso es que el dispositivo de espionaje Prisma es legal...

 

–Así es. Prisma deriva de una ley adoptada en un país democrático como los EE.UU. Pero, claro, no es nuevo. Desde los años ’60, Estados Unidos, de una u otra manera, lleva a cabo estas prácticas. Con Prisma se ha oficializado y estructurado un mecanismo a través del cual las empresas deben obedecer a decisiones legales. Este dato es clave porque la nacionalidad de la empresa concernida tiene una importancia capital. Aquí vamos a entender bien lo que significa una empresa global que responde, sin embargo, a requerimientos nacionales. Una empresa, sea cual fuere su talla, sea o no una multinacional, asume el hecho de que pertenece a una nacionalidad. Por ejemplo, la ley norteamericana se aplica a las empresas cuyo capital mayoritario, o sea el 51 por ciento, está en manos norteamericanas, y esto sea cual fuere su localización. Así, la filial francesa o argentina de IBM, Google o Microsoft están sometidas al derecho norteamericano a partir del momento en que su accionista principal es de nacionalidad norteamericana. Esto pone en tela de juicio la idea de derecho internacional porque los norteamericanos lograron que su derecho doméstico se aplique más allá de sus fronteras. Al mismo tiempo que empresas como Google, Facebook, Microsoft o Yahoo! viven de la confianza de sus clientes, también están bajo la autoridad de un Estado que les pide cuentas.

 

–Estos dispositivos responden a una forma de guerra. Tal vez no haya bombas (aunque existen los drones), pero sí hay una estrategia agresiva de penetración de territorios y de colecta de la información.

 

–Efectivamente. Estos dispositivos forman parte del concepto de soberanía nacional. Y aquí es preciso ampliar, enriquecer la noción de guerra más allá del enfrentamiento armado. Aquí se añade también una lógica de competencia económica. La información que se colecta a través de empresas como Yahoo!, Google, Facebook o Microsoft nos lleva mucho más allá del umbral militar para desembocar en la pesquisa de informaciones económicas. Estamos entonces en un campo ampliado de la guerra apoyado en una lógica de seguridad nacional. Todas las informaciones son útiles: las económicas, las políticas o las militares. La particularidad del uso ofensivo de las tecnologías de la información radica en que no se establece más la diferencia entre el mundo civil y el mundo militar. Nuestro aliado político y militar es, también, nuestro enemigo o nuestro competidor económico. Los Estados emplean las tecnologías de la información para consolidar sus tejidos económicos. Además, hoy se dispone de sistemas capaces de tratar el conjunto de esas informaciones y, por supuesto, de explotarlas. El elemento determinante para tratar esta masa de informaciones, o sea el llamado Big Data, es el filtro que se empleará para dirigir esas informaciones hacia la ruta que corresponde. Esto explica por qué empresas como Google trabajan con muchos lingüistas para saber cuáles son las expresiones que la gente utiliza más comúnmente. Los avances son tales que Google es capaz de establecer la diferencia entre una persona que busca la palabra “jaguar” porque le interesan los animales y otra que busca la misma palabra, pero es un aficionado a los autos de lujo. Y en este campo, EE.UU. detenta un poder aplastante porque la mayoría de los actores centrales de las tecnologías de la información están en su zona de influencia. Los demás países están desfavorecidos.

 

–El resorte de esta estrategia es la sagrada lucha contra el terrorismo.

 

–Este argumento es el más utilizado porque es el que requiere menos explicaciones, es el que permite la instauración de un régimen exorbitante de derecho común que permite salir de las reglas establecidas. La lucha contra el terrorismo es el espantapájaros, es la justificación suprema. Desde luego, cuando vemos la amplitud del espionaje nos damos cuenta de que ese argumento no basta. Cuando se espía a particulares que no están en nada ligados al terrorismo, el argumento deja de ser verosímil.

 

–Estados Unidos detenta un poder inigualado en la historia de la humanidad.

 

–En realidad, la potencia norteamericana corresponde exactamente a todo lo que le confiamos a esta sociedad de la información: le confiamos nuestros entretenimientos, nuestros procesos industriales y económicos, nuestros correos y partes enteras de la organización de nuestra vida personal, profesional y colectiva. En este contexto, quien detenta la potencia en este campo es el amo del juego. Los EE.UU. supieron crear una serie de actores económicos que se han vuelto indispensables. Google, por ejemplo, es un actor a escala planetaria que nos sigue por todas partes y a cada momento. Un ejemplo: a través del análisis exhaustivo de nuestras correspondencias se llega a tener una visión extremadamente precisa de los centros de interés de un individuo y de sus orientaciones. Estos actores tienen una relación de proximidad con la administración norteamericana. En eso radica la extraordinaria potencia de los EE.UU. No hay duda alguna entonces de que, mediante el control de las tecnologías de la información, Estados Unidos cuenta con un elemento de potencia considerable. Ese poder es al mismo tiempo político, diplomático, económico, militar y tecnológico porque, justamente, todas las tecnologías de la información tienen un lugar preponderante en los sistemas de organización de los demás países. Pero el que tiene el mando de esas tecnologías es Washington. Además de las inversiones públicas de la administración, los norteamericanos pueden apoyarse en las empresas privadas de EE.UU. Hoy no hay ningún equivalente a escala planetaria.

 

–¿Y Europa? Los europeos no son más que meros figurantes en esta danza.

 

–Los europeos no pudieron o no supieron desarrollar actores de gran dimensión en el campo de las tecnologías de la información. Europa, por facilidad o por confort, se vio como simple usuaria de las soluciones norteamericanas. Francia, por ejemplo, sabe fabricar submarinos nucleares, aviones de caza y tanques, pero no tiene presencia en las tecnologías de la información. Sin embargo, esas tecnologías son esenciales porque irrigan todos los sectores. Esto nos demuestra que la potencia no está donde pensábamos, o sea en manos del que sabe construir equipos, sino en el campo de la información. Si los sistemas de información que controlan las armas modernas no funcionan, o funcionan con tecnologías inadaptadas, ese actor se vuelve un gigante inmóvil: toda la fuerza acumulada no le sirve de nada porque el sistema nervioso responde de forma aleatoria.

 

–Pese al enorme escándalo del espionaje, el mundo sigue igual.

 

–Efectivamente, es así. No se constata ningún cambio, ninguna movilización de los usuarios, no hay pérdida de audiencia en Google o Facebook. La opinión pública parece haber asimilado y aceptado el espionaje. La respuesta al escándalo ha sido la pasividad. No se ve hoy una respuesta organizada. Sin embargo, para EE.UU. fue duro porque no fue un enemigo exterior quien les asestó un golpe sino uno de sus propios agentes, Snowden. En un universo eminentemente tecnológico, Snowden agregó una dimensión emocional imprevista a ese nivel de colecta de información.

 

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Miércoles, 21 Agosto 2013 06:34

Víctimas de un glorioso estado de emergencia

Víctimas de un glorioso estado de emergencia

El Cairo.

 

Los cocinaron. Esta fue la primera expresión que me vino a la mente de manera demasiado gráfica cuando vi los restos de nueve de los 34 prisioneros que murieron a manos de la policía egipcia el domingo por la noche en un camino desértico cercano a la prisión de Abu Zaabal. Esos hombres, detenidos en la plaza Ramsés el sábado luego de que la policía cairota y el ejército irrumpieron dentro de la mezquita de Al Fatah; los mismos hombres quienes supuestamente intentaron volcar la camioneta penitenciaria que los llevaba a la cárcel. La policía de seguridad del Estado arrojó una granada de gas lacrimógeno dentro del vehículo y todos murieron.

 

Luego de haber visto esos horribles cadáveres en la pestilente morgue de El Cairo la tarde de este martes, me doy cuenta de que este lugar se me está volviendo terriblemente familiar. Debo decir que estos pobres hombres, quienes no fueron acusados de ningún crimen, contra quienes no había cargos ni juicios abiertos, fueron víctimas del glorioso estado de emergencia que actualmente bendice a Egipto y murieron de una manera espantosa.

 

Llega un momento en que la pura descripción no es capaz de equilibrar el horror de los muertos, pero ante el riesgo de que la historia los olvide o los trate con menos compasión de la que merecen debemos, me temo, confrontar la realidad. Los cuerpos estaban espantosamente hinchados y quemados de pies a cabeza. Uno de ellos presentaba una laceración en la garganta, causada probablemente por un cuchillo o una bala. Un colega dio testimonio de otros cinco cuerpos en un estado similar, con orificios de bala en el cuello. Afuera de la funeraria los matones contratados por el Ministerio del Interior egipcio tratan de ahuyentar a los periodistas.

 

Un hombre de mediana edad, cuyo amigo perdió a su hijo en la agresión policial del miércoles pasado, emergió de entre los vociferantes familiares. Algunos de ellos vomitaban sobre el concreto. El individuo me llevó con un imán sunita, inmaculado, vestido de túnica roja y turbante blanco, quien me guió gentilmente a través de dos portones de hierro hacia la habitación de la muerte. Uno de los trabajadores de la funeraria, Mohamed Doma, miraba los cadáveres con incredulidad. Al igual que el imán, al igual que yo. Después de caminar junto con nueve de estas penosas criaturas de Egipto pude ver aún más cuerpos en otro corredor. Todos ellos, según las fuentes médicas, llegaron de la prisión de Abu Zaabal.

 

No que hayan llegado a dicho penal, mismo que visité este martes y que está ubicado a 45 kilómetros de El Cairo, junto a un canal del Nilo lleno de grutas y rodeado por viejas fábricas de concreto. La prisión está rodeada de muros altos y sus rejas tienen pilares neofaraónicos.
Según la policía, 34 prisioneros, aunque de acuerdo con otros reportes eran 36, hicieron bambolearse desde adentro la camioneta que los transportaba, que viajaba en convoy con otros vehículos hacia la cárcel. Cuando el conductor de dicha camioneta se vio obligado a detenerse, uno de los prisioneros logró agarrarlo. En un intento exitoso por liberar a su compañero, uno de los uniformados lanzó una granada lacrimógena dentro de la camioneta, atestada de prisioneros. Recuerden que esta es la versión de la policía. Ésta, se cree, ha matado a más de mil de sus compatriotas en días recientes.

 

Tantas historias de las fuerzas de seguridad, como de la Hermandad Musulmana, han resultado falsas las últimas semanas. Otra versión, publicada por la ahora obediente prensa egipcia, reporta que “terroristas” detuvieron el convoy y trataron de liberar a los prisioneros, pero dado que éstos murieron quizá no sepamos nunca cómo o por qué fueron asesinados.

 

Huelga decir que los fallecidos se han convertido en “terroristas”. De lo contrario, ¿por qué habrían tratado de liberarlos de la cárcel otros “terroristas”? Hasta que los egipcios hayan absorbido las noticias sobre una igualmente terrible matanza de elementos de las fuerzas de seguridad en el Sinaí, por lo pronto ésta se ha convertido en la masacre de Abu Zaabal, que se recordará junto con las de Rabaa, Nahda, plaza Ramsés y todas las demás que seguramente vendrán.

 

Después de estas horrendas escenas, el Centro Egipcio para la Investigación Económica y Social hizo una lectura solemne. Según la institución, mil 295 egipcios fueron ultimados entre la mañana del miércoles y el viernes pasados. Mil 63 sólo el miércoles, incluidos 983 civiles y 52 elementos de seguridad, mientras 28 cuerpos fueron encontrados bajo la plataforma de la mezquita de Rabaa. Trece policías y tres civiles fallecieron en un ataque contra la estación policial de Kerdasa, y 24 civiles fueron ejecutados en Alexandría, seis en Sharqeya, seis en Damietta, 13 en Suez, 45 en Fayoum, 21 en Beni Suef y 68 en Minya. Esto es más una tragedia nacional que una tragedia cairota. Pero supongo que esos cadáveres en la morgue representan a todos los caídos.

 

Traducción: Gabriela Fonseca

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