Miércoles, 24 Julio 2019 06:07

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Anatomía del nuevo neoliberalismo

Desde hace una decena de años viene anunciándose regularmente el fin del neoliberalismo: la crisis financiera mundial de 2008 se presentó como el último estertor de su agonía, después le tocó el turno a la crisis griega en Europa (al menos hasta julio de 2015), sin olvidar, por supuesto, el seísmo causado por la elección de Donald Trump en EE UU en noviembre de 2016, seguido del referéndum sobre el Brexit en marzo de 2017. El hecho de que Gran Bretaña y EE UU, que fueron tierras de promisión del neoliberalismo en tiempos de Thatcher y Reagan, parezcan darle la espalda mediante una reacción nacionalista tan repentina, marcó los espíritus debido a su alcance simbólico. Después, en octubre de 2018, se produjo la elección de Jair Bolsonaro, quien promete tanto el retorno de la dictadura como la aplicación de un programa neoliberal de una violencia y una amplitud muy parecidas a las de los Chicago boys de Pinochet.  

El neoliberalismo no solo sobrevive como sistema de poder, sino que se refuerza. Hay que comprender esta singular radicalización, lo que implica discernir el carácter tanto plástico como plural del neoliberalismo. Pero hace falta ir más lejos todavía y percatarse del sentido de las transformaciones actuales del neoliberalismo, es decir, la especificidad de lo que aquí llamamos el nuevo neoliberalismo.

La crisis como modo de gobierno

Recordemos de entrada qué significa el concepto de neoliberalismo, que pierde gran parte de su pertinencia cuando se emplea de forma confusa, como sucede a menudo. No se trata tan solo de políticas económicas monetaristas o austeritarias, de la mercantilización de las relaciones sociales o de la dictadura de los mercados financieros. Se trata más fundamentalmente de una racionalidad política que se ha vuelto mundial y que consiste en imponer por parte de los gobiernos, en la economía, en la sociedad y en el propio Estado, la lógica del capital hasta convertirla en la forma de las subjetividades y la norma de las existencias.

Proyecto radical e incluso, si se quiere, revolucionario, el neoliberalismo no se confunde, por tanto, con un conservadurismo que se contenta con reproducir las estructuras desigualitarias establecidas. A través del juego de las relaciones internacionales de competencia y dominación y de la mediación de las grandes organizaciones de gobernanza mundial (FMI, Banco Mundial, Unión Europea, etc.), este modo de gobierno se ha convertido con el tiempo en un verdadero sistema mundial de poder, comandado por el imperativo de su propio mantenimiento.

Lo que caracteriza este modo de gobierno es que se alimenta y se radicaliza por medio de sus propias crisis. El neoliberalismo solo se sostiene y se refuerza porque gobierna mediante la crisis. En efecto, desde la década de 1970, el neoliberalismo se nutre de las crisis económicas y sociales que genera. Su respuesta es invariable: en vez de poner en tela de juicio la lógica que las ha provocado, hay que llevar todavía más lejos esa misma lógica y tratar de reforzarla indefinidamente. Si la austeridad genera déficit presupuestario, hay que añadir una dosis suplementaria. Si la competencia destruye el tejido industrial o desertifica regiones, hay que agudizarla todavía más entre las empresas, entre los territorios, entre las ciudades. Si los servicios públicos no cumplen ya su misión, hay que vaciar esta última de todo contenido y privar a los servicios de los medios que precisan. Si las rebajas de impuestos para los ricos o las empresas no dan los resultados esperados, hay que profundizar todavía más en ellas, etc.

Este gobierno mediante la crisis solo es posible, claro está, porque el neoliberalismo se ha vuelto sistémico. Toda crisis económica, como la de 2008, se interpreta en los términos del sistema y solo recibe respuestas que sean compatibles con el mismo. La ausencia de alternativas no es tan solo la manifestación de un dogmatismo en el plano intelectual, sino la expresión de un funcionamiento sistémico a escala mundial. Al amparo de la globalización y/o al reforzar la Unión Europea, los Estados han impuesto múltiples reglas e imperativos que los llevan a reaccionar en el sentido del sistema.

Pero lo que es más reciente y sin duda merece nuestra atención es que ahora se nutre de las reacciones negativas que provoca en el plano político, que se refuerza con la misma hostilidad política que suscita. Estamos asistiendo a una de sus metamorfosis, y no es la menos peligrosa. El neoliberalismo ya no necesita su imagen liberal o democrática, como en los buenos tiempos de lo que hay que llamar con razón el neoliberalismo clásico. Esta imagen incluso se ha convertido en un obstáculo para su dominación, cosa que únicamente es posible porque el gobierno neoliberal no duda en instrumentalizar los resentimientos de un amplio sector de la población, falto de identidad nacional y de protección por el Estado, dirigiéndolos contra chivos expiatorios.

En el pasado, el neoliberalismo se ha asociado a menudo a la apertura, al progreso, a las libertades individuales, al Estado de derecho. Actualmente se conjuga con el cierre de fronteras, la construcción de muros, el culto a la nación y la soberanía del Estado, la ofensiva declarada contra los derechos humanos, acusados de poner en peligro la seguridad. ¿Cómo es posible esta metamorfosis del neoliberalismo?

Trumpismo y fascismo

Trump marca incontestablemente un hito en la historia del neoliberalismo mundial. Esta mutación no afecta únicamente a EE UU, sino a todos los gobiernos, cada vez más numerosos, que manifiestan tendencias nacionalistas, autoritarias y xenófobas hasta el punto de asumir la referencia al fascismo, como en el caso de Matteo Salvini, o a la dictadura militar en el de Bolsonaro. Lo fundamental es comprender que estos gobiernos no se oponen para nada al neoliberalismo como modo de poder. Al contrario, reducen los impuestos a los más ricos, recortan las ayudas sociales y aceleran las desregulaciones, particularmente en materia financiera o ecológica. Estos gobiernos autoritarios, de los que forma parte cada vez más la extrema derecha, asumen en realidad el carácter absolutista e hiperautoritario del neoliberalismo.

Para comprender esta transformación, primero conviene evitar dos errores. El más antiguo consiste en confundir el neoliberalismo con el ultraliberalismo, el libertarismo, el retorno a Adam Smith o el fin del Estado, etc. Como ya nos enseñó hace mucho tiempo Michel Foucault, el neoliberalismo es un modo de gobierno muy activo, que no tiene mucho que ver con el Estado mínimo pasivo del liberalismo clásico. Desde este punto de vista, la novedad no consiste en el grado de intervención del Estado ni en su carácter coercitivo. Lo nuevo es que el antidemocratismo innato del neoliberalismo, manifiesto en algunos de sus grandes teóricos, como Friedrich Hayek, se plasma hoy en un cuestionamiento político cada vez más abierto y radical de los principios y las formas de la democracia liberal.

El segundo error, más reciente, consiste en explicar que nos hallamos ante un nuevo fascismo neoliberal, o bien ante un momento neofascista del neoliberalismo2/. Que sea por lo menos azaroso, si no peligroso políticamente, hablar con Chantal Mouffe de un momento populista para presentar mejor el populismo como un remedio al neoliberalismo, esto está fuera de toda duda. Que haga falta desenmascarar la impostura de un Emmanuel Macron, quien se presenta como el único recurso contra la democracia iliberal de Viktor Orbán y consortes, esto también es cierto. Pero, ¿acaso esto justifica que se mezcle en un mismo fenómeno político el ascenso de las extremas derechas y la deriva autoritaria del neoliberalismo?

La asimilación es a todas luces problemática: ¿cómo identificar si no es mediante una analogía superficial el Estado total tan característico del fascismo y la difusión generalizada del modelo de mercado y de la empresa en el conjunto de la sociedad? En el fondo, si esta asimilación permite arrojar luz, centrándonos en el fenómeno Trump, sobre cierto número de rasgos del nuevo neoliberalismo, al mismo tiempo enmascara su individualidad histórica. La inflación semántica en torno al fascismo tiene sin duda efectos críticos, pero tiende a ahogar los fenómenos a la vez complejos y singulares en generalizaciones poco pertinentes, que a su vez no pueden sino dar lugar a un desarme político.

Para Henry Giroux 3/, por ejemplo, el fascismo neoliberal es una “formación económico-política específica” que mezcla ortodoxia económica, militarismo, desprecio por las instituciones y las leyes, supremacismo blanco, machismo, odio a los intelectuales y amoralismo. Giroux toma prestada del historiador del fascismo Robert Paxton (2009) la idea de que el fascismo se apoya en pasiones movilizadoras que volvemos a encontrar en el fascismo neoliberal: amor al jefe, hipernacionalismo, fantasmas racistas, desprecio por lo débil, lo inferior, lo extranjero, desdén por los derechos y la dignidad de las personas, violencia hacia los adversarios, etc.

Si bien hallamos todos estos ingredientes en el trumpismo y más todavía en el bolsonarismo brasileño, ¿acaso no se nos escapa su especificidad con respecto al fascismo histórico? Paxton admite que “Trump retoma varios motivos típicamente fascistas”, pero ve en él sobre todo los rasgos más comunes de una “dictadura plutocrática” 4/. Porque también existen grandes diferencias con el fascismo: no impone el partido único ni la prohibición de toda oposición y de toda disidencia, no moviliza y encuadra a las masas en organizaciones jerárquicas obligatorias, no establece el corporativismo profesional, no practica liturgias de una religión laica, no preconiza el ideal del ciudadano soldado totalmente consagrado al Estado total, etc. (Gentile, 2004).

A este respecto, todo paralelismo con el final de la década de 1930 en EE UU es engañoso, por mucho que Trump haya hecho suyo el lema de America first, el nombre dado por Charles Lindbergh a la organización fundada en octubre de 1940 para promover una política aislacionista frente al intervencionismo de Roosevelt. Trump no convierte en realidad la ficción escrita por Philip Roth (2005), quien imaginó que Lindbergh triunfaría sobre Roosevelt en las elecciones presidenciales de 1940. Ocurre que Trump no es a Clinton o a Obama lo que fue Lindbergh a Roosevelt y que en este sentido toda analogía es endeble. Si Trump puja cada vez más en la escalada antiestablishment para halagar a su clientela electoral, no trata, sin embargo, de suscitar revueltas antisemitas, contrariamente al Lindbergh de la novela, inspirada directamente en el ejemplo nazi.

Pero, sobre todo, no estamos viviendo un momento polanyiano, como cree Robert Kuttner (2018), caracterizado por la recuperación del control de los mercados por los poderes fascistas ante los estragos causados por el no intervencionismo. En cierto sentido ocurre todo lo contrario, y el caso es bastante más paradójico. Trump pretende ser el campeón de la racionalidad empresarial, incluso en su manera de llevar a cabo su política tanto interior como exterior. Vivimos el momento en que el neoliberalismo segrega desde el interior una forma política original que combina autoritarismo antidemocrático, nacionalismo económico y racionalidad capitalista ampliada.

Una crisis profunda de la democracia liberal

Para comprender la mutación actual del neoliberalismo y evitar confundirla con su fin es preciso tener una concepción dinámica del mismo. Tres o cuatro decenios de neoliberalización han afectado profundamente a la propia sociedad, instalando en todos los aspectos de las relaciones sociales situaciones de rivalidad, de precariedad, de incertidumbre, de empobrecimiento absoluto y relativo. La generalización de la competencia en las economías, así como, indirectamente, en el trabajo asalariado, en las leyes y en las instituciones que enmarcan la actividad económica, ha tenido efectos destructivos en la condición de los personas asalariadas, que se han sentido abandonadas y traicionadas. Las defensas colectivas de la sociedad, a su vez, se han debilitado. Los sindicatos, en particular, han perdido fuerza y legitimidad.

Los colectivos de trabajo se han descompuesto a menudo por efecto de una gestión empresarial muy individualizadora. La participación política ya no tiene sentido ante la ausencia de opciones alternativas muy diferentes. Por cierto, la socialdemocracia, adherida a la racionalidad dominante, está en vías de desaparición en un gran número de países. En suma, el neoliberalismo ha generado lo que Gramsci llamó monstruos mediante un doble proceso de desafiliación de la comunidad política y de adhesión a principios etnoidentitarios y autoritarios, que ponen en tela de juicio el funcionamiento normal de las democracias liberales. Lo trágico del neoliberalismo es que, en nombre de la razón suprema del capital, ha atacado los fundamentos mismos de la vida social, tal como se habían formulado e impuesto en la época moderna a través de la crítica social e intelectual.

Por decirlo de manera un tanto esquemática, la puesta en práctica de los principios más elementales de la democracia liberal comportó rápidamente bastantes más concesiones a las masas que lo que podía aceptar el liberalismo clásico. Este es el sentido de lo que se llamó justicia social o también democracia social, a las que no cesó de vituperar precisamente la cohorte de teóricos neoliberales. Al querer convertir la sociedad en un orden de la competencia que solo conocería hombres económicos o capitales humanos en lucha unos contra otros, socavaron las bases mismas de la vida social y política en las sociedades modernas, especialmente debido a la progresión del resentimiento y de la cólera que semejante mutación no podía dejar de provocar.

¿Cómo extrañarse entonces ante la respuesta de la masa de perdedores al establecimiento de este orden competitivo? Al ver degradarse sus condiciones y desaparecer sus puntos de apoyo y de referencia colectivos, se refugian en la abstención política o en el voto de protesta, que es ante todo un llamamiento a la protección contra las amenazas que pesan sobre su vida y su futuro. En pocas palabras, el neoliberalismo ha engendrado una crisis profunda de la democracia liberal-social, cuya manifestación más evidente es el fuerte ascenso de los regímenes autoritarios y de los partidos de extrema derecha, respaldados por una parte amplia de las clases populares nacionales. Hemos dejado atrás la época de la posguerra fría, en la que todavía se podía creer en la extensión mundial del modelo de democracia de mercado.

Asistimos ahora, y de forma acelerada, a un proceso inverso de salida de la democracia o de desdemocratización, por retomar la justa expresión de Wendy Brown. A los periodistas les gusta mezclar en el vasto marasmo de un populismo antisistema a la extrema derecha y a la izquierda radical. No ven que la canalización y la explotación de esta cólera y de estos resentimientos por la extrema derecha dan a luz un nuevo neoliberalismo, aún más agresivo, aún más militarizado, aún más violento, del que Trump es tanto el estandarte como la caricatura.

El nuevo neoliberalismo

Lo que aquí llamamos nuevo neoliberalismo es una versión original de la racionalidad neoliberal en la medida que ha adoptado abiertamente el paradigma de la guerra contra la población, apoyándose, para legitimarse, en la cólera de esa misma población e invocando incluso una soberanía popular dirigida contra las élites, contra la globalización o contra la Unión Europea, según los casos. En otras palabras, una variante contemporánea del poder neoliberal ha hecho suya la retórica del soberanismo y ha adoptado un estilo populista para reforzar y radicalizar el dominio del capital sobre la sociedad. En el fondo es como si el neoliberalismo aprovechara la crisis de la democracia liberal-social que ha provocado y que no cesa de agravar para imponer mejor la lógica del capital sobre la sociedad.

Esta recuperación de la cólera y de los resentimientos requiere sin duda, para llevarse a cabo efectivamente, el carisma de un líder capaz de encarnar la síntesis, antaño improbable, de un nacionalismo económico, una liberalización de los mecanismos económicos y financieros y una política sistemáticamente proempresarial. Sin embargo, actualmente todas las formas nacionales del neoliberalismo experimentan una transformación de conjunto, de la que el trumpismo nos ofrece la forma casi pura. Esta transformación acentúa uno de los aspectos genéricos del neoliberalismo, su carácter intrínsecamente estratégico. Porque no olvidemos que el neoliberalismo no es conservadurismo. Es un paradigma gubernamental cuyo principio es la guerra contra las estructuras arcaicas y las fuerzas retrógradas que se resisten a la expansión de la racionalidad capitalista y, más ampliamente, la lucha por imponer una lógica normativa a poblaciones que no la quieren.

Para alcanzar sus objetivos, este poder emplea todos los medios que le resultan necesarios, la propaganda de los medios, la legitimación por la ciencia económica, el chantaje y la mentira, el incumplimiento de las promesas, la corrupción sistémica de las élites, etc. Pero una de sus palancas preferidas es el recurso a las vías de la legalidad, léase de la Constitución, de manera que cada vez más resulte irreversible el marco en el que deben moverse todos los actores. Una legalidad que evidentemente es de geometría variable, siempre más favorable a los intereses de las clases ricas que a los de las demás. No hace falta recurrir, al estilo antiguo, a los golpes de Estado militares para poner en práctica los preceptos de la escuela de Chicago si se puede poner un cerrojo al sistema político, como en Brasil, mediante un golpe parlamentario y judicial: este último permitió, por ejemplo, al presidente Temer congelar durante 20 años los gastos sociales (sobre todo a expensas de la sanidad pública y de la universidad). En realidad, el brasileño no es un caso aislado, por mucho que los resortes de la maniobra sean allí más visibles que en otras partes, sobre todo después de la victoria de Bolsonaro como punto de llegada del proceso. El fenómeno, más allá de sus variantes nacionales, es general: es en el interior del marco formal del sistema político representativo donde se establecen dispositivos antidemocráticos de una temible eficacia corrosiva.

Un gobierno de guerra civil

La lógica neoliberal contiene en sí misma una declaración de guerra a todas las fuerzas de resistencia a las reformas en todos los estratos de la sociedad. El lenguaje vigente entre los gobernantes de todos los niveles no engaña: la población entera ha de sentirse movilizada por la guerra económica, y las reformas del derecho laboral y de la protección social se llevan a cabo precisamente para favorecer el enrolamiento universal en esa guerra. Tanto en el plano simbólico como en el institucional se produce un cambio desde el momento en que el principio de competitividad adquiere un carácter casi constitucional. Puesto que estamos en guerra, los principios de la división de poderes, de los derechos humanos y de la soberanía del pueblo ya solo tienen un valor relativo. En otras palabras, la democracia liberal-social tiende progresivamente a vaciarse para pasar a no ser más que la envoltura jurídico-política de un gobierno de guerra. Quienes se oponen a la neoliberalización se sitúan fuera del espacio público legítimo, son malos patriotas, cuando no traidores.

Esta matriz estratégica de las transformaciones económicas y sociales, muy cercana a un modelo naturalizado de guerra civil, se junta con otra tradición, esta más genuinamente militar y policial, que declara la seguridad nacional la prioridad de todos los objetivos gubernamentales. El neoliberalismo y el securitarismo de Estado hicieron buenas migas desde muy temprano. El debilitamiento de las libertades públicas del Estado de derecho y la extensión concomitante de los poderes policiales se han acentuado con la guerra contra la delincuencia y la guerra contra la droga de la década de 1970. Pero fue sobre todo después de que se declarara la guerra mundial contra el terrorismo, inmediatamente después del 11 de septiembre de 2001, cuando se produjo el despliegue de un conjunto de medidas y dispositivos que violan abiertamente las reglas de protección de las libertades en la democracia liberal, llegando incluso a incorporar en la ley la vigilancia masiva de la población, la legalización del encarcelamiento sin juicio o el uso sistemático de la tortura.

Para Bernard E. Harcourt (2018), este modelo de gobierno, que consiste en “hacer la guerra a toda la ciudadanía”, procede en línea directa de las estrategias militares contrainsurgentes puestas a punto por el ejército francés en Indochina y en Argelia, transmitidas a los especialistas estadounidenses de la lucha anticomunista y practicadas por sus aliados, especialmente en América Latina o en el sudeste asiático. Hoy, la “contrarrevolución sin revolución”, como la denomina Harcourt, busca reducir por todos los medios a un enemigo interior y exterior omnipresente, que tiene más bien cara de yihadista, pero que puede adoptar muchas otras caras (estudiantes, ecologistas, campesinos, jóvenes negros en EE UU o jóvenes de los suburbios en Francia, y tal vez, sobre todo en estos momentos, migrantes ilegales, preferentemente musulmanes). Y para llevar a buen término esta guerra contra el enemigo, conviene que el poder, por un lado, militarice a la policía y, por otro, acumule una masa de informaciones sobre toda la población con el fin de conjurar toda rebelión posible. En suma, el terrorismo de Estado se halla de nuevo en plena progresión, incluso cuando la amenaza comunista, que le había servido de justificación durante la Guerra Fría, ha desaparecido.

La imbricación de estas dos dimensiones, la radicalización de la estrategia neoliberal y el paradigma militar de la guerra contrainsurgente, a partir de la misma matriz de guerra civil, constituye actualmente el principal acelerador de la salida de la democracia. Este enlace solo es posible gracias a la habilidad con que cierto número de responsables políticos de la derecha, aunque también de la izquierda, se dedican a canalizar mediante un estilo populista los resentimientos y el odio hacia los enemigos electivos, prometiendo a las masas orden y protección a cambio de su adhesión a la política neoliberal autoritaria.

El neoliberalismo de Macron

Sin embargo, ¿no es exagerado meter todas las formas de neoliberalismo en el mismo saco de un nuevo neoliberalismo? Existen tensiones muy fuertes a escala mundial o europea entre lo que hay que calificar de tipos nacionales diferentes de neoliberalismo. Sin duda no asimilaríamos a Trudeau, Merkel o Macron con Trump, Erdogan, Orbán, Salvini o Bolsonaro. Unos todavía permanecen fieles a una forma de competencia comercial supuestamente leal, cuando Trump ha decidido cambiar las reglas de la competencia, transformando esta última en guerra comercial al servicio de la grandeza de EE UU (“America is Great Again”); unos invocan todavía, de palabra, los derechos humanos, la división de poderes, la tolerancia y la igualdad de derechos de las personas, cuando a los otros todo esto les trae sin cuidado; unos pretenden mostrar una actitud humana ante los migrantes (algunos muy hipócritamente), cuando los otros no tienen escrúpulos a la hora de rechazarlos y repatriarlos. Por tanto, conviene diferenciar el modelo neoliberal.

El macronismo no es trumpismo, aunque solo fuera por las historias y las estructuras políticas nacionales en las que se inscriben. Macron se presentó como el baluarte frente al populismo de extrema derecha de Marine Le Pen, como su aparente antítesis. Aparente, porque Macron y Le Pen, si no son personas idénticas, en realidad son perfectamente complementarias. Uno hace de baluarte cuando la otra acepta ponerse los hábitos del espantajo, lo que permite al primero presentarse como garante de las libertades y de los valores humanos. Si es preciso, como ocurre hoy en los preparativos para las elecciones europeas, Macron se dedica a ensanchar artificialmente la supuesta diferencia entre los partidarios de la democracia liberal y la democracia iliberal del estilo de Orbán, para que la gente crea más fácilmente que la Unión Europea se sitúa como tal en el lado de la democracia liberal.

Sin embargo, tal vez no se haya percibido suficientemente el estilo populista de Macron, quien ha podido parecer una simple mascarada por parte de un puro producto de la élite política y financiera francesa. La denuncia del viejo mundo de los partidos, el rechazo del sistema, la evocación ritual del pueblo de Francia, todo esto era quizá suficientemente superficial, o incluso grotesco, pero no por ello ha dejado de hacer gala del empleo de un método característico, precisamente, del nuevo neoliberalismo, el de la recuperación de la cólera contra el sistema neoliberal. No obstante, el macronismo no tenía el espacio político para tocar esta música durante mucho tiempo. Pronto se reveló como lo que era y lo que hacía.

En línea con los gobiernos franceses precedentes, pero de manera más declarada o menos vergonzante, Macron asocia al nombre de Europa la violencia económica más cruda y más cínica contra la gente asalariada, pensionista, funcionaria y la asistida, así como la violencia policial más sistemática contra las manifestaciones de oponentes, como se vio, en particular, en Notre-Dame-des-Landes y contra las personas migrantes. Todas las manifestaciones sindicales o estudiantiles, incluso las más pacíficas, son reprimidas sistemáticamente por una policía pertrechada hasta los dientes, cuyas nuevas maniobras y técnicas de fuerza están pensadas para aterrorizar a quienes se manifiestan e intimidar al resto de la población.

El caso de Macron está entre los más interesantes para completar el retrato del nuevo neoliberalismo. Llevando más lejos todavía la identificación del Estado con la empresa privada, hasta el punto de pretender hacer de Francia una start-up nation, no cesa de centralizar el poder en sus manos y llega incluso a promover un cambio constitucional que convalidará el debilitamiento del Parlamento en nombre de la eficacia. La diferencia con Sarkozy en este punto salta a la vista: mientras que este último se explayaba en declaraciones provocadoras, al tiempo que afectaba un estilo relajado en el ejercicio de su función, Macron pretende devolver todo su lustre y toda su solemnidad a la función presidencial. De este modo conjuga un despotismo de empresa con la subyugación de las instituciones de la democracia representativa en beneficio exclusivo del poder ejecutivo. Se ha hablado con razón de bonapartismo para caracterizarle, no solo por la manera en cómo tomó el poder acabando con los viejos partidos gubernamentales, sino también a causa de su desprecio manifiesto por todos los contrapoderes. La novedad que ha introducido en esta antigua tradición bonapartista es justamente una verdadera gobernanza de empresa. El macronismo es un bonapartismo empresarial.

El aspecto autoritario y vertical de su modo de gobierno encaja perfectamente en el marco de un nuevo neoliberalismo más violento y agresivo, a imagen y semejanza de la guerra librada contra los enemigos de la seguridad nacional. ¿Acaso una de las medidas más emblemáticas de Macron no ha sido la inclusión en la ley ordinaria, en octubre de 2017, de disposiciones excepcionales del estado de emergencia declarado tras los atentados de noviembre de 2015?

La aplicación de la ley en contra de la democracia

No cabe descartar que se produzca en Occidente un momento polanyiano, es decir, una solución verdaderamente fascista, tanto en el centro como en la periferia, sobre todo si se produce una nueva crisis de la amplitud de la de 2008. El acceso al poder de la extrema derecha en Italia es un toque de advertencia suplementario. Mientras tanto, en este momento que prevalece hasta nueva orden, estamos asistiendo a una exacerbación del neoliberalismo, que conjuga la mayor libertad del capital con ataques cada vez más profundos contra la democracia liberal-social, tanto en el ámbito económico y social como en el terreno judicial y policial. ¿Hay que contentarse con retomar el tópico crítico de que el estado de excepción se ha convertido en regla?

Al argumento de origen schmittiano del estado de excepción permanente, retomado por Giorgio Agamben, que supone una suspensión pura y simple del Estado de derecho, debemos oponer los hechos observables: el nuevo gobierno neoliberal se implanta y cristaliza con la promulgación de medidas de guerra económica y policial. Dado que las crisis sociales, económicas y políticas son permanentes, corresponde a la legislación establecer las reglas válidas de forma permanente que permitan a los gobiernos responder a ellas en todo momento e incluso prevenirlas. De este modo, las crisis y urgencias han permitido el nacimiento de lo que Harcourt denomina un “nuevo estado de legalidad”, que legaliza lo que hasta ahora no eran más que medidas de emergencia o respuestas coyunturales de política económica o social. Más que con un estado de excepción que opone reglas y excepciones, nos las tenemos que ver con una transformación progresiva y harto sutil del Estado de derecho, que ha incorporado a su legislación la situación de doble guerra económica y policial a la que nos han conducido los gobiernos.

A decir verdad, los gobernantes no están totalmente desprovistos para legitimar intelectualmente semejante transformación. La doctrina neoliberal ya había elaborado el principio de esta concepción del Estado de derecho. Así, Hayek subordinaba explícitamente el Estado de derecho a la ley: según él, la ley no designa cualquier norma, sino exclusivamente el tipo de reglas de conducta que son aplicables a todas las personas por igual, incluidos los personajes públicos. Lo que caracteriza propiamente a la ley es, por tanto, la universalidad formal, que excluye toda forma de excepción. Por consiguiente, el verdadero Estado de derecho es el Estado de derecho material (materieller Rechtsstaat), que requiere de la acción del Estado la sumisión a una norma aplicable a todas las personas en virtud de su carácter formal. No basta con que una acción del Estado esté autorizada por la legalidad vigente, al margen de la clase de normas de las que se deriva. En otras palabras, se trata de crear no un sistema de excepción, sino más bien un sistema de normas que prohíba la excepción. Y dado que la guerra económica y policial no tiene fin y reclama cada vez más medidas de coerción, el sistema de leyes que legalizan las medidas de guerra económica y policial ha de extenderse por fuerza más allá de toda limitación.

Por decirlo de otra manera, ya no hay freno al ejercicio del poder neoliberal por medio de la ley, en la misma medida que la ley se ha convertido en el instrumento privilegiado de la lucha del neoliberalismo contra la democracia. El Estado de derecho no está siendo abolido desde fuera, sino destruido desde dentro para hacer de él un arma de guerra contra la población y al servicio de los dominantes. El proyecto de ley de Macron sobre la reforma de las pensiones es, a este respecto, ejemplar: de conformidad con la exigencia de universalidad formal, su principio es que un euro cotizado otorga exactamente el mismo derecho a todos, sea cual sea su condición social. En virtud de este principio está prohibido, por tanto, tener en cuenta la penosidad de las condiciones de trabajo en el cálculo de la cuantía de la pensión. También en esta cuestión salta a la vista la diferencia entre Sarkozy y Macron: mientras que el primero hizo aprobar una ley tras otra sin que les siguieran sendos decretos de aplicación, el segundo se preocupa mucho de la aplicación de las leyes.

Ahí se sitúa la diferencia entre reformar y transformar, tan cara a Macron: la transformación neoliberal de la sociedad requiere la continuidad de la aplicación en el tiempo y no puede contentarse con los efectos del anuncio sin más. Además, este modo de proceder comporta una ventaja inapreciable: una vez aprobada una ley, los gobiernos pueden esquivar su parte de responsabilidad so pretexto de que se limitan a aplicar la ley. En el fondo, el nuevo neoliberalismo es la continuación de lo antiguo en clave peor. El marco normativo global que inserta a individuos e instituciones dentro de una lógica de guerra implacable se refuerza cada vez más y acaba progresivamente con la capacidad de resistencia, desactivando lo colectivo. Esta naturaleza antidemocrática del sistema neoliberal explica en gran parte la espiral sin fin de la crisis y la aceleración ante nuestros ojos del proceso de desdemocratización, por el cual la democracia se vacía de su sustancia sin que se suprima formalmente.

 

Por Pierre Dardot es, filósofo y Christian Laval es sociólogo. Ambos son coautores, entre otras obras, de La nueva razón del mundo y Común

Traducción: viento sur

Referencias

Gentile, Emilio (2004) Fascismo: historia e interpretación. Madrid: Alianza.

Harcourt, Bernard E. (2018) The Counterrevolution, How Our Government Went to War against its Own Citizens. Nueva York: Basic Books.

Kuttner, Robert (2018) Can democracy survive Global Capitalism? Nueva York/Londres: WW. Norton & Company.

Paxton, Robert O. (2009) Anatomía del fascismo. Madrid: Capitán Swing.

Roth, Philip (2005) La conjura contra América. Barcelona: Mondadori.

Notas:

1/ Prefacio a la traducción en inglés, publicada por la editorial Verso, de La pesadilla que no acaba nunca (Gedisa, 2017), obra publicada originalmente por La Découverte, París, en 2016.

2/ Éric Fassin, “Le moment néofasciste du néolibéralisme”, Mediapart, 29 de junio de 2018, https://blogs.mediapart.fr/eric-fassin/blog/290618/le-moment-neofasciste-du-neoliberalisme .

3/ Henry Giroux, Neoliberal Fascism and the Echoes of History, https://www.truthdig.com/articles/neoliberal-fascism-and-the-echoes-of-history/ , 08/09/2018.

4/ Robert O. Paxton, “Le régime de Trump est une ploutocratie”, Le Monde, 6 de marzo de 2017.

Fuente: https://vientosur.info/spip.php?article14984

Publicado enPolítica
Lunes, 22 Julio 2019 05:38

¿Heil Trump?

¿Heil Trump?

Después de la semana pasada, es imposible no preguntar si el presidente de Estados Unidos es un fascista. Lo único que lo salva, tal vez, de ganarse esa etiqueta es que el autoproclamado genio muy estable no tiene la capacidad o disciplina intelectual como para formular una ideología, ni un plan estratégico para implementarla, comparable al de las figuras históricas más reconocidas que por lo menos sabían a qué se refería ese termino: Hitler, Mussolini, Franco, y sus herederos en tiempos más recientes. Por lo tanto, algunos sugieren que quizá se le podría llamar proto-fascista o un “fascista wannabe”.

 

En los últimos días, el jefe del régimen estadunidense acusó, al atacar a cuatro representantes federales progresistas y feroces críticas de su gobierno, que si no están de acuerdo con él y su visión de este país, odian a Estados Unidos, deberían de regresarse de donde vinieron (aún si son ciudadanas), y afirmó que nadie debería criticar a Estados Unidos bajo su mandato: no puedes hablar así de nuestro país, no mientras sea presidente.

 

Esta misma semana, frente a un mitin de campaña de relección en Carolina del Norte, sus fanáticos corearon que las regresen, que las regresen cuando mencionó el nombre de las legisladoras (tres de ellas nacidas aquí, otra llegó de niña como refugiada, ninguna blanca). Con todo esto no sólo resucitó la disputa histórica sobre quién es, o no, estadunidense y quién lo decide, sino también continuó convocando a las fuerzas supremacistas nacionales y/o fascistas siempre presentes en este país.

 

Ante todo esto, algunos expertos y comentaristas, junto con víctimas de regímenes fascistas de otros países y tiempos, están haciendo sonar las alarmas.

 

Jason Stanley, profesor de filosofía en la Universidad de Yale, autor del libro Cómo funciona el fascismo e hijo de sobrevivientes de la persecución nazi en Alemania, comentó en reacción al mitin de Trump cuando se coreó que las regresen, que “estamos enfrentando una emergencia… ésta es la cara del mal, conozco al fascismo cuando lo veo”. Explicó que todo esto forma parte de esa ideología que vincula ciudadanía a una esencia étnica o nacional mítica, y demanda una lealtad incuestionable a su líder y sus símbolos. Se llama fascismo.

 

El presidente de la ONG nacional de defensa del consumidor Public Citizen, Robert Weissman, circuló una carta alertando de que Trump está fomentando un movimiento fascista en este país.

 

Un experto en políticas migratorias señala que el uso del sufrimiento impuesto contra inocentes como la deshumanización sistemática burocratizada contra inmigrantes en Estados Unidos es comparable a tácticas de los nazis contra judíos y otras minorías en Europa.

 

Hasta la mandataria alemana Angela Merkel –líder de un país que sabe algo de esto– condenó los ataques racistas de Trump y expresó su solidaridad con las diputadas estadunidenses. Vale recordar que en 2017, la revista nacional alemana Stern puso en su portada a un Trump envuelto en la bandera estadunidense haciendo un saludo nazi (https://bit.ly/30IwaDO).

 

La lista de medidas, maniobras y tácticas que nutren el argumento de que el señor es un proto-fascista incluyen: la demonización de migrantes como invasores y colocar sus niños en jaulas, establecer campos de concentración para familias migrantes, el constante autoelogio del líder, su obsesión con desfiles militares (a pesar de que evadió su servicio militar), su cariño por otros líderes con tendencias autoritarias, sus medias bromas de que debería de ser presidente vitalicio, su constante ataque contra las medios de comunicación como enemigos del pueblo, sus amenazas de encarcelar a opositores, su acusación (reiterada en los días recientes) de que sus críticos liberales buscan la destrucción de Estados Unidos, y, resucitando ese viejo espectro: renovamos nuestra decisión de que Estados Unidos jamás será un país socialista, repitió otra vez la semana pasada en el mitin.

 

“Esto ya se trata de defender la idea de que Estados Unidos debería ser un país para todo su pueblo… Lo que harán ahora los estadunidenses frente a esto nos definirá para siempre”, advirtió Adam Serwer del The Atlantic.

 

Pero la respuesta de otros pueblos y gobiernos ante esto también definirá quiénes somos todos ante esta amenaza a escala mundial.

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Irán anuncia la detención de 17 supuestos “espías” de la CIA

Un responsable del contraespionaje asegura que algunos de ellos han sido condenados a muerte

 

 

Irán ha anunciado este lunes la detención 17 ciudadanos iraníes y la condena a muerte de varios de ellos, como resultado del desmantelamiento de una célula de supuestos espías al servicio de la CIA de la que ya informó el pasado junio. No es la primera vez que Teherán asegura haber desarticulado una red de espionaje, pero la coincidencia con las actuales tensiones con Estados Unidos hace temer que se trate de un mensaje contra aquellos que disienten de la línea oficial.

“Los espías identificados trabajaban en centros sensibles y vitales del sector privado [que se ocupan] vinculadas con la economía, las [investigaciones] nucleares, las infraestructuras, el campo militar o la cibernética… donde recogían información reservada”, afirma un comunicado del Ministerio de Inteligencia citado por PressTV, pero del que también se han hecho eco otros medios iraníes (todos bajo control estatal).

Un responsable del contra espionaje iraní, cuyo nombre no se ha facilitado, ha explicado a los periodistas que las 17 detenciones se llevaron a cabo a lo largo del año pasado (del calendario iraní, que concluyó el 21 de marzo) y que varios de ellos han sido condenados a muerte. Otros, que cooperaron con los servicios secretos iraníes para conseguir información sobre EE. UU., han recibido largas penas de cárcel. La investigación sigue abierta.

El funcionario ha declarado que los implicados fueron entrenados por agentes estadounidenses. No obstante, ha asegurado que entre ellos no había ningún funcionario, sino que se trataba de expertos y técnicos que trabajaban en “lugares sensibles”, entre ellos sitios nucleares y militares, pero no lograron llevar a cabo ningún sabotaje. Según la fuente, las operaciones de espionaje de EE. UU. dentro de Irán se han incrementado bajo la presidencia de Donald Trump.

Poco después de su intervención, los medios iraníes han empezado a difundir imágenes de supuestos “agentes de la CIA” que habrían estado en contacto con los 17 detenidos. De ser genuinas, estarían revelando la identidad de agentes encubiertos, algo que no sólo sería un golpe para Estados Unidos, sino que podría poner en peligro sus vidas.

El anuncio se produce en medio de las crecientes tensiones entre Washington y Teherán y al tiempo que crece la crisis de los petroleros, tras la captura el pasado 4 de julio de un carguero de crudo en Gibraltar por las autoridades del Peñón y la respuesta del Gobierno iraní apresando un buque cisterna británico en el estrecho de Ormuz.

Por Ángeles Espinosa

Dubái 22 JUL 2019 - 03:54 COT

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Vladimir Putin escucha a personas afectadas por las inundaciones en Tulún, Rusia.Foto Ap

No cualquiera en cualquier lugar se atreve a definir la estratégica arquitectura global como Andrey Kortunov, director general del think tank Consejo Ruso de Asuntos Internacionales (RIAC, por sus siglas en inglés) –creado por decreto presidencial y fundado por varios ministerios relevantes (https://bit.ly/2Y3mLFl)– en una entrevista al portal oficioso chino Global Times durante el Octavo Foro de la Paz Mundial celebrado en Pekín (https://bit.ly/2Gm4CfY).

 

Prefiero iniciar por su conclusión cuando aborda que la arquitectura estratégica global de la tríada China/Rusia/EU” es crucial para el mundo.

 

A la pregunta de cómo las relaciones de China/EU/Rusia afectan el orden (sic) mundial, Andrey Kortunov –quien mantiene una estrecha interlocución con el Kremlin– responde categóricamente que tal tríada define las reglas del juego (sic) ya que si Rusia y EU no desean desarmarse, nadie estará dispuesto a desarmarse, así como si China y EU no pueden ponerse de acuerdo en el libre comercio, ¿quién lo haría entonces?.

 

Su diagnóstico del mundo, muy similar al del zar Vlady Putin en su histórica entrevista al Financial Times sobre la fragmentación global (https://bit.ly/2L0vAO6), es un tanto lúgubre: el mundo unido (sic) que conocemos hoy podría bien fracturarse en varios bloques competitivos. Esto no es un muy brillante prospecto para cualquiera. Si se gesta una guerra tecnológica entre Pekín y Washington, otros (sic) países no podrán sentarse sobre el muro y tendrán que elegir su lado en esta guerra.

 

A mi juicio, es muy clara su alusión de que Rusia se inclinará más del lado chino desde el 5G de Huawei hasta la magnificente Inteligencia Artificial (IA) que hoy encabeza China, mientras que –desde Baby Bush pasando por Obama hasta Trump– la hostilidad de EU ha ido in crescendo imponiendo sanciones a diestra y siniestra contra Rusia a quien Washington orilló torpemente a los brazos más fraternales de Pekín.

 

El concepto de la estratégica arquitectura global, como sustento para un nuevo orden tripolar –un G3 de EU/Rusia/China–, se basa en la archisabida estabilidad estratégica (https://bit.ly/2FNcqqT) de las tres superpotencias planetarias: Rusia y EU en materia nuclear, y EU y China en el rubro geoeconómico, con sus respectivos traslapes, cuando Washington ha sido relegada a un segundo lugar en ambos segmentos geoestratégicos.

 

La filosofía del nuevo orden tripolar, a juicio de Andrey Kortunov, se basa en el supuesto de que entienden sus responsabilidades y que operarán compromisos entre ellos, pero que también tendrán que tomar en cuenta los intereses de los pequeños países, ya que, de lo contrario, el mundo no sería un lugar seguro y sustentable.

 

El influyente estratega estadunidense doctor Michael Ivanovitch coincide en la estructura del G-3 (https://cnb.cx/2xDZpeO), planteada por el pensador ruso Andrey Kortunov.

 

Andrey Kortunov no oculta los desafíos y oportunidades fundamentales en la cooperación de China y Rusia, lo cual no obsta para su compromiso en el largo plazo y su visión futura como la “manera de reconciliar la ruta de la seda de China con la Unión Económica Euroasiática, o como manejar las crisis internacionales que puedan afectar a ambos”.

 

Comenta que es probable que EU abandone Afganistán, ante lo cual rusos y chinos deberán colaborar para prevenir la expansión del fundamentalismo islámico a sus territorios (sic) o a sus países vecinos. ¿No fue fundado el Grupo de Shanghái (https://bit.ly/2O8yVNA) para ese propósito?

 

Andrey Kortunov enfatiza que las relaciones de Moscú y Pekín deben ir más allá de la seguridad, para cooperar en las “áreas de desarrollo y hightech”; desde el software operativo para los teléfonos inteligentes hasta la IA.

 

Devela que el zar Vlady Putin realizó dos propuestas específicas a Trump: fortalecer el control estratégico de armas y apaciguar los contenciosos de Siria/Irán/NorCorea.

 

Resaltó que Trump es demasiado “inteligente” para no entrampar a EU en otra guerra sangrienta y despilfarradora por que ante todo piensa en su relección.

 

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El presidente Trump redefine el concepto de “Casa Blanca”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le ha dado un nuevo significado a la “Casa Blanca”. Desde su sillón ubicado en el número 1600 de la avenida Pennsylvania, en Washington, D.C. lanza epítetos racistas por Twitter mientras da órdenes a los agentes armados de que aterroricen a los inmigrantes en la frontera y en las comunidades de todo el país.

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, lo sintetizó de una manera muy clara en sus comentarios de la semana pasada sobre los intentos de Trump de incluir una pregunta sobre ciudadanía en el próximo censo nacional, incluso luego de que la medida fuera rechazada por la Corte Suprema. Parafraseando el slogan de campaña de Trump, Pelosi lo acusó de intentar “hacer que Estados Unidos sea blanco otra vez”.

Es un hecho conocido que Trump es un voraz consumidor de la cadena de noticias Fox. El domingo por la mañana, apenas 20 minutos después de que el programa “Fox & Friends” emitiera un segmento en el que se atacaba a las congresistas Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley y Rashida Tlaib, Trump tuiteó:

“Qué interesante ver a las congresistas demócratas ‘progresistas’, que provienen de países cuyos gobiernos son una completa y total catástrofe… diciéndole a Estados Unidos a los gritos y de forma agresiva… cómo se debería ejercer nuestro gobierno. ¿Por qué no vuelven y ayudan a arreglar esos lugares completamente quebrados y plagados de crimen de donde provienen?”.

¿Volver al lugar de donde vinieron? Tres de las congresistas a las que atacó nacieron en Estados Unidos: Ocasio-Cortez, oriunda del Bronx, es la mujer más joven en ser electa para el Congreso; Pressley, nacida en Cincinnati, es la primera congresista afroestadounidense en representar el estado de Massachusetts. Tlaib, de Detroit, es palestino-estadounidense; junto con Ilhan Omar, son las primeras mujeres musulmanas en ocupar escaños del Congreso.

Omar también es la primera congresista en usar hiyab. Nacida en Somalia, llegó a Estados Unidos cuando era niña como refugiada política. Como indica un video que se volvió viral, Omar es ciudadana estadounidense desde hace más tiempo que la tercera esposa de Trump, la primera dama Melania Trump, nativa de Eslovenia.

Los tuits racistas de Trump unieron al fracturado Partido Demócrata y activaron rápidamente una demostración de apoyo hacia las cuatro flamantes congresistas, ahora llamadas colectivamente “el escuadrón”.

Para el martes, se estaba debatiendo en la Cámara de Representantes la resolución número 489, caratulada “En condena a los comentarios racistas del presidente Trump dirigidos a miembros del Congreso”. Los republicanos lograron obstruir temporalmente el debate al invocar un ítem poco claro presente en las reglas del Congreso que dice: “Las referencias a la discriminación racial o de otro tipo por parte del presidente no corresponden”. El libro de normas original que prohibía el uso de la palabra “racista” estaba escrito por Thomas Jefferson, que fue él mismo dueño de esclavos, pero la ironía del hecho no fue percibida por los republicanos. La resolución finalmente fue aprobada, con cuatro republicanos que se sumaron a la mayoría demócrata. Si bien fue la primera reprimenda formal de la Cámara de Representantes hacia un presidente en ejercicio en más de un siglo, Pelosi bloqueó una moción más seria que procuraba censurar a Trump.

Trump redobló sus ataques verbales contra las cuatro congresistas al acusarlas de socialistas y comunistas. El uso de ataques típicos de la era del macartismo por parte de Trump no debería sorprender a nadie, ya que su primer mentor fue Roy Cohn, quien se desempeñó como el principal abogado del senador Joseph McCarthy en la década de 1950, época en la que destruyó miles de vidas con su política de persecución anticomunista.

El presidente Trump viajó el miércoles a Carolina del Norte para participar de un acto de campaña. Una vez más, apuntó contra sus víctimas favoritas: mujeres y personas de color, revelando lo que probablemente sea una de sus estrategias de campaña, la de usar retórica racista para encender a su base electoral blanca. En medio de su larga diatriba dirigida contra Ilhan Omar, la multitud comenzó a corear: “¡Envíenla de regreso! ¡Envíenla de regreso!”.

En su libro “Historia negra de la Casa Blanca”, el profesor de la American University Clarence Lusane narra la historia de la mansión presidencial, desde los tiempos de su construcción, realizada con trabajo forzado de esclavos negros, hasta la primera familia presidencial afroestadounidense, los Obama.

Lusane escribió: “Para muchos afroestadounidenses, el ‘blanco’ de la Casa Blanca ha implicado mucho más que el color de la mansión; ha simbolizado la tonalidad y la fuente de la crueldad deshumanizadora, la dominación y la exclusión que han definido la larga narrativa de las relaciones de los blancos con las personas de color en Estados Unidos”.

El lunes, las cuatro congresistas que tan claramente amenazan a Trump dieron una conferencia de prensa, donde denunciaron el racismo que experimentan ellas y la gente de color en general, señalaron las políticas del presidente sobre la detención de inmigrantes, la separación familiar y las amenazantes redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Sin mencionar a Trump por su nombre, la integrante del congreso Ayanna Pressley dejó en claro de quién es este país:

“A pesar de los intentos del ocupante de la Casa Blanca de marginarnos y silenciarnos, sepan que somos más de cuatro personas. Seguimos el mandato de defender y representar a aquellos ignorados, excluidos y abandonados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona que se comprometa a construir un mundo más equitativo y justo. Ese es el trabajo al que queremos volver. Dado el tamaño de este escuadrón y de esta gran nación, nadie nos podrá silenciar”.

Traducción al español del texto en inglés: Inés Coira. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español,

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El capitalismo a la conquista del espacio

En pleno 50º aniversario de la llegada del Apolo 11 a la Luna, los motivos por los que no se ha vuelto a alunizar medio siglo después parecen dejarse de lado y el presidente de EEUU Donald Trump se ha marcado el objetivo de volver hacerlo en 2024: pretende liderar la nueva economía espacial.

 

En una reciente entrevista para la cadena CBS, el propio Administrador de la NASA Jim Bridenstine, exponía que los motivos para no haber vuelto a alunizar desde 1972 son más motivos políticos y económicos que técnicos. Algo que para Trump no parece representar ningún obstáculo ahora, dado que antes de que termine el segundo de sus mandatos –si revalida presidencia- está convencido de que verá ondear la bandera de EEUU en la superficie lunar.

El horizonte se sitúa en el año 2024, adelantándose cuatro años respecto a lo inicialmente planificado. Surge así la misión Artemisa –hermana gemela del dios Apolo-, que presenta algunas diferencias respecto a la del Apolo 11. Bridenstine ya ha avanzado que la misión que regrese a la Luna lo hará “de una manera sostenible, es decir, para quedarnos”. La Luna serviría de prueba piloto para aprender a vivir en el satélite antes de dar el salto a Marte. En realidad, se trata de un banco de pruebas para llegar al Planeta Rojo. Otra de las grandes novedades es que, según afirmó el responsable de la NASA, la primera persona que vuelva a plantar su huella en la superficie lunar será una mujer.

Sin embargo, hoy por hoy Artemisa es una misión muy incipiente, dado que ni siquiera se ha diseñado el aterrizaje lunar ni se han realizado prácticamente pruebas de vuelo, ni del cohete ni de la cápsula lunar. De hecho, se está construyendo y probando ahora la nave, en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA). Aunque los primeros viajes serán no tripulados, la aeronave bautizada como Orion tendrá capacidad para cuatro personas aguantando hasta 21 días sin necesidad de reaprovisionarse de víveres.

Nueva carrera espacial

En el seno del Congreso estadounidense se ve con escepticismo esta aceleración de los plazos. Es el caso de la congresista por Texas Eddie Bernice Johnson, que preside el Comité de Ciencia Espacio y Tecnología. El pasado mes de abril negó la “carrera espacial” con la que el vicepresidente Michael Pence justifica la meta de 2024. Johnson señala que “ganamos esa carrera hace medio siglo, como deja en claro la conmemoración de este año del Apolo 11”, al tiempo que critica la “retórica anticuada de la Guerra Fría” que emplean Trump y los suyos.

La congresista llegó a afirmar que “sería el colmo de la irresponsabilidad llevar astronautas a la Luna dentro de cinco años sin saber cuánto costará, cuál será el alcance de ese programa y cómo impactará en los otros que desarrolla la NASA”. En este sentido, Johnson ha reclamado que se detalle por anticipado y año a año el coste de la nueva misión a la Luna. Sólo para el primer año de Artemisa, se anunció una modificación presupuestaria de 1.600 millones de dólares, lo que llevó a Johnson a volver a cuestionar la misión hace un par de meses.

Este mismo año, la NASA ha adjudicado contratos por valor de 253,5 millones dólares a las empresas Astrobotic, Intuitive Machines y Orbit Beyond con el fin de que desarrollen módulos robóticos de aterrizaje que se harán cargo de la logística a la superficie de lunar de la ciencia y la tecnología dentro del marco de Artemisa, con el primer desembarque previsto para 2020.

La carrera espacial que se dio en la década de los 60 con la Unión Soviética no se da del mismo modo en la actualidad. Entonces, Kennedy forzó la máquina para demostrar el poderío tecnológico y económico de EEUU –la misión de Apolo 11 acaparó el 4% de todo el presupuesto federal-; hoy, se han sumado a la carrera otros actores, como China o India. Tanto es así, que esta misma semana y apenas una hora antes de su lanzamiento, India suspendía Chandrayaan-2, su segunda misión a la Luna que esperaba explorar el Polo Sur del satélite.

La nueva economía espacial

Desde el punto de vista científico, la NASA lleva años convencida de que los polos de la Luna contienen millones de toneladas de agua helada, lo que a sus ojos representa energía y una vía para establecerse en el satélite aprovechando sus recursos humanos. Tanto es así que Artemisa alunizará donde nunca antes se ha hecho: en el Polo Sur de la Luna.

Los expertos de la agencia confían que una permanencia sostenida, no sólo de robots, sino también de seres humanos contribuirá a ampliar los conocimientos de nuestro propio planeta y del Sol, probando estructuras de cara a la conquista de Marte.

Por otro lado, desde el punto de vista más económico, la NASA sostiene que “la próxima revolución ocurrirá en el espacio”, con una “una economía espacial basada en la minería, el turismo y la investigación científica que potenciará y capacitará a las generaciones futuras”. De esta manera, si 2024 es la fecha para devolver al ser humano a la Luna, 2028 se espera que éste se establezca allí, “para culminar nuevos descubrimientos científicos, demostrar nuevos avances tecnológicos y sentar las bases para que las empresas privadas construyan una economía lunar”, según la propia NASA.

En junio de 2015, el Congreso de EEUU aprobó la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015, en virtud de la cual se abría la puerta a que las empresas privadas pudieran, no sólo explorar, sino también explotar los recursos espaciales. Una de estas compañías es Moon Express, que considera a la Luna como el octavo continente de la Tierra.

El 20 de julio de 2016, Moon Express se convirtió en la primera compañía en recibir la aprobación del gobierno de EEUU para enviar una nave espacial robótica más allá de la órbita terrestre tradicional y hacia la Luna y ya ultima sus primeras misiones robóticas con las que espera “introducir un nuevo paradigma comercial para las misiones gubernamentales, democratizar la investigación y abrir el camino al transporte y la exploración comercial espacial más allá de la órbita de la Tierra”.

Dominio internacional

Desde la óptica del Derecho Internacional, no es posible colonizar el espacio. En diciembre de 1966 se aprobó el Tratado del Espacio Exterior, un documento visionario, suscrito por más de un centenar de países, con el que se intentaba regular la carrera espacial. Su Artículo II establece que “el espacio exterior, incluidos la Luna y otros cuerpos celestes, será libre de exploración y uso por todos los Estados sin discriminación de ningún tipo, sobre la base de la igualdad y, en general, de acuerdo con el derecho internacional, y habrá acceso gratuito a todas las áreas de los cuerpos celestes”.

En virtud de este Tratado, algunos expertos consideran que la Space Resource Exploration and Utilization Act of 2015 no se ajustaría a derecho. Sin embargo, esta postura no cuenta con el respaldo del consenso internacional; de hecho, once años antes (2004) de la polémica ley promovida por Trump, el Instituto Internacional de Derecho Espacial (IISL, por sus siglas en inglés) emitió una declaración que daba vía libre a la iniciativa privada, apoyándose para ello en el artículo VI del mismo Tratado del Espacio Exterior, que determina que "las entidades gubernamentales, incluidos los particulares, las empresas y las organizaciones, tienen derecho a realizar actividades en el espacio de conformidad con el derecho internacional del espacio, y están sujetas a la autorización y la supervisión continua del Estado Parte correspondiente".

En cierto modo, sería como la pesca en aguas internacionales, pero trasladada a los recursos naturales intergalácticos (minerales, agua, etc.). Sin embargo y dada la inseguridad que se desprenden de las lagunas legales existentes, en 2014, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Gobernanza de los Recursos Espaciales de La Haya (Hague Space Resources Governance Working Group), compuesto por líderes industriales, científicos, diplomáticos, políticos y expertos legales de todo el mundo. El objetivo de aquel foro fue discutir y proponer soluciones para resolver el vacío legal para el uso de los recursos espaciales, sentar al menos un marco legal regulatorio. Asimismo, la ONU cuenta con un capítulo especial en su organización para abordar asuntos relacionados con el espacio exterior, desde el uso de sus recursos, al despliegue de determinadas actividades o a la utilización de energía nuclear, entre muchos otros tratados.

El último dictamen del IISL, fechado en 2017, es tajante al afirmar que “teniendo en cuenta el equilibrio de los derechos y las prohibiciones del Tratado del Espacio Exterior, el uso de los recursos espaciales no está explícitamente prohibido siempre que se cumplan las demás obligaciones del tratado”. Entre las condiciones aparejadas a esta explotación de los recursos espaciales se encuentran, por ejemplo, que sea “para beneficio e interés de todos los países”, “sin discriminación de ningún tipo”, “de conformidad con el derecho internacional” o “guiado por el principio de cooperación y cooperación mutua”. El objetivo final, desde la óptica de IISL, es garantizar que las actividades espaciales, incluida la explotación, sirvan a toda la humanidad.

Los nuevos viajeros espaciales

Otro de los mercados emergentes que van ligados a esta nueva carrera espacial es la de los viajes comerciales espaciales. Durante el último mandato de Obama (2015), el Senado aprobó el proyecto de ley HR 2262 (Commercial Space Launch Competitiveness Act), conocida como la Ley Espacial de EEUU.

Empresas como SpaceX, Blue Origin o Virgin Galactic son tres de las grandes beneficiadas; detrás de ellas, tres magnates como son el propietario de Tesla Elon Musk; el multimillonario y fundador de Amazon Jeff Bezos, y el británico Richard Branson, fundador de Virgin.

Desde el punto de vista legal, hace descansar la responsabilidad de los vuelos espaciales privados en quienes los realizan, sin que exista una regulación estatal que salvaguarde a estas personas. En realidad, es una moratoria al periodo anterior que se había concedido previamente, que expiraba en 2012. Con la HR 2262, el llamado ‘periodo de aprendizaje’ exento de la estricta normativa de la FAA (Federal Aviation Administration) se amplía hasta el 30 de septiembre de 2023.

En ese periodo, la FAA tiene escaso margen, más allá de emitir las correspondientes licencias para los lanzamientos, así como para las aeronaves que vuelvan a la Tierra. Más allá de eso, las autoridades no pueden determinar el modo en que se han de construir las aeronaves; ni siquiera exigir medidas de seguridad específicas como sucede con la aviación comercial, de manera que los pasajeros espaciales han de firmar previamente un consentimiento dando fe del conocimiento que tienen del riesgo de muerte que afrontan en un viaje cuyos billetes rondan los 250.000 dólares. De hecho, el vehículo suborbital SpaceShipTwo de Virgin Galactic sufrió un accidente en 2016 que se cobró la vida del piloto.

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El secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, participa en Buenos Aires de la Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo. AP

Argentina, Brasil, Paraguay y Estados Unidos han creado un grupo de coordinación antiterrorista para vigilar la Triple Frontera entre los tres países latinoamericanos, una zona turbulenta donde, según diversos servicios de espionaje, la organización libanesa Hezbolá recauda fondos para sus actividades en el continente. El anuncio coincide con la visita a Buenos Aires de Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, y con la crisis entre Washington y Teherán. Hezbolá, que acaba ser incluido en la lista de organizaciones terroristas por el gobierno argentino, está directamente vinculado al régimen iraní.

 

Pompeo viajó a Buenos Aires para participar en la conmemoración de los 25 años del atentado contra la sede de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), en el que murieron 85 personas. Tanto Estados Unidos como Argentina acusan a Hezbolá de haber cometido el ataque, impune hasta la fecha, y consideran que el responsable directo de la matanza fue el ciudadano libanés Salman Raouf Salman, también conocido como Samuel Salman El Reda, miembro de Hezbolá y casado con una ciudadana argentina. El Departamento del Tesoro estadounidense ha anunciado que recompensará con siete millones de dólares a quien facilite información sobre el paradero de Salman, quien supuestamente se encuentra en Líbano.

Los gobiernos de Washington y Buenos Aires, ambos conservadores, parecen vivir un idilio intenso. John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, elogió a Mauricio Macri por haber incluido a Hezbolá en la lista de organizaciones terroristas, lo que permitirá bloquear cuentas corrientes vinculadas a la organización. Mike Pompeo, en Buenos Aires, afirmó que Hezbolá mantenía “una presencia fuerte y amenazante” en el cono sur latinoamericano y llamó a “todos los países a seguir el ejemplo argentino”. “Entramos en una nueva era en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y los países latinoamericanos”, dijo. El grupo de cooperación antiterrorista en la Triple Frontera se reunirá antes de fin de año en Asunción (Paraguay) para establecer su estructura de funcionamiento.

El ministro de Asuntos Exteriores argentino, Jorge Faurie, indicó que Hezbolá mantenía vínculos con la guerrilla colombiana y con los restos de Sendero Luminoso en Perú, y constituía “un peligro para la región entera”.

Todo hace pensar que la buena relación personal entre los presidentes Donald Trump y Mauricio Macri ha propiciado un intercambio de favores. El canciller Faurie agradeció en presencia de Pompeo “el apoyo de Estados Unidos durante nuestras dificultades financieras”. Estados Unidos es el principal accionista del Fondo Monetario Internacional, que en septiembre pasado prestó 57.000 millones de dólares a Argentina (la mayor ayuda proporcionada nunca por el organismo) y desde entonces ha atendido todos los ruegos procedentes de Buenos Aires, en especial los referidos al uso de parte de los fondos concedidos para frenar la devaluación del peso respecto al dólar.

Mientras la Casa Blanca respalda a Macri, que necesita un mínimo de estabilidad macroeconómica para tratar de ser reelegido en las elecciones presidenciales de octubre, éste se alinea firmemente con la Casa Blanca en todas las cuestiones diplomáticas, incluyendo las iniciativas antiterroristas. Tradicionalmente, la proximidad a Washington no solía reportar buenos resultados electorales para los gobiernos argentinos; tal vez, como proclamó Mike Pompeo, “los tiempos están cambiando”.

La cercanía entre ambos gobiernos ha hecho que la Casa Blanca autorice la publicación de los datos de la CIA sobre el atentado contra la AMIA, lo que es considerado en Buenos Aires como una muestra de confianza. Según la CIA, no existen dudas acerca de la autoría de Hezbolá, “con el apoyo de Irán”. La CIA considera que personal diplomático iraní trabajó estrechamente con los tres grupos de Hezbolá (el de información, el de ejecución y el encargado de borrar pistas) que organizaron y cometieron el atentado de 1994.

El diario argentino Infobae informó de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había telefoneado al presidente Mauricio Macri para agradecerle la inclusión de Hezbolá en el listado de organizaciones terroristas.

Buenos Aires 19 JUL 2019 - 18:02 COT

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La deconstrucción del mito Moro justiciero

 Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial. El goteo de filtraciones continúa.

 

Al menos dos brasileños – el ex juez y actual ministro de Justicia Sergio Moro, y el fiscal Deltan Dallagnol - difícilmente olvidarán la fecha 9 de junio. En aquel domingo la publicación digital The Intercept Brasil, creada por el periodista norteamericano Glenn Greenwald, reveló mensajes intercambiados, por la aplicación Telegram, entre Moro y Dallagnol, coordinador de la acusación en la llamada "Operación Lavado Rápido" (lava jato). El principal blanco de la pluma de Moro es el expresidente Lula da Silva, preso desde el siete de abril del año pasado.

Se considera en Brasil que la principal razón de la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro a la presidencia es que a Lula, favorito absoluto, no se le permitió participar. Las primeras revelaciones de The Intercept abrieron dudas entre juristas sobre la actuación de Moro junto a Dallagnol: quedaba claramente insinuada una especie de alianza tácita entre juzgador y acusador, lo que viola las reglas y normas de la Justicia brasileña. En un primer momento los dos dijeron no haber ninguna irregularidad en el cambio de mensajes.

Pero a lo largo de las semanas siguientes The Intercept pasó a gotear – generalmente en los domingos y jueves – nuevas revelaciones cada vez más comprometedoras. Además de su página en internet, la publicación digital pasó a compartir el material obtenido de forma no revelada con una radio, la Bandeirantes, con el diario Folha de Sao Paulo y la revista semanal Veja, la de mayor tirada en Brasil. Ninguno de los tres medios puede ser considerado como favorable a Lula, y fueron grandes defensores de la "Lavado Rápido", contribuyendo para transformar a Moro en una celebridad nacional y ayudando a construir la imagen de un paladín de la justicia y combatiente sin pausa de la corrupción.

La segunda reacción, tanto de Moro como de Dallagnol, fue acusar Greenwald y The Intercept de haber recibido material confidencial de un hacker. El periodista norteamericano, que se hizo célebre por divulgar los archivos de Edward Snowden de material secreto de agencias norteamericanas de inteligencia – trabajo que le valió el más importante premio de la profesión, el Pulitzer – se niega a revelar su fuente. Moro y Dallagnol no mencionan la hipótesis de que los mensajes, tanto escritos como registrados en audio, hayan sido filtrados a Greenwald por alguna fuente interna de la fiscalía o del juzgado de Curitiba.

La reacción siguiente de Moro fue levantar sospechas sobre la autenticidad del material y aventar la hipótesis de manipulación. Pero los medios ahora asociados a The Intercept aseguran tener pruebas cabales de que se trata de transcripciones auténticas. Otro medio importante, la versión brasileña del diario español El País, examinó parte del material y aseguró su autenticidad a partir de un punto elemental: chequear mensajes de sus reporteros a integrantes de la "Lavado Rápido" y las respectivas respuestas.

Pasado más de un mes desde la primera filtración, el caso Moro-Dallagnol asumió serias proporciones. A estas alturas no hay mucho espacio para dudas sobre la interferencia directa del entonces juez en el trabajo de la acusación. En varios mensajes Moro instruye directamente el fiscal sobre cómo actuar, inclusive indicando a quién interrogar para acusar a Lula. Los defensores del expresidente, que siempre acusaron Moro de ser parcial y de haber condenado al expresidente sin presentar ninguna prueba, afirman ahora que todo lo que dijeron antes quedó comprobado. Los abogados de Lula pidieron, en el Supremo Tribunal Federal, que la actuación de Moro sea considerada irregular e ilegal. Con eso pretenden que el juicio sea anulado y todo empiece otra vez, con otro magistrado y otros fiscales acusadores.

A causa de la crisis desatada – y alimentada a cada semana por nuevas y contundentes revelaciones – la figura de Sergio Moro sufrió un severo desgaste. Si al ser nombrado ministro su imagen del justiciero e íntegro juez sirvió de aval al presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, ahora se da la inversa: Moro sigue siendo popular, aunque haya perdido parte substancial de respaldo en la opinión pública, y depende, más que nunca, de la protección presidencial.

Hay presión directa de los grandes medios de comunicación para que Moro renuncie. Algunos de los más respetados juristas brasileños y al menos dos integrantes de la Corte Suprema denuncian su actitud mientras era juez como "violación de la Justicia".A la vez, en las redes sociales controladas por Carlos, uno de los hijos de Bolsonaro, se multiplican los mensajes cada vez más agresivos contra Greenwald. Hay desde pedidos para que sea expulsado del país hasta ofensas homofóbicas: el periodista está casado con David Miranda, diputado federal por el izquierdista PSOL.

La Policía Federal, que actúa bajo el mando del ministerio de Justicia encabezado precisamente por Moro, se niega a confirmar o desmentir que haya pedido un informe de las cuentas bancarias de Greenwald. Tampoco confirma o desmiente que exista alguna investigación contra el periodista.

Greenwald, a su vez, tuvo que cambiar su rutina cotidiana de manera radical. Hay amenazas violentas contra él, su compañero y los dos hijos adoptados por la pareja.Si hasta junio su casa en Río de Janeiro contaba con tres cámaras de seguridad, ahora tiene treinta. Pasó a usar un vehículo blindado y se hace acompañar por guardaespaldas. Reitera, sin embargo, que no dejará de revelar el material del que dispone. Y que hay cosas mucho más graves que las ya divulgadas.

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Viernes, 19 Julio 2019 08:15

De la confrontación a la autonomía

Integranates de la Nación Wampis en defensa de su territorio

La historia del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis se remonta medio siglo atrás, un proceso que llevó a la conformación del Consejo Aguaruna Huambisa en 1977, bajo el régimen militar peruano. Fue también una respuesta de los pueblos wampis y awajun a la colonización mestiza del río Marañón, cerca de la frontera con Ecuador. Poco después rompieron con los jesuitas que trabajaban con ellos y decidieron tomar un camino propio.

 

En una primera etapa se empeñaron en la titulación de sus tierras, como forma de recuperar la integridad territorial como pueblo. Este proceso implicó muchas ten-siones con los actores externos, militares, empresas extractivas y mestizos colonizadores, y llevó al despliegue fuerzas comunales para desalojar a los invasores, que fue respondido con el encarcelamiento de líderes y dirigentes.

 

Con la crisis del gobierno militar al comienzo de la década de los años 80, se produjo lo que la socióloga Tania Gómez (autora de una magnífica tesis sobre el gobierno autónomo wampis que inspira este artículo) denomina como una "avalancha a la Amazonía", de la mano de las empresas multinacionales en el contexto de la globalización. Hidrocarburos y minería aurífera son las dos actividades que más afectan a los pueblos amazónicos, impulsadas por el gobierno autoritario de Alberto Fujimori (1990-2000).

 

La crisis sobrevino en 2009, cuando el Estado desconoció los acuerdos que tenía con los pueblos. "Los wampis van aprendiendo que tanto las titulaciones como las categorizaciones ambientales de su territorio son herramientas insuficientes. El Estado empieza a modificar los marcos legales para permitir el ingreso de fuerzas globales de enorme magnitud, sin tomar en cuenta las afectaciones en la vida de los wampis", señala el citado trabajo de Gómez.

 

El 5 de agosto se produjo el enfrenamiento entre indígenas awajun y wampis y fuerzas policiales y militares, luego de casi dos meses de intensa movilización en la Amazonia para la derogación de los decretos que permitían una abusiva explotación de los bienes comunes sin consulta ni consentimiento de los pueblos originarios, con un saldo de 33 muertos entre manifestantes y policías (https://bit.ly/2XROoB2).

 

La jornada conocida como Baguazo fue un parteaguas, además de la síntesis de un largo e intenso ciclo de luchas amazónicas. En apenas seis años, a caballo de nuevas frustraciones que agudizaron la histórica desconfianza con el Estado (criminalización y divisiones), el pueblo wampi tomó decididamente el camino de la autonomía. Debieron dejar de lado desde las ONG hasta organizaciones nacionales, incluyendo la tentación de la administración municipal. Esta experiencia los convenció, además, de los límites de instituciones que nunca los trataron como iguales, incluyendo las leyes de consulta previa, que no se aplicaron o se manipularon.

 

"Después de la participación en estos procesos, se concluye que la consulta previa es apenas un procedimiento de convencimiento en donde el Estado busca atacar debilidades de la organización". Para construir autonomía debieron articular las comunidades de dos cuencas (ríos Santiago y Morona) y elaboraron su estatuto autonómico en más de una decena de talleres con amplia participación de las bases.

 

Uno de los puntos centrales del estatuto destaca: "consideramos sin validez alguna, cualquier trato o consentimiento efectuado en favor de las empresas de manera separada o parcial antes de que haya terminado el proceso oficial entre nuestra nación y el Estado peruano".

 

Los organismos de poder del gobierno autónomo conocen cuatro instancias: la asamblea principal con 96 asambleístas; un gobierno ejecutivo con sus consejeros; gobiernos de ambas cuencas y gobiernos de cada comunidad con sus respectivas autoridades electas.

 

Como señala el sociólogo peruano Alvaro Giles, "se trata del primer pueblo indígena en el país que cambia la estrategia del sindicalismo indígena por la idea del autogobierno". Añade que ya hay otros tres pueblos amazónicos en proceso de fundar sus gobiernos autónomos, por lo que "estaríamos frente a una nueva estrategia en el mundo amazónico peruano".

 

Sólo caben dos observaciones. Una, que la autonomía no es una opción anclada en ideologías, sino en historias y cosmovisiones propias que se despliega para enfrentar desafíos concretos. Lo que nos muestra que estamos ante genealogías diferentes a las de cuño europeo, analizadas entre otros por Castoriadis.

 

Dos, que los pueblos en movimiento (concepto más adecuado que movimientos sociales) van descubriendo que las autonomías y los autogobiernos territoriales les permiten enfrentar en mejores condiciones el extractivismo depredador, que cualquier otra estrategia que pase por la negociación con el Estado. En los próximos años veremos una proliferación de procesos autonómicos.

 

La acumulación por despojo y el capitalismo sólo se pueden confrontar y derrotar con otras culturas políticas, por fuera de las instituciones y de los acuerdos por arriba.

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La exguerrillera e historiadora nicaragüense Dora María Téllez, en Managua.

La exguerrillera e historiadora nicaragüense repasa el legado y la deriva de la revolución sandinista, en la que participó activamente, a los 40 años de su triunfo

 

Dora María Téllez (Matagalpa, 1955) era Comandante 2 cuando con solo 22 años participó, como tercera al mando, en la toma del Palacio Nacional de Managua, el 22 de agosto de 1978, uno de los golpes con los que el Frente Sandinista de Liberación Nacional aceleró la caída de la dictadura de Anastasio Somoza. Un año después, Téllez lideró la toma de León, la primera ciudad en caer del lado sandinista antes de la entrada victoriosa en Managua, el 19 de julio, un triunfo del que este viernes se cumplen 40 años. Una algarabía, la que produjo entonces la revolución sandinista, en las antípodas de la deriva autoritaria que ha alcanzado el régimen de Daniel Ortega cuatro décadas después.

Téllez rompió hace más de dos décadas con el otrora admirado líder y junto a otros sandinistas como el escritor Sergio Ramírez fundaron el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), que el orteguismo ha perseguido hasta la saciedad. Desde la rebelión de abril del año pasado, se ha visto obligada a resguardarse en al menos seis casas de seguridad, después de que su casa fuese allanada. A través de Skype, la exguerillera e historiadora asegura que este viernes, ante la prohibición de Ortega de salir a manifestarse, junto a miles de personas cerrará su casa en señal de protesta. “Un portazo a la dictadura”.

Pregunta. ¿Qué se le pasa por la cabeza cuando piensa en la revolución?

Respuesta. Los nicaragüenses invertimos muchísimo esfuerzo, trabajo y sangre para derrocar la dictadura de los Somoza y, evidentemente, los procesos de democratización fueron insuficientes porque volvió a instalarse otra dictadura. Una dictadura forjada en la matriz propagandística de la revolución sandinista. Digo la matriz propagandística porque no tiene nada que ver con el sandinismo lo que está sucediendo. Tiene que ver con un adefesio que se llama orteguismo, una maquinaria de poder político que ha ocupado el Frente Sandinista, un partido que no pudo conformarse como una formación con vocación democrática jamás.

P. ¿Qué queda de la revolución?

R. Las revoluciones no son eternas, esta terminó en 1990. El legado principal está en la cabeza de las personas, en la conciencia de la ciudadanía, que es lo que produce la rebelión de abril del año pasado

P. ¿Qué tuvo de particular la revolución sandinista?

R. Fue heroica en el sentido de que se enfrentó a una dictadura que tenía 30 años y que había sido sólidamente respaldada por Estados Unidos. Era una lucha desigual. Además, se trataba de una revolución triunfante desde la perspectiva de los movimientos de izquierda que habían venido creciendo desde los años sesenta. Coincidió con esta generación que participó en las acciones del 68 en Europa y que tenía en el imaginario cambiar el mundo en África, en Asia, en América Latina. Además, está la imagen de Sandino, que había tenido un correlato importante en materia de respaldo internacional. Lo otro novedoso fue el vínculo de la revolución sandinista con una corriente del cristianismo que había tomado mucha forma después del Concilio Vaticano Segundo, que tenía que ver con toda esta opción por los pobres.

P. ¿Cuáles fueron los grandes errores de los líderes de la revolución?

R. El primer punto es que la revolución no hizo una crítica a profundidad del sistema político que derrotaba. La izquierda en los años setenta y ochenta era una izquierda que veía las cosas de la manera siguiente: tenía un compromiso con los pobres, con la justicia social, no era una izquierda que tuviese un enfoque de género, vamos a decirlo así, o un enfoque medioambiental. Esos no eran temas siquiera. Era una izquierda enfocada hacia la justicia social y los pobres, pero el compromiso democrático no estaba desarrollado simplemente. Cuando triunfa la revolución, no está hecha la crítica al modelo político. La evidencia está en que en la Constitución de 1987 reproduce el modelo autoritario que ya tenía la dictadura de los Somoza. Al final, la matriz autoritaria en materia política fue muy fuerte. Yo creo que la no comprensión de eso fue un asunto sumamente clave, sobre todo, en el campo, que después engrosó las filas de la contrarrevolución.

P. ¿Siente que se dio cuenta demasiado tarde de esa falta de crítica?

R. Yo no sé qué cosa es demasiado tarde. Para nosotros este es un debate que llega a su punto crítico en 1990, pero que se venía haciendo desde antes. Ya en 1994 vemos que no había nada que hacer, que todos estos planteamientos estaban siendo completamente rechazados por una maquinaria dominada por Daniel Ortega.

P. ¿Por qué Ortega se convierte en la figura de la revolución cuando en la dirección del Frente había nueve personas, la mayoría más preparadas?

R. Hay gente que dice que porque se consideraba que Ortega era el menos riesgoso. La verdad es que la tendencia tercerista fue hegemónica en la lucha contra la dictadura y Ortega estaba a la cabeza de esa tendencia junto con Humberto, su hermano. Era lógico que siendo hegemónica, al triunfo de la revolución, estuviera representado en la Junta de Gobierno y de ahí derivó a la presidencia. Ese no fue el problema, porque hay muchos presidentes que no desarrollan el modelo de Ortega. En su caso, después de la derrota electoral [de 1990], comenzó un manejo deliberado de su personalidad que luego se extendió a la familia.

P. ¿Cree que se deben investigar los desmanes y excesos que pudo haber en la revolución?

R. Creo que este es un país que tiene heridas. No solo de esa época, sino desde mucho antes. Este es un país que va pasando la página, pasando la página, pasando la página y la pasada de página no logra resolver el problema. Tiene que haber una comisión de la verdad que abarque desde 1950 a la fecha. Lo que estamos enfrentando ahora es la consecuencia de una falta profunda de cultura democrática en el país. Ortega, con su Ley de Amnistía, está funcionado como en el año setenta, va a pasar la página. Esta es la primera vez en la historia de Nicaragua que una rebelión reivindica la justicia. Nunca se ha hecho y yo creo que ese es un hecho notable y valiosísimo, que no se pase la página. Si quiere revisar para atrás, pues que revise, yo creo que cada generación se coloca frente a los de atrás como le dé la gana. Cada quien que enfrente sus responsabilidades. Es importante que se acabe el juego de pasar página.

P. ¿Qué queda del sandinismo?

R. Del sandinismo quedamos los sandinistas, que estamos luchando contra el orteguismo. El Movimiento Renovador Sandinista está en frontal oposición a Daniel Ortega desde hace ya 16 años. Donde no queda sandinismo es en el Frente Sandinista, ahí sólo queda el orteguismo. Ahí el sandinismo quedó completamente vaciado de contenido. Lo que hay es un Frente Orteguista en realidad.

P. ¿En qué le cambió la revolución?

R. Fue un aprendizaje. El haber pasado por la lucha armado ha hecho que quienes estuvimos en la revolución defendamos a fondo el que esta revolución de abril [de 2018] sea cívica. . Yo soy lo que he vivido. Yo ni huyó, ni reniego, ni me arrepiento ni tampoco tengo nostalgia del pasado.

P. ¿No se arrepiente de nada?

R. No, mi vida no la vivo en arrepentimientos. Más bien, si considero que cometí un error, veo cómo rectificarlo, pero el arrepentimiento es de la gente que se queda con los brazos cruzados, pero no cambia.

México 19 JUL 2019 - 01:47 COT

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