Vergonzoso silencio en torno al calvario de Julian Assange

Los mismos que nos entretuvieron con el gato, el patinete y la suciedad en los pasillos de la embajada han ignorado voluntariamente el informe del relator de la ONU sobre la tortura al disidente encarcelado número uno.

El relator especial del Alto Comisariado para Derechos Humanos de la ONU, el suizo Nils Melzer, logró en mayo obtener permiso para visitar a Julian Assange en la prisión británica de alta seguridad de Belmarsh. Melzer y dos reputados expertos médicos, uno de ellos psiquiatra y el otro forense, reconocieron a Assange. El 31 de mayo, hace más de un mes, el relator divulgó las conclusiones del peritaje médico realizado.

Melzer es profesor de Derecho Internacional en la Universidad de Glasgow y no era en absoluto un admirador del fundador de WikiLeaks. De hecho, solo aceptó la misión que le encomendó la ONU después de que los abogados de Assange y una doctora apelaran en dos ocasiones solicitando un peritaje al Alto Comisariado de Naciones Unidas. 

“Como la mayor parte del público, yo fui inconscientemente contaminado contra Assange por la incesante campaña de desprestigio orquestada durante años, pero una vez metido en los hechos de este caso, lo que encontré me llenó de repulsión e incredulidad”, explica. 

“Assange fue sistemáticamente calumniado (como “violador”, “agente ruso”, “hacker” y “narcisista”) para desviar la atención de los crímenes que expuso. Una vez deshumanizado por el aislamiento, el ridículo y la vergüenza, al igual que las brujas que solíamos quemar en la hoguera, era fácil privarlo de sus derechos más fundamentales sin provocar indignación pública en todo el mundo”. Llegamos así al dictamen del equipo de Melzer sobre el trato infligido a Assange. Es inequívoco.

“Durante un periodo de varios años, Assange ha sido expuesto a graves e incrementadas formas de castigo, a un trato inhumano o degradante, cuyos efectos acumulativos solo pueden ser descritos como tortura psicológica”, ha escrito Melzer. 

“En veinte años de trabajo con víctimas de guerra, violencia y persecución política, nunca me encontré con un grupo de Estados democráticos compinchados para aislar, demonizar y abusar deliberadamente a un individuo durante tanto tiempo y con tanta despreocupación por la dignidad humana y la legalidad”.

Nils Melzer envió sus conclusiones en forma de tribuna a los diarios australianos Sydney Morning HeraldCamberra Times y a los habituales anglosajones de Europa y América, Financial TimesThe GuardianThe TelegraphThe New York TimesThe Washington Post, al semanario Newsweek y otros. Ninguno de ellos publicó una línea. En su día todos ellos nos informaron con detalle de los excrementos de Assange en las paredes de la embajada ecuatoriana en Londres, de su patinete y de su gato. En España, los principales medios también ignoraron por completo el asunto. El informe Melzer llegó discretamente a las ediciones digitales de El Mundo La Vanguardia (solo el primero mencionaba la palabra “tortura” en el titular), con cero referencias en los demás. En los últimos treinta días, la prensa establecida española ha mencionado a Assange lo menos posible.

En todo el mundo occidental los medios de comunicación participan voluntariamente, vía el silencio y la denigración, en esa “persecución colectiva” denunciada por el relator de la ONU, y cuyo principal motor se encuentra en el Pentágono, según fuentes de la Administración Obama en declaraciones al abogado Geoffrey Robertson.  

En la última cumbre del G-20, el primer ministro australiano (Assange es australiano), el conservador Scott Morrison, no mencionó el caso Assange en su entrevista con Donald Trump, manteniendo así la línea de su predecesora laborista, Julia Guillard. El ministro de Exteriores británico, Jeremy Hunt, ha definido el silenciado informe de los expertos de la ONU en tortura como “acusaciones inflamatorias”. 

Julian Assange es el disidente encarcelado número uno de Occidente, como Edward Snowden es el exiliado número uno. Actualmente Assange está pendiente de ser extraditado por el Reino Unido a Estados Unidos, donde se arriesga a una sentencia por espionaje de hasta 175 años de cárcel en el tribunal del distrito Oeste de Virginia en el que nunca un acusado por asuntos de “seguridad nacional” ganó el caso y fue absuelto. 

La suerte de Assange es un retrato del mundo de hoy, del pésimo estado de las democracias, del poder de la propaganda del establishment y de la apatía de los movimientos sociales en Europa.

 

Autor: Rafael Poch

Rafael Poch-de-Feliu (Barcelona) fue corresponsal de La Vanguardia en Moscú, Pekín y Berlín. Autor de varios libros; sobre el fin de la URSS, sobre la Rusia de Putin, sobre China, y un ensayo colectivo sobre la Alemania  de la eurocrisis.

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 El viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov, en mayo de 2018 en Moscú. Mikhail Pochuyev Mikhail Pochuyev/TASS

El viceministro de Exteriores ruso asegura que el Kremlin asesora e interactúa continuamente con el Gobierno de Maduro

 

 

Tras años de alianza, y con Venezuela sumida en una profunda crisis económica, social y política, Rusia no ve a Caracas, y a Nicolás Maduro, como un socio necesitado. “Creo que somos iguales en esta alianza”, asegura Serguéi Riabkov, viceministro de Exteriores de Rusia.

 “Venezuela se ha convertido en uno de nuestros socios más importantes, no solo estratégicos sino también aliados”, insiste. Riabkov (Moscú, 59 años), un peso pesado de la política exterior rusa, visitará Caracas la semana que viene para asistir a la reunión de países no alineados. Un viaje de agenda, afirma Riabkov, pero que se ha percibido desde fuera, también, como una muestra de apoyo al Gobierno de Maduro.

“Apreciamos sinceramente cómo nuestros amigos venezolanos nos apoyan en un amplio abanico de temas, desde cómo votan con nosotros en varias resoluciones en la Asamblea general de la ONU; hasta en cómo debemos dirigir lo que espero sea una resistencia internacional más unificada a las sanciones extraterritoriales de EE UU”, apunta en una entrevista, en una de las grises salas del histórico edificio de Exteriores en Moscú.

Rusia, segundo acreedor del país latinoamericano —tras China— se ha convertido en uno de los principales apoyos de Maduro, ahora que más de 50 países —entre ellos EE UU y la mayoría de los europeos— han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente encargado el pasado enero. Rusia lleva meses acusando a Washington de maniobrar para desestabilizar el país latinoamericano.

“Interactuamos continuamente con Venezuela no solo brindando ayuda económica por la situación difícil que vive; también asesorando y compartiendo consejos”, asegura Riabkov. Moscú y Caracas tienen importantes acuerdos en el sector de los hidrocarburos y la energía; también en el de la minería. Además, Rusia, con una potente industria de defensa, ha vendido desde 2001 armas a Venezuela y mantiene con el país latinoamericano “acuerdos de cooperación técnica militar”. Pactos “transparentes, configurados en términos muy precisos” tanto dentro de la legislación rusa como de la internacional, defiende Riabkov, responsable ministerial de las relaciones con América.

Moscú envió a un centenar de militares a Venezuela para “asesorar” al Ejército venezolano, un envío que alimentó las suspicacias de la comunidad internacional. Además, varias informaciones apuntan que también empresas privadas rusas han enviado paramilitares a Venezuela, algo que el Kremlin siempre ha negado de manera rotunda. “Damos servicio al equipo que fue adquirido por Venezuela a lo largo de los años”, señala el viceministro ruso. “Ningún suministro de equipo militar ruso a Venezuela constituyó en ningún momento un cambio en el equilibrio de fuerzas en la región”, recalca.

Riabkov defiende esos acuerdos y asegura que el enfoque de Rusia es “tremendamente responsable”, y que hay disposiciones que “evitan radicalmente” que el material que suministra a Caracas “acabe en manos de personas que no están suficientemente controladas por los Gobiernos de la región”.

El viceministro de exteriores acusa a EE UU de difundir la idea de una posible intervención militar para desequilibrar el país. “Nos preocupa una melodía continua de Washington, donde se tiende a hablar de que todas las opciones están sobre la mesa y nada puede excluirse. Eso crea deliberadamente una sensación de incertidumbre, de qué es posible y qué no en términos de la participación de Estados Unidos”, dice.

Para Riabkov, la única posibilidad ahora sobre la mesa es el diálogo. “El Gobierno del presidente Maduro mostró muy buena voluntad”, asegura. “Algunas personas de la oposición mostraron menos inclinación a participar”, añade. Rusia, que participa en el proceso de diálogo noruego, lleva tiempo ofreciéndose como mediador, y a la pregunta de si han conversado con la oposición, incluido Juan Guaidó, elude contestar directamente. “No nos cerramos a mantener ningún contacto. Sin embargo, decir que mantenemos un diálogo o contactos directos sería presentar nuestra postura de manera equivocada”, dice. “Tuvimos contactos, una comunicación de ida y vuelta; con nuestros amigos del Gobierno venezolano y otros, también”, asegura. Pero define el asunto como “muy sensible y delicado”. Y eso, “requiere que no lo hagamos público y trabajemos con discreción”, afirma.

La semana pasada, la ONU, tras una visita a Venezuela de su Alta Comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, hizo público un demoledor informe en el que hablaba de graves violaciones; también de violencia y abusos policiales. Un punto que otras organizaciones de derechos civiles y humanitarias ya han denunciado. Riabkov asegura que Rusia sigue de cerca la situación en el país latinoamericano y que ya ha emitido su análisis “en los formatos apropiados, fundamentalmente en Ginebra”. Y acusa a organizaciones, como Naciones Unidas, de falta de neutralidad. “En muchos casos estas estructuras trabajan en el terreno político”, asegura.

“La mejor manera de abordar las posibles inquietudes [sobre los derechos humanos en Venezuela] es el diálogo directo con las autoridades, con el Gobierno. Ellos deben tener derecho a responder, a hablar. Y no debe ser únicamente una calle de un solo sentido con solo críticas y sin consideración a las respuestas y acciones que emprende el Gobierno en esta área”, recalca.

En mayo, Estados Unidos aseguró que había mantenido conversaciones con piezas clave del régimen de Maduro para dejarle caer; y que este tenía planes de abandonar Venezuela pero que Moscú le frenó. Riabkov niega tajantemente “cualquier discusión de ese tipo entre Moscú y Caracas". Y acusa a Washington de “inyectar” en el discurso público “piezas de información que nada tienen que ver con la realidad”. “Vemos un constante flujo desde EE UU que malinterpreta nuestra postura, o incluso que ofrece al público internacional información errónea. Y no solo es una cuestión de evaluación errónea de donde está Rusia, qué hace, o qué quiere. Es un intento de construir una imagen de nuestro país como la del chico malo de la clase”, dice.

Con la llegada de Donald Trump, Moscú manifestó su esperanza de que las relaciones con Washington mejorarían. “Recibimos bien y siempre lo hemos hecho la declaración de Donald Trump de ir junto a Rusia. El problema es que a esta buena intención le sigue muy poca acción”. Riabkov considera que Rusia ha hecho un esfuerzo de acercamiento y lamenta que Washington no haya recogido el guante. “Pero también reconocemos que, dada la atmósfera actual en EE UU y los intentos de jugar el llamado ‘problema ruso’ o ‘injerencia rusa’, como un elemento de su agenda interna, quizá este enfoque sea demasiado ambicioso”. La alternativa, dice, sería encontrar pese a las sanciones algunos puntos en los que avanzar, como en la estabilidad y la seguridad. “También algunos problemas como Siria, Corea del Norte o Afganistán”.

 

Por María R. Sahuquillo

Moscú 9 JUL 2019 - 15:18 COT

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El paro de docentes en Chile entra en su sexta semana, ¿qué piden los profesores?

Este lunes se instaló un nuevo diálogo con el Ministerio de Educación, pero los educadores mantienen la medida con movilizaciones en la calle.

 

Este lunes, el Colegio de Profesores de Chile ha entrado en la sexta semana de un paro docente que se prolonga ya desde el pasado 3 de junio. 

La principal novedad es que se reanudó el diálogo entre los dirigentes del Magisterio y el Ministerio de Educación, tras una convocatoria realizada por esa cartera del Estado al presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar.

Así, el diálogo se reanuda, manteniendo las movilizaciones en las calles, luego de una respuesta desfavorable por parte del Ministerio de Educación, el pasado 28 de junio, a las demandas de los maestros.

Los docentes, entre otras cosas, reclaman soluciones a los problemas de infraestructura de los colegios, el pago de bonos a educadores en edad de jubilación, una solución a la deuda histórica que tienen con el sector y el rechazo a la modificación curricular.

1. Estado de los planteles

De acuerdo a una nota de prensa del Colegio de Profesores de Chile, los docentes piden buscar soluciones a serios problemas que enfrenta la educación, como "colegios con plagas de ratones, deterioro severo en la infraestructura, clases en salas con temperaturas extremas y carencia de insumos básicos".

De acuerdo al Magisterio, estas son "graves situaciones" que hacen de algunas escuelas "lugares poco acogedores y hostiles, lo que termina dificultando severamente la obtención de buenos aprendizajes".

2. Modificación curricular

Los docentes rechazan "la aberrante modificación curricular" que se anunció en mayo pasado que contempla la eliminación de Historia, Educación Física y Arte como asignaturas obligatorias para tercer y cuarto curso de la educación media (bachillerato).

3. Deuda histórica

"La deuda histórica es una enorme injusticia con nuestros colegas más antiguos", dice la nota del Colegio de Profesores.

Según explica el texto, este problema "surge por el desconocimiento por parte del Estado al reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, que estableció una alza de hasta un 90 % del sueldo base para todos los funcionarios públicos".

Sin embargo —dice el documento— luego del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, el reajuste acordado fue desconocido por los nuevos sostenedores y los docentes no recibieron este beneficio, "dañando sus ingresos mensuales y más tarde sus pensiones".

4. Bonos

El Magisterio demanda el pago de bonos a la mención de educadores diferenciales (especiales) —94 % de ellas mujeres— y de párvulos.

Al respecto, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, informó a la prensa que el Ministerio de Educación no cuenta con los recursos para entregar un bono a estos educadores.

Otro demanda que tienen es la agilización del bono al incentivo al retiro para profesores que están en edad de jubilación.

Según el Ministerio de Educación, tras las movilizaciones, se dará uno ahora en julio y el otro en enero de 2020.

5. Estabilidad laboral

"La precarización del trabajo docente se expresa también en las formas de contratación", dice un documento del Colegio de Profesores.

El Magisterio explica que hay dos formas en las que se expresa la inestabilidad laboral de los educadores. Una es el denominado "docente a contratas" que, comentan, "consagra una odiosa discriminación a quienes cumplen iguales funciones y responsabilidades que los titulares". Según los manifestantes, hay casos de profesores con 20 años en esa injusta condición de contrata.

La otra modalidad es la de "dobles contratos", que se hacen con un mismo empleador, argumentando "extensiones horarias bajo la modalidad de contrata".

6. Doble evaluación docente

Los educadores, además, piden poner fin a la doble evaluación docente.

En un documento, explican que en la actualidad los docentes son sometidos a dos procesos de evaluación regulados por dos sistemas distintos: la Ley 19.961 (sobre evaluación docente "docentes más") y la Ley 20.903 (Carrera Docente).

"Ambos sistemas de evaluación tienen consecuencia para el profesorado, ya sea despidos o montos salariales", señalan.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, instó a los docentes a volver a las aulas y amenazó, incluso, con no pagar los salarios a quienes mantengan el paro y cortar presupuesto a las escuelas.

Publicado: 8 jul 2019 18:26 GMT | Última actualización: 8 jul 2019 18:55 GMT

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Condenan a perpetua a 24 represores sudamericanos en Italia por el Cóndor

El Tribunal de Apelaciones de Roma impuso penas a militares uruguayos, peruanos, chilenos y bolivianos

 

Con gran satisfacción y mucha esperanza recibieron la sentencia de la Corte de Apelaciones de Roma los familiares de los 43 desparecidos ítalo-latinoamericanos (6 argentinos, 4 chilenos y 33 uruguayos) durante las dictaduras de la década del 1970. La Corte condenó a cadena perpetua a 24 imputados, y no sólo a 8 como había hecho la primera instancia del proceso comenzado en 2015. Los condenados son en su mayoría militares chilenos, uruguayos, peruanos y bolivianos, acusados de haber hecho desaparecer a las víctimas como parte del Plan Cóndor, el sistema internacional que coordinaba los secuestros y desapariciones, moviendo secretamente a los secuestrados de un país a otro donde desaparecían. La Corte los consideró “culpables de homicidio voluntarios pluriagravado” y para algunos de ellos estableció además que estén en “aislamiento diurno por dos años” además de pagar los gastos de los juicios y remunerar a los familiares por varios miles de euros.

Algunos de los imputados están detenidos en sus propios países, cumpliendo ya condenas. El único presente físicamente en este juicio -aunque no se presentó en todas las audiencias- fue el uruguayo Jorge Néstor Troccoli que vive en Italia desde hace varios años y evitó varios eventuales arrestos y condenas por el hecho de tener pasaporte italiano. De ser confirmada las condenas por la Corte Suprema, Italia podría pedir la extradición de los militares, sobre todo si en sus países están en libertad.

“Por fin tenemos una sentencia que realmente nos da justicia -comentó a Página12 la chilena María Paz Venturelli- . Es la sentencia que esperábamos. No se por qué no se pudo tener en el primer grado. Esta fue una Corte muy atenta. Yo espero que todo se haya hecho como se debía hacer y que la Corte Surprema, cuando se apele a ella, no tenga que cambiar nada”. María Paz, que reside en la ciudad de Bolonia, es la hija del ex sacerdote y profesor universitario, Omar Roberto Venturelli, arrestado y luego desparecido en Chile en 1973.

Cristina Mihura es uruguaya y viuda de Armando Bernardo Arnone Hernández, también uruguayo pero secuestrado en Buenos Aires en 1975. “Yo estoy muy emocionada -comentó a este diario-. Creo que esta sentencia ha corregido la parte equivocada de la sentencia anterior y creo además que para los que dicen que cuando llega demasiado tarde la justicia no es justicia, al escuchar hoy la condena, puedo decir que sentí que la justicia es justicia cuando llega. Me emocioné mucho por las víctimas de Troccoli, por los que están vivos, los que están muertos, los que están desaparecidos. El se escapó varias veces, pero hoy ha sido condenado. Yo aprecio mucho el trabajo de esta Corte porque creo que ha sido justa, con las pruebas y con la verdad”. Mihura empezó a trabajar para impulsar este proceso en 1999. En 1982 había presentado la primera denuncia en Italia por la desaparición de su marido.

Nestor Gómez es el hermano de la uruguaya Celica Elida Gómez Rosano que trabajaba en la agencia de noticias argentina Télam en Buenos Aires cuando fue secuestrada en 1978. ”Nos dio un gran alivio el hecho de saber que por una vez se tomaron en serio las cosas y no dejaron libres a los militares. La sentencia anterior nos había dejado desanimados, con miedo de que dejaran libres a estos bandidos”, comentó.

Algunos acusados, que habían sido incluídos en el primer proceso, durante el juicio o poco después fallecieron, por lo cual no fueron incluidos en esta segunda sentencia. Según la justicia italiana, los acusados y los familiares de las víctimas tendrán derecho a apelar por segunda vez, pero en esta oportunidad será ante la Corte Suprema de Justicia y su decisión será la sentencia definitiva.

La sentencia de la Corte de Apelaciones confirmó las condenas del primer juicio en las que ocho personas (ahora son seis porque dos murieron) ya habían sido condenadas a cadena perpetua, entre ellas el boliviano Luis Arce Gómez y el peruano Francisco Morales Bermúdez, presidente de Perú entre 1975 y 1980. Pero sobre todo condenó a cadena perpetua a otros 18 que en la primera instancia los jueces habían dicho que su delito había prescripto. En total, los condenados ahora son 24, casi todos militares acusados de delitos como secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.

Entre los condenados no hay ningún militar argentino, porque la Argentina viene haciendo por su cuenta los juicios contra los militares del Plan Cóndor desde hace años, a diferencia de otros países latinoamericanos. Pero sí hay argentinos entre los desaparecidos de origen italiano cuyos casos trató este proceso. Entre ellos el caso de Mafalda Corinaldesi, secuestrada en Argentina y por lo que fue acusado el uruguayo Juan Carlos Blanco, ex ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay entre 1972 y 1976. Pero la sentencia de ayer lo absolvió por el caso de secuestro y homicidio de Corinaldesi, aunque no se sabe exactamente los fundamentos de esta decisión ni de las condenas en general ya que la Corte tiene 90 días para elaborar y presentar oficialmente las fundamentaciones de sus decisiones. Otros argentinos incluidos entre las víctimas fueron Luis Stamponi, secuestrado en Bolivia, Alejandro José Loguso Di Martino y Dora Marta Landi, secuestrados en Paraguay, y Lorenzo Ismael Viñas Gigli y Horacio Domingo Campiglia, secuestrados en Brasil.

Hoy por la mañana, antes de conocer la sentencia, los familiares de desaparecidos congregados en Roma decidieron rendir un homenaje a las Fosas Ardeatinas, el lugar donde el 24 de marzo de 1944 fueron asesinados por los nazis 335 inocentes como venganza de un atentado contra ellos del día anterior, que había hecho la Resistencia en el centro de Roma. “El 24 marzo de 1944, sucedió la matanza de las Fosas Ardeatinas. El 24 marzo de 1976 se oficializó la masacre de 30.000 desaparecidos en Argentina y un millon y medio de exiliados”, recordó Julio Frondizi, hijo del profesor universitario Silvio Frondizi asesinado por la Triple A en 1974. “Y debo decir, para los que no lo saben, que la operación Cóndor nunca terminó. Y va adelante”, agregó Frondizi, que vive en Italia desde que su padre fue asesinado.

Diego Jiménez,Viceministro de Transparencia del Ministerio de Justicia de Bolivia, asistió al homenaje en las Fosas Ardeatinas. “El gobierno de Bolivia sigue los procesos que buscan justicia, la construcción de la memoria y la verdad de lo que implicó para América Latina el período de las dictaduras -declaró a Página 12- . Particularmente el Plan Cóndor y sus incidencias en nuestros países. Dos de los procesados fueron dictadores en nuestro país. García Mezza, que murió hace un tiempo, y Luis Arce Gómez que fue su lugarteniente. Estas personas representan lo que implicó el terrorismo de Estado. Los crímenes que cometieron fueron de lesa humanidad y hoy, las heridas que han dejado, no terminan de cerrarse. Es por eso que haciendo el seguimiento a este largo proceso, nos sentimos con la esperanza de que la de hoy sea una sentencia histórica, una sentencia que haga justicia y un símbolo para la humanidad”. Y agregó: “¿Si el Plan Cóndor sigue existiendo? Es así. Nosotros creemos que las fuerzas reaccionarias que están presentes en América Latina, privilegiando los intereses del imperialismo norteamericano, no han cesado. Si bien han habido avances por parte de muchos países que han tenido gobiernos progresistas. En América del Sur hoy hay una corriente muy agresiva, muy detractora y anti procesos sociales. Y esto quiere decir que los niveles de coordinación están todavía ahí. Por eso, procesos de esta naturaleza, que refrescan la memoria de lo que pasó en América Latina, son importantes. No podemos permitir que pase de nuevo. Las nuevas generaciones deben entender todo el daño que ocasionaron los gobiernos dictatoriales”.

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Martes, 09 Julio 2019 06:10

China. Un país, dos sueños

China. Un país, dos sueños

Las protestas vividas recientemente en Hong Kong contra la propuesta de una ley de extradición que permitiría la entrega de fugitivos al gobierno central, evidencian un claro aumento de la fractura entre el nacionalismo Han, hoy sustentado en el programa del Partido Comunista para lograr la revitalización de la nación china, y las demandas democráticas que afloran en su periferia territorial. Igualmente, ponen de manifiesto el carácter estructural de una protesta que en tres episodios (2003, 2014 y 2019) plasman una severa advertencia a Beijing de los riesgos asociados a las políticas recentralizadoras en curso en los últimos años.

A estas alturas, lo de menos es ya que va pasar con la ley de extradición o el futuro de Carrie Lam, a quien le reclaman la dimisión. Ambos han sido finiquitados, aunque no pueda admitirse públicamente para no perder la cara. Aun así, el problema de fondo radica en la pérdida de confianza de buena parte de la población local no solo en la jefa de esta región administrativa o en su Consejo Legislativo sino, sobre todo, en la sabiduría y mano izquierda del poder central para lidiar con estas situaciones. Y en ello debieran meditar las autoridades de Beijing a la hora de reconducir su política de “frente unido”, la tercera arma mágica del Partido, según Mao.

En origen, la fórmula “un país, dos sistemas” fue otra genialidad de Deng Xiaoping; no una concesión graciosa sino un imperativo necesario para preservar la condición de Hong Kong como ventana abierta al mundo. Deng se comprometió a preservar su singularidad tras la retrocesión por cincuenta años. “Lo que decimos lo cumplimos”, apostilló. Ahora corre peligro. Incluso buena parte de la sociedad continental no entiende de qué se quejan los hongkoneses (como tampoco las nacionalidades minoritarias díscolas); a fin de cuentas, ellos gozan de “privilegios” que a la mayoría le son negados. Y por si fuera poco, protestan. Que en dicho contexto se alcen voces reclamando la implantación de un solo sistema (al igual que la eliminación de las autonomías de las nacionalidades minoritarias), no es de extrañar. ¿Renunciará China a su compromiso? En la situación actual, ni las condiciones ciertamente poco democráticas del colonialismo británico le pueden servir de ayuda ante una generación de jóvenes muy movilizados que no vivió esa época.

Pero la iniciativa para favorecer las extradiciones no es un hecho aislado. Otras propuestas abundan en la idea de atar en corto Hong Kong al continente. Ya hablemos del tren de alta velocidad inaugurado el año pasado y que conecta al ex enclave británico con 44 ciudades chinas o el nuevo puente sobre el delta del río de las Perlas que une Hong Kong a Macao y Zhuhai, un asombroso ejemplo de la ingeniería civil china, se enmarcan en el proyecto de la Gran Bahía de Zhuhai que Beijing ansía convertir en una gran área económica pero también más homologable en lo político. Estos proyectos anclarán definitivamente a Hong Kong en el continente hasta diluirlo. Las diferencias en términos de desarrollo económico que en su día pudieron servir de justificación para admitir un status especial pronto perderían su razón de ser.

Probablemente Beijing ha cometido un enorme error de cálculo al no calibrar la capacidad de indignación política de los hongkoneses. Pero también en el exterior se ha cometido otro error similar al considerar irremediable que el continente evolucionaría hacia la adopción de un modelo similar al vigente en Hong Kong. El gobierno central no cejará en su empeño para promover un amorfismo centrado en la mejora general de vida al margen de las peripecias políticas mientras avanza su mayor control de forma sostenida.

La percepción no ya de ausencia de progresos sino de una lenta erosión de ciertos derechos básicos afea a China en su propia casa primero e internacionalmente después, cundiendo la duda acerca de sus intenciones últimas a propósito del rechazo de las experiencias liberales, cualquiera que sea su signo o emplazamiento. Sobre Hong Kong ejerce una soberanía indiscutible pero no debiera pasar por alto que el eco de sus acciones y de su impaciencia trasciende su territorio inmediato. Y en un momento en que se le señala con el dedo por las más diversas razones, un torpe manejo de este asunto dando rienda suelta a las posiciones más hostiles, ignorando los anhelos expresados por miles de personas contra las derivas autocráticas, pudiera depararle mayores costos de los estimados. Y no solo en términos de imagen global.

Dos personas pueden dormir en la misma cama y no compartir el mismo sueño, dice un refrán chino. El arraigo de las convicciones democráticas en Hong Kong no debiera infravalorarse, so pena de agrandar el foso que separa a significados sectores sociales del resto del continente. Nadie puede discutir que Hong Kong sea parte de China pero a los hongkoneses les preocupa que el sueño chino suponga una merma en sus derechos fundamentales. No reniegan de su pertenencia a la etnia china pero políticamente se sienten diferentes y desmienten con su protesta la propagada máxima de que esos derechos que estimamos universales deben ser tamizados a la luz del relativismo cultural.

 

Por Xulio Ríos. Observatorio de la Política china

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 Carrie Lam, durante la conferencia de prensa. En vídeo, las declaraciones de Lam. T. SIU REUTERS

Los convocantes de las manifestaciones siguen considerando insuficientes las garantías de la ministra principal

 

 

Dos días después de una nueva manifestación masiva en Hong Kong, la jefa del gobierno autónomo, Carrie Lam, ha lanzado un nuevo gesto conciliador. El polémico proyecto de ley de extradición, origen de esta ola de protestas y que por primera vez hubiera permitido entregar sospechosos a China, “está muerto”, ha sostenido la ministra principal. Pero, de nuevo, ha evitado confirmar la retirada definitiva de la medida, ahora suspendida sine die, y los grupos convocantes de las marchas han dejado claro que la rama de olivo les sigue pareciendo insuficiente.

La ministra principal había anunciado la suspensión del proyecto de ley el 15 de junio, tres días después de que la Policía dispersara por la fuerza una concentración de decenas de miles de estudiantes que intentaba impedir la tramitación. Entonces, Lam aseguró que esa suspensión equivalía a “matar” el proyecto de ley, pues ya no habría tiempo material ni voluntad para retomarlo durante la actual legislatura, que expirará a mediados de 2020.

En una rueda de prensa antes de reunirse con sus asesores en la sede del Ejecutivo autónomo, Lam reconoció que el trabajo de su gobierno en el proyecto de ley ha sido un “completo fracaso”. “Sigue habiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones acerca de que el gobierno vaya a reiniciar el proceso (de tramitación) en el legislativo”, explicó. “Así que lo reitero: no existe tal plan, el proyecto de ley está muerto”.

Pero la ministra jefe no declaró explícitamente la retirada de la medida, como le exigen los manifestantes. Sin esa declaración, sostienen, el gobierno puede volver a ponerla sobre la mesa cuando quiera.

Desde el 9 de junio, los hongkoneses se han manifestado en cuatro grandes marchas, dos de ellas por encima del millón de participantes según sus organizadores, contra el proyecto de ley. Pero ante la resistencia de Lam a declarar retirada la medida, la protesta se ha ido ampliando y se ha convertido en la peor crisis que China ha afrontado en su territorio autónomo desde que el Reino Unido le traspasó la soberanía en 1997.

Ahora las exigencias incluyen también la apertura de una investigación independiente sobre abusos de la Policía en la disolución de las manifestaciones; garantías de que no se encarcelará a los detenidos en esas concentraciones y que no se etiqueten las protestas como “disturbios”, algo que puede acarrear hasta diez años de cárcel para sus protagonistas; dimisión de la propia Lam y reforma democrática del sistema de elección del jefe de gobierno. El 1 de julio, para exigir el cumplimiento de estas demandas, centenares de estudiantes tomaron durante tres horas la sede del legislativo hongkonés.

En su rueda de prensa este martes, Lam reiteró que se abrirá una investigación sobre el comportamiento policial; pero solo de nivel interno, no encabezada por un juez como reclaman los manifestantes. Pero sí "publicaré el resultado del informe, para que todos puedan saber qué ha ocurrido este último mes. Los que participaron, tanto manifestantes como policías, podrán presentar pruebas".

Lo que ocurra con las varias decenas de detenidos, sostuvo, dependerá de los tribunales. También precisó que no ha habido una declaración oficial de “disturbios”, una etiqueta que solo se ha aplicado al comportamiento de algunos.

Está dispuesta, según confirmó, a abrir un diálogo público con los jóvenes manifestantes. "Tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes y de diferentes sectores para saber qué es lo que piensan", admitió, al reconocer que los acontecimientos del último mes "reflejan que hay problemas más profundos" y hay que "trabajar para solucionarlos".

No hizo mención alguna a la posibilidad de dimitir o de cesar a alguno de sus ministros implicados en el embrollo. En cambio, pidió "una oportunidad, tiempo y espacio" para que Hong Kong regrese a la normalidad.

Las organizaciones que representan a los manifestantes han considerado las declaraciones de Lam muy insuficientes. En una rueda de prensa en el exterior de la sede del legislativo, el Frente de Derechos Civiles y Humanos de Hong Kong, que ha convocado tres de las cuatro grandes marchas, indicó que la ministra jefe se ha limitado a repetir la posición que mantiene desde el día 15, sin cambios significativos.

“No por repetir una cosa una y otra vez se convierte en algo mejor”, subrayó la portavoz del Frente Bonnie Leung. “Sigue rechazando retirar la ley. La palabra ‘muerta’ no tiene ningún significado legal”.

En un comunicado, el partido Demosisto, fundado por el antiguo líder estudiantil Joshua Wong, exigió que se declare retirado el proyecto de ley y “se prometa que el proceso de tramitación legislativa no se retomará en el futuro”.

También subraya que “el gobierno ha empujado a los representantes de los jóvenes a la oposición, eliminando sus derechos humanos básicos y sus libertades políticas metiéndoles en la cárcel y descalificándoles (como candidatos electorales). Si el gobierno desea reparar esta relación, el secretario de Justicia debe comprometerse a no presentar cargos contra los manifestantes jóvenes y no privar más a las jóvenes generaciones de sus candidatos y de su participación en el proceso electoral”.

Por, Macarena Vidal Liy

Pekín 9 JUL 2019 - 03:26 COT

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Lunes, 08 Julio 2019 06:01

El Mundial de la reivindicación

 Las jugadoras de Estados Unidos festejan el título. S. Gollnow GTRES

 

Francia marca un antes y un después, con récords de audiencias televisivas, figuras destacadas, la promesa de la FIFA de más inversión y el auge de España

 

 

 “Habrá un antes y un después de esta Copa del Mundo. Ha sido fenomenal, excepcional, la mejor de la historia”, dijo Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el viernes en Lyón en un encuentro para hacer balance del Mundial de Francia. En total, según la FIFA, más de mil millones de telespectadores en el mundo han seguido los partidos y la afluencia a los estadios ha sido superior al 74% (los precios iban de nueve a 83 euros, la entrada más cara para la final), con sedes como Niza y Montpellier que en muchos casos no han llegado a media entrada.

La FIFA ya había dado luz verde a un aumento del dinero destinado a los premios, con 30 millones de dólares (algo más de 26 millones de euros) para los 24 equipos, pero la diferencia continúa siendo enorme respecto al fútbol masculino (356 millones de euros para las 32 selecciones que disputaron el Mundial de Rusia). De ahí que Infantino, según contó el viernes, prometió el doble para la cita de 2023 (la sede se elegirá en 2020). También quiere elevar a 1.000 millones de euros la inversión global de la FIFA destinada al desarrollo del fútbol femenino. El próximo Mundial (hay nueve sedes candidatas) medirá también el alcance de ese compromiso. Por si acaso, Megan Rapinoe, delantera de Estados Unidos, dejó claro el sábado, víspera de la final, que las mujeres no sienten “el mismo respeto que los hombres por parte de la FIFA”. Se mostró indignada por que hayan coincidido el mismo día la final femenina y la Copa América.

El Mundial, este Mundial, arrancó sin la estrella Ada Hegerberg. La noruega, actual Balón de Oro, decidió renunciar a esta cita por discriminación. En 2017 anunció que no acudiría a Francia si no se igualaban las condiciones con las que compite la selección masculina: dinero, infraestructuras, planificación, alojamiento... El Mundial prosiguió con la reivindicación de Marta. La brasileña de 33 años, que se ha convertido en la máxima goleadora en la historia de los torneos superando a Klose (17 por 16 tantos), hizo un llamamiento a las nuevas generaciones después de caer eliminada en octavos contra Francia. “No vais a tener una Marta para siempre, una Cristiane, una Formiga... Y el fútbol femenino depende de vosotras para sobrevivir. ¡Valórenlo!”, dijo.

En Francia ganó Estados Unidos, sí. Una vez más. Van cuatro en ocho ediciones, pero el fútbol europeo ha llamado a la puerta para decir que aquí está, que ha empezado su despegue. Poco a poco da señales de acercamiento al imperio del fútbol femenino mundial. Siete de las ocho mejores selecciones han sido europeas (Holanda, Inglaterra, Noruega, Alemania, Suecia, Francia e Italia) y, por primera vez, no ha habido ninguna representante de Asia. La sorpresa de Italia —llegó hasta cuartos—, el crecimiento de Holanda, la consolidación de Inglaterra y la fuerza de la anfitriona han supuesto un revulsivo para unos Mundiales que hasta ahora habían sido dominados por Norteamérica y Asia (y con alguna incursión de Brasil o Australia). Europa se ha puesto, por fin, las pilas, y las apuestas de las ligas domésticas han sido clave. España, que cayó en octavos contra Estados Unidos en su segunda participación, también se aferra a eso. Del despegue o no de la nueva Liga impulsada por la Federación dependerá su crecimiento: o se estanca o termina de explotar.

Afición ha creado el fútbol femenino. A David Beckham se le vio en la grada siguiendo a Inglaterra; Italia fue recibida por el presidente de la República, Sergio Mattarella, nada más aterrizar en Roma; a las españolas había una nube de periodistas y seguidores esperándolas en Barajas después de caer contra Estados Unidos... A Francia, para cubrir el Mundial de la selección de Jorge Vilda, se desplazaron 22 medios de comunicación: en Canadá 2015 fueron cuatro, en la Eurocopa de 2017, seis. La apuesta de GOL, la cadena que compró los derechos televisivos del torneo, ha llevado al canal al mejor dato en junio desde que nació hace tres años, con un 1,2% de share (alcanzó el 12,8 en los octavos contra Estados Unidos con 1.320.000 espectadores).

El Inglaterra-Estados Unidos, según datos de la FIFA, batió el récord de audiencia en Reino Unido de un duelo de fútbol femenino con 8.819.000 espectadores. El Suecia-Alemania, con 7.900.000, fue lo más visto en Alemania el 30 de junio: la mayor audiencia en fútbol femenino desde 2013 y la máxima registrada en un Mundial femenino desde 2011. El Francia-Estados Unidos lo vieron el 56% de los espectadores (11.800.000) en la tele francesa. El Holanda-Japón de octavos lo vio un cuarto de los holandeses: 3.535.000, más que la final de la Europa League (3.250.000). La semifinal de la Oranje contra Suecia fue lo más visto en Holanda con un récord de 5.015.000 personas.

En 2023, Infantino quiere ampliar a 32 el número de participantes. Las sedes que han presentado su candidatura para albergar el próximo Mundial son Australia, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia, Japón, Sudáfrica, Corea del Sur (con un eventual proyecto conjunto con Corea del Norte) y Nueva Zelanda. El presidente de la FIFA también manifestó su deseo de crear una Copa del Mundo femenina de clubes a partir de 2020 con el objetivo de dar más visibilidad al fútbol femenino; en marcha también está el proyecto de una Liga de Naciones femenina. El telón de Francia se baja con estas promesas y una aroma de reivindicación y revolución.

Por Eleonora Giovio

Lyon 8 JUL 2019 - 02:54 COT

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El poder descomunal del Big Pharma es de tal magnitud, que Trump se dispone a ejercer una "orden ejecutiva" que exaspera a sus congéneres del Partido Republicano, adictos al libre mercado al precio que fuere, y que se aproxima más a la postura del Partido Demócrata.

Trump basa su relección en tres ejes: 1) la migración –que ya "resolvió" en su muy peculiar estilo con México–; 2) el auge económico que posponga recesión (https://bit.ly/2Ux9Qh2), cuyo punto estelar ha sido el alza bursátil, y 3) la disminución del precio de los medicamentos de patentes que se encuentran por las nubes y que constituyó otra de sus promesas de campaña.

 

Trump prepara una "orden ejecutiva" que declare la "Cláusula de Naciones Favorecidas para precios de los medicamentos y así Estados Unidos no pague más que el país con menores precios".

 

Trump Inquirió la razón por la cual Canadá, al unísono de otros países, "pagan menos" que Estados Unidos por los mismos medicamentos (https://bit.ly/2LEwoYl).

 

Después de su diatriba, el Índice Bursátil de Medicamentos periclitó 1.6 por ciento (https://cnb.cx/2YDfRYi).

 

Tres días antes, The Washington Post señaló el deseo de Trump de disminuir los altos precios de los medicamentos de patente y abrazó la propuesta de Ron DeSantis, gobernador de Florida –donde probablemente se decida la reelección–, para importar medicamentos de Canadá que tienen menor precio (https://wapo.st/2FZmmgT).

 

El libanés-estadunidense Alex Michael Azar II, hoy secretario de Salud y Servicios Humanos (sic) –anterior subsecretario en la misma secretaría con Baby Bush–, fue presidente de la trasnacional Eli Lilly –décimo lugar del pulpo farmacéutico global “Big Pharma (https://bit.ly/2S1GWC1)” y productora de la insulina para la diabetes tipo 1 que duplicó su precio en sólo cuatro años –y fue miembro del consejo de administración de la entelequia cabildera Biotechnology Innovation Organization.

 

El secretario de Salud arguye que la importación de medicamentos será inefectiva para disminuir los precios, lo cual llevará "a problemas de seguridad, ya que no existe manera de impedir el redireccionamiento de los falsos medicamentos (de otros países) que pasen por Canadá".

 

La Federal Drug Administration (FDA) de Estados Unidos ha facilitado la adopción de "medicamentos genéricos" para intentar aplacar la avaricia del oligopólico Big Pharma.

 

El secretario de Salud no es San Jorge, ni aspira a serlo, para aniquilar al dragón del cartel farmacéutico que se encuentra entre los principales cinco magnos negocios globales, con ingresos de casi un billón de dólares (952 mil 510 millones de dólares), prácticamente equiparable al PIB de México, y que lo colocan con los otros cuatro grandes rubros: los hidrocarburos, los estupefacientes, la venta de armas y la trata de personas.

 

El ranking del “ Top 10 (https://bit.ly/2XtUtUj)” de las trasnacionales farmacéuticas, por su “participación de mercado (market share)”: 1) Pfizer Inc (Estados Unidos); 2) Novartis (Suiza) –que, por cierto, vende el medicamento más caro del mundo en 2,12 millones de dólares para la atrofia muscular espinal (¡por fortuna, es de una sola toma!); 3) F Hoffmann-La Roche Ltd (Suiza); 4) Merck & Co Inc/MSD (Estados Unidos); 5) Johnson and Johnson (Estados Unidos); 6) GlaxoSmithKline Plc (Gran Bretaña); 7) Sanofi (Francia); 8) AbbVie Inc (Estados Unidos); 9) Bayer AG (Alemania), y 10-Eli Lilly and Co (Estados Unidos).

 

El Partido Demócrata, en búsqueda de adeptos para la elección, presiona con plausibles propuestas para importar medicamentos de menor costo de Canadá, así como negociar los precios de los medicamentos de los Seguros Médicos (Medicare).

 

Pese al abordaje bipartidista para intentar someter al cartel farmacéutico, la FDA sólo ha conseguido facilitar la aprobación récord de "medicamentos genéricos".

 

El poder descomunal del Big Pharma es de tal magnitud, que Trump se dispone a ejercer una "orden ejecutiva" que exaspera a sus congéneres del Partido Republicano, adictos al libre mercado al precio que fuere, y que se aproxima más a la postura del Partido Demócrata.

 

The Washington Post cita a allegados de Trump quienes señalan que tanto la esterilidad de la diplomacia negociadora con el Big Pharma como su "frustración por la carencia de herramientas del Poder Ejecutivo para disminuir los precios de los medicamentos" se ha vuelto su “obsesión (sic)”.

 

Mas bien, la relección es su verdadera "obsesión" sicológica.

 

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Presenta la Usaid estrategia contra la "influencia maligna del Kremlin"

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) publicó ayer una estrategia con el título: Contrarrestar la influencia maligna del Kremlin (CMKI, por sus siglas en inglés), lo cual recibió el rechazo de Moscú.

 

"La estrategia de la Usaid responde al desafío que representa la influencia maligna del Kremlin, construye una resistencia democrática y económica en los países contra los que apunta (la influencia) y trabaja para mitigar los intentos del Kremlin de socavar una serie de instituciones clave", dice el documento, publicado en el sitio web de la agencia estadunidense.

 

El plan se centra en cuatro objetivos: defender la labor de las instituciones democráticas y el imperio de la ley, resistir la manipulación de la información, reducir las vulnerabilidades energéticas, así como las económicas.

 

En particular, la iniciativa busca eliminar la vulnerabilidad de los procesos electorales y políticos ante la injerencia externa.

 

Respecto al sector energético, la estrategia prevé aumentar la seguridad de los países socios y disminuir la dependencia de las fuentes de energía "controladas por el Kremlin".

 

En cuanto al aspecto económico, recomienda diversificar las exportaciones y asegurar la competitividad de las empresas en los mercados occidentales.

 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia repudió este sábado la estrategia estadunidense para luchar contra la presunta "influencia maligna" del Kremlin.

 

"El nombre sugiere que la Usaid no pretende en absoluto crear un ambiente de cooperación en el escenario mundial, sino que sirve de instrumento de la lucha ideológica y de propaganda", denunció el ministerio en un comunicado.

 

Subrayó que el documento busca atizar la rusofobia en el mundo, sobre todo entre los países vecinos.

 

Subrayó "el carácter constructivo" de la reciente reunión entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Donald Trump, respectivamente, en la cumbre del G-20 en Osaka.

 

"Es obvio que los influyentes funcionarios de Washington se esfuerzan por todos los medios para impedir que se normalicen las relaciones ruso-estadunidenses".

 

La cancillería lamentó que "la propaganda antirrusa desde Washington, que aspira al dominio global", anule todos los esfuerzos que se toman.

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“Aunque se revive el dolor, le están devolviendo la dignidad a mi hermano”

Una víctima participa por primera vez en una declaración por un caso de ejecuciones extrajudiciales ante el tribunal de paz de Colombia

 

"Aunque se revive el dolor, y uno vuelve y recuerda, hay paz porque le están devolviendo la dignidad a mi hermano. Ellos antes lo habían enlodado y ahora le devuelven su buen nombre". El hermano era un civil que, en medio del conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC, fue asesinado por un miembro del Ejército y después presentado como guerrillero, según la información proporcionada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Y esas palabras son el testimonio de una mujer, la primera familiar de una víctima de ejecución extrajudicial que participa en la declaración de un compareciente ante ese sistema de justicia, encargado de juzgar los crímenes más grave de la guerra.

El relato, ofrecido el pasado miércoles, encierra uno de los objetivos del tribunal. "Estar ahí me ayudó a sanar un poco porque, aunque él dijo no haber conocido todo, y quedan algunas inquietudes", manifestó en referencia a la versión del hombre señalado por el crimen, "poco a poco va saliendo la verdad, la que he buscado toda la vida". "Me alegra que la historia se esté contando de otra manera porque hubo muchas cosas que ellos habían tergiversado", continuó esta víctima de los llamados falsos positivos, cuya identidad está protegida por la JEP.

Ese procedimiento ilegal, que de facto consistía en el asesinato sistemático de campesinos y civiles contabilizados en los partes de las fuerzas armadas como combatientes de las FARC, manchó durante casi dos décadas el trabajo del Ejército. Según un informe publicado por la Fiscalía publicado en mayo, se registraron al menos 2.248 ejecuciones extrajudiciales entre 1998 y 2014. Sin embargo, más del 95% de los casos probados se remontan a una época concreta, de 2002 a 2008. La Jurisdicción Especial para la Paz, nacida de los acuerdos con la antigua guerrilla, ha dado prioridad en su primer año de funcionamiento a siete grandes casos. Entre esos juicios figuran la investigación de los secuestros perpetrados por la organización insurgente; el reclutamiento forzoso de niños y niñas; la victimización de los dirigentes y militantes del partido Unión Patriótica; y el caso 003, conocido como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate".

Fue en el marco de ese proceso -en el que alrededor de 100 comparecientes de la fuerza pública ya han ofrecido su versión- que las víctimas comenzaron a participar en las audiencias del tribunal, cuya misión es, en palabras de su presidenta, Patricia Linares, aplicar justicia restaurativa. "Esto es un inicio y, si Dios quiere, seguiremos hasta lograr la verdad completa, para nosotros y para todas las demás víctimas que buscan tanto encontrar esa verdad", manifestó la hermana del asesinado. "Yo me voy con un poco de paz interior [...] Al menos hay un reconocimiento, entonces este proceso es una gran oportunidad”.

La JEP explica que la mujer presenció la declaración desde otra sala. Tras escuchar una primera versión sobre el asesinato de su hermano, transmitió sus preguntas a través de su abogado. Según esta jurisdicción, se trata de "un acto de valentía y coraje". "Ellas recorren nuevamente su historia de victimización y los recuerdos del dolor para destinarlos a la contrastación de la verdad que es narrada por los comparecientes", señala el tribunal. "Las versiones con presencia de las víctimas obligan a los comparecientes a adquirir altura moral para responder a sus necesidades y así clarificar los pendientes que ha dejado el conflicto armado".

En concreto, en esta vista el compareciente se enfrentó a la pregunta sobre cómo pensaba resarcir el daño causado, lo que, según la JEP, "abrió la posibilidad de explorar posibilidades conjuntamente". A partir de las próximas semanas, el sistema de justicia recibirá decenas nuevas versiones presenciales y escritas.

Francesco Manetto

Bogotá 5 JUL 2019 - 21:24 COT

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