Marta Ruiz, integrante de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad

En noviembre echó a andar en Colombia la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), el organismo encargado de alimentar un “relato colectivo” en torno a más de medio siglo de conflicto armado. Marta Ruiz, comisionada del ente, explica los retos que el país enfrenta en un contexto de profunda división política y social.

La construcción de la paz en Colombia tiene un sinfín de frentes abiertos. Se podría decir que cada una de las historias de las más de ocho millones de víctimas directas del conflicto armado —según las cifras oficiales del Gobierno— contienen preguntas sin respuesta. ¿Quién ordenó el secuestro del campesino? ¿Por qué tuvo lugar la masacre en aquel pueblo de la sierra? ¿Qué objetivos escondía la extorsión continuada contra esta familia?

Tratar de aportar luz a cuestiones como esta es la razón de ser de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV), un organismo público integrado en el sistema de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó tras el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las FARC.

A través de la investigación de los hechos ocurridos durante medio siglo de guerra la CEV aspira a construir “un relato colectivo” en el que todos los colombianos, de alguna manera, se sientan incluidos. Una tarea que, por lo ambicioso del proyecto, no echó a andar oficialmente hasta noviembre pasado, dos años después de la firma de los acuerdos de La Habana.

En este intervalo la paz en Colombia ha transitado por un camino lleno de obstáculos. La victoria del No en el plebiscito que pretendía sancionar el Acuerdo, la persistencia de la violencia en muchas zonas del país y la llegada al Gobierno en 2018 del Centro Democrático, el más firme opositor a los diálogos con la ex guerrilla, son parte del continuado test de estrés al que se ha sometido el histórico documento. También la estructura institucional creada para su implementación ha sufrido este desgaste.


“Un lugar para la participación social”


“La expectativa en 2015 —cuando se acordó la creación de la CEV— era que Colombia iba a una transición entre la guerra y la paz; en la que se presuponía un clima de aceptación de la paz. Pero ese supuesto básico, sobre el que fue creada la Comisión, no se ha dado”. Así resume la periodista Marta Ruiz el actual clima de polarización política y social que vive el país latinoamericano y su efecto sobre el ente del que forma parte.

Ruiz es una de las once comisionadas y comisionados responsables de la CEV. Un cuerpo colegiado que integran perfiles de lo más variados. Desde un ex sacerdote jesuita (Francisco de Roux, presidente de la Comisión) a una líder social afrocolombiana, pasando por un mayor del ejército retirado, una experta en derecho constitucional de origen indígena o un médico español especializado en la atención a víctimas.

“La Comisión no es un espacio de intelectuales y académicos, sino un lugar para la participación social, que será más valioso si logra ser incluyente y participativo”, explica esta informadora con más de 15 años de experiencia cubriendo la guerra desde dentro. Un diálogo social que es uno de los “rieles” principales sobre los que la CEV trabaja, mediante encuentros y audiencias públicas en algunos de los puntos del país más golpeados por la guerra, como las regiones de Antioquia, Putumayo, Nariño o el Norte de Santander, entre muchas otras.

Pero también con reuniones privadas con actores estratégicos del conflicto, lo cual incluye a figuras políticas, del ejército y de grupos armados, “tratando de que haya un reconocimiento de cómo se implicaron en él, cómo coadyuvaron y cómo se beneficiaron. Y también para reconocer los heroísmos, las resistencias y la manera en la que se hizo frente a un conflicto tan largo”, asegura Ruiz.


Un consenso básico en torno a la paz roto


El otro riel, quizás el más inmediato, al que hacen referencia desde la CEV tiene que ver con la investigación y la recolección de testimonios. Para ello se han desplegado hasta el momento 17 casas o sedes territoriales donde se recoge la voz de las víctimas y los victimarios que están dispuestos a hablar. Además de asesorar a comunidades que ya llevan tiempo implicadas en esta labor.

Una tarea ingente que se ha visto diezmada, apunta Ruiz, por el desinterés del nuevo Gobierno sobre este organismo. El cual se tradujo en una reducción del 40% del presupuesto con el que inicialmente preveía contar la Comisión y que ha impactado en la manera de llegar a los territorios —“pensábamos estar en muchos más y con más gente”— y en el propio protagonismo de la Comisión —“la marginaliza y le quita centralidad”—. Precisamente en un momento de profunda discusión sobre la memoria del conflicto y la manera de juzgar lo acontecido.

A comienzos de marzo el presidente Iván Duque impugnó varios de los artículos que regulan la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial que juzga los crímenes del conflicto. La decisión provocó el rechazo de buena parte de la oposición política y de observadores internacionales, al entender que aumenta el grado de incertidumbre en torno a la ejecución del Acuerdo. Con la amenaza latente de que siga aumentando el número de ex guerrilleros que regresan a las armas.

“Creo que el gran avance que hubo en La Habana es reconocer que el conflicto estaba asociado a unos problemas estructurales, como la propiedad de la tierra, el narcotráfico, la no-presencia del Estado, la falta de participación democrática, etc. Ante la pérdida del plebiscito, el Acuerdo salió adelante pero el consenso básico alrededor de esto dejó de existir”, reflexiona Ruiz.

La comisionada sostiene que el actual Gobierno no comparte ese análisis multicausal de la guerra en Colombia. “Su manera de verlo es otra”, comenta después de reconocer las diferentes posturas –desde los que niegan el propio conflicto hasta los que lo reducen a un problema de legalidad o ilegalidad- que existen en el actual Ejecutivo. “Todo se ve desde una matriz meramente judicial y no como un problema social y político”, reflexiona.


El informe final y “la verdad” del conflicto


Igual que han hecho comisiones de la verdad de países como Sudáfrica, Guatemala o Perú, la CEV colombiana tiene el compromiso de entregar, una vez terminado su mandato de tres años, un completo informe que recoja las conclusiones de su investigación.


Sin menospreciar este documento final Marta Ruiz matiza que, antes de escribir una línea, su esfuerzo se centra en “contribuir a una apropiación social de todo ese conocimiento”. “En nuestra metodología, luego de los testimonios, vamos a identificar unos patrones y unos contextos explicativos. Luego queremos hacer un diálogo con la sociedad para construir las hipótesis. No ir a extraer testimonios y encerrarnos a escribir, sino ponerlo sobre la mesa con la gente, para que esto empiece a ser más una construcción colectiva”, explica.

La polarización de la sociedad colombiana y el carácter tan reciente de la guerra son obstáculos evidentes para la construcción de esa “verdad” o relato colectivo, reconocen desde la CEV. El comisionado Saúl Franco, médico de profesión, apuntaba en noviembre que la Comisión no pretende imponer ese proceso de memoria común, pero sí estimularlo. “Eso sí, queremos llegar a unas cosas concretas. Tenemos el reto, y lo vamos a cumplir, de entregar un informe creíble y conciso sobre el conflicto en el país”, señala Franco.

“Colombia no es un país donde no haya información sobre violaciones de derechos humanos. Incluso hay mucha. Lo que falta es un relato que tenga pretensión de ser un relato nacional. Que sea de alguna manera un piso, más sólido, menos fragmentario y más ambicioso, desde donde se pueda empezar a debatir sobre los hechos y las violencias”, añade Marta Ruiz.


La tarea de “tejer” las heridas abiertas


La persistencia de esa violencia es precisamente otro de los muros que habrá de saltar la CEV para cumplir sus objetivos. En 2018 más de 170 líderes sociales fueron asesinados en las áreas rurales de Colombia, confirmando una tendencia ascendente desde la firma de La Habana. El pasado 17 de enero la principal guerrilla todavía activa en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mató a 22 jóvenes policías en una academia de Bogotá con un coche bomba que alimentó las demandas de una política de mano dura en amplios sectores de la sociedad colombiana.

De nuevo, sobre la mesa, el debate sobre la paz y la seguridad. “Creo que, sin que se hubiese afincado el discurso de la paz, en Colombia se ha vuelto a instalar el discurso de la seguridad como la solución a los problemas de convivencia. Y la paz es un concepto mucho más profundo, una construcción más colectiva y es un desafío muy grande para la sociedad en términos de transformación”, analiza Ruiz.

En este contexto de división política y con una elecciones regionales en el horizonte (octubre de 2019) ha arrancado la CEV colombiana su trabajo. Francisco de Roux, presidente de la institución, lanzó un mensaje con ánimo tranquilizador tras conocerse la impugnación parcial del Gobierno al tribunal especial para la paz, organismo hermano de la Comisión. “Esta marcha hacia la verdad no la vamos a detener por nada”, proclamó De Roux.

Un clima, en todo caso, que anticipa más dificultades en la titánica tarea que la CEV tiene por delante. Tal y como se desprende de las palabras usadas por Ruiz para explicar los verdaderos efectos del conflicto sobre la vida de millones de colombianos.


“Lo que me he dado cuenta saliendo al territorio es que las heridas que ha dejado el conflicto son demasiado profundas. No son las heridas que uno ve en la política, entre los partidos. No, son heridas más grandes, más en lo pequeño, en los barrios, en las veredas, en la gente… Hay un sentimiento muy profundo de haber vivido una injusticia y una sensación muy grande de abandono (…) Queda una tarea muy grande en reconciliar a la gente con sus propias instituciones y con el Estado. Y nuestro intento es el de poder tejer con un hilo narrativo esas heridas. Pero la cicatrización va a ser larga y requiere demasiados esfuerzos”.

2019-05-04 09:41:00

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Sábado, 04 Mayo 2019 06:06

Assange, la causa perdida

Assange, la causa perdida

La entrega de Julian Assange se desarrolla en medio de una trama de tres patas. Dos de ellas serían de forma mientras que una de contenido. 

La primera, la pata “Ina Papers”, caería en una suerte de retaliación política a partir del retorno al viejo modelo económico de Estado. La entrega de Assange a la policía inglesa –en territorio diplomático ecuatoriano, por cierto– coincide, precisamente, semanas después de generado un escándalo de grandes magnitudes simbólicas y pre judiciales, en especial tras ponerse en conocimiento la supuesta relación del presidente Lenin Moreno con la empresa offshore Ina Invesment Corporation, fundada originalmente por su hermano Edwin Moreno en Belice y cuyas cuentas se manejaron, al parecer, en el Balboa Bank de Panamá. Los beneficios que recibiría Lenin Moreno giran alrededor de la transferencia de dinero para la compra de menajes durante su estadía en Ginebra, así como la adquisición de un departamento en Alicante sobre la costa mediterránea de España.


El efecto simbólico surge de la contradicción del discurso unívoco del momento, de la falta de congruencia frente a la nueva ola en que se inscribe hoy en día la política latinoamericana. Pues como lo presentan espectacularmente –cual serie de Netflix– los medios de comunicación, los casos de corrupción son la noticia más importante del quehacer político y social. Queda relegada la información sobre las palpables desigualdades sociales y la existencia de miles de personas que aún no reciben adecuados servicios de educación y salud. Los escándalos de corrupción devienen como el nuevo coliseo romano, en el cual deleitamos ver a leones devorar a cristianos. Una arena donde, indudablemente, Lenin Moreno teme caer.
Al margen de la proyectada emergencia global que muestra a la corrupción como una amenaza que va más allá del desastre nuclear o de la contaminación ambiental, lo cierto es que América Latina ha vuelto a los brazos del neoliberalismo. Con mucha imprecisión se menciona que cualquier crítica a este modelo económico se convierte en un ataque al liberalismo, es decir, a las libertades individuales y al movimiento de derechos convertidos en contrapesos del Estado. El neoliberalismo, sin embargo, se distancia de esta corriente al perfeccionar un sistema de dominación financiera donde las corporaciones someten a los Estados.


La segunda pata de esta trama tiene que ver con el vaciamiento del Derecho, alentado por el furibundo eco que fuera reproducido por los grupos de la derecha local para expulsar a Assange de nuestra embajada en Londres. Este “malestar” convertido en consigna fue esgrimido no sólo a través de recalcitrantes mensajes de ex candidatos presidenciales,asambleístas de turno, ex diplomáticos, comunicadores y denominados expertos jurídicos en relaciones internacionales. En todos ellos se estableció poco menos la consigna de “saquen al malcriado”, “Assange es incontrolable” o “no sabe comportarse”. Había que volver al Siglo XV para resucitar a Rotterdam y observar como los disciplinistas del Siglo XXI iban legitimando el cuestionable Protocolo de Visitas que convirtió en incomodad y asunto de Estado el maullido de un gato y el rechinar de una patineta. Se trata de un manual de comportamiento que tendría de trasfondo el aislamiento de Assange. Así, el estatus político de asilado habría migrado tenuemente a un estado de constricción física y moral, algo que en el lenguaje jurídico sería compatible con el vocablo tortura.


En agosto de 2012 el Estado ecuatoriano reconoció la condición de asilo político a Julian Assange, motivado por los graves riesgos que podrían en peligro su libertad, integridad física y vida como represalia tras poner en conocimiento del mundo información que otros países consideran como secreta o privilegiada. Además, en diciembre de 2017 se aceptó su carta de naturalización, lo que impedía constitucionalmente cualquier extradición, remoción, deportación o expulsión en todo lo que representa el territorio ecuatoriano. Las razones del asilo y la nacionalidad debían convertirse en elementos centrales de protección frente a cualquier ponderación que pretendía legitimar su entrega.


El Protocolo de Visitas, Comunicación y Atención Médica, no obstante, se convirtió en el dogal del estatus jurídico y político de Assange, el caballo de Troya que permitió –tras su supuesta violación– a las agencias británicas de seguridad entrar en territorio ecuatoriano para detenerlo en la madrugada del 11 de abril. Atrás quedaron la Opinión Consultiva 25/2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le remarcó al Estado ecuatoriano la necesidad de precautelar el principio de no devolución; la Opinión Consultiva 54/2015 del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que solicitó a Suecia y Reino Unido las debidas garantías para que Assange pueda circular libremente; o, fundamentalmente, la propia Constitución ecuatoriana que reconoce el principio de no devolución (Art. 41), prohíbe la expulsión cuando peligra la vida, integridad o libertad de un extranjero (Art. 66.14) así como la extradición de ecuatorianos (Art. 79).


Pero la pata que engloba la trama en la penosa entrega de Assange a sus perseguidores se halla en la destrucción misma de la causa altruista. Es el castigo en sí que entraña a la sustancia por encima de las formas jurídicas o diplomáticas. Quien arriesga su libertad y vida para proteger el interés público universal debe ser protegido. Por ello, el Parlamento Europeo creó la Directiva 943/2016 que instruye a los países de la unión a reformular sus legislaciones administrativas, civiles y penales para impedir el castigo a la divulgación cuando su fin es el interés de sus ciudadanos, la libertad de expresión e información, la denuncia a una actividad ilegal o el desempeño ilegítimo de una actividad económica de poder. Un gran salto que reconoce en un whistleblower no a un criminal, sino a un héroe.

Por Jorge Vicente Paladines: Profesor de la Universidad Central del Ecuador
@JorgePaladines


Un organismo de la ONU

Pide por Assange

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU pidió ayer al Gobierno británico que libere al fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, al tiempo que criticó severamente que se le mantenga en una prisión de alta seguridad que no corresponde a los delitos de los que es acusado. Se trata del tercer pronunciamiento que realiza esta instancia de expertos independientes que trabajan bajo el paraguas de Naciones Unidas, a favor de la libertad del activista que hizo posible la filtración de cientos de miles de documentos clasificados de Estados Unidos. Los dos primeros los emitió cuando se encontraba asilado en la embajada de Ecuador en Londres, mientras que el de ayer se produce dos días después de que Assange fuese condenado a 50 semanas de cárcel por haber roto en 2012 cuando acudió a refugiarse en la legación diplomática, las condiciones de su libertad condicional. “El derecho a la libertad del señor Assange debe ser restablecido”, dijo el Comité, tal como lo hiciese ya en 2015 y 2018.


Asimismo, el Grupo criticó que Assange, “por un delito menor”, se encuentre en la prisión de máxima seguridad: “Este trato parece ser contrario a los principios de necesidad y proporcionalidad de acuerdo a los estándares de derechos humanos”.

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El Israel de Netanyahu se dispone a declarar un Estado de apartheid

La Tierra sigue girando sobre su eje, nada ha cambiado, incluso después de las recientes elecciones en Israel. 

Elegido para liderar Israel por quinta vez, Benjamin Netanyahu está preparado para instalar el gobierno más nacionalista y derechista de la historia del país y, mientras tanto, el mundo parece continuar como siempre.


Apoyo incondicional


Desde hace varias décadas, Israel ha estado continuamente escupiendo frente al resto del planeta, con un despreocupado desprecio por el derecho internacional y con un desdén absoluto por las decisiones explícitas y las políticas detalladas adoptadas por las instituciones mundiales y por la mayoría de los gobiernos nacionales del mundo.


Sin embargo, ahí afuera, en ese mundo, todos esos salivazos pasan de alguna manera por gotas de lluvia. Las elecciones vinieron y se fueron sin un efecto perceptible en el apoyo automático y ciego hacia Israel por parte de los gobiernos europeos y, por supuesto, también del estadounidense: incondicional, sin reservas, aparentemente sin cambios. Parece evidente que lo que fue es lo que será.


No obstante, Israel ha cambiado durante el curso del largo reinado de Netanyahu. Este habilidoso estadista israelí está dejando su huella sobre el perfil de su país con un efecto profundo y duradero, más aún de lo previsto o incluso aparente.


Sí, es cierto que los gobiernos de izquierdas en Israel hicieron también cuanto pudieron por preservar la ocupación israelí para siempre y no tuvieron la intención, ni por asomo, de ponerle fin, pero Netanyahu está llevando a Israel mucho más allá, hasta sitios aún más extremados.


Está dañando todo lo que pudiera constituir un gobierno aceptable dentro del territorio soberano reconocido de Israel, incluso con respecto a sus ciudadanos judíos. La propia cara de la “única democracia en Oriente Medio”, que durante mucho tiempo ha funcionado principalmente en beneficio de los israelíes judíos que constituyen su clase privilegiada, está siendo alterada ahora por Netanyahu y compañía.


El predilecto de Occidente


Mientras tanto, es increíble que la respuesta del mundo sea no alterar nada en el apoyo con el que ha estado obsequiando a Israel durante todos los años del gobierno de Netanyahu, como si en esta última ronda no hubiera variado nada, como si las cambiantes posiciones adoptadas por Israel no aumentaran ni disminuyeran tal apoyo.


Con o sin Netanyahu, Israel sigue siendo el predilecto de Occidente. Ningún otro país disfruta, sin condiciones, del mismo nivel de apoyo militar, económico, diplomático y moral. Pero la próxima administración israelí, el quinto gobierno de Netanyahu, se está preparando para anunciar un cambio que puede que el mundo ya no pueda finalmente ignorar.


El nuevo gobierno está dispuesto a arrancarse la última capa de la máscara de su verdadero rostro. El principal activo de Israel, al considerarse a sí mismo como una democracia liberal que comparte valores muy apreciados en Occidente, está a punto de saltar por los aires.


¿Seguirá apoyándolo entonces Occidente? Occidente, el mismo que exige a Turquía que adopte cambios profundos antes de admitirla plenamente en la Unión Europea, que impone sanciones a Rusia en el momento en que invade Crimea, ¿continuará apoyando a la nueva República de Israel que Netanyahu y sus socios gobernantes se preparan a lanzar?
Un cambio radical


El grado de cambio esperado no puede ser exagerado. Israel parecerá diferente. Donde el gobierno anterior prendió hogueras, este avivará las llamas a medida que vayan extendiéndose. El sistema judicial, los medios de comunicación, las organizaciones que defienden los derechos humanos y los derechos de los árabes en Israel experimentarán pronto una sensación abrasadora.


Mediante ley, se impedirá la publicación de artículos de opinión en los medios de comunicación israelíes si, por ejemplo, se les ocurre criticar a los soldados israelíes o si apoyan un boicot a Israel. El aeropuerto Ben-Gurion negará la entrada de manera más generalizada a los críticos con el régimen israelí.


Las organizaciones de la sociedad civil serán despojadas de su situación de legalidad. En el camino emprendido para materializar la visión de un Estado judío, cuyos legisladores son judíos, los árabes serán totalmente excluidos. Y, por supuesto, sin descontar la anexión, en espera actualmente entre bastidores.


El nuevo gobierno será el gobierno de la anexión israelí. Si el apoyo anticipado de Washington está a punto de materializarse (el primer paso, el globo sonda, fue el reconocimiento estadounidense de la anexión de los Altos del Golán), entonces Netanyahu dará el paso que se ha abstenido de dar, hasta el momento, durante todo su reinado: Anunciará la anexión de al menos una parte de los territorios palestinos ocupados.


La trascendencia será inequívoca: Israel admitirá por primera vez que su ocupación militar de 52 años en Cisjordania está ahí para quedarse; que no es, como siempre sostuvo, un fenómeno pasajero.


Cambios políticos espectaculares


Los territorios no son “moneda de cambio” en las negociaciones para la paz, como se afirmó al comienzo de la ocupación, sino propiedades coloniales destinadas a permanecer bajo el dominio israelí de forma permanente. No hay intención alguna de devolver a los palestinos los territorios ya anexados, que podrían después expandirse.


Así pues, el nuevo gobierno de Netanyahu declarará dos cambios políticos espectaculares. En primer lugar, el fin de la solución de dos Estados, que incluso Netanyahu apoyó y de la que se declararon partidarios todos los líderes mundiales.


Esa opción se declarará liquidada. En segundo lugar y al mismo tiempo, Israel se proclamará a sí mismo como un Estado de apartheid no solo de facto, sino ahora, por primera vez, también de iure.


Dado que ninguno de los que están a favor de la anexión tiene la intención de otorgar igualdad de derechos a los palestinos en los territorios de los que van a apropiarse, y como tal anexión de la tierra en la que se levantan los asentamientos es evidentemente fraudulenta, los estadistas del mundo no tendrán más remedio que reconocer, con pleno conocimiento y aceptación, que en el siglo XXI se ha declarado un segundo Estado de apartheid al estilo de Sudáfrica.


En este último supuesto, un régimen de apartheid fue derrotado milagrosamente sin derramamiento de sangre. ¿Se solidarizará el mundo en esta ocasión para repetir esa postura?


¿A qué Israel siguen aún apoyando?


Esta es la pregunta que debería plantearse ante todo a los líderes europeos, desde Angela Merkel hasta Emmanuel Macron, incluida Theresa May; a todos los dirigentes de la Unión Europea. Han repetido sin cesar el mantra de que su apoyo a Israel y a su derecho a existir con seguridad es firme e inmutable.


Han venido declarando de forma continuada su apoyo a una solución negociada de dos Estados. Entonces, ¿a quién apoyan ahora? ¿Qué es lo que apoyan? Exactamente, ¿a qué Israel? ¿En qué mundo se imaginan que viven? Tal vez en el mundo de sueños en el que evidentemente se sienten cómodos, aunque cada vez menos conectados con el mundo real.


¿Seguirá afirmando Europa que Israel comparte sus valores liberales cuando las organizaciones de la sociedad civil estén prohibidas en Israel? ¿Cuándo casi todos los políticos sionistas en Israel declaren que no tienen nada que discutir en el Parlamento con los legisladores árabes electos?


Intenten imaginar a un diplomático europeo declarando que los miembros judíos del Parlamento de su nación no pueden formar parte de ningún diálogo político. O que un diplomático europeo afirmara que los ciudadanos judíos de su país son traidores y quintacolumnistas.


Este tipo de cosas son políticamente correctas en Israel, en todos los partidos. ¿Y qué sucede con la libertad de expresión, tan sagrada en el discurso europeo, cuando el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2019 de Reporteros sin Fronteras clasifica ya a Israel con el número 88, detrás de Albania, Kirguistán y la Hungría de Viktor Orban?


Ese es el Estado de Israel que Vds. están apoyando.


La solución de dos Estados está muerta


El apoyo automático de Occidente a una solución de dos Estados exige también una actualización. ¿De verdad creen, queridos estadistas, hombres y mujeres, que el Israel actual tiene alguna intención, en algún momento, de poner en marcha tal solución?


¿Ha habido alguna vez un solo político israelí que quisiera, o pudiera, desplazar a unos 700.000 colonos, incluyendo la ocupada Jerusalén Este?
¿Creen que sin una retirada de todos los asentamientos, que representa un mínimo de justicia para los palestinos, existe la posibilidad de que tal solución pueda arraigar y convertirse en una realidad?


Uno podría señalar que la mayoría de los diplomáticos occidentales que están bien informados sobre lo que está sucediendo, saben ya desde hace mucho tiempo que tal solución está muerta, pero ninguno de ellos tiene el coraje de admitirlo.


Admitirlo les obligaría a reconfigurar todas sus posiciones sobre el conflicto en Oriente Medio, incluyendo el apoyo a la existencia de un Estado judío.
Con el advenimiento del nuevo gobierno de Netanyahu, el mundo occidental no puede seguir haciendo la vista gorda y seguir afirmando que todo va bien. Pero nada va bien.
Por tanto, la pregunta ahora es: ¿Están preparados para aceptar esta situación? ¿Van a seguir permaneciendo en silencio, continuarán mudos, prestarán su apoyo y harán la vista gorda ante la realidad?


Aquellos de Vds. que estén más preocupados por el futuro de Israel deberían ser los primeros en despertar y sacar las conclusiones necesarias. De hecho, toda persona de conciencia debería estar haciendo eso.

 

Middle East Eye

Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández.

*Gideon Levy es columnista de Haaretz y miembro de la junta de editores del periódico. Ha recibido diversos premios internacionales e israelíes por sus trabajos. Su nuevo libro T he punishment of Gaza ha sido publicado por Verso.

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Jueves, 02 Mayo 2019 06:14

Condenan el asilo de Julian Assange

Condenan el asilo de Julian Assange

Un tribunal condenó al fundador de WikiLeaks, que había perdido su asilo diplomático, a 50 semanas de reclusión.

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, fue condenado ayer a casi un año de cárcel en Reino Unido por haber violado su libertad condicional cuando en 2012 se refugió en la embajada de Ecuador en Londres para no ser extraditado a Suecia. Un tribunal londinense lo condenó a 50 semanas de reclusión por este delito pasible de un año de prisión, por el que fue detenido el 11 de abril dentro de la legación ecuatoriana después de que Quito le retirara el asilo diplomático que le había concedido casi siete años antes.


Este es, sin embargo, solo el primer capítulo de la batalla legal que le espera al australiano, requerido por Estados Unidos para juzgarlo por “piratería informática”: hoy debe enfrentar una vista judicial por esa petición de extradición, que su equipo legal recurrirá en un proceso que podría alargarse hasta dos años. “El combate continúa”, afirmó el periodista islandés Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de WikiLeaks, afirmando que “mañana empieza la batalla más dura y más importante” que podría constituir “una cuestión de vida o muerte para Assange”.


El editor y experto informático, de 47 años, llegó al juzgado en un furgón policial desde la prisión de Belmarsh, donde pasó las últimas dos semanas, con un desafiante puño en alto y mejor aspecto que cuando fue detenido. Vestido con chaqueta negra sobre una camiseta gris, había cambiado la larga barba blanca y la cola de caballo por una barba bien recortada y un cuidado cabello corto. “¡Vergüenza a Reino Unido!” y “¡Vergüenza a Ecuador que vendió a Assange!”, gritaba una manifestante mientras otro enarbolaba una pancarta que decía “Liberen a Julian Assange, candidato al premio Nobel de la Paz”.


Subrayando que vigilarlo durante tantos años tuvo un costo para los contribuyentes británicos, la juez Deborah Taylor le reprochó que se pusiera “deliberadamente” fuera del alcance de la justicia.”Es difícil imaginar un ejemplo más grave de este delito”, afirmó ayer durante la audiencia, dirigiéndose a Assange. “Al esconderse en la embajada, el 19 de junio de 2012, el acusado se había quitado del alcance -de la justicia-, de manera deliberada, al tiempo que permanecía en el Reino Unidoexplotando su posición privilegiada para incumplir la ley”, dijo la magistrada en su resolución.


Assange, a su vez, contestó que hizo lo que pudo. Lo hizo en una carta de arrepentimiento que fue leída por su abogado, quien aseguró que éste decidió quedarse en la legación ecuatoriana por “las amenazas que recaían sobre él desde Estados Unidos y que lo ensombrecían todo”. En su carta el periodista pide “disculpas sin reservas” a aquellas personas que consideren que les ha “faltado al respeto” por la manera en la que ha conducido su caso.”Me encontré en apuros con circunstancias difíciles. Hice lo que en aquel momento me pareció que era lo mejor o quizás lo único que podría haber hecho”, se justifica Assange en la misiva, en la que admite que lamenta el curso que ha tomado la situación. “Esas dificultades -continúa la carta- “tuvieron un impacto en muchas otras personas”.


Por su parte, el abogado que representa al fundador de WikiLeaks, Mark Summers, subrayó que durante los últimos años su cliente había sido controlado por el temor a ser entregado a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por los miles de cables difundidos por su portal. “Mientras le llovían las amenazas desde EE.UU., éstas empañaron todo lo que tenía que ver con él. Dominaron sus pensamientos. No fueron inventadas por él, le fueron controlando”, explicó el letrado.


El fundador de la plataforma de filtraciones, famosa desde que en 2010 difundió cientos de miles de documentos diplomáticos y militares secretos de Estados Unidos, era objeto de una orden de detención británica desde 2012. Esta fue emitida tras no presentarse a una comparecencia judicial en el marco de su libertad condicional después de refugiarse en la embajada de Ecuador para evitar a una extradición a Suecia, que lo había requerido en relación a una investigación por posibles delitos sexuales que posteriormente fue archivada.


Una de las posibles acusaciones en Suecia prescribió en 2015 y la otra fue abandonada en 2017 después de interrogar en la embajada ecuatoriana a Assange, a quien el anterior presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio protección diplomática. La abogada británica Jennifer Robinson, que representa a Assange, aseguró recientemente que éste está dispuesto a cooperar con las autoridades suecas si retoman la investigación mientras su padre pedía desde Sidney que el informático, cuyo mal aspecto físico lo dejó conmocionado, fuera extraditado a Australia.


“La cuestión clave por el momento”, había dicho Robinson, “es la extradición a Estados Unidos”. Ya en 2012, Assange aseguró que quiso escapar a la extradición a Suecia para no acabar en Estados Unidos, donde sus defensores temen que pueda ser condenado a cadena perpetua o incluso muerte por traición. La justicia estadounidense afirma haberlo imputado únicamente de conspiración para cometer intrusión informática, un delito pasible de un máximo de cinco años de cárcel, por ayudar a la exanalista de inteligencia Chelsea Manning a obtener una contraseña que nunca fue utilizada, en el contexto de una mega filtración de documentos que sí fueron extraídos por Mannning y publicados por WikiLeaks.


Manning, que nació varón con el nombre de Bradley hace 31 años y cambió de género en la cárcel en 2012 (había sido condenada a 35 años de prisión y Obama la perdonó después de siete), volvió a ser detenida el 8 de marzo porque se niega a testificar ante un gran jurado que investiga a WikiLeaks y Assange.

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El gasto militar mundial escala a su máximo por el impulso de EE UU

Washington y Pekín suman por primera vez más de la mitad de la inversión global en Defensa

 El gasto militar de EE UU aumentó el año pasado por primera vez desde 2010. La Administración de Donald Trump elevó la inversión en Defensa un 4,6% respecto al año anterior hasta alcanzar los 649.000 millones de dólares (581.000 millones de euros), un 36% del total mundial, que creció hasta su máximo histórico. Washington y su rival estratégico Pekín suman por primera vez más de la mitad de la inversión global en Defensa, según los datos que publica este lunes el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI).

Desde su llegada a la Casa Blanca en 2016, Donald Trump nunca ha ocultado su intención de fortalecer aún más la supremacía militar de Estados Unidos sobre sus dos principales rivales geoestratégicos, China y Rusia. Los drásticos recortes del republicano en medioambiente, cooperación exterior o ayudas contra la pobreza energética le han permitido reforzar su músculo militar con 39.000 millones de dólares más que el año anterior.


A pesar del incremento, el gasto de Washington en Defensa todavía es un 19% menor que en 2010, aunque entonces el contexto era distinto. Estados Unidos estaba involucrado de lleno en las guerras de Afganistán e Irak, con decenas de miles de tropas desplegadas. Hoy cuenta con un contingente muy reducido en Afganistán y varios centenares de asesores militares desplegados en Siria e Irak. Trump ha reiterado su interés en reducir al mínimo la presencia de tropas estadounidenses en estas zonas de conflicto.


“El incremento del gasto de EE UU responde más a una estrategia de disuasión que a las exigencias actuales de sus operaciones en el exterior”, explica por teléfono Aude Fleurant, investigadora del SIPRI. La experta pronostica que —salvo “una catástrofe financiera”— Trump aumentará el gasto en Defensa cada año que esté en la presidencia, a pesar de los obstáculos que suponen el déficit público y la pérdida del control de la Cámara de Representantes, que volvió en noviembre a manos demócratas tras ocho años de dominio republicano.

La adquisición de armamento, de fabricación nacional, es la principal explicación del incremento del presupuesto de Defensa estadounidense. Con un Ejército de casi 1.400.000 efectivos, una ligera subida salarial también ha repercutido en el coste anual. La primera potencia mantiene en el extranjero más de 800 bases militares, repartidas por más de 40 países aliados.


Trump ha ordenado además crear “cuanto antes” una rama del Ejército dedicada al espacio —“que garantice el dominio estadounidense del cosmos”— en la que se prevé que reciba decenas de miles de millones de dólares desde su primer año. El republicano también ha heredado de la Administración de Barack Obama la idea de modernizar el arsenal atómico, un proyecto que según los expertos costaría unos tres billones de dólares (2,69 billones de euros) en un plazo de unos 30 años.


Washington se retiró el pasado febrero del Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF, por sus siglas en inglés), un acuerdo de desarme alcanzado durante la Guerra Fría. Moscú respondió de manera simétrica al día siguiente. En la cuerda floja ha quedado el New START, otro tratado bilateral clave que limita el número de cabezas nucleares de Rusia y Estados Unidos. El pacto finaliza en 2021 y, de momento, no hay visos de que ninguno de los dos países planeen ampliarlo.


Fleurant considera que la pérdida de mecanismos de control armamentístico entre las grandes potencias provocará el aumento del gasto para desarrollar nuevo armamento.


A la acentuada desconfianza entre EE UU y Rusia, cabe añadir que China nunca ha formado parte de estos tratados de control armamentístico, lo que provocaba recelos tanto en Washington como en Moscú. El gigante asiático ha multiplicado por 15 su gasto militar desde los años ochenta, con incrementos en cada variación interanual desde hace 25 años. En 2018 lo hizo en un 5% hasta alcanzar el cuarto de billón de dólares. Y desde que se convirtió en 2008 en el segundo inversor mundial en Defensa, Pekín ha asignado cada año en torno al 2% de su PIB al refuerzo de su capacidad militar.


Estados Unidos, Rusia y China compiten por el desarrollo de nuevo armamento como los misiles hipersónicos, que convertirían en ineficientes los actuales sistemas de defensa. A diferencia de Washington y Pekín, Moscú recortó el año pasado su gasto militar un 3,5%, aunque Fleurant explica la reducción por la inversión extraordinaria que se realizó entre 2010 y 2015 para modernizar su armamento. Por eso, la experta cree que la inversión rusa crecerá a corto plazo, a pesar de las dificultades económicas que arrastra desde hace años por la caída del precio de los hidrocarburos y las sanciones occidentales.


Por su parte, Arabia Saudí se mantuvo como el tercer inversor mundial en Defensa, además de ser el principal importador mundial de armamento. El Reino del Desierto —que lidera la intervención militar en Yemen— destinó el año pasado un 8,8% de su PIB a Defensa, el porcentaje más alto de entre todos los países analizados.


En términos generales, el gasto militar mundial creció un 2,6% y superó los 1,8 billones de dólares hasta marcar un máximo histórico desde que existen cifras consideradas fiables (1988). Los datos del SIPRI no incluyen algunos Estados con inversiones notables en Defensa como Corea del Norte, Siria, Eritrea o Emiratos Árabes Unidos.


El temor a Rusia, detrás del aumento de la OTAN


Los 29 miembros de la OTAN aumentaron conjuntamente su gasto militar un 7% (56.500 millones de euros) en 2018 respecto al año anterior. Francia, el Reino Unido, Alemania, Italia y España han vuelto a elevar moderadamente su gasto en los últimos años tras los fuertes recortes que siguieron a la crisis financiera de 2008.


Sin embargo, son algunos de los miembros más recientes los que más han incrementado su inversión. Rumania, Bulgaria, Lituania y Letonia aumentaron su gasto militar en torno a un 20%; Polonia, un 10%. “No hay un único factor, pero la inquietud que provoca Rusia en esta zona es el principal”, explica por correo electrónico Nan Tian, investigador del SIPRI. Nan considera que la presión que ejerce Trump para que los socios europeos incrementen su gasto en Defensa no ha sido determinante.


Turquía también elevó el gasto, un 24%. “Está en plena modernización del Ejército y sus operaciones militares contra los kurdos implican un coste extra muy elevado”, sostiene Nan.

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Arde París, arde nuestra Iglesia y nuestra casa

En Fracncia

En las calles de Paris hay fuego, hay una gran conflagración en la sociedad francesa por el movimiento continuo de los chalecos amarillos, donde los de abajo protestan por el desmonte de la sociedad del bienestar y están buscando la transformación del estado y ya no solo en las calles sino también en la catedral de Notre Dame el 15 de abril se incendió este templo gótico testigo de muchos acontecimientos históricos.

En el mundo


También hay fuego en Nuestra Señora la iglesia católica y no solo en Paris, si no en la Iglesia en general, esto es por los escándalos de abuso sexual de menores, también por su cercanía y bendición al poder reinante, olvidándose de sus principios (Mt. 20.25.28) de sus orígenes, del libro profético, de las palabras de su fundador Jesús el nazareno, recordada y escrita por la comunidad de San Marcos “Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí le ira mejor si le pusieran al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y que lo echasen al mar.

En Roma

En febrero 2019 el Papa Francisco hizo un intento de cambiar y hacerle frente a los escándalos crecientes, convoco a una reunión de obispos del mundo, para tomar medidas, pero al final no tomo las decisiones de fondo que están reclamando las victimas las comunidades afectadas por este flagelo de la pederastia, esperaban muchísimo más, como el fin del celibato obligatorio, el sacerdocio para la mujer, justicia y reparación para las víctimas, parece que las fuerzas que se mueven al interior de la iglesia están más fortalecidas por los triunfos electorales de la extrema derecha y el fascismo internacional y estén debilitando su visión y accionar progresista.

En marzo 2019, las revelaciones

El escritor y periodista francés Frederic Martel da a conocer a nivel mundial una investigación de más de 4 años el cual tituló "Sodoma, poder y escándalo en el vaticano", es una clara radiografía de los últimos papados, nos hace muchas revelaciones sobre los delitos, crímenes y complicidades con el poder de una gran parte de la jerarquía eclesiástica.

Nos dice en su estudio bien documentado que hay una comunidad gay bastante grande y poderosa en el vaticano y que está extendida por todas las iglesias del mundo, que es como un sistema de vida adornado de palacios, lujos. Lujurias y una gran corrupción.

Con estas revelaciones nos damos cuenta que la iglesia no es una santa católica apostólica y si romana, y se parece mucho a la prostituta de Babilonia, de la cual nos habla y describe Juan en el apocalipsis, capítulos 17 y 18.

En Colombia


En el capítulo que le toca a Colombia hay un personaje que sobresale, es central en el libro, es ejemplo de lo que no debe ser un cristiano en el mundo, es el cardenal Alfonso López Trujillo, da nauseas hablar de este especialista en toda clase de delitos, hipocresía y falsedad. Ladrón de arte religioso, cómplice y amigo de narcotraficantes y paramilitares, amante del poder político nacional y mundial, anticomunista, furibundo, depredador sexual, misógino, sadomasoquista, con muchos jóvenes de amantes en todo el mundo, aprovechando el nombramiento que le hizo Juan Pablo II como presidente del pontificio concejo para la familia, mucho puesto para semejante trueno vestido de nazareno, Martel lo termina describiendo como una diva del catolicismo declinante, un Doctor satánico y anticristo, gran travesti a la antigua usanza, muere en 2008 de una “extraña enfermedad”.

La jerarquía católica colombiana está en mora en dar explicaciones de su proceder, de su falta de transparencia por su lado oscuro, y por su participación en el poder, su complicidad en la violencia política en Colombia, de lo contrario seguirá estando incapacitada moralmente para hablar de ideología de género, de buenas costumbres de matrimonios y familias, de ser un referente ético, de amor y compasión en la sociedad y de evangelización.

Parece ser que el miedo a que se sepa la verdad, ha sido un factor importante para estar en contra del proceso de paz, tiene miedo a que se sepa la verdad de su responsabilidad histórica en el conflicto colombiano y que desgraciadamente se está volviendo a reactivar.

En Bogotá

El cardenal Rubén Salazar Arzobispo primado de la iglesia católica colombiana, nombrado por su amigo Benedicto XVI es un adversario de los intentos de reforma hechas por su jefe el Papa Francisco, le fascina mucho la pompa, los lujosos ritos palaciegos y toda la parafernalia que le gustan a los ricos y al poder, mientras los pobres mueren de hambre o son asesinados, se olvidó completamente de la historia profética del pueblo de Dios que acompaña siempre a los testigos de la verdad, como nos lo cuentan varios de ellos AM 5, 25, Is 58,1, Is 5.8 Is10,1 Is, 56,11 Jr 7, 11, Jer 9-7, Mat 25, 31, 46, Mc 10,24, el cardenal todavía no se da por enterado que el carnaval termino.

Salazar no cumple las órdenes dadas por su jefe Francisco de apoyar abiertamente el proceso de paz, es insensible también a la tragedia que nos enluta por el asesinato casi diario y creciente de líderes sociales, no ha levantado su voz, aunque se da por entendido que la iglesia colombiana es una de las más ultraconservadora del mundo, ha estado ligada y ha compartido el poder político y económico con la clase dirigente del país, esta clase que no quiere la paz en Colombia, nos quiere embarcar de nuevo en la guerra interna y otra externa con nuestra hermana Venezuela, de características continentales apoyando así la posible conflagración a nivel mundial

¿Tiene salvación la Iglesia? Pregunta el sacerdote y teólogo suizo Hans Kung. Nosotros, los laicos, decimos que Jesús tiene un futuro brillante, y la iglesia tiene un pasado y presente tormentoso tiene que entrar en una transformación radical, si Dios está entre nosotros, qué sentido tienen las iglesias, para que sirven?

El camino que le queda a la jerarquía católica es la que siguió la de Chile renunciar para poder seguir a Jesús, presentarse ante la justicia humana y luego a la divina solo asi volveremos a ver a la periferia, al camino de los campesinos, a los pobres de la tierra, a los orígenes, a hablar y a practicar los derechos de los hijos e hijas de Dios, hablaremos también del derecho de José de amar a María, del derecho a vivir en paz, a amar más a la naturaleza, a cuidarla.

El derecho a trabajar por una sociedad distinta donde reine la verdad, la igualdad, la fraternidad, la hermandad, ejercer el derecho a rezar en todas partes, con todas las religiones, en todos los lugares reunirnos e incluso ir a la montaña a invocar y convocar al duende de las cosas, al Dios Padre y madre la vida, Padre de la libertad para que nos ayude a salir de esta esclavitud y destrucción en la que estamos inmersos como familia humana.

Este sería el camino, la paz es el camino, el amor es el camino, tenemos que empezar de nuevo a caminarlo.

 

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Sindicato de millonarios, huelga de capitales

Es mil veces más fácil y más efectivo creer que los pueblos le deben la justicia social y el progreso material a un puñado de multimillonarios que creer que el calentamiento global y la desaparición de los insectos les deben algo a los humanos.


Es mil veces más fácil y más efectivo organizar una huelga de capitales que una huelga de trabajadores. Es mil veces más fácil organizar un sindicato de millonarios para presionar, a su antojo, a los pueblos y a sus gobiernos, que un sindicato de maestros, de obreros, de empleados de un supermercado o de peones rurales. Cuando a un trabajador no le gusta su trabajo o su salario tiene la libertad de irse sin su trabajo y sin su salario a otra parte. Cuando a un inversor no le gusta el trabajo ajeno o los salarios ajenos, tiene la libertad de irse con su dinero a otra parte.


En los países donde es al revés, es porque la huelga de capitales ya ha ocurrido de una forma masiva y el país se encuentra quebrado o acosado por quienes gobiernan el sistema económico que nos gobierna a todos los demás.


En los países donde es al revés, las inundaciones son responsables de la lluvia y los trabajadores son responsables de la miseria y de las crisis sociales.


Ningún gobierno del mundo que promueva el interés general, la solidaridad social de programas de educación, de salud o de desarrollo equitativo puede tener alguna chance de continuidad y de crecimiento económico si antes no deja claro que reconoce la sacralidad de las transnacionales y sus escribas.


Ningún gobierno del mundo que promueva el interés general puede tener alguna chance de continuidad y de crecimiento económico si antes no se inclina ante aquellos inversores que juegan con miles de millones (de dólares y de personas) con la misma responsabilidad con la que beben whisky y le tocan el culo a una empleada de hotel.


Ningún gobierno que reconozca que todo el progreso social y económico del mundo presente no es el producto de un puñado de exitosos millonarios sino de siglos de luchas sociales y de miles de contribuciones de pensadores y de modestos genios de las ciencias y la tecnología, casi siempre asalariados, tiene posibilidades de continuidad.


Todos los gobiernos del mundo, sean de derecha o de izquierda, de arriba o de abajo, deben proteger, como perros rabiosos, la libertad absoluta de los capitales para aterrizar en sus países y para volar a sus paraísos seguros (safe havens) cuando se les plazca, que es siempre cuando a las sociedades se les ocurre realizar algún reclamo sobre su contribución a la riqueza. Es ahí cuando las sociedades quiebran y los pueblos entienden que con las limosnas vivían mejor.


Es decir, a los grandes capitales no sólo se los debe adular, en la práctica y en los cuentos de hadas, sino que también se les debe garantizar el derecho privado a la extorsión universal.
Está de más decir que este sistema, organizado y gobernado por un puñado de multimillonarios, padres fundadores y protectores de todo el progreso de cada país (desarrollado o subdesarrollado, exitoso o arruinado), padres sacrificados e incomprendidos protectores de la humanidad, de una humanidad irresponsable, no tiene un ápice de democrático.
Razón por la cual la Libertad y la Democracia son sus banderas, esas mismas que ondean como péndulos ante los ojos de los pueblos que luego irán a linchar a quienes no están de acuerdo con este estado de hipnosis colectiva.


* Escritor uruguayo-estadounidense.
Profesor en la Jacksonville University.

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Asesinados en Colombia 155 defensores de los Derechos Humanos en 2018

Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, según el informe de la ONG Programa Somos Defensores.

El año 2018 fue uno de los más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia por el asesinato de 155 de ellos, lo que supone un 46,2% más que los 106 homicidios de 2017, según el informe anual de la ONG Programa Somos Defensores que fue divulgado este martes.


El Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh) registró que el 90% de los asesinatos fueron cometidos contra hombres, el 9% contra mujeres y el 1% contra miembros de la comunidad LGTBI.


"Este aumento de asesinatos en el 2018 indica que fue uno de los años con mayor número de victimizaciones y vulneraciones al ejercicio de la defensa y el liderazgo social en Colombia", destaca el informe.


Los departamentos en los que hubo más homicidios fueron el Cauca, uno de los que tiene más conflictos sociales del país, con 28 casos, seguido de Antioquia, con 24; Norte de Santander (15), Putumayo (13), Valle del Cauca (10) y Caquetá (10).


De los 155 asesinados, 63 eran líderes comunales, 24 indígenas, 24 defendían derechos comunitarios, 19 eran campesinos y siete dirigentes sindicales. También fueron asesinados seis afrocolombianos, tres que abogaban por las víctimas del conflicto armado, tres líderes educativos, tres defensores de la restitución de tierras, dos del medioambiente y uno LGTBI.
"Al igual que en años anteriores son los directivos de las Juntas de Acción Comunal (JAC) quienes encabezan esta lamentable lista con 63 asesinatos, frente a los 29 casos del 2017, es decir, existió un preocupante incremento del 117,2%", subraya la información.


Las JAC son formas de asociación y organización de las comunidades, especialmente rurales, para buscar soluciones a los problemas de su entorno.


En cuanto a la autoría de los homicidios, en 111 de los casos, equivalentes al 73 %, los presuntos responsables son desconocidos; en 16 casos (10 %), grupos herederos de los paramilitares; en 12 casos fueron disidentes de las FARC (8 %); otros nueve fueron asesinados por la guerrilla del ELN (5 %), y siete por la fuerza pública (5 %).


"Frente a por qué se presentan tantos casos cometidos por desconocidos, se entiende que la razón puede estar en el temor de los familiares o miembros de las comunidades a denunciar por razones de seguridad, dada la complejidad de los contextos. La otra razón puede estar relacionada a que la mayoría de los asesinatos son cometidos por sicarios", detalló el informe.


Por otra parte, el documento señala que el año pasado hubo 805 agresiones contra líderes sociales entre "amenazas, atentados, desapariciones, detenciones, judicializaciones, robos de información y asesinatos".


Eso supuso un crecimiento del 43,7% con respecto a las 560 de 2017 y significa además que fueron agredidas 2,2 personas por día, lo que convierte al 2018 en "el año con más ataques registrados por este sistema de información".


Según el documento, el crecimiento de las agresiones contra los defensores de derechos humanos obedeció a que "el Estado no estuvo en la capacidad de aprovechar la oportunidad histórica que se ofreció con la desmovilización" de la guerrilla de las FARC tras la firma del acuerdo de paz en noviembre de 2016.


En ese sentido, el informe, financiado por la embajada de Noruega en Colombia y las agencias de cooperación Misereor, Diakonia y Terres des Hommens, añadió que "las acciones por parte del Gobierno no fueron suficientes y la implementación de los acuerdos de paz se dio de manera lenta y poco efectiva".


También señaló que el desarrollo del punto uno del acuerdo de paz, el de "reforma rural integral", es clave para evitar los asesinatos, pues las cifras del Siaddhh evidencian que "la defensa de la tierra y del territorio aparece como una de las causas que más tratan de ser silenciadas por diferentes actores, lo que se refleja en los registros de agresiones".
En el informe se detalló además que de las 805 agresiones, 503 fueron amenazas, 155 asesinatos, 34 atentados, 19 judicializaciones, seis robo de información, cuatro detenciones y cuatro desapariciones.


Las cifras divulgadas por Somos Defensores son más altas que las del informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que registró el asesinato de 113 líderes sociales en 2017 en el país.

23/04/2019 19:35 Actualizado: 23/04/2019 19

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Trump declara la guerra comercial a Cuba

En su larga lista de enemigos internacionales, Donald Trump ha puesto a Cuba en el centro de la diana y parece dispuesto a chocar con los intereses de sus aliados europeos con tal de provocar la caída del gobierno de La Habana. Washington anunció la semana pasada que desbloqueará la totalidad del título III de la ley Helms-Burton que permite denunciar en cortes de Estados Unidos a los norteamericanos o cubanoamericanos que perdieron sus propiedades tras las expropiaciones que tuvieron lugar en el inicio de la Revolución, hace casi 60 años.

La ley, de 1996, consolidó el bloqueo a la isla porque estableció que el Congreso y el Senado deberían autorizar su levantamiento. A pesar de su antigüedad, ni Clinton, ni Bush ni Obama se habían atrevido a llegar al extremo de poner en funcionamiento el título III que se iba suspendiendo cada tres meses. El principal motivo era porque atentaba directamente contra algunos países europeos -teóricamente aliados- con intereses en la isla, pero también porque las demandas potenciales oscilan entre las 75.000 y las 200.000, según el gobierno de Estados Unidos y pueden llegar a colapsar el sistema judicial.


Hace apenas un mes, Trump ya lanzó un aviso con un desbloqueo parcial del título III de la Helms-Burton pero que solo afectaba a unas 200 entidades estatales vinculadas a las fuerzas armadas que mayoritariamente cuelgan del conglomerado militar-industrial GAESA. Estas compañías ya estaban incluidas en la Lista de Entidades Cubanas Restringidas que Washington sancionó hace dos años prohibiendo a sus ciudadanos realizar cualquier tipo de negocio con ellas.


En ese momento, el Departamento de Estado aseguró que la medida no afectaría a la contraparte extranjera de las empresas mixtas como por ejemplo la fábrica del ron Havana Club –con la francesa Pernord Ricard- o, en el caso de España, cadenas como Meliá o Iberostar que operan en hoteles incluidos en la lista en un régimen de explotación. Pero la semana pasada la Casa Blanca hizo extensivas las denuncias a todas las propiedades confiscadas y sin dejar al margen a los socios europeos.


La medida entrará en vigor a partir del 2 de mayo y por el momento ha generado inquietud entre el empresariado europeo que está sujeto a miles de denuncias. Hasta ahora se trataba más bien de una medida simbólica porque, aunque las cortes fallaran a favor de los reclamantes, la justicia americana no tenía forma de obligar a las autoridades cubanas a pagar las indemnizaciones. Con las empresas europeas, podrían ir contra sus activos en Estados Unidos. De aquí la contundente reacción de la Unión Europea que intentará evitar a toda costa este escenario y asegura estar preparada contra estas medidas comerciales que considera "dañinas" e "injustas".


Asimismo, para el experto en relaciones entre Cuba y Estados Unidos, Arturo López-Levy, el propósito de la administración Trump es "distorsionar el clima inversor" en la isla, muy necesitada de capital extranjero después del colapso de Venezuela su principal socio comercial y el retroceso de las relaciones con Estados Unidos. Según López-Levy, esta incertidumbre afectará más a quienes estén pensando en invertir en la isla que no a aquellas que ya llevan tiempo aquí y están acostumbradas a lidiar con este tipo de situaciones.
En declaraciones a EFE, el presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Xulio Fontecha, afirmó que todavía es "muy difícil y muy prematuro saber qué va a pasar" y destaca que las principales compañías españolas tienen muy estudiada la situación.


Castigo por Venezuela


Washington justifica la aplicación de estas medidas como un castigo contra Cuba por la ayuda que la isla esta prestando a Nicolás Maduro para ayudarle a mantenerse en el poder. La visión de la administración republicana es que con el acercamiento de Obama el régimen se reforzó por la mejora económica que supuso la llegada de turistas americanos y las oportunidades de inversión que se generaron.


Según López-Levy, Trump está intentando dibujar en la opinión pública un nuevo enemigo exterior con Cuba y Venezuela que le ayude a crear un marco electoral favorable de cara a las presidenciales de 2020. "Si la nueva amenaza es el socialismo, una parte del centro electoral es susceptible de votar republicano solo para evitar que ganen los demócratas que tienen una posición más suave con estos países". Además, añade que algunas de las nuevas figuras del partido demócrata hablan abiertamente de 'socialismo' y que no es difícil que una parte de la población se deje asustar.


Medidas contra la población


Además de las referentes a la Helms-Burton, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció restricciones que afectarán directamente al día a día de los cubanos pese a la intención declarada por Washington de ir con el gobierno y no contra el pueblo.


La más destacada y grave es la limitación del envío de remeses al país a 1.000 dólares por persona cada tres meses que puede tener un efecto devastador para una gran parte de la gente de a pie que buena parte de su bienestar depende de los ingresos que les hacen llegar sus familiares en Estados Unidos. Las remesas son el principal flujo de dinero al país por delante del comercio con Venezuela o Rusia, los principales socios comerciales. Según un informe del think tank con sede en Miami Havana Consulting Group, los cubanos el envío de remesas en efectivo de Estados Unidos a Cuba entre 2008 y 2018 fue de 30.000 millones de dólares.


Trump también ha decidido eliminar los viajes de norteamericanos a Cuba si no es por motivos familiares ya que las otras 11 categorías que permitía la ley se usaban para hacer un tipo de "turismo encubierto". Empresas que organizan visitas de americanos a la isla destacaron que todavía hay mucha "confusión" sobre cómo se llevará a cabo esta medida y que busca sobre todo desincentivar el turismo al país caribeño pero que definitivamente se trata de "una mala noticia para el sector".


El gobierno cubano respondió a estas medidas con una apelación a la soberanía nacional y rechazando el injerencismo norteamericano, pero al mismo tiempo se lanzó un mensaje a la población de que se avecinan tiempos complicados. El mismo Raúl Castro, ya expresidente, salió a la palestra para concienciar a los ciudadanos de lo que se acerca. Aún así, también lanzó un mensaje de optimismo diciendo que no se volvería a un nuevo 'Período Especial' de los años noventa gracias a la mayor diversificación de la economía.


Por el momento, las complicaciones económicas de Cuba se notan en la escasez de algunos productos de primera necesidad, pero que de alguna manera tampoco es del todo ajeno al día a día de los cubanos. El mayor efecto se nota en las perspectivas de los propios cubanos que albiran un futuro complicado, todo lo contrario al optimismo que se respiraba durante los años de la apertura de Obama.

23/04/2019 11:03 Actualizado: 23/04/2019 11:03
Por santi piñol

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Soldados israelíes disparan a un menor palestino maniatado y con los ojos vendados

El Ejército investiga el tiroteo, que fue grabado por el fotógrafo Mohammad Hmeid en un asentamiento cerca de Belén.

 

Las imágenes captadas por Mohammad Hmeid reflejan la situación que viven los palestinos en Cisjordania: Osama Hajajra, un estudiante de apenas quince años, recibe un disparo de las tropas israelíes, quienes previamente lo habían maniatado y vendado los ojos.


El fotógrafo palestino ha subido varias fotos y un vídeo a su cuenta de Facebook, donde explica que el joven resultó herido de bala el pasado jueves tras intentar escapar de los soldados.


Antes de ser tiroteado, el menor había sido arrestado por haber presuntamente lanzado piedras contra vehículos en un asentamiento israelí, según el diario israelí Haaretz, que informa que los soldados le dispararon en la ingle en la aldea de Tekoa, cerca de Belén.


En ese momento, Osama Hajajra tenía los ojos vendados y las manos atadas en la espalda. Cuando varios palestinos trataron de socorrerlo, fueron apuntados por las tropas israelíes, aunque finalmente pudieron trasladarlo a un centro médico.


El Ejército israelí ha abierto una investigación debido a la actuación violenta de los soldados, quienes perseguían a un menor indefenso cuyo caso permanecería silenciado si no fuese por el fotógrafo Mohammad Hmeid, cuyas imágenes han servido como denuncia de las malas formas de las Fuerzas Armadas de Israel.


El diario Haaretz cita a testigos que aseguran que fue atendido en una clínica de Beit Jala, cerca de Belén. Las imágenes muestran como un soldado atiende al herido mientras otro amenaza con su arma a los palestinos presentes en la escena del tiroteo para que no se acerquen al herido.

22/04/2019 18:40 Actualizado: 22/04/2019 18:46

público

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