Guerra de desgaste contra las comunidades zapatistas

 La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional, en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No somos dueños de la tierra, somos sus guardianes. La tierra es para vivir no para hacer negocio”, dice un joven de la comunidad Nuevo San Gregorio, del Municipio Autónomo Lucio Cabañas, Caracol 10, en el municipio oficial de Ocosingo (Huixtán), Chiapas.

“Estamos cercados en nuestra propia tierra”, agrega una mujer de la misma comunidad que está siendo sitiada por 40 invasores armados con apoyo del Gobierno. Explica que pese al cerco, las familias han montado un taller de carpintería, hacen bordados y mecapal, como forma de resistencia.

Son testimonios recogidos por la “Caravana Solidaria”, integrada por más de 15 colectivos adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto en la comunidad Nuevo San Gregorio como en las cinco comunidades que integran la región Moisés Gandhi, en el municipio Autónomo de Lucio Cabañas, oficial de Ocosingo.

Integrantes de la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq nos explican desde San Cristóbal de Las Casas que se trata de más de 600 hectáreas que fueron recuperadas por las bases zapatistas cuando la ofensiva de 1994 y que ahora están siendo cercadas por “medianos propietarios y personas aliadas de los gobiernos federal y del Estado de Chiapas” y por miembros de la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo (ORCAO).

En Moisés Gandhi, habitada por cientos de familias, las agresiones comenzaron el 23 de abril de 2019, con disparos de armas de grueso calibre desde las 5h hasta las 21h, situación que el Gobierno no quiere ni tiene la voluntad de detener. Desde que comenzaron los ataques, en abril de 2019, en varias ocasiones llegaron grupos de 250 a 300 personas armadas en vehículos, queman viviendas, roban y destruyen cosechas. En varias ocasiones han secuestrado a comuneros, los golpean y amenazan y luego los sueltan.

El 22 de agosto quemaron una tienda de acopio de café zapatista en el crucero de Cuxuljá, un cruce estratégico de carreteras que conectan San Cristóbal con Palenque.

Se trata de nuevas modalidades de la contrainsurgencia que se van adaptando al crecimiento y expansión territorial del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que pasó a contar con 43 centros de resistencia. Integrantes de la caravana explican que los miembros de ORCAO son gente politizada que conoce bien al movimiento zapatista.

Desde hace años fueron atraídos por programas sociales que les ofrecen recursos si regularizan las tierras, pueden capitalizarse y pasar de campesinos pobres a campesinos ricos, adquiriendo poder. La ORCAO vende su café a grandes empresas vinculadas a Wall Mart, ya que tiene aspiraciones de conseguir grandes ganancias.

“La forma de operar consiste en cercar las viviendas, las clínicas y las escuelas de las familias y comunidades zapatistas, y de ese modo les impiden seguir produciendo, configurando una guerra integral de desgaste que busca quebrar la economía autónoma”, explican miembros de la Ajmaq y de las caravanas solidarias.

Imposible no conectar esta situación con lo que fueron las políticas sociales de los gobiernos progresistas en Sudamérica. No sólo transferían recursos a los barrios y comunidades pobres, sino que buscaban que los intermediarios fueran organizaciones y movimientos populares que antes habían luchado contra los gobiernos neoliberales. De esa manera, incorporaban a las políticas oficiales personas que conocían a fondo a los movimientos, saberes a que los Estados desconocían.

 “No es casualidad que la ORCAO esté atacando a las nuevas Juntas de Buen Gobierno y centros de resistencia, porque allí la mayoría son jóvenes y mujeres y buscan desanimarlos y atemorizarlos”, dicen miembros de las caravanas.

Por eso además de cercar con alambres las tierras comunitarias, rompen tuberías de agua, cercan manantiales, pastos donde se alimenta el ganado y les impiden cosechar. En Nuevo San Gregorio, las bases de apoyo reconocen que este año apenas pudieron cosechar el 50% del año pasado. El objetivo es crear una crisis humanitaria que fuerce a las familias zapatistas a abandonar las tierras que recuperaron luchando.

La estrategia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se completa con la instalación de nuevos campamentos y bases de la Guardia Nacional en la región de Ocosingo, que va de la mano de las reactivación de grupos armados como la ORCAO que se desempeñan como paramilitares.

“No nos rendimos, aquí seguimos organizando nuestros trabajos colectivos”, aseguran las comunidades. Para mantener la resistencia organizan trabajos colectivos, para asegurarse la alimentación y la salud. La decisión de resistir de forma pacífica, sin violencia pero sin abandonar la lucha, tiene enormes costos que las bases zapatistas están dispuestas a afrontar.

Desde arriba buscan el enfrentamiento entre pueblos, apoyando organizaciones sociales que cuentan con la complicidad de los gobiernos municipal, estatal y federal, con el objetivo de minar la autonomía zapatista que es una de las principales esperanzas que ilumina el planeta.

5 feb 2021 09:50

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Marcha de granjeros hacia la ciudad de Nueva Delhi en noviembre de 2020. Foto de Randeep Maddoke

El primero ministro Modi, exponente del nacionalismo hindú y abanderado del neoliberalismo, afianza su poder en una India cada vez más desigual.

 

La “oleada colectiva de protestas” que se están produciendo en India a día de hoy es la mayor lucha por la democracia que tiene lugar en el mundo. Los planes autoritarios de Modi, apoyándose en la retórica nacionalista más desbocada, suponen un peligro para la democracia y un enorme sufrimiento para un pueblo que vive desesperado entre una pobreza y desigualdad económica galopante. La epidemia del coronavirus ha amplificado el sufrimiento que ya vivían cientos de millones de personas, no solo por el alto coste humano de la pandemia, sino por el desplome económico que ha originado una gestión pésima por parte del gobierno. Por si fuera poco, las perspectivas no son nada halagüeñas y las condiciones de vida para muchas familias van a continuar agravándose, dada la intención de seguir con la senda neoliberal del gobierno más autoritario y antidemocrático desde tiempos de Indira Gandhi.

La gota que ha colmado el vaso es el último plan para liberalizar el sector agrario. Es cierto que tiene fallos estructurales, pero eso no quita que la reforma sea vista tanto interna como externamente como un cheque en blanco más al sector privado. La pésima gestión de la crisis sanitaria solo ha beneficiado a un selecto grupo de millonarios y milmillonarios que han visto incrementado su poder durante la pandemia. El último informe de Oxfam lanza una sentencia categórica y a la vez muy inquietante: “la desigualdad en India cayó después de la independencia, pero ha subido recientemente a niveles vistos en la era colonial”.

Como bien dice el célebre economista Amartya Sen, India “no era un lugar muy feliz antes de la llegada del gobierno de Modi. Había grandes desigualdades. Estas desigualdades se han magnificado y se han convertido en una parte estándar de la vida”. Sen, aparte de ser muy crítico con las políticas económicas del gobierno, lo es también con sus políticas racistas y de odio. Esto “puede tomar una forma religiosa, como ser anti-musulmán, puede ser de clase, o puede adoptar una forma de casta y de género” .

Desde la independencia de India en el 1947, el nacionalismo hindú apenas había gobernado el país y “estaba representado por el BJP [antes BJS], que ha sido, desde 1980, el frente político del RSS, la organización madre” del movimiento nacionalista. La historia sobre cómo el odio y el nacionalismo han proliferado entre la democracia más grande del mundo se hace imposible de entender si no nos remontamos hasta el año 1925 cuando el RSS fue formado. Durante varias décadas, fracasaron en sus intentos de propagar su discurso de odio hasta que en la década de los 80 empezaron a tener cada vez más impacto en la sociedad, encontrando, después, al líder adecuado para aumentar su popularidad, L.K. Advani. De esta forma el nacionalismo hindú iría ocupando cada vez más un espacio mayor. Pocos años más tarde, en el 92, las presiones de gente como Advani convencieron a “voluntarios nacionalistas hindúes” para derribar la mezquita histórica Babri Masjid. Esto fue, sin ningún tipo de dudas, un punto de inflexión y “marcó el apogeo de la polarización política en torno al nacionalismo hindú y la violencia entre las comunidades hindúes y musulmanas”.

Anand Patwardhan, célebre y premiado documentalista y autor de Reason, nos recuerda que M.S Golwakar, “gurú de la RSS” y su “jefe durante 33 años”, decía “abiertamente en su libro que debíamos aprender de los nazis, especialmente lo que les hacen a las minorías” . Este discurso de odio no pasó desapercibido después de la independencia. De hecho, cuando el 30 de enero de 1948 Nathuram Godse asesina a Mahatma Gandhi, días después, el gobierno central prohibiría temporalmente el RSS  “para erradicar las fuerzas del odio y la violencia que actúan en nuestro país y poner en peligro la libertad de la Nación y oscurecer su hermoso nombre” .

La comunidad musulmana en la india representa el aproximadamente el 14 % de la población, en un país de más de 1.300 millones de habitantes esto supone casi 200 millones de personas. Los discursos de odio llegan hasta tal punto que es el propio Modi el que tiene que pronunciarse para rebajar la tensión a la vez que juega (él, su partido y las organizaciones nacionalistas) a criminalizar a la población con políticas y discursos marcadamente racistas. El mayor ejemplo está precisamente en la figura de Mahatma Gandhi —quien murió a manos de un antiguo miembro de la RSS, aunque hayan intentado desvincularlo—, pues el auge del fascismo ha llevado a la proliferación de discursos que justifican o se muestran equidistantes con su asesinato. Esto condujo a Modi a escribir un artículo en The New York Timesen el 2019 reivindicando su figura , en un buen ejercicio de cinismo.

La independencia del imperio británico trajo la instauración de una república “secular” en una connotación diferente a la que le damos en Occidente. La Constitución recoge muy bien los ideales del momento en el que se pretendía respetar y promover la buena convivencia en un país plural en todos los ámbitos. Asimismo, era un objetivo obligado después de la partición traumática y de la formación de Pakistán. La partición en 1947 entre Pakistán y la India creó “una de las mayores migraciones en la historia de la humanidad” produciendo el desarraigo de 35 millones de personas y la muerte de entre 1 y 2 millones. Según William Dalrymple, la comparación con los campos de exterminio no es tan descabellada como parece. “La partición es fundamental para la identidad moderna en el subcontinente indio, como el Holocausto es para la identidad entre los judíos” .

En los primeros años de la nueva república, la influencia del RSS y del nacionalismo hindú sobre la política nacional no fue determinante y su auge espectacular empieza a partir de los años 80 tal como hemos dicho. No obstante, el asalto a la democracia de Modi no es la primera vez que la democracia más grande del mundo vive una amenaza existencial. La vivida en tiempos de Indira Gandhi fue especialmente severa y acabó con la declaración del Estado de Emergencia (conocido como la “Emergencia”) durante los años 75 y 77, en la que Gandhi “asumi[ó] poderes extraordinarios, encarcel[ó] a líderes de la oposición y silenci[ó] a la prensa”.

Los planes de Gandhi fracasaron después de convocar unas elecciones en el año 77 que perdería frente a una oposición que se unió para derrotarla. De todas formas, volvería en el año 80 al poder y gobernaría el país hasta el año 84 cuando fue asesinada. Los paralelismos que se pueden trazar con la actualidad son bastante inquietantes, a pesar de que la naturaleza e ideología de los gobiernos no tienen nada que ver. En esta misma línea, el estudioso del nacionalismo hindú, Christophe Jaffrelot, apuntó a que “mucha gente apoyó el Estado de Emergencia y vio en ella [I.Gandhi] un desarrollo positivo”, entre otros el sector empresarial. Indira Gandhi, al igual que Modi, contaba con una gran popularidad debido, en buena medida, al uso de los medios de comunicación para sus fines.

En la actualidad, no son pocos lo que señalan a las grandes empresas y a los medios de comunicación como grandes responsables del deterioro democrático que vive el país. Expresado con gran rotundidad por la escritora y activista Arundhati Roy:

“No viviríamos en un estado de fascismo si no fuera por los medios de comunicación indios [...]. Todo se está desmoronando, pero estamos unidos por una tubería de odio que es canalizado por los principales medios de comunicación. No finjamos más que estamos en una democracia y que hay debate y libertad. No hay libertad. Y pondré una gran responsabilidad en los medios financiados por las corporaciones, en las corporaciones que financian estos medios tóxicos [...] La historia se acabó a menos que cada uno de nosotros, independientemente de nuestras diferencias, se den cuenta de que nos enfrentamos al fascismo”.

Uno de los aspectos que más inquieta de Modi es como está utilizando cualquier acción contra los musulmanes para aumentar su popularidad. Modi tiene el mérito de haber empeorado el penoso historial de violaciones de los derechos humanos en la región de Cachemira y de haber elevado aún más la tensión con Pakistán, algo que debería preocuparnos desde nuestras sociedades occidentales porque los dos países tienen armas nucleares. En agosto de 2019, Modi dio un paso más en sus agravios hacia la población musulmana revocando el artículo 370 de la constitución que garantizaba un status especial para el Estado de Cachemira. El artículo otorgaba “al estado cierta autonomía y reconocía sus diferencias históricas y culturales con el resto de la India”.

Una medida así debía venir de la mano de restricciones a la libertad de circulación, prohibición de las reuniones públicas, cierres de las telecomunicaciones, de detención y desaparición forzadas de miles de personas. El desastre a día de hoy continúa y ha sido agravado por la crisis del coronavirus y por el apagón mediático del que se ha quejado amargamente A. Roy en The Guardian: “es comprensible que un mundo traumatizado por el coronavirus no haya prestado atención a lo que el gobierno indio le ha hecho al pueblo de Cachemira. El toque de queda y el corte de las comunicaciones, y todo lo que conlleva tal asedio (sin acceso a médicos, hospitales, trabajo, sin negocios, sin escuela, sin contacto con seres queridos) duró meses. Ni siquiera Estados Unidos hizo esto durante su guerra contra Irak” .

Entender lo que está haciendo Modi significa también recordar lo que hizo mientras era gobernador en Gujarat. No nos olvidemos del papel que jugó el actual mandatario en la masacre del año 2002. Los hechos quedan perfectamente resumidos por Aditya Chakrabortty:

“El 27 de febrero de 2002, un vagón de tren que transportaba a peregrinos hindúes se incendió en la estación de Godhra en Gujarat. Murieron 58 personas. En cuestión de horas y sin más evidencia, Modi declaró que los servicios secretos paquistaníes eran los culpables; luego hizo desfilar los cuerpos carbonizados en la ciudad principal de Ahmedabad; y dejó que su propio partido apoyase una huelga estatal durante tres días. Lo que siguió fue un derramamiento de sangre masivo: 1.000 muertos según estimaciones oficiales, más de 2.000 según recuentos independientes. La vasta mayoría de ellos eran musulmanes”.

La escandalosa responsabilidad de Modi en la matanza llevó a los Estados Unidos a prohibir el visado a Modi durante varios años hasta que la prohibición se levantó con Obama poco antes de que llegara a la presidencia. Los grandes intereses de Estados Unidos en India explican el acercamiento a Modi. Tanto es así que el mandatario indio se tomó el lujo de declarar que: “es cierto que Obama y yo tenemos una amistad especial, una sintonía especial”. Un hecho bochornoso que explica la existencia de este artículo del New York Times defendiendo o encubriendo a Obama al hablar de la improbabilidad de que se hubiera formado una amistad entre ambos mandatarios. 

Los gobiernos españoles también han apoyado a Modi, a pesar de su deriva autoritaria en consonancia con la normalización de los movimientos de extremaderecha o neofascistas en Occidente. En el año 2017, Mariano Rajoy, aprovechando la visita de Modi a España, expresó su deseo de que “sirviera para impulsar la relación entre nuestro dos países de forma decisiva mediante el establecimiento de una hoja de ruta”. De igual forma, el expresidente español elogió “el programa de reformas económicas”, una manera eufemística de referirse a las medidas neoliberales que las élites económicas y políticas indias defienden. Si atienden el registro, verán la misma complicidad en el gobierno de Pedro Sánchez que parece seguir la misma estrategia de Macron de intensificar lazos con cualquier extremista al que pueda venderle armas. El mayor ejemplo lo ha vuelto a dar este gobierno. En el primer semestre de 2020 autorizó 68 millones de euros en armamento a India y 2,5 millones de euros a Pakistán.

Otro ejemplo más del conflicto que se genera entre seguridad nacional y la industria armamentística, pese a que no lo quieran reconocer nuestros líderes políticos. Recordemos que tanto India como Pakistán están armados hasta las trancas y que, si bien Pakistán no tiene ni mucho menos “una democracia fantástica”, el peligro de que estalle un conflicto entre estas dos potencias nucleares sigue siendo muy real. Para colmo, los 68 millones de euros autorizados en los pasados seis meses no tienen en cuenta que Modi cuenta con uno de los peores historiales de violaciones de los derechos humanos de la democracia india.

Volviendo a las declaraciones de Rajoy sobre las reformas económicas, la ruta neoliberal ha encontrado un rechazo manifiesto en estos últimos meses a raíz de la reforma del sector agrario que quiere realizar Modi a espaldas de los agricultores. La pretensión del gobierno de presentarlas como una conspiración es un síntoma inequívoco de fascismo. Otro síntoma, presenciado por el famoso periodista indio y uno de los mayores expertos en este tema, Palagummi Sainath, es que el régimen ha aprovechado el coronavirus para sacar adelante esta reforma. El gobierno ha aprovechado el “shock” de la pandemia para aprobar una medida que es altamente impopular. Al fin y al cabo, no es nada nuevo. En Occidente hemos podido comprobar como estos shocks han favorecido la implementación de las políticas neoliberales durante las últimas décadas.

Los problemas que viven los agricultores no son nada nuevos. Ni para la población india, ni para Occidente. Cada año, miles de agricultores se suicidan debido a la pobreza y explotación extrema que es cada vez más aguda por los efectos de la crisis climática. Observadores internacionales ya habían alertado hace mucho tiempo sobre los grandes problemas que enfrentaba el sector agrario como es el caso de la escritora y periodista, Mira Kamdar. Muchos de estos problemas siguen a día de hoy y deben ser resueltos, con especial urgencia, los efectos secundarios que trajo la Revolución Verde: explotación económica de los pobres y daños ecológicos brutales por la utilización masiva de fertilizantes químicos y pesticidas.

La insistencia en implementar la reforma agraria sin el consenso suficiente de los agricultores, utilizando a unos medios de comunicación cómplices e indulgentes con Modi es una pésima noticia y un mal augurio. Más que nunca, la democracia depende de la eficacia de la resistencia social y de la organización de un pueblo que está cada vez más movilizado frente a un autócrata racista que quiere convertirse en tirano.

Por Isa Ferrero

@isaferrero2

5 feb 2021 06:21

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La Rusia que se rebela Entrevista a Andrey Schelchkov

La detención de Alekséi Navalny abrió un nuevo frente para Vladímir Putin. Con la mirada puesta en las protestas de la vecina Bielorrusia y en la estrategia para enfrentarlas, el gobierno apuesta a responder con violencia a las manifestaciones y esperar su desgaste. El costo es mostrarse como un régimen abiertamente represivo. Navalny, entretanto, se reafirma como la principal figura de la oposición.

 

El envenenamiento, la salida del país y el regreso y detención de Alekséi Navalny han reactivado las protestas en las calles a lo largo y ancho de Rusia. Con una popularidad que comenzó hace años con sus denuncias anticorrupción, Navalny, de 44 años, se transformó en la principal figura de la oposición, con un apoyo particularmente significativo entre los jóvenes. El gobierno respondió a las protestas con una inusitada escenificación de poder y no menos represión. En esta entrevista, el historiador de la Academia de Ciencias de Rusia Andrey Schelchkov analiza la coyuntura, el liderazgo de Navalny y sus posturas ideológicas -algunas de ellas, paradójicamente, no tan lejanas a las de Putin- y el escenario que abre esta nueva ola de protestas.

¿Cuál es la estrategia del gobierno ruso frente al caso Navalny? ¿Cuánto incide lo que ocurre en la vecina Bielorrusia, con las persistentes protestas en las calles, en la escenificación de la fuerza y la fuerte represión de las protestas?

Parece que el gobierno dejó al lado todas las apariencias. La arbitrariedad es absoluta, la represión es brutal y ejemplarizadora, lo que a los ojos de la gente menos involucrada políticamente contrasta con la imagen paternalista que siempre buscó proyectar Vladímir Putin. Ahora el gobierno optó por la variante de la violencia abierta, al estilo de Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia. Está cortando sus vías de comunicación con amplias capas de la sociedad, inclusive con los partidarios de Putin. La represión acelera la radicalización de la protesta, lo que podría acortar las posibilidades de supervivencia del régimen. Nunca la policía tuvo una imagen positiva, pero ahora está por debajo del suelo. La cantidad de arrestados sobrepasa lo imaginable: entre el 23 y el 31 de enero han sido casi 10.000 personas en todo el país. Ni en la época soviética hubo algo parecido. En la URSS, la policía era disciplinada y no arbitraria o abusiva. Claro, hablamos de la época de Leonid Brézhnev, con Stalin no existía la ley. Cuento esto porque aún ahora hay una cierta confianza e ilusión en la justicia, que de todos modos se fue evaporando en estos años. Hoy solamente los más ancianos tienen estos espejismos. Por ejemplo, una vecina mía de más de 80 años y muy favorable a Putin me dijo «¿Por qué Navalny protesta en vez de ir a denunciar la corrupción en la fiscalía?». Santa simplicitas.

De todos modos, durante estas protestas, no en todas las ciudades hubo confrontación con la policía. Por ejemplo, en mi ciudad natal, Krasnodar, que cuenta con un millón de habitantes y es tradicionalmente muy conservadora, salió muchísima gente. El 23 de enero hubo alrededor de 7.000 personas, un número nunca visto allí desde que se recuerde, y nadie les puso trabas a las marchas. Hay que recordar que todas las manifestaciones fueron prohibidas, lo que hace más importante el número de manifestantes. Tal vez las fuerzas especiales se fueron a Moscú y no tenían con qué reprimir en ciudades más pequeñas. Las autoridades apuestan a la estrategia de Bielorrusia: la gente se cansará y la represión va a cumplir su función. Creen que si mantienen preso a Navalny el gobierno podría aguantar algunas semanas de protestas. El problema es si esto se convierte en una especie de intifada rusa. Por primera vez la policía se enfrentó a la resistencia violenta de quienes protestan. Y además vienen elecciones al Parlamento que puede causar otras conmociones.

El gobierno no puede dejar en libertad a Navalny sin que ello sea considerado una muestra de debilidad, algo que Putin teme más que nada porque sería una señal a los servicios de seguridad de que el jefe está débil, y esto podría causar una crisis en la elite gubernamental. El gobierno prefiere una crisis corta ahora que una crisis sin fin con Navalny en libertad. La incógnita es qué sucede si esta situación dura demasiado tiempo. Ya nadie escucha la propaganda por la TV, excepto gente mayor que no sale ni para protestar ni para apoyar a Putin. Los medios oficialistas dicen que las protestas fueron insignificantes. Pero todo el mundo ve la histeria de las autoridades, que cerraron el centro de Moscú para peatones (algo inédito), frente a lo cual los manifestantes se dispersaron por barrios más periféricos mostrando que están «por todos los lados». El centro, donde hasta las estaciones de metro fueron cerradas, parecía parte de una ciudad bajo estado de sitio. Pero el drama no es Moscú, siempre rica y acomodada, y siempre de oposición, sino las provincias, pobres o ricas pero siempre leales, donde sorprendió la dimensión de la protesta.

¿Cómo está hoy la popularidad de Putin? Hasta ahora había un clivaje claro entre «las capitales» (Moscú-San Petersburgo) y el resto de Rusia, pero desde hace tiempo se ven protestas en otros sitios, incluyendo el extremo oriente.

No tiene sentido seguir las encuestas oficiales, pero incluso ellas registran una caída de la popularidad de Putin hasta 53%. Más o menos independiente, el Levada Center llevan la caída hasta 39%, pero lo más interesante es su nivel de apoyo entre los jóvenes (hasta 35 años): en un año, cayó de 36% a 20% de apoyo. En realidad, el problema está además en que Putin aparece como mentiroso e incluso ridículo. Surgieron miles de chistes, una forma de reacción popular tradicional en política en Rusia. Putin pasa a ser objeto de burlas, incluso cae en el ridículo, y esto es lo peor que le puede pasar desde punto de vista de su imagen. Incluso muchos de los que lo saludaron como gran líder nacional durante la epopeya de la anexión de Crimea ya no lo apoyan.

Lo que se denomina «la provincia» es un mundo heterogéneo, y las grandes ciudades del interior (Novosibirsk, Ekaterimburgo y muchas otras) son un gran problema para el gobierno, incluso electoral. En el oriente, en el Pacífico, la población fue siempre rebelde, muchos son descendientes de los deportados, ahí la violencia es muy posible y no hay temor. Ya provocaron grandes sorpresas electorales, allí las autoridades se sienten débiles, pero las preocupan más Moscú y San Petersburgo, donde se decide la suerte del poder; por eso tanto dinero va a estas dos ciudades. En Siberia oriental (Jakasia, Jabárovsk, Vladivostok), en las pasadas elecciones, ganaron los candidatos spoilers (postulados no para ganar, sino para obstaculizar el triunfo opositor), y la política de Navalny denominada «opción inteligente» llamó a la gente a votar por cualquier candidato con posibilidades de ganarle al oficialismo. En varias regiones ganaron los opositores. En Vladivostok simplemente anularon las elecciones, en Jabárovsk en un año detuvieron al gobernador, provocando masivas protestas diarias y semanales que las autoridades no se atrevieron a reprimir. Estas protestas duraron seis meses. Y las consignas pasaron lentamente de un espirito anti-Moscú, que es inherente a todas las provincias rusas, a las consignas anti-Putin. Pero sin tener liderazgo político ni idea de cómo seguir, las protestas se desvanecieron. Y lo más preocupante es que Navalny, desde su regreso, se convirtió en un instante en un héroe sin temor y en figura unificada de la oposición, que consolida todo el descontento en el interior ruso, que realmente está social y económicamente mal.

Navalny es un nacionalista, aunque parece más abierto a temas como los derechos LGBTI, de las mujeres, etc. ¿Qué lo diferencia ideológicamente de Putin?

Navalny es un nacionalista light. Es un político nato, se apoya en los sentimientos que existen en la sociedad: nacionalismo antiinmigrante, sobre todo contra los provenientes de Asia central, de religión islámica y social-liberal. Sabe que Rusia es un país de izquierda, pero donde los social-liberales ya son derecha, por eso tiene discurso de justicia social y de igualdad, en esencia es un «socialista» en lo social y es liberal en lo económico y en la política, una combinación complicada. El problema no es tanto qué lo diferencia de Putin sino lo contrario, qué tiene de parecido con el presidente. Y esto es el caudillismo, un liderazgo personalista. Por eso algunos lo llaman «joven Putin». Navalny consiguió formar un numeroso grupo de seguidores jóvenes, muy abnegados y sacrificados. En cuanto a la agenda social de feminismo, derechos LGBTI, etc., tiene el discurso muy liberal. Pero su nacionalismo preocupa a muchos porque es antiinmigrante (la inmigración es un gran problema cultural y religioso en Rusia), aunque entronca con la sensibilidad de muchos simpatizantes de Putin. Por ejemplo, Navalny acusa a los oligarcas putinistas de fomentar la inmigración de Asia central para mantener salarios bajos. Tampoco les gusta a los liberales su posición sobre el problema de Crimea, que coincide con la de Putin. Hay que recordar que Navalny fue expulsado a principio de 2000 del partido social-liberal Yabloko por sus posiciones nacionalistas. Sin embargo, la mayoría de los opositores, en la derecha y en la izquierda no oficialista (Frente de Izquierda), apoyan a Navalny por ser capaz hoy de enfrentar a Putin.

¿Qué elementos explican la dimensión de la protesta? No parece ser solo la libertad de Navalny... 

Navalny, en su confrontación con Putin, se convirtió en la figura unificadora contra el régimen, y eso ayuda a aumentar la cantidad de personas dispuestas a salir a las calles por su libertad. Lo que sorprende es que un tercio de ellas salió por primera vez. Se junta el cansancio por la pandemia, la crisis, la erosión de los niveles de vida, lo que contrasta con la opulencia gubernamental. Por eso, el video que publicó el equipo de Navalny sobre un un lujoso palacio en las costas del mar Negro, supuestamente perteneciente a Putin, fue una especie de chispa. De ahí la indignación de Putin. Muchos creen que la detención de Navalny sin ninguna justificación legal es una venganza por esa denuncia. De ser cierto, esto colocaría a Putin ya no en el papel de un líder autoritario, lo que parece no molestarlo mucho, sino en el de un vulgar político corrupto. Después de 20 años de poder personal de Putin, muchos sienten ya mucho hastío.

En un comienzo, Putin tenía una base de apoyo también entre los jóvenes, ¿eso está cambiando?

Es cierto, era más popular entre los jóvenes, pero era la época en que el petróleo estaba a 100 dólares por barril; ahora no hay nada de eso. Los jóvenes se enfrentan a varios problemas: (a) tienen mayor información por internet, viven en internet y no ven televisión, que es pura propaganda; (b) en Rusia casi 90% de los jóvenes (de hasta 35 años) son graduados de la universidad y 80% trabajan en puestos que no corresponden a su especialidad profesional, es decir que la frustración laboral entre jóvenes es muy grande; además, el sistema de Putin, que conforma una elite cerrada, acortó todos los canales de ascenso social; (c) hay también un conflicto de tipo estético: los valores putinistas de la guerra, la masculinidad y el imperio no pegan en la mayoría de los jóvenes, que se muestran bastante sordos a todo eso. Las tentativas de crear un movimiento pro-Putin entre los jóvenes en 2005-2010 fracasó. Sus líderes terminaron apropiándose de los recursos y no cuajó. En el ciclo de protestas anti-Putin de 2011-2012, ellos ni aparecieron… Un gran problema con los jóvenes es que no conocieron la URSS, por eso no tienen el temor a una repetición de las épocas estalinistas que tuvimos todos los que vivimos la época soviética. Ellos no tienen miedo a las policías y salen a enfrentarse de manera abierta.

Muchos cantan «Abajo el Zar» en las protestas... ¿quiénes salen a las calles? ¿Puede formarse allí un nuevo bloque opositor con más suerte que los anteriores en los 20 años de putinismo?

Es un gran enigma… Lo más lógico sería que el partido Yabloko, que tiene personería jurídica para presentar las listas para elecciones, aproveche las protestas y acepte la colaboración con los navalnistas. Ahí cambiaría el panorama político, pero es posible que prefieran mantener su mísera existencia sin conflicto con el Kremlin que pujar por ganar las elecciones (en 2021 hay elecciones legislativas). Es la única opción, porque los demás partidos no oficialistas deben juntar firmas para obtener su personería y las autoridades frenan siempre su registro. Si Yabloko no acepta el apoyo de los navalnistas, el voto de protesta va a ser aprovechado por el Partido Comunista, que hace algunas cosas críticas al gobierno pero es antinavalnista. Sin embargo, las bases del PC y de Yabloko (sus diputados municipales, por ejemplo) ya están con los navalnistas y en pleno conflicto con la cúpula de sus partidos. En perspectiva, no veo lo que muchos siempre quisimos: el pluralismo en el espacio opositor. Navalny sin duda va a monopolizar la posición del líder único, incluso desde la prisión.

En una de las fotos desde la comisaría, justo atrás de Navalny se ve en la pared una foto de Genrikh Yagoda, quien estuvo a la cabeza del KGB entre 1934 y 1936, en pleno estalinismo. ¿Se le dio alguna significación particular a esa imagen en Rusia? Hoy en el país parece haber libertad de expresión por fuera de los canales oficiales. ¿Cómo es la situación?

Pues sí, y es una especie de ironía, ya que Yagoda también fue fusilado por Stalin. Aquí lo comentaron mucho, fue más bien un pretexto para comparaciones con el pasado a mi juicio inadecuadas. De momento se conservan pocos medios absolutamente opositores, como el canal de TV Dozhd (Lluvia) que transmite solamente por internet y es de pago, pero tiene mucha audiencia y casi las 24 horas habla del caso Navalny. Las radios y los periódicos conservan cierta libertad y los hay de línea opositora. Ahora bien, las autoridades ya se enteraron de que los millones invertidos en la propaganda por televisión sirven solamente para convencer a las personas de mucha edad y no sirven ya nada para atraer a los jóvenes, que no ven televisión y menos aún los canales oficialistas, con un discurso y una estética tan anticuados. Por eso el gobierno está buscando formas de controlar las redes sociales y YouTube, Telegram, etc. Y es muy posible que cierren más medios. Mucho depende de que les importe la reacción internacional que siempre puede amenazar su pecunia, que es lo más sagrado. Por eso dan un paso y esperan la reacción interna y externa. Pero Occidente prefiere, como siempre, obtener grandes ganancias con Rusia antes que defender los derechos humanos o civiles, por eso ahora es más importante en Europa la presión de la opinión publica frente a sus gobiernos, sobre todo el alemán y el francés, y ni hablar del italiano, que siempre elige una posición prorrusa, para que corrijan su política hacia Moscú.

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Alexéi Navalni durante la vista judicial en el Tribunal Municipal de Moscú, este martes.AP

El activista llama en la vista judicial celebrada en Moscú a mantener la presión en la calle contra Putin

Un tribunal de Moscú ha condenado este martes al destacado opositor ruso Alexéi Navalni a ingresar en prisión por violar repetidamente los términos de una sentencia por fraude de 2014 y la libertad condicional impuesta entonces, por no presentarse a las revisiones judiciales. A esa condena la jueza le ha restado casi un año por el tiempo que pasó en un arresto domiciliario que cumplió en su momento. La pena efectiva se queda así en dos años y ocho meses. La sentencia supone un desafío a los reiterados llamamientos internacionales que insistían en la liberación de Navalni y puede inflamar la ya alta tensión entre el Kremlin y los seguidores del activista anticorrupción. Las autoridades han desplegado un gran número de antidisturbios en el centro de Moscú y de San Petersburgo y han cargado con gran fuerza contra las personas que han salido a la calle de forma pacífica para protestar por el veredicto. Hay más de un millar de detenciones, según la organización especializada Ovd-Info.

Tras conocer la sentencia, el destacado opositor, que ha pasado el juicio haciendo gestos de cariño a su esposa, Yulia Naválnaya, presente en la sala, solo ha atinado a dedicarle unas palabras. “No estés triste, todo va a salir bien”, ha remarcado antes de que se lo llevasen de la sala, cuando Naválnaya ha roto a llorar. Sus abogados han informado de que recurrirán la condena hasta la última instancia. Se espera que esta semana Navalni sea ya trasladado a una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los reclusos deben por lo general trabajar, entre otras cosas). La condena ha suscitado la crítica de Estados Unidos y de la Unión Europea, que han reclamado la liberación inmediata del opositor y se ha mostrado profundamente preocupados por la deriva del caso, cuyo fallo llega, además en vísperas de la visita a Moscú del Alto Representante para Política Exterior de la UE, Josep Borrell. El Kremlin había recalcado ya este martes por la mañana que no admitiría “sermones” de nadie sobre el asunto, ni ningún tipo de injerencia.

El activista anticorrupción, de 44 años, que fue arrestado tras regresar a Moscú desde Alemania, donde se recuperó de un envenenamiento grave sufrido este verano en Siberia por el que culpa directamente al presidente ruso, Vladímir Putin, ha afrontado el juicio con todas las cartas sobre la mesa: sabiendo que lo más probable es que fuese condenado. Así, ha utilizado la vista para lanzar un impetuoso discurso político. Desde la cabina acristalada en la que tradicionalmente se sientan los acusados, el disidente ha asegurado que seguirá luchando y ha cargado contra Putin: “Por mucho que pretenda ser un gran geopolítico, su principal amargura es que pasará a la historia como un envenenador”.

Las protestas multitudinarias en apoyo al líder opositor de las pasadas semanas no han logrado su objetivo. Tampoco la crítica y la presión de los países Occidentales que habían exigido la liberación de Navalni, convertido en el crítico más visible contra el presidente ruso y el hombre que ha logrado impulsar las mayores movilizaciones de la última década. Las autoridades rusas, que también han procesado a sus principales aliados, ya habían señalado que no se dejarían influir por la presión pública. Y lo han cumplido. Navalni queda ahora no solo apartado de la política ―ya fue vetado en las elecciones presidenciales de 2018― sino también de la calle. La sentencia puede hacer que las movilizaciones sociales se desinflen, pero también dar todavía más altura al opositor e impulsar las protestas.

“Espero de veras que este proceso no sea percibido por la gente como una señal de que deben tener miedo”, ha insistido ante la juez Navalni, vestido con un jersey azul marino con capucha. El activista anticorrupción ha elogiado a las decenas de miles de personas que han salido a las calles en numerosas ciudades de Rusia, pese a las amenazas de las autoridades y los duros arrestos, y ha asegurado que no cesará la lucha política. Y ha vuelto a llamar a nuevas protestas. Este martes, decenas de sus seguidores han acudido a apoyarle en un día crucial a las inmediaciones del Tribunal Municipal de Moscú, que ha amanecido completamente cercado por los antidisturbios y la policía.

Caso ‘congelado’ desde 2014

El hecho de que el caso detrás de los cargos contra el destacado opositor fuese declarado “injusto y arbitrario” por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2017 ha aumentado todavía más el malestar entre la ciudadanía rusa. El tribunal, con sede en Estrasburgo, condenó a Rusia por violar el derecho a un juicio justo de Alexéi Navalni y de su hermano, Oleg. Ambos fueron condenados en el mismo proceso por malversación de fondos (unos 500.000 euros) en dos firmas rusas, incluida la sucursal en el país euroasiático del gigante de cosméticos francés Yves Rocher.

Estrasburgo falló que Rusia debía pagar 10.000 euros a cada uno de los hermanos Navalni por daños y perjuicios y reembolsar sus costos legales: 45.000 euros para Alexéi Navalni y 18.000, para Oleg. Navalni no tuvo que entrar en prisión, sino que recibió lo que se denomina una “condena suspendida”; su hermano, Oleg sí cumplió la pena completa: tres años y medio en una colonia penal (un tipo de cárcel en la que los recursos deben trabajar por lo general).

Pese a la antigüedad del proceso y el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el caso siguió quedando ahí, como una bala en la recámara contra el opositor. La sentencia señalaba que Navalni debía permanecer limpio durante seis años tras el veredicto para que la condena fuese anulada definitivamente, pero el opositor ha acumulado desde entonces en su expediente otros delitos, sobre todo relacionados con su participación y organización de protestas anti-Kremlin. Así que el caso denominado Yves Rocher nunca dejó de estar en la nevera. Hasta finales del año pasado, cuando el proceso resucitó y derivó en una nueva causa judicial contra el opositor.

Navalni ha respondido con cierta ironía en el juicio a las acusaciones de la Fiscalía, que defendió que no hay justificación para que el opositor no acudiese a las revisiones judiciales establecidas sobre su caso y ha tratado de argumentar no solo que ya incumplió las citas antes de salir del país sino también que no tenía forma de saber que el activista se encontraba en Alemania, donde fue trasladado sin conocimiento en un avión medicalizado. “Estaba en coma”, ha remarcado Navalni. “¿Podría explicarme cómo pude haber cumplido mejor con mis obligaciones? Primero estaba inconsciente, luego consciente, más tarde tuve que aprender a caminar de nuevo”, ha señalado el destacado opositor, que ha recalcado que incluso el presidente ruso —que se ha referido a él en ocasiones como “el paciente de Berlín” por su hospitalización allí— sabía que estaba en Alemania.

Los abogados de Navalni han argumentado que no se les notificó que se buscaba al activista hasta pocas horas antes de que este fuese inscrito en la lista de personas buscadas por las autoridades rusas. Desde que recuperó el conocimiento, el opositor siempre había asegurado que tenía intención de volver a Rusia. Y así lo hizo pese a la seguridad de que sería arrestado nada más pisar Moscú y que la probabilidad de ser condenado era inmensa.

En la vista blindada de este martes, la juez ha atendido a la propuesta de la fiscal, que había reclamado que se restablezca la condena original de tres años y medio en régimen penitenciario que se le suspendió en 2014, aunque finalmente ha restado el tiempo que el opositor cumplió en arresto domiciliario.

La indignación por el nuevo proceso a Navalni, que desde el 18 de enero se encuentra cumpliendo 30 días de prisión preventiva, sumada al descontento ciudadano por la corrupción, la desigualdad y una situación económica complicada, han encendido las protestas contra el Kremlin, que han sacudido Rusia los dos últimos fines de semana. El domingo, un despliegue policial inédito en las principales ciudades de Rusia y la dura represión de las fuerzas de seguridad no lograron, sin embargo, reducir las manifestaciones, que terminaron con más de 5.100 detenidos en todo el país, algunos bajo una fuerte violencia, el uso de porras y de pistolas eléctricas.

Entre los detenidos está Yulia Naválnaya, la esposa del opositor, que recibió una multa de 20.000 rublos (220 euros) por participar en la manifestación, y que ha estado presente este martes en el juicio contra su esposo. “Te vi en la televisión en mi celda. Dicen que estás violando constantemente el orden público. ¡Chica mala! Pero estoy orgulloso de ti”, le ha dicho Navalni desde el acuario en un costado de la sala de vistas, revestida de paneles de madera, donde el opositor ha permanecido todo el juicio.

Navalni, que se ha hecho conocido por sus revelaciones de la corrupción de la élite política y económica de Rusia, se ha convertido en el crítico más visible de Vladímir Putin. A él y a su supuesto palacio multimillonario dedicó precisamente su último informe difundido en YouTube, que ha espoleado las protestas.

Por María R. Sahuquillo

Moscú - 02 feb 2021 - 17:14

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Manifestación de Madrid con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto./ EFE

Ojalá no tuviéramos que seguir dándole vueltas a este derecho fundamental para las mujeres, ojalá llegara el día que pudiéramos decir "aborto, fin de la historia", pero ese momento está aun muy lejos. Vamos y venimos. Nos hemos llevado la inmensa alegría de ver cómo se aprobaba en Argentina y el disgusto de ver cómo se restringía aún más en Honduras y acabamos de ver cómo se restringe también hasta la casi prohibición total en Polonia, un país de la Unión Europea, un espacio que se supone que vela por los derechos de las mujeres, como tiene que hacerlo una democracia. En España vivimos hace relativamente poco tiempo un ataque frontal a este derecho y, en todo caso, lo que seguimos viendo es que la derecha sigue sin aceptarlo con normalidad democrática.

Hace pocos días se ha producido un debate en nuestro país a cuenta de la supuesta intención del Ministerio de Sanidad de facilitar el aborto farmacológico o de privilegiar este sobre el quirúrgico. No voy a entrar aquí en ese debate pero hay cuestiones que merece la pena analizar. La IVE es un derecho conquistado por las mujeres y ampliamente asumido y defendido por la sociedad española y sin embargo…no dejamos de tener la percepción de que sigue estando en riesgo. Esto es porque, a pesar de las leyes, naturalidad con la que la sociedad lo asume y los avances legales…hay cuestiones que siguen pendientes y es verdad que los poderes públicos, quizá, a veces lo damos por hecho y no lo defendemos lo suficiente.

En algunos aspectos sigue tratándose como si fuera algo vergonzoso, sigue cayendo sobre dicha práctica un estigma que desde las instituciones no contribuimos lo suficiente a levantar. Lo explicaba Marisa Kohan en un artículo: no se informa suficientemente de cómo acceder a este derecho; lo que contribuye a mantener el estigma y lo aleja de la normalidad de cualquier otra prestación sanitaria. La información sobre dónde abortar y cómo debería estar fácilmente accesible y debería figurar como una prestación sanitaria más dentro de las que ofrece el Sistema Nacional de Salud. Normalizar dicha práctica es una de las mejores maneras de defenderla. A veces parece que más bien se esconde.

Otro de los problemas que arrastra desde su despenalización, relacionado con el anterior,  es que no se ha conseguido que las intervenciones se realicen con normalidad en la sanidad pública. Los sucesivos gobiernos (incluso los muy favorables a este derecho) se han venido despreocupando de que se pueda realizar dentro del Sistema Nacional de Salud, y esto tiene consecuencias importantes que a veces pasan desapercibidas. Por una parte, no todas las mujeres españolas pueden acceder en las mismas condiciones a la prestación, sino que depende de la provincia en que se encuentren, lo que supone una discriminación según el lugar de residencia. Por otra parte, el hecho de que la IVE no se haga prácticamente nunca en la Sanidad Pública, de que se haga siempre fuera, no contribuye a que socialmente se considere una prestación más. Se mantiene siempre en una especie de régimen de excepcionalidad que tampoco contribuye a su normalización.

No hay que entender con esto un menosprecio a las clínicas concertadas que llevan años atendiendo a las mujeres. Estas no han sido nunca meros negocios. Garantizaron ese derecho cuando nadie lo hacía, muchas y muchos de sus profesionales afrontaron presiones e incluso cárcel; ofrecieron a las mujeres asesoramiento y acompañamiento y muchas de ellas fueron fundadas y dirigidas por feministas de amplia trayectoria. Así que todo el reconocimiento para ellas.  Pero el estado debería garantizar que el derecho al aborto se pueda ejercer en la sanidad pública y en condiciones de igualdad en todo el territorio. Que esto no se hiciera se debió en parte a las presiones de los grupos ultras que desde el principio han venido señalando a cualquier profesional que en los hospitales públicos se prestara a realizar abortos; y esto, así como una muy mala regulación de la objeción  de conciencia, ha expulsado, literalmente, la IVE de la sanidad pública. Vamos a reconocer que la batalla no se ha dado quizá asumiendo que el derecho al aborto estaba asegurado de cualquier forma y que lo importante es poder acceder a él, y no en qué condiciones. Pero no, esta batalla es material pero también ideológica, y  hay que darla cada día; lo estamos viendo.

Además,  este "extrañamiento" de la sanidad pública va más allá. Y como si las técnicas de aborto fuesen algo vergonzoso éstas no son materia que se enseñe en las carreras de Medicina ni Enfermería ni se enseña tampoco durante la especialización.  El estado de nuevo renuncia a la obligación que tiene de formar profesionales en dichas técnicas para así garantizar que las mujeres reciban la mejor atención cuando ejercen su derecho. Y esto  a pesar de que la obligatoriedad de esa formación figura en la ley; no se cumple. Unas de las cosas que aprendí mientras fui diputada y me ocupé de este tema es que existe el miedo entre los y las profesionales de que llegue un momento en que no haya especialistas con la suficiente formación en esta materia. Es un riesgo real y puede que la escasez de profesionales formados pueda llegar a poner en peligro el ejercicio del derecho; al menos el ejercicio del derecho en igualdad de condiciones para todas las mujeres o su capacidad para elegir.  Ni se garantiza la formación, ni se garantiza que se pueda realizar en la sanidad pública con normalidad. No se combate el estigma ni el secretismo y, por el contrario, parece que se da la razón a los ultras antifeministas que quieren que sea una práctica estigmatizada dentro de la medicina, señalada, apartada.

Por último, y muy importante, hasta ahora no hemos sido capaces de garantizar que desaparezcan las presiones e intimidaciones a las puertas de las clínicas. Es descorazonador la poca importancia que los gobiernos autonómicos siguen prestando a que las mujeres puedan ejercer su derecho con seguridad y privacidad; es un desprecio absoluto a los derechos de las mujeres el hecho de que no haya manera de entrar en las clínicas con absoluta discreción, libertad, y confianza en no ser molestada.  Desde distintas instituciones y partido y Unidas Podemos hemos impulsado iniciativas en este sentido, muchas de ellas aprobadas con amplio consenso (incluso con el apoyo de Ciudadanos) pero que nunca se cumplieron.  Estamos trabajando desde el Ministerio en la reforma de la ley 2/2010, pero muchas de estas cuestiones que he comentado corresponden a las CC.AA y otras al Ministerio de Sanidad.

La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho y todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para garantizarlo en condiciones de igualdad y seguridad. Sabemos que el retroceso es posible y a veces está más cerca de lo que pensamos. No podemos asumir que ya está todo conseguido porque estamos frente a una reacción antifeminista muy profunda. No avanzar puede ser, a la larga, retroceder y en este tema, ni un paso atrás.


Detienen a 14 personas en el segundo día consecutivo de manifestaciones en Varsovia.

Polonia restringe el derecho al aborto

La justicia polaca declaró inconstitucional la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) por malformación del feto. La medida prohibiría un 98 por ciento de los abortos realizados en el país.

Personas con pañuelos verdes y tapabocas con el rayo rojo -que identifica la lucha a favor de la interrupción voluntaria del embarazo en Polonia- llegaron a las inmediaciones de la Corte para protestar (foto) la medida que restringe el derecho a decidir de las personas gestantes. Al menos 14 personas fueron detenidas en la segunda noche de manifestaciones en rechazo a la promulgación de la sentencia judicial.

"Nos reuniremos aquí ya que este Estado piensa que puede apropiarse de nuestra libertad", dijo a la multitud Marta Lempart, una de las fundadoras de Huelga de Mujeres, una de las fuerzas populares que apoyan el derecho a decidir.  En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional (TC) declaró “inconstitucional” la ILE por malformación fetal. La medida tuvo que ser suspendida por el rechazo que llevó a manifestaciones multitudinarias y que duraron semanas en las calles Varsovia, capital polaca. En ese momento, un estimado de 150 mil personas (la manifestación más grande desde el movimiento por la solidaridad con los trabajadores en la década de 1980) salieron a las calles para oponerse a las medidas que restringen el derecho al aborto.

 “El estado quiere limitar aún más los derechos, arriesgar vidas y condenarlas a la tortura” sostuvo Adam Bodnar, defensor de derechos humanos en Polonia tras la prohibición casi total de la interrupción legal del embarazo (ILE). El fallo del Tribunal Consititucional eliminó la ILE en casos de malformación fetal, contemplado como una de las tres excepciones que permite acceder a un aborto en el país. Según datos del ministerio de Salud, el 98 por ciento de los 1.100 abortos practicados en 2019 fueron por malformación fetal.

Hace casi 90 años que Polonia fue el pionero en legalizar el aborto por la causal de violación en Europa, con la promulgación del fallo pasó a tener una de las legislaciones que más restringe el derecho a decidir. De acuerdo con datos oficiales del país, se realizan unos dos mil abortos legales anualmente, sin embargo, esta cifra contrasta la brindada por organizaciones feministas que estiman que la cifra es cien veces mayor -cerca de 200 mil- si se contabilizaran los realizados de forma clandestina o en el extranjero.

Por Beatriz Gimeno

Directora del Instituto de las Mujeres

Página12

30/01/2021

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Policías detienen a un manifestante en Rotterdam por violar el toque de queda.  ________________________________________ Imagen: AFP

Al menos unas 180 personas fueron detenidas en Ámsterdam y Rotterdam por la policía de Países Bajos durante las manifestaciones contra el toque de queda que estableció el gobierno desde el sábado pasado. Las principales ciudades del país vivieron jornadas intensas en las que las autoridades reportaron saqueos e incendio de vehículos. Las autoridades neerlandesas señalaron que se trataba en gran parte de adolescentes.

Si bien Países Bajos ha controlado las infecciones de coronavirus, el parlamento decretó un paquete de medidas para evitar el contagio de la nueva variante detectada por primer vez en el Reino Unido. El sábado entró en vigor el primer toque de queda en los últimos 75 años. El mismo establece que entre las 21:00 y 4:30 horas las personas deberán permanecer en sus casas, de lo contrario deberán pagar una sanción por incumplimiento que ronda los 95 euros. La medida se extiende hasta el nueve de febrero.

Asimismo, el ministro de Finanzas neerlandés Wopke Hoekstra confirmó que a pesar de las manifestaciones el gobierno no suspenderá el toque de queda establecido desde el sábado. "No se capitula ante las personas que rompen los frentes de las tiendas” dijo Hoekstra en referencia a los disturbios. En las imágenes divulgadas en redes sociales mostraron a un grupo de personas saqueando un comercio en la ciudad de Bolduque y a un reportero gráfico golpeado con un ladrillo en la cabeza por varios manifestantes que lo perseguían en Haarlem, un suburbio de Ámsterdam.

En Hertogenbosch, una localidad unos 100 kilómetros al sur de la capital, hubo saqueos en tiendas, supermercados, también hubo daños a vehículos. El alcalde de Hertogenbosch, Jack Mikkers calificó los incidentes como un “inimaginable rastro de destrucción”. En Rotterdam, otra de las ciudades más afectadas, el intendente Ahmed Aboutaleb emitió un decreto para ampliar los poderes de arresto de la policía. “Se llevaron a cabo arrestos por parte de la policía antidisturbios”, reportó la alcaldía en Twitter e instó a la población a “abandonar la zona” de la protesta. 

Por su parte, el intendente de Haarlem, Jos Wienen describió las manifestaciones como un “disturbio serio del orden público” y agregó que “todos queremos se libres de movernos. Pero eso no le da el derecho a nadie de incendiar o cometer vandalismo”. Las principales ciudades de los Países Bajos empezarán a tomar medidas de emergencia para prevenir más disturbios.

Además, el jefe de la Policía de Rotterdam, Fred Westerbeke, denunció que los participantes en los disturbios evitaron en un primer momento que los bomberos actuaran para atender a varias personas que necesitaban ayuda, incluidas una niña con discapacidad y un anciano. 

El Primer Ministro neerlandés, Mark Rutte, condenó los disturbios en los que manifestantes anti-cuarentena atacaron a la policía e incendiaron automóviles. “Lo que motivó a estas personas no tiene que ver con protestas, esto es violencia criminal”, afirmó Rutte.  "Debemos ganar juntos la batalla contra el virus, porque sólo entonces podremos recuperar nuestra libertad", agregó.

 Henk Ferwerda, especialista en criminología, dijo que la manifestación fue "secuestrada" por violentos. "Había negadores del virus, manifestantes políticos y chicos descontrolados. Se juntaron los tres grupos", añadió.

Según informó el diario británico The Guardian, el pasado fin de semana la policía detuvo unas 300 personas luego de que jóvenes lanzaron piedras -y en un caso cuchillos- a los oficiales, atacaron un hospital. El domingo en la ciudad de Urk, ubicada a unos 60 kilómetros al noreste de Ámsterdam, un grupo de jóvenes incendió una estación de testeo de Covid-19. Al menos unas 5,700 multas fueron emitidas por incumplir el toque de queda.

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Ola de violencia callejera en Holanda contra el toque de queda

El primer ministro en funciones, Mark Rutte, tildó ayer de “violencia criminal” los disturbios que convirtieron Holanda en escenario de una batalla campal entre policías y jóvenes amotinados contra el toque de queda entre las 21 h y las 4.30 h, la primera restricción a la movilidad que se aplica contra la pandemia desde marzo y que llega a unas semanas de las elecciones legislativas.

La Policía neerlandesa detuvo al menos a 151 personas durante choques entre los agentes y grupos de jóvenes, en la que es ya la tercera noche consecutiva de disturbios en Países Bajos.

Aunque el toque de queda en la práctica no afecta a la rutina social de un país donde se cena temprano y en el que toda la actividad no esencial está cerrada, Rutte no se había atrevido hasta ahora a restringir la movilidad y apostó siempre por apelar al “característico” sentido de la responsabilidad y la “madurez social” de los ciudadanos.

Pero ayer el país amaneció con calles llenas de cristales rotos, comercios saqueados y un hospital apedreado por los manifestantes, que incendiaron un centro de pruebas PCR, quemaron coches y contenedores, lanzaron piedras y fuegos artificiales a los agentes, destrozaron bicicletas, e interrumpieron el tráfico. La policía reaccionó con todos sus medios para dispersar las protestas y utilizó cañones de agua, caballos, perros, gases lacrimógenos y porras.

Los disturbios fueron obra de grupos integrados por algunos cientos de jóvenes que se repartieron a lo largo y ancho del
país, convocando protestas a través de las redes sociales contra el toque de queda, vigente desde el sábado.

Al menos una decena de municipios se vieron afectados por la ola de violencia, en particular Eindhoven, Ámsterdam y La Haya. Se espera que la cifra de detenciones sea aún mayor porque los choques en Bolduque (Den Bosch) y Róterdam fueron especialmente violentos. También hubo movimiento en otros puntos del país, como en Haarlem, Geleen, Helmond, Zwolle, Almelo, Breda y Tilburgo, pero la policía logró controlar la situación de forma más rápida.

El director del sindicato de la policía, Koen Simmers, teme que lo ocurrido solo sea un presagio de lo que vendrá si continúan en vigor las restricciones vigentes desde mediados de diciembre y cree que el malestar social podrá durar “días o semanas”. No se había visto una violencia similar en Holanda desde los enfrentamientos entre la policía y los okupas en los años ochenta. “En Eindhoven, la situación se fue tanto de las manos que los alborotadores han atacado con cuchillos”, añadió Simmers.

Los alcaldes y los diputados han subrayado su preocupación por la nueva noche de disturbios, la tercera desde que entró en vigor el toque de queda el sábado. El alcalde de la ciudad de Eindhoven, John Jorritsma, llamó “la peor escoria del mundo” a los alborotadores, y alertó de que, si la sociedad no está “unida contra esto (la pandemia), estaremos de camino a una guerra civil”. Al menos 55 personas fueron detenidas al final de la noche.

El alcalde de Tilburgo, Theo Weterings, condenó por “reprobable” e “inaudito” el comportamiento de los jóvenes que se dieron cita en el municipio, y subrayó que las tiendas afectadas “pertenecen a empresarios que ya lo están pasando mal” por el confinamiento. La policía detuvo a 19 personas en esta ciudad.

“Ladrones sin vergüenza, no puedo decir otra cosa. Tuvimos que amenazar con el uso de gas lacrimógeno, una medida de gran alcance, me parece triste porque nunca he tenido que hacer algo así en toda mi carrera”, respondió el alcalde de Róterdam, Ahmed Aboutaleb. 

El edil de Bolduque, Jack Mikkers lamentó también lo ocurrido. “Es inaudito lo que ha sucedido esta noche. Esta gente no se da cuenta para nada del miedo, la preocupación, el daño y la vergüenza que producen a los vecinos de la ciudad. Un montón de malhechores lo arruinan todo para muchas otras personas. Somos muchos los que no entendemos nada de este comportamiento”, dijo.

El líder de la izquierda verde, Jesse Klaver, señaló a la ultraderecha por haber “incitado a la violencia” con una declaración de una facción del Partido de la Libertad contra el toque de queda, algo que el populista Geert Wilders señaló como “¡inaceptable, antidemocrático y francamente peligroso!”

Agencias

La Haya

26/01/2021 01:27Actualizado a 26/01/2021 09:01

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Parlamento de Honduras aprueba ley que prohíbe el aborto

El proyecto, aprobado este jueves, prohíbe de forma absoluta el aborto en Honduras. En medio de la fuerza del movimiento de mujeres en Argentina y el resto de Latinoamérica, los antiderechos y conservadores no se han hecho esperar, e impulsan ataques y trabas prohibiendo la legalidad del aborto, no así su clandestinidad.

 

En Honduras, uno de cada cuatro partos es de una menor de 19 años. Este dato consolida al país en los primeros puestos de las tasas más altas de embarazos adolescentes en América Latina. Aun así, el pasado jueves fue aprobado por el Parlamento el proyecto de ley que prohíbe de manera absoluta el aborto. Este proyecto introduce a Honduras dentro del grupo conformado por El Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Haití y Suriman, como los países de la región que prohíben en todas sus formas el aborto.

Este proyecto viene a fortalecer el artículo 67 de la Constitución de Honduras, que instituye que “al que está por nacer se le considerará nacido para todo lo que le favorezca dentro de los límites establecidos por la ley”.

Dicho proyecto fue presentado por el vicepresidente del Parlamento, Mario Pérez, quien es diputado del partido en el gobierno. Además, fue discutido solamente en dos debates virtuales, a pesar de la exigencia de organizaciones de mujeres por el derecho a decidir y contra la criminalización del aborto, como Somos Muchas, de que fuese discutido en tres debates.

El movimiento de mujeres en Honduras afirma que este proyecto es un “acto condenable”, y que “la cárcel no previene embarazos no deseados. Es una medida injusta y desproporcional”. Además, catalogan este proyecto como un retroceso, pues está “bloqueando el acceso a abortos seguros”. Sin embargo, existen varias iniciativas que pretenden la despenalización del aborto en tres casos: riesgo de vida de la mujer o persona gestante, inviabilidad fetal y violación.

Este proyecto es un ataque más contra el derecho a decidir, ya que, en Honduras, el aborto es penalizado en todas sus formas desde 1997, lo que ha conllevado al encarcelamiento de mujeres. Además de la penalización del aborto, la falta de accesibilidad a métodos anticonceptivos, especialmente en zonas rurales, así como la prohibición de venta, uso, distribución y compra de anticonceptivos de emergencia y su penalización con cárcel, son factores que contribuyen a la alta cantidad de embarazos forzados, dentro de los que se destacan los embarazos en adolescentes. En este ataque al derecho al aborto han tenido gran influencia los grupos religiosos, injerencia que las organizaciones de mujeres catalogan como “perjudicial en cuestiones de salud pública”.

Organizarnos para exigir y hacer posibles nuestras demandas

La legalización del aborto en Argentina, dio un empuje a las demandas del movimiento de mujeres en varios países de Latinoamérica. La marea verde en Argentina se ha extendido en la región, siendo un ejemplo de que, si nos organizamos, podemos ganar. Tanto en México como en Chile, el movimiento de mujeres ha retomado con fuerza sus demandas por el aborto legal, libre, seguro y gratuito, pese a la negativa de sus gobiernos.

La otra cara de la moneda es que, ante la fuerza del movimiento de mujeres internacional, los grupos conservadores y antiderechos han dado respuesta; es decir, estos grupos se encuentran activos y empujan ataques contra nuestro derecho a decidir. Tal es el caso del proyecto de ley aprobado en Honduras. En Costa Rica, los grupos antiderechos, avalados por el gobierno y la Asamblea Legislativa, impulsan el proyecto de ley de adopción anticipada y el derecho de la persona no nacida.

Como movimiento de mujeres internacional, es necesario sacar la conclusión de que es la movilización en la calle lo que podrá garantizar nuestras demandas. En su lugar, hay que organizarnos para ganar, como movimiento de mujeres es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito y avanzar junto con la clase trabajadora para luchar contra toda forma de opresión y explotación.

Solamente dando la pelea en las calles, como movimiento de mujeres, junto con nuestros compañeros de clase, es posible garantizar el derecho democrático al aborto libre, legal, seguro y gratuito. Además, es necesario dar en conjunto la pelea por la separación real de la(s) Iglesia(s) y el Estado. Hay que garantizar que la marea verde barra con los dinosaurios y quienes negocian con nuestras vidas y nuestros derechos.

Por Fernanda Quirós

Viernes 22 de enero | 15:13

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Un hombre camina con sus pertenencias en una de las zonas inundadas durante la temporada de huracanes en Honduras.

Si la situación en Honduras era complicada antes de 2020, la pandemia y los dos huracanes que azotaron el país han llevado a miles de personas a unirse a la última caravana migrante hacia EEUU

 

Bajo un puente y resguardada en carpas de plástico en un suburbio de San Pedro Sula, Lilian María describe sus muchas preocupaciones tras meses a la intemperie. Su barrio desapareció por la ferocidad de las lluvias, pero ahora lo único en lo que piensa es saber algo de su hijo. Se despidió de él hace poco más de una semana, cuando se incorporó a la última caravana migrante que intenta avanzar por Centroamérica con dirección a Estados Unidos. "Estoy pensando en él, porque a saber si lo golpearon o si está preso", dice en el campamento improvisado donde duerme desde el paso del huracán Eta.

Si la situación social en Honduras era complicada antes de 2020 -con un 40% de la población viviendo en indigencia y un 70% en pobreza-, el coronavirus y los dos huracanes que azotaron la región a finales del año pasado terminaron de darle el tiro de gracia a una población cansada de no encontrar respuesta en las autoridades.

Abandonados a su suerte, acosados por la violencia de pandillas, la delincuencia, sin opciones laborales y con un sistema de salud colapsado que ya contaba con una ocupación del 90% antes del confinamiento, muchos prefieren jugársela con la esperanza de garantizar a sus familiares una vida mejor a través del envío de remesas, que representan el 20% del Producto Interior Bruto nacional. Ya no escapan de forma anónima y clandestina, con los riesgos que implicaba caer en manos de alguna red de trata de personas durante el camino. Ahora, como lo han hecho en distintas caravanas desde 2018, vuelven a organizarse para protegerse de manera colectiva.

"No nos llega ni para tortilla, ni queso"

Lilian María y su familia vive bajo lonas entregadas por iglesias cercanas y se alimentan a base de comida donada. Su hija acaba de dar a luz. "La acabo de traer del hospital, bien tiernita. Y no tiene ni cama", lamenta la mujer hondureña. "No nos llega ni para tortilla, ni queso", continúa para describir la precariedad que, dice, empujó a su hijo a sumarse a las cerca de 9.000 personas que partieron unidas desde la estación de autobuses de San Pedro Sula el pasado viernes. El plan, explica, consistía en que él migrase a Estados Unidos para ayudar a su madre, su hermana y al recién nacido.

En el punto de partida de la caravana estaba también el pasado viernes María Belén, de 22 años y también oriunda de Chamelecón, en las afueras de San Pedro Sula. La joven decidió invertir el poco dinero en llegar a México por su cuenta en varios autobuses y esperar allá a la caravana para ir juntos hasta la frontera norteamericana.

No ha tenido suerte. Su intención se vio frustrada cuando la policía guatemalteca la detuvo y la deportó, a pesar de que el convenio CA4 permite circular libremente y sin necesidad de un pasaporte por los tres países que limitan con Honduras. Desde el pasado fin de semana, buena parte de la caravana se encuentra varada en Guatemala, después de que las fuerzas de seguridad del país frenasen su camino con porras y gas lacrimógeno. Alrededor de 1.800 integrantes del grupo han sido ya deportados a Honduras.

"Volveré a intentarlo el mes que viene"

Una vez retornada a su país, María Belén ha regresado el mismo campamento donde vive Lilian María. Su vivienda también se ha perdido tras las inundaciones: "Me fui para darle a mi mamá y a mi abuela lo poco que teníamos y que perdimos por el huracán. La casa, todo".

La hondureña cuenta que no pudo estudiar el Bachillerato porque tuvo que abandonar los estudios para ponerse a trabajar. "No me daba tiempo para seguir estudiando porque acá no dan oportunidades para que uno se prepare mejor", explica la mujer. No quiere vivir de la caridad, insiste, y la única salida que encuentra es volverlo a intentar. Ya tiene fecha para partir de nuevo hacia Estados Unidos: "Salgo el mes que viene. A ver si la suerte me acompaña", remata.

Quien sí regresó al terreno donde tenía su casita es Mayra Suyapa. Con láminas de chapa y nylon ha tratado de reconstruir su vivienda, aunque más alejada del río. "Donde nosotros vivimos está feo. Ni maquinaria -para limpiar la zona- nos han traído, está empozada toda el agua también", con el peligro que representa por la propagación de enfermedades. Y continúa describiendo la tragedia que pasaron: "Hasta un tío se me ahogó, enrollado en una hamaca. Lo rescataron los bomberos. Ahí está en la morgue todavía creo yo, no lo hemos ido a reclamar, no tenemos ni ataúd, ni cómo enterrarlo".

Aunque el Valle de Sula -una de las zonas agrícolas más productivas, al norte del país- haya sido uno de las regiones más afectadas por los huracanes, se calcula que casi la mitad de toda la población hondureña fue damnificada por el paso de Eta e Iota. Desde todos los departamentos se sumaron integrantes a la caravana migrante. Johnatan Josué, de Lempira (sector occidental), aceptaba el riesgo que implicaba. Nora Torres, de Danlí, El Paraíso (al sur), se fue por la necesidad de empleo: "Si se trabaja, es para el día a día", decía para describía la realidad de un país donde más de la mitad de los asalariados antes de la crisis de la COVID-19 trabajaban en la economía informal. Estos empleos han caído desde el inicio de la pandemia lo que ha disparado la mendicidad en el país.

Esperanzados con Joe Biden

"Acá la verdad no se puede vivir", decía Junior Alexander justo antes de emprender la caminata que pretendía atravesar Centroamérica y México, hasta llegar a EEUU. Este hombre partió de Tegucigalpa con su mujer y su hija para unirse con la caravana migrante en San Pedro Sula. Ellos también perdieron su casa a causa de la catástrofe climática. Tampoco tienen ya donde vivir.

También desde la capital de Honduras se había sumado Norma Amador, quién igualmente se quedó en la calle por las inundaciones. Ella, como tantos otros, se encontraba esperanzada de que la investidura de Joe Biden implicara un beneficio para los migrantes. Las expectativas con el cambio de administración en Estados Unidos con inversamente proporcionales a su enojo con el gobierno hondureño. Sus quejas llegan sobre la falta de anticipación ante la inminente llegada del huracán Eta, el primero de los dos huracanes que golpearon en un lapso de diez días.

El presidente entrante ha prometido dar la nacionalidad a once millones de inmigrantes en situación irregular que se viviesen en EEUU antes del 1 de enero de 2021. Ella no cumpliría ese requisito, pero se aferra a él a ciegas. "Esperamos en nombre de toda la caravana que cumpla su palabra y que nos ayude. Que nos de oportunidad. Nosotros somos personas luchadoras que queremos salir adelante, no tenemos nada. Solo pedimos un poquito de trabajo".

 

San Pedro Sula (Honduras) — 23 de enero de 2021 21:11h

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«El progresismo latinoamericano no es un proyecto acabado»

Entrevista a Álvaro García Linera

 

Álvaro García Linera es un reconocido intelectual y exvicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia (2006-2019) acompañando a Evo Morales. Siguiendo la línea de anteriores entrevistas en este espacio, se conversa en esta charla (previa a la rotunda victoria del MAS en las recientes elecciones presidenciales bolivianas) por la exitosa experiencia de desarrollo nacional y social del “Proceso de Cambio”, logros y obstáculos de las nacionalizaciones de recursos estratégicos y la apuesta por la industrialización de los mismos. También, acerca de los alcances del poder estatal y las perspectivas pospandemia

APU: Para empezar, haciendo un balance de los 14 años del «Proceso de Cambio Boliviano» se ha destacado el éxito económico del modelo con respecto al resto de los gobiernos progresistas o nacional-populares. ¿Cuál diría que fue la clave o la fórmula para el gran desempeño económico articulado con una importante presencia estatal de carácter plebeyo?

Álvaro García Linera: Yo diría que hubo al menos unas 3 medidas concéntricas para ello. La primera: la nacionalización de las actividades económicas de alta rentabilidad, que le permitieron al Estado disponer casi instantáneamente de un excedente económico: hidrocarburos, telecomunicaciones y electricidad. No son áreas deficitarias, sino que generaban excedentes que se iban afuera. Cuando logras con esta medida retener el excedente económico, lo que haces es inyectarlo en el país para que eso dinamice la economía, vía distribución de recursos, inversiones públicas, mejora de la educación, etc. Esta retención del excedente fue clave.

Un segundo elemento fue dinamizar el mercado interno, porque éste está vinculado a pequeños productores que son la mayoría en mi país: agrícolas, urbanos, artesanales, pequeños comerciantes. ¿Y esta dinamización del mercado interno cómo la logras? Distribuyendo la riqueza: bonos, ayuda a la gente más necesitada, elevando el salario; y entonces en los sectores populares la gente gasta casi el 50% de su salario en comida, y luego también en servicios básicos, transporte, telecomunicaciones, educación.

Tuvimos un incremento sostenido del salario mínimo: pasamos de 52 a 306 dólares en una década, fue fundamentalmente dinero que regresaba otra vez a la economía. Alguna parte se ahorraba, pero para alquilarse un mejor cuarto, comprar o mejorar la casita, etc. Alguna gente evidentemente se compraba el smartphone o el televisor plano, y por supuesto ha habido una parte de dinero que se ha ido hacia el extranjero, pero cuando uno ve la estructura de gastos ello nunca rebasaba el 15% de los ingresos y exageradamente en sectores más acomodados hasta el 20%. El resto quedaba en dinámica de consumo interno. Y esto no significa aislarnos del mundo, claro está. Aprovechamos además las oportunidades de exportación, de hecho, se multiplicaron las exportaciones en esa década, casi por 4 veces en las áreas donde nos iba bien.

Hemos sacado así al 30% de la población de la pobreza extrema en una década. Es un récord continental en tan poco tiempo. Todos los países han avanzado en eso, pero Bolivia, no en número sino en porcentaje, ha sido el más acelerado en ello. Eso representó gente que consumía más, dinamizando el mercado interno, lo cual te permitía una expansión de la economía al margen o no tan dependiente de los precios internacionales. Se dice que crecimos porque era el boom de los commodities, sin embargo, desde el 2014 cuando caen los precios del petróleo, gas, soya, el crecimiento boliviano se sigue manteniendo en el 5%, por esta fuerza del mercado interno (con esos commodities elevados llegamos a tasas de crecimiento del 7%).

APU: ¿La tercer medida cuál fue?

Álvaro García Linera: Lo tercero que hicimos fue controlar el sector financiero. En dos sentidos: ponerle unos impuestos muy elevados, de hasta el 50% de sus ganancias, y luego obligarlos por ley a que un 60% de los flujos financieros y créditos vayan a producción y vivienda, a una tasa regulada del 5%. El restante 40% podían prestarlo para el comercio, para especulación financiera, no nos hacíamos problemas. Si querías préstamos para comprarte un automóvil podías hacerlo, pero las tasas iban al 12/14%. Eso dinamizó el consumo de insumos locales en la vivienda, contratación de fuerza laboral o para la producción agrícola o para la producción artesanal. Esto es muy importante, porque encima se dio un incremento en el ahorro interno boliviano en este periodo: llegamos en 2005 con un ahorro interno en los bancos de 2.700 millones, y al año pasado era de 27.000 millones de dólares. O sea, se multiplicó por 10. 

Si bien hay más elementos, yo creo que la combinación de esos tres factores fue lo que nos permitió que la economía creciera muy rápidamente, y tuvieron una sostenibilidad en el tiempo, aún a pesar de las variaciones de los precios internacionales. Una otra cuarta, que no deberíamos olvidar, es la bolivianización de los ahorros, porque eso también te permite políticas monetarias. En Bolivia, el dólar era casi como la moneda de uso corriente. Tú podías comprar electrodomésticos, una cantidad elevada de harina o de arroz, eso es muy grave, porque tu Banco Central no puede controlar el flujo de los dólares. En cambio, mediante incentivos logramos que la gente fuera ahorrando en bolivianos, que el Banco Central aparezca como el que regula los flujos monetarios del país. Pasamos de un 30% de ahorro en bolivianos y 70% en dólares en 2005, a un 95% de ahorro en bolivianos y un 5% de ahorro en dólares, porque premiabas al ahorro en bolivianos y lo castigabas en dólares. No fue fácil, pero se fue avanzando para que después de una década el peso boliviano fuera sólido, fuerte, y eso le permite al Estado intervenir, ya tienes una nueva herramienta de regulación de la economía.

APU: Y en relación con la nacionalización de los recursos estratégicos -o bienes comunes- en Bolivia y la apuesta por la industrialización, en una economía por demás primarizada, ¿qué alcances y limitaciones, dificultades, complejidades, se encontraron en esta apuesta por la industrialización, la diversificación y la complejización productiva?

Álvaro García Linera: Fue gradual. Cuando llegamos al gobierno teníamos que el 40% del PBI estaba en empresas extranjeras. Brasil tenía el 25%, era casi el dueño de la cuarta parte de Bolivia con Petrobras. Aparte de que eso significa que tus excedentes económicos se externalizan, se van afuera, los saberes productivos, los conocimientos técnicos, están en otras manos. Las propias universidades públicas no se encargaban de dar formación en hidrocarburos, ni minería ni agricultura, porque eran sectores devaluados. Debías tener tu maestría o doctorado en el extranjero, o ser contratado por una empresa extranjera o ser del extranjero. Entonces, la mayoría de las actividades productivas, no de la construcción sino de la gestión, de la administración, de la planificación, estaba en manos extranjeras.

Hubo un período de hueco cognitivo en la sociedad boliviana. Recuperarse de eso no fue rápido. Una primera labor que tuvimos, cuando se nacionalizaba una actividad, y luego de remover a los gerentes y accionistas, fue sostener al área administrativa y científica privada, con los mismos salarios durante un tiempo, ofreciéndoles que se quedaran en el Estado y formando rápidamente un grupo de personas en distintas áreas que fueran sustituyendo estos conocimientos.

En telecomunicaciones no nacionalizamos todo, porque es un sector muy dinámico, muy competitivo, y corres el riesgo de simplemente apoltronarte en el monopolio de las telecomunicaciones. Entonces, de ahí la idea de que haya habido empresas privadas con las cuales la empresa estatal competía. De hecho, nacionalizamos cuando ENTEL tenía el 45% de los clientes y al día de hoy tiene 45/47% de clientes. Eso significa que ha permitido mantener la fidelidad de sus clientes a pesar de que los privados, supuestamente más dinámicos, podrían ofrecerle mejores cosas (o no…). También el Estado fue dinámico y pudo volverse mucho más competitivo en áreas de rápida renovación tecnológica.

APU: ¿En qué medida se logró desarrollar capacidades nacionales, productivas, científico tecnológicas, estatales e institucionales para la transformación de la matriz productiva?

Álvaro García Linera: Al principio, los primeros años no hubo reacción del sector académico, y recién para la segunda gestión, al cuarto año, comenzaron nuevamente a reabrirse las carreras de ingeniería, en minerales, etc. No había una sola carrera de hidrocarburos en Bolivia y somos un país hidrocarburífero desde 1920… Se han abierto por todos lados carreras de hidrocarburos, petroquímica, etc.

Y luego, para los procesos de industrialización, por ejemplo, en hidrocarburos, hemos tenido que construir una planta de separación de líquidos, una planta de reconversión del gas en GNL para llevar el gas congelado a las comunidades más alejadas, la planta de urea, la planta de plásticos. Se ha tenido que contratar tecnología extranjera, con recursos del Estado. Se ha hecho una licitación pública para contratar empresas que tuvieran la tecnología, en medio de la observancia de los conocimientos del personal boliviano.

A la vez, en paralelo abrimos un concurso de becas en las áreas en las que creíamos que íbamos a trabajar mucho -minería, telecomunicaciones, hidrocarburos, litio-, de tal manera que el Estado pagaba maestrías y licenciaturas en áreas científicas a cualquier estudiante boliviano que quisiera estudiar en cualquier universidad del mundo. En ciertos casos, en negociaciones con empresas extranjeras -por ejemplo, con Samsung-, pactábamos que nos construían la planta de urea, pero como parte del contrato había 200 estudiantes bolivianos que se iban a Seúl por 3, 4 años a estudiar en la gestión de ese tipo de planta. Cuando los estudiantes daban los exámenes y lograban entrar en una universidad extranjera en estas áreas, nosotros corríamos con todos los gastos de ese joven: transporte, alimentación, estadía. La beca la daba el Estado para sacar la titulación, y el compromiso era trabajar luego para el Estado al menos por 5 años.

APU: El desarrollo en el litio fue muy importante, no?

Álvaro García Linera: Tuvimos que comenzar casi de 0, porque allí tomamos una decisión en 2008 de que íbamos a tener el control de toda la cadena. Tuvimos que comenzar con baldes en galpones en Uyuni, al estilo de como uno se imagina los inventores del siglo XIX, y de ahí comenzó el proceso de la extracción una vez que se encontró el método boliviano (porque cada salmuera tiene distintos componentes de otros minerales en cada salar del mundo). Una vez que hicimos eso en el laboratorio con ingenieros bolivianos, que algo sabían del área evaporítica, luego hicimos la planta artesanal, luego piloto, luego industrial, y luego de ahí ya comenzamos otro tipo de derivaciones: carbonato de litio al 99% y de ahí a las baterías.

De manera que después de 10 años ya tuvimos todo el proceso de nuestro lado, y ahí ya a los procesos de industrialización, es decir, la conversión de litio a batería para los carros, nos lanzamos a hacerlo con empresas extranjeras: fundamentalmente por el mercado, porque tenías que lograr que las empresas de automóviles nos compraran, por ejemplo, 100.000 baterías. Entonces nos asociamos con los alemanes, pero ya en la parte final y sobre los derivados del litio. Porque también, por Constitución ninguna empresa extranjera puede entrar al salar. Una vez que se ha extraído la materia prima, por fuera del salar puedes tú procesarla. Tomamos esa decisión porque justamente con esto es lo que nos encontrábamos cuando queríamos industrializar el litio, las veces que fuimos a Corea, Alemania, Japón, EEUU, para buscar los apoyos, comprar tecnología, hacer acuerdos para la extracción del litio. Nos decían “nosotros hacemos todo, dividimos 50% ustedes, 50% nosotros, pero la planta es nuestra”. En Uyuni, aparte del litio hay otras cosas más, gran parte de las cuales no conocemos aún. Entonces dijimos: sacamos la salmuera, extraemos y se vuelve a reinyectar al salar, a la espera de tener tecnología para otras cosas. Lo que ellos querían es controlar ese proceso en el salar, nosotros dijimos no. En el salar nosotros, y para afuera asociados, con quien sea, especialmente en el ámbito de la producción y comercialización de las baterías.

Eso ha permitido de la nada ir creando toda una empresa nacional de evaporíticos que está a cargo ahora ya de 4 laboratorios, 2 industrias grandes -de cloruro de potasio y de carbonato de litio- y se estaba planificando un total de 42 industrias pymes alrededor del salar, de usos y procesamientos de derivados de litio. Ya hay 5 y tenían que irse construyendo gradualmente el resto, con personal propio, científicos propios. Tienes una estructura fuerte con muchos recursos (tenías… ahora está todo paralizado). Y alrededor de ello han comenzado a surgir las carreras universitarias. Pero como no había experiencia en evaporíticos, muchas de esas carreras universitarias están asociadas a otras partes del mundo: Holanda, China, etc. Se tiene que ir armando gradualmente, porque gente que pueda enseñar sobre eso hay los que han trabajado con nosotros, no hay una estructura académica paralela independiente que se hayan formado, porque es muy reciente, apenas de una década. Pero eso es un buen comienzo, ya hay 2 carreras de estos recursos evaporíticos en Bolivia vinculadas a otras universidades, para dar otros tipos de cursos. O sea, aquí tienes toda una gran veta. No ha sido algo fácil, es complejo y dependiendo cada área se ha tenido que actuar en función de las circunstancias.

APU: En torno a los márgenes de acción que tuvieron desde el Estado, ¿cuánto de lo planeado pudieron llevar a cabo y qué grado de limitaciones, obstáculos y resistencias se encontraron?

Álvaro García Linera: Es claro que desde el Estado no tienes todo el poder. Pero lo que sí tienes es capacidades de influir, selectivamente, en los demás núcleos de poderes (territoriales, políticos, económicos, etc.). El poder estatal tiene eso: es el monopolio de los monopolios. Ahora, según cómo utilizas ese monopolio va a depender cómo va a ir tu proceso. Te pongo el ejemplo de la nacionalización: quieres nacionalizar hidrocarburos, eso va a tener un efecto inmediato: va a hacer que todos los personajes se vayan, se paralice la actividad. Tienes que pensar cómo haces para funcionar luego. Luego, la más complicada: te hacen inmediatamente un juicio. Tú tienes tu derecho soberano para nacionalizar, pero ellos tienen su derecho a ampararse y a proteger sus inversiones demandándote. Puedes tardar un año, dos, pueden embargarte tus reservas internacionales guardadas en el extranjero.

¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, revisemos antes los papeles. Toda empresa cometió algún error, siempre, por definición. Te agarras de ese error, lo judicializas, por los efectos del incumplimiento más sus multas son, ponte, 200 millones de dólares, frente a los 350 que pretenden ellos. Y sé que voy a encontrar más problemas que generarán más juicios. Y entonces negocias la indemnización. Eso hicimos con hidrocarburos, con ENTEL, con todo.

APU: Por otro lado, ¿hubo una desmovilización o reflujo social popular en el proceso boliviano en los últimos años previos al golpe de Estado? ¿Se fue erosionando o disolviendo el enraizamiento del Estado en los movimientos sociales durante el último tiempo de gobierno del MAS?

Álvaro García Linera: Para empezar, hay que decir que los momentos de ascenso social de los sectores populares y plebeyos no es perpetuo ni permanente, sino por oleadas, y eso es normal en la historia de las sociedades. Después de las grandes luchas y movilizaciones, los grandes hechos que cambian las sociedades, la gente regresa a su mundo cotidiano, y esos reflujos son normales. Y es clave allí cómo en la cresta del proceso de movilización social logras cristalizar como derecho, institución, experiencia colectiva, sentido común del mundo, esas luchas.

Hubo en Bolivia una convocatoria a sectores que protagonizaron las luchas para hacerse cargo de niveles importantes de conducción del Estado, y eso significó no solamente una modificación de un nivel de conducción fundada en diferencias políticas, sino también fundada en diferencias étnicas y racistas. Fue la plebe entrando al Estado: sectores que habían sido excluidos durante décadas, hasta siglos. Ha sido muy evidente, en espacios que eran reservados totalmente para sectores de clase media, profesionales con cierto apellido, con cierta notoriedad social y con larga tradición de vinculación al Estado como proveedores, consultores, etc. Fue un hecho de democracia. Eso ha ido en contra de la lógica falsamente meritocrática, en un medio en que estaba segmentado clasista y étnicamente.

Ahora bien, en este escenario, ¿que comenzó a darse? Tanto en el período de reflujo social de la gente a lo local como de renovación clasista y étnica de la composición de la administración del Estado. Sindicatos y organizaciones sociales que ya no habían atravesado este periodo de lucha, de forja en la adversidad, frente a los gobiernos, a la empresa, y en la medida en que la mayor parte de las demandas sociales de la gente de base no necesitaban la fuerza de la confrontación frente al gobierno para ejecutarse -incremento salarial, vivienda social, mejora de la infraestructura, etc.

Se comenzó a tener recursos para ir cumpliendo esas demandas y ello llevó a un relajamiento también al interior de la sociedad civil entre los niveles de dirección y las bases, un proceso de distanciamiento. No diría burocratización, en el sentido de que son los mismos. Al contrario, tiene una excesiva rotación, en esa lógica de que no se permite que se establezca una capa burocrática que tape los poros de una base movilizada. Es muy democrático, pero tiene sus efectos en el ámbito de la cohesión de la estructura organizativa y es lo que ha pasado recientemente. Los niveles de dirección, de un nivel bajo-medio para arriba han entrado en una dinámica ya no tanto de la organización, la lucha, la formación, porque no había necesidad de la confrontación frente al gobierno. Se entró en una disputa por la ocupación de los cargos públicos. La organización social ha devenido en un mecanismo de apuesta a la ocupación de cargos públicos y por lo tanto de movilidad social de personas del pueblo, como un ascensor de movilidad social.

APU: Entonces, empezaron las movilizaciones opositoras…

Álvaro García Linera: Si no tienes grandes problemas eso funciona, en una sociedad que se ha estabilizado, que se mantiene con crecimiento, no hay necesidad de grandes confrontaciones, que tiene un gobierno que está muy atento, en consulta. Evo se reunía con el ejecutivo nacional y luego con el departamental, provincial, de barrio. Tenía por día 10 reuniones, todos los días. Cuando se contabilizó, había tenido cerca de 15.000 reuniones frente a 80 aprox. de los presidentes anteriores. Una locura, imposible de comparar. Entonces, las grandes demandas sociales podían ser canalizadas directamente frente a la presidencia. Pero las organizaciones sociales, de ser actores de lucha social y de conversión de la fuerza numérica en voto (en los años 2000-2010), devinieron menos en organización y lucha, y más de conversión de la fuerza numérica en voto y mecanismo de movilidad social.

Cuando en 2019 hubo que defenderse, para movilizar en función ya no del voto sino de la resistencia, se expresaron estos problemas. Había que mostrar la fuerza de masas frente a esta movilización de sectores de clase media tradicional, que no eran masivas, pero sí persistentes. Una fuerza de masas que demuestre tu convocatoria y legitimidad, no para enfrentarse sino simplemente para defender. Pero no la tenías, no había vínculo orgánico. Cuando entran los militares es lo que cambia. Si no se hubiera dado un momento donde una de tus instituciones -el monopolio de la coerción- se da vuelta podías mantenerte así 5 años más, pero la debilidad de esto es que no funciona en momentos de tensionamiento.

Entonces, ¿qué lecciones sacamos más en lo conceptual? Un gobierno progresista tiene dos ámbitos de gobernabilidad: la legitimidad electoral y el parlamento, y el ámbito de la calle. No puede dejar de tener su brazo de gobernabilidad en la calle, por muy tranquilo que se esté. Las derechas han salido a disputar la calle, por más que no tengan tu fuerza.

Por otro lado, parte de esas clases medias que se enfrentaron con nosotros y nos interpelaron con el tema de la democracia, tienen que ver con un vacío que dejó el Proceso de Cambio en el mundo de formación de la cultura (en las cátedras, los medios de comunicación, etc.), un problema de relevos. Más aún en Bolivia, donde lo que se discute en las universidades influye mucho en el ámbito familiar. Hay una sobrevaloración de la educación como mecanismo de ascenso social: tiene una función cuasi sagrada lo educativo, la autoridad del profesor, en el mundo popular, imaginado como medio de ascenso social -aunque luego ello no se dé tanto en la realidad.

APU: La última: en tiempos de crisis civilizatoria que la pandemia manifestó crudamente, ¿qué mito movilizador, horizonte utópico, te imaginas que puede funcionar para las fuerzas populares o progresistas y el pensamiento crítico?

Álvaro García Linera: La clave de la época no es tanto la existencia del mito movilizador sino la ausencia de mitos. El neoliberalismo, la globalización, también en su tiempo el socialismo, representaron mitos. Y la clave de este tiempo es la evanescencia, resquebrajamiento de los mitos. Eso puede ser bueno porque veníamos de un mito dominante muy poderoso: el globalismo como ideología. Una cosa es el hecho material, que está ahí y seguirá funcionando, pero como ideología, esperanza en torno al cual uno dirigía todas sus expectativas, esfuerzos, apuestas de vida, eso comienza a desvanecerse. Y lo que tienes ahora es incertidumbre. La cualidad de la época es la incertidumbre.

Reivindico este momento de incertidumbre estratégica porque es un momento de creatividad a nivel mundial, como lo fue en los años 2000 en América Latina. Solamente que surge y se elabora en ese laboratorio donde habrán de surgir, pelear los futuros mundos, unificadores de expectativas, de identidad. Desde el lado conservador, salvacionista religioso, tienes ahí la Biblia entrando al palacio en Bolivia, o Camacho diciendo que quería que Dios gobernara en Bolivia.

Aparecen también salidas más progresistas, que todavía no tienen forma. El progresismo latinoamericano en cierta manera fue un adelanto, un preámbulo de lo que ha sucedido, y adelantó cosas que ahora se discuten: mercado interno, distribución, mayor participación. Con sus problemas, sus dificultades, por supuesto. Pero no es un proyecto agotado: no ha fallado por agotamiento, sino que lo interrumpieron y bloquearon. Por supuesto que puede persistir y renovarse.

Hay una diversidad de propuestas -progresistas, centristas, más radicales- para enfrentar esta crisis, pero ninguna tiene todavía la cualidad unificadora de mito, a excepción del progresismo latinoamericano, que se implementó y ha dejado huellas, lo cual posibilitó recuperar ciertos gobiernos. En otras partes las propuestas progresistas todavía están a nivel de laboratorio de academia, son de grupos de amigos, conocidos que se leen sus libros. Pero todavía no hay un mito unificador, universal, planetario.

Creo que se ha abierto en esta década un debate en torno a esta incertidumbre de cuál es nuestro destino imaginado. Somos seres de creencias, necesitamos una creencia movilizadora a la cual aferrarnos, luchar, hacerse perseguir, sacrificar esfuerzo. Para las fuerzas de izquierda es un gran momento, hay que bregar para que la idea fuerza que alumbre el orden sea la progresista y no la conservadora. Que supere las dificultades de la experiencia previa, que vaya más allá de lo que se hizo en la última etapa y también de lo que se pensó en el siglo XIX. No está nada dicho, no hay saberes legítimos ni hay modelos a imitar, ni autoridad a la cual seguir y obedecer en este debate. Entonces es un momento de mucha creatividad, pero esta incertidumbre de época tiene que cerrarse. La gente no puede estar mucho tiempo en incertidumbre, es desesperante.

Son tiempos que no duran mucho, son cortos en la perspectiva de la historia social en que tiene que dirimirse de una u otra manera un tipo de esperanza, creencia movilizadora. Como idea inicialmente, pero engarzada en la gente, los jóvenes, estudiante, la calle. Es un momento que nos demanda creatividad y vinculación para que las ideas se vuelvan hecho material.

Por Julian Bilmes | 23/01/2021

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