«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

El relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho al agua potable y al saneamiento alerta en un comunicado de los riesgos de esta práctica.

La cotización del agua en el mercado de futuros de Wall Street, como si se tratara de oro o de petróleo, viola los derechos humanos básicos y hace vulnerable al líquido elemento ante una eventual burbuja especulativa, denuncia en un comunicado el relator especial de la ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo-Agudo.

El especialista reaccionó así a la noticia de que la compañía estadounidense de mercados financieros CME Group lanzó el primer contrato de comercio de futuros de agua del mundo. La empresa explicó que los futuros ayudarán a los usuarios del agua a gestionar el riesgo y a alinear mejor la oferta y la demanda, permitiendo, por ejemplo, a los agricultores protegerse de los aumentos de precios durante los años de sequía.

«No se puede poner un valor al agua como se hace con otros productos básicos comercializados. El agua es de todos y es un bien público. Está estrechamente ligado a todas nuestras vidas y medios de subsistencia, y es un componente esencial para la salud pública», destaca Arrojo-Agudo.

Asimismo, el relator advierte que los futuros de este tipo también podrían atraer a los especuladores, repitiendo la burbuja del mercado de alimentos en 2008. «En este contexto, el riesgo radica en que los grandes actores agrícolas e industriales y los servicios públicos a gran escala sean los que puedan comprar, marginando e impactando al sector vulnerable de la economía como los pequeños agricultores», comenta.

Según Arrojo-Agudo, «el agua ya se encuentra bajo amenaza extrema por la población en crecimiento, la demanda creciente y la contaminación grave de la agricultura y la industria minera en el contexto del impacto cada vez mayor del cambio climático».

El agua es un recurso vital para la economía, pero su valor es «más que eso», subraya el relator. En este sentido, el especialista concluye que el hecho que el agua se vaya a comercializar en el mercado de futuros de Wall Street muestra que «su valor como derecho humano básico está amenazado».

«Es de todos»: La ONU denuncia que la cotización del agua en el mercado de futuros viola derechos humanos básicos

 

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Domingo, 13 Diciembre 2020 05:51

La ira en las entrañas del odio

	 La Policía guatemalteca reprime a manifestantes que exigen la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei. Afp, Johan Ordóñez

CON LA INVESTIGADORA Y FEMINISTA GUATEMALTECA ANA COFIÑO

Antropóloga, historiadora, animadora de medios, militante social, feminista, Ana Cofiño evoca en esta entrevista las protestas recientes en Guatemala, poniéndolas en el contexto de un país que alguna vez Eduardo Galeano definiera como «el rostro, torpemente enmascarado», de gran parte de América Latina.

 

Durante dos fines de semana seguidos, los dos últimos de noviembre, miles de guatemaltecos salieron a las calles. Primero para protestar por la aprobación por el Congreso, el 17 de noviembre, de un presupuesto para 2021 que, en vez de reforzar las prestaciones sociales en un país cada vez más hundido en la pobreza, recortaba el dinero para salud y educación (y en plena pandemia de covid-19), reforzaba al sector privado y aumentaba el gasto de los propios parlamentarios. Era el presupuesto más alto en la historia reciente del país (unos 13.000 millones de dólares, 25 por ciento mayor al anterior) y se manejaba con esas bases. Los manifestantes pedían también la renuncia del presidente, Alejandro Giammattei, no sólo por haber aprobado ese presupuesto, sino por su gestión de la pandemia (Guatemala es el país con más infectados y muertos de América Central) y la corrupción creciente de su gobierno. Y pedían la disolución del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente.

La represión de las manifestaciones fue tan brutal y desproporcionada, «justificada» por la quema por parte de un grupo de manifestantes de instalaciones del Parlamento, que, a la semana siguiente, a las reivindicaciones anteriores se les sumó el pedido de destitución del ministro de Gobernación (Interior), el militar retirado Gendri Reyes. Las marchas fueron otra vez violentamente reprimidas y el escándalo llevó a que la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU) exigiera una investigación de todo lo sucedido. Previamente Giammattei había reclamado que quien interviniera fuera el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, invocando la carta democrática del organismo y acusando a los manifestantes de buscar derrocarlo y propiciar un golpe de Estado. Dios los cría.

Las manifestaciones terminaron logrando que el presupuesto para 2021 fuera anulado.

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«¿Cómo no va a haber ira en este país?», dice Ana Cofiño. Y destaca que lo del presupuesto del Congreso era una vergüenza horrorosa: con casi el 60 por ciento de la población en la pobreza y un desempleo enorme, se congelaba el gasto social. Se pretendía, por ejemplo, suprimir un programa que combatía la desnutrición infantil. Al mismo tiempo, se aumentaban los gastos de los propios congresistas en dietas para alimentación y se destinaban enormes fondos a apoyar a empresas pertenecientes a los dueños del país.

Pero no es sólo eso: dice que, en los diez meses que lleva en el gobierno, Giammattei ni ha rozado, a pesar de que dijo que algo haría, las estructuras que conducen a la reproducción de la corrupción y la miseria. Desde que se inició la pandemia, el Congreso pidió préstamos por 3.800 millones de dólares y no se sabe en qué se utilizaron. A los guatemaltecos les llegó menos del 15 por ciento. Los parlamentarios y el Ejecutivo manejaron la pandemia con la misma opacidad con que definieron el presupuesto para el año próximo, sin dar cuenta a la oposición, por ejemplo. «En ese comportamiento errático y opaco del gobierno y el oficialismo, se vio que había una robadera, que la corrupción lo permeaba todo», agrega.

El huracán Iota, el mes pasado, fue otro ejemplo de «lo poco que le importa la gente a este Estado». Si alguien prestó asistencia a las decenas de miles de personas que todo lo perdieron por las inundaciones, por los deslaves, fueron las propias comunidades. El Ejecutivo tardó un mes en nombrar una comisión especial para ver qué hacía. Y es que, además de haber sido creado por y para las elites y estar asentado en un racismo estructural –Cofiño lo remarca: un racismo estructural–, el Estado guatemalteco tiene casi todas sus estructuras cooptadas por las mafias: las aduanas, el organismo de contralor fiscal, la Corte de Constitucionalidad, el organismo electoral, las fuerzas de seguridad… Este año debían ser cambiados los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y ahí siguen.

La única institución pública que funciona adecuadamente e intenta proteger a los ciudadanos es la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), a cargo del abogado Jordan Rodas, que ha protestado por la represión y se ha sumado a los pedidos de destitución del ministro de Gobernación. En el próximo presupuesto, no por azar, a la PDH se le iban a bajar los rubros. Después de que el año pasado, bajo el anterior gobierno de Jimmy Morales, fuera desmantelada la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 bajo el auspicio de la ONU y que consiguió llevar a la cárcel a decenas de corruptos, la Procuraduría ha quedado sola, atacada desde todas partes. Es un islote que intenta no ser arrasado.

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Hay que ver de dónde viene Giammattei. El actual presidente saltó a la fama por una matanza, en 2006, cuando era director del sistema penitenciario. En la madrugada del 25 de setiembre de ese año, unos 3 mil policías entraron a la Granja Penal de Pavón, una cárcel de las afueras de la capital. El objetivo, se aseguraba, era restituir el orden en una prisión que estaba en manos de narcos. Ocho presos murieron en la operación y Giammattei, su coordinador, se ganó galones como hombre de mano dura que sabe poner en su lugar a los delincuentes. Desde ahí, como tantos otros, catapultó su carrera política. Luego la CICIG descubrió que el verdadero objetivo de la toma de la cárcel era liquidar a los ocho detenidos. No había habido enfrentamiento alguno, como dijo el hoy presidente, y salió a la luz que los asesinados habían sido previamente torturados y se les había disparado a quemarropa. Giammattei estuvo unos meses detenido. Se declaró «preso político». Y al tiempo volvió al ruedo.

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Cofiño es antropóloga y, como tal, además de como militante social, ha trabajado largo tiempo entre las comunidades indígenas en un país donde prácticamente la mitad de sus casi 15 millones de habitantes se autoidentifica como descendiente de mayas, garífunas y otros pueblos originarios. Trabajó, por ejemplo, en Comalapa, comunidad de algo menos de 50 mil habitantes, que Giammattei visitó en julio. La idea del presidente, según él mismo dijo, era «dialogar con los indígenas, saber sus inquietudes». Cofiño cuenta que el alcalde de Comalapa lo recibió «con esa gentileza, ese decoro formal y modesto que distingue a los indígenas», pero en un momento de su discurso tuvo la osadía de decir que el principal problema que tenían en el municipio, «además» de la pobreza, era la actividad de las empresas mineras, que estaban arrasando el territorio, y que a esas empresas su comunidad las rechazaba. Indignado, Giammattei «le respondió al alcalde como un patrón de finca», dice Cofiño.

Rigoberto Pérez, líder de un consejo que reúne a varias nacionalidades indígenas, relató a la revista digital Mongobay cómo, de a poco, los megaproyectos mineros e hidroeléctricos y los monocultivos se han ido comiendo las tierras donde viven esas comunidades y que el aparato del Estado no sólo promueve las actividades de las empresas que los llevan a cabo, sino que cubre a los matones que amenazan, golpean y, cada vez más a menudo, matan a quienes se les resisten. La Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos señaló, a mediados de año, que en 2020, en las zonas donde funcionan los megaproyectos, esos ataques se han incrementado: 677 entre enero y junio, contra unos 500 en todo 2019. El año pasado, 111 de los ataques habían sido dirigidos directamente contra indígenas (es.mongabay.com, 16-IX-20).

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Hay una idea de Guatemala como país resignado. Es un país sometido y empobrecido, es cierto, pero no ha parado de luchar, insiste Cofiño. No por nada durante los 30 años de guerra el Ejército masacró a tanto «rebelde» (la Comisión de Esclarecimiento Histórico habló de 200 mil asesinados y 45 mil desaparecidos). En 2015 fue la gente, con sus protestas en las calles, la que logró la caída del presidente, Otto Pérez Molina, y su vice, Roxana Baldetti, por armar una trama de corrupción, apunta Cofiño. La acción de la CICIG los llevó a la cárcel. Y este movimiento de ahora «no fue espontáneo»: «Venía calentando, calentando, y lo del presupuesto encendió la mecha. El propio gobierno creó las condiciones de la indignación. Muchos jóvenes quieren quemarlo todo. Cómo no lo querrían». También es cierto, dice, que no hay una articulación de los movimientos sociales con suficiente fuerza como para que las cosas cambien en lo político. Hay ira, rabia. Falta un proyecto unificador. Algún grupo de izquierda por aquí, otro por allá, más o menos tibio, más o menos «radical»… Cuando cayó el general Pérez Molina, «las elites, las cámaras empresariales y varios partidos, todos apoyados por la embajada de Estados Unidos, negociaron y pusieron a un presidente provisorio de derechas; luego convocaron a elecciones, bajo una ley esencialmente antidemocrática». Las ganó el evangelista Morales. Y luego, en enero, vino Giammattei.

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Cofiño es feminista y la fundadora y animadora de un colectivo llamado La Cuerda, surgido en 1998, dos años después de la firma de los acuerdos de paz. Al salir de la guerra, la situación de las mujeres era particularmente terrible en el país. Pero lo era también antes. Y lo sigue siendo hoy. Guatemala tiene uno de los índices de violencia contra las mujeres más altos del mundo. Para empezar, de femicidios, la punta más bestial del iceberg, de la espiral. Desde 2008 los femicidios no han bajado de los 650 por año, con picos de hasta casi 900, según las estadísticas publicadas por el Grupo Guatemalteco de Mujeres (GGM). Entre 2000 y abril de este año el GGM relevó 12.188 muertes violentas de mujeres, un promedio de 610 por año. Y están las formas de violencia que no llegan al asesinato. En lo que va de 2020, rememora Cofiño, hubo 55 mil violaciones y embarazos de niñas menores de 13 años.

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Desde el pique La Cuerda se quiso transversal, abierta no sólo a las distintas corrientes del feminismo (su creadora se dice ecofeminista; otras se definen como feministas decoloniales), sino también a la confluencia con otros movimientos sociales. «No queremos ser vanguardia de nada: eso ya se demostró que va al fracaso. Queremos articular con otras, con otros. Y proponer», dice la antropóloga. Tampoco cree que haya que limitarse a exponer la violencia padecida: «Las mujeres aquí han vivido siglos de opresión, una opresión que ha ido cambiando de forma, pero nunca de fondo. Y, al mismo tiempo, han resistido, creando redes de resistencia, que hay que mostrar tanto como se muestran las estadísticas y las imágenes de la violencia». Piensa que en Guatemala La Cuerda ayudó a sacar al feminismo del clóset y sirvió para que confluyeran colectivos de mujeres que habían participado en los movimientos de los sesenta, los setenta, los ochenta (como ella, que tiene 65 años) y la posguerra.

El grupo se abrió a que en el medio que editan (lacuerda.com) escribieran hombres, pero tal vez uno de los mayores  signos de la «voluntad de articular» que las impulsa desde el principio fue que en 2007 comenzaron a tener una coordinación estable con representantes del movimiento indígena campesino. «Ese que en la teoría marxista es el movimiento social más conservador, pero que, además, está marcado por una ideología patriarcal. No fue fácil ir por un camino así, pero ha sido bastante fructífero. Y es que no sólo somos feministas: la nuestra es una propuesta emancipatoria para toda la sociedad, y en Guatemala cualquier propuesta emancipatoria pasa por combatir al mismo tiempo la esencia clasista de este Estado, el patriarcado y el racismo. Todo junto», apunta Cofiño. El racismo «ha herido a todos», aunque con las mujeres la saña haya sido tan particular, tan perfilada, tan dedicada.

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Cofiño es consciente de la inviabilidad inmediata de las reivindicaciones de las movilizaciones de noviembre: «En el contexto político de este país son casi imposibles de lograr en el corto plazo. Imaginate pretender que el Congreso se autodisuelva, se suicide para convocar a una asamblea constituyente… La derecha nos llama comunistas por, entre otras cosas, proponer eso, que es apenas un comienzo de algo distinto, que en sí mismo no tiene contenido, pero tenemos que plantearlo. Tenemos que ir poniéndolo en la agenda, aunque suene loco». Y si locas suenan esas propuestas instrumentales, cómo sonará la idea de una sociedad otra: «La invasión estadounidense del 54 y las masacres que siguieron después destruyeron el tejido social. Consolidaron el Estado elitista, patriarcal, racista. Y una herencia de todo eso es que hoy Guatemala es un país con mucha desconfianza, mucho recelo, mucho rencor. Nos odiamos. Y eso hace tan difícil todo». Hay un odio que se explica, dice. Y una ira abajo que ídem. Cuestión, tal vez, de darles sentido.

Por Daniel Gatti
11 diciembre, 2020

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Los manifestantes se enfrentan a la policía durante una manifestación contra el gobierno del presidente chileno Sebastián Piñera.

Los jóvenes de Chile, Guatemala, Perú y Argentina han estado en primera línea de los movimientos sociales que han sacudido buena parte del continente latinoamericano en los últimos meses

María García Arenales

//twitter.com/@MGArenales">@MGArenales

12 de diciembre de 2020 21:50h

Las protestas lideradas por jóvenes en este último tiempo han generado cambios importantes en países como Chile, que redactará una nueva Constitución; Guatemala, que suspendió la aprobación de unos polémicos presupuestos; o Perú, donde el presidente interino Manuel Merino tuvo que renunciar. Esta nueva generación, principalmente personas que han nacido a partir de los años 90 y que por tanto no han vivido los traumas de la dictadura, protestan contra un sistema que consideran injusto y corrupto.

El estallido social como consecuencia del descontento ciudadano no es ninguna novedad, y menos en América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo. Sin embargo, la frecuencia de las protestas multitudinarias ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo desde que en 2015 los precios de materias primas como el petróleo, el cobre o la soja se desplomaron, provocando un efecto devastador en la región. A partir de ese año no solo crecieron las tasas de pobreza en Latinoamérica, sino también los movimientos neopentecostales y la extrema derecha, lo que generó un contexto mucho más incierto en una situación de descrédito de la democracia por su incapacidad de dar respuestas adecuadas a los problemas de la población.

Los jóvenes, al igual que ocurrió en épocas pasadas en América Latina, están siendo ahora los grandes protagonistas de las movilizaciones sociales que ha habido en países como Chile, Perú, Ecuador, Bolivia o más recientemente Guatemala. Protestan por la desigualdad, la corrupción, la fragilidad institucional, la falta de oportunidades o la informalidad laboral y lo hacen de diversas formas, desde caceroladas y protestas pacíficas en plazas hasta saqueos y destrucción de mobiliario público. 

Una nueva generación

A diferencia de los jóvenes de generaciones anteriores, los de esta han nacido inmersos en un entorno digital y no tienen ni miedo ni traumas por haber vivido en dictadura, si bien, se han criado en un ambiente de crisis y precariedad constante. Las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para sus reclamos.

"Hay tres aspectos importantes. El primero es que se trata de personas nacidas y educadas en la era digital, con todo lo que eso implica en términos de sociabilidad, y lo segundo es que son jóvenes que no han vivido la dictadura en primera persona como sus padres o abuelos. Eso marca una diferencia y hace más difícil que la precariedad de estas democracias que se están viviendo convenza a estos sectores de la población", explica a elDiario.es la uruguaya Yanina Welp, investigadora del Centro para la Democracia Albert Hirschman con sede en Ginebra.

El tercer elemento que diferencia a los jóvenes de esta nueva generación, tiene que ver con unas expectativas socioeconómicas "muy deterioradas". "Si en el mundo en el que yo era joven la expectativa era que los hijos viviríamos mejor que nuestros padres y abuelos, ahora esto ya no se da", dice Welp, integrante de la Red de Politólogas. En algunos países los jóvenes de entre 18 y 30 años son quienes están impulsando verdaderos cambios en sus democracias.

¿Cuáles son los casos más significativos?

En Chile, la juventud ha tenido un papel clave en la movilización social y en el cambio de ciclo político que se ha producido desde el año 2000. El gran auge de los movimientos sociales comenzó en 2006 con el denominado "movimiento pingüino", en el que estudiantes de educación secundaria protestaron contra la privatización de un sistema impuesto en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Ese movimiento abrió las puertas para que en 2011 se movilizaran los universitarios. Esta movilización fue un fenómeno tan importante que tiempo más tarde generó nuevos liderazgos políticos como Camilla Vallejo o Gabriel Boric, ambos diputados actualmente, y nuevas formaciones políticas.  

"No hay duda de que los jóvenes son quienes han empujado el cambio político en Chile en los años recientes. Esta generación no tiene la experiencia de crecer en dictadura, no tienen esa carga ni esos traumas, y son mucho más exigentes. No tienen miedo y eso se vio el año pasado cuando desafiaron el toque de queda durante el estado de excepción que decretó el Gobierno Sebastián Piñera", explica a este medio Claudia Heiss, directora de la carrera de Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. 

La politóloga hace referencia al estallido social que se produjo en Chile en octubre de 2019, a raíz de que el Gobierno anunciara una subida en el precio del metro de Santiago y los estudiantes comenzaran a protestar. Pero más allá del alza de precio en el transporte, la población chilena comenzó a salir a las calles de forma masiva para pedir un aumento de las pensiones y del salario mínimo, además de cambios profundos en el sistema educativo y en salud. En definitiva, cambios para reducir las desigualdades. "En esas marchas hubo muchos jóvenes y fueron ellos quienes estuvieron en primera línea y se enfrentaron con los carabineros (policía militarizada), pero también hubo un grupo muy importante de gente de mediana edad endeudada con la educación", aclara Heiss.

Tras esas intensas protestas de 2019 contra la precariedad de los servicios públicos, el Gobierno chileno se vio obligado a convocar un referéndum en abril de este año para que la población decidiera si se redactaba una nueva Constitución que sustituyese a la vigente, heredada de la dictadura. Y en esta votación, que se aplazó hasta octubre debido a la pandemia del coronavirus, una aplastante mayoría (78%) votó a favor de cambiar la Carta Magna. "Por primera vez los jóvenes de entre 18 y 25 años, que son quienes menos votan en las elecciones por lo general, se movilizaron de manera masiva para votar en los comicios del 25 de octubre para cambiar la Constitución. De alguna manera era la movilización que ellos habían impulsado en la calle", recuerda la politóloga chilena.

Heiss asegura que el Gobierno que lidera Piñera no solo está debilitado por las protestas, sino también porque "ha perdido toda capacidad de regular lo que hace el Congreso". Ejemplo de ello, continúa, "es que el Parlamento acaba de aprobar un proyecto de ley que permitirá a los ciudadanos un segundo retiro anticipado del 10% de sus fondos de pensiones, algo a lo que en principio se negó el Gobierno", pero "ha sido incapaz de hacer frente a la situación económica generada por la pandemia y al desempleo y se ha visto obligado a hacerlo".

"Es una derrota, es una agenda que va en contra de las políticas y convicciones del Gobierno. Se da, además, en un contexto de completo descrédito. En la práctica, la Constitución de 1980 ya no sirve para el propósito para el que fue creada, que era impedir reformas que avanzaran en una dirección más redistributiva o que desafiara el modelo neoliberal. Está deslegitimada tanto por la movilización social como por la derrota aplastante de la votación de octubre", concluye Heiss.

En Guatemala continúan las protestas

Andrea Reyes tiene 30 años, es de Guatemala, y además de abogada, desde hace algún tiempo también es experta en protestar. Esa habilidad la adquirió mientras estudiaba en la universidad, pero fuera de las aulas, cuando en 2015 se unió a las masivas manifestaciones que obligaron a renunciar al entonces presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti, ambos acusados de liderar una red de corrupción aduanera. Para un país como Guatemala, históricamente dividido entre clases sociales y etnias y que aún sufre las consecuencias de una guerra civil de 36 años, esa revolución pacífica gestada en las redes sociales y en la que los jóvenes tuvieron un papel destacado, supuso todo un hito. "Los estudiantes de universidades privadas de Guatemala nunca habían salido a la calle a manifestarse y en 2015 no solo lo hicieron, sino que se unieron a los de las públicas. Todos salimos a protestar contra la corrupción y el Gobierno de Pérez Molina, al igual que otros muchos sectores de la sociedad", recuerda Reyes a elDiario.es.

Cinco años después, las intensas protestas han vuelto a la nación centroamericana terminando incluso con una parte del Congreso en llamas. Esta vez el estallido se produjo después de que el 18 de noviembre el Congreso aprobara los polémicos presupuestos generales para 2021, que implicaban recortes en áreas como salud, educación y ayudas sociales en plena pandemia. Sin embargo, la aprobación de estos presupuestos solo ha sido la gota que ha colmado el vaso, ya que en estas últimas semanas la población también se ha manifestado contra la corrupción y la gestión del Gobierno que lidera el conservador Alejandro Giammattei.

"Algunas autoridades pensaron que ya no iba a despertar la plaza otra vez, se habían confiado, pero volvió a ocurrir. La convicción de los jóvenes es impresionante y la forma en que fueron reprimidos solo va a tener el efecto de fortalecer esa convicción", dice por su parte el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas. A raíz de estas protestas, el Congreso tuvo que dar marcha atrás y suspendió la aprobación de esos presupuestos. Aún así, las manifestaciones contra el Gobierno y el Legislativo continúan en Guatemala, que vive un contexto muy diferente al de años atrás, agravado por la pandemia. En este país de 17 millones de habitantes el coronavirus ya ha dejado más de 4.170 fallecidos y más de 122.000 contagios.

Andrea Reyes confía en que estas nuevas movilizaciones sociales también generen cambios en el país, pues asegura que el Estado guatemalteco está cooptado por las mafias de las élites empresariales y del crimen organizado. Además, tampoco hay que olvidar que la situación ha empeorado desde que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), auspiciada por la ONU, tuviera que abandonar el país en 2019 tras 12 años de intenso trabajo contra la corrupción después de que el anterior Gobierno de Jimmy Morales (2016-2020) decidiera no renovar el mandato de ese organismo.

El caso peruano

Perú también ha vivido este mes de noviembre protestas masivas en las calles como no se recordaban en años. La crisis política y social se desató en el país andino el pasado 10 de noviembre, cuando el Congreso destituyó a Martín Vizcarra como presidente por presunta corrupción cuando ejercía como gobernador de Moquegua (2011-2014). Vizcarra fue reemplazado por Manuel Merino, hasta entonces presidente del Congreso, pero tan solo aguantó unos días en el cargo, ya que tuvo que renunciar tras las intensas movilizaciones que se produjeron en el país.

Después de una semana de convulsión política, el liberal Francisco Sagasti asumió el cargo como presidente interino y por delante tiene el importante reto de mantener la tranquilidad en el país y garantizar la celebración de las elecciones generales el próximo mes de abril. En el caso de Perú, un país con graves problemas estructurales como la corrupción y la informalidad laboral, los jóvenes también han tenido un papel protagonista en este estallido social producido en plena pandemia –que ya ha dejado más de 36.000 fallecidos y cerca de un millón de contagios–. Pese a la fuerte represión policial que provocó dos muertos y numerosos heridos en las movilizaciones, los manifestantes no se rindieron y siguieron exigiendo durante días cambios en la Constitución y el fin de la corrupción.

En estas protestas fue especialmente notoria la presencia de jóvenes de entre 18 y 24 años de clase media que "han aprendido a organizarse y politizarse a través de redes sociales", asegura Matheus Calderón, periodista del portal Comité de Lectura. "Es una generación que salía a protestar por primera vez, que ha aprendido a marchar fijándose en experiencias extranjeras a través de redes sociales, que ha aprendido incluso a apagar una bomba de gas lacrimógeno a través de Youtube, Tik Tok o Instagram", explica este joven de 26 años que ya ha participado en anteriores movimientos de protesta en Perú.

Sin embargo, Calderón considera que los verdaderos cambios llegarán a Perú cuando se politicen otros sectores de la población más allá de la clase media, porque de lo contrario, "solo habrá parches".

Movimiento feminista en Argentina

En los últimos años en países como Argentina el movimiento feminista, referente en toda América Latina y en el que las mujeres jóvenes tienen especial protagonismo, no solo ha llenado plazas en todo el país para reclamar igualdad, sino que también ha logrado marcar la agenda política. La inmensa Marea Verde que pide la legalización del aborto en el país ha continuado su incansable lucha después de que en 2018 el Senado argentino rechazó aprobar la ley que pretendía despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo y ahora el país podría estar más cerca que nunca de lograr que esta práctica sea legal, segura y gratuita. 

Este viernes, la Cámara de Diputados ha aprobado el proyecto de ley para legalizar el aborto, que ahora tendrá que pasar por el Senado. El proyecto que se votó esta madrugada autoriza a realizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. También reconoce la objeción de conciencia de los profesionales que no quieran realizar esta práctica médica.

Ya sea la desigualdad, la falta de oportunidades o la corrupción los motivos por los que protestan, está claro que las nuevas generaciones en América Latina no están dispuestas a quedarse calladas y utilizarán todas las herramientas a su alcance –participación política, manifestaciones o redes sociales– para lograr esos ansiados cambios.

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Este es nuestro futuro: hackers o siervos (o cómo enfrentar la distopía digital)

La economía política de la era digital sigue siendo prácticamente una “terra incognita” para casi todo el mundo; el libro Techno-Feudalismo, del economista de la Sorbona Cédric Durand, brinda un servicio público porque desentraña esta nueva “Matrix” que controla todas nuestras vidas. Durand coloca la era digital en el contexto de la evolución histórica del capitalismo demostrando cómo el “Consenso de Washington” terminó haciendo metástasis en el “Consenso de Silicon Valley”

El libro define la nueva biblia del poder como “la ideología californiana”, muy lejos de los hippies y los Beach Boys. Esta ideología se parece más a la «destrucción creativa de Schumpeter con esteroides”, eso sí que complementada con «reformas estructurales» (estilo FMI), «flexibilización del trabajo” y la mercantilización/financiarización de la vida cotidiana.

La era digital estuvo asociada desde el principio con la ideología de la derecha empresarial. El proceso de incubación fue proporcionado por la Fundación Progress and Freedom (PFF), convenientemente financiada, entre otros, por Microsoft, At&T, Disney, Sony, Oracle, Google y Yahoo. En 1994, la PFF celebró una conferencia en Atlanta que elaboró su Carta Magna: el ciberespacio y la era del conocimiento eran fundamentales para el desarrollo del “sueño americano”.

No por casualidad años antes se fundó la revista Wired, que al igual que PFF, se convirtió en uno de los órganos promotores de la llamada “ideología californiana”. Entre los autores de la Carta Magna Digital estuvo al futurólogo Alvin Toffler y el ex consejero científico de Reagan, George Keyworth. Y antes que nos diéramos cuenta, estos intelectuales orgánicos ya habían conceptualizado el ciberespacio “como un entorno bioelectrónico universal”. En realidad, la Carta Magna Digital fue la hoja de ruta para explorar una «nueva frontera».

Los héroes de Ayn Rand

Tampoco por casualidad el gurú intelectual de esta nueva frontera fue Ayn Rand y su ideología brutalmente primitiva de «pioneros” y mafia. Rand es conocida porque pretendió justificar filosóficamente el egoísmo como bueno, el altruismo como malo y la empatía como irracional. Por tanto, cuando se trata de derechos de propiedad todo el poder debe ser ejercido por los “pioneros” de Silicon Valley (un grupo de narcisos, enamorados de su imagen) que en nombre de la innovación están llamados a destruir todas las reglas establecidas, con una revolución schumpeteriana de “destrucción creativa”. Esta idea de los “elegidos” nos ha llevado a nuestro actual mundo, donde Google, Facebook, Uber y compañía, traspasan olímpicamente cualquier marco legal, imponiendo sus innovaciones como un hecho consumado.

Cédric Durand va al meollo del asunto cuando se trata de la verdadera naturaleza de la “dominación digital”: el liderazgo estadounidense nunca se habría conseguido gracias a los héroes del planeta digital o a las benditas fuerzas espontáneas del mercado. Por lo contrario, la historia de Silicon Valley es la historia de una dependencia prácticamente absoluta de la intervención de estado, especialmente a través del complejo industrial-militar y el complejo aeroespacial estadounidense.

Como ejemplo hay que recordar que el Centro de Investigación Ames, uno de los mejores laboratorios de la NASA, se encuentra en Mountain View y la Universidad de Stanford ha sobrevivido debido a los jugosos contratos de investigación militar. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Hewlett Packard creció por la fabricación de dispositivos electrónicos utilizados para fabricar radares y en la década de los 60s, el ejército estadounidense financió la producción de los semiconductores, que aún estaban en una etapa primaria de desarrollo.

Más recientemente un informe del MIT de 2016 elaborado «en asociación» con Oracle (The Rise of Data Capital) explica por qué las redes digitales abren el acceso a un campo virgen repleto de beneficios: «Aquellos que llegan primero y toman el control obtienen los recursos para monetizar en beneficio propio los datos de quienes usan las redes más conocidas”.

Entonces, a partir de esta visión de negocio, todo es posible. Desde las imágenes de la videovigilancia, la banca electrónica o las muestras de ADN todo absolutamente todo implica alguna forma de apropiación de nuestras vidas. Es la lógica extractivista en “todo su esplendor” aplicada al desarrollo del Big Data.

Durand nos da el ejemplo de Android para ilustrar esta lógica extractivista. Cuando Google ofreció gratuitamente el sistema operativo Android para los teléfonos inteligentes, obtuvo una posición estratégica en el mercado, que le permitió superar el ecosistema de Apple. Desde ese momento Google se convirtió en el punto de entrada de Internet para prácticamente todo el planeta. Así es como se ha construido de facto un imperio online, enormemente valioso y espantosamente monopólico.

Hoy el punto clave es que cualquiera que sea el negocio de origen (Google, Amazon, Uber) todas sus estrategias de conquista del ciberespacio apuntan al mismo objetivo: tomar el control de los “espacios de observación y captura de datos”.

Los chinos y su versión el Big Data

El economista francés ofrece un análisis finamente equilibrado del sistema de crédito chino -un sistema híbrido público / privado- puesto en práctica en 2013, bajo el lema “dar valor a la sinceridad y sancionar la falta de sinceridad”.

Para el Consejo de Estado, máxima autoridad gubernamental en China, lo que realmente importaba era fomentar comportamientos considerados responsables en el ámbito financiero, económico y sociopolítico, y sancionar lo que no lo es. Se trata de la “confianza”. Beijing lo define como «un método para perfeccionar el sistema de economía de mercado socialista, mejorando la gobernanza social».

El término chino “shehui xinyong” (confianza) es habitualmente mal traducido en Occidente. Significa mucho más que «crédito social», se trata «confiabilidad», en el sentido de integridad. De ninguna manera es un sistema orwelliano. Sus prioridades son la lucha contra el fraude, la corrupción, las violaciones a las reglas ambientales, y la falta de respeto a las normas de seguridad alimentaria.

La gestión cibernética de la vida social se está discutiendo seriamente en China desde la década de 1980. Incluso se podría decir que está inspirada en el principio maoísta de una política de masas: estudiar las ideas dispersas y no son sistemáticas de la mayoría, para a continuación condensarlas en ideas generales y sistemáticas. Luego volver a las masas para difundirlas y explicarlas, asegurándose que el pueblo la asimilen y plasmen en la acción”.

Durand va un paso más allá del de Soshana Zuboff

El núcleo de la tesis de “La era del capitalismo de vigilancia” de Soshana Zuboff tiene como objetivo demostrar cómo las plataformas digitales se han convertido en «feudos» que se benefician de un vasto «territorio digital» poblado de datos con servicios que hoy en día se consideran indispensables. Y al igual que en el feudalismo, estos grandes señores dominan el territorio, ganándose la vida con un poder social derivado de la explotación ilimitada de sus siervos (esta vez digitales).

Es la concentración total del poder. Peter Thiel (un ideólogo incondicional de Silicon Valley) ha reconocido en sus escritos que el objetivo del emprendedor digital es exactamente esto: evitar toda competencia: “el capitalismo y la competencia son antagónicos. La competencia es para perdedores «. Así que ahora nos enfrentamos no a un mero choque entre el capitalismo de Silicon Valley y el capital financiero, sino a un nuevo modo de producción: una supervivencia turbo-capitalista; un capitalismo rentista donde los gigantes de Silicon dominan sus haciendas y también dominan al Estado. Esa es la opción “tecno-feudal”.

Ahora, el libro de Durand revela que la crítica teórica y política de la era digital está aún en pañales. No existe una cartografía de todos los dudosos circuitos de extracción de ingresos. No hay un análisis de cómo se benefician del casino financiero, especialmente de los megafondos de inversión que facilitan la híper-concentración. O cómo se benefician de la explotación extrema de los trabajadores en la llamada irónicamente “economía cooperativa”.

La concentración total del mundo digital está llevando a un escenario ya soñado por Stuart Mill, un planeta donde toda la tierra de un país pertenece a un solo dueño. Hoy , nos dice Cédric Durand, la dependencia generalizada de los gigantes digitales se parece demasiado a ese mundo: «el futuro caníbal del liberalismo parece estar dominado por la era de los algoritmos».

¿Hay salida posible?

La tentación es radical: un crossover (cruce) entre Blake y Burroughs. Tenemos que ampliar nuestra comprensión y dejar de confundir el mapa (la carta magna digital) con el territorio (nuestra percepción).

William Blake, en sus visiones proto-psicodélicas, creía que en el futuro el mundo estaría dominado por una especie de deidad autoritaria que imponía la conformidad a través de una especie de código fuente de influencia masiva. Su idea aparentemente loca aparece hoy como una anticipación de la era digital.

Por su parte, William Burroughs conceptualizó el Control como un conjunto de manipulaciones a través de los medios de comunicación (las redes sociales lo horrorizarían): “Las figuras de la autoridad se ven por lo que son: máscaras muertas y vacías”. Para romper el Control, según Burroughs tenemos una alternativa: piratear e interrumpir sus programas principales.

Este es nuestro futuro: hackers o siervos.

Por Pepe Escobar | 10/12/2020

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Foto: Policías de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) cuando se amotinaron en Cochabamba (Archivo - Tarija 200, foto de Daniel James)

La Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación de los motines policiales de noviembre del 2019. Sectores de la Policía se declaran en emergencia y Anssclapol advierte al Gobierno que "no jueguen con fuego".

 

Hace poco más de una semana, la Fiscalía Policial (Dirección General de Investigación Policial Interna), empezó un proceso de investigación a efectivos que participaron en los motines policiales de noviembre del 2019 cuando se consolidaba el golpe de Estado. Esta investigación empieza en Cochabamba que es donde se realizó el primer motín policial.

Como era previsible, esta medida motivó el rechazo de sectores de la policía. En declaraciones para el periódico Los Tiempos, Elia Cárdenas, vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías, señaló que se declaraban en “emergencia”. En la misma línea, la sargento Cecilia Calani, según un reporte realizado para la Red ERBOL, se pronunció a nombre de la Asociación de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol) para advertir al Gobierno con que deben analizar bien la situación y que no “prendan fuego porque eso sería un paso más muy difícil para todo el país (…)”.

Por otra parte, las esposas de los policías de los departamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí, se declararon en emergencia. Ruth Nina, que es la representante de las esposas de los policías a nivel nacional declaró que en los próximos días realizarán un ampliado nacional donde evaluarán la situación y tomarán decisiones. En palabras de Nina: “Este hecho está causando preocupación y se rechaza este accionar del Gobierno. Se está convocando a un ampliado nacional donde las representantes expongan las determinaciones que tomaron en cada departamento, aunque Potosí, Tarija y Cochabamba ya se declararon en emergencia y las otros departamentos se están reuniendo con las bases” [1].

Así también, Nina señaló que toman esta medida como una venganza del Gobierno y que están intentando amedrentarles.

A esto último se suma que el día de hoy, la Fiscalía, admitió la denuncia realizada por la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lidia Patty, contra el ex líder cívico y ex candidato a presidente por la Alianza Creemos, el clerical Luis Fernando Camacho. Junto a Fernando Camacho, también se encuentra imputado su padre, el empresario José Luis Camacho, que según declaraciones de su propio hijo habría sido quien financió los sobornos para garantizar el motín policial. Así mismo, en la demanda interpuesta por Patty se incluye al excomandante de las FF.AA., el general Williams Kaliman que fue quién “sugirió” a Evo Morales que renuncie; al excomandante de la Policía, Yuri Calderón; y, al último ex comandante de las FF.AA. (nombrado por Áñez), Sergio Orellana, entre otros ex jefes militares y policiales. No olvidemos que Orellana en marzo de este año amenazó con cerrar el parlamento si no aprobaban los ascensos militares por ellos sugeridos. Cuestión que se produjo de todas formas vía decreto.

Hay que decir que la Fiscalía Policial inició la investigación, a miembros de la policía que promovieron los motines, recién a un año del golpe de Estado. Lo que provocó que se abran estos procesos fue la lista que dio a conocer el ex ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero, en la que se encuentran los nombres de quienes habrían realizado los motines policiales. Romero además denunció, a medios de prensa, que la “estructura conspirativa de la policía permanece intacta”.

Frente a este proceso, la sargento Calani además expresó su rechazo a que el mismo haya sido iniciado por las denuncias de Romero señalando que: “El ex ministro Romero es parte del gobierno que quiso perpetuarse en el poder, no pude ser denunciante cuando ellos fueron los primeros causantes del desastre ocurrido el año pasado”.

Estos inicios en las investigaciones se dan a poco de haberse cumplido el primer aniversario de las masacres de noviembre (Senkata, Sacaba y Ovejuyo) y en medio de una presión importante de gran parte de ese 55% que votó por Arce y Choquehuanca y que busca justicia por los asesinados, heridos, detenidos y torturados durante el golpe de Estado.

Esta fuerte presión social socaba los intentos de Arce y Choquehuanca de armar algún tipo de pacto social con la derecha golpista ya que el malestar policial y militar expresado en las últimas semanas muestra la tensión permanente que se estableció entre el Gobierno y unas FF.AA. que actúan cada vez más autónomamente.

El Gobierno de Arce Catacora, como el mismo Romero lo afirmó, ha mantenido intacta “toda la estructura conspirativa del golpe de Estado”. Las amenazas vertidas por los policías y las alarmas en las FF.AA., así como la agitación en las filas derechistas pese a su profunda división, dificultan ver la manera que Arce pueda dar forma al pacto social que busca negociar con la oposición. ¿Cómo conciliar impunidad y justicia?

En este marco creemos que es fundamental no bajar la guardia por la exigencia de justicia y castigo a todos los responsables materiales y políticos de las vejaciones, vulneraciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Menos aún en momentos en que se inician estas investigaciones no solo por parte de la Fiscalía sino a propósito de la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) convocado por la CIDH.

Cabe recordar que inicialmente la CIDH califició de masacres lo sucedido durante el golpe de Estado. En seis meses se espera el informe del GIEI cuya investigación contempla el periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019. El informe del GIEI será el cuarto informe de organismos internacionales de derechos humanos sobre lo sucedido en Bolivia luego de las anuladas elecciones de octubre del año pasado. A tiempo que escribimos esta nota empezó a conocerse, y es importante su difusión, el informe de La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que reconoce y detalla las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 20 de octubre y el 25 de noviembre.

Aunque son importantes estos informes para la exigencia de justicia para todas las víctimas del golpe de Estado, desde la Liga Obrera Revolucionaria, organización que impulsa La Izquierda Diario Bolivia, no depositamos ninguna confianza política en el MAS que no ha dejado de negociar sistemáticamente con los golpistas, no solo legalizando el golpe de Estado sino que también avaló las medidas criminales y la desastrosa gestión de la pandemia durante toda la gestión del Gobierno de facto de Áñez. Hoy el MAS busca desde el Estado cumplir ese rol amortiguador entre las clases y grupos sociales, y busca imponer un pacto social a costa de los intereses y derechos de las grandes mayorías.

Lo cierto es que la demanda de impunidad de todo el bloque golpista y del aparato policial y militar es muy difícil de conciliar, sino imposible, con la demanda de justicia que se ha instalado en la gran mayoría del pueblo trabajador ante los crímenes y vulneraciones a los derechos humanos ocurridos desde el golpe y durante los meses del Gobierno de Áñez.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Sábado 5 de diciembre | 00:01

[1https://www.eldiario.net/noticias/2020/2020_12/nt201203/principal.php?n=39&-esposas-de-policias-en-emergencia-por-procesos-a-implicados-en-motin

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Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

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Lunes, 30 Noviembre 2020 05:33

Una guerra desde el limbo

Soldado marroquí en una carretera entre Marruecos y Mauritania en la localidad de El Guerguerat, Sahara Occidental, el 23 de noviembre Afp, Fadel Senna

EL REGRESO DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

A mediados de mes volvieron los combates al territorio saharaui, donde vive más de medio millón de personas y que permanece ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. La región, testigo de un proceso de descolonización inacabado, tiene una importancia estratégica como vía de comunicación entre Europa y el turbulento Sahel.

 

El recuerdo la deja sin habla. Tenía 15 años cuando corrían los rumores de una posible invasión marroquí en el Sahara Occidental. Después de la que sería la última visita a sus amigas, Suelma Beiruk regresó a la casa de sus padres, en el centro de El Aaiún. Su madre hablaba con el resto de las vecinas y la conversación mezclaba desconfianza e incredulidad: los civiles marroquíes, acompañados por tanques y militares, habían llegado a la capital en noviembre de 1975. Le rogó que se refugiase en el interior del edificio, pero por aquel entonces Beiruk ya militaba en el Frente Polisario y decidió que lo más seguro era huir a pie por el desierto con su marido y su hijo. «Vuelvo mañana», fueron sus palabras, y no ha podido hacerlo hasta la fecha. A su madre y sus hermanas las ha vuelto a ver en una única ocasión.

A principios de noviembre de 1975 y a finales de la dictadura franquista, Marruecos invadió la entonces provincia española con la llamada Marcha Verde. Estalló una guerra con el Polisario, facción política que ya reclamaba la independencia bajo el dominio español. El conflicto cesó con el alto el fuego de 1991, que consolidó la división del Sahara en una zona ocupada por el reino alauita y otra liberada, donde se construyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La separación se materializó con un muro minado que divide la región de norte a sur.

El viernes 13 de noviembre, el Polisario consideró roto el alto el fuego con Marruecos tras una acción militar contra civiles saharauis. El Ejército marroquí disolvió una protesta pacífica que exigía la autodeterminación del Sahara Occidental (donde viven unas 600 mil personas, según varias estimaciones) y bloqueaba una carretera en un área desmilitarizada en la frontera con Mauritania, conocida como «el tapón de El Guerguerat». El sábado 14 el Ejecutivo saharaui decretó oficialmente el estado de guerra y así dejó atrás los años de reivindicación pacífica.

Beiruk ejerce hoy como ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer en la RASD. Como la mayor parte de los saharauis exiliados, ha madurado su vida en los campos de refugiados en el oeste de Argelia, en los que hoy viven más de 170 mil personas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace 45 años tres generaciones viven en un limbo. La construcción de los campos en mitad del desierto era una solución temporal a la espera de un referéndum de autodeterminación, que aún no ha tenido lugar, prometido por España como potencia administradora y reconocido por la ONU. Los relatos de los habitantes de los campamentos y las ciudades saharauis mostraban esperanza en esta votación, pero tras la reciente injerencia militar las voces se alzan a favor de la lucha armada.

EL PRIMER DÍA

Aún era de noche cuando Bala Salama caminaba hacia la mezquita con su padre. El bullicio era ya abrumador. Su padre le contaba lo que había escuchado en la radio. «Estamos en guerra. Lo ha anunciado el Polisario tras un incidente en El Guerguerat», aseguraba. Los coches recorrían las calles y sólo se oían sus bocinas. Cuatro días más tarde, el joven de 29 años ya estaba ubicado en una academia militar con otros cientos de saharauis para ser formado como soldado. No conoce a nadie de su entorno que no se haya presentado voluntariamente. «En los últimos 29 años, la situación se calmaba con negociaciones y en los despachos, pero ahora [las autoridades marroquíes] han roto el alto el fuego», opina. Bala nació en el campamento de El Aaiún, pero trabajaba en Madrid. Viajó hace meses a Argelia para visitar a sus familiares, pero, debido a la emergencia sanitaria, ese país africano cerró sus fronteras, por lo que tuvo que quedarse. Hace unas semanas que nació su primer hijo. «Me atormenta pensar que cuando crezca deba decirle que tiene que luchar por recuperar su hogar. Que él fuera refugiado sería muy frustrante», cuenta desde el cuartel.

Beiruk olvidó las pésimas condiciones de vida de sus 45 años en el exilio esa mañana de viernes. Conoce el sufrimiento de la guerra y perdió a su marido en el primer conflicto, pero considera la lucha como «la única solución al haberse agotado la paciencia y el diálogo». Recuerda que la población de los campamentos se despertó con la noticia y la gente salió a la calle en masa. Cuenta que los padres aplaudían la decisión de los más jóvenes de alistarse y que diariamente «llegan solicitudes desde el extranjero y las zonas ocupadas».

En cuanto comprendió la situación, Jalil Naama comunicó su reincorporación al Ejército. Pasó el servicio militar al cumplir la mayoría de edad y ahora, con 34 años, ha sido reubicado en el frente. Todavía no se ha despedido de su mujer y sus hijas, de 2 y 3 años. Es funcionario público y posee su propia clínica dental, pero concibe como un deber responder al llamamiento a filas. Hijo de un excombatiente, vive desde niño la desesperación «de no pertenecer a ninguna parte». «A nadie le gusta la guerra. No hay vencedores. Pero en nuestro caso son 45 años en el exilio con promesas de paz y de un referéndum», confiesa. Habla de su generación, que ha vivido en carne propia la falta de avances y «la mentira». «Las organizaciones internacionales no han garantizado la votación. Vivimos en un limbo eterno. Quiero que mis hijas se sientan en su tierra, que no sientan lo que sentí yo. Lo dejo todo por la causa», concluye.

PREOCUPACIÓN EN LA CRUZ ROJA

El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce la gravedad de la situación y teme por las consecuencias humanas que conllevaría una escalada de violencia en el Sahara. Aun así, no ha planificado una estrategia para garantizar la seguridad del colectivo saharaui en los territorios bajo dominio marroquí. Mantiene, no obstante, «diálogos de carácter confidencial con los dos frentes implicados».

Esos territorios, al oeste y al norte del muro, se han convertido en un correccional a cielo abierto. Las libertades de expresión y movimiento no tienen cabida, de ahí que sean pocas las familias que han podido reencontrarse. Los activistas se ven sometidos a vejaciones, detenciones ilegales, torturas bajo custodia policial y violencia económica. Las asociaciones saharauis denuncian la brutalidad de las autoridades marroquíes incluso ante agentes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental.

Durante la primera semana del estado de guerra aumentó con creces la presencia policial, se detuvo a decenas de personas y las manifestaciones fueron reprimidas con gran violencia, según informan medios locales. En octubre Amnistía Internacional insistió a la ONU que se debía realizar una «supervisión efectiva de los derechos humanos» en la zona. Recordó que las autoridades marroquíes restringen el acceso a las organizaciones que los defienden y subrayó la necesidad de garantizar los derechos universales en los campamentos, alegando que tampoco el Polisario había esclarecido ciertos abusos cometidos bajo su control.

LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

La carretera que atraviesa El Guerguerat une el norte de África con Sahel y es fundamental para las rutas que conectan el continente con el sur de Europa. Desde 2001, Marruecos ha asfaltado la zona de forma intermitente para conectarla con su red de carreteras y conseguir «una vía con salida a Mauritania para llegar al África central», lo que el Frente Polisario considera, y así lo ha venido comunicado, una violación de los acuerdos.

Asimismo, el Polisario denuncia que la carretera es un punto estratégico para el narcotráfico. Recientes investigaciones en Malí, llevadas a cabo por un panel de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, revelan que el flujo de estupefacientes en el Sahel tiende a ser cada vez más estable y regular. El documento se refiere, entre otros temas, al contrabando de hachís procedente de Marruecos, cuyo destino final es Libia, tras ser transportado por Mauritania, Malí y Níger. En abril de 2019, la Policía marroquí incautó 12 toneladas de hachís en El Guerguerat. La droga era transportada en un camión y estaba escondida en cajas que contenían envases plásticos. Además, la región se caracteriza, desde hace décadas, por el intenso tráfico de armas.

Según el derecho internacional, España todavía es la responsable de proteger los derechos del pueblo saharaui, ya que nunca renunció a su papel como potencia administradora. De hecho, los acuerdos de Madrid de 1975 con Marruecos y Mauritania, en los que se establecía una gestión tripartita del territorio, carecen de validez legal. Todavía se puede pasear por las ciudades saharauis y hablar en castellano con algún anciano que cuenta cómo fue esa despedida tan agria, en la que vio marchar a cientos de conocidos hacia el desierto.

Ana Cortéz
27 noviembre, 2020

(Tomado de El Salto, por convenio. Brecha reproduce fragmentos.)

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Protocolos indígenas en América Latina: un camino para la autonomía

El derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de los sectores extractivos sobre sus territorios. Frente a ello, algunas comunidades indígenas tratan de crear sus propias normas

Rocío Westendorf

IWGIA — 24 de noviembre de 2020 22:41h

Cuando la COVID-19 llegó a Perú, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis cerró de inmediato su territorio para que la pandemia no los alcanzara sin estar preparados. "Es una demostración de que los pueblos indígenas conservan su capacidad de gestión de sus territorios", señala Frederica Barclay, antropóloga e integrante del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos - Perú Equidad.

Al territorio de los wampis solo se puede acceder navegando por los dos ríos principales de la región Amazonas, el Santiago y el Morona. La minería ilegal, la actividad petrolera, los megaproyectos de hidroeléctricas en Manseriche, y el oleoducto con permanentes derrames de crudo en Santiago de Morona son las principales amenazas a su territorio. Sin embargo, los wampis nunca han sido partícipes de procesos de consulta bajo la legislación que reconoce este derecho en el país. La experiencia más cercana es su demanda contra el lote petrolero 116, que los asesores legales calificaron como "omisión de consulta".

En 2015, más de cien comunidades se reunieron en la comunidad nativa Soledad para anunciar la formación del gobierno territorial autónomo de la nación Wampis. "En el Perú, la nación Wampis es un ejemplo de experiencia de elaboración de formatos de consulta desde la aplicación del principio de autodeterminación", explica Frederica Barclay. "Esto se expresa en su  Estatuto del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW), el cual deja en claro que, al proclamarse nación, exige que se la trate como un sujeto político con derechos. Además, define claramente su territorio como indivisible, lo cual anticipa y delimita las condiciones para que una consulta pueda ser válida".

Según el Secretario Técnico del GTANW, Shapiom Noningo, "la propuesta de la nación Wampis busca enseñarle al Estado a que piense de distinta manera". Por ello, no sorprende que los wampis planteen excluir del proceso de consulta y del uso de su protocolo a todo proyecto o plan que implique un impacto significativo del territorio. "El gobierno va a tocar las puertas de la Nación Wampís porque hay petróleo y minería en nuestros territorios y por ello, estamos construyendo nuestro propio pensamiento para decirle al Estado que su ley no es aplicable en nuestra tierra. La consulta previa no nos sirve si impacta en la naturaleza; porque si lo hace, afecta a los derechos humanos", afirma Noningo. La nación Wampis entiende que nada que pueda afectar a la integridad y vida de su territorio puede ser sometido a consulta.

Treinta años después de su consagración en el Convenio 169 de la OIT, el derecho a consulta previa de los pueblos indígenas ha ido perdiendo eficacia frente a las amenazas de las industrias extractivas sobre sus territorios. Salvador Millaleo, abogado mapuche consejero del INDH, la institución más importante de derechos humanos de Chile, señala que "existe un desfase entre esa consagración y la práctica, pues los poderes que formulan medidas que van a impactar en los pueblos indígenas han hecho todo lo posible por reducir el impacto de la consulta".

Según explica, "el Estado la reduce a su expresión mínima, ya que la convierte en un listado de control, un procedimiento burocrático tanto para aprobar proyectos de inversión como para sacar sus propios proyectos de ley".

En los últimos veinte años, varias constituciones latinoamericanas, al amparo de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, han ido han introduciendo un mayor desarrollo de los derechos de autodeterminación y autonomía de los pueblos indígenas, que no excluyen la consulta sino que la complementan. Las constituciones de Bolivia, Ecuador, Perú, Nicaragua y México,  así como la constitución colombiana -en la que figuran los regímenes autonómicos de los territorios especiales- reconocen en grados diversos el derecho a la autonomía de los pueblos indígenas en sus territorios.

Qué son los protocolos autónomos de consulta

El Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) apoya desde 2015 diferentes procesos de construcción de autonomías indígenas en América Latina. "Nuestro trabajo es apoyar la consolidación de las autonomías, promover el intercambio de experiencias entre gobiernos indígenas y posibilitar el diálogo con organismos internacionales de derechos humanos", señala Alejandro Parellada, asesor para América Latina en IWGIA. "Y una de las facultades de las autonomías es que con ellas los indígenas pueden desarrollar mecanismos que regulen sus derechos en el ámbito interno así como su relación con el Estado y otros actores. Son los protocolos autónomos de consulta".

Su denominación, contenido y alcance varía según los pueblos. Surgen a raíz de un conflicto con el Estado y actores privados que amenazan sus territorios o formas de vida y, en algunos casos, son reconocidos por los Estados como una guía aplicable a los procesos de consulta. En Brasil, por ejemplo, la justicia obligó al Estado a utilizar el protocolo del pueblo Juruna para realizar una consulta sobre la exploración de oro por parte de la empresa canadiense Belo Sun. En Chile, el protocolo del pueblo Yaghán se origina a partir del creciente impacto del turismo científico en su territorio.

Sin embargo, persiste una resistencia de los Estados a reconocer dichos protocolos y garantizar que coexistan con la normativa legal. "El nivel de conflictividad entre el protocolo y el derecho nacional depende en primer lugar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. En el caso de Chile, donde no existe un reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, los protocolos, si quieren tener eficacia, van a generar un conflicto normativo", señala Millaleo, actualmente inmerso en la cuestión de la representatividad indígena en el proceso constituyente de su país. "En segundo lugar, si estas normativas internas inciden en cuestiones de sectores productivos muy importantes, donde las empresas en juego tienen mucho poder sobre el aparato estatal, es probable que se resistan a sujetarse a los protocolos y acudan al Estado".

Según Salvador Millaleo, la eficacia del protocolo frente al extractivismo es indirecta. "Como las empresas están interesadas en generar procesos donde no haya conflictos, que tienen un elevado coste social y jurídico, muchas de ellas prefieren entenderse con las comunidades cumpliendo estos protocolos porque ello les garantiza evitar esos conflictos más que la acción del Estado".

"La tendencia en un futuro", agrega Millaleo, "va a ser que los Estados vayan reconociendo estos protocolos. No tanto porque estén convencidos de su justicia, sino porque cuando hay una fuerza social importante detrás de ellos se pueden transformar en métodos eficaces de resolución alternativa de conflictos. Si el Estado apoya a la empresa, perjudica a los pueblos indígenas y va perder en legitimidad. Para evitar conflictos, el Estado va a preferir dar un mayor reconocimiento a los pueblos indígenas, en la medida en que éstos tengan la voluntad de sacar adelante estos protocolos".

El caso del territorio Arhuaco

Según estableció la Corte Constitucional de Colombia en 2009, el pueblo Arhuaco, uno de los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, al noroeste de Colombia, fue durante el conflicto armado víctima de "homicidios, masacres y violaciones de derechos humanos cometidos por actores armados ilegales y por la fuerza pública". En la actualidad, se enfrenta a la amenaza derivada de la presencia del narcotráfico, de misioneros evangelizadores y de empresas mineras.

"La minería era uno de los objetivos claros del conflicto armado" afirma Leonor Zalabata, líder de pueblo Arhuaco. "Hubo una militarización de nuestros territorios en la Sierra Nevada durante el conflicto armado y vinieron batallones de ingenieros militares. Ahora entendemos por qué están autorizados numerosos títulos mineros, licencias ambientales y hay seis bloques de hidrocarburos en ejecución".

Ante la falta de respuesta del Estado y ante la inutilidad de su participación en cientos de escenarios institucionales y procesos de consulta previa que no han garantizado su autonomía, ni la protección de sus territorios, en 2017 se crea el protocolo del pueblo Arhuaco.

Está basado en lo que ellos consideran la "Ley de Origen", Seyn Zare que establece "un ordenamiento preexistente a toda norma creada por el hombre". De esta manera, el protocolo define de antemano aquellos asuntos que, conforme a la Ley de Origen, no podrán obtener consentimiento y, por tanto, no tienen por qué ser consultados. "Es una posición arraigada en sus usos y costumbres, pero que también se enmarca perfectamente en el derecho internacional" afirma Alejandro Parellada, de IWGIA.

Aunque aún queda mucho camino por recorrer, ejemplos como éstos brindan ejemplo para los Estados y, esperanza para otros pueblos de la región cuyo nivel de autogobierno deja mucho que desear. En palabras de Frederica Barclay: "Está por verse en qué medida el Estado es capaz de transformar un pedido de renovación de la relación entre pueblos indígenas y gobierno, en una oportunidad para concretar el pluralismo y la justicia".

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Manifestantes participan en una multitudinaria marcha de protesta en la plaza San Martín de Lima (Perú). — Paolo Aguilar / EFE

Tras ocho días consecutivos de marchas pacíficas protagonizadas por los jóvenes, Perú espera que Francisco Sagasti, titular del Congreso y opositor a la vacancia de Martín Vizcarra, juramente este martes como nuevo presidente interino.

 

Eran apenas unos recién nacidos cuando sus padres tuvieron que salir a las calles para exigir la caída del autoritario exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), han padecido casi toda su vida una educación y una sanidad públicas fuertemente precarizadas por políticas neoliberales, y tienen hoy como hábitat alternativo a las redes sociales. Así son los centennials peruanos, los protagonistas del desenredo de una crisis política que dejó como saldo la muerte de dos de ellos, decenas de heridos y desaparecidos, y que Perú se haya liberado en seis días del Gobierno de Manuel Merino de Lama, acusado de golpista y usurpador.

La juramentación este martes del congresista Francisco Sagasti como presidente de Perú, opositor junto a otros 18 congresistas a la vacancia de Martín Vizcarra (2018-2020), ha sido la señal de que lograron su propósito: torcer a una mayoría del Congreso acusada de golpista por haber utilizado la figura constitucional, aunque polémica por su amplio margen de interpretación, de vacancia por "incapacidad moral permanente" para remover a Vizcarra del poder.

La lucha empezó la noche del lunes en que el Legislativo vacó a Vizcarra, por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, pero que se fue acrecentando desde la toma de mando del congresista de centroderecha Manuel Merino de Lama, y la posterior juramentación de su gabinete de ministros el jueves. Miles de ellos tomaron las calles y plazas y se ubicaron en la primera fila, para bloquear, con creatividad y recursos aprendidos en Youtube, las excesivas bombas lacrimógenas y perdigones que la Policía Nacional lanzó contra marchas pacíficas de protesta en todo el país. Resistieron con gritos de "Merino no me representa" y cubiertos con banderas del Perú, a una brutal represión que fue condenada por organismos nacionales e internacionales como Human Right Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las manifestaciones se dieron consecutivamente hasta el sábado, día en que se convocó a una marcha nacional, y en el que las abusivas acciones de represión perpetradas por la Policía provocaron la muerte de los jóvenes universitarios Jack Bryan Pintado (22), que fue disparado con diez proyectiles en el rostro, cabeza y tórax; e Inti Sotelo Camargo (24), con cuatro proyectiles, uno de ellos en el corazón. Se sumaron también casi un centenar de heridos con perdigones, graves y leves, decenas de desaparecidos, y por lo tanto el pedido de gran parte de la clase política peruana de que Merino renuncie, algo que terminó por hacer al día siguiente.

Por ello, fue a los jóvenes a los que se refirió este lunes el congresista Francisco Sagasti Hochhausler, del centroderechista Partido Morado, en sus primeros segundos como flamante presidente del Congreso de Perú; y que luego ocupará interinamente el cargo de presidente de la República, hasta culminar el quinquenio de 2016-2021, el 28 de julio de 2021.

"Hoy no es un día de celebración porque hemos visto la muerte de dos jóvenes expresando sus puntos de vista, y prácticamente sin violencia. Inti Sotelo y Jack Bryan Pintado han fallecido, no podemos retroceder, no podemos volverlos a la vida, pero sí podemos, desde el Ejecutivo, tomar las medidas para que esto no vuelva a suceder", dijo este lunes en el hemiciclo, ante los aplausos de los presentes.

La tensa mañana del lunes

Sagasti, un ingeniero industrial, reconocido investigador académico y catedrático de 76 años, que tiene en su hoja de vida haber sido consultor y asesor de organismos internacionales como la UNESCO, las Naciones Unidas, el Banco Mundial y la OEA, llegó este lunes a presidir la mesa directiva del Parlamento, en un segundo proceso de votación por una nueva mesa directiva.

Y es que el mismo domingo de la renuncia de Merino, en el hemiciclo solo existía un único acuerdo claro: que la nueva mesa estuviera integrada exclusivamente por congresistas que hubieran votado en contra de la vacancia (19 de 130), como gesto de respeto al sentir popular. Por ello, la conformación de la primera lista presentada el domingo por la noche, encabezada por la izquierdista Rocío Silva Santisteban y que tenía como vicepresidente al propio Sagasti, no alcanzó los votos necesarios, aún cuando había sido planteada con el compromiso de apoyo de otras bancadas.

Así las cosas, Perú se acostó el domingo y amaneció este lunes prácticamente acéfalo, sin un presidente en el Ejecutivo ni en el Legislativo, solo dirigido por el gabinete de ministros del presidente saliente. Hasta que la tarde del lunes, el Partido Morado, el único que votó en bloque contra la vacancia, decidió reemplazar una lista presentada a primeras horas de la madrugada del lunes, que integraban solo los miembros de su bancada, y por ello con poca aceptación previa, por una que conformaba junto con otros partidos.

Llegó así, minutos antes de las dos de la tarde, la que terminó siendo la lista única (hubo una intención de los congresistas provacancia de presentar una segunda, pero no prosperó). Esta estuvo presidida por Sagasti, cuyo carácter democrático y conciliador había sido resaltado como clave para lograr un consenso entre bancadas, y la completaron la congresista izquierdista Mirtha Vásquez, del Frente Amplio; el congresista de centroderecha Luis Roe, de Acción Popular; y la congresista de centroderecha Matilde Fernández, de Somos Perú; que ganó con un total de 97 votos a favor, 26 en contra y 0 abstenciones.

Generación del Bicentenario

Algo que han reconocido diversos políticos ha sido la importancia de la participación juvenil, y sobre todo de los chicos centennials, en el reencauzamiento del orden democrático en Perú. Un trascendental papel que les ha valido ser llamados Generación del Bicentenario, en referencia a la próxima conmemoración de los 200 años de la independencia del país latinoamericano, y por el halo de heroicidad que atañe. Entre ellos, la congresista Mirtha Vásquez, recientemente electa primera vicepresidenta del Legislativo, que agradeció este lunes ante los medios "a todos esos jóvenes" por haber dado "una lección para poder reconducir lo destinos del Estado".

 17/11/2020 07:55 Actualizado: 17/11/2020 07:57

Mercedes Palomino

@mercepalm

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El Congreso de Perú prolonga la crisis que creó

Tras la renuncia del presidente Manuel Merino, acusado por la brutal represión a las protestas

El Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de Rocío Silva Santisteban, candidata de izquierda. Merino estuvo en el cargo seis días. 

 

Al cierre de esta edición, los peruanos no tenían presidente. Luego de la renuncia de Manuel Merino -elegido el lunes pasado por el Parlamento que él presidía luego de destituir en una decisión calificada por diversos juristas como ilegal, al exmandatario Martín Vizcarra-, que cayó por las masivas protestas en contra de su gobierno, que duró menos de una semana, el Congreso prolongó la grave crisis política que ellos han creado. Ayer el Parlamento unicameral debía elegir al reemplazante de Merino, pero 77 de los 130 congresistas boicotearon la elección de la candidata única, Rocío Silva Santisteban, del izquierdista Frente Amplio, que debió haber sido una candidatura de consenso. Silva Santisteban obtuvo 42 votos a favor, pero 52 votaron en contra y otros 25 se abstuvieron. Los fujimoristas y otros grupos de la coalición de derecha, con muchos de sus miembros más importantes acusados de diversos cargos de corrupción, que destituyeron a Vizcarra y lo reemplazaron por Merino, originando la indignación ciudadana, expresada en masivas protestas, y la crisis política, estuvieron en primera fila para boicotear una salida a esa crisis que ellos originaron. Rechazaron la elección de Silva Santisteban. Una decisión irresponsable que prolonga y agrava la crisis que pone otra vez al Congreso como factor central de la crisis política en el país y amenaza encender nuevamente las masivas protestas en las calles.

De haber sido elegida, Silva Santisteban, de 57 años, poeta, periodista, docente universitaria y activista de los derechos humanos y de los derechos de la mujer, se habría convertido en la primera mujer en llegar a la presidencia en el Perú y también la primera persona de un partido de izquierda en gobernar el país. Fue una de las dos legisladoras, de los ocho integrantes de la bancada del Frente Amplio, que votaron en contra de la destitución de Vizcarra y de llevar a Merino al poder.

El vacío de poder por la no elección de un reemplazante de Merino podría favorecer el regreso del exmandatario Vizcarra. Hay una demanda ante el Tribunal Constitucional (TC) para que defina cuáles son los alcances de la figura de “incapacidad moral permanente” para destituir a un presidente, la razón usada en el Congreso para sacar a Vizcarra por cargos de haber recibido sobornos cuando era gobernador entre 2011 y 2014, acusación basada en unas declaraciones que todavía están en investigación. Si el TC señala que esa ambigua figura constitucional no aplicaba en este caso, como indican diversos juristas, se confirmaría que la destitución de Vizcarra fue inconstitucional, pero el TC deberá definir si su fallo es retroactivo o no, es decir, si deja sin efecto la destitución del expresidente y, por lo tanto, Vizcarra debería ser repuesto en la presidencia, o si su decisión rige como una aclaración doctrinaria de esa figura constitucional para el futuro. Importantes juristas se inclinan por esta segunda opción. Hay un debate abierto sobre el tema. El TC convocó para hoy lunes a una sesión de emergencia para ver este asunto.

“Que defina el TC. La población y la comunidad internacional esperan que defina el TC”, señaló ayer Vizcarra, que espera una decisión que podría regresarlo al poder. “Ha salido un dictadorzuelo”, señaló, en referencia a Merino. Felicitó a los jóvenes por haberse movilizado y calificó de “héroes” a los dos estudiantes asesinados por la policía. El viernes, la fiscalía ordenó el impedimento de salida del país de Vizcarra por dieciocho meses por la investigación de recibir sobornos que se le ha abierto.

En las calles toda la indignación se ha dirigido contra Merino y el Congreso por la decisión de destituir al exmandatario tomada por parlamentarios que en buena parte están cuestionados por cargos de corrupción, pero los manifestantes se han preocupado en aclarar que su movilización no ha sido en defensa de Vizcarra. Así coincidieron en decírselo a PáginaI12 varios jóvenes que protestaban contra Merino el sábado en la noche. “No estamos aquí para defender a Vizcarra, estamos para defender la democracia. Vizcarra tendrá que ser juzgado en su momento”, nos dijo Ximena Guevara, abogada de 26 años. Opiniones similares hubo muchas. Todas las voces pedían la salida de Merino, muy pocas el regreso de Vizcarra. “Es por la democracia, no es por Vizcarra”, era una frase muy escuchada, y leída en los cartelones.

Mientras el Congreso se reunía para decidir a quién elegir para reemplazar a Merino y salir de la crisis que el propio Congreso creó, en las afueras del Parlamento, y en las calles y plazas de todo el país, miles que en la última semana protestaron exigiendo la salida de Merino seguían movilizados, en vigilia esperando esa decisión. Exigían que la persona elegida para asumir la presidencia del país no sea uno de los 105 congresistas de la coalición que llevó a Merino al poder. Advertían que si eso ocurría, entonces las protestas se reanudarían. Los manifestantes solamente estaban dispuestos a aceptar la elección de uno de los diecinueve legisladores que votaron en contra de la destitución de Vizcarra que llevó al poder a Merino. Al final, el Congreso no eligió a nadie en la votación de ayer en la noche y prolongó la incertidumbre, el vacío de poder y la crisis.

El Congreso puso a Merino en el poder, en una decisión calificada por la mayoría del país como un golpe parlamentario, y la calle lo sacó del cargo. Fueron seis días de protestas continuas hasta la caída del brevísimo régimen de Merino, señalado como “usurpador”. Había sido nombrado presidente el lunes por el Congreso que él presidía, tomado posesión del cargo el martes, nombrado el jueves a su gabinete ministerial, dominado por la extrema derecha, y el domingo se vio obligado a renunciar. La muerte la noche del sábado de dos jóvenes en las protestas antigubernamentales gatillaron las horas finales de la muy cuestionada y precaria presidencia de Merino, que había formado un gobierno con lo más rancio del ultra conservadurismo peruano.

Los fallecidos son dos estudiantes universitarios, Jack Pintado, de 22 años, e Inti Sotelo, de 24 años. Pintado falleció por múltiples impactos de perdigones en la cara, cuello y tórax, Sotelo de un balazo en el pecho. Sus muertes y los heridos son dramático testimonio de la brutal represión del gobierno ultraderechista de Merino contra las protestas ciudadanas. Sobre esa represión, Merino no asumió ninguna responsabilidad en su breve mensaje de renuncia. Pero ahora podría ser procesado por esos hechos.

Las dos muertes ocurrieron en el centro de Lima, escenario de las mayores protestas, que desde el lunes en la noche, cuando fue destituido Vizcarra y nombrado Merino en su reemplazo con el respaldo de congresistas denunciados por corrupción, se repitieron simultáneamente en todo el país, y en la capital se dieron en diversos distritos, desde los barrios populares hasta las zonas residenciales exclusivas. Han sido las protestas más grandes que recuerde el país en mucho tiempo.

La movilización del sábado, como las anteriores, era pacífica, hasta que, como ocurrió en las anteriores ocasiones, la policía atacó a los manifestantes, la gran mayoría jóvenes, disparando gases y perdigones. Disparaban al cuerpo. Un joven caminaba con la nube de gases lacrimógenos que comenzaba a cubrir el lugar levantando un cartelón en el que se leía: “Mamá, salí a defender a mi patria, si no regreso me fui con ella”. Unos metros más allá caían los dos estudiantes que ya no regresarían a sus casas.

Este domingo, Merino, cuya situación era insostenible, renunció a la presidencia en un breve mensaje televisado de poco más de cinco minutos. Su renuncia cambió las protestas en celebraciones. Los gritos de “Merino no me representa”, “Fuera los corruptos”, cambiaron por el “Sí se pudo”. Apenas Merino terminó de hablar anunciando su renuncia, se escucharon cacerolazos en todas las ciudades del país, en todos los barrios de Lima. Cacerolazos que en los últimos días habían sido de protesta, este domingo fueron de celebración.

En las masivas movilizaciones de ayer domingo en calles y plazas de todo el país, que se prolongaron desde muy temprano hasta la noche, había festejo por la caída del gobierno denunciado como “usurpador”, pero también dolor por la muerte de los dos estudiantes, y expectativa por lo que vendría en las siguientes horas. Muchos salieron a manifestarse vestidos de negro, en señal de luto por los dos estudiantes asesinados durante la represión a las movilizaciones ciudadanas. 

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