Contra Trump, contra la violencia policial

La marcha de protesta en Washington fue masiva

En el aniversario del histórico discurso de Martin Luther King, miles de personas se reunieron para protestar contra la violencia policial y el discurso autoritario de los republicanos.

 “No podemos estar nunca satisfechos mientras que el negro sea la víctima de los horrores abominables de la brutalidad policial”. La frase es parte de "Yo tengo un sueño", el discurso más famoso de Martin Luther King Jr., que acaba de cumplir 57 años. Pero para las miles de personas que este viernes se manifestaron en la ciudad de Washington es la descripción de una realidad muy actual.

Bajo el lema “Saquen la rodilla de nuestros cuellos”, la marcha quiso conmemorar un nuevo aniversario de la histórica manifestación organizada por King en el centro de la capital estadounidense. Si en 1963 la marcha pedía trabajo y libertad, la de este viernes se hizo eco de la ola de protestas que sacude al país desde el asesinato de George Floyd en mayo.

Precisamente, la idea de una manifestación masiva que coincidiera con el aniversario del discurso de King empezó en junio, después del funeral de Floyd. Al final, coincidió también con el cierre de una semana agitada en Estados Unidos, en la que el ataque de un policía a un hombre negro en Wisconsin provocó una nueva ola de protestas mientras, en paralelo, la Convención Nacional Republicana prometía defender a la policía.

Como respuesta al mensaje que el Partido Republicano transmitió  en las cuatro noches de la convención, miles se reunieron este viernes en la zona del Lincoln Memorial. Llevaron carteles con mensajes contra Donald Trump y el racismo. Como a principios de junio, los colores del movimiento Black Lives Matter -verde, negro y rojo- volvieron a apoderarse de las calles de Washington, al igual que las remeras con la leyenda “No puedo respirar”, las últimas palabras de Floyd.

Esta vez no hubo solo un pedido de justicia racial, sino también de ir a votar en noviembre. “Mi hermano no puede hablar hoy”, dijo Bridgett Floyd, hermana del hombre asesinado en Minnesota este año. “Nosotros tenemos que ser esa voz, nosotros tenemos que ser ese cambio”, afirmó durante el acto principal de la marcha.

El acto principal se situó en las escalinatas del Lincoln Memorial, pero la manifestación se repartió por distintos lugares del centro de la ciudad. Algunos caminaron al Departamento de Justicia a reclamar que se abrieran los casos cerrados de violencia policial. Otros marcharon hasta las cercanías de la Casa Blanca cantando las palabras que ya se volvieron el lema de estas protestas: “No hay justicia, no hay paz”.

Bianca y Alexis Harmon son hermanas y viven en el estado de Virginia, vecino a la ciudad de Washington. La primera es maestra y decidió ir a la marcha porque el tema impacta en sus estudiantes. “Nuestro abuelo en los años 50 y nuestro tío en los 70 fueron golpeados por la Policía. Estas cosas todavía siguen pasando en 2020”, dijo Bianca a Página|12. “¿Cómo no nos vamos a enojar si nuestro dinero está yendo a algo que nos impacta negativamente? Hay que desmantelar un sistema que nunca nos apoyó y que, a pesar de eso, seguimos pagando”, agregó su hermana. Las dos esperan que la siguiente generación no tenga que pasar por esto.

Saeed N. manejó diez horas desde Atlanta, Georgia, para estar presente en la marcha. No había participado de las protestas de junio, pero está convencido de que Estados Unidos necesita un cambio y llegó a la capital del país para pedirlo. “Estar acá es como llamar a la puerta de la Casa Blanca. Quería ser parte de algo histórico”, dijo a este diario desde la plaza Black Lives Matter, creada por la ciudad de Washington en junio.

No fue solo la comunidad negra la que se movilizó el viernes. “Vengo en solidaridad con el movimiento y a apoyar la iniciativa de desfinanciar a la policía”, explicó Sammy Fries, también desde la plaza Black Lives Matter.

A algunos, el sol y los 34 grados los obligaron a refugiarse a la sombra de los árboles o a refrescarse en las fuentes del National Mall. El área del Monumento a Washington, el obelisco de la capital estadounidense, estuvo completamente cercada. Mientras los manifestantes buscaban caminos alternativos para cruzar la zona, una empresa de eventos todavía trabajaba para levantar los restos de los fuegos artificiales que cerraron la convención republicana, esos que iluminaron el cielo nocturno el jueves por la noche, mientras la zona de la Casa Blanca también era escenario de protestas. “Trump fracasó. Más de 180.000 murieron”, decía un cartel con luces armado por una docena de personas. En ese mismo momento, el presidente cerraba la Convención Nacional Republicana convencido de que hizo un buen trabajo para manejar la pandemia de la covid-19.

En contraste con el acto de Trump del jueves, en el que pocos asistentes usaron barbijo, la marcha instaló carteles en la zona del Lincoln Memorial para pedir a la gente que use máscaras. “Mantener la distancia social. Usar máscara. Usar alcohol en gel. Proteger el voto”, fueron las cuatro consignas que difundió la organización de la manifestación. A diferencia de marchas anteriores, la de este viernes puso el foco en la elección de noviembre como un momento crucial para lograr un cambio en el país.

Eso es lo que considera Yolonda, una mujer de la ciudad que se acercó porque quería “ser parte de algo positivo”, algo que “permita crear otra cultura”. Su principal objetivo ahora es sacar a Trump de la presidencia. “Voy a ser la primera persona en ir a votar el día de la elección. Hay que mandarlo a su casa”, aseguró.

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Machi Celestino Córdova depone huelga de hambre en Chile

Después de más 100 días de huelga de hambre, el representante mapuche suspendió la medida de fuerza al alcanzar un compromiso del gobierno chileno para que se cumplan las demandas de su comunidad.

El Machi Celestino Córdova depuso el martes su huelga de hambre que mantenía por más de 100 días, en los que exigió visitar su Rehue y cumplir parte de su condena en su comunidad, todo esto acorde a la aplicación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La medida de fuerza que llevan adelante otros 26 prisioneros mapuche sigue en pie.

El acuerdo por el cual el Machi abandonó la huelga de hambre tiene como garante al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y otras instituciones nacionales y extranjeras. Según lo difundido hasta ahora, se acordaron mejorías en la situación carcelaria de los actuales prisioneros políticos y en los estatutos que rigen el régimen penitenciario de población indígena de Chile.

El Subsecretario de Justicia del gobierno chileno, Sebastián Valenzuela Agüero, indicó que “tras su decisión de deponer la huelga de hambre, el Machi Celestino Córdova permanecerá en el hospital intercultural de Nueva Imperial hasta su plena recuperación”. Después de esto, siempre según el funcionario, “puede ser trasladado a un Centro de Educación y Trabajo (CET), desde donde “se autorizará una salida al Rewe”. “Dicha salida –agregó Valenzuela Agüero- podrá extenderse hasta por un máximo de 30 horas y se sujetará a las condiciones impuestas por las autoridades sanitarias y penitenciarias”.

A la firma del acuerdo, asistieron Jan Jarab y Paula Berruti de la ACNUDH (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos); el director nacional del INDH, Sergio Micco; el vicepresidente del Colegio Médico, Patricio Meza, y Enrique Morales, del Departamento de Derechos Humanos de Colmed.

En el acuerdo, se estipuló que los demás comuneros privados de libertad, que se encuentran en huelga de hambre y decidan deponerla, no serán sancionados por Gendarmería. Además, se facilitará la postulación de personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos originarios a CET. Finalmente, se entregará una serie de medidas como asistencia espiritual, reinserción laboral y educacional, y accesos a representantes mapuche e insumos de alimentación originarios para los reclusos pertenecientes a pueblos originarios.

Por su parte, Cristina Roma, vocera de Machi Celestino Córdova, aseguró que “no descarta nueva movilización” en caso de no cumplirse el acuerdo. A través de Roma, el Machi entregó un mensaje para su comunidad y todo el país, en el que aseguró que “a pesar de la pandemia, hemos demostrado que somos un pueblo digno, vivo y con disposición a de defender a nuestras autoridades y a nuestra gente”.

La portavoz comunicó que Celestino Córdova explicó que “el Estado ha negado los derechos del pueblo nación mapuche, como de los demás pueblos originarios, y que todavía no ha normado el convenio 169 (de la OIT), poniendo en tensión a los poderes del Estado para que agilicen este aspecto”.

El Machi también hizo un llamado para continuar con el apoyo a “los presos políticos mapuche de las distintas cárceles aún movilizadas”, y enfatizó que “la lucha no ha parado, ni de los presos políticos mapuche y no mapuche, ni del pueblo nación mapuche ni de todos los pueblos oprimidos del mundo”.

La semana pasada, en un video que se viralizó en las redes sociales con su audio, Córdova había anunciado su voluntad de llevar hasta las últimas consecuencias su protesta, sumando una huelga seca a la huelga de hambre. “Lamento mucho que tenga que entregarles mi último mensaje, en mis últimos días que me quedan, para mi sacrificio en forma definitiva, en lo que para mí será un orgullo, dar la vida por mi pueblo mapuche, por nuestra creencia espiritual, que es sagrada por sobre todas las cosas, y a lo que nunca se debe renunciar”, fue el contundente mensaje del Machi.

Conocido el acuerdo, el titular del INDH declaró que el organismo junto al Colegio Médico y a la oficina regional para América Latina de la ACNUDH “nos constituimos como un equipo permanente para que el acuerdo que aquí se ha firmado sea completamente respetado”.

Micco explicó que “en otros diálogos por la región, nos dicen en todas partes ‘bueno, ahí quedó el pacto de Nueva Imperial en 1999, qué pasó con el pacto Reconocemos la Diversidad, qué pasó con la Comisión Asesora Presidencial, qué pasó con el Acuerdo Nacional por la Paz y la Justicia en La Araucanía’. Y la respuesta es que muchas veces fueron palabras y faltó la voluntad de ejecutarlas”.

“El INDH va a mantener su voluntad de prestar sus mejores oficios para lograr que esos acuerdos se respeten –indicó su titular-. Las brechas en materia de derechos humanos se mantienen, no se respetan muchas veces los derechos de participación, los derechos culturales, los derechos lingüísticos de nuestros pueblos indígenas, particularmente, el mapuche. Este solamente es un pequeño paso en la línea de que esos derechos sean plenamente respetados”.

Celestino Córdova es un Machi, que, en la cultura mapuche, es una autoridad espiritual designada por los espíritus y fuerzas de la naturaleza, cuya labor consiste en intermediar entre las distintas dimensiones del universo, a efectos de mantener el equilibrio de las fuerzas existentes. En el ejercicio de esta función, desarrollan la curación de enfermedades, protegen a los territorios de los movimientos naturales, interpretan dichos fenómenos y, en definitiva, establecen la comunicación permanente con los ngen (espíritus-fuerzas sobrenaturales) para lograr la armonía de la vida. Es por ello que son la máxima autoridad religiosa del pueblo mapuche, constituyéndose en pilares culturales, bases fundamentales para la continuidad de la vida.

Los Machi son personas comunes que han sido designadas, no por sus pares, sino por los espíritus de la naturaleza para llevar a cabo su rol. No pueden desconocer dicha labor, pues no es una profesión u oficio que se elija; por el contrario, el reconocimiento de un Machi se convierte en una pesada carga que la persona debe arrastrar durante toda su vida, pues, por el hecho de no aceptarla, puede arriesgar inestabilidad de las fuerzas, que pueden causar estragos como enfermedades o la misma muerte de la persona o sus familiares.

Celestino Córdova se encuentra preso porque la justicia chilena lo condenó por un incendio en la madrugada del 4 de enero de 2013, donde Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, un matrimonio terrateniente suizo-chileno, falleció. Córdova fue condenado a 18 años en la penitenciaría de Temuco por supuesta autoría, es decir, por ser eventualmente una persona que cooperó de algún modo o que conocería a quienes estaban en ese momento y causaron el incendio, aunque la causa estuvo plagada de irregularidades y sin pruebas concretas.

20 agosto 2020

 

Publicado originalmente en La tinta

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Del estado de excepción al estado de rebelión

 El Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, constituye el contexto ineludible que permite –en una reflexión crítica de la coyuntura– poder advertir, la más que improbable realización democrática y limpia de elecciones nacionales. La postergación continua del evento electoral (por cuarta vez), bajo el pretexto de la “pandemia”, demostró ya la falacia grosera de la autodenominada “transición”, que exhibe la dictadura actual como mera cobertura “democrática” de unos propósitos profundamente anti-democráticos.

Su finalidad no fue nunca “recuperar la democracia”, sino destruirla desde sus bases mismas; minando la propia soberanía nacional en acuerdos espurios que comprometen la propia viabilidad estatal y nacional.

Un “gobierno de transición” jamás se arroga tareas como la definición de nuevos acuerdos internacionales y diplomáticos, o la otorgación de concesiones en minería o hidrocarburos; tampoco su tarea jamás debió considerar deshacer la institucionalidad o instrumentalizar los órganos estatales para benéfica propio (si eso supuestamente era lo que había que corregir); o minar la soberanía nacional, permitiendo la injerencia abierta de la Embajada gringa en asuntos estratégicos, como es el litio y la bioceánica; o poner al descubierto, para beneficio chileno, información estratégica del conflicto por las aguas del Silala.

Desde su inicio, se pudo vislumbrar un atrevido y enfermo revanchismo, desmontando incivilmente “lo plurinacional” del Estado boliviano; desde la quema de una insignia patria como es la wiphala (que continuó con su total anulación de la imagen gubernamental), hasta el respaldo abierto a grupos parapoliciales y paramilitares que fueron, en el golpe, actores visibles en la destrucción de instituciones estatales; quienes desataron, además, la persecución, amedrentamiento y hostigamiento a dirigentes, asambleístas nacionales y pueblo en general (sobre todo de procedencia indígena).

La “transición” fue un eufemismo que sirvió a los golpistas para “encantar” a la población urbana con un cuento de hadas invertido, donde los buenos son malos y los malos son buenos. Tarea que fue encargada a los medios de comunicación que, hasta el día de hoy, prosiguen con una sistemática desacreditación del campo popular, en connivencia y complicidad con la dictadura disfrazada de “democracia recuperada”.

Este Estado de excepción no declarado, pero en ejecución fingida, por mediación de la policía y el ejército (y los ministerios de gobierno y defensa), moviliza ahora grupos civiles para provocar el justificativo de otro golpe al interior de la trama oligárquica que se ha instalado como “ficción democrática” contra el pueblo boliviano. Ese es el tono abierto que viene desenmascarándose en declaraciones abyectas que vociferan los representantes de “Comités Cívicos”, como el de Santa Cruz (que aglutina a la más rancia facción fascista del golpe) que, ante la opinión pública, señala que no se retractará del calificativo de “bestias inhumanas”, imputado al pueblo indígena movilizado. Eso es lo que está detrás de esta famosa “recuperación democrática” y lo que manifiesta su carácter ya no solamente profundamente antinacional sino hasta profundamente anti-humano.

Si de democracia hablamos, la democracia que esgrimen los cooptados por el señorialismo oligárquico, es un “kratos” sin “demos”; es decir, un poder exclusivo para quienes conspiran y socavan constantemente la posibilidad de un país de iguales y de democracia amplificada. Mientras vociferan a los cuatro vientos la presunta “dictadura que vivimos en los 13 años del MAS”; en apenas 8 meses de gobierno golpista, se dieron la tarea de instaurar la verdadera dictadura que temían tanto los incautos citadinos clasemedieros movilizados en contra del “caudillo populista”.

En noviembre del año pasado ya cobraron los fascistas su insana sed de muerte, y frente a la actual movilización popular (otra vez totalmente indefensa), vuelven a amenazar soberbiamente con todos los poderes coercitivos y, además, escudados por el bloque civil de reclutamiento oligárquico que todavía pueden congregar (aunque ya en menor medida pero magnificados por los medios de comunicación y/o propaganda de la dictadura).

Por eso el pueblo ha ido comprendiendo y decantando su movilización en la amplificada e irrenunciable petición de renuncia del gobierno golpista en su conjunto. Porque precisamente esa es la única garantía de una verdadera “recuperación democrática”.

Los acuerdos que se lograron entre la Asamblea legislativa y el Tribunal Electoral, sobre el supuesto blindaje legal para asegurar comicios electorales hasta el 18 de octubre, ya no constituyen garantía, desde la conculcación del Estado de derecho que se produjo, una vez violentada la Constitución en esa supuesta “sucesión constitucional” que se inventaron para legitimar el golpe de Estado de noviembre de 2019.

No vivimos en un Estado de derecho, sino en una “anomia estatal” que, según la ley del más fuerte, ha convertido a Bolivia en una tierra sin ley ni derecho alguno. Creer que, en esas condiciones, es posible una “elección democrática”, es pecar de ceguera política.

La ficticia “sucesión constitucional” se produjo entre bambalinas y con actores hasta foráneos injerencistas, como la embajada brasilera, la CIA, la Unión Europea, la Iglesia Católica, además de partidos de derecha y ejecutores del golpe que después fueron gobierno, en instalaciones de la Universidad Católica, en La Paz. Ellos instauraron este disparate de gobierno que lo comandan inadaptados sociales cuya patología racista es sólo comparable al nazismo, al ku klux klán y al sionismo actual.

La dictadura, una vez cooptados todos los órganos estatales (a excepción de la Asamblea Legislativa, que vive en continuo hostigamiento), también aseguró su presencia indefinida, poniendo como cabeza del Tribunal Electoral a un individuo ligado a la CIA, por mediación de la USAID. Es decir, se encargaron ya de reordenar todas las Cortes Electorales nacional y subnacionales para montar el verdadero fraude que tanto imputaron al gobierno anterior y hasta ahora imposible de demostrarse fehacientemente (ni siquiera la versión burlesca de la cómplice golpista OEA).

Sólo la pérdida de credibilidad y las repugnantes develaciones inmediatas de corrupción, nepotismo y robo maniático de los golpistas, hizo que fuesen aplazando las elecciones, por el rechazo creciente a la candidatura de la autoproclamada en las encuestas nacionales; sumado a ello, la acumulación creciente de preferencia electoral por parte del MAS (lo cual ya devela la falacia derechista de impugnar al gobierno anterior lo anti-democrático que, en realidad, representa la dictadura actual).

En ese contexto, la oligarquía sabe que “democráticamente” no puede continuar en el poder; esa es la razón por la que, amparándose, como es su costumbre, en poderes foráneos y, sobre todo, en el poder imperial (que compró a la antipatriota cúpula militar y policial), provoca ella misma una guerra civil.

Esa era la apuesta del golpe cívico-prefectural del 2008 y que buscaba, de modo abierto, la balcanización de Bolivia, y que, hoy en día, sobre todo con la presencia del separatista Marincovic, como “ministro de planificación” de la dictadura, se vuelve a activar.

Por eso el pueblo, desde las propias bases –en esa acumulación de memoria histórica del movimiento nacional-popular–, demanda la renuncia innegociable de todo el gobierno golpista. Porque no existe ningún ápice de confianza democrática en un orden impuesto al servicio de los intereses más antinacionales del país. Todas las apuestas electoralistas, en que también cae el propio MAS, no toman en cuenta de que no estamos en “condiciones normales” y que, quienes les sacaron vía golpe de Estado, es decir, de modo violento, jamás aceptarán devolver el poder de modo democrático (si por actuar “políticamente correctos” ante la opinión pública nacional e internacional, creen que recuperar la democracia pasa por la aceptación de las reglas impuestas desde la Embajada gringa, significa que no sólo han perdido visión política sino que sus cálculos carecen de toda objetividad). El conflicto no es coyuntural sino que ha despertado, otra vez, la contradicción histórica no resuelta (y que el MAS tampoco supo resolver) entre la nación y la anti-nación.

El “indio convertido en multitud” fue lo que despertó el miedo, junto al desprecio del señorialismo oligárquico (que hace también nido en la clase media urbana, en ese ficticio “mestizaje” que ostenta el boliviano que persiste en “argumentar contra sí mismo”), del “volveré y seré millones”. Por eso el rechazo vehemente al Evo y su frase de “hemos venido a quedarnos por 500 años”. Eso fue lo que prendió los acentos de desprecio y odio oligárquico (basado en ese su “juramento de superioridad sobre los indios”) y amenazó definitivamente la continuidad de esa oligarquía como inmerecida elite política.

No se trataba de que “alguien” se quede con el poder eternamente (esa fue la “leyenda urbana” que se inventaron los medios), sino que el único garante de la presunta superioridad criolla-blanca-señorial –el indio en cuanto su oprimido “inferior”– se atreva a disputarle para siempre su condición de elite dirigencial del Estado. Porque la oligarquía se acostumbró a transferir al indio todas sus miserias, podredumbres, taras y complejos, haciendo de éste el perfecto “chivo expiatorio” sobre el cual descargar toda su mendicidad hereditaria de un país rico condenado al beneficio foráneo.

Que el indio, en la presencia del Evo, les haya demostrado mayor eficiencia y logrado, además, el inédito despegue económico de Bolivia; mostrando de ese modo la total inutilidad de la casta oligárquica, fue lo que enervó el desprecio señorial y se tradujo en odio desencarnado; que es lo que se devela ahora como única plataforma (in)moral que ostenta el conservadurismo más rancio de una “ciudad letrada” que es la que, en realidad, ostenta la ignorancia que tanto impreca al campo.

El componente racista de una clasificación social que cree “natural” el citadino, es lo que activa la última resistencia señorialista en contra de la misma nación que dice “amar”; por eso la casta patrocinadora del racismo urbano, representado ahora por la oligarquía cruceña (siendo su portavoz el “Comité Cívico pro Santa Cruz”), no renuncia incluso a cercenar el país que nunca mereció dirigir y al cual nunca tampoco jamás consideró como “propio”.

Ahora el pueblo confluye, desde todos los rincones y todos los extremos, para mostrarnos lo que define a “un pueblo en tanto que pueblo”. Frente a cualquier pacto o negociación nos señala que no se puede negociar la vida, menos cuando ésta es la que se encuentra seriamente amenazada por la presencia de lo más espurio de la derecha oligárquica hecho gobierno ilegítimo.

Hoy es el gran cabildo de El Alto y se reúnen todos los tiempos y todos los siglos; desde las 20 provincias de La Paz, llegaron todos los pueblos, los ayllus, los suyus y las markas, para señalarnos y enseñarnos el camino. Si el pueblo, en la retórica política de la izquierda, es el depositario del poder político, entonces es hora que eso ya no sea más discurso sino sea efectiva fidelidad al poder popular.

La única garantía de recuperación democrática es la dirección popular unificada que está sucediendo histórica y efectivamente hoy. Por eso el interés desmedido de la derecha (y sus medios) en provocar divisiones, desencuentros y desacuerdos. La lucha nunca ha sido homogénea sino analógica; no todos caminan al mismo ritmo, incluso en sus demandas, pero todos, desde las propias bases están configurando la decantación de la toma de autoconsciencia de que nos estamos jugando históricamente el destino nacional.

Si la dictadura hubiese ya triunfado, eso iba a significar, por lo menos, otro medio siglo de aplazamiento en el desarrollo del poder popular. Pero el pueblo recuperó la lucidez que le hizo ser sujeto del proceso constituyente, y los propios ancestros (de toda nuestra historia ausente en la miopía de los historiadores) le han devuelto, otra vez, la “unción democrática y revolucionaria”. Es hora de frenar definitivamente el atrevimiento fascista-oligárquico de balcanizar Bolivia, y que eso coadyuve al avance definitivo del poder popular como poder instituyente y constituyente.

Por ello la sabiduría popular no ve –como lo hace la visión inmediatista e instrumental del razonamiento político– las elecciones como un fin en sí mismo o como el summum de la democracia. Las elecciones abren posibilidades, como también las cierran. Son un ejercicio democrático pero no la democracia misma. Cuando son hechas a la medida de una democracia acorde al mercado, es decir, al neoliberalismo, el voto puede ser lo más engañoso (como lo es toda encuesta manipulada). Por eso, el verdadero “kratos” de la democracia no es una elección (que es siempre contingente) sino el ejercicio constante del poder popular.

Una elección no se define como “democrática” por su sola realización sino por todo aquello que la hace posible. En ese sentido, sólo una verdadera “recuperación democrática”, podría asegurar unas elecciones creíbles y donde se pueda recuperar, de nuevo, la “unción democrática” de un pueblo que fue objeto de una usurpación fascista que, no sólo pretendió arrebatarle su espíritu democrático, sino incluso cercenarle su propia capacidad histórica.

Pero el pueblo boliviano tiene, en su memoria inmediata, el haber expulsado al último gobierno neoliberal, el 2003, en la llamada “guerra del gas”; y tiene, además, en su memoria larga, el haber resistido siglos de conquista y colonia y nunca haber capitulado ante el enemigo invasor, ahora actualizado como elite colonizada.

Ahora asciende históricamente, en esta hora decisiva, con toda una acumulación de siglos y puede, por ello, despertar la pesadilla oligárquica del “indio hecho multitud”, del “cerco hecho escuela política”, de “la marcha hecha escuela histórica”. La historia vuelve sobre sí y anuncia un nuevo “cerco histórico” para mostrarnos dónde está la verdadera ignorancia, la anti-nación, el anti-patriotismo de una casta que siempre embaucó a sus subalternizados con sus propias miserias coloniales.

“Cercar” a esta casta y su “espacio vital” significa, en la lucha popular, la abreviación de su nefasta transmisión social. Por eso lo expansivo del poder popular es su irradiación histórica de carácter trascendental. Todos los tiempos se hacen presente en el Pachakuti, porque todos los tiempos demandan reparación histórica, desde los pasados negados hasta los futuros no cumplidos o los porvenires no alcanzados. Todos demandan redimirse cuando el presente se propone constituirse en la redención de toda nuestra historia. Por eso el pueblo asciende en su unificación desde todo su pasado en cuanto acumulación histórica. Por eso despierta una sabiduría de profunda densidad que le permite interpretar el presente a la luz de todos los tiempos.

No se trata de una elección más, tampoco de un cambio gubernamental, sino de originar un nuevo y definitivo “proceso constituyente” que, ahora sí, se proponga el desmontaje sistemático del carácter señorial, oligárquico, liberal y estructuralmente colonial del Estado boliviano. Y eso es precisamente lo que la dictadura pretende reponer, mediante el ejército y la policía y su bloque fascista urbano. Añoran la república, donde eran patrones de un Estado convertido en su finca privada. Entonces, “recuperar la democracia” es tarea urgente e ineludible desde que fue asaltada de modo fascista, en el golpe de Estado.

En ese sentido, las dirigencias deben saber ponerse a la altura histórica que el pueblo ha alcanzado. Es el tiempo de los pueblos. En plena cuarentena global que han desplegado los poderes facticos para imponer un siniestro “nuevo orden” de control explícito de la vida de la humanidad.

En Bolivia se puede ver cómo, los supuestos heraldos del discurso en “defensa de la vida”, son quienes, por el contrario, siembran muerte y dolor sin miramientos. El capitalismo moderno se expande en esa misma retórica y, sin embargo, a lo único que nos conduce es al fin de la vida misma. Por eso el “grito del sujeto” se constituye en el grito de la vida misma ante una economía de la muerte y una forma de vida que es, en realidad, una sistemática forma de producir muerte.

Ese ese el mundo moderno que, en boca de sus nuevos “cruzados” (como son los fascistas renacidos en el racismo urbano) llaman “bestias” a quienes les alimentan, les crían y hasta les brindan cultura e identidad; ese desprecio de la ciudad al campo es lo que el mundo moderno ha impuesto como falacia civilizatoria y que ahora se desencubre como la barbarie moderna misma del supuesto “civilizado”.

Por eso el cabildo de El Alto, decidió darle continuidad al Estado de rebelión. Porque el pueblo no capitulará su vocación democrática; cuya fortaleza emerge desde las bases mismas que han interpelado hasta a su propia representación. El mal cálculo de la Asamblea Legislativa, con mayoría del MAS, hizo pecar a la misma COB y al Pacto de Unidad. En las otras regiones los “auto-convocados” y las organizaciones populares, campesinas e indígenas, han asumido una lucha “hasta la renuncia del gobierno golpista”. Y esa es la prueba irrefutable que anula, por completo, la difamada calumnia gubernamental, mediática, cívica y patronal de que los movilizados son “ovejas pagadas y manipuladas por Evo”.

Para acabar este manifiesto. Los golpistas fascistas y racistas, parecen Nerón y la elite imperial romana refiriéndose a los cristianos originales de su tiempo. El desprecio aristocrático al pueblo tiene esa tradición (desde Cicerón hasta Kisisinger) en toda la historia de Occidente. Y el cristianismo ya imperializado, desde Constantino, el 325, no escapa a ello; es ese cristianismo el que llegó, en 1492, con la cruz y la espada, para imponer esa nueva creencia a sangre y fuego, desatando un genocidio que no ha cesado hasta el día de hoy.

Por eso en el golpe, los nuevos “cruzados” fascistas, meten a la Biblia que nunca había salido de Palacio y pretendieron sacar a la PachaMama, que es la fuente de donde procede la vida misma. Tamaño oscurantismo sólo puede provenir de una cultura de la muerte, travestida como “religión del amor”.

Para terminar de desencajar a los supuestos cristianos que apoyaron el golpe y el nuevo genocidio que pretende la dictadura: las “buenas nuevas” o “evangelio”, no fueron dadas a los ricos sino a los pobres y, precisamente, de ellos, “será el reino de los cielos”; porque Dios “escogió a los débiles para vencer a los poderosos y soberbios”, y “escogió a los ignorantes para confundir a los sabios y arrogantes del mundo”. Este año se cumplen 49 años del golpe de Estado de Hugo Banzer. Golpe que fue la respuesta oligárquica contra la “Asamblea Popular”, que promovió la última generación de militares patriotas al mando del general Juan José Torrez.

Cuando vino el Mesías, vino a anunciar el año del Jubileo, es decir, el año 50, donde todo vuelve a su origen: los esclavos son liberados, las deudas perdonadas, la tierra vuelve a sus dueños originales y la justicia de los cielos se derrama sobre la tierra. Estamos en las vísperas del Jubileo, donde retorna el Mesías, pero ya no como individuo sino como pueblo. Ese es el tiempo mesiánico o Pachakuti. Donde se redime toda la vida. Y tiene al pueblo como el enviado en esa tarea para que la tierra pueda albergar la presencia divina. Porque lo divino sólo puede habitar entre nosotros, cuando ser humano y naturaleza, hijos e hijas y MadreTierra, puedan convivir en paz y justicia.

Por eso: Invocamos a todos los Ancestros, desde la Antigüedad más Sagrada, hasta nuestros mártires, que ya heredaron la Tierra Nuestra. Demandamos Su presencia en esta hora decisiva; porque todos los siglos son ahora.

¡Jawilla! ¡Jawilla”. Nina Achachila, Awicha Inal Mana, PachaMama, PachaTata, que nuestra pueblo reciba la unción de la qamasa y la ch’ama de nuestros Abuelos y Abuelas. Nosotros somos la única razón de la existencia de Ustedes. Si el pueblo perece, perecerá la memoria Suya y la historia nuestra, perecerán nuestros muertos y nuestra semillas. ¡Restituyan el ajayu del pueblo! ¡Jallalla Boliviamanta!

Por Rafael Bautista

Publicado el: 19 agosto, 2020 

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El CELS denunció al gobierno de facto de Bolivia ante la ONU por las masacres de Sacaba y Senkata

A nueve meses de la represión que provocó 21 muertos y alrededor de 200 heridos 

La denuncia acusa al gobierno de Jeanine Áñez de cometer ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La violencia en las calles continuó en los hospitales y se extendió incluso a los cortejos fúnebres.

 

A nueve meses de las masacres de Sacaba Senkata , el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció al gobierno de facto de Bolivia ante las Naciones Unidas por presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. La abundante evidencia recolectada da cuenta de que, en ambos territorios, las fuerzas armadas y policiales reprimieron salvajemente las protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez. El saldo fue de 21 víctimas fatales y alrededor de 200 heridos. La violencia en las calles continuó en los hospitales: en los dos hechos calificados como masacres por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los heridos y familiares fueron acosados y humillados por policías y por el mismo personal de salud. El dispositivo represivo dispuesto por el Estado llegó al límite grotesco de arrojar gases lacrimógenos contra el cortejo fúnebre de los familiares de las víctimas que bajaba del Alto en dirección a La Paz. 

"La denuncia del CELS, el Centro Europa-Tercer Mundo, la Asociación Pro Derechos Humanos Bolivia, la Red Andina de Información y la Red Universitaria de Derechos Humanos se presentó el 10 de agosto. Hace una cronología de los hechos de las masacres de Sacaba y de Senkata a partir de un amplio conjunto de evidencias", asegura Camila Barretto Maia, coordinadora de Trabajo Internacional del CELS. "Hay evidencias contundentes sobre la responsabilidad estatal en las ejecuciones y graves lesiones ocasionadas a manifestantes y, como en el caso de Senkata, a muchas personas que simplemente transitaban por una zona de mucha circulación", agrega Barretto Maia en diálogo con Página/12.

Ambos episodios se enmarcan en el contexto de las protestas de los días posteriores al golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 y la asunción, dos días después, de un gobierno de transición encabezado por la exsenadora Jeanine Áñez. Un día antes de la masacre de Sacaba, el 14 de noviembre, Áñez dictó el Decreto Supremo 4078 que le otorgaba inmunidad a las fuerzas de seguridad para garantizar el "reestablecimiento del orden" en las calles. El 15 de noviembre, el mismo gobierno de facto emitió el Decreto 4082 que asignaba 42,7 millones de pesos bolivianos (6,16 millones de dólares) para equipar a los militares. El terreno se había sembrado para lo peor.

Sacaba

La cacería desatada sobre esta populosa ciudad de Cochabamba tuvo lugar el 15 de noviembre de 2019 y dejó un saldo de al menos 10 muertos y 120 heridos. Las seis Federaciones del Trópico habían decidido marchar a la ciudad de La Paz en protesta por la quema de la wiphala, la persecución a la mujer de pollera y exigiendo el retorno de Evo Morales. La movilización, que hasta ese momento era pacífica y estaba encabezada por mujeres con hijos, empezó a ser reprimida con una violencia inusitada. "Las fuerzas estatales contaban con el apoyo de al menos una tanqueta y un vehículo Neptuno que sirve para dispersar manifestantes con agua, además de un avión de guerra y varios helicópteros que sobrevolaban a baja altitud", expresa parte de la denuncia del CELS a la que accedió este diario.

"La versión oficial del gobierno de facto en los momentos inmediatamente posteriores a la masacre fue una versión completamente fantasiosa. Impulsaron la tesis de que los manifestantes se habían matado entre ellos porque tendrían disparos en sus espaldas”, afirma Barretto Maia. Pero los resultados de las pericias balísticas arrojaron la presencia de fusiles de reglamento de las fuerzas armadas (FAL) presentes en el día del operativo. La gran cantidad de heridos provocó que los hospitales de la localidad se vieran colapsados, lo que significó una nueva pesadilla para los heridos y sus familiares.

Senkata

El martes 19 de noviembre de 2019, el gobierno de facto le ordenó a las fuerzas armadas y a la policía que rompan el bloqueo a la planta de gas envasado ubicada en la localidad de Senkata. Luego de negociar con quienes mantenían el corte, las fuerzas militares y policiales consiguieron, a través de un operativo cinematográfico que incluyó un convoy de 49 camiones cisterna, transportar combustible y garrafas de gas para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. Aún habiendo cumplido con el objetivo principal, las fuerzas militares y policiales resolvieron ocupar la planta y reprimieron con gases y balas de plomo a los manifestantes que intentaron retomar el bloqueo.

"Numerosos testimonios coincidieron en que las fuerzas estatales estaban manteniendo personas detenidas en el interior de la planta", aporta la denuncia presentada por el CELS y otros colectivos de derechos humanos. La versión de que los manifestantes usaron explosivos, a su vez, nunca fue demostrada. "Acusaron de terroristas a los manifestantes por haber derribado un muro que da acceso a la planta, y aseguraron que las fuerzas armadas no habrían realizado ni un solo disparo. Pero no solo han habido disparos de las fuerzas de seguridad sino que fueron disparos masivos e indiscriminados contra personas que no representaban ninguna amenaza", explica Barretto Maia. El saldo fue de 11 muertos y 72 heridos.

Tanto en Sacaba como en Senkata, los problemas no terminaron luego de la represión de las fuerzas estatales. Según testimonios recogidos en los centros de salud, las víctimas con heridas graves fueron hostigadas por médicos y enfermeros. "Familias productoras de coca, de bajos ingresos, viven hace nueve meses con mucho dolor y la estigmatización permanente del gobierno autoritario que los tilda de narcoterroristas. Los dirigentes son perseguidos políticamente. Viven en temor permanente de represalias estatales y de grupos paramilitares motoqueros y pasan hambre", asegura Kathryn Ledebur, directora de la Red Andina de Información y también parte de la denuncia presentada ante la ONU.

Las causas abiertas

A pesar de la dudosa versión sostenida por el gobierno de facto, hay dos causas abiertas por las masacres: una en la fiscalía de Sacaba y otra en la ciudad de El Alto. "La causa de Sacaba al principio incluía una denuncia contra manifestantes que se archivó por falta de pruebas, y consiste en la investigación por homicidios y graves lesiones a los manifestantes", detalla Barretto Maia. En ese caso se llegaron a hacer pericias balísticas en el lugar de los hechos. "Tenemos información extraoficial de que este estudio habría comprobado que el origen de los disparos era el puente donde se encontraban las fuerzas de seguridad, pero el informe nunca se hizo público ni se sabe de qué manera permitirá determinar responsabilidades porque no hubo avances en la causa", añade la coordinadora del área internacional del CELS.

En Senkata la situación es aún peor porque ni siquiera se hizo un informe balístico ni se reconstruyeron los hechos. "Las fuerzas armadas se niegan a compartir con la fiscalía información sobre los operativos planificados, sus comandantes, las unidades movilizadas y el armamento que portaban", aporta Barretto Maia. "A nueve meses de la masacre no hay justicia ni reconocimiento de los asesinatos por parte del Estado", afirma por su parte Ledebur desde la Red Andina. La denuncia presentada días atrás es, en ese sentido, concluyente: "La comunidad internacional debe seguir exigiendo verdad y justicia para las víctimas de Sacaba y Senkata y hacer un seguimiento de la situación de los derechos humanos hasta el restablecimiento de la democracia en el país".

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Lunes, 17 Agosto 2020 06:40

El rescate de EU

El rescate de EU

La república estadunidense está bajo amenaza por un régimen con tintes neofascistas que está acelerando la contribución de Estados Unidos al fin del mundo con sus políticas antiambientales y militares, así como su apoyo a fuerzas derechistas por todo el mundo.

A la vez, este es un país donde hay un cambio demográfico y generacional fundamental, en el cual la mayoría de los menores de 16 años no son blancos y una mayoría de jóvenes favorecen al socialismo sobre el capitalismo. A la vez, es un país que, como siempre, es rescatado, resucitado y culturalmente educado por los migrantes.

El futuro depende de cómo se enfrenta y aborda una coyuntura en la que está en juego, pues, casi todo en Estados Unidos. Y hoy día, casi todas las personas conscientes afirman que la tarea más urgente es la derrota del régimen actual, considerado el más peligroso en la historia de Estados Unidos.

Para ello, mucho depende de la conformación de algún tipo de frente popular por lo menos en los hechos, el cual incluye un mosaico extenso de todo tipo de expresiones que se han asomado en tiempos recientes, entre las cuales está el movimiento de protesta social más grande en la historia de Estados Unidos, Black Lives Matter, el cual contiene a su vez cientos de agrupaciones y organizaciones. A la par, el gran movimiento ambientalista, y el movimiento contra la violencia, antiarmas, y por otro lado el de los derechos de los migrantes, han sido renovados y radicalizados en años recientes por jóvenes.

También hay nuevas expresiones dentro de lo que es un universo sindical debilitado y burocratizado, encabezado por maestras, enfermeras, trabajadores de comida rápida y almacenes, jornaleros, empleadas domésticas y sobrecargos, que han sacudido a las cúpulas y prestado fuerza a otros movimientos sociales. Hasta los trabajadores de correos se han radicalizado ante las amenazas de sabotaje a esa institución pública: su sindicato acaba de modificar el lema oficial de ese servicio de que “ni nieve, lluvia, calor, ni noche detiene el correo al agregar ahora el "fascismo" a la lista. ( https://pbs.twimg.com/media/ EfWuIQfUMAAIgl9?format=jpg&name=medium ).

Nuevas expresiones de luchas añejas por los derechos de las mujeres y de la comunidad gay ante el ataque por las fuerzas derechistas en el poder se combinan con las de veteranos de luchas recientes y antiguas, incluido los de Ocupa Wall Street y el movimiento altermundista; luchas comunitarias locales tanto urbanas como rurales, así como algunas partes del movimiento indígena, y expresiones como la Campaña de los Pobres, resucitando el proyecto por la justicia económica y social de Martin Luther King.

El mapa de estos movimientos y expresiones es extenso, fragmentado y lleno de conflictos. Pero de ellos depende no sólo el fin del régimen actual, sino el principio de otro futuro para este país y todos los que afecta.

Por ahora, en el corto plazo, el desafío son las elecciones. Aunque en el ámbito electoral la cúpula del Partido Demócrata logró frenar la insurgencia del socialista democrático Bernie Sanders, el ala progresista está más fuerte que nunca, según el propio Sanders: "El movimiento progresista ha tenido avances enormes, no sólo en elegir a candidatos al Congreso" a nivel estatal y local, sino que "hemos avanzado enormemente en traer al pueblo estadunidense en nuestra dirección, sobre todo las generaciones jóvenes".

Esos avances se expresan no sólo en la elección de políticos progresistas, sino en un fortalecimiento de las agrupaciones que han logrado romper el monopolio político tradicional. Cori Bush, organizadora dentro de Black Lives, quien recién ganó su elección primaria en Misuri y será diputada federal del proximo Congreso, declaró: "hemos sido llamados radicales, terroristas... hemos sido descartados como movimiento marginal, peor ahora como un movimiento masivo multirracial, multi-étnico, multigeneracional, multifé, unido en exigir cambio".

De eso depende el rescate de Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=0SEGHvLElxc

https://youtu.be/S4cD8eyWpwQ

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Más de 200 mil personas se manifestaron en Minsk para exigir la dimisión del presidente, quien ha encabezado la nación eslava desde 1994. Especialistas califi caron la protesta como la más numerosa de la historia postsoviética. La concentración se dio en respuesta a un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades, con miles de acarreados. En discurso, Lukashenko advirtió que el país le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano. Volvió a rechazar nuevos comicios. Foto Afp Juan Pablo Duch

Moscú. La capital de Bielorrusia, Minsk, se convirtió ayer en escenario de un mitin que reunió al menos a 200 mil personas que pidieron la dimisión de quien ha sido, desde 1994, su invariable líder, Aleksandr Luka-shenko, en lo que los observadores califican de la protesta más numerosa de la historia postsoviética de este pequeño país eslavo.

El día comenzó con un mitin de apoyo al mandatario, organizado por las autoridades con los recursos todavía a su alcance (las empresas públicas son 70 por ciento de la economía bielorrusa): miles de acarreados desde varias ciudades –el propio Lukashenko estimó que asistieron 50 mil seguidores suyos–, entre jubilados, soldados de civil y trabajadores bajo la amenaza de perder subsidios o el empleo en caso de no asistir, según numerosos testimonios.

Lukashenko –acompañado de su hijo Nikolai, de quien ha llegado a decir que le gustaría que algún día fuera su sucesor– agradeció las muestras de respaldo y dedicó la media hora que duró su discurso a advertir que Bielorrusia le debe todo y que sin él desaparecerá como Estado soberano, ante la agresividad de sus vecinos, Ucrania y varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que exigen a Bielorrusia repetir los comicios, lo cual él de ningún modo acepta por, sostiene, haberlos ganado sin trampas.

La inmediata respuesta de la mayoría de los bielorrusos que no temen el despido –muchas empresas del sector público ya se declararon en huelga– y consideran que, después del escandaloso fraude que Lukashenko cometió hace una semana, debe dimitir ya, se dieron cita de manera espontánea en otro mitin, esta vez de rechazo al todavía presidente, que reunió cuatro veces más participantes: al menos 200 mil personas frente a las 50 mil que por la mañana tuvieron que acudir al mitin de apoyo.

"¡Vete ya!", "¡Vivan las mujeres!" (en alusión a Svetlana Tijanovskaya, candidata unificada de la oposición que desconoció la victoria de Luka-shenko, se declaró ganadora y tuvo que exiliarse en Lituania, así como a las miles de mujeres que estos días salieron a protestar), "¡Las mujeres débiles son más fuertes que los tiranos!" y "¡Gloria a Bielorrusia!", entre otras consignas acompañaron la intervención de María Kolesnikova, quien ejerce de portavoz de Viktor Babariko, candidato presidencial encarcelado, y que forma parte del equipo de Tijanovskaya.

Al terminar el mitin, decenas de miles de inconformes –formando una columna de tres kilómetros de largo– marcharon hacia el centro de Minsk, a la plaza de la Independencia, para reiterar –en otro discurso de Kolesnikova– sus demandas frente a la sede del gobierno bielorruso, la principal de ellas: la renuncia inmediata de Lukashenko.

También exigen la libertad de los presos políticos y de los 4 mil manifestantes que aún permanecen entre rejas, así como castigar a quienes dieron la orden de reprimir a la gente que expresaba de manera pacífica su inconformidad.

Los actos de repudio a Luka-shenko ayer se extendieron por 27 ciudades de Bielorrusia, entre otras Baranovichy, Borisov, Bobruisk, Brest, Gomel, Grodno, Moguiliov, Vitevsk y Zhlovin.

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 Un grup de prisioneros talibanes forma fila antes de salir libres en una cárcel de Kabul.  ________________________________________ Imagen: EFE

Por un acuerdo de Estados Unidos con los insurgentes

La liberación de los terroristas y pistoleros ha causado angustia a muchas de las familias de más de 100.000 civiles que han muerto en actos de terrorismo

 

El gobierno afgano liberará a 400 prisioneros insurgentes "incondicionales" taliban y aliados, un paso muy significativo, tanto militar como simbólico, con consecuencias de gran alcance para la paz y la guerra. Los combatientes son los últimos y los de mayor rango de los 5.000 que han sido liberados como parte del acuerdo hecho por los estadounidenses con los talibanes sobre un alto el fuego y la retirada de las fuerzas estadounidenses.

El grupo de detenidos, que incluye a combatientes de la Red Haqqani, un grupo insurgente antiestadounidense, así como a los talibanes, han sido responsables de los múltiples asesinatos de civiles y fuerzas de seguridad, tanto afganas como extranjeras. Entre los que serán liberados se encuentran los militantes responsables del atentado con camión bomba en 2017 en Kabul, cerca de la embajada de Alemania, que mató a más de 150 personas en la peor masacre de los últimos 20 años del conflicto.

Según informes del gobierno, 156 de los 400 presos habían sido condenados a muerte, 105 fueron condenados por homicidio, 34 por secuestro y 51 por tráfico de estupefacientes y algunos por violación. La liberación de los terroristas y pistoleros ha causado angustia a muchas de las familias de más de 100.000 civiles que han muerto en actos de terrorismo; alrededor de 10,000 solo el año pasado. La organización de libertades civiles Human Rights Watch señaló que un gran número de presos han sido encarcelados bajo “leyes de terrorismo excesivamente amplias que prevén la detención preventiva indefinida”.

La decisión de seguir adelante con la liberación fue recomendada por una Loya Jirga, una asamblea nacional de mayores, el fin de semana pasado, y seguida por Ashraf Ghani, el presidente de Aghanistan, quien firmó la orden ejecutiva para hacerlo. En realidad, el gobierno afgano tuvo pocas opciones al respecto después de que Washington alcanzó el acuerdo con el taliban en febrero en las conversaciones en Doha. Inicialmente se resistió enérgicamente al programa de liberación, pidiendo que se retrasara al menos hasta que se hubieran realizado avances en las conversaciones y hubiera pruebas tangibles de que los islamistas querían un acuerdo significativo. Pero Washington efectivamente anuló la voluntad del gobierno afgano. 

El anuncio de la liberación de los prisioneros fue seguido por el secretario de defensa Mark Esper, quien anunció que la fuerza de las fuerzas estadounidenses se reduciría del nivel actual de 8,600 a 5,000 en noviembre. Donald Trump está decidido a demostrar que traerá a las tropas a casa a medida que se acercan las elecciones estadounidenses. La Loya Jirga, al dar sus decisiones, también pidió a la comunidad internacional, especialmente a los Estados Unidos, que “se comprometa con el pueblo de Afganistán”. Pero los afganos difícilmente pueden depender de Trump, un presidente que no actúa según los informes de inteligencia de Estados Unidos de que Rusia había ofrecido recompensas a los talibanes para matar a las fuerzas estadounidenses.

Una presidencia de Joe Biden después de las elecciones sería bienvenida por muchos aliados de Estados Unidos después del caos de los años de Trump. Pero existe un cansancio general por la guerra más larga en la historia de Estados Unidos y es poco probable que un cambio en la Casa Blanca lleve a un renovado entusiasmo por la participación de Estados Unidos. Cuando se le preguntó recientemente en CBS News si asumiría la responsabilidad si los talibanes regresaran al poder, Biden respondió: “Cero responsabilidad. La responsabilidad que tengo es proteger los intereses personales de Estados Unidos y no poner a nuestras mujeres y hombres en peligro, eso es lo que haría como presidente ".

Ghani dijo a la Loya Jirga: “Los talibanes han dicho que si los 400 prisioneros son liberados, comenzarán las conversaciones directas entre nuestro equipo negociador y los talibanes. Mientras tanto, han amenazado que si no son liberados, no solo continuarán con la guerra y la violencia, sino que la intensificarán”. Más tarde tuiteó: “Es una decisión amarga liberar a 400 prisioneros talibanes, pero lo hago para honrar mi compromiso con la Loya Jirga. Ahora corresponde a los talibanes aceptar la diversidad y el pluralismo afganos y sentarse a la mesa. No queda ningún obstáculo. También soy consciente de los desafíos y las incertidumbres".

En un comunicado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los talibanes habían acordado dirigir las negociaciones después de que los prisioneros fueran liberados , que reducirían los ataques durante las conversaciones y queEstados Unidos se asegurará de que esto suceda.

Desde una perspectiva amplia, la liberación de prisioneros a menudo se ha realizado como preludio del alto el fuego en las guerras civiles. El resultado final, sin embargo, varía. El taliban aún no ha hecho comentarios públicos sobre la liberación de prisioneros. Un portavoz de su equipo negociador, Suhail Shaheen, dijo que no debería haber ningún obstáculo para que las negociaciones comiencen pronto.

Algunas familias que han sufrido la violencia de los talibanes dicen que han llegado a aceptar que el compromiso era necesario en aras de un alto el fuego y conversaciones de paz. Gul Mohammed Orakzai perdió a su hijo de 19 años, Hamid, en un atentado con bomba en Kabul hace dos años en el que murieron más de 100 personas. “Queríamos que esos asesinos se enfrentaran a la justicia, por todas las personas inocentes que murieron”, dijo. “Pero si esto ayuda a detener más asesinatos, entonces tenemos que aceptarlo. Esperamos que esto impida que otros padres y madres pierdan a sus hijos, pasando por el dolor que sentimos. Pero quién sabe qué pasará. Debemos confiar en Dios”.

Por Kim Sengupta*

*De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Páginal12

Traducción: Celita Doyhambéhère    

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Viernes, 14 Agosto 2020 06:07

Despojo a los mapuches

Despojo a los mapuches

Desde que el pinochetista Víctor Pérez asumió el Ministerio de Interior, la guerra contra el pueblo mapuche ganó en intensidad y brutalidad. Con su nombramiento como jefe de gabinete, el presidente Sebastián Piñera volcó su gobierno hacia la extrema derecha que utiliza el racismo y la violencia para amedrentar a los pueblos.

Uno de los hechos más graves sucedió la noche del primero de agosto, cuando civiles armados apoyados por Carabineros atacaron a los mapuche que ocupaban los municipios de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén, con violencia y gritos racistas. Las bandas armadas se activaron horas después de la visita del ministro Pérez a Wallmapu, donde esgrimió el clásico discurso de odio y represión.

La actual ofensiva responde a dos situaciones: por un lado, la crisis del gobierno de Chile, debilitado por la revuelta social activada en noviembre y que nunca se detuvo, pese a la pandemia, los estados de emergencia decretados y la militarización impuesta. La base social y política de Piñera se venía desmoronando, lo cual permitió que el Parlamento votara una medida a contrapelo de la privatización de los fondos previsionales, que permite a los ahorradores retirar 10 por ciento de sus fondos.

Para recomponer sus apoyos, Piñera decidió hacer lo que la publicación El Mostrador califica como "un guiño al sector más duro de la derecha" para enfrentar la doble revuelta chilena y mapuche, y defender la Constitución pinochetista de 1980 (https://bit.ly/3iDdLBz). El nuevo ministro se rodeó de un "círculo de hierro" con personajes que tienen fluidas relaciones con empresarios agrícolas cuyas tierras, usurpadas en la llamada Guerra de la Araucanía (1861-1883), están en disputa con comunidades autónomas en la región de Ercilla.

La segunda y decisiva es la am-plia movilización mapuche en el sur, en apoyo a la huelga de hambre indefinida del machi (autoridadreligiosa) Celestino Córdova, condenado a 18 años de cárcel por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay durante un incendio en su hacienda, en 2013. La huelga de hambre exige que se cumpla con las disposiciones del Convenio 169 de la OIT que permite continuar la pena en su comunidad.

La solidaridad con Celestino está movilizando a decenas de organizaciones y comunidades, desafiando la pandemia y la militarización. Durante los 100 días de huelga de Celestino, a la que se sumaron 27 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu, se formó una red de apoyo liderada principalmente por mujeres, que se erigieron en sus voceras y en convocantes de las manifestaciones que sufrieron agresiones y violencia de los Carabineros (https://bit.ly/3fOiiPF).

El Estado, denuncia un editorial del medio digital Mapuexpress, ha actuado con indolencia frente a la pandemia en tierras mapuches y ante a la huelga de hambre. La represión llegó al extremo de impedir, en mayo, que las hortaliceras mapuches vendieran sus productos, pese a vivir momentos de extrema necesidad (https://bit.ly/3ah4LPm).

Mientras reprimía a las vendedoras de hortalizas, con la otra mano el gobierno promovía "el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental", en momentos en que la principal preocupación de las comunidades y organizaciones mapuches está puesta en contener el avance del Covid-19 (https://bit.ly/3gWxDze).

Lo hace, como denunciara Mapuexpress, en momentos en que están suspendidos los procesos de participación ciudadana y cuando las Asociaciones de Funcionarios Públicos de los Servicios Ambientales del Estado habían solicitado la suspensión de los plazos de las evaluaciones ambientales, por la imposibilidad de evaluar los megaproyectos y socializarlos con las comunidades.

En pocas palabras, aprovechan la pandemia para intensificar el despojo, algo que sucede en toda América Latina, como lo atestigua la aceleración de las obras del Tren Maya y del Corredor Interoceánico en México.

Dos consideraciones más: la guerra contra el pueblo mapuche es una guerra colonial de despojo, en línea con la conquista europea y la mal llamada Pacificación de la Araucanía en el siglo XIX, rematada por Pinochet cuando traspasó a privados las seis forestales estatales entre 1976 y 1979. El pueblo mapuche demanda la devolución de 3 millones de hectáreas robadas durante este largo ciclo de despojo, hoy en manos de empresarios y multinacionales. El racismo es un instrumento de la neocolonización.

En años recientes emergió un conjunto de organizaciones con fuerte presencia juvenil y femenina, que retoman y profundizan la importante lucha de la Coordinadora Arauco Malleko en la década de los 90. Se trata de la Alianza Territorial Mapuche, Parlamento de Koz Koz, Identidad Territorial Lafkenche (pueblos costeros), cooperativas, asociaciones de mujeres, hogares estudiantiles, comunidades autónomas y medios de comunicación que se reafirman en el camino de la autonomía y la autodeterminación (https://bit.ly/3kBKSr6).

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En Bolivia ya hay fechas para las elecciones presidenciales

Luego de dos postergaciones, se estableció que los comicios serán el 18 de octubre

La medida contó con el apoyo del expresidente Evo Morales, no así con el de la Central Obrera Boliviana (COB), que inició las protestas en rechazo a la última postergación de los comicios

 

La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, promulgó este jueves la Ley de Elecciones que determina la fecha definitiva -luego de dos postergaciones- de los comicios presidenciales para el 18 de octubre, casi un año después de que quedaran sin efecto los resultados de la votación de 2019 que llevaron al país a una crisis institucional aún no resuelta.

 “Promulgo esta ley que confirma el 18 de octubre como fecha de la elección”, expresó Áñez durante el anuncio de promulgación de la norma, con la que intenta poner fin a una semana de protestas. “Con la norma se garantizan los comicios, por lo que los movilizados ya no tienen pretextos para bloquear las rutas en señal de protesta”, completó Yerko Núñez, ministro de la Presidencia.

La nueva ley cuenta con el apoyo del expresidente Evo Morales pero no con el de la Central Obrera Boliviana (COB), organización que salió a las calles para manifestar su rechazo a la última postergación de los comicios, que estaban previstos para el 6 de septiembre.

"La Asamblea Legislativa sancionó la ley que garantiza elecciones en Bolivia con un plazo, una fecha límite, definitiva, impostergable, que blinda de posibles chicanas con garantes internacionales; y lo que es más importante: evitará una nueva masacre", publicó Morales en su cuenta de Twitter.

Mientras que, el secretario Ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, anunció esta tarde que tanto el ente matriz como el Pacto de Unidad, rechazan la nueva ley electoral. "Hoy hemos sufrido una traición, esta ley jamás se ha consensuado con el pueblo boliviano, nunca se nos ha tomado en cuenta", manifestó en conferencia de prensa.

Sancionada la ley, la Cámara de Diputados dejó en manos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) un eventual diálogo con la Central Obrera Boliviana para la resolución de los conflictos.

De concretarse en la fecha prevista por la ley, las elecciones se celebrarán un año después de las que se hicieron en 2019 que, según el gobierno de entonces arrojaron un resultado que aseguraba la reelección de Morales, pero que fue puesto en duda por la oposición que denunció fraude.

A pesar de que tales acusaciones nunca se confirmaron, las elecciones quedaron invalidadas y ante la crisis y clima de protestas que se originó, en noviembre Morales fue obligado a renunciar, tras denunciar un golpe de Estado.

Ese mismo mes y en un Senado sin quorum, Áñez se autoproclamó presidenta y ahora, luego de represiones a grupos sociales y repetidas excusas de postergación electoral, intentará llegar al Gobierno por el voto popular.

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Celestino Córdova, machi (líder espiritual mapuche), fue condenado a 18 años de cárcel por participar en 2013 en un incendio provocado en el cual murió un matrimonio.Foto tomada de redes sociales

Santiago. La Corte Suprema de Chile rechazó ayer un recurso de amparo del machi (líder espiritual mapuche) Celestino Córdova, quien cumplió 102 días en huelga de hambre en protesta porque le impiden cumplir en arresto domiciliario una condena a 18 años de prisión por la muerte de un matrimonio durante un incendio intencional.

El fallo no es apelable y Córdova deberá seguir cumpliendo su condena en la cárcel.

El machi fue condenado a 18 años de prisión por participar en un incendio provocado por mapuches en 2013, en el cual murió el matrimonio Luchsinger-Mackay, según estableció el juicio en su contra desarrollado en la región de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago.

Córdova advirtió esta semana en un audio divulgado por sus voceros que "en cualquier momento" iniciará una "huelga seca", es decir, dejará de ingerir líquidos, y por tanto "su desenlace no será lento como lo esperan todos los poderes del Estado".

En la conflictiva zona de La Araucanía los atentados incendiarios contra inmuebles, camiones y maquinaria agrícola se producen desde hace décadas y muchos son reivindicados por grupos radicales de mapuches que exigen la devolución de las tierras que en los inicios de la conquista de Chile pertenecían a sus antepasados.

El presidente Sebastián Piñera aseguró que se hará "todo lo que sea necesario para proteger la vida de las personas que están en huelga de hambre", en el contexto del respeto a la ley.

Piñera habló en una localidad cercana a Santiago durante la firma de un proyecto de ley que endurece las penas de cárcel por atentados incendiarios contra vehículos motorizados. Camioneros de La Araucanía afirman que este año han sido quemados cerca de 500 camiones.

Córdova permanece en un hospital en La Araucanía luego de que su salud se complicó en la cárcel por la huelga de hambre. Seis de otros ocho mapuches encarcelados que se sumaron desde el inicio al ayuno de Córdova también fueron trasladados a un centro de salud hace unos días.

Rodrigo Curipan, vocero de los ocho mapuches, declaró que el fallo del máximo tribunal "es una vía que siempre ha estado resuelta de manera discriminatoria en los tribunales en contra de los mapuches".

Los huelguistas piden la aplicación del artículo 10 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Chile, que señala que cuando se condene a indígenas "deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales" y "deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento".

El Ministerio de Justicia ha desarrollado algunos diálogos con voceros de los mapuches en ayuno, pero no ha logrado ningún acuerdo.

Los mapuches representan 10 por ciento de los 19 millones de chilenos y la mitad vive en comunidades rurales pobres en La Araucanía.

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