Gobierno de facto boliviano denuncia al ex presidente Evo Morales ante la OEA

Genera una crisis sanitaria al instigar protestas, acusan

 

El gobierno de facto de Bolivia, encabezado por Jeanine Áñez, denunció ayer al ex gobernante Evo Morales ante la Organización de Estados Americanos (OEA) por instigar protestas que están generando una crisis sanitaria en Bolivia.

La denuncia constituye un nuevo intento de aumentar la presión sobre los simpatizantes de Morales a que dejen las manifestaciones para que se pueda transportar tubos de oxígeno. En el quinto día de bloqueos de rutas perdieron la vida 31 personas enfermas por el nuevo coronavirus, sin mencionar el gran riesgo de contagio que representan las movilizaciones.

Las protestas, que cumplen cinco días, rechazan el aplazamiento de la fecha de las elecciones presidenciales del 6 de septiembre al 18 de octubre.

“Esta situación se agrava por las acciones de sectores políticos que –dirigidos e incitados por el ex presidente Morales– atentan contra los derechos humanos de las personas que sufren Covid-19 y de la población en general”, dijo la canciller boliviana Karen Longaric, quien participó de manera virtual en la sesión extraordinaria de la OEA, solicitada por Bolivia.

"Estos sectores inescrupulosos no ocultan su naturaleza antidemocrática. Buscan el caos, la confrontación y la muerte para encubrir 14 años de despilfarro, corrupción y abusos, e imponer su agenda autoritaria", agregó.

También solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que muestre "imparcialidad" en el capítulo boliviano y exigió a esta instancia dejar de ser "portavoz" del ex mandatario.

Poco después intervino el director de Epidemiología de Bolivia, Virgilio Prieto, quien explicó que en La Paz murieron 23 personas, tres en Cochabamba y cinco en Oruro por la falta de oxígeno medicinal, esencial por los pacientes que están en terapia intensiva e intermedia.

"La bajeza de pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante esta situación de salud es inadmisible. Reiteramos que es inmoral e indigno jugar a la política con la vida de la gente", dijo el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, tras escuchar a la canciller.

El presidente de Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, explicó que la decisión de postrergar los comicios se debe al incremento acelerado de contagios y fallecidos a causa de la pandemia de Covid-19.

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Sábado, 08 Agosto 2020 06:09

Las lenguas son territorios

Las lenguas son territorios

Una lengua nace con cada persona que la aprende. Cuando la mente pueril se comienza a llenar de palabras, a configurarse en ellas (a “formatearse” diría el barbarismo tecnológico en uso), ocurre algo fascinante: la mente piensa, nombra, pronuncia cada parte del mundo que experimenta, de un modo preciso, exclusivo de la lengua que se trate. Nadie necesita leerla o escribirla para identificarla de inmediato y abrirse a la conversación, el canto, la plegaria. Da forma y contenido a la memoria.

Cada lengua es como una biblioteca. Un compendio de los seres, las cosas y sus interconexiones profundas. Si mueren sus hablantes y se extingue, es como si se incendiara la biblioteca de Alejandría nuevamente, decía Elías Canetti, y todo lo que hubo allí se disipa en cenizas y permanece en dos o tres vocablos heredados a otra lengua.

En el curso de su historia hablada, y a veces escrita, cada lengua es un portento colectivo que se renueva y se extiende cuando puede. Lo terrible es que en Babel, como en todas partes, existen idiomas sometidos, negados y prohibidos.

La riqueza de una lengua no está en el número de palabras y tiempos verbales, sino en sus combinaciones, como sucede con la poesía. Las invasiones, las conquistas, las hambrunas y las guerras merman las lenguas originarias alrededor del mundo, las asedian para exterminarlas. La historia del hemisferio americano abunda en ejemplos, desde hace cinco siglos la multitud de idiomas podía concentrarse en territorios compartidos, o coexistidos, vecinos y sin embargo ininteligibles para el otro. Dos casos idílicos en el continente precolombino son la costa pacífica de la actual California y las selvas amazónicas, ricas regiones consteladas de pueblos distintos, completamente entregados a la naturaleza, hablando idiomas propios a pocos kilómetros unos de los otros.

Y el mundo era un coro de pájaros. Sin embargo, cientos, quizás miles de lenguas y sus dialectos, sufren el destino de los taínos, cuya lengua se hablaba en las islas del mar Caribe a fines del siglo XV. La primera con la que tuvieron contacto Cristóbal Colón y los que lo acompañaban. Según diversas estimaciones, hacia 1492 había entre medio millón y cuatro millones de personas en las Antillas (taínos, macaríes, ciguyayos). Bartolomé de Las Casas los calculó en un millón en ese año. Para 1508, el cálculo lascasiano era 60 mil. El último registro taíno se pierde en 1570, menos de un siglo después, cuando quedaban 150 entre los 500 últimos indígenas originarios de las islas. Hasta ahí llegan los registros.

El efecto del “descubrimiento” de La Española fue demoledor, un holocausto o “solución final” que logró exterminar las lenguas, la identidad y los pueblos de un subcontinente. Pero el taíno era una lengua tan adánica y preciosa como otra cualquiera, llena de originalidad sonora y conceptual, que infiltró al castellano y otras lenguas imperiales europeas con palabras clave para entender que en este mundo siempre hay y siempre hubo otros mundos: maíz, canoa, barbacoa, cacique, hamaca, iguana, comején, huracán, cayuco, caribe, enagua, sabana, macana.

En más de un sentido, cada lengua es un territorio. Del mismo modo que la tierra, e incluso más versátil y móvil, la lengua de uno es donde mejor se está. También por eso el odio de los fuertes contra Babel es anterior al mito bíblico y se extiende hasta el presente. El idioma del “otro”, despreciable y amedrentador, debe ser erradicado.

En la actualidad se estima que existen mil lenguas originarias en el continente. Tan sólo en México se contabilizan 68 lenguas y unas 400 variantes dialectales, que en algunos casos son más que meras variantes, como en el tronco nahua o la heredad del imperio zapoteca. En América del Sur ocurre con el quechua, el aymara, el mapungundún.

Las lenguas coloniales son unas cuantas: castellano, inglés, portugués, francés. El espectro hispanoparlante y el anglófono son tan vastos como el chino. Históricamente su dominio ha significado el saqueo y la destrucción de las demás lenguas. Violencia, educación, adoctrinamiento, represión, racismo y miseria son las armas de exterminio contra las lenguas colonizadas. Los colonizadores de antes y de hoy así se adjudican los territorios.

No deja de resultar portentosa entonces la resistencia vital de centenares de pueblos desde el territorio de sus lenguas. Aún los despojados y expulsados, los arrinconados en las orillas de las ciudades conservan y enarbolan la flor de sus lenguas. Sea en México, Tehuacán, Oaxaca, Tijuana, Nueva York o Los Ángeles, siguen en pie las refinadas construcciones de un mundo único, específico y maravilloso, capaz de ser bilingüe y trilingüe en el vientre de la ballena. Noam Chomsky ha subrayado que las lenguas no necesitan escribirse para sobrevivir siglos y milenios. Esto es cierto para el inuktitut, el mazateco o el yanomani, como lo fue para el arameo bíblico. La “bibliotecas de Alejandría” que siguen en pie son la belleza y el tesoro oculto de pueblos amenazados y perseguidos sin reposo por la espada, la cruz, el signo de dólares y la voracidad “redentora” del progreso. De la duración de sus territorios dependen la pervivencia, la soberanía de los territorios físicos de los pueblos y el genio vivo del verbo humano.

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Juan Carlos Huarachi: "El pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia"

Entrevista al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB)

En el inicio de la huelga indefinida contra la postergación de los comicios presidenciales, el líder sindical señaló que el régimen de Áñez solo busca "saquear, privatizar y vender los recursos naturales". 

 

Bolivia arrancó una semana agitada con una huelga indefinida y bloqueos en distintos puntos del país contra la decisión del gobierno de postergar las elecciones generales. La Central Obrera Boliviana (COB) y las organizaciones de base que componen el Pacto de Unidad exigen que los comicios sean el próximo 6 de septiembre y no el 18 de octubre como anunció el Tribunal Supremo Electoral con la excusa de que el pico de contagios de coronavirus coincidiría con esa fecha. El núcleo de las protestas estuvo en la ciudad de El Alto, en Cochabamba y en Oruro. También se registraron bloqueos en los departamentos orientales de Santa Cruz y Beni.

Juan Carlos Huarachi es el secretario ejecutivo de la COB y una pieza clave de este y otros reclamos de los castigados trabajadores bolivianos. Antes de ocupar ese cargo, Huarachi fue dirigente del sindicato de trabajadores mineros de Huanuni y de la Central Obrera Departamental de Oruro. Siguiendo minuto a minuto y desde las calles el desarrollo de las protestas, Huarachi accedió a una entrevista con Página/12 en la que contó los detalles de esta jornada de "lucha por la democracia" y respondió a los sectores que critican a su federación por provocar un supuesto desabastecimiento. También calificó al gobierno de "fascista y dictador" y aseguró que su único interés pasa por "saquear, privatizar y vender" los recursos naturales del país.

- ¿Cómo se está desarrollando esta semana de protestas en todo el país?

- Recién es el primer día, esto es progresivo. Poco a poco la gente se está sumando y organizando a nivel nacional en varios departamentos y regiones. Hemos delegado también la responsabilidad en nuestro comité de huelga a nivel nacional, para que puedan coordinar las acciones en algunos puntos estratégicos del país. Como le digo, recién estamos empezando. Obreros, campesinos, clase media, sectores populares, en suma el pueblo boliviano se moviliza pidiendo el respeto a la democracia, porque hemos visto lamentablemente decretos del gobierno que van en contra de toda una población que ha venido pidiendo atención en salud, en educación, en el tema productivo y económico, un montón de demandas sociales que hasta la fecha este gobierno no ha atendido.

- Desde la COB expresaron que esta medida de fuerza se levantará si hay una respuesta favorable del gobierno. ¿Tuvieron algún tipo de contacto con las autoridades?

- No tenemos nada, ningún contacto. Habíamos establecido los plazos, por eso es que a partir de las cero horas del tres de agosto la gente ya se ha movilizado. Estamos esperando una convocatoria del gobierno porque los trabajadores creemos que estamos en nuestro derecho de hacer respetar las demandas socialesLejos de dar soluciones, el gobierno acaba de clausurar el año escolar sin dar ninguna explicación, habiendo varias alternativas propuestas por compañeros de la educación urbana y rural. Lamentablemente no ha aplicado ninguna de estas medidas y a través de un decreto cancela y cierra el año escolar, y eso hace que hoy más de 60 mil maestros del sector privado queden sin trabajo. 60 mil familias en las calles sin derecho a nada. El gobierno hasta la fecha no ha hecho conocer un protocolo para combatir el coronavirus, no hay un plan de contingencia para mitigar esta emergencia sanitaria por la que muchos bolivianos y bolivianas están perdiendo la vida. Hoy más que nunca se ha ido desenmascarando que este gobierno es un gobierno de facto, fascista y dictador.

- Ese mismo gobierno acaba de denunciarlo por supuestos delitos debido a las protestas de la semana pasada . ¿Cómo responde a esas acusaciones?

- Es importante que la comunidad internacional conozca que en Bolivia este gobierno de facto está persiguiendo a dirigentes sindicales y asimismo haciendo seguimiento con inteligencia. Nos han pinchado hasta los celulares para hacer un monitoreo de dónde estamos y cómo estamos. Están violando nuestros derechos humanos. Todos los dirigentes tenemos derecho a la protesta, a la huelga de acuerdo a la Constitución y a nuestros propios estatutos. Los dirigentes en este momento están amedrentados, pero aun así estamos trabajando y nos estamos organizando. Creemos que esta lucha es justa y en beneficio del pueblo boliviano.

- Algunas voces críticas sostienen que los bloqueos podrían provocar desabastecimiento en los sectores más postergados. ¿Tienen algún plan para evitar esa posibilidad?

- La instructiva que tienen nuestros compañeros en los puntos estratégicos de bloqueo es hacer pasar a las ambulancias como corresponde en tiempos de lucha. A su vez, no permitir el desabastecimiento es algo fundamental en este momento de crisis. También tenemos la instructiva para nuestros movilizados que deben cumplir con protocolos de seguridad: barbijos, alcohol desinfectante como corresponde. No somos irresponsables como dice el gobierno. Más bien la irresponsabilidad parte de ellos porque no han llegado a tiempo los insumos de bioseguridad, los respiradores, los laboratorios y hoy la gente está exigiendo eso.

- ¿Por qué cree que el gobierno de facto hace todo lo posible para dilatar las elecciones?

- Este gobierno de facto tuvo la oportunidad de hacer las cosas bien. Pero hasta la fecha y no lo digo yo, lo dice el pueblo que es el juez y el soberano, se ha dado cuenta que no han cumplido con el mandato transitorio ni han convocado a elecciones nacionales de acuerdo a los plazos establecidos por ley y sancionados por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se han bañado en actos de corrupción. A nombre de la salud han comprado con sobreprecio los respiradores y así hemos visto que a nuestros tres subsistemas de salud no ha llegado nada, y a la fecha tampoco se aclaran estos actos de corrupción. También se han intervenido varias empresas públicas y estratégicas. Creo que el interés del gobierno es saquear, privatizar y vender nuestros recursos naturales. Ese es el tema de fondo, por eso suspenden las elecciones con argumentos falsos. En respuesta, el pueblo exige elecciones para volver a tener un gobierno demócratico en Bolivia. 

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Venezuela: un sector de la oposición no participará de las elecciones

De cara a los comicios legislativos del 6 de diciembre 

 

Faltan cuatro meses para las elecciones legislativas en Venezuela. Finalmente, como se anticipaba, un sector de la oposición no participará. La decisión fue anunciada el domingo a través de un comunicado suscrito por 27 organizaciones opositoras, donde afirman que lo que sucederá el 6 de diciembre no será una contienda electoral sino un fraude.

En el comunicado aparecen las firmas del denominado G4, es decir Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, junto con otras organizaciones articuladas alrededor de la estrategia abstencionista. Esa opción de boicot electoral no es nueva en la historia reciente venezolana, ocurrió en época de Hugo Chávez y volvió a repetirse en el 2017 y 2018.

Sin embargo, no se trata de una estrategia compartida por el conjunto de la oposición. Si eso ya había quedado de manifiesto en las contiendas anteriores, ahora lo es con mucha más fuerza ya que un sector mayoritario de fuerzas de oposición participará de las elecciones del 6 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral ya indicó que para estas elecciones se han inscrito 105 partidos.

La apuesta por la abstención tampoco es compartida dentro de muchos de los partidos del G4, divididos en su interior. Un caso paradigmático es el de Primero Justicia, públicamente fracturado en tres posturas. Por un lado, quienes son parte de la apuesta alrededor de la figura del “gobierno interino”, como, por ejemplo, Julio Borges. Por otro lado, quienes se oponen a esa línea y ahora, tarjeta del partido en mano, anuncian que serán parte el 6 de diciembre. 

Y, por otra parte, Capriles Radonski, que sostiene una tercera posición. “¿Vamos a seguir haciendo política con los pies a dónde? Los pies hay que tenerlos en la tierra, usted tenía un plan y el plan fracasó, ¿va a seguir pegándose con el fracaso?, se acabó. (…) Tenemos que salir de la gran contradicción gobierno vs fantasía. ¿Gobernar en internet? ¡Por favor!”, afirmó el excandidato presidencial pocos días atrás, desmarcándose tanto de Guaidó -“el fracaso”- como del gobierno.

Esto mismo se repite dentro de Acción Democrática donde por un lado un sector, encabezado por Henry Ramos Allup, firmó el comunicado denunciando anticipadamente el fraude, mientras que otro, dirigido por Bernabé Gutiérrez, ya se encuentra en campaña desde hace varias semanas. Ambos se dicen representantes del partido, pero el segundo es parte de la junta directiva que reconoce el Tribunal Supremo de Justicia. A la opción de participar se sumó además la gobernadora del estado Táchira, miembro del partido, Laidy Gómez.

Si el mapa de fuerzas es complejo, la división política, en cambio no lo es. El comunicado de abstención ocurre pocos días después de que Washington vuelva a sentar posición respecto a las elecciones. Elliot Abrams, denunciado por sus implicaciones en masacres en América Central en la década del 80 y encargado del asunto Venezuela por el Departamento de Estado, volvió a ratificar la posición estadounidense.

“Las condiciones para unas elecciones libres y justas son de hecho mucho peores de cómo estaban en el 2018 (…) las elecciones parlamentarias en diciembre ya están manipuladas”, declaró ante la prensa.

Así, detrás de la decisión de participar o no participar el 6 de diciembre, se encuentra el parteaguas principal: mantenerse detrás de la estrategia diseñada y conducida desde Estados Unidos, que cuenta con apoyo bipartidista interno, o tener una política propia desacoplada de Washington. Es entonces mucho más que un debate sobre abstención.

El alineamiento a Estados Unidos significa tres aspectos centrales. Por un lado, sostener la ficción del gobierno paralelo, inexistente dentro del país, pero reconocido por el arco de gobiernos que siguen la política exterior estadounidense hacia Venezuela. Por otro lado, y vinculado con lo primero, apoyar la política cada vez más exacerbada de bloqueo económico y robo de activos venezolanos en el extranjero. Por último, y como central, mantener la apuesta a una salida vía derrocamiento de Nicolás Maduro.

LEER MÁSPolítica o Nopolítica

Ese alineamiento significa para los partidos opositores apoyar un bloqueo que golpea sobre el conjunto de la economía, la sociedad y cuenta con poca legitimidad. Implica también una renuncia al ejercicio político, a la participación electoral. La pregunta, ante la cual no tienen respuesta es: ¿cuál es el plan? Bajo ese silencio se esconden las tramas de operaciones encubiertas, intentos de fractura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el colapso económico nacional como estrategia de acceso al poder.

Este escenario se desarrolla mientras el país enfrenta el aumento de la pandemia de covid-19. Existen actualmente 20.206 casos de contagio y 174 fallecidos, un número menor en comparación con el cuadro de los países vecinos. Sin embargo, el número preocupa debido a la velocidad con la cual se multiplican los contagios, y por las dificultades económicas que enfrenta el país, que, además, venía presentando retrocesos en el ámbito sanitario, en particular en los hospitales públicos.

Ante la aparición de la pandemia el gobierno reforzó tanto la dotación de insumos médicos a través de convenios con gobiernos aliados, como China, Rusia y Cuba, así como la red desarrollada durante años en los barrios populares, a través, por ejemplo, de los Centros de Diagnóstico Integral. El viernes, por ejemplo, fue inaugurado un centro especial de lucha contra la covid-19 en el conocido Poliedro de Caracas, con 1.200 camas hospitalarias, unidad de cuidado intensivo, quirófano y laboratorio móvil. El acceso, cuidado y tratamiento será gratuito para los pacientes.

Con el mapa ya definido ante el 6 de diciembre, la pandemia en pleno desarrollo, queda ahora por ver si Washington, en medio de tormentas internas, dará luz verde a una acción para, nuevamente, intentar un derrocamiento. 

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De izquierda a derecha: Erika Salamanca, moderadora. Alberto Castilla, Wilson Arias, Jorge Enrique Robledo y Alexander López, congresistas del Polo Democrático

En rueda de prensa virtual, el pasado 28 de julio, la bancada del partido político Polo Democrático Alternativo informó sobre la radicación de 12 proyectos de ley para derogar o modificar algunos de los decretos legislativos emitidos por el gobierno nacional desde el 14 de marzo del año en curso, una vez declarada la emergencia sanitaria, económica y social acelerada, en unos casos, producida en otros, por la pandemia del covid-19.

 

Oposición vs Decretos oficiales emitidos durante la pandemia


Los 12 proyectos de ley tienen como objeto, por ejemplo, modificar los alivios a endeudados del Icetex, lo que derogaría al Decreto 467 de 2020. Apoyar efectivamente a las micro, medianas y pequeñas empresas derogaría el Decreto 468 de 2020. Detener la conformación del Holding Financiero Grupo Bicentenario, la cual profundiza el paquetazo neoliberal contra el que se movilizó Colombia en el Paro Nacional de 2019, derogaría al Decreto 492 de 2020. Reducir los aranceles al maíz, soya y sorgo derogaría al Decreto 523 de 2020. Detener la prórroga del servicio militar por 3 meses porque no existe relación directa y específica con la emergencia de la pandemia derogaría al Decreto 541 de 2020.


Se suma el proyecto de ley que derogaría al Decreto 546 de 2020, que sustituiría la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria. Otro proyecto de ley derogaría al Decreto 558 de 2020, porque no es posible predicar que exista relación directa entre la declaratoria de Emergencia y la pérdida de valor en el mercado de los activos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Otro de los proyectos de ley derogaría al Decreto 563 de 2020, dado que excomulga de culpabilidad y responsabilidad aquellos funcionarios de los programas que entreguen los beneficios en el marco del Estado de Emergencia Económica Social y Ecológica. También, la bancada del partido Polo Democrático Alternativo, derogaría el decreto 811 de 2020 que abre la puerta a la privatización de empresas públicas del país como Ecopetrol y CENIT.

Por último, el proyecto de ley relacionado al Decreto 444 de 2020 por el cual se creó el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME–, derogaría los artículos 12, 13 y 14 del Decreto mencionado porque representan una contradicción específica con los mandatos establecidos en el artículo 48 de la Constitución Política, puesto que en su inciso 5 dispone la imposibilidad de destinar ni utilizar los recursos de las Instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.

 

Vivimos una pantomima de democracia

 

En medio de la rueda de prensa virtual, citada para explicar estos proyectos de ley, el equipo de desde abajo le preguntó a los senadores: Wilson Arias, Alexander López, Alberto Castilla y Jorge Enrique Robledo, sobre algunos de estos tópicos:

da: Son conocidos los beneficios que gobernar por decreto le genera al Gobierno. Una pregunta para todos los congresistas. Las propuestas que ustedes presentan son importantes, es conocida la oposición del Gobierno a las mismas, ¿Cómo harán ustedes para que la discusión y trámite de estas iniciativas no queden limitadas al Congreso?


Jorge Enrique Robledo: “Es supremamente difícil. Sabemos que ellos siempre han tenido las mayorías en el Congreso. El Frente Nacional es una realidad, Duque logró resucitarlo. Y el acceso a los medios es supremamente limitado y ahora con el Congreso virtual mucho menos. Eso es una pantomima de democracia lo que se está viviendo allí. Pero esa manera de sesionar no es una manera democrática entonces nuestra posibilidad de convertir esto en un debate nacional está absolutamente restringida.

En Colombia solo se discute lo que los grandes poderes permiten discutir, en todos los demás temas ponen la inyección y se acabó el asunto, en especial en asuntos económicos. Nos imponen las recetas que ni si quiera son cocina criolla sino cocina transnacional y extranjera. Y ahora con la pandemia inclusive la movilización social se hace más recortada. Es bien difícil, pero hacemos lo que nos corresponde y no somos ineficaces del todo en esas luchas. Por ejemplo, no se han atrevido a meter ni reforma laboral ni reforma pensional como leyes”.

Alexander López: “Unos 7 senadores/as de la Comisión Primera estamos exigiendo la presencialidad en las sesiones del Congreso. Inclusive bajo la orientación que exige la Corte Constitucional en el comunicado donde tumba el artículo 12 de uno de los Decretos del presidente Iván Duque, que obliga a que el Congreso de manera autónoma tenga su propio reglamento. Es más, el señor Char, presidente del Senado, pidió la resolución de virtualidad del Congreso.

Es decir, el Congreso sigue de manera virtual, lo cual es un mecanismo y herramienta que está utilizando el presidente Iván Duque y las mayorías del Congreso para que éste tipo de propuestas que estamos haciendo no pasen. Pero sí pasen las propuestas y los proyectos o del Centro Democrático o de los amigos del Gobierno. De hecho, la lectura que nosotros hemos hecho, estas sesiones virtuales son absolutamente ilegales e inconstitucionales. Estamos entrando en un limbo muy peligroso en el país, al no existir la certeza constitucional ni legal de que estas sesiones virtuales carecen de esas formalidades establecidas en la Ley Quinta.

Podríamos estar entrando en un escenario muy agudo, de una profunda discusión. Es por eso que los/as senadores/as de la Comisión Primera del Senado estamos radicando una proposición exigiendo la presencialidad y las condiciones para sesionar, porque el día de ayer no pudimos tenerlas. Justamente nos tocó adelantar un foro de manera virtual, y lo cierto es que nuestro Congreso esté cerrado en medio de semejante pandemia y emergencia, es muy grave no solo para la democracia sino para los ciudadanos que no tienen a sus voceros actuando de manera personal y directa”.

 

Falta la calle

 

La respuesta de los senadores Robledo y López dejó la sensación en el equipo desdeabajo que hay temor en la izquierda con asiento en el Congreso para llamar a la movilización social. Un temor soportado en la presencia de un virus real, que puede infectar cada vez a más gente, pero el que nos puede llevarnos a inmovilizarnos. Así como se toman precauciones para cualquier diligencia, así mismo hay que tomarlas para copar la calle. La necesidad de ello es evidente: sin presión callejera la pandemia se constituye en la mejor excusa para ahondar el presidencialismo en nuestro país. El virus va para muchos más meses y tenemos que aprender a convivir con él.

Como continuación de la rueda de prensa, preguntamos sobre la Renta Básica. El pasado 20 de julio 54 senadores y 70 representantes a la Cámara (muchos de ellos de la bancada del Polo Democrático Alternativo) firmaron un proyecto de Renta Básica para que 9 millones de familias reciban un salario mínimo durante tres meses y con prorroga a otros 3 más. Esto convierte la Renta Násica en una alternativa de subsistencia y dignidad para millones de personas que viven en inaceptables condiciones.

da: ¿Cómo sustentan ustedes la financiación de la Renta Básica para que la sociedad vea que si es realizable?

Wilson Arias: “Una respuesta breve para una pregunta tan importante. Lo que está ocurriendo es que el gobierno sí ha dado liquidez pero a los bancos. A tomado varias medidas de expansión monetaria o de búsqueda de recursos, la reducción del encaje bancario dio 9.8 billones de pesos a los bancos y para asegurar su rentabilidad se los entregan en títulos al Estado. Y el Estado, se los vuelve a prestar, supuestamente a través del FOME (Fondo de Mitigación de Emergencias) al empresariado pero a través de los bancos.

Los recursos no llegaron al sector empresarial y esto está absolutamente documentado. Dejar de hacer eso y darle liquidez a la Matrícula Cero que exigen los estudiantes o a la Renta Básica y, en general a formas de activación de la demanda, es el mejor negocio. Eso está dicho en boca de John Maynard Keynes hace mucho tiempo. Es un camino expedito y fácil. Y esto mencionando sola una forma de financiación.

Es necesario que el Banco de la República produzca hechos, como lo hizo a favor de los bancos, para la Renta Básica y Matrícula Cero. Hemos presentado un portafolio de posibilidades: utilización de las reversas internacionales que además tiene un efecto muy positivo, traer esos recursos al mercado interno abarata el precio del dólar, entre otras posibilidades. Además, está una reforma tributaria y un impuesto al patrimonio que tienen que ver con la Renta Básica y con la reactivación inmediata de la economía en este momento. Soy algo optimista porque creo que la gente ha empezado a entender, en medio de esta crisis, este alegato”.

Alexander López: “Hay una reforma tributaria del año pasado que le entrega 12 billones en beneficios al sector financiero y a los bancos. En Colombia, los ricos de los ricos, no están pagando impuestos. Un nuevo impuesto al patrimonio es algo que nosotros estamos proponiendo, para patrimonios superiores a los 7 mil millones de pesos. Se está planteando unificar todos estos subsidios que están por ahí regados: Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción, estaríamos hablando que los recursos sí los tiene Colombia y el país.

Por ejemplo, Ingreso Solidario no ha llegado ni a 2 millones de personas, y sin decir de la corrupción que hay ahí: este ingreso le está llegando a pensionados o personas con contratos laborales, mientras hay personas aguantando física hambre. Recursos para la Renta Básica sí hay, y esos recursos son los que debe disponer el gobierno de Iván Duque.

El Presidente le ha mentido al país de una forma muy grave, al decir que ha invertido 117 billones de pesos en medio de esta pandemia, y lo que ha demostrado la Universidad Javeriana en su Centro de Estudios Económicos es que solo han invertido 2.9 % del PIB que no superan los 30 billones de pesos. También lo dijo Fedesarrollo, que no es de izquierda, que en Colombia no ha pasado de los 2.7% del PIB, lo cual significa que hay recursos en el país, desafortunadamente esos recursos reposan en el sector financiero.

De ahí que la Renta Básica sí tiene fuentes de financiación definidas y ciertas que podrían beneficiar a 9 millones de familias, es decir casi a 30 millones de colombianos. Naciones Unidas está recomendando Renta Básica a los países que tienen estos problemas, como Colombia. La Renta Básica la ha implementado Estados Unidos, Costa Rica, Perú, Argentina, España e Italia, pero desafortunadamente en Colombia tenemos un gobierno de espaldas a la gente y a su tragedia”.

 

Hay camino por recorrer

 

En medio de la emergencia social, sanitaria y económica agudizada por la pandemia del covid-19, se abren caminos de esperanza y reivindicaciones que todavía se ven atascadas en el camino, como la Renta Básica, iniciativa que se justifica plenamente en el artículo 1 de la Constitución Política, en donde se establece que la gestión pública debe garantizar condiciones de vida digna a la población, de manera prioritaria a la más desfavorecida. Una reivindicación que no puede permitirse se confunda con un subsidio. Una reivindicación ventilar en debate público, en todo su transfondo: redistribución de lo generado por el trabajo de todos y todas, por qué y para qué trabajar, el goce del tiempo libre, el derecho a vida digna, etcétera, de manera que la pandemia abra de verdad las puertas para una sociedad poscapitalista.

Debate abierto también a derechos fundamentales como la educación, que los universitarios ahora van arañando con su reivindicación, y conquista parcial, de Matricula Cero, reivindicación que también debe abrirse en debate ante todo el país sobre la Universidad que requiere el país, sobre la ciencia que demanda un país en procura de justicia de un sitial activo en su región y en el mundo, sobre la necesidad de avanzar hacia una Universidad orientada por el sentido original de la misma: abierta al mundo y relacionada como parte de una Universidad global, de la cual pueda ser parte todo aquel que busca el conocimiento.

Son luchas y demandas, lo están mostrando quienes levantan tales banderas en los centros de estudio, con presión callejera, la cual está cargada de simbología, otra manera de comunicar y de impactar a la opinión pública.

Es tiempo de pandemia, pero también de actuar. Aprendamos a vivir con quien vino para quedarse.

 

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La Central Obrera Bolviana dio 72 horas para que las elecciones vuelvan al 6 de septiembre

Movilización y ultimátum al Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia

La principal entidad obrera de Bolivia dijo que si el TSE no vuelve para atrás con su decisión de postergar las elecciones, irán a una huelga indefinida. La medida entraría en vigor a partir del 3 de agosto.

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a una cabildo abierto en La Paz para debatir la postergación de las elecciones decidida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Del encuentro participaron organizaciones sindicales y sociales de todo el país. El cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con la medida y vuelva a la fecha del 6 septiembre. De no hacerlo a partir del 3 de agosto habrá una huelga indefinida en todo el país, informó el Secretario Ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi. La movilización continuó hasta el centro de La Paz. Además se replicó en varias regiones del país como Cochabamba y Potosí. Desde el gobierno de facto pidieron que la justicia actúe contra el candidato a presidente por el Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, por organizar una marcha en medio de la pandemia.

"¡Elecciones ya!"

La semana pasada el TSE había prorrogado por tercera vez los comicios presidenciales y fijó como nueva fecha el 18 de octubre. En respuesta a esta medida el movimiento obrero boliviano convocó a una movilización que tuvo como destino el centro de La Paz. Las jornada comenzó en la ciudad de Senkata, un lugar de alto valor simbólico . Allí el 19 de noviembre del año pasado el gobierno de facto llevó a cabo una feroz represión que dejó como saldo diez muertos, 65 heridos y decenas de detenidos. Al salir de Senkata la columna se movilizó hasta La Ceja. En ese lugar organizaron un cabildo abierto donde se discutió la postergación de las elecciones. El Secretario Ejecutivo de la COB manifestó su disconformidad con la medida. “Viendo las necesidades del pueblo como el problema de salud, la educación, la democracia, estabilidad laboral, la caída de la economía, estamos indignados y sorprendidos por las decisiones del TSE”, dijo el sindicalista al diario La Razón.

Luego de casi una hora de debates el Cabildo resolvió dar 72 horas al TSE para que de marcha atrás con el cambio en la fecha de las elecciones. De caso contrario indicaron que realizarán una huelga indefinida con bloqueo de caminos a partir del 3 de agosto. “Que el TSE se retracte y cumpla las elecciones del 6 de septiembre. (…). Es el pedido del pueblo, es el pedido de las bases para recuperar nuestra soberanía, nuestra dignidad. Basta de falta de respeto a la democracia. ¡Hasta la victoria siempre!”, arengó el secretario ejecutivo de la COB. El mitín se cerró al grito de “elecciones ya” para seguir rumbo a La Paz.

En defensa de la democracia

Luego de dos horas de caminata las columnas llegaron al corazón de la capital boliviana. La gran mayoría de las personas llevó barbijos. El Secretario ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, recalcó la importancia de mantener la unidad del movimiento obrero. “Este gobierno se ha constituido en el peor error de la historia de Bolivia. Por lo tanto el pueblo merece reclamar sus derechos como lo estamos haciendo”, sostuvo el dirigente minero a el portal Periodistas por El Cambio. Además criticó la decisión unilateral del TSE de prorrogar las elecciones sin pasar por el Congreso. “Deben respetar el camino legal de pasar por la Asamblea Legislativa. Allí se tiene que promulgar una ley para modificar otra ley”, enfatizó Guitiérrez.

La Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas también dijeron presente en la marcha. La dirigente de la organización “Bartolina Sisa”, Segundina Flores, remarcó que la marcha era en defensa de la democracia. “Hoy en día el pueblo está de pie para decir basta de humillación, de corrupción, de discriminación”, sostuvo la dirigente social. En Cochabamba, la tierra de Morales, se organizó otra marcha convocada por miembros de las Seis Federaciones del Trópico. También hubo movilizaciones en Potosí, Chuquisaca, y varias zonas del país.

Por su parte, el gobierno de facto buscó criminalizar la jornada de protesta. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó al candidato presidencial del MAS y a los dirigentes sindicales por organizar la movilización en medio de la pandemia. "Luis Arce admitió que está detrás de esta movilización y, por tanto, a confesión de parte relevo de pruebas y tendrá que rendir cuentas sobre su decisión que tomó”, sostuvo el ministro. Por ese motivo pidió a la Fiscalía que actúe de oficio para procesar a los ciudadanos que planificaron el acto.

A su vez Morales denunció que durante la movilización miembros de las Fuerzas Armadas fueron trasladados a La Paz y el Trópico de Cochabamba. “Las FF.AA. no están para atacar al pueblo que defiende los recursos naturales, sino para defender la soberanía y la independencia”, escribió ex presidente en Twitter. En tanto que Arce sostuvo que el gobierno era el único culpable de la crisis sanitaria que vive el país. “La incapacidad del gobierno de facto pone en riesgo la vida de las y los bolivianos”, expresó el candidato a presidente. En tanto que su compañero de fórmula, David Choquehuanca, resaltó la organización de los sectores populares. “Solo con la unidad del pueblo boliviano recuperaremos el Estado de derecho, nuestra democracia, nuestra salud, nuestra educación, la esperanza y la estabilidad. ¡Jallalla los pueblos del mundo!”, resaltó el líder sindical aimara.


Ya son más de 70 mil los contagiados de coronavirus

Áñez decretó el estado de "calamidad pública" en Bolivia

Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que pasar por la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto que requerirá a la arcas del Estado

El gobierno de facto de Jeanine Áñez decretó el estado de “calamidad pública”. Con esta medida pretende que el Banco Central de Bolivia (BCB) le apruebe un préstamo sin tener que contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. Sin embargo la norma no establece el monto específico que requerirá a la arcas del Estado. En paralelo la pandemia del coronavirus sigue golpeando a Bolivia que superó los 70.000 casos confirmados. En las últimas 24 horas registró 1.752 nuevos contagios. Según el último registro del Ministerio de Salud local, Bolivia tiene 71.181 personas infectadas y 2.647 fallecidos.

En este contexto de contagios en alza, Áñez oficializó anoche el estado de “calamidad pública”. El gobierno de facto justificó la medida bajo la obligación de hacer frente a las necesidades ocasionadas por la pandemia. "Se declara calamidad pública en todo el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, para la atención de necesidades impostergables de carácter económico ocasionadas por los efectos negativos del coronavirus", establece el Decreto Supremo 4301. La norma permite al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas tramitar ante el BCB la concesión de un crédito en favor del Tesoro General de la Nación.

El decreto había sido promulgado el viernes 24 pero se divulgó el lunes. La medida se concretó luego de que Áñez intentara que la Asamblea Legislativa, en su mayoría integrada por el partido Movimiento al Socialismo (MAS), aprobara créditos previamente acordados con organismos internacionales. En especial uno de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI). El MAS rechazó el crédito ante la falta de información sobre el plan de pagos y el destino que se le dará a los fondos.

Respecto al avance del coronavirus, del total de casos registrados el martes la mayoría se detectó en La Paz: 623 positivos. Después de la capital le sigue Cochabamba, con 560 infectados, y Santa Cruz, con 281, todos en las últimas 24 horas. Desde el inicio de la pandemia, las regiones más afectadas son Santa Cruz con 32.653 casos acumulados, mientras que La Paz suma 14.403 y Cochabamba, 8.104. Las previsiones del Ministerio de Salud establecen que el pico de contagios en los departamentos La Paz, Cochabamba y Chuquisaca llegue en octubre. En estas regiones la curva ascendente se demoró más que en Beni y Santa Cruz. Recientemente se sumó a la lista de positivos el alcalde del municipio de La Paz, Luis Revilla. "Mi esposa Maricruz y yo hemos dado positivo de la covid-19. Gracias a Dios estamos bien y casi sin ningún síntoma. Vamos a cumplir el protocolo y estaré aislado y trabajando desde casa hasta tener el alta médica. A cuidarse y por favor cumplan las medidas de distanciamiento social", publicó Revilla en su cuenta de Twitter.

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El Muro de las Madres de Portland se levanta contra las tropas de Trump

El inédito modelo de protesta ya se está expandiendo a otras ciudades como Chicago

"Federales manténganse alejados... Las madres han llegado", es el grito de guerra con el que las mujeres de Portland recorren las calles a pesar de la represión de las fuerzas federales. 

 

Sin más armadura que unos cascos de bicicleta y algún que otro paraguas, llevando en la mano girasoles y vistiendo remeras amarillas, miles de madres le están poniendo el cuerpo a los palos, las balas y los gases de los agentes federales desplegados en Portland , Estados Unidos. La sucesión de imágenes de oficiales camuflados reprimiendo y llevándose detenidos a manifestantes en autos sin chapa de identificación fue lo que movilizó a las mujeres de la ciudad más grande del estado de Oregon a formar de manera autogestiva y espontánea el Wall of Moms (Muro de las Madres). "Federales manténganse alejados... Las madres han llegado", es el grito de guerra con el que las mujeres recorren las calles de Portland. Este modelo horizontal de protesta ya se está expandiendo a otras ciudades del país como Chicago y las madres, a pesar de los palos, no están dispuestas a retroceder.

Las masivas manifestaciones contra el racismo se iniciaron tras el asesinato de George Floyd y cumplen ya dos meses en Portland. Se vieron potenciadas cuando el presidente Donald Trump prometió enviar tropas a distintas ciudades del país para reestablecer "la ley y el orden" en el país y vencer a "la izquierda radical y el anarquismo". Una peligrosa jugada con la que el mandatario pretende sacar rédito de cara a las presidenciales de noviembre. Aunque por el momento y a juzgar por las calles y las encuestas nacionales , la estrategia no le estaría funcionando.

La fuerza de la maternidad

Agentes federales dispuestos como soldados de un ejército de ocupación golpeando a sus hijos o a jóvenes que tranquilamente podrían serlo. La escena fue suficiente para despertar la conciencia de las madres, y en especial la de Bev Barnum. "Fue un llamado a la acción. Fui honesta y dije que no sabía cómo protestar, pero sabía que había que hacer algo", explicó Barnum, de 35 años y madre de dos hijos.

"A menudo, las madres son subestimadas. Pero somos más fuertes de lo que creen. ¿Qué dicen? ¿Están conmigo? ¿Me ayudarían a crear un muro de madres?", se preguntó en sus redes sociales. La respuesta fue inmediata. El grupo de Facebook ya reúne a más de 18 mil usuarios y tienen un sitio web desde el que coordinan sus acciones diarias. Suelen avanzar hasta la Corte Federal, donde las espera un gigantesco dispositivo de seguridad. 

"Queríamos lucir como si estuviéramos yendo al supermercado, como gente normal, con la esperanza de que esto sirviera como protección contra los agentes federales. No funcionó", le reveló Barnum al sitio Buzzfeed News . Los oficiales las reprimieron y llevaron detenidas al igual que a sus hijos e hijas. Las máscaras de gas se tornaron esenciales y se agotaron rápidamente en Portland. Así nació la autogestión con la producción de máscaras caseras construidas con bidones de plástico cortados. Otras madres copian las tácticas de los manifestantes de Hong Kong usando paraguas como escudos. Pero tampoco es suficiente para repeler las balas de goma.

Desiree LaBella es una de las caras más visibles de las movilizaciones contra la violencia policial. Su hijo de 26 años, Donovan LaBella, resultó gravemente herido por balas de goma a principios de julio y debió ser hospitalizado por fracturas en el cráneo y en la cara. Desgraciadamente no es el único caso. Faith Lightsy fue gaseada por fuerzas de seguridad días atrás. También atacaron a su hija embarazada con gas pimienta, y su sobrino fue rozado por una bala de goma.

"Dimos un par de pasos y tuvimos problemas... Dimos un par de pasos más y fuimos rescatados por alguien que literalmente apareció de la nada. Tenía toallitas, agua, leche, y tan rápido como nuestros ojos estaban ardiendo y luchábamos por respirar, nos estábamos recuperando", explica Lightsy, quien reivindica la organización y el espíritu solidario que moldea al Muro de las Madres.

Lightsy subió a sus redes sociales una imagen junto a sus dos hijas y su nieta en una de las primeras manifestaciones en Portland. "Por favor ayuden a que nuestras voces sean escuchadas y nuestras caras sean vistas. Tres generaciones de mujeres negras en la lucha. Una imagen poderosa teniendo en cuenta el entorno en el que crecí", es parte del texto con que esta madre acompañaba la publicación. "La razón por la que me uní al movimiento es porque yo también soy madre. Más específicamente, soy una madre negra y fui la única persona negra por el lado de la familia de mi madre hasta que tuve a mis hijos. Me uní al grupo porque creo que no hay fuerza en la tierra más poderosa que la maternidad", asegura Lightsy en diálogo con PáginaI12.

Tuvo que ocurrir el brutal asesinato de George Floyd para que Jane Ullman prestara atención a los excesos de la policía en territorio estadounidense. Esta directora financiera de la sede en Portland del Silicon Valley Bank se unió a tantas otras madres que cada noche construyen una verdadera barricada humana entre manifestantes y agentes federales. "Como una mujer blanca de clase media alta en la ciudad más blanca del país, no podía aguantar más", manifiesta. 

"Ver a los federales reprimiendo me empujó a salir. Yo quería tomar medidas, actuar contra esa violencia estatal. Fue el Muro de las Madres lo que me permitió salir a la luz", agrega Ullman a la edición estadounidense de The Guardian . Es que la convocatoria también llevó a cuestionar los privilegios de los blancos, en una ciudad en la que, según el último censo nacional de 2019, los blancos representan al 77 por ciento de la población, y los negros apenas al 5,8. Sin embargo, el Black Lives Matter se hace sentir como en pocas ciudades del país. Y las mujeres motorizan ese proceso.

Buscando una salida

De la represión de las tropas de seguridad no se salvó ni siquiera el alcalde de Portland, Ted Wheeler. El político demócrata quiso darse un baño de realidad al participar de las movilizaciones del miércoles pasado. Tuvo que irse escoltado bajo una nube de gases lacrimógenos y enfrentando a los manifestantes que lo acusaban, en el mejor de los casos, de ser un hipócrita. Teressa Raiford, afroamericana y fundadora de la organización Don’t Shoot Portland, acusó al alcalde de utilizar la presencia de los agentes federales para encubrir su propio fracaso a la hora de abordar una necesaria reforma policial en la ciudad. "Nuestros líderes ahora dicen: 'Donald Trump te está atacando y nos preocupamos por ti'. Pero quienes estamos hace tiempo en la línea de combate nos damos cuenta de que estábamos siendo atacados por ellos antes de que Trump comenzara a atacarnos", dijo Raiford a The Guardian

Frente a un escenario complejo donde las demandas se renuevan constantemente, es difícil pensar en una solución a corto plazo. "No creo que el final llegue pronto. Creo que la comunidad BIPOC (abreviatura usada para nombrar a la comunidad que agrupa a negros, indígenas y personas de color) en Portland necesita ver a nuestros líderes actuando, no sólo diciendo que van a actuar. Reforma policial, fin de la inmunidad calificada, invitarnos a las juntas y a las mesas de conferencias. Los políticos primero deberán comportarse como personas y luego usar su plataforma de poder para promover la igualdad y resolver los problemas que enfrenta la comunidad negra", asegura Lightsy, y deja en claro que las madres de Portland exigen mucho más que un simple cambio de retórica.

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Policías antimotines lanzan gas lacrimógeno contra una marcha del movimiento antirracista Black Lives Matter en Portland, Oregon. La ciudad se ha convertido en uno de los mayores focos de manifestación contra la brutalidad policiaca desde hace casi dos meses. La respuesta ha sido la represión ordenada por el presidente Donald Trump, que no cuenta con el apoyo de funcionarios locales. Foto Ap

En Seattle, 45 detenidos y 21 policías heridos

 

 Washington. La Casa Blanca avisó ayer que endurecerá la respuesta de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes en Portland, dado que las protestas amenazan con extenderse a otras ciudades, afirmó Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Interior, al tiempo que las manifestaciones continuaron en Estados Unidos el fin de semana.

La actuación de los agentes federales para contener a los manifestantes ha sido duramente cuestionada por realizar detenciones arbitrarias y actuar sin identificación.

Wolf defendió la medida, tachada de ilegal por la oposición demócrata y por organizaciones por los derechos civiles, dada la virulencia de las manifestaciones.

“Vienen armados con piedras, botellas, bates de beisbol, herramientas eléctricas, fuegos artificiales y dirigen su violencia a las instituciones y a los agentes federales”, sostuvo Wolf, cuyo domicilio en Washington fue rodeado ayer por manifestantes que exigieron su dimisión.

Portland, la ciudad más grande de Oregon, se ha convertido en uno de los mayores focos de las protestas contra la brutalidad policiaca, en las cuales cientos de manifestantes vestidos de negro se han enfrentado con la policía, que ha calificado las protestas de “disturbios”, que se han reproducido en el país.

Esta ciudad de 650 mil habitantes ha sido escenario de protestas nocturnas contra el racismo desde hace casi dos meses, y también de una represión de agentes federales ordenada por el presidente Donald Trump, que no cuenta con el apoyo de los gobernantes locales.

Las manifestaciones comenzaron el pasado sábado de manera pacífica con música y cantos, mientras algunos lanzaban pompas de jabón y pegaban rosas rojas en las barricadas, pero terminaron con choques con la policía y agentes federales después de que los manifestantes intentaron derribar las vallas que rodeaban el Palacio de Justicia de la ciudad.

Mientras, en Seattle las protestas del sábado dejaron ayer 45 detenidos y 21 policías heridos, después de que una marcha de Black Lives Matter también derivó en enfrentamientos con la policía, que se replegó la madrugada de ayer.

Alrededor de 2 mil personas se reunieron en el centro de la ciudad, cerca del barrio del Capitolio, donde se desarrollaron las protestas a raíz de la muerte del afroestadunidense George Floyd a manos de un policía blanco el pasado 25 de mayo.

Los manifestantes rompieron el cerco que rodeaba el sitio de construcción de un centro de detención de menores e incendiaron una casa móvil, informaron autoridades locales.

La muerte de Floyd desató protestas y disturbios en las principales ciudades de Estados Unidos, en un movimiento contra el racismo que ha ido creciendo en el mundo.

Las marchas contra la brutalidad policiaca llegan en momentos en que el presidente Trump enfrenta una dura contienda por la relección y hace campaña al proyectarse como guardián de “la ley y el orden”.

En Austin, Texas, un manifestante que aparentemente llevaba un fusil falleció al ser baleado desde un vehículo que pasó entre la multitud y cuyo conductor comenzó a disparar, de acuerdo con un testigo.

Mientras, en Aurora, un suburbio de Denver, un auto embistió a manifestantes de una protesta contra el racismo y baleó a un manifestante el sábado.

En otro orden, los restos del congresista John Lewis cruzaron el puente Edmund Pettus en Selma, Alabama, por última vez ayer, mientras continúan los honores póstumos al legislador que se convirtió en un emblema de las luchas sociales. Lewis y otros defensores de los derechos civiles fueron golpeados ahí hace 55 años en su lucha por el derecho al voto de los afroestadunidenses.

El cuerpo de Lewis fue llevado al Capitolio de Alabama por la tarde. Lewis falleció a los 80 años el 17 de julio, meses después de ser diagnosticado con cáncer del páncreas.

S iguiente

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«La tecnología 5G vulnera las garantías individuales y amplía la vigilancia personal»

El investigador de Unicamp destaca que la disputa sobre la tecnología 5G será prevalentemente más política que técnica.

 

Una vez más las cuestiones geopolíticas relacionadas con el futuro de la inteligencia artificial y el internet de las cosas (IOF según las siglas en inglés) ha colocado nuevamente a China y a los EEUU en el ring geopolítico de la disputa sobre la hegemonía global. El softpower y la tecnología 5G tienen poco que ofrecer a los usuarios en comparación con las ventajas que ofrecerá a las grandes empresas y a los Estados. “Las redes deben servir para poner de manifiesto las demandas corporativas de la industria y del sector servicios como, por ejemplo, automóviles interconectados y autónomos, y sistemas de videovigilancia. Algo que está siendo considerado la “cuarta revolución industrial” (“o industria 4.0”), manifiesta Diego Vicentin profesor e investigador de la Universidad Estatal de Campiñas – Unicamp en una entrevista por email concedida a IHU on-line.

En cuanto a las diferencias entre las tecnologías chinas y estadounidenses el profesor pone de manifiesto que por lo que se sabe hasta ahora no existen grandes diferencias tecnológicas entre ambos modelos pero que el punto esencial lo constituye la cuestión política de la posibilidad de control de las informaciones. La preocupación del gobierno de los EEUU, especialmente la de la administración Trump, se relaciona con la creciente importancia de las empresas chinas en el mercado y, en consecuencia, con el aumento de la importancia de las empresas chinas y, por lo tanto, en la privilegiada situación que ocupan (en términos de espionaje y vigilancia, por ejemplo) en la estructura informativa, incluso dentro de los EEUU, agrega.

Dicha posibilidad de control biopolítico encuentra en la pandemia del coronavirus una especie de catalizador y de tubo de ensayo para experiencias poco preocupadas por los derechos civiles. Monitorear y controlar el contagio del coronavirus para reducir los impactos de la pandemia implica monitorear y controlar a la población (viral y humana) por medio de la extracción, tratamiento y análisis de datos que son a su vez funciones desempeñadas por sistemas de inteligencia artificial, dice Vicentin. “La aparición de la pandemia se vuelve favorable a la realización de experimentos que se benefician con el uso masivo de datos poblacionales considerados sensibles, así como su localización, la temperatura corporal y el contacto interpersonal. Se trata, en consecuencia, de monitorear la vida, de gobernar a individuos y poblaciones, y en consecuencia todas esas intervenciones generan problemas relacionados con los derechos básicos” agrega

Entrevista

IHU On-Line: ¿Qué es la tecnología 5G y en qué se diferencia de sus antecesoras G3 y G4?

D.V.: Las redes 5G se presentan como la quinta generación dentro de la línea evolutiva de las redes celulares de telefonía. Los cambios anteriores, por lo menos desde la digitalización de la señal (2G) tenían por principal objetivo aumentar la capacidad de tráfico de datos en a red. Las generaciones tres y cuatro (3G y 4G) tenían por objeto expandir la utilización del internet móvil y las aplicaciones para la transmisión de audio y de video por streaming servicios que requieren baja latencia. En tal sentido existe cierta continuidad, porque las redes 5G tien también por objeto aumentar la capacidad de tráfico y reducir la latencia. Pero no se trata de vender esa capacidad adicional a los usuarios finales, clientes comunes de los operadores móviles.

Las redes deben servir para informar sobre las demandas corporativas de la industria y del sector de los servicios como por ejemplo automóviles interconectados y autónomos y sistemas de videovigilancia. Algo que viene siendo considerado como la “cuarta revolución industrial” (o industria 4.0) un modo pretencioso de referirse a una economía que está fundamentalmente basada en a industria de las tecnologías de la información y de la comunicación. No solo la que desarrolla la infraestructura material por medio de la que los datos son transferidos sino también aquella que los monetiza o sea el llamado “capitalismo de vigilancia” o “capitalismo de plataforma” Las redes 5G forman parte del entrecruzamiento entre las comunicaciones y la computación electrónica.

Desde el punto de vista de la arquitectura y del funcionamiento de las redes podemos citar algunos cambios que son significativos en el conjunto pero que no constituyen innovaciones revolucionarias con relación a las redes 4G. Es decir son innovaciones que incrementan y mejoran la performance de la red añadiéndoles recursos, como la utilización de trechos adicionales del espectro de ondas de radio y la instalación de un mayor cantidad de antenas en el territorio y la “virtualización” de funciones de la red que dejan de basarse en el hardware y pasan a ser dirigidas por el software.

IHU On-Line: ¿Cuáles son las diferencias existentes entre las tecnologías 5G producidas por China y por los EEUU?

D.V.: Cada una de las generaciones de tecnología celular responde a un conjunto de patrones que permiten la interoperatividad técnica y protegen los intereses económicos de los principales agentes del mercado. Estos patrones son definidos en foros en los que participan las industrias y los Estados nacionales como el 3GPP y la International Telecommunication Union -ITU aunque la formulación de patrones no significa que toda la red 5G se instale y sea operada del mismo modo. El diseño y el manejo de la red se establece entre las empresas operadoras del servicio y los fabricantes de los equipos.

Actualmente predominan las empresas chinas y las estadounidenses y la disputa entre los países se basa en la pelea por la hegemonía política que va mucho más allá de las redes móviles. Quiero decir en concreto que no creo que exista una gran diferencia, clara y esencial, entre las empresas chinas y las estadounidenses que se disputan el mercado 5G que nos permitan decir que existe una tecnología 5G china y otra norteamericana. El disgusto del gobierno de los EEUU y especialmente de la administración Trump se debe a la importancia que las empresas chinas han alcanzado en el mercado y por lo tanto la privilegiada situación que actualmente ocupan (en términos de espionaje y vigilancia, por ejemplo) al definir parte de la infraestructura informativa, inclusive dentro de los EEUU.

IHU On Line – ¿Para qué y a quiénes le sirven las tecnologías 5G que se están desarrollando en diferentes países?

D.V.: Toda nueva generación trae consigo una promesa que no necesariamente se cumple. Las redes 4G ya prometían una performance (que ahora prometen las 5G (capacidad de 1Gb no download). Como dije anteriormente el paso entre generaciones (2G-5G) tenían como principal objetivo aumentar la capacidad de la red para el tráfico de datos. Pero ¿de dónde procede la demanda de tráfico? O mejor dicho ¿quién tiene hoy capacidad para financiar una inversión en una infraestructura de red compleja y costosa como las redes 5G?. No es ciertamente el usuario final. La persona común que se enfurece cuando la red no funciona bien a lo largo de su trayecto diario hacia su trabajo o hacia la universidad. El principal financiamiento procede de las empresas o de los estados interesados en instrumentar sofisticados sistemas de control y de vigilancia sobre los recursos críticos de la infraestructura urbana (tales como los sistemas de transporte, energía y seguridad) y sobre la población. De modo que lo que se prevé para las redes 5G es la comercialización de fragmentos de la red (network slicing) dedicados a los servicios y contratados por empresas como Amazon, Facebook, Google, Uber, etc

IHU On Line: ¿Cómo es que el 5G se instaló en el centro de las fake news relacionadas con el coronavirus y como eso ha llegado a provocar actos de vandalismo en Europa?

D.V.: Existen algunas hipótesis sobre el origen de las teorías conspirativas que asocian el 5G a la pandemia de COVID-19. Una de ellas se basa en una entrevista a un médico de un periódico local de Bélgica. Pero ya existía anteriormente bastante material sugiriendo o afirmando, sin evidencias, la existencia de daños a la salud ocasionados por la intensificación de las radiaciones electromagnéticas derivadas del 5G. El canal ruso RT News que tiene una gran audiencia en el Youtube en inglés es una de las fuentes de haber propagado sospechas sobre los efectos de las redes 5G sobre la salud. La gran penetración que alcanzaron estas teorías en los últimos meses en las redes sociales sugiere que existen insistentes esfuerzos por difundir desinformaciones (a través de propaganda computarizada) y retrasar la instalación de la tecnología 5G. Esto ha provocado una ola de ataques a torres de transmisión y a empleados operadores de redes, especialmente en Europa y en el Reino Unido.

Por otra parte aunque se confirmare el interés de Rusia o de los EEUU ( o de empresas interesadas) en difundir desinformación para atrasar la incorporación del G5 en mercados clave, parte de la responsabilidad deberá ser asumida por os responsables de desarrollar los patrones, especialmente por la industria que no está cuestionando abrir su caja negra para producir transparencia y visibilidad de como opera su infraestructura, creando un terreno fértil para el cultivo de noticias falsas.

IHU On Line: ¿De qué modo la tecnología G5 está directamente vinculada a cuestiones geopolíticas?

D.V.: Las redes 5G generan diversas cuestiones geopolíticas. Mencioné anteriormente la disputa por la hegemonía del mercado entre los EEUU y China, que ciertamente no se limita al 5Gesta disputa se halla frecuentemente descripta como una carrera tecnológica vinculada a áreas estratégicas del desarrollo de las TICS que incluyen las tecnologías de inteligencia artificial (IA). Las tecnologías de la información no son solo aquellas que en cierto modo lideran el desarrollo económico e industrial, sino y principalmente los medios de ejercer el poder sobre la población humana y las máquinas.

Cuando se espera que el G5 constituya el medio de conexión de las infraestructuras críticas para el funcionamiento de las formas de vida en los centros urbanos y para el sistema productivo de las ciudades y de los países. La vulnerabilidad del sistema a los ataques externos e internos se convierte en una cuestión vital. Es preciso lidiar con el hecho de que esas redes son penetrantes sistemas de vigilancia que captan una inmensa cantidad de datos que generan conocimiento y posibilidades de intervención sobre la economía, la salud, el estado espiritual de una determinada población en un determinado territorio. La información es poder.

En lo que específicamente respecta al 5G la animosidad entre los EEUU y China aumentaron cuando la administración Trump decidió incluir a las empresas chinas como Huawei y ZTE en un listado que genera un embargo que prohíbe realizar negocios con empresas norteamericanas que son las principales proveedoras del sistema productivo. La justificación del embargo expresa que las empresas chinas cooperan con su gobierno agregando fragilidades intencionales (conocidas como backdoors) que permiten el espionaje y la vigilancia. Hace poco más de un año antes del bloqueo un memorando interno del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de los EEUU se filtró en la prensa. Dicho memorando defendía la acción directa de los EEUU en el desarrollo y la instrumentación de la infraestructura 5G destacando que es imposible garantizar la seguridad de la infraestructura instalada y operada por empresas extranjeras. De modo que el sistema sería vulnerable a la vigilancia y al espionaje como también los ataques directos al funcionamiento de las infraestructuras críticas.

Una de las características de las redes 5G es que tienen muchas más funciones y procesos internos controlados por software lo que agrega una serie de fragilidades adicionales. Tales son los aspectos mencionados por el informe sobre evaluación de riesgos producido por la Comunidad Europea que incluye históricamente a las principales organizaciones de desarrollo de patrones que conforman el mercado global. Dicho bloque no adhirió al bloqueo de las empresas chinas pero algunos países limitaron su participación en el mercado.

Eso se debe a que algunas funciones de las redes 5G dependen en gran medida de proveedores de equipamiento (como Huawei) y colocan a las empresas operadoras del servicio (como Vivo o Claro en Brasil) en una relación de dependencia externa, especialmente en los casos en que la operadora le otorga la exclusividad a un proveedor de equipamiento para la instalación de su red. La ganancia de escala que bajaría los costos produciría en sentido inverso la dependencia del proveedor. Además, las permanentes actualizaciones del software (normalmente un propietario protegido por patentes) dificultarían la identificación de las fragilidades ya fueren intencionales o no.

IHU On Line- ¿Cómo puede funcionar la pandemia del covid-19 como un gatilllo de violación de los derechos humanos fundamentales y si tiene que ver con la tecnología 5G?

D.V.: La pandemia de covid 19 sirve de catalizador de procesos que ya venían siendo programados por la industria de los TICs y los estados y los gobiernos, Esto se debe a una serie de factores entre los cuales el más obvio es que nos hemos vuelto más dependientes de los TICs debido al distanciamiento social adoptado por mucha gente. Se han intensificado el teletrabajo, la telemedicina, la educación a distancia, las compras y los pagos online, etc. La segunda razón es que los TICs pueden servir de remedio a la crisis, desempeñando una de sus principales vocaciones que es la de vigilar, controlar y gobernar a la gente. Monitorear y controlar el contagio del coronavirus para reducir los impactos de la pandemia implica monitorear y controlar a las poblaciones (virales y humanas) por medio de la extracción y análisis de datos funciones actualmente desempeñadas por sistemas de inteligencia artificial.

Hace un par de semanas un grupo de investigadores hizo público un artículo que defendía el uso de datos recolectados en las redes sociales (Facebook y Twiter), en los motores de búsqueda (Google) y en “termómetros inteligentes (Kinsa) por su mayor eficacia en la anticipación de las ondas de crecimiento del contagio del covid-19 con relación al uso de indicadores tradicionales en la epidemiología como la cantidad de casos confirmados, las hospitalizaciones y las muertes. Las redes sociales, los motores de búsqueda y otros instrumentos conectados permiten la recolección de datos de manera permanente y en “tiempo real” Ese flujo alimenta algoritmos de aprendizaje que sirven para monitorear e identificar señales de crecimiento de la contaminación en una determinada región con algunas semanas de anticipación. Estos datos podrían ser decisivos en la adopción de medidas de lucha contra la pandemia como el cierre de escuelas y de comercios o hasta para establecer un lockdown. Existen ya innumerables iniciativas como estas que pretenden utilizar o ya lo están haciendo datos de comportamiento recogidos en internet o en aplicaciones de smartphones para controlar y monitorear la pandemia. Uno de los casos recientemente más discutidos es la aplicación del rastrillaje de contactos vía bluetooth, diseñados por Apple y Google. La aparición de la pandemia introduce un escenario favorable a experimentos que se benefician con el uso masivo de datos considerados sensibles como su ubicación, su temperatura corporal, las personas con las que se tuvo contacto. Se trata de regir la vida, de gobernar a las personas y a las poblaciones y en consecuencia, todas las intervenciones en ese terreno plantean cuestiones relacionadas con los derechos básicos.

Termómetros inteligentes

La red de termómetros inteligentes antes citada (Kinsa) usada como fuente de investigación reúne datos de mediciones de fiebre en más de medio millón de domicilios de los EEUU. El aparato registra las mediciones de temperatura y puede incluir información sobre otros síntomas no aplicables en el smartphone. Esos datos son comercializados por la empresa Kinsa Insights u otras empresas interesadas en acciones de marketing como las que ofrecen consultas médicas on line. El termómetro es apenas un ejemplo entre otros de “objetos inteligentes” (es decir conectados) que forman parte del “internet de las cosas” que a su vez integra el futurista escenario de las “ciudades inteligentes”, de la “industria 4.0”, los servicios de entrega mediante drones, vehículos autónomos y redes 5G consideradas las estructuras responsables de las conexiones entre las cosas.

Algunas proyecciones indican que las redes 5G deben admitir más de un centenar de objetos conectados por persona aun en ambientes densamente ocupados. Tales objetos tendrán por finalidad captar datos sobre las actividades de grupos y de individuos en espacios públicos y privados que serán mercantilizados por medio del marketing basadas en el conocimiento producido por las técnicas de la inteligencia artificial. Tales conocimientos serán más densos e incisivos cuanto más se multipliquen las fuentes de datos en tiempo real que aportarán las redes 5G.Ya sabemos teniendo en cuenta los acontecimientos de esta última década que su utilización puede estar al servicio menos legítimos que la instrumentación de políticas públicas como la realización de campañas de propaganda política y de desinformación (como en el caso de Cambridge Analytica) De modo que es preciso estar muy atento en relación ante las posible violaciones de la privacidad en los casos de discriminación por raza, clase o género con el objeto de garantizar y de proteger el derecho a la información y a la libertad de expresión.

Por Ricardo Machado | 27/07/2020 

 

Traducido del portugués para Rebelión por Susana Merino

Fuente: http://www.ihu.unisinos.br/159-noticias/entrevistas/601159-alem-da-cortina-de-fumaca-da-disputa-entre-eua-e-china-tecnologia-5g-vulnerabiliza-as-garantias-individuais-e-amplia-a-vigilancia-pessoal-entrevista-especial-com-diego-vicentin

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Protesta no autorizada en apoyo de Serguei Furgal, el gobernador del krai de Jabarovsk, quien fue acusado de un asesinato ocurrido hace 15 años.Foto Ap

Moscú. Decenas de miles de habitantes de la ciudad de Jabarovsk, en el extremo oriente de Rusia, volvieron a salir a la calle este sábado –por decimoquinto día consecutivo– para protestar contra las imposiciones de Moscú, en la que puede considerarse la manifestación más numerosa desde que la repentina caída en desgracia del gobernador Serguei Furgal provocó el estallido de la ola de indignación popular.

Difícil saber con exactitud el número de personas que acudieron a la manifestación en apoyo de Furgal –trasladado a una cárcel de Moscú hasta que se le someta a juicio como presunto autor intelectual de dos asesinatos hace 15 años–, pero la mayoría de testimonios disponibles (cotejados con muchas fotografías y videos) coinciden en señalar el carácter multitudinario de la protesta, que reunió a no menos de 50 mil personas, lo cual equivale a poco menos de 10 por ciento de los habitantes de la ciudad de Jabarovsk.

A las demandas de traer a Furgal a Jabarovsk –cesado por el titular del Kremlin, Vladimir Putin, bajo el argumento de "pérdida de confianza"– y celebrar allá un juicio justo y transparente del gobernador que eligieron hace dos años y que, según muestran las encuestas, estaba llevando a cabo una gestión que contaba con amplio respaldo de la población, los manifestantes exigen ahora que se vaya el gobernador interino, Mijail Degtiarov, nombrado por el mandatario ruso.

La marcha duró cuatro horas y terminó en mitin, en la céntrica plaza de Lenin, sin que la policía interviniera para dispersar a los congregados, que coreaban duras consignas contra el gobierno de Rusia y el presidente Putin.

Los oradores también pidieron la dimisión del representante personal de Putin en el distrito federal del extremo oriente, Yuri Trutniev, y del alcalde de Jabarovsk, Serguei Kravchuk, el único funcionario del partido oficialista Rusia Unida en un cargo relevante en la región.

Degtiarov, diputado de Samara, a orillas del Volga en el suroeste de Rusia, cuya trayectoria como legislador no guarda relación ninguna con el krai (territorio) de Jabarovsk, a miles de kilómetros de distancia, prefirió salir de su homónima capital este fin de semana para conocer el interior, no sin antes declarar a la televisión pública de Moscú que "entre los revoltosos hay extranjeros y provocadores profesionales que vinieron a desestabilizar la situación".

El vocero del Kremlin, Dimitri Peskov, no se atrevió a ratificar la grave acusación de la presencia de instigadores extranjeros en Jabarovsk y dijo que "es natural que algunos seudorrevolucionarios traten de sacar provecho de la situación allá".

Como ha venido sucediendo, este sábado hubo acciones de solidaridad con Jabarovsk en Vladivostok, Yuzhno-Sajalinsk, Komsomolsk-na-Amure y otras ciudades del extremo oriente de Rusia.

Por Juan Pablo Duch

Corresponsal

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