La relevancia de Gandhi en tiempos de crisis globales

Cuando llega el 2 de octubre los líderes políticos, religiosos y de los negocios en India y otros lugares recuerdan al Mahatma Gandhi, cantan sus alabanzas y juran vivir según los ideales que él apoyaba. Un día después, o quizás esa misma noche, se le deja atrás tan rápidamente como fue recordado esa mañana. Peor aún, vuelven a asesinarlo a él y a los ideales de no violencia, autodependencia y bienestar universal por los que vivió y murió. Y sin embargo, vale la pena preguntarse: ¿en este mes de su 151 aniversario, sigue teniendo relevancia en un mundo cada vez más desgarrado por conflictos y crisis de todo tipo?

De manera interesante, en los últimos años parece haberse reavivado la atención por su vida, ideas y acciones. Varios movimientos locales y globales están aplicando principios como la desobediencia civil y la no violencia, con el reconocimiento explícito e implícito de su inspiración en Gandhi. Otros recuerdan su visión clarividente sobre los impactos ecológicos del ‘desarrollo’ sin restricciones. Pero está también la atención adversa sobre él por algunos de los movimientos antiracistas que recuerdan los puntos de vista racistas que parecía haber apoyado en sus primeros años como activista en Sudáfrica. Y en India se ha convertido en un símbolo cínicamente conveniente de los programas preferidos del gobierno sobre limpieza y, más recientemente, autodependencia; ¡aunque algunas personas animadas implícitamente por el actual régimen hipernacionalista celebran incluso a su asesino Nathuram Godse como un patriota!

Sea lo que sea lo que uno piense sobre la naturaleza en contraste del interés recientemente revivido por su figura, no hay duda de la relevancia de Gandhi en las luchas e iniciativas diarias de gentes de todo el mundo. Directa o indirectamente, sus ideas de swarajsatyagrahasarvodaya y ahimsa están vivas, y se han vuelto aún más importantes en un mundo desgarrado por desigualdades crecientes, devastación ecológica y formas antiguas y nuevas de privación de las necesidades básicas para más de dos miles de millones de personas.

Satyagraha: decirle la verdad al poder

Múltiples crisis globales preexistentes se han exacerbado con la pandemia del covid 19 y todavía más por las respuestas de los estados ante ella. En muchos países, el gobierno la ha utilizado como excusa para incrementar las tendencias autoritarias, entre las que se incluye la vigilancia de los ciudadanos en nombre de la seguridad. Además, se ha utilizado como una oportunidad para la toma de decisiones que van abiertamente contra los trabajadores y contra el medio ambiente, sabiendo que la capacidad de disentir se ha reducido mucho entre poblaciones que se supone no deben aventurarse en las calles. Es aquí donde la idea gandhiana de satyagraha, de decir la verdad al poder de forma no violenta, es tan importante.

De muchas maneras diferentes, Gandhi practicaba satyagraha, resistiéndose al poder colonial o a la marginación de los musulmanes en una sociedad con mayoría hindú. Es también interesante que lo usó como un medio para conseguir una base ética para la transformación. Por ejemplo, cuando desconvocó el movimiento nacional de no cooperación contra el dominio colonial como señal de expiación por un incidente en el que miembros del movimiento quemaron una comisaría y mataron a varios policías. Esto está estrechamente relacionado con su constante insistencia en la ahimsa o no violencia, especialmente relevante tanto en la resistencia a las fuerzas de opresión como a no albergar sentimientos de venganza violenta.

Nelson Mandela estuvo inspirado por este llamamiento a un proceso de ‘verdad y reconciliación’ que permitió una transición pacífica para salir del apartheid en Sudáfrica, en lugar de un periodo de actos de venganza sangrienta contra los colonos blancos (que hubiera sido totalmente comprensible dados los horrores del apartheid). Otro discípulo de este enfoque, Martin Luther King, es uno de los predecesores del actual movimiento antiracista en los EEUU, incluida la última rebelión por George Floyd, que es explícitamente no violenta. (Como comentario al margen es interesante que la conexión más explícita con Gandhi parece ser la demanda entre algunos elementos del movimiento antiracista de derribar sus estatuas para protestar por lo que es visto como una actitud racista por su parte cuando estuvo en Sudáfrica, un punto de vista que ha sido matizado por diversos especialistas en Gandhi, incluso profundizando en el periodismo del movimiento negro de ese periodo).

Entre otros que han recogido el enfoque de satyagraha se incluye Extinction Rebellion, un movimiento global de ruptura no violenta que llama la atención sobre la devastación masiva del planeta y de la vida humana por la crisis climática causada por el sistema político y económico dominante. En India, jóvenes de todo el país convocaron una satyagraha el 25 de agosto para protestar por el intento descarado por parte del gobierno de debilitar la legislación que obliga a una valoración del impacto medioambiental de los proyectos de desarrollo. Muchos movimientos de base de resistencia en India han tenido una inspiración similar. El Movimiento Chipko en el Himalaya, organizado por antiguos gandhianos, intentó salvar los bosques de la tala por parte de la industria en los años 70. Como uno de los movimientos medioambientales y de protección de los medios de bida más icónico del mundo, ha inspirado iniciativas similares para salvar bosques en los EEUU y otros lugares. El Narmada Bachao Andolan contra megapantanos en India central ha sido explicitamente no violento, y ha inspriado a movimientos similares en otras partes del mundo. El movimiento global por la paz, la desnuclearización y el desarmeo tiene un legado similar. Esto incluye la Carta de las Naciones Unidas y el multilateralismo, en el que negociadores indios influenciados directamente por Gandhi tuvieron un papel importante.

Sarvodaya: elevar el bienestar colectivo de todos

Para Gandhi, sin embargo, la satyagraha era solo una caja de herramientas de enfoques para conseguir justicia. Viajando a lo largo y ancho del país, comprendió que los niveles abismales de privación y marginación, nacidos de una historia intensamente colonial y feudal, debían ser abordados. No solo se tenía que decir la verdad al poder, sino también dirigirse hacia una acción fundamentada hacia la sarvodaya, la elevación de todos de una manera justa, o como dijo Gandhi en Young India, no «la fórmula utilitaria del mayor bien para el mayor número (sino) … el mayor bien para todos». Esto se podía conseguir mediante nirman, o reconstrucción. Él mismo, y alguno se sus seguidores o consejeros, como el economista JC Kumarappa, inspiraron varios experimentos en generación de medios de vida locales dignos y autodependencia, siendo el hilado de tejido khadi un símbolo crucial.

En la actualidad, diversas iniciativas para conseguir medios de vida dignos y la autodependencia se han inspirado en enfoques gandhianos de una ‘economía no violenta’. El trabajador gandhiano (y conocida personalidad teatral) Prasanna, inició Charaka, una cooperativa de khadi gestionada por mujeres que ha proporcionado medios de vida dignos a 200 mujeres a la vez que promocionaba el trabajo a mano, la autodependencia, y la producción con sensibilidad medioambiental. Ha aparecido recientemente en las noticias (septiembre-octubre de 2020) al ejercer la satyagraha denunciando el impago de cuotas por parte del gobierno, por lo que tuvieron que cerrar durante un mes. No lo han hecho mediante la típica protesta callejera, sino limpiando públicamente las oficinas de la administración local, distribuyendo ropa a los pobres y otros métodos para ‘cambiar el corazón’ de aquellos en el poder.

Elango R., un sarpanch [jefe de la administración local] dalit cerca de Chennai, combina explícitamente los principios gandhianos y marxistas y el anticastismo del icono dalit Babasaheb Ambedkar (quien encabezó el comité para la redacción de la Consitución de India) en su intento de transformar la aldea de Kuthambakkam, donde vive, para dar más dignidad y seguridad de medios de vida a familias dalit. Él ha abogado por una ‘economía en red’ en la que grupos de unas 20 aldeas puedan ser autosuficientes respecto a sus necesidades básicas. Una idea puesta en marcha de una manera algo diferente por otra trabajadora social de inspiración gandhiana, Ela Bhatt, con su idea de una autodependencia ‘en un radio de 100 millas‘. Todas estas ideas son cada vez más discutidas en una India afectada por el covid, mientras las historias de respuesta comunitaria durante el periodo de confinamiento muestran que donde hay comida y autodependencia de medios de vida, hay la máxima resiliencia.

Por todo el mundo hay ejemplos extraordinarios de alternativas constructivas al actual sistema dominante: agricultura sostenible y holística, soberanía comunitaria sobre agua/energía/alimentación y conservación de la naturaleza, solidaridad y economía del compartir, ocupación obrera de instalaciones productivas, recursos y conocimientos comunes, gobernanza local, salud comunitaria y aprendizaje alternativo, fomento de la paz intercomunitaria, reafirmación de la diversidad cultural, pluralismo sexual y de género, y muchas más (véase por ejemplo Vikalp Sangam para cientos de ejemplos de India; para otros lugares, véase Democracia Ecológica Radical. La mayor parte de ellos no tienen necesariamente una inspiración directa en Gandhi, pero el clima de sus ideas y prácticas es probable que haya influido en muchas de ellas, como por ejemplo en los movimientos campesinos de anna swaraj (soberanía alimentaria).

El principio de sarvodaya, y el concepto relacionado de fideicomiso (trusteeship) que defendía Gandhi, puede llevarnos a un cambio radical de foco sobre lo común en lugar de sobre la propiedad privada. En 2013, el gram sabha (asamblea de aldea) de Mendha-Lekha (distrito de Gadchiroli, Maharashtra), tomó la decisión histórica de convertir toda su tierra agrícola privada en tierras comunes de la aldea. Para darle respaldo legal usaron la prácticamente olvidada Ley Gramdan [literalmente ‘donación de tierra’], que fue inspirada por el discípulo de Gandhi Vinoba Bhave.

Gandhi ha sido criticado (quizá de manera justa) por no ser explícitamente anticapitalista, como por ejemplo con sus súplicas a los empresarios industriales para que adoptasen la idea de fideicomiso. Pero también dijo:

«Todo el mundo debería poder conseguir trabajo suficiente como para permitirle llegar a fin de mes. Y este ideal solo se puede conseguir de manera universal si los medios de producción de las necesidades elementales de la vida permanecen bajo control de las masas. Deberían estar disponibles libremente para todos, como deberían estarlo el aire y el agua de Dios. No deberían convertirse en un vehículo de tráfico para la explotación de otros. Su monopolización por cualquier país, nación o grupo de personas sería injusta.»

Esto indica que estaba claramente en contra de que un puñado de individuos (o incluso el estado) poseyese o controlase los medios de producción, como también contra la concentración de riqueza en las manos de unos pocos. Defendía también un enfoque más oriental para conseguir «un socialismo más verdadero y un comunismo más verdadero que el que el mundo haya soñado hasta ahora». Recientemente se han presentado una serie de propuestas para la distribución radical de la riqueza desde la horriblemente perversa concentración a la que se enfrenta hoy el mundo mediante los impuestos, la abolición de la herencia e incluso de la propiedad privada, y otros medios. Estos se pueden ver como medios para conseguir la sarvodaya.

También en el sector de la salud se ven ecos del foco fuertemente articulado de Gandhi sobre la autocuración, sobre facilitar los poderes naturales del cuerpo, sobre el uso de tratamientos con hierbas, etc. en los numerosísimos centros ayurvédicos y de naturopatía por toda India. El Instituto Nacional de Naturopatía radicado en Pune ha construido su extenso programa y alcance según el enfoque de Gandhi sobre la salud. En tiempos de covid, la necesidad de tener cuerpos sanos para estimular la imunidad usando estos enfoques, para una recuperación más rápida y más plena ha sido ampliamente demostrada. Como también la necesidad de ser autodependiente para las necesidades personales en lugar de la debilitante dependencia de hoy de los ‘profesionales’. Un enfoque defendido con fuerza por el brillante académico Ivan Illich, quien estuvo influenciado por el economista gandhiano JC Kumarappa.

Swaraj: verdadera democracia

Para Gandhi, la máxima expresión de autodependencia era swaraj, traducido de manera bastante inadecuada como autogobierno. Swaraj tiene en realidad un enfoque profundamente democrático y ético que avergüenza a las democracias liberales de hoy, incorporando la libertad y la autonomía pero con responsabilidad hacia la libertad y autonomía de otros, posible únicamente si uno también vive la ética de la autocontención en lugar del loco consumismo promovido por la economía de hoy.

Esta idea de una democracia directa, radical, tiene que ser un eje central de la respuesta a las crisis globales. La mayor parte de los movimientos progresistas políticos y sociales se han orientado a la ‘toma del estado’, a intentar reemplazar los partidos políticos retrógrados por progresistas y hacer que el estado sea responsable. Aunque esto es necesario mientras el estado exista, no supone en lo fundamental un desafío a la naturaleza del estado, o, de hecho, a si es necesario que exista un estado centralizado o no. Ni se ha planteado un desafío adecuado a la centralidad del estado-nación en nuestras vidas, a pesar de los enormes fracasos de esta estructura al abordar tanto problemas internos de su población como asuntos globales (siendo el clima un ejemplo espectacularmente escalofriante). Diversas formas de anarquía, marxistas o gandhianas, han sido básicamente relegadas a los márgenes.

En India, el gobierno solo ha dado algunos pasos titubeantes hacia la democracia directa, y se ha movido muy lejos del ideal de autodependencia para las comunidades (o el país en su conjunto). Las enmiendas constitucionales 73 y 74 prometieron la descentralización del poder de toma de decisiones a aldeas y centros urbanos, pero lo restringieron gravemente al no proporcionar financiación y traspaso de competencias legales. En cualquier caso, su aplicación ha sido, en el mejor de los casos, vacilante. El proceso de Kerala de planificación a nivel de aldea y la iniciativa de comunalización de Nagaland en la que una parte de los fondos del estado (para educación, salud, electricidad, carreteras) van directamente a los consejos de aldea, son ejemplos de estados que se han acercado a las intenciones de la Enmienda 73. Pero incluso ellas han tenido fallos o no es han mantenido el tiempo suficiente.

Para Gandhi swaraj se tiene que construir de abajo arriba, desde la aldea hacia afuera a lo largo del paisaje en lo que él denominaba ‘círculos oceánicos’. Por toda India, diversos individuos que formaron parte del movimiento juvenil del activista gandhiano Jayaprakash Narayan, Chhatra Yuva Sangharsh Vahini, han trabajado con comunidades de aldea para crear autodependencia local en áreas como el agua y la alimentación, y para luchar por la toma de decisiones basada en los gram sabha (asambleas de aldea). En la India central y del este, adivasis y otras comunidades locales han intentado diversos grados de autogobierno. Como declaró hace tres décadas Mendha Lekha (citado más arriba) ‘nosotros elegimos el gobierno en Delhi, pero en nuestra aldea nosotros somos el gobierno’. Unas 90 aldeas en esa misma parte de India han formado una Maha Gramsabha (federación de asambleas de aldea) con una orientación similar.

Paralelos cercanos a estos son las luchas por la autodeterminación de pueblos indígenas y otras comunidades locales en muchas partes del mundo, incluido el derecho a aceptar o rechazar cualquier propuesta externa para un proyecto en sus territorios. Los zapatistas en México y el movimiento kurdo en Asia occidental han conseguido una democracia radical de este tipo a una escala relativamente grande. Muchos otros pueblos en América Latina han proclamado y conseguido el reconocimiento de una plena autodeterminación, y movimientos que reclaman soberanía territorial para las Primeras Naciones en la Isla Tortuga (Canadá / EEUU) y Australia tienen una base similar. Muchas de ellas emanan de cosmologías indígenas que están próximas (aunque la mayoría de manera inconsciente) con los principios gandhianos de swarajsarvodaya y satyagraha… y pueden incluso ir más allá en su inmersión completa en la naturaleza.

Se puede plantear por tanto una extensión de swaraj y sarvodaya para abarcar toda la vida, una ‘eco-swaraj‘ o ‘prakritik (natural) swaraj‘, o una democracia ecológica radical. Una avalancha de resoluciones judiciales y legales y demandas de ciudadanos y comunidades en muchas partes del mundo han proclamado que la naturaleza (o algunos de sus elementos, como ríos y montañas) tienen un derecho intrínseco, similar al de una ‘persona jurídica’. Aunque formuladas a menudo dentro del discurso formal occidental y por tanto con tendencia a tener serias limitaciones, estas pueden estar alineadas con visiones del mundo indígenas que reconocen que todos los aspectos de la naturaleza tienen su propio espíritu, que merece tanto respeto como el de los humanos. Viene a la mente el comentario de Gandhi de que el valor de una civilización se puede medir por cómo trata a los animales.

Estas perspectivas han surgido también desde dentro del ‘vientre de la bestia’, por así decir. Movimientos basados en enfoques ecofeministas, por ejemplo, destacan con fuerza la necesidad de acabar con un dominio milenario de una mitad de la humanidad sobre la otra mitad, sanando simultáneamente la ‘brecha metabólica’ entre los humanos y el resto de la naturaleza. Los retos a patrones insostenibles de producción y consumo, incluida la creciente demanda de decrecimiento radical de las economías llamadas ‘desarrolladas’, tendrían una clara relación con la perspectiva gandhiana de autocontención inherente a swaraj, y su crítica mordaz al industrialismo como explotador tanto de la naturaleza como de los humanos.

Es importante destacar que los movimientos de base de resistencia y las alternativas no están atrapados necesariamente en un campo ideológico u otro. Esto es más la preocupación de académicos y activistas profesionales. Más bien, estos movimientos consciente o inconscientemente toman prestado de diversas figuras inspiradoras de la historia, incluidos aquellos en su propio pasado que lucharon por la justicia. Ni habría que presionarlos para una única ‘alternativa’ homogénea para todo el mundo. Una integración continua de tales legados diversos, y el entretejido de un pluriverso de visiones del mundo y prácticas, es lo que nos guiará para dejar atrás un mundo desgarrado por las crisis.

Por Ashish Kothari | 19/12/2020 

Traductor: Carlos Valmaseda
Fuente: https://wsimag.com/economy-and-politics/63741-gandhis-relevance-in-the-time-of-global-crises

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El Sahara Occidental, una excolonia española en disputa

El conflicto entre el Frente Polisario y Marruecos vive su peor momento desde el alto el fuego de 1991

El reconocimiento de Trump a la soberanía marroquí en este enclave en el desierto significa un revés a las aspiraciones independentistas alentadas durante casi medio siglo.

 

 “Más se perdió en Cuba” es la expresión habitual que el riquísimo refranero español encuentra para relativizar cualquier contratiempo de la vida cotidiana. En el imaginario popular, la independencia de la isla en 1898, que puso punto final a lo que durante siglos fue el imperio más poderoso y extendido de la historia, sigue apareciendo como la referencia del final de una época de esplendor colonial que se prolongó durante cuatro siglos y el símbolo de una pérdida irreparable.

Sin embargo, no fue la isla caribeña la última colonia, ni 1898 el año en el que desapareció el postrero vestigio del imperio español. El Sahara Occidental, una vasta extensión desértica de 266.000 kilómetros cuadrados, con una población de medio millón de personas, riquísima en minerales, principalmente fosfato, y con mil kilómetros de costa sobre uno de los caladeros de pesca clave para abastecer a los países europeos, estuvo bajo la administración de Madrid hasta bien entrado el siglo XX. Concretamente, hasta 1975.

En noviembre de ese año, la parte más occidental del desierto del Sahara, delimitada por las fronteras de Mauritania, Argelia y Marruecos, se hallaba en pleno proceso de descolonización y en España la dictadura vivía sus últimos días. El entonces rey marroquí, Hassan II, hasta entonces uno de los pocos legitimadores del franquismo en la escena internacional, entendió que el vacío de poder que creaba el estado de salud de Francisco Franco, que moriría el 20 de ese mes, le ofrecía una oportunidad para expandirse hacia el sur y apoderarse de los recursos del territorio hasta entonces gobernado por España.

El 3 de noviembre de 1975, 350.000 civiles marroquíes movilizados por la corona iniciaron lo que se conoció como la 'marcha verde'. Ante la impotencia de la entonces potencia colonial, entraron en el Sahara Occidental, que acabó en su mayor parte anexionada por Marruecos. Mauritania hizo lo mismo e invadió desde el sur. La mayoría de la población autóctona huyó de la franja costera hacia el desierto, en dirección al Este y se instaló en campamentos cercanos a la frontera con Argelia, país que desde entonces ha respaldado su reivindicación de recuperar el hogar perdido.

España se retiró en medio de un silencio tan estruendoso que el episodio ni siquiera encontró hueco en el refranero popular. Desde entonces, la diplomacia española se ha debatido entre la obligación de defender el derecho a la autodeterminación del pueblo antiguamente colonizado y la necesidad de mantener buenas relaciones con Marruecos, el siempre conflictivo vecino del sur cuya capacidad para cerrar y abrir el grifo de la inmigración ilegal supone un arma de gran poder de fuego diplomático. Históricamente, a cada gesto de respaldo español a las aspiraciones del pueblo saharaui le ha seguido una llegada masiva de inmigrantes a las costas mediterráneas del país ibérico, con el consiguiente conflicto interno que eso supone para la administración española.

El Frente Polisario de Liberación Nacional, una organización que había nacido en 1973 bajo la inspiración de las revoluciones anticoloniales africanas, especialmente la argelina, para luchar por la independencia del Sahara Occidental, proclamó al año siguiente de la invasión la República Árabe Saharaui Democrática y entró en guerra con Mauritania y con Marruecos, conflictos en los que sólo encontró el respaldo de Argelia y Cuba.

Con Mauritania alcanzó un acuerdo de paz en 1979, pero el conflicto armado con Marruecos se ha prolongado hasta hoy. En 1980, los marroquíes iniciaron con asesoramiento técnico israelí y financiación de Arabia Saudí la construcción de un muro de 2.700 kilómetros en el desierto, que se sembró de radares y minas antipersonas, para protegerse de las incursiones del Polisario y que se mantiene hasta hoy como símbolo de la ocupación de la corona alauita, que mantiene desplazada a la zona una fuerza militar de 100.000 hombres.

No fue hasta 1991 cuando tras una mediación internacional ambas partes alcanzaron un alto el fuego y firmaron un acuerdo que incluía como punto sustancial la celebración de un referéndum de autodeterminación que Marruecos nunca se avino a convocar.

No obstante, los esfuerzos diplomáticos marroquíes por conseguir reconocimiento internacional a lo que considera sus provincias del sur siempre chocaron con el criterio de Naciones Unidas, según la cual el Sahara Occidental es uno de los escasos territorios pendientes aún de descolonizar. Hasta la pasada semana, cuando Donald Trump reconoció la soberanía marroquí a cambio de que el reino alauita estableciera relaciones plenas con el Estado de Israel, ningún país occidental consideraba a este territorio como parte de Marruecos. La decisión del mandatario saliente en la Casa Blanca da un giro inesperado a un conflicto que lleva casi medio siglo enquistado y que en el último mes ha visto recrudecido uno de los conflictos bélicos más invisibilizados del mundo.

El pasado 13 de noviembre, tras esperar durante casi 30 años el cumplimiento del acuerdo que dio lugar al alto el fuego, el Polisario retomó sus acciones bélicas. Lo hizo después de que el Ejército de Marruecos penetrara en la zona desmilitarizada del Guerguerat, en la parte sur del territorio, junto a la frontera con Mauritania, para expulsar a unos 50 civiles saharauis que en una acción de protesta pacífica bloqueaban la carretera de acceso a ese país y reclamaban la celebración del referéndum. Desde entonces se han producido enfrentamientos armados entre el Frente y el ejército marroquí sobre los que las informaciones suministradas por una y otra parte difieren en el número de bajas. En todo caso, el Frente considera roto el alto fuego acordado en 1991.

El Frente Polisario controla aproximadamente un 20 por ciento del territorio, el situado en la parte oriental, junto a la frontera con Argelia, donde desde hace más de cuatro décadas malvive buena parte de la población autóctona hacinada en campamentos de refugiados sostenidos gracias a la ayuda internacional y de organizaciones no gubernamentales, la mayor parte españolas. Ahora, con la decisión adoptada por Trump y el recrudecimiento de la guerra, un eventual acuerdo de paz que les permita volver a su tierra después de más de 40 años parece estar más lejos que nunca. 

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Lunes, 30 Noviembre 2020 05:33

Una guerra desde el limbo

Soldado marroquí en una carretera entre Marruecos y Mauritania en la localidad de El Guerguerat, Sahara Occidental, el 23 de noviembre Afp, Fadel Senna

EL REGRESO DE LOS ENFRENTAMIENTOS EN EL SAHARA OCCIDENTAL

A mediados de mes volvieron los combates al territorio saharaui, donde vive más de medio millón de personas y que permanece ocupado ilegalmente por Marruecos desde 1975. La región, testigo de un proceso de descolonización inacabado, tiene una importancia estratégica como vía de comunicación entre Europa y el turbulento Sahel.

 

El recuerdo la deja sin habla. Tenía 15 años cuando corrían los rumores de una posible invasión marroquí en el Sahara Occidental. Después de la que sería la última visita a sus amigas, Suelma Beiruk regresó a la casa de sus padres, en el centro de El Aaiún. Su madre hablaba con el resto de las vecinas y la conversación mezclaba desconfianza e incredulidad: los civiles marroquíes, acompañados por tanques y militares, habían llegado a la capital en noviembre de 1975. Le rogó que se refugiase en el interior del edificio, pero por aquel entonces Beiruk ya militaba en el Frente Polisario y decidió que lo más seguro era huir a pie por el desierto con su marido y su hijo. «Vuelvo mañana», fueron sus palabras, y no ha podido hacerlo hasta la fecha. A su madre y sus hermanas las ha vuelto a ver en una única ocasión.

A principios de noviembre de 1975 y a finales de la dictadura franquista, Marruecos invadió la entonces provincia española con la llamada Marcha Verde. Estalló una guerra con el Polisario, facción política que ya reclamaba la independencia bajo el dominio español. El conflicto cesó con el alto el fuego de 1991, que consolidó la división del Sahara en una zona ocupada por el reino alauita y otra liberada, donde se construyó la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La separación se materializó con un muro minado que divide la región de norte a sur.

El viernes 13 de noviembre, el Polisario consideró roto el alto el fuego con Marruecos tras una acción militar contra civiles saharauis. El Ejército marroquí disolvió una protesta pacífica que exigía la autodeterminación del Sahara Occidental (donde viven unas 600 mil personas, según varias estimaciones) y bloqueaba una carretera en un área desmilitarizada en la frontera con Mauritania, conocida como «el tapón de El Guerguerat». El sábado 14 el Ejecutivo saharaui decretó oficialmente el estado de guerra y así dejó atrás los años de reivindicación pacífica.

Beiruk ejerce hoy como ministra de Asuntos Sociales y Promoción de la Mujer en la RASD. Como la mayor parte de los saharauis exiliados, ha madurado su vida en los campos de refugiados en el oeste de Argelia, en los que hoy viven más de 170 mil personas, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde hace 45 años tres generaciones viven en un limbo. La construcción de los campos en mitad del desierto era una solución temporal a la espera de un referéndum de autodeterminación, que aún no ha tenido lugar, prometido por España como potencia administradora y reconocido por la ONU. Los relatos de los habitantes de los campamentos y las ciudades saharauis mostraban esperanza en esta votación, pero tras la reciente injerencia militar las voces se alzan a favor de la lucha armada.

EL PRIMER DÍA

Aún era de noche cuando Bala Salama caminaba hacia la mezquita con su padre. El bullicio era ya abrumador. Su padre le contaba lo que había escuchado en la radio. «Estamos en guerra. Lo ha anunciado el Polisario tras un incidente en El Guerguerat», aseguraba. Los coches recorrían las calles y sólo se oían sus bocinas. Cuatro días más tarde, el joven de 29 años ya estaba ubicado en una academia militar con otros cientos de saharauis para ser formado como soldado. No conoce a nadie de su entorno que no se haya presentado voluntariamente. «En los últimos 29 años, la situación se calmaba con negociaciones y en los despachos, pero ahora [las autoridades marroquíes] han roto el alto el fuego», opina. Bala nació en el campamento de El Aaiún, pero trabajaba en Madrid. Viajó hace meses a Argelia para visitar a sus familiares, pero, debido a la emergencia sanitaria, ese país africano cerró sus fronteras, por lo que tuvo que quedarse. Hace unas semanas que nació su primer hijo. «Me atormenta pensar que cuando crezca deba decirle que tiene que luchar por recuperar su hogar. Que él fuera refugiado sería muy frustrante», cuenta desde el cuartel.

Beiruk olvidó las pésimas condiciones de vida de sus 45 años en el exilio esa mañana de viernes. Conoce el sufrimiento de la guerra y perdió a su marido en el primer conflicto, pero considera la lucha como «la única solución al haberse agotado la paciencia y el diálogo». Recuerda que la población de los campamentos se despertó con la noticia y la gente salió a la calle en masa. Cuenta que los padres aplaudían la decisión de los más jóvenes de alistarse y que diariamente «llegan solicitudes desde el extranjero y las zonas ocupadas».

En cuanto comprendió la situación, Jalil Naama comunicó su reincorporación al Ejército. Pasó el servicio militar al cumplir la mayoría de edad y ahora, con 34 años, ha sido reubicado en el frente. Todavía no se ha despedido de su mujer y sus hijas, de 2 y 3 años. Es funcionario público y posee su propia clínica dental, pero concibe como un deber responder al llamamiento a filas. Hijo de un excombatiente, vive desde niño la desesperación «de no pertenecer a ninguna parte». «A nadie le gusta la guerra. No hay vencedores. Pero en nuestro caso son 45 años en el exilio con promesas de paz y de un referéndum», confiesa. Habla de su generación, que ha vivido en carne propia la falta de avances y «la mentira». «Las organizaciones internacionales no han garantizado la votación. Vivimos en un limbo eterno. Quiero que mis hijas se sientan en su tierra, que no sientan lo que sentí yo. Lo dejo todo por la causa», concluye.

PREOCUPACIÓN EN LA CRUZ ROJA

El Comité Internacional de la Cruz Roja reconoce la gravedad de la situación y teme por las consecuencias humanas que conllevaría una escalada de violencia en el Sahara. Aun así, no ha planificado una estrategia para garantizar la seguridad del colectivo saharaui en los territorios bajo dominio marroquí. Mantiene, no obstante, «diálogos de carácter confidencial con los dos frentes implicados».

Esos territorios, al oeste y al norte del muro, se han convertido en un correccional a cielo abierto. Las libertades de expresión y movimiento no tienen cabida, de ahí que sean pocas las familias que han podido reencontrarse. Los activistas se ven sometidos a vejaciones, detenciones ilegales, torturas bajo custodia policial y violencia económica. Las asociaciones saharauis denuncian la brutalidad de las autoridades marroquíes incluso ante agentes de la Misión de las Naciones Unidas para la Organización de un Referéndum en el Sahara Occidental.

Durante la primera semana del estado de guerra aumentó con creces la presencia policial, se detuvo a decenas de personas y las manifestaciones fueron reprimidas con gran violencia, según informan medios locales. En octubre Amnistía Internacional insistió a la ONU que se debía realizar una «supervisión efectiva de los derechos humanos» en la zona. Recordó que las autoridades marroquíes restringen el acceso a las organizaciones que los defienden y subrayó la necesidad de garantizar los derechos universales en los campamentos, alegando que tampoco el Polisario había esclarecido ciertos abusos cometidos bajo su control.

LA SOMBRA DEL NARCOTRÁFICO

La carretera que atraviesa El Guerguerat une el norte de África con Sahel y es fundamental para las rutas que conectan el continente con el sur de Europa. Desde 2001, Marruecos ha asfaltado la zona de forma intermitente para conectarla con su red de carreteras y conseguir «una vía con salida a Mauritania para llegar al África central», lo que el Frente Polisario considera, y así lo ha venido comunicado, una violación de los acuerdos.

Asimismo, el Polisario denuncia que la carretera es un punto estratégico para el narcotráfico. Recientes investigaciones en Malí, llevadas a cabo por un panel de expertos creado por el Consejo de Seguridad de la ONU, revelan que el flujo de estupefacientes en el Sahel tiende a ser cada vez más estable y regular. El documento se refiere, entre otros temas, al contrabando de hachís procedente de Marruecos, cuyo destino final es Libia, tras ser transportado por Mauritania, Malí y Níger. En abril de 2019, la Policía marroquí incautó 12 toneladas de hachís en El Guerguerat. La droga era transportada en un camión y estaba escondida en cajas que contenían envases plásticos. Además, la región se caracteriza, desde hace décadas, por el intenso tráfico de armas.

Según el derecho internacional, España todavía es la responsable de proteger los derechos del pueblo saharaui, ya que nunca renunció a su papel como potencia administradora. De hecho, los acuerdos de Madrid de 1975 con Marruecos y Mauritania, en los que se establecía una gestión tripartita del territorio, carecen de validez legal. Todavía se puede pasear por las ciudades saharauis y hablar en castellano con algún anciano que cuenta cómo fue esa despedida tan agria, en la que vio marchar a cientos de conocidos hacia el desierto.

Ana Cortéz
27 noviembre, 2020

(Tomado de El Salto, por convenio. Brecha reproduce fragmentos.)

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Simpatizantes del Frente Polisario responden a una arenga en uno de los campos de refugiados saharauis en Rabuni, Argelia, el viernes 13 de noviembre.Javier Martín Rodríguez / EFE

La organización saharaui sostiene que ha bombardeado cuatro bases militares y dos puestos de vigilancia marroquíes y ha causado bajas. Rabat guarda silencio

 

El secretario general del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Ghali, anunció este sábado la ruptura del alto el fuego firmado con Marruecos en 1991 y decretó el estado de guerra. Desde la otra parte, el Estado marroquí guardó silencio. Mientras el Frente Polisario informaba sobre ataques contra posiciones del “enemigo”, varios medios marroquíes se centraron en los mensajes de apoyo que Rabat ha recibido desde países como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Jordania.

El Frente Polisario aseguró el sábado por la mañana haber causado víctimas mortales a Marruecos y “considerables pérdidas materiales” en la madrugada del viernes al sábado mediante bombardeos efectuados contra cuatro bases militares (entre ellas, las de Mahbes, Hauza, Auserd) y dos puestos de vigilancia. Al caer la tarde del sábado, la organización saharaui emitió su segundo parte de guerra, en el que informaba de que había continuado con los bombardeos contra las bases militares de Mahbes y Bagari y hostigado al “ocupante” en la zona de Guerguerat.

Desde El Aaiún, capital administrativa del Sáhara Occidental, Ahmed Tanji, fundador del grupo de periodistas saharauis Equipe Media, indicó en conversación telefónica: “Aquí han puesto más policías y militares por todas partes. El viernes reprimieron una manifestación de saharauis. Y hoy sábado, algunos agentes marroquíes han lanzado piedras contra algunas casas de activistas saharauis”.

Los 240 observadores que integran la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) no han podido evitar las hostilidades sobre el terreno. La labor de la ONU se ha visto sobrepasada más que nunca en los últimos 29 años, desde la firma del alto el fuego

El ministerio de Exteriores de la RASD emitió el sábado un comunicado en el que indicaba que, tras llevar 29 años a la espera de que se celebre un referéndum de autodeterminación, el pueblo saharaui ha perdido su confianza en las Naciones Unidas y en su misión sobre el terreno. Para la organización saharaui, la misión de la ONU se ha convertido en “custodio” de la explotación por parte de Marruecos de los recursos naturales del Sáhara Occidental, lo que considera un “expolio”.

La comunidad internacional también asiste impotente al desarrollo de los hechos. El ministerio de Exteriores de España, antigua potencia colonial del Sáhara, instó a las partes a través de un comunicado difundido el viernes por la noche a reanudar las negociaciones. Lo mismo hicieron varios representantes de la Unión Europea y de la ONU.

La situación en el Sáhara Occidental vivió el viernes el momento de mayor violencia desde 1991. Fuerzas del ejército marroquí disolvieron una protesta de civiles saharauis que mantenían cerrada desde el 21 de octubre la carretera que une el Sáhara Occidental con Marruecos. El ejército marroquí señala que en ningún momento tomó contacto con civiles, pero ambas partes reconocen que durante la operación de desalojo intercambiaron disparos, sin que se registrara en principio ningún herido. El sábado por la tarde el tráfico en el paso de Guerguerat quedó restablecido por el Ejército marroquí, según indicó informó la agencia oficial MAP. El comunicado no mencionó ningún ataque del Frente Polisario.

Marruecos no reconoce bajas por ahora

Ante el hecho de que Rabat no haya reconocido hasta el momento ninguna baja mortal, una fuente del Frente Polisario alegó: “Marruecos no va a reconocer ni que estamos en guerra ni que han sufrido bajas mortales. Solo lo reconocerán cuando entremos en algunas de sus bases militares. Marruecos nunca reconoció que tuvimos presos a 4.000 de sus soldados durante la guerra que mantuvimos [1976-1991].

Respecto a la desproporción que hay entre los dos bandos, la citada fuente añadió: “Somos conscientes. Nunca hemos negado que ellos son mucho más poderosos que nosotros. Pero el muro que ellos construyeron en el desierto juega a nuestro favor. Porque el muro [construido a lo largo de 2.500 kilómetros en el desierto] les obliga a atrincherarse. Y esa posición nos da la ventaja de marcar el ritmo de las ofensivas”.

Mientras el Frente Polisario señala abiertamente que la guerra se ha desatado en el Sáhara Occidental al cabo de 29 años, Rabat no se expresa en los mismos términos. El Estado Mayor de Marruecos indicó en un comunicado el viernes por la tarde que, frente a los disparos recibidos de la parte del Frente Polisario, sus fuerzas decidieron responder y provocaron la huida de los “milicianos”.

Por Francisco Peregil

Rabat - 14 nov 2020 - 15:23 COT

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Putin lamentó el sentimiento antirruso en el Partido Demócrata.Foto Ap

La Doctrina Estrada, promulgada en 1930 por México, enaltece los principios de libre autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en los asuntos domésticos de otros países.

Otorga mayor margen de maniobra geopolítica a México, frente a la degradante sumisión esclavista al fracasado decálogo neoliberal del "Consenso de Washington" (https://bit.ly/2TjIg4X) que le supedita(ba) practicar una política decimonónica de "ejes".

Para México, la Doctrina Estrada es la consecuencia de la tormentosa relación con EU desde el siglo 19 y constituye un imperativo protector diplomático: al carecer de armas nucleares, con un ejército muy endeble y después de múltiples invasiones (https://bit.ly/31zmApG).

En la fase de la 4T, México regresó sabiamente a los fundamentos de la Doctrina Estrada cuando carece de anticuerpos de toda índole en su interface con EU.

El zar Vlady Putin, con la mayor dotación de armas nucleares del planeta y su portentosa panoplia de armas hipersónicas, adopta los principios fundamentales de la Doctrina Estrada, sin citarla, debido a la participación de Rusia al "equilibrio estratégico" global para así tratar civilizada y diplomáticamente con EU, en lugar de llegar a una confrontación nuclear inevitable que constituiría el Apocalipsis de todas las especies vivientes de la creación.

En una entrevista a Rossiya TV (https://bit.ly/34lGiXT), declaró: "Trabajaremos con cualquier futuro presidente de EU, a quien el pueblo estadunidense otorgue su voto de confianza".

Después del sonoro fracaso del fake Russiagate, ahora con la fétida exposición de los correos de Hunter, hijo del ex vicepresidente y candidato presidencial Joe Biden, los demócratas alegan que se trata de "desinformación rusa" que fomenta su "títere" Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York durante el 11/9 y abogado particular de Trump, mientras que los republicanos exhuman los lazos mafiosos de los demócratas y de la familia Biden con Ucrania/Kazajistán/China.

Tanto la virulenta rusofobia como la patógena sinofobia forman parte del maniqueísmo primario que practican los decadentes políticos estadunidenses para atizar la ya muy aburrida "imagen del enemigo".

A propósito, el zar Vlady expresó que los "ideales socialdemócratas" del Partido Demócrata se parecen a los que llevaron al ascenso del comunismo, por lo que Rusia pudiera conformar una "base ideológica" para una relación de trabajo en caso del triunfo de Joe Biden, hoy favorito de las encuestas, que no suelen ser muy rigurosas ni precisas en EU. Y que conste que ahora Rusia ya no practica el comunismo, sino más bien un capitalismo con cobertura estatal.

El zar lamentó la antipatía antirrusa que predomina en los circuitos del Partido Demócrata, a lo cual se dice "lamentablemente estar acostumbrado". Luego añadió que "el Partido Demócrata está más cercano tradicionalmente a los valores liberales (sic), más cercano a las ideas socialdemócratas, si se compara a Europa". Recalcó que fue en ese "ambiente socialdemócrata donde evolucionó el Partido Comunista".

El zar comentó que "todavía le gustan varios de esos valores de izquierda (sic)" y enfatizó que la "igualdad y fraternidad" son "muy afines a los valores cristianos", aceptando que "son difícil de implementar, pero son muy atractivos (sic)".

Alexander Dugin –autor de La cuarta teoría política (https://bit.ly/37BIv3q) y uno de los principales ideólogos de Rusia– enaltece los valores de la "cristiandad ortodoxa" como pilar de la Rusia resurrecta, tesis que ha adoptado el zar Vlady.

El zar rechaza que Rusia interfiera en el proceso electoral: "Lo que sucede en EU es el resultado de sus procesos políticos internos y sus problemas" y se dijo halagado cuando Biden se refiere a Trump como la "marioneta de Putin". Sobre las "humillaciones o insultos" que le profiere Biden, comentó que ello "mejora el prestigio de Rusia".

Finalmente, criticó el retiro de EU del sensible Tratado de Fuerzas Nucleares Intermedias (INF), y recordó que EU y Rusia colaboran para estabilizar el mercado petrolero global.

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¿Qué está en riesgo después de que la justicia de Brasil autorizara la venta de las refinerías de Petrobras?

La oposición considera que la operación es una "traición" al país, cuya cadena de producción de petróleo y de gas representa 45 % del PIB industrial.

 

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil autorizó la venta de ocho de las 13 refinerías de la estatal Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), sin contar con la aprobación del Congreso del gigante sudamericano.

Con seis votos a favor de la venta y cuatro en contra, el máximo tribunal brasileño rechazó un recurso presentado por la mesa directiva del Legislativo, que acusaba al Ejecutivo de Jair Bolsonaro de querer dividir la empresa en subsidiarias sin su aprobación.

Con la venta de estas refinerías, la estatal petrolera brasileña espera recibir cerca de 8.000 millones de dólares; pero, además, pretende vender otros activos, por un monto total de 23.000 millones de dólares hasta el 2023, según establece el plan de inversiones de Petrobras.

En su decisión, el STF determinó que con la venta, el Gobierno no eludía al Parlamento y que, además, no se violaba otra decisión de la Corte, tomada el año pasado, que determinó que era necesario el aval del Legislativo para vender la "matriz" de Petrobras, pero no para la privatización de las filiales.

Además, los magistrados concluyeron que el plan de desinversión de la empresa tiene como objetivo asegurar una mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia para la gestión.

"La soberanía nacional está en riesgo"

A propósito del 67 aniversario de la fundación de Petrobras (su creación se llevó a cabo el 3 de octubre de 1953) y ante el fallo del STF, el expresidente de Brasil Lula Da Silva se pronunció para denunciar que, con esta medida, "la soberanía nacional está en riesgo".

En un breve comunicado divulgado en Twitter, Lula consideró a la petrolera como un "símbolo" de la soberanía de Brasil, por lo que rechazó que hubiese políticos que "vendan sus almas al diablo", en referencia a quienes pretenden privatizar la estatal.

El exmandatario destacó, además, que la compañía garantiza el bienestar de los 210 millones de brasileños, sea cual sea su origen social.

Por su parte, la exmandataria Dilma Rousseff acusó al gobierno de Bolsonaro de actuar de manera deliberada para "desnacionalizar" la riqueza del país, mediante la defensa del liberalismo "y al servicio de los intereses de EE.UU.". "Todo esto es una traición a Brasil y a nuestra gente", recalcó.

Congresistas continuarán denunciando 

"Lamentablemente, luego de muchos años de lucha que culminaron en la consecución de nuestra autosuficiencia petrolera, estamos asistiendo a un verdadero desmantelamiento de la que es una de las empresas más importantes del país", lamentó el senador Jean Paul Prates, presidente del Frente Mixto de Defensa Parlamentaria de Petrobras.

El congresista explicó que el impacto negativo de esta estrategia de privatización es más evidente cuando se toma en cuenta que "la cadena de producción de petróleo y gas representa actualmente el 45 % del Producto Interno Bruto (PIB) industrial" de Brasil, incluso —añadió— "con la desaceleración de las actividades de Petrobras".

Por ello, deploró que la Corte "no haya reconocido la urgencia y el riesgo que representa la decisión del Gobierno de enajenar bienes públicos sin autorización legislativa". Sin embargo, destacó que "es solo una decisión preliminar, que debe ser confirmada o revisada en cuanto al fondo"; por lo que mantendrá el debate sobre este tema ante la opinión pública, para que —según dijo— "la gente entienda lo que está en juego".

"Esta decisión de la Corte Suprema daña mucho la lucha que venimos librando en el Congreso, pero seguiremos siendo un escollo por cada ataque al patrimonio nacional, en la base, con los trabajadores", manifestó, por su parte, el diputado Ivan Valente.

De igual forma, la joven diputada Natália Bonavides ha llamado a proteger a la petrolera. "Actualmente, en momentos en los que la empresa está bajo constantes ataques del gobierno de Bolsonaro, necesitamos defender a la estatal y a sus trabajadores que tienen mucho que aportar al desarrollo, la independencia y la soberanía de Brasil".

En el plan de Bolsonaro

La privatización de Petrobras es parte del plan de privatizaciones que prometió Bolsonaro durante las elecciones de 2018. Durante la campaña, el ahora mandatario llegó a decir públicamente que iba a "extinguir gran parte de las estatales".

Además de Petrobras, el plan de privatizaciones incluye a Eletrobras, cuya proceso de desnacionalización tuvo luz verde en 2019. Su antecesor, Michel Temer, ya había iniciado la venta de varias distribuidoras.

El año pasado también se anunciaron las privatizaciones de Correos de Brasil, conocida simplemente como Correios, la mayor compañía de logística de América Latina; y el puerto de Santos, el más importante del país.

Asimismo, entraron en ese paquete Telecomunicaciones Brasileñas (Telebrás), Servicio Federal de Procesamiento de Datos (SERPRO) —que era la mayor empresa pública de tecnología de la información del mundo—, la Empresa de Tecnología e Información de la Seguridad Social (DATAPREV, por sus siglas en portugués), así como la Agencia Brasileña de Gestión de Fondos de Garantía y Garantía (ABGF) y la Empresa Gestora de Activos (EMGEA).

En julio de 2019, se terminó de privatizar, mediante la venta de la mayoría del paquete accionario a fondos de inversión, la compañía BR Distribuidora, la principal proveedora de combustibles, que era una subsidiaria de Petrobras.

"El Estado está hinchado y debe deshacerse de sus empresas deficitarias, así como de las que pueden ser mejor gestionadas por la iniciativa privada", dijo Bolsonaro en agosto pasado, al ratificar que las privatizaciones continuarán.

Publicado: 5 oct 2020 21:52 GMT

Por Edgar Romero

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Viernes, 02 Octubre 2020 06:06

Palestina: la ocupación sin fin

Palestina: la ocupación sin fin

“Que nunca experimente la agonía de que le roben su país; que nunca sienta el dolor de vivir en cautiverio bajo la ocupación; que nunca sea vendido por sus ‘amigos’”, escribió Hanan Ashrawi, integrante del Comité Ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en reacción al auspiciado por la administración trumpista y firmado hace un par de semanas "acuerdo de paz" entre Emiratos Árabes Unidos (EAU), Bahréin e Israel (bit.ly/346EzEp ). Cuando el año pasado EU presentó su "plan de paz para el Medio Oriente" ( The deal of the century), para el cual uno de los talleres” propagandísticos se realizó en Bahréin. Asimismo, Ashrawi remarcó que el meollo de este "acuerdo" en el que se concedía todo a Israel y nada a Palestina era "la ocupación", una palabra que ni siquiera aparecía en el documento (bit.ly/2S9vMfo). De manera similar –como "una agenda para la ocupación permanente"−, Ashrawi calificó los planes israelíes para los nuevos asentamientos alrededor de Jerusalén (bit.ly/33Kj3p3). Mientras en aquel entonces censuró la hipocresía del mundo que teme decirle algo a Trump respecto a su incondicional apoyo a Israel y al propio Israel por su interminable ocupación de Palestina, ahora se lo reprochó a EAU y Bahréin, que traicionando la causa palestina "sacaron no más a la luz sus tratos secretos con Israel" (bit.ly/33dtHpj).

En efecto. Más que "un acuerdo de paz" –los tres países nunca han estado en guerra y desde hace años mantenían relaciones no-oficiales−, lo firmado bajo la tutela de Trump ha sido sólo un burdo trato de armas. ¿Los beneficiados? La industria militar estadunidense (bit.ly/2EIL6wt) y la israelí que desde hace años surte a los ricos regímenes del golfo con sus avanzadas tecnologías de vigilancia usadas para reprimir la disidencia interna (bit.ly/32NgF1l, bit.ly/3cnE10L). Si bien oficialmente, como parte del "acuerdo", Israel se comprometió con EAU "a no anexar (por ahora) a Cisjordania", la decisión de frenarla (sin descartarla en el futuro) ya se tomó anteriormente a nivel de la política interna israelí (bit.ly/2FRToCs). Si hay algún efecto práctico de dicho acuerdo es la normalización de la ocupación de Palestina –siendo ésta, en la práctica, una forma de anexión (bit.ly/3kxF9lb)− y la eternalización del sufrimiento del pueblo palestino. Igualmente el auspiciado por Trump y firmado en el mismo tiempo "acuerdo de paz" entre Serbia y Kosovo que parecía ideado sólo para poder incluir en él cláusulas respecto a Medio Oriente (sic), igualmente apuntaba a legitimar la ocupación obligando a ambas partes a reconocer a Jerusalén como "la capital de Israel" (bit.ly/349xUcy).

Si bien tras la guerra de los Seis Días –"una guerra de conquista" (Tom Segev)−, que convirtió a Israel en un imperio colonial al ocupar Cisjordania, Gaza, los Altos de Golán y la península de Sinaí (de los cuales éste sólo evacuó a Sinaí y cambió la ocupación de Gaza por un inhumano bloqueo convirtiendo la ocupación de Palestina en la más larga ocupación militar en la historia moderna: 53 años y contando) varios prominentes políticos israelíes alertaban "que la prolongada ocupación destruiría el tejido de la sociedad israelí" (Avi Shlaim, The Iron Wall: Israel and the Arab World, 2000, p. 317), Israel más bien aprendió a organizar la sociedad alrededor de ella. Convirtió la debilidad (todo el derecho internacional está aquí del lado de los palestinos) en una fortaleza que lo hacía atractivo sobre todo para los regímenes represores en el mundo. Los territorios ocupados se convirtieron en un enorme laboratorio para el armamento y las tecnologías de vigilancia y control de masas con palestinos en calidad de conejillos de indias (bit.ly/3cisuQw). El reciente "acuerdo de paz" ni siquiera pretende tapar esta realidad. Más bien la confirma, demostrando que lo más provechoso es continuar la ocupación –y seguir en una perpetua "zona gris" entre ocupación y anexión, la ambigüedad de la que es especialista Netanyahu, bien remarca Avi Shlaim bit.ly/2ZThvb5)− que terminarla.

Escenificar su firma en el mismo césped sur de la Casa Blanca (bit.ly/33IOlfP) donde en 1993 se firmaron los Acuerdos de Oslo (Arafat/Clinton/Rabin), fue igualmente revelador: ha sido precisamente Oslo que más que "abrir el camino a la paz" le permitió a Israel "rempacar la ocupación" y bajar sus costos reales y políticos al transferirle la carga de controlar la población ocupada a la Autoridad Palestina encargada ahora de sofocar la resistencia armada y pacífica a la ocupación (bit.ly/30eYO1w) sin comprometerse prácticamente a nada (la conformación del Estado palestino, el retiro de los asentamientos ilegales, etcétera). La formación de un régimen colaboracionista bajo Arafat (y luego Abbas) −"un subcontratista de la ocupación"−, igual que en otros casos históricos, ha sido crucial para manejarla sin tener que ceder nada del territorio. En su tiempo Ashrawi censuró a Arafat diciendo que ni él ni los demás dirigentes de la OLP vivieron bajo la ocupación –estaban en el exilio− y no tenían idea que firmaban con Oslo en su forma presentada por los israelíes (Avi Shlaim, Israel and Palestine, 2009, p. 220), aunque luego se incorporó a autoridades encargados de administrarla. En este sentido tanto los acuerdos con EAU y Bahréin, como el previo "acuerdo del siglo", se vislumbran no como la "traición", sino consolidación y continuación del "espíritu de Oslo".

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Fuentes: CADTM [Foto de Rohan Makhecha, Unsplash]

En una resolución sancionada el 23 de marzo de 2016 el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU explicaba que “el peso creciente de la deuda a la que deben hacer frente los países en desarrollo más endeudados, en especial los menos desarrollados, no es viable y constituye uno de los principales factores que impiden el avance del desarrollo sostenible centrado en la población y la eliminación de la pobreza […]. Para una buen número de países en desarrollo y de países en transición el servicio excesivo de la deuda ha limitado en gran medida sus capacidades de promover el desarrollo social y la provisión de los servicios esenciales necesarios para la indispensable conformación de las condiciones que permitan el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales […]. Los países en desarrollo continúan desembolsando anualmente mucho más de lo que reciben como ayuda pública al desarrollo”.

El FMI es en parte responsable de la crisis actual

Debido al desarrollo de sus políticas deajuste estructuralque imponen la liberalización de economías frágiles y drásticas medidas de austeridad a muchos países del sur a cambio de posibilitarles préstamos, el FMI ha participado ampliamente en esta comprobación del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Ninguno de los países que haya aplicado ajustes estructurales ha podido sostener de manera constante un índice de crecimiento elevado.

Las desigualdades sociales han aumentado por todas partes. Ningún país “ajustado” se ha librado de esta triste comprobación (1). De este modo, los recortes del gasto público recomendados por las instituciones financieras internacionales (IFI) impiden a los países “beneficiarios” de la ayuda del FMI asegurar a sus ciudadanos cierto nivel de protección social.

Si los países del sur ven en estos tiempos desbordados sus sistemas de salud y sin posibilidades de asegurar la protección sanitaria de sus habitantes frente al covid-19 se debe en gran parte a las mortíferas políticas de las IFI y especialmente del FMI. Destacamos que esta comprobación no es nueva (2) y que los investigadores del departamento de sociología de la Universidad de Cambridge, de la Universidad de Oxford, y de la London School of Hygiene and Tropical Medicine lo habían señalado ya en un artículo científico con ocasión de la epidemia del ébola en el 2014. Esos estudios llegaban a la conclusión de que “las exigencias del FMI en materia de rigor presupuestario debilitaron los sistemas de salud de los países africanos más duramente golpeados por el virus del ébola e impidieron también encarar una defensa coordinada contra dicha epidemia” (3). Hoy en día la historia se repite y pone de relieve que el FMI no ha sabido sacar ninguna lección de las crisis anteriores y permanece subordinado a los intereses de los acreedores privados a los que hay que reembolsar cueste lo que cueste, aún a costa del bienestar de los pueblos del Sur. Luego de la epidemia del ébola, el CADTM había reaccionado a través de varios llamados pidiendo la anulación de las deudas de los países que la habían sufrido (4)

Reacciones y propuestas del FMI en la gestión de la actual epidemia del covid-19.

El 4 de marzo de 2020 con oportunidad de una rueda de prensa compartida con el Banco Mundial, el FMI presentó en grandes las líneas las intervenciones que tenía previstas en el marco de la epidemia de covid-19. Las medidas enunciadas eran de dos tipos; 1) el aumento de su capacidad de préstamos a los países del Sur y 2) la movilización de las subvenciones con el propósito de aliviar el servicio de la deuda de los países más pobres del Sur con relación al FMI (5). Desde entonces el FMI ha puesto en marcha la maquinaria y ha anunciado varias medidas concretas.

  1. El anuncio que más han destacado el FMI y la mayoría de los medios consiste en el alivio del pago de la deuda por parte de 25 países pobres, de los cuales 19 son africanos, por un monto de 500 millones de dólares. Esta medida debe permitir cubrir durante seis meses los reembolsos adeudados al FMI y a los países “dedicar una mayor cantidad de sus escasos recursos a las urgencias médicas y de ayuda” (6). En la práctica el FMI será ampliamente reembolsado a través de sus fondos fiduciarios de asistencia y respuesta a las catástrofes especialmente apoyado por los Países Bajos, China, el Reino Unido y Japón. Así, el FMI no cancela las deudas de los países con problemas y (i) mantiene su poder de presión sobre los gobiernos para reclamar en el futuro políticas de austeridad manteniendo el vínculo deudor-acreedor y (ii) no hace que esas donaciones permitan a los países pobres hacer frente a la situación sanitaria, por ejemplo, para comprar equipo médico y contratar personal.
  2. Se han concedido préstamos de emergencia a varios países africanos, como Costa de Marfil. Así, este país ha conseguido un desembolso de 295,4 millones de dólares en el marco de Servicio de Crédito Rápido, es decir, en forma de préstamo a tasa cero reembolsable en 10 años, y un desembolso de 590,8 millones de dólares en el marco del Instrumento Financiero Rápido, un crédito reembolsable en un plazo de entre tres y cinco años (7). En consecuencia, el FMI aprovecha la crisis para fortalecer y aumentar su poder de presión sobre los países africanos volviendo más pesado el fardo de la deuda ya de por sí tremendamente dura para muchos países. Además Mitsuhiro Furusawa, director general adjunto del FMI, ha declarado que una vez controlada la epidemia de covid 19 será “importante que el déficit presupuestario vuelva a la situación anterior a la crisis para preservar al mismo tiempo lo adquirido en el marco del programa del FMI y la viabilidad de la deuda a medio plazo”. Esta declaración anticipa una vuelta con fuerza del FMI luego de la crisis, como ocurrió después de la crisis el 2008.

Una asistencia siempre muy política

El pasado 16 de abril 102 países habían pedido oficialmente un préstamo al FMI, que los aprobó en su mayor parte, incluidos los de Nigeria, Pakistán Ghana, Túnez, Senegal y Albania. Sin embargo, es de notar que el gobierno venezolano en conflicto con los EEUU ha visto rechazado su pedido (8). Opuesto al caso venezolano está el “buen alumno” chileno. Para este país, en el que la población se manifestó durante meses contra las políticas de austeridad de los últimos meses, se ha desbloqueado una línea de crédito flexible de 24.000 millones de dólares. La línea de crédito flexible “es un instrumento que permite al país el acceso a montos importantes en cualquier momento. Más allá de los fondos disponibles inmediatamente en caso de necesidad, constituye también una muestra de confianza del Fondo hacia la política económica del beneficiario y una excelente señal para el acceso a otras fuentes de financiamiento”. Este ejemplo de Chile causa gran inquietud a los pueblos y a los movimientos sociales latinoamericanos, como Argentina, fuertemente marcados por las políticas de austeridad impuestas por el FMI en los últimos decenios.

En otros lugares del mundo, como Líbano, luego de meses de manifestaciones debidas a las medidas de austeridad, el gobierno no encontró nada más original que acordar con el FMI la puesta en marcha de un plan quinquenal. Adoptado a fines de abril su objetivo es reducir el déficit público y prevé una suba de impuestos, un congelamiento del empleo en el sector público, un aumento del precio de la electricidad y la reducción de las subvenciones a dicho sector. Prevé igualmente una reestructuración de la deuda y del sector bancario. Hasta ahora ha sido rechazado por la Asociación de Bancos del Líbano.

El FMI se mantiene igualmente activo en el Norte. En Ucrania, país asistido desde la guerra civil que estallara en 2014, el FMI y el gobierno negociaron el 21 de mayo un acuerdo a propósito de un nuevo programa de ayuda de 5.000 millones de dólares en 18 meses “para ayudar a Kiev a superar la epidemia del coronavirus”. Este “acuerdo de confirmación” esta avalado a cambio de un programa de reformas. Se tardó muchas semanas en llegar a este acuerdo porque había que votar la ley llamada “anti Kolomoiski” (cuyo objeto es impedir que los antiguos propietarios bancarios puedan recuperar sus empresas si fueron nacionalizadas, aunque hubiera habido vicios de procedimiento, y reconocerles como máximo una compensación financiera por el perjuicio sufrido) y, sobre todo, la ley relacionada con la eliminación de la moratoriasobre la venta de tierras agrícolas. El límite de superficie que puede poseer una persona física era de 100 hectáreas, a partir del 1° de enero de 2024 las sociedades podrán comprar tierras agrícolas hasta un máximo de 10.000 hectáreas. (9)

La alternativa DTS

El 14 de abril de 2020 Gordon Brown, exministro de Finanzas y primer ministro del Reino Unido y Lawrence H. Summers, profesor de economía de la Universidad de Harvard y exministro de finanzas de los EEUU, opinaban en el Washington Post que debían fortalecerse los poderes intervencionistas del FMI, especialmente mediante el uso de los DTS, derechos especiales de emisiones: se trata de un sistema pilotado por el FMI que permite completar sus reservas a los países miembros.

Dominique Strauss-Khan propone además recurrir a los DTS combinado con un alivio de las deudas de los países en desarrollo. Según el antiguo director del FMI, si no se hace Occidente se expone sobre todo a una crisis migratoria sin precedentes… Voces de la izquierda (y no de centro, como las neoliberales precedentemente mencionadas) reclaman también DTS y paralelamente la anulación de las deudas. Se olvidan, sin embargo, que los DTS también son préstamos del FMI que implican su reembolso bajo ciertas condiciones y tasas de interés.

Por Robin Delobel, Adrien Péroches | 23/09/2020

Traducido del francés para Rebelión por Susana Merino

Artículo tomado del AVP n.º78 « Dette, coronavirus et alternatives », revista semestral del CADTM gratuitamente disponible en pdf, en venta a 5 euros o por abono anual.

Notas:

(1) Toussaint E. (2019), « Retour sur la crise de 1982 ». AVP Dettes aux Suds, tercer trimestre de 2019, 1 p.

(2) Le Monde (2014), « Des chercheurs pointent une responsabilité du FMI dans l’épidémie d’Ebola. », publicado on line el 22 de diciembre de 2014, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2014/12/22/les-exigences-du-fmi-ont-affaibli-les-systemes-de-sante-des-pays-africains-frappes-par-ebola_4544492_3212.html

(3) Kentikelenis et al. (2014), « The International Monetary Fund and the Ebola outbreak, », The Lancet Global Health Vol. 3(2), pp. 69-70.

(4) https://www.cadtm.org/Le-CADTM-France-demande-l

(5) FMI & Banque Mondiale (2020), Réponse du Groupe de la Banque mondiale et du FMI au Covid-19, transcripción de la rueda de prensa de Mme Georgieva & M, Malpass, 4 de marzo de 2020.

(6) Le Figaro (2020), « Le FMI accorde des fonds à 25 pays très pauvres pour alléger leur dette », publicado on line el de abril de 2020, https://www.lefigaro.fr/conjoncture/le-fmi-accorde-des-fonds-a-25-pays-tres-pauvres-pour-alleger-leur-dette-20200414

(7) Fualdes N. (2020), « La Côte d’Ivoire obtient près de 900 millions de dollars du FMI pour faire face au coronavirus », Jeune Afrique, publicado on line el 22 de abril de 2020, https://www.jeuneafrique.com/932004/economie/la-cote-divoire-obtient-pres-de-900-millions-de-dollars-du-fmi-pour-faire-face-au-coronavirus/

(8) https://www.lesoir.be/287999/article/2020-03-17/le-venezuela-demande-au-fmi-une-aide-de-5-milliards-de-dollars

(9) www.farmlandgrab.org/post/view/29555-lukraine-leve-le-moratoire-sur-la-vente-des-terres-agricoles-contre-laide-du-fmi

Fuente: http://www.cadtm.org/Quand-le-FMI-profite-de-la-covid-19-pour-augmenter-son-emprise-sur-les-pays-du

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El no alineamiento activo: una camino para América Latina

Más de medio siglo después de la creación del Movimiento de Países No Alineados, el mundo ha cambiado drásticamente. Sin embargo, una renovación conceptual de la idea de «no alineamiento» puede ser útil para América Latina en esta nueva etapa caracterizada por la disputa entre Estados Unidos y China.

 

Algo anda muy mal en América Latina. Con un 8% de la población mundial, la región concentra el 31,9 % del total de muertos (270 mil sobre 844 mil, a fines de agosto de 2020) por la pandemia de covid-19, cuatro veces de lo que le «correspondería». Diversas proyecciones indican que la caída del PIB en 2020 fluctuará entre 9,1% según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y 9,4% según el Fondo Monetario Internacional, constituyéndose como el peor desempeño de la economía de la región. La caída de la economía mundial se calcula en 4,9%. Según la Cepal, la crisis provocará un aumento de 45,4 millones de pobres, cifra que haría alcanzar un total de 231 millones. Se trata de un 35% de la población total, lo que retrotraería los índices a los niveles de 2006.

Una constante del subdesarrollo latinoamericano es una inserción internacional defectuosa, subordinada a la potencia hegemónica dominante. Ella se basa en una división del trabajo especializada en la producción de materias primas exportadas con bajos grados de elaboración y en la importación de productos con mucho mayor valor agregado. El deterioro de los términos del intercambio, según la expresión de Raúl Prebisch, se encuentra en la base de nuestro estancamiento. Por ello, la región no sale de la «trampa del ingreso medio».

En años recientes, el boom de los commodities pareció contravenir esa tesis. Entre 2003 y 2013, América Latina vivió una década dorada, sustentada en el alto precio de las materias primas exportadas. Fue ello lo que le permitió a la región sobrellevar con éxito la recesión mundial de 2008-2009. Sin embargo, bastó un cambio de signo de la coyuntura internacional y una ligera baja en la tasa de crecimiento de China, para revertir ese auge. Fue en ese contexto (la «media década perdida» de 2015-2020, con una tasa anual de crecimiento inferior al 2%), en el que la región recibió el golpe de la pandemia de covid-19. Ahora, el entorno internacional, dominado por la pugna Estados Unidos y China, apunta a restringir aún más las opciones de la región, en particular dada la exigencia de Washington de que América Latina rompa sus lazos con China y se alinee con Estados Unidos.

Resucitando la Doctrina Monroe

En febrero de 2018, en vísperas de su primer viaje a América Latina, el entonces Secretario de Estado Rex Tillerson, con ocasión de un discurso en la Universidad de Texas en Austin, anunció que la Doctrina Monroe se mantenía vigente, contradiciendo así los a su predecesor, John Kerry, que en 2013 había afirmado lo contrario. Esta doctrina, por la cual Estados Unidos se arroga el derecho a excluir a países no americanos de tener una presencia en el hemisferio occidental, se consideraba un anacronismo decimonónico.

Desde entonces, el gobierno de Trump ha aplicado esta doctrina sine die. Las visitas de sus secretarios de Estado - Rex Tillerson y su sucesor, Mike Pompeo-, de su secretario de Defensa Jim Mattis, y de otros integrantes de su Gabinete, trasmitieron el mensaje de que los países latinoamericanos deben mantenerse alejados de China. Algo similar podría decirse de esfuerzos por bloquear la presencia de Rusia e Irán, en este último caso incluyendo la intercepción de cargueros con petróleo iraní con rumbo a Venezuela. El rompimiento de una tradición establecida de 60 años de una presidencia latinoamericana del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con la candidatura de un estadounidense para ella, aspira a utilizar el BID para excluir de la región a potencias extracontinentales, especialmente a China.

Este afán de retrotraer la historia al siglo XIX es inaceptable. El gran cambio que se ha dado en el nuevo siglo en la región ha sido precisamente hacia una diversificación de sus relaciones exteriores. En esa diversificación cabe destacar los contactos cada vez más frecuentes con países asiáticos como China, India, Corea del Sur e Indonesia, entre otros. En 2020, en un mundo globalizado, la noción que los países latinoamericanos solo deban vincularse con aquellos países para los que tienen permiso de la Casa Blanca es contraintuitiva. Ello es especialmente cierto para los lazos con Asia, la zona más dinámica y de mayor crecimiento en el mundo contemporáneo.

De hecho, para Argentina, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, China es hoy el principal socio comercial, desplazando de esa condición a Estados Unidos, Europa o Japón. La paradoja de la presencia china en la región, sin embargo, es que por una parte disminuye la dependencia tradicional de los Estados Unidos y Europa, al aumentar las opciones y alternativas para América Latina. Ello no puede sino ser bienvenido. Sin embargo, la forma de inserción internacional resultante de los lazos con China no es sustancialmente distinta de la clásica relación centro-periferia. Ella se traduce en un comercio basado en las exportaciones de materia prima de la región y la importación de productos manufacturados chinos.

Esta constatación es fundamental para sostener una política de no alineamiento activoAsí, como la región debe rechazar la resurrección de la Doctrina Monroe, y la subordinación de las políticas exteriores al visto bueno del Departamento de Estado, la relación con China debe ser objeto de una política que ponga por delante nuestras preferencias nacionales. De otra forma, continuarán reproduciéndose las clásicas relaciones de dominación centro-periferia.

Del Tercer Mundo al Nuevo Sur

Más de medio siglo después de la fundación del Movimiento de Países No Alineados (NOAL), el mundo es otro. Con la caída de los socialismos reales en Europa Central y Oriental –y con ellos, la del así llamado Segundo Mundo—, el Tercer Mundo pasó a ser el Sur Global. Junto a ello se ha dado también lo que el Banco Mundial ha denominado una masiva «transferencia de riqueza», del Norte al Sur y un giro del eje geoeconómico del Atlántico Norte al Asia Pacífico. De representar entre un 20 y un 30% de los flujos de comercio e inversión internacionales en las décadas de 1960 y 1970, el Sur Global pasó a representar un 50% de ellos en 2015. Ese año el crecimiento de China representó un 30% del de la propia economía mundial. Pero el enorme auge de los países del Sur Global, sobre todo de China e India, pero también de otros países como Brasil (bajo los gobiernos de Lula), Indonesia y Turquía, no ocurre en un vacío.

Ello ha ido de la mano con un creciente populismo y proteccionismo en los países del Norte, los mismos que alguna vez lideraron el orden internacional liberal vigente después de la postguerra. Mientras China, India y otros países asiáticos se abrían a la globalización, Estados Unidos y Reino Unido se cerraban, denunciándola como la culpable de todos sus males. Cuando el mayor dinamismo económico se produce en Asia, la antigua noción de centro-periferia adquiere otra connotación. Lo que hay es un realineamiento de las jerarquías en el orden económico internacional, al que América Latina aún no se ha adaptado. Ha sido superada la concepción tradicional de que modernidad y progreso eran sinónimos de Estados Unidos y Europa. Alcanza con comparar el aeropuerto de Daxing en Beijing, inaugurado en 2019, que parece provenir de una película de ciencia ficción, con el JFK de Nueva York, que parece (y es) de la década de 1960. En 2050, se proyecta que la mitad del producto mundial provendrá de Asia.

En el nuevo milenio, el concepto de Sur Global viene a remplazar al de Tercer Mundo que había dominado el discurso de los países en desarrollo desde 1955. Surgen nuevas plataformas institucionales, que se suman a los tradicionales (el Movimiento de los Países No Alineados y Grupo de los 77 en Naciones Unidas). La más importante de ellas es el grupo BRICS. Aprovechando el dinamismo económico del mundo en desarrollo, la diplomacia de los Cahiers des doleances (cuadernos de quejas) va siendo sustituida por la idea de movilizar recursos financieros colectivos, de lo que es ejemplo emblemático el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, con sede en Shanghai. En el área de comercio, se extiende la percepción de que el libre intercambio puede ser una palanca de desarrollo en la medida en que coexista con la salvaguardia de los intereses fundamentales de las sociedades nacionales, tales como la seguridad alimentaria, una posibilidad de definir estrategias de entorno.

Un no alineamiento activo para un nuevo orden internacional

En estos términosuna política de un no alineamiento activo por parte de América Latina no se refiere solo tomar una posición equidistante de Washington y de Beijing. Significa también asumir que existe un mundo ancho y ajeno más allá de los referentes diplomáticos tradicionales, que Asia es el principal polo de crecimiento en el mundo hoy, y que existen vastas zonas del mundo que han estado fuera del radar de nuestros países. Ellas incluyen gran parte de África y Asia Centralcuyas proyecciones de crecimiento demográfico y económico en las próximas décadas ofrecen enormes posibilidades, que ignoramos a costa nuestra. Salvando las diferencias, compartimos también con Europa la necesidad de construir un espacio de no alineamiento activo para no terminar aplastado por las confrontaciones entre los super grandes.

En otras palabras, lejos de «encerrarse» cada vez más en sí misma, como pretende la anacrónica aplicación de la Doctrina Monroe en pleno siglo XXI, América Latina debe «abrirse» a este nuevo «mundo post-occidental», en las palabras de Oliver Stuenkel. En este mundo, los parámetros, las normas y los recursos ya no provienen solo de los países del Atlántico Norte, como sucedió en gran parte del siglo XX, sino también de las nuevas potencias emergentes, lideradas por los BRICS, pero también por otros países de Asia y África que abren brecha y marcan pauta.

Los diez principios de la conferencia de Bandung de 1955, que originaría el NOAL, mantienen su vigencia. En el nuevo siglo, a ellos debemos añadir los Objetivos del Desarrollo 2030 propuestos por la ONU. Lo mismo vale por velar por el respeto de los acuerdos relativos a la protección del medio ambiente, los derechos laborales y la igualdad de género.

A diferencia del no alineamiento de antaño, que junto a su agenda propositiva en materia de descolonización tenía también un elemento defensivo que buscaba mantenerse al margen de los conflictos de las superpotencias, este no alineamiento tendrá una actitud proactiva y será efectivamente no-alineado. Buscará oportunidades de expandir y no de limitar los lazos de nuestros países con ese vasto mundo no-occidental que surge ante nuestros ojos, y que le dará la impronta al nuevo siglo.

Un aspecto clave se refiere a la gobernanza económica global, elemento decisivo para mejorar la inserción internacional de la región, en la raíz de su estancamiento. El no alineamiento activo debe definir las dimensiones de la globalización que son bienes públicos globales y deben ser materia de disciplinas internacionales. La protección de las patentes no tiene que ver con bienes públicos globales, sino con asegurar las royalties de las compañías. Seleccionar las inversiones extranjeras que sean conducentes al desarrollo no es materia de bienes públicos globales, sino de modelos de desarrollo nacionales. Tampoco lo es crear instancias de arbitraje en que las empresas pueden demandar a los Estados –y conseguir cuantiosas indemnizaciones– por la introducción de políticas que afecten sus ganancias, aunque las políticas sean de evidente interés nacional. Es necesario movilizarse para excluir ésas y otras áreas de políticas públicas de la gobernanza global. Ellas caen dentro del legítimo derecho de autodeterminación de las sociedades nacionales.

No es casualidad que la mayor crisis de la región en cien años, según la CEPAL, coincida con su mayor fragmentación en mucho tiempo. En este orden «post-unipolar», en el que Estados Unidos se retira de muchas organizaciones internacionales, una política de este tipo implicaría lo siguiente:

1) Un fortalecimiento de los organismos regionales, permitiendo una voz común frente a desafíos conjuntos.

2) Un compromiso con el multilateralismo: los desafíos globales que enfrenta el mundo de hoy exigen respuestas también globales. Ello significa coordinación y acción conjunta entre los países que integran la comunidad internacional, incluyendo entidades como la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), centrales en esta época de crisis.

3) Un plan de acción contra el cambio climático: el incremento en años recientes de la deforestación en el Amazonas, verdadero pulmón del mundo, y los incendios en los humedales de Pantanal, ilustran el grado al cual la región ha abdicado de sus responsabilidades en esta materia, clave para la supervivencia de la humanidad.

4) Un Centro de Control de Enfermedades (CCE) regional: todo indica que pandemias como las de covid-19 serán más frecuentes. Dado el impacto devastador que ésta ha tenido en América Latina, solo cabe imaginar lo que sería tener estas epidemias en forma recurrente. Prevenirlas y coordinar respuestas a ellas debe ser una alta prioridad.

5) Una redefinición de nociones obsoletas de la seguridad nacional, que en nada ayudan a defender a nuestros países de las amenazas globales de nuestra era. Estas tienen poco que ver con tanques de países vecinos cruzando fronteras, y más con epidemias, sequías y calentamiento global, para las cuales no hay presupuesto, preparación, ni programación.

6) Un esfuerzo persistente por garantizar la equidad entre los géneros y el equilibrio de las relaciones laborales.

7) Un no alineamiento genuino, que no se incline ante ninguna de las grandes potencias, sino que tome sus decisiones solo tomando en cuenta los intereses nacionales objetivos de los países latinoamericanos.

La noción de que nada que exceda el presentismo de la perspectiva de muchos gobiernos actuales es factible, es parte de la razón por la cual América Latina se encuentra en la crisis actual. El no alineamiento activo no tiene signo ideológico. Puede ser un punto de convergencia de gobiernos de distinta orientación, para crear espacios que permitan la adopción de decisiones soberanas. En momentos de un orden internacional en transición, el tener una voz en materias tan decisivas para el futuro como la gobernanza global o la nueva arquitectura financiera internacional, constituye una alternativa que abre enormes posibilidades.

Publicado enInternacional
Miércoles, 16 Septiembre 2020 06:02

El descalabro del sistema interamericano

El descalabro del sistema interamericano

La elección de un estadounidense a la cabeza del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela una situación de mayor alcance: los efectos de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, el giro a la derecha de varios gobiernos de la región y, no menos importante, una fragmentación extrema de América Latina que la condena a una suerte de irrelevancia internacional autoinfligida.

 

El sistema interamericano contemporáneo remite al conjunto de instrumentos e instituciones que han configurado las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Con un variado legado de doctrinas, organizaciones, usos y prácticas no carentes de tensiones y divergencias, ese sistema tuvo su mayor institucionalización después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, por ejemplo, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en 1948 se creó la Organización de Estados Americanos (OEA) y, en 1959 se fundó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se creó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el seno de la OEA. Por supuesto, no siempre ni en todos los temas los intereses y propósitos latinoamericanos y estadounidenses fueron plenamente coincidentes. Sin embargo, y dadas las enormes asimetrías de poder, la región procuró y avaló compromisos multilaterales entendiendo que, a través de ellos, se podía limitar la arbitrariedad de Washington, reforzar los lazos intrarregionales, avanzar en algunos aspectos de la agenda latinoamericana y alcanzar ciertos beneficios con el menor costo posible. Aquellos años coincidieron con el momento de apogeo de la hegemonía de Estados Unidos a escala mundial y continental.

En el período comprendido entre 1947 y 1959, Washington concentró su atención política y sus recursos militares en Europa (el bloqueo de Berlín de 1948-1949), el Sudeste de Asia (la guerra de Corea de 1950-1953) y Medio Oriente (la guerra del Sinaí de 1956 y la crisis en el Líbano de 1958). En América Latina, la Central de Inteligencia Americana (CIA) organizó, en 1954, el derrocamiento con un golpe de Estado del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz. Este golpe fue antecedido por una resolución anticomunista auspiciada por Estados Unidos en la OEA (con el voto en contra de Guatemala y la abstención de Argentina y México) y fue encubierto mediante la inacción de la organización.

Los tres acuerdos (TIAR, OEA, BID) se enmarcaron en la disputa estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Visto desde Washington, y también desde la mayoría de las capitales latinoamericanas, se debía contener -y de ser necesario revertir- el eventual avance político de Moscú, frenar al comunismo en el área y hacer atractiva para América Latina la inversión estadounidense y su American way of life.

Con marchas y contramarchas, el sistema interamericano se preservó durante décadas. Fue actualizado con la aprobación, en 2001, de la Carta Democrática Interamericana. Desde la región surgieron proyectos alternativos tales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que no alcanzaron a cimentar un sistema latinoamericano sólido. Se dirá que primó el divide et impera de Estados Unidos. Sin embargo, ese argumento registra una condición necesaria pero no suficiente a los efectos de explicar y entender la ausencia o la imposibilidad de opciones exitosas para la reformulación de las relaciones entre Estados Unidos y la región provenientes de América Latina. Hoy Latinoamérica ha llevado al límite su propia fragmentación, lo cual conduce a la región a una irrelevancia internacional autoinfligida.

El más reciente y mayor intento de transformación del sistema interamericano provino de Estados Unidos durante el gobierno Donald Trump y contó con el notable acompañamiento y aquiescencia de un buen número de gobiernos de la región. Es posible que estemos frente a la búsqueda de una redefinición sustantiva del manejo de la relación entre Washington y América Latina de acuerdo con los objetivos, intereses y preferencias exclusivas de los sectores más reaccionarios en Washington (en consonancia con la lógica de America First). Si así fuera, se trataría de un ejercicio de poder que ha contado con el estímulo y/o el beneplácito de diversos actores domésticos en distintos países de la región. Tres ejemplos apuntan en esa dirección.

El primero tiene que ver con el sistema interamericano en materia de defensa. En 2019 se decidió aplicar el TIAR a Venezuela, país que lo había denunciado en 2013. Históricamente, el TIAR y su convocatoria han mostrado ser ineficaces en su propósito de prevenir o resolver conflictos. En abril del año pasado, la OEA reconoció como representante de la Asamblea Nacional de Venezuela a un hombre designado por Juan Guaidó. En septiembre, el enviado de Guaidó solicitó la convocatoria de una reunión para activar el TIAR. Bajo la batuta de Estados Unidos, y en el marco del artículo 6 del tratado (que no es aplicable al caso en cuestión), se identificó a Venezuela como una amenaza al mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. Según la resolución aprobada, esto podría llevar a considerar «eventuales recomendaciones en el marco del artículo 8»; artículo que incluye «el empleo de la fuerza armada».

Las consecuencias que se podrían derivar de la invocación del TIAR en el caso de Venezuela pueden ser muy inquietantes. Ubica a la región en la «alta política» mundial de competencia entre grandes poderes –como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962–, identifica una suerte de peligro para la seguridad internacional en América del Sur en el doble marco de la «guerra contra el terrorismo» y la «guerra contra las drogas» lideradas por Estados Unidos, y agita, como en la Guerra Fría, el regreso de la idea del «cambio de régimen» –pero en este caso mediante el uso colectivo de la fuerza–. En los primeros nueve meses de 2020, y en el contexto de la pandemia de covid-19, cuyo epicentro está ahora en el continente, la probabilidad de recurrir al TIAR y aplicarlo en Venezuela disminuyó notablemente. Sin embargo, esto no significa que no se pueda reactivar (así sea para fines simbólicos) en medio de la elección presidencial estadounidense o después (de modo más coercitivo), dependiendo de su resultado.

Un segundo caso se vincula con el sistema interamericano en materia de derechos humanos. A principios de 2016, la CIDH, que tiene un presupuesto regular anual de unos cinco millones de dólares y además recibe donaciones, anunció que atravesaba una grave crisis financiera que amenazaba su funcionamiento básico. Muchos países del continente reaccionaron y realizaron aportes: Estados Unidos, Argentina, Panamá, Colombia, Chile, Perú, México y Uruguay, efectuaron contribuciones importantes. La Comisión continuó con su trabajo serio, riguroso y reconocido, abocándose a distintos casos a lo largo y ancho del continente y sin distinciones ideológicas.

Pero a partir de la inauguración de la presidencia de Donald Trump, el 20 de enero de 2017, los derechos humanos se han venido ubicando en un lugar de mucho menor prioridad, tanto en el campo de la política exterior estadounidense como en el plano de la política interna. Estados Unidos se rehusó asistir a las audiencias de la CIDH sobre inmigración a principios de 2017 y se retiró del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018. Además, año tras año, fue reduciendo las partidas presupuestarias para la promoción de la democracia y los derechos humanos y, en 2020, impuso sanciones contra la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, por «intentos ilegítimos de someter a estadounidenses a su jurisdicción». En ese contexto, entre abril de 2018 y principios de 2019, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú abandonaron la Unasur (Uruguay hizo lo propio en marzo de 2020). A su vez, en marzo de 2019, se creó el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Guyana (en marzo de este año se sumó Uruguay). En ese mismo mes, la administración Trump decidió reducir en 210.000 dólares su contribución a la CIDH acusándola, desatinada e injustificadamente, de promover la legalización del aborto. En abril, y en la única declaración trascendente, cinco países de Prosur (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay) le demandaron a la CIDH, después de insinuar su intromisión en asuntos internos, que respete «el legítimo espacio de autonomía» de los Estados respecto a la cuestión de los derechos humanos. Es decir, se optó por poner en entredicho las recomendaciones del Consejo, remarcar el carácter subsidiario del sistema interamericano de derechos humanos y remozar una actitud más soberanista frente a esta cuestión.

Con ese telón de fondo, en marzo de 2020 fue reelecto Luis Almagro como secretario general de la OEA. Esa reelección fue impulsada por Estados Unidos, Brasil y Colombia. Ya en enero la CIDH había decidido por unanimidad renovar el mandato de su secretario general, Paulo Abrao. En agosto, Almagro se abstuvo de nombrarlo con lo que emprendió un embate contra la autonomía del Consejo. En realidad, el secretario general de la OEA –con el pleno respaldo de la Casa Blanca y el empuje de los sectores más conservadores del Partido Republicano en el Congreso— no ha hecho más que consolidar, en el seno del órgano más prestigioso de la organización, la polarización que caracteriza las realidades nacionales del continente así como la fisuras entre países de América. El efecto potencial sobre la credibilidad, eficacia e independencia del sistema interamericano, podría ser nefasto. Máxime en un momento en el que regional e internacionalmente hay un reflujo inquietante en cuanto al debilitamiento del derecho humanitario, la regresión de la democracia y el deterioro de los derechos humanos.

El tercer ejemplo remite al sistema interamericano en materia financiera. En el tema de la elección del nuevo presidente del BID se debe subrayar la confluencia de dos hechos. El primero es que el gobierno de Trump decidió asumir el control del banco que ayudó a crear y financiar con el propósito de condicionar la provisión de créditos y buscar limitar la expansión de China en América Latina –en especial en el terreno de los proyectos de infraestructura, energía y tecnología–. En segundo término, América Latina mostró una vez más su disfuncional fractura al carecer de una candidatura de consenso. Desde hace un buen tiempo la región viene erosionando su capacidad de convergencia y concertación.

En efecto, desde que el 16 de junio de este año se presentó el candidato de Estados Unidos, Mauricio Claver-Carone, se produjeron fisuras notorias. Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay y Ecuador apoyaron al candidato de Washington el mismo 17 de junio. Las expresiones de respaldo se hicieron incluso antes de que el candidato divulgara su agenda, como si los planes de gestión de los candidatos (el de Claver-Carone, el de Laura Chinchilla de Costa Rica y el de Gustavo Béliz de Argentina) del banco fueran irrelevantes. A su vez, entre las cuatro economías más grandes de la región hubo otro clivaje: Brasil y Colombia se manifestaron a favor de la elección estipulada para el 12 de septiembre y Argentina y México pidieron postergar la votación. También hubo disensos en el seno de Mercado Común del Sur (Mercosur) (Brasil, Paraguay y Uruguay por un lado y la Argentina, por el otro) y la Alianza del Pacífico (Chile y México solicitando la postergación, Perú en silencio y Colombia en favor de Mauricio Claver-Carone). Con el correr de los días hubo otra diferencia: los alineados con Washington procuraron consolidar y ampliar el voto regional a favor del candidato de Trump, mientras el cuarteto que bregaba por la postergación compuesto por Argentina, Chile, Costa Rica y México apuntaron a lograr el acompañamiento de los miembros extraregionales del banco, en especial de los países europeos.

¿Cuáles eran las opciones para los que cuestionaban que Estados Unidos estaba incumpliendo un pacto político tácito que desde 1959 se había cumplido mediante la elección de un latinoamericano a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo? La probabilidad de lograr la postergación fue siempre muy baja: se necesitaba una adhesión mayoritaria improbable por las divisiones intralatinoamericanas o la concreción de un aplazamiento concertado con Estados Unidos, lo que era a todas luces imposible, tal como se reflejó en las entrevistas brindadas por el candidato de Trump. La probabilidad de llegar a la fecha de elección y no dar el quórum –por reglamento del BID eso requería 25% de los votos– era igualmente muy reducida, ya que exigía un notable grado de coordinación (que era prácticamente inexistente). La riesgosa decisión de acudir a esta modalidad podía interpretarse como hostil por parte de Estados Unidos (quien además con 30,006% de los votos puede unilateralmente impedir el quórum). También exigía un compromiso tácito muy fuerte y seguro de latinoamericanos y europeos (que era inviable pues Washington también desplegó su diplomacia a los dos lados del Atlántico).

En los días previos a la elección del nuevo presidente del banco, Chinchilla y Béliz bajaron sus candidaturas de manera separada. Era evidente que ninguno de los dos hubiera logrado los votos necesarios. Ahí se abrió la abstención como posibilidad. El 12 de septiembre, Claver-Carone, el único candidato en competencia, resultó electo con 30 votos (equivalente al 66,8% de los apoyos), mientras la abstención obtuvo 16 votos, de los cuales 5 eran de la región (Chile, Argentina, México, Perú y Trinidad y Tobago) y 11 eran extra-regionales (esencialmente europeos). La más reciente votación con un solo candidato fue la reelección de Luis Alberto Moreno en 2015: obtuvo el 96,2% de los respaldos. El resultado que lleva a un estadounidense a la presidencia del BID puede interpretarse como una prueba de insatisfacción política o como la demostración de un déficit de legitimidad de origen. En todo caso, Washington logró su objetivo y hoy controla el banco. La fragmentación de América Latina ha sido sin duda artífice de ese logro.

En solo dos años (2019-2020) se ha generado un gran descalabro en el sistema interamericano en materia de defensa, derechos humanos y finanzas. El presidente Trump, con una relativamente nutrida participación de gobiernos de Latinoamérica, ha ido reconfigurando las relaciones entre Washington y la región. En ese sentido, la próxima elección presidencial en Estados Unidos tiene ahora para los latinoamericanos un significado mucho más importante que las recientes votaciones en ese país: o se ahonda la quiebra del sistema interamericano con consecuencias imprevisibles para la región o se intentan paliar los daños ya producidos mediante la limitación de la arbitrariedad de Washington. Para lo primero la desunión latinoamericana será un factor coadyuvante; para lo segundo se requerirá reducir la grieta intrarregional.

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