La economía más allá de la pandemia y la cuarentena: el problema es el capitalismo

No hay dudas que la pandemia por el coronavirus agravó la situación económica global, pero más allá de cualquier forma de confrontación de la cuestión sanitaria, el mundo presenta un cuadro de recesión con alarmante impacto sobre la sociedad empobrecida, lo que se mide en desempleo, caída del salario, flexibilización salarial, laboral y sobre explotación […]

No hay dudas que la pandemia por el coronavirus agravó la situación económica global, pero más allá de cualquier forma de confrontación de la cuestión sanitaria, el mundo presenta un cuadro de recesión con alarmante impacto sobre la sociedad empobrecida, lo que se mide en desempleo, caída del salario, flexibilización salarial, laboral y sobre explotación de la fuerza de trabajo.

El FMI actualizó a junio los datos ofrecidos en abril sobre perspectivas de la economía mundial para el 2020.[1] Si en abril sostenía una caída de -3%, la actualización asume una baja del -4,9% para todo el mundo, con la sola previsión del crecimiento del 1% para China. Recordemos que las autoridades chinas no establecieron meta concreta de expansión de su economía para el presente año, más preocupada por resolver el fuerte impacto en desempleo causado por el receso derivado de la pandemia y que arrastraba la desaceleración económica que venía de antes.

Para esa caída del -4,9%, el principal problema está en los países del capitalismo desarrollado, con EEUU cayendo a un -8% y la zona del euro un -10%, con Alemania en -7,8%; Francia -12,5%; Italia -12,8%; igual que España con -12,8%. El Reino Unido, que nunca integró la zona euro y ahora en proceso Brexit, un -10,2%; Canadá -8,4%; Japón -5,8%. El registro de los países emergentes indica una baja del -3%, donde la peor situación es la de América Latina y el Caribe con una caída de -9,4%, donde México lidera con -10,5%; Argentina -9,9% y Brasil con -9,1%. Rusia bajará a un -6,6%; la India un -4,5% y como mencionamos se indica que China crecerá 1%.

La cuestión se agrava cuando el FMI destaca en el informe la perspectiva de caída del -11,9% para el comercio mundial durante el 2020. Es cierto que existe la guerra comercial entre EEUU y China y cuantiosas sanciones a variados países instrumentadas desde la política exterior estadounidense, pero la realidad es la tendencia al cierre de las fronteras, situación agravada en tiempos de pandemia. Más aún, el Fondo señala que el aumento del gasto público para atender la emergencia dispara una aceleración del déficit fiscal muy por encima de lo acontecido en la gran recesión del 2009. Lo mismo acontece con la deuda pública, muy superior a la consignada hace una década. Eso permite inferir una crisis muy superior a la ya visto hace una década y quizá la asistencia a la mayor crisis capitalista mundial.

El problema es el capitalismo y ¿qué hacer?

Más allá de las respuestas de cada país a la crisis sanitaria, prevención o desaprensión, aislamiento o no, cuarentenas suaves o estrictas, la realidad es que todo el mundo presenta una tendencia a la recesión.

El problema no es la cuarentena, ni la pandemia, sino el capitalismo en crisis.

Las autoridades estadounidenses son el ejemplo de la desatención y del otro lado está el ejemplo de China, su planificación y capacidad de mando y control; sin embargo, de modo diferenciado, la tendencia a la baja de la producción es una realidad en los dos países.

En la región nuestramericana se verifican matices en las políticas contra la emergencia sanitaria por la pandemia asumidas entre los tres más grandes economías, Argentina, Brasil y México. Sin embargo, los tres caerán en su actividad económica entre -9,1 y -10,5%.

No es que resulte igual como se aborde el problema de la pandemia, sino que el trasfondo del problema está más allá de la pandemia y de los modos de aplicación de las cuarentenas.

En todo caso interesa considerar como, más allá de la situación económica, se exacerban los esfuerzas por cuidar la salud de la mayoría de la población.

Lo que debe discutirse es el orden capitalista, su crisis actual y su superación, lo que supone iniciativas contradictorias según el lugar que se ocupe en el proceso de producción y circulación.

Una respuesta proviene del capital más concentrado, que presiona por la vuelta a la “normalidad” de la producción.

Los propietarios de medios de producción necesitan del “trabajo vivo” para poner en funciones el “trabajo pretérito o muerto” expresado en máquinas, herramientas, materias primas o materiales, lo que Marx denominó “capital constante”.

Si lo invertido en “capital variable”, el costo en salarios, no cumple con la función específica de generar ganancias en el proceso de trabajo y valorización del capital, lo que ocurre es que engorda la cuenta de pérdidas en el balance empresario y agudiza la tendencia decreciente de la tasa de ganancia de los capitales.

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYPPor eso la presión para volver a la producción y a la circulación. No es solo una demanda de los fabricantes, sino también del comercio y las actividades de servicios.

El interrogante es si el problema de la producción y la circulación se puede resolver más allá de la pandemia y del aislamiento de cuarentenas, lo que requiere ir más allá y en contra de la organización capitalista, lo que supone otra lógica de pensar y actuar.

Se conocen las dificultades para llevar adelante el aislamiento en los sectores más empobrecidos, lo que llevó a considerar oportunamente las “cuarentenas comunitarias”.

Sobre esa base puede pensarse en políticas públicas que además de acercar alimentos, medicamentos y recursos dinerarios a los más pobres, planificar el acceso a capital de trabajo (constante y variable) para organizar la economía popular en los territorios en aislamiento comunitario.

Organizar de manera alternativa la producción y circulación es algo que puede hacerse desde ahora, siendo a la vez un mecanismo imprescindible para pensar en la transición del modelo productivo y de desarrollo que muestra evidencias ostensibles de crisis.

Articular la demanda social y económica de sectores afectados por el cierre de la actividad con la posibilidad de una producción de bienes y servicios de carácter comunitaria supone una mirada diferenciada sobre la atención de la crisis.

¿Con que recursos hacerlo? Las premisas del cambio

Se impone suspender los pagos de la deuda pública, al tiempo que se audita la misma con participación popular para evidencias el carácter odioso, ilegal e ilegitimo de la misma, liberando recursos públicos para atender el proceso de acumulación bajo nueva modalidad como sugerimos.

Al mismo tiempo es hora de hacer realidad la imposición de un tributo a las grandes fortunas para ampliar la capacidad de inversión comunitaria y autogestionaria para resolver las imperiosas necesidades sociales, ampliadas en tiempos de coronavirus.

Son premisas a completar con reformas estructurales que alienten reformas en el modelo productivo del agro negocio de exportación, no solo el caso Vicentin.

También transformaciones de fondo del modelo industrial para reestructurar el carácter de armaduría vigente para reorientar el sistema fabril en función de las necesidades del modelo comunitario y autogestionario que sugerimos.

Para ello se requiere transformar las formas de intervención productiva del Estado y desandar el camino de las privatizaciones.

No se trata de la “vuelta al Estado”, sino de ensayar mecanismos que involucren a la fuerza laboral y a la sociedad en su conjunto en la elaboración y ejecución de la política económica.

Todo ello implica discutir las formas de producción y circulación en su conjunto, en el ámbito local y en el mundo, recuperando soberanía sobre las finanzas y el comercio exterior.

Nada de los sugerido es sencillo, y constituyendo un programa en sí mismo, demanda la construcción de un sujeto consciente suficiente amplio para hacerlo realidad.

Lo que sustentamos, no es una sugerencia a ningún gobierno, sino una propuesta a ser asumida por una parte importante de la sociedad, que pueda estar en condiciones de disputar la hegemonía política en el país.

Nota:

[1] FMI. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. Actualización de las perspectivas de la economía mundial, junio de 2020, en:  https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 (consultado el 28/06/2020)

Por Julio C. Gambina | 30/06/2020

Julio C. Gambina es presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP

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Lunes, 29 Junio 2020 06:28

Cien días que sacuden a EU

Cien días que sacuden a EU

El pasado y el futuro se enfrentan en las calles, dentro de lo que es en los hechos un "Estado fallido" (uno que no puede o no quiere solucionar las necesidades básicas de su pueblo), donde un régimen con tintes neofascistas cada día más desesperado y, por tanto, más dispuesto a hacer lo antes impensable para mantener su poder se enfrenta con una ola novedosa de rebeldes y disidentes que buscan transformar, por fin, un sistema de violencia social, económica y política. O sea, el sistema estadunidense está (¿cómo evitar ese palabra sobreusada y casi eterna, "crisis"?) en un momento de implosión –algo que podría ser muy peligroso para todos más allá de las fronteras si resulta ser explosión– o de transformación.

Aun no se sabe cuál.

La defensa del pasado se coordina por un bully asustado en un búnker subterráneo en la Casa Blanca. El comandante de las fuerzas oscuras del pasado es responsable de más de 100 mil muertes evitables (mil de ellas de mexicanos en Estados Unidos) por su manejo criminal de la pandemia, de entre 20 y 40 millones de desempleados, de un aumento en los crímenes de odio racial, del aumento, según el FBI, de actos de terrorismo de agrupaciones de ultraderecha; de colocar a familias con niños en jaulas, de calificar a todos sus opositores como "traidores" al país (incluyendo su antecesor), de amenazar con reprimir con fuerzas militares a ciudadanos estadunidenses que se manifiestan en las calles, de acusar a los inmigrantes de todo el crimen, las violaciones, y ahora del Covid-19, desmantelar normas y medidas para protección del medio ambiente y la salud pública, y ni hablar de la destrucción de acuerdos y normas multilaterales. Es seguramente el único presidente que ha logrado que coincidan desde ex generales, incluyendo jefes del Estado Mayor, a figuras como Noam Chomsky y Angela Davis de que Trump es una amenaza a la democracia de Estados Unidos y la sobrevivencia del planeta, una amplísima gama de voces han concluido que es "el presidente más peligroso de la historia de Estados Unidos". Esa defensa del pasado de dominio blanco y lo más salvaje del capitalismo implica aplastar todas las fuerzas que rehúsen someterse, suprimiendo sus voces, amenazando represión o deportándolos del país. El presidente ha declarado a todos los que lo cuestionen o se atrevan a frenarlo como "enemigos del pueblo".

El rescate del futuro está ahora en las calles con un grito de basta ya (con 400 años de ecos) contra la violencia racista sistémica. Aunque las expresiones masivas en las calles que llevan más de un mes sin parar fueron detonadas por otro acto más de violencia racista oficial, el nuevo movimiento surge de años de organización por varios sectores que de repente se encuentran juntos en las calles. Y es que es una respuesta que evoluciona de un incidente más de violencia por la policía a uno contra la violencia de un sistema económico, político y social, construido desde sus orígenes sobre el sometimiento y explotación brutal violenta de esclavos africanos, de indígenas estadunidenses y después, hasta hoy día, de olas de inmigrantes de todo el mundo.

Es esa historia de violencia la que se modifica en estos días, hasta de manera física. No sólo se derriban símbolos de la historia racista e imperial, sino se ha obligado a instituciones de cúpula y de la élite a reconocer su complicidad histórica. Por ejemplo, en días recientes la Universidad de Princeton anunció que quitaría el nombre del presidente Woodrow Wilson de sus instalaciones y programas por su historia imperial y racista.

A mediados de marzo, se declaró oficialmente una emergencia nacional y Estados Unidos se convirtió en el epicentro de la pandemia mundial; como resultado de la tardía y caótica puesta en marcha de medidas de mitigación, se provocó una magna crisis económica, y hace un mes, un hombre afroestadunidense con una rodilla de un policia sobre su cuello articuló sus últimas palabras, "no puedo respirar". Son 100 días que han sacudido a Estados Unidos.

https://www.youtube.com/watch?v=JUnc3kl0DcA

https://www.youtube.com/watch?v=GG8LcqR1kqw

https://www.youtube.com/watch?v=216QGXho0ro

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Domingo, 28 Junio 2020 07:38

La sico-segmentación maniquea de EU

La elección en Estados Unidos podría agudizar aún más la confrontación entre los partidos políticos. En la imagen, apoyo a Joe Biden en New Hampshire.Foto Ap

Se discute si la revuelta de 40 ciudades en EU es una revolución cultural, un levantamiento de masas, una guerra racista o una guerra civil, en medio de su proto-balcanización (https://bit.ly/2BEXPyz).

A mi juicio, se trata de la “segunda guerra civil (https://bit.ly/31kzM2z)”, que engloba los anteriores componentes citados y desnuda al mediodía lo que parece su irreversible sico-segmentación maniquea, como postula persuasivamente el británico Alastair Crooke (AC), quien fue espía del MI6 y luego asesor principal del español Javier Solana, quien fuera el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea.

Hoy, AC despacha en Beirut, centro importante del espionaje británico medio-oriental, desde su muy solvente portal Conflicts Forum.

Según AC, "el balance de fuerzas a nivel doméstico es tal que ningún partido puede, como deseara, forzar la sumisión del otro a su cosmogonía, ninguno puede prevalecer en forma decisiva" cuando "ni siquiera la elección de noviembre arreglará las cosas en una forma final" y, al contrario, "podría agudizar aún más la confrontación".

Formula dos vectores para tal escisión: 1. No existen más “hechos ( facts)”, sino que se han convertido en una "ideología que ha separado a dos campos irreconciliables", y 2. No existe ninguna "autoridad o fuente" para validar un “hecho ( fact)” cuando lo que prevalece es la "emocionalidad síquica (filósofo escocés Alasdair Macintyre dixit)". ¡Se extinguieron, cuando no mataron, a los árbitros en EU!

AC cita al historiador Michael Vlahos (MV), quien define el momento como una “nueva guerra civil (https://bit.ly/31iVGDc)” y aduce que “EU se ha dividido en dos diferentes naciones y se ha separado en dos sectas religiosas ( sic) incompatibles”: 1. El partido en el poder, que visualiza la identidad nacional arraigada en "una Era dorada temprana que preserva la propiedad, el comercio y la libertad", de tónica protestante calvinista, y 2. Una visión progresista del futuro, de tono apocalíptico, que vislumbra la perfección y la pureza por delante.

MV concluye que "en la definición del bien (sic) y el mal (sic), no existe lugar para un compromiso".

AC extrapola las "dos imágenes síquicas en conflicto a la geopolítica global", cuando "los estadunidenses se agitan fácilmente y se exasperan con las nociones de que China o Rusia pueden acuñar el vacío".

A juicio de AC, en Israel –país consubstancialmente supremacista/racista/Apartheid/paria, donde urge también un "Palestinian Lives Matter (PLM: Las Vidas de los Palestinos Importan)"– "se encuentran aterrados (sic) por el discurso liberal de BLM (Las Vidas de los Afro Importan), por la lucha venidera contra el racismo y la opresión".

Asiste la razón a AC si vislumbramos los resultados electorales de las primarias del Partido Demócrata en Nueva York –conglomerado urbano más importante de israelíes en el mundo y sede de Wall Street– donde la "ola insurgente" apoyó al afro Jamal Bowman –gran defensor de los derechos palestinos (https://bit.ly/3dwW4R6)–, respaldado por la reluciente estrella ascendente Alexandria Ocasio-Cortez, desbancó al legislador israelí-estadunidense Eliot L. Engel –zelote del irredentismo de Israel que preside el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara– quien representó a su distrito Bronx/Westchester County durante más de 30 años (https://nyti.ms/3g2Mp6C), lo cual repite el éxito de 2008 de los rebeldes del ala "izquierda" del Partido Demócrata: aliada al judío-progresista "socialista" Bernie Sanders, quien ha sido dos veces defraudado por el establishment del antidemocrático Partido Demócrata.

A mi juicio, se trata de un clásico epifenómeno de las transiciones que denotan la mentalidad maniquea del tercer siglo a. C., cuando una de las partes se autoarroga el derecho inmanente de la verdad absoluta y divina que exige la extinción de su contraparte y no da pie para los compromisos de colores diferentes al blanco y al negro. Así, el "otro", quien fuere, es linchado con todo un diluvio de epítetos peyorativos gracias a la ayuda de quien controle mejor los multimedia.

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Domingo, 28 Junio 2020 07:33

¿Un país, dos rumbos?

Mercado callejero en Wuhan, China / Foto: Afp, Str

Los mercados populares chinos y las desavenencias en el PCCH.

Los intentos de recuperación económica pospandemia prometen resaltar algunas discrepancias en la cúpula de la República Popular. Una diferencia de enfoque mayor entre el presidente y el primer ministro asoma tras la reciente polémica en torno a la venta callejera.

La estrategia de salida del complicado momento que vive China está en el origen de algunas discrepancias en el Partido Comunista de China (Pcch), discrepancias que recientemente han salido a la luz pública y que, más allá de su temática puntual, revelan un pulso de mayor alcance tras bambalinas. Que haya diferentes sensibilidades en un partido como el Pcch, con más de 90 millones de militantes, es lo natural. Lo realmente impropio es el monolitismo. Y, aunque es tradición no evocar públicamente las diferencias internas, el ninguneo hacia los discrepantes, en los últimos años, ha equiparado todo ejercicio de disenso con la abierta deslealtad.

XI vs LI. 

El segundo mandato del presidente Xi Jinping se ha complicado: las tensiones comerciales y tecnológicas con Estados Unidos, la crisis en Hong Kong y los problemas con Taiwán, y ahora la pandemia y sus graves consecuencias económicas y sociales dibujan un mapa pletórico de desafíos. El abandono progresivo de las enseñanzas del denguismo (por Deng Xiaoping, líder máximo entre 1978 y 1989) hace que algunos teman el resurgir actualizado de los tópicos del maoísmo que llevaron al país a un atolladero en los sesenta y los setenta. Lo cierto es que Xi, el artífice del “marxismo del siglo XXI”, en palabras del director de la Escuela Central del Partido, He Yiting, abandera hoy en China un giro nacionalista claramente alejado de cualquier coqueteo liberal.

Por su parte, el primer ministro Li Keqiang no ha renegado nunca de sus credenciales pragmáticas. Ya en la primavera de 2012 avaló el informe China 2030, elaborado por el Consejo de Estado en común acuerdo con el Banco Mundial, que apuntaba a una aceleración de la convergencia estructural con las economías occidentales, algo que aún no se ha producido. Probablemente a su pesar, en sus años de mandato la economía siguió claramente otro rumbo.

Las diferencias han emergido a propósito de algo que podríamos considerar de menor importancia: la venta ambulante. Temeroso del avance del desempleo, Li, en una reciente visita a la provincia de Shandong, dio alas a la recuperación flexible de los mercados populares. En los años noventa, durante la reestructuración económica impulsada por Zhu Rongji, los mercados populares sirvieron de amortiguadores de problemas sociales y actuaron como dinamizadores de la economía. Como alguien ha recordado estos días, Jack Ma, el fundador de Alibaba, dio allí sus primeros pasos.

Para Li, su recuperación devolvería cierta capacidad de iniciativa a la gente y aportaría un apoyo significativo a la labor que pudiera desarrollarse en los poderes públicos, siempre temerosos de la inestabilidad. Por tanto, las autoridades locales deberían facilitar el resurgir de estos mercados, que en los últimos años prácticamente han desaparecido, superados por el comercio online. Pero el entorno del presidente Xi ha reaccionado con críticas a este planteamiento de Li, quien se habría ido de lengua al reconocer en la clausura de las sesiones anuales del macroparlamento que unos 600 millones de chinos tenían una renta media de 1.000 yuanes mensuales (141 mil dólares), un dato que el Buró de Estadísticas matizó después señalando que en ese contingente se incluía a los jubilados.

Recientemente, el Beijing Daily condenó sin paliativos el resurgir de los mercadillos y desautorizó a viva voz al primer ministro, algo totalmente inusual. Otros medios, como la televisión central, se han hecho eco de estas críticas insinuando que se trata de un paso atrás. En los lugares donde se habían autorizado los mercados nocturnos, se echó de nuevo el cierre.

CON LA MIRA EN EL CONGRESO. 

Frente al reconocimiento de Li de lo precario de la situación y las dificultades para alcanzar los objetivos establecidos, el entorno de Xi cierra filas y destaca la capacidad para enfrentarlas apelando a las grandes virtudes del partido y el país. Se corre el riesgo de que, por necesidades políticas, se llegue a proclamar la consecución de la muy ansiada “sociedad modestamente acomodada” y de la erradicación de la pobreza, en un contexto frágil que restaría credibilidad al anuncio. El caso es que mientras que Li se antoja más cercano a las inquietudes de la población –como demostró cuando se personó en Wuhan al inicio de la crisis pandémica y dio su apoyo al personal sanitario mientras Xi permanecía bien seguro en la capital–, la retórica presidencial parece inclinarse más por responder en clave ideológica.

Paradójicamente, la defensa de Li de los vendedores ambulantes les trae a algunos el recuerdo de los “hornos traseros” alentados por Mao durante el Gran Salto Adelante para acelerar la marcha de la economía. Aquello salió fatal.1 La situación ahora no es la de 1958, claro está. Y, dicen sus defensores, esta opción puede compensar la caída del Pbi (6,8 por ciento en el primer trimestre). Claro que no convertirá a China en la vanguardia tecnológica mundial, como desea, pero podría ayudarle a ganar tiempo. Para Xi, sin embargo, esto equivale a “perder la cara” con respecto a sus ambiciosos proyectos centrados en el desarrollo industrial, las grandes infraestructuras y el 5G. Va en dirección opuesta a su sueño. Es verdad que hoy Xi tiene en sus manos toda la fuerza del aparato del partido y del Estado y que controla incluso áreas que con anterioridad formaron parte del ámbito del primer ministro.

Las autoridades locales, más apegadas al terreno, se inclinan por el sí a los mercados; los jefes del partido, por el no. Y ello se produce a escasas semanas del cónclave de Beidaihe, en el que los máximos dirigentes se reunirán de modo informal para seguir midiendo los respectivos apoyos de cara al decisivo congreso que vivirá el partido en 2022.

  1.   En 1958 Mao animó a los campesinos a producir acero en pequeños hornos de fundición situados al fondo de las comunas agrarias. Dada la falta de conocimientos técnicos, la mayor parte de lo producido resultó completamente inútil y el gobierno debió discontinuar esa política (N del E).

Por Xulio Ríos, director del Observatorio de la Política China

26 junio, 2020

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Hacia una economía postCovid para el bien común

Propuesta conjunta de representantes del movimiento internacional EBC de 17 países

 

El movimiento internacional de la Economía para el Bien Común (EBC), que por primera vez se expresa conjuntamente con este texto, ha estado proponiendo desde el año 2010 un modelo económico alternativo, coherente y completo.

La EBC se basa en valores fundamentales como la sostenibilidad, la inclusión y la cooperación, en lugar de priorizar los objetivos financieros y privilegiar la competitividad. El modelo económico vigente contribuye a las crecientes amenazas para la humanidad, tales como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, así como la pandemia actual. El COVID-19 solo el último de una serie de virus que afectan seriamente a la salud y a la vida humana. El VIH, el Ébola, el Sars1, el Mers, y ahora el Sars2, son ejemplos de zoonosis, que significa que un virus cambia de anfitrión, de los animales al ser humano. Existe la evidencia científica de que el aumento en el número de zoonosis es consecuencia de la sobreexplotación de los recursos naturales y de la creciente presión sobre los hábitats de la vida silvestre, debido a la deforestación, la caza descontrolada, la agricultura industrial y la contaminación del aire.[i]

La pandemia actual, así como otras amenazas, fueron anunciadas hace tiempo por los científicos: Limits to Growth (1972), Brundtland Report (1987), Earth Charter (2000), Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report (2005), o el concepto de los límites planetarios (2009), son ejemplos relevantes. Esto nos lleva a la pregunta: ¿Cómo es posible que los responsables de la toma de decisiones no hayan tenido en cuenta estas advertencias a todos los niveles?

La influencia del lobby empresarial

En las últimas décadas, los lobbies empresariales, que persiguen egoístamente sus propios intereses económicos, han gastado mucho dinero para apropiarse del proceso de Río-Johannesburgo, para cuestionar o negar el cambio climático, para evitar regulaciones vinculantes para las empresas multinacionales y, más recientemente, para poner en la agenda internacional de la UE la creación del Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC).[ii]

Estas intervenciones son perjudiciales para la naturaleza y para los derechos básicos de la gran mayoría de los seres humanos, y han estado minando la democracia. En consecuencia, las causas sistémicas fundamentales de los problemas ecológicos y de la salud no están representadas adecuadamente en el discurso público; la atención de los medios de comunicación se centra principalmente en la vacunación y en los productos creados por las compañías farmacéuticas. La progresiva privatización de la OMS (la fundación privada de Bill y Melinda Gates ya es el segundo mayor financiador de este organismo) [iii], está socavando severamente las políticas públicas y las prioridades democráticas. Un enfoque holístico de las políticas sanitarias debe desarrollar estrategias para evitar futuras zoonosis, mejorando la sostenibilidad de las actividades económicas y fomentando la salud y la resiliencia de las personas a través de alimentos saludables, empleo seguro, inclusión social y erradicación de la pobreza.

Aplanar otras curvas

Debemos aprender de la crisis actual: la humanidad tiene que adoptar una actitud respetuosa hacia la Tierra, considerándonos parte de la red de la vida, ni externa ni superior al resto. Necesitamos crear conciencia de nuestra propia vulnerabilidad y nuestra dependencia de un entorno intacto, creando una convivencia respetuosa con todas las formas de vida. El crecimiento económico sin fin se ha convertido en un riesgo peligroso: los científicos han definido nueve límites planetarios críticos, algunos de los cuales ya hemos excedido [iv]. Con el mismo rigor y determinación que los gobiernos han aplicado al tratar de aplanar la curva de contagio Covid-19, ahora necesitamos aplanar las curvas del uso de la Tierra, del consumo de energía y recursos, de la desigualdad y del poder ilimitado de las corporaciones multinacionales.

Hacia una Economía para el Bien Común

Desde el año 2010 el movimiento de la Economía para el Bien Común se ha extendido a 30 países en todos los continentes, en los que están activos 200 delegaciones locales. 3000 organizaciones apoyan el movimiento. 700 empresas, escuelas, universidades, municipios y distritos han implementado el balance general de bien común. Ocho gobiernos regionales en España, Austria y Alemania lo han incluido en sus programas gubernamentales. En 2015, el Comité Económico y Social Europeo publicó un dictamen sobre el modelo de la EBC [v], y en una segunda opinión el CESE declaró a la EBC como un «nuevo modelo económico sostenible».[vi]

La EBC es una economía de mercado totalmente ética que pone a las empresas privadas y a la propiedad privada al servicio del bien común, con el objetivo de proteger los ecosistemas globales y los valores fundamentales, desde la dignidad hasta la justicia y la solidaridad hasta la sostenibilidad y la democracia [vii]. El Producto del Bien Común, que mide todos los aspectos relevantes de la calidad de vida, debe situarse por encima del PIB. Una economía que prioriza las necesidades de las personas y los valores democráticos, y considera el dinero y otras formas de capital como recursos para lograr estos objetivos, es en realidad lo que los antiguos griegos querían decir con «oikonomia». Dar prioridad a los resultados financieros es en realidad su opuesto: «chrematistiké» o capitalismo, como lo llamamos hoy [viii] Una economía orientada al bien común es la única forma de dejar un planeta saludable y viable para nuestras hijas, hijos, nietas y nietos. La actual crisis del Covid-19 nos da la oportunidad de liderar esta transición.

Cambiar el paradigma comercial

Los intercambios comerciales deben cumplir el objetivo de estabilizar el clima del planeta, mantener la biodiversidad, la diversidad cultural, y proteger los derechos humanos, las necesidades básicas y la dignidad. Deben ayudar a crear el «espacio seguro» propuesto por el «modelo Donut» de Kate Raworth [ix]. El «comercio ético» y la «economía ecológica», deben priorizar la proximidad y las economías locales, utilizando el comercio internacional como complemento, y deben reemplazar al «libre comercio» como doctrina dominante en el comercio global [x]. El Mercosur, el CETA y otros acuerdos, son ejemplos claros del viejo paradigma de «comercio forzado» con las conocidas consecuencias perjudiciales. Un ejemplo de cómo se podría establecer un «orden comercial mundial ético» es un impuesto al carbono de, por ejemplo, 100 USD por tonelada de CO2, según lo recomendado por el Informe Stiglitz-Stern en 2017 [xi]. Con un impuesto ecológico los países que cumplan con este objetivo obtendrán el derecho de recaudar el diferencial proveniente de los países con impuestos más bajos (o nulos).

Cambiar el paradigma fiscal

Una solución urgente y justa para la vertiginosa desigualdad es una mayor imposición de los ingresos del capital, de la propiedad privada y de las herencias, al mismo tiempo que se democratiza progresivamente para evitar la corrupción y poner a los estados al servicio de la ciudadanía. En la zona euro, la riqueza privada supera a la deuda pública en un factor de cinco. Mayores impuestos sobre la riqueza permitirían las inversiones necesarias en salud, educación, eliminación de la pobreza y transformación económica. Se debe introducir el «impuesto a las transacciones financieras», idealmente a nivel global. Es un síntoma preocupante de la post-democracia que esta propuesta, generalmente aceptada para regular los mercados financieros, fuera eliminada de la agenda de la UE, aunque los ingresos fiscales habrían ascendido a 310 mil millones de euros, según WiFo, con sede en Viena [xii]. Principalmente, el movimiento internacional de capitales debe estar vinculado a la transparencia fiscal y a la cooperación, con el fin de reducir la evasión fiscal y cerrar los paraísos fiscales.

Combinar la política fiscal y monetaria.

Como la recesión económica en 2020 será muy pronunciada, debe existir una voluntad conjunta de política fiscal y monetaria. La flexibilización cuantitativa es una medida con efecto limitado: si se usa para comprar bonos corporativos, incluso puede ser contraproducente. Una combinación de eurobonos («coronabonos») con préstamos sin intereses de los bancos centrales al estado (teoría monetaria moderna), hasta un límite razonable, sería más efectiva. Se debería modificar el Art. 123 (1) del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE), que prohíbe los préstamos directos del BCE a los miembros de la eurozona.

Cambiar las prioridades de la recuperación

En la gestión actual de crisis, no deberíamos repetir fracasos anteriores: en la crisis financiera de 2008 hemos visto las ayudas a las llamadas entidades ‘sistémicamente importantes’ (‘demasiado grandes para quebrar’), la mayoría de ellas, mencionadas anteriormente, estrechamente vinculadas a la economía con intereses económicos egoístas. Es hora de romper esta lógica y enfocarnos en lo que todos necesitamos:

  • § inversión pública en salud, educación, transporte público sostenible, vivienda y producción sostenible de alimentos, creando así una importante cantidad de empleos, particularmente respetuosos con el clima, y ayudando a transformar la economía hacia la sostenibilidad
  • § la introducción de un ingreso básico incondicional, que sea suficientemente alto para cubrir todas las necesidades básicas de una persona
  • § un salario mínimo (sensiblemente más alto que el SMI) combinado con la creación de un salario máximo, lo que permitirá reducir la desigualdad a un nivel aceptable y hacer que nuestras sociedades sean más inclusivas
  • § apoyo financiero o fiscal principalmente a las PYME que contribuyen al bien común, es decir, son respetuosas con el clima, se esfuerzan por la inclusión y cohesión social, y son conscientes de la importancia de la biodiversidad. Uno de los criterios para el apoyo debería ser un informe no financiero auditado externamente, como un Balance del Bien Común, una Certificación B Corps o una herramienta similar. Estamos convencidos de que a medio plazo todas las organizaciones tendrán que asumir estas responsabilidades.

Somos conscientes del calado y del gran desafío que representan los cambios propuestos, sobre todo porque el modelo económico actual está firmemente establecido y muchas personas dependen de él. Sin embargo, cada vez más empresas, municipios, regiones y gobiernos participan en la implementación de estas nuevas ideas y prácticas. Las empresas que han comenzado a asumir una responsabilidad social, ecológica y democrática están siendo galardonados y reciben el reconocimiento de todos los organismos. Ciudades como Barcelona, Amsterdam, Stuttgart y Viena están comenzando a promover estos cambios necesarios. El movimiento EBC está dispuesto a trabajar con más ciudadanos, empresas y gobiernos para lograr estos objetivos.

One Planet, 15 de junio de 2020

www.ecogood.org

Autores y firmantes:

Urbain N’Dakon, chairman, Maat-ECG Africa and African diaspora

Gerd Hofielen, portavoz, EBC Alemania

Luciana Cornaglia, presidenta, ECG Argentina

Christian Felber, fundador del movimiento, Austria

Lisa Muhr, presidenta, EBC Austria

Karla Schimmel, miembro del movimiento, ECG Bélgica

Silvia Álvarez, miembro del equipo coordinador, EBC Chile

Henry Garay-Sarasti, co-coordinator, EBC Colombia

Debla Orihuela, presidenta, EBC España

Paco Álvarez, embajador, EBC España

Estefanía Matesanz, directora, EBC Holanda

Lidia di Vece, presidenta, EBC Italia

Marianne Kert, miembro del equipo coordinador, EBC Luxemburgo

Luisa Montes, miembro del equipo coordinador, EBC México

Sandra White, directora, EBC Reino Unido

Thomas Söderberg, director, EBC Suecia

Gaby Belz, Ralf Nacke, miembros del equipo coordinador, EBC Suiza.

Notas:

[i] Sonia Shah: «Think Exotic Animals Are to Blame for the Coronavirus? Think Again» en The Nation, 18 de febrero de 2020.

[ii] http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608

[iii] 3 World Health Organisation: “Voluntary contributions by fund and by contributor, 2018”, 72nd World Health Assembly, Provisional agenda item 15.2, A72/INF./5, 9 de mayo de 2019.

[iv] https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries/planetary-boundaries/about-the-research/the-nineplanetary-boundaries.html

[v] https://www.eesc.europa.eu/our-work/opinions-information-reports/opinions/economy-common-good

[vi] https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/new-sustainable-economic-models-exploratory-opinion-requested-commission

[vii] www.ecogood.org

[viii] Dierksmeier, Claus / Pirson, Michael (2009): “‘Oikonomia Versus Chrematistike’, Learning from Aristotle About the Future Orientation of Business Management”, Journal of Business Ethics 88:417–30.

[ix] https://www.kateraworth.com/doughnut/

[x] Christian Felber (2019): “Trading for Good. How Global Trade Can be Made to Serve People Not Money”, ZED Books, London. Versión castellana: Por un comercio mundial ético (Deusto).

[xi] Report of the High-Level Commission on Carbon Prices, Carbon Prices Leadership Coalition, 29. Mai 2017, p. 3.

[xii] 12 Stephan Schulmeister: “Implementation of a General Financial Transactions Tax”, estudio del Wifo, junio de 2011, p. 33.

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Sábado, 27 Junio 2020 06:28

Justicia europea da revés a Israel

Justicia europea da revés a Israel

Nunca he sido partidario de un boicot. ¿Sanciones contra Italia después que Mussolini invadió Abisinia? Olvídenlo. ¿Sanciones contra España en la guerra civil? Baldaron al legítimo gobierno republicano. ¿Sudáfrica? Siempre pensé que los rufianes del apartheid sabían que les había llegado la hora: estaban demasiado rebasados en número para sobrevivir. ¿Sanciones contra Saddam Hussein? Risibles. ¿Sanciones contra Siria? No sirvieron para derrocar a Assad, así que vamos a sancionarla de nuevo. Y no olvidemos las sanciones contra Rusia. ¿Alguien ha visto que Putin recoja su tienda en Sebastopol?

¿Sanciones contra Israel? Hasta Uri Avnery estaba en contra. Tiendo a estar de acuerdo con él. PERO…

Sí, siempre hay un pero. Y, en este caso, merece las mayúsculas. Como muchas noticias importantes, el veredicto de la Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) contra la condena en Francia de 11 activistas que demandaban un boicot de productos israelíes quedó sepultado bajo la pandemia de obsesión periodística con el Covid-19. En 2015, con un trasfondo de condenas políticas del propio Israel, el más alto tribunal de apelaciones de Francia convalidó sentencias que condenaban a los activistas por incitación al racismo y antisemitismo.

Lo que esto significaba, en mi concepto –aunque ningún tribunal francés se atrevió a sugerir tanto–, era que cualquiera que intentara persuadir a los tenderos o comerciantes de París, Lyon o Marsella de no comprar naranjas, uvas o sistemas de seguridad de Israel era antisemita. Siempre he dicho y escrito que hay montones de nazis verdaderos y antisemitas en el mundo –a quienes todos debemos combatir–, pero que acusar falsamente de racismo a los críticos de Israel acabará por hacer respetable el antisemitismo.

No importa: fueron sentenciadas 11 personas que forman parte del movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), acusadas del terrible crimen de distribuir volantes en el estacionamiento de un supermercado de Alsacia y vestir playeras con letreros que llamaban a boicotear productos israelíes. Se les ordenó pagar 13 mil euros en multas y daños a los grupos pro israelíes que entablaron la demanda original contra ellos. No es difícil, mirando en retrospectiva al proceso, ver por qué la CEDH no podía digerir esta obra de descarado teatro político cuando emitió su propio juicio, hace poco más de una semana.

Cuando el movimiento BDS demanda la retirada israelí de los territorios palestinos ocupados, Israel se ocupa en trazar un plan junto con los estadunidenses para anexarse –contra todo derecho internacional– la propiedad y territorio de árabes con los espurios argumentos de que los palestinos no tienen una nación y, por tanto, no califican como "ocupados": solo viven en territorio "en disputa". Es la misma frase que el Departamento de Estado, para vergüenza eterna, también usa, aunque, para ser justos con el mesiánico Trump, fue Colin Powell, como secretario de Estado de Barack Obama, el primero en ordenar a las embajadas estadunidenses que emplearan ese término cobarde. La insinuación israelí de que ahora puede engullirse la tierra de alguien sobre la base de que no cuenta con un pasaporte nacional fue un bocado que la Corte Europea nada más no pudo tragar.

El BDS –otro de esos acrónimos que detesto– se ha desvanecido de la vista en los meses pasados. Solo Reuters y el Irish Times –que tiene su propia historia de expropiación colonial– dieron espacio a lo que de hecho fue una noticia muy cáustica. Cuando uno se da cuenta de que el pecado original de los manifestantes franceses fue vestir playeras con la leyenda "Palestina vivirá" y mostrar en carritos de supermercado de Alsacia (en 2009 y 2010) que tanto los aguacates como las toallitas para bebé eran importados de Israel (y repartir volantes que hablaban de los "crímenes de Israel en Gaza"), no es difícil ver por qué los jueces europeos consideraron que todo el asunto era una charada.

Los franceses, según esta decisión, tendrán que desembolsar 101 mil 180 euros y devolverlos a los 11 hombres y mujeres indefensos que expresaron sus opiniones políticas y fueron criminalizados por ello.

El artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad de expresión. También es importante mostrar los grupos que presentaron las demandas contra los manifestantes por incitación a la discriminación: la Liga Internacional contra el Racismo y el Antisemitismo, Abogados sin Fronteras, Alianza Francia-Israel y la "Oficina Nacional de Vigilancia contra el Antisemitismo".

Aún más importante es repetir lo que los siete jueces europeos concluyeron: que la convención "deja poco espacio a restricciones a la libertad de expresión en el campo del discurso político o asuntos de interés general. El discurso político es a menudo virulento por naturaleza y fuente de desacuerdos. Sin embargo, es de interés público, a menos que degenere en incitación a la violencia, el odio o la intolerancia".

Francia ha violado el artículo 10 de la convención, decretaron los jueces. Es instructivo hacer notar que el caso francés fue presentado conforme a una ley de libertad de prensa que data de 1881. También es interesante que, mientras el mundo en general mira con indiferencia la campaña del BDS, el gobierno israelí se preocupa en extremo por sus efectos tanto en la economía del país como en su estatus internacional. En particular le inquieta el enfoque de los grupos de derechos sobre las armas y la tecnología que usa Israel para suprimir las manifestaciones palestinas, y que han sido fabricadas en todo o en parte en Europa y/o Estados Unidos. ¿Cuánto falta, por ejemplo, para que una familia árabe cuyo pariente ha sido muerto por un arma fabricada en la UE o EU demande al fabricante de armas en su propio territorio por vender sus productos a Israel?

Pero antes de que nadie aplauda demasiado fuerte por la independencia judicial europea –las decisiones de la CEDH tienen precedencia sobre los tribunales nacionales europeos–, vale la pena echar una ojeada también a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Acaba de decidir, después de adquirir fama de perseguir sobre todo a gobernantes negros africanos por violación de derechos humanos, que necesita mirar más de cerca los abusos perpetrados por los estadunidenses en Afganistán y por Israel en los territorios palestinos ocupados.

Ni Estados Unidos ni Israel ratificaron el Estatuto de Roma que instituyó la CPI, quizá deseando evitar que los arrastren a Holanda para someterlos a un poco de observación jurídica. Michael Pompeo, el actual esbirro de Trump en el Departamento de Estado, ya ha dicho que no permitirá que estadunidenses y sus “aliados en Israel… sean cuestionados por esa corrupta CPI”.

El Estado de Palestina es reconocido por las Naciones Unidas y ratificó el Estatuto de Roma hace cinco años. Pero, claro, también aquí Israel dice que Palestina carece de las características normales de un Estado soberano… que difícilmente podría poseer, puesto que se encuentra bajo ocupación israelí. Y ¿adivinen de qué acusó Benjamin Netanyahu a la Corte Penal Internacional en enero pasado? Adivinaron: de ser "antisemita".

The Independent

Traducción: Jorge Anaya

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Sábado, 27 Junio 2020 06:23

Resultado más que obvio

Resultado más que obvio

La reforma constitucional –diseñada por y para el presidente Vladimir Putin– se aprobó en tiempo récord por todas las instancias que forman parte de la élite gobernante, pero para entrar en vigor requiere de la legitimidad de las urnas.

Para ello los operadores políticos del Kremlin se sacaron de la manga una votación popular que no contempla la propia Constitución, que no es vinculante, que no exige la mitad más uno del padrón para ser válida, que no admite observadores, que permite votar en el transcurso de una semana, que no evita que una misma persona ejerza su derecho al sufragio varias veces, que lleva las urnas a las casas de los jubilados y un largo etcétera de excepciones y facilidades que restan toda seriedad a una votación legitimadora que nada tiene en común con un referendo, el cual no se puede convocar para modificar la Carta Magna.

La votación concluirá el 1 de julio siguiente con un resultado más que obvio: la reforma será aprobada y entrará en vigor. Lo único que –en estos tiempos de coronavirus con muchos descontentos por la pérdida de empleo, desplome de su nivel de vida y el manejo de la emergencia sanitaria desde el Kremlin– podría empañar el triunfo anunciado, y la posibilidad que pretende Putin de perpetuarse en el poder, es una participación escasa.

Ello no va a suceder: la cifra de asistencia será la que decidió ya la Oficina de la Presidencia –se comenta, no menos de 55 por ciento de participación, con entre 60 y 65 por ciento de votos en favor– para satisfacer el anhelo de legitimidad del titular del Krem-lin. Dispone de recursos para inducir, si no el sentido del voto, sí la participación de los millones de personas cuyos ingresos dependen del presupuesto (pensionistas, empleados públicos, trabajadores de los grandes consorcios del Estado, maestros, médicos), aparte de quienes acudan con la idea de sacarse, como en Moscú, un vale de descuento (hay 2 millones) para tiendas, restaurantes y bares que se rifarán entre quienes vayan a votar, igual que otros premios.

Hace 12 años Putin pensaba muy diferente: “Desde el primer día en el cargo de presidente de la Federación Rusa decidí que no voy a violar la Constitución vigente (…) Creer que el sillón de jefe máximo es tuyo para siempre, hasta la muerte, lo considero absolutamente inadmisible”.

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En plena pandemia de coronavirus, Jair Bolsonaro avanza con la privatización del agua

El Senado le allanó el camino

 

El Senado de Brasil aprobó el miércoles un proyecto oficialista que allana el camino para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El presidente Jair Bolsonaro había pedido al Congreso prioridad para la iniciativa, a pesar de la pandemia del coronavirus, bajo la excusa de que atraerá más inversión privada al sector que se encuentra en un estado de precariedad.

El proyecto de ley, que había sido aprobado la Cámara baja en diciembre, fue sancionado por una votación de 65 a 13 en el Senado. La iniciativa, que el presidente firmará en las próximas horas, pondría un recurso público vital en manos privadas, en momentos en que muchos países o ciudades lamentan haber privatizado sus sistemas de agua

El saneamiento era el último sector importante de infraestructura en Brasil que no había sido privatizado. Bolsonaro, que impulsó una agenda radical de reformas de libre mercado, celebró su aprobación.

De acuerdo al mandatario, el proyecto tiene como objetivo brindar un mejor servicio a los 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y 100 millones cuyas aguas residuales se vierten sin tratar, dijeron sus impulsores. "Casi la mitad de la población de este país carece de saneamiento básico", dijo el principal patrocinador del proyecto, el senador Tasso Jereissati del partido de centro derecha PSDB.

La votación fue resultado de una sesión remota debido a la pandemia de coronavirus, que ha resaltado la urgencia de abordar los problemas de saneamiento para los pobres en el país.

El país tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos. Muchos brasileños carecen de acceso a lo más básico necesario para prevenir el contagio: agua limpia para lavarse las manos.

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Viernes, 26 Junio 2020 06:14

El honor perdido del señor Kawaguchi

El honor perdido del señor Kawaguchi

Historia de un jardín secreto en Bogotá

 

En un viaje a la costa colombiana que hice con mi hija hace un par de años, teníamos siete horas muertas de espera en el aeropuerto de Bogotá hasta enganchar la conexión que nos llevaría a Cartagena. Llamé a un buen amigo que tengo allá, el extraordinario Dos Erres, y él dijo que nos pasaba a buscar encantado y nos llevaba a pasear un rato. Confieso que llamé sin muchas esperanzas a Dos Erres porque es esa clase de personas que puede no contestarte mails o wasaps durante meses y de pronto aparecer como si nada, con el cariño de siempre.

Así apareció Dos Erres con su auto por el aeropuerto, así nos sumergió en el quilombo de tránsito que es Bogotá a las doce del mediodía y diez minutos después nos hacía entrar en un increíble jardín, una isla de silencio y paz, rodeados de rocas y verde. En el fondo había un estanque y un invernadero de orquídeas enanas, las famosas orquídeas enanas de Bogotá. En ese invernadero, nos contó Dos Erres, habían encontrado hacía poco, durante una refacción, un cuaderno escondido, escrito en japonés, por el hombre que había creado ese jardín un siglo antes. La dueña de casa contactó a la Embajada de Japón, ambas partes se reunieron y decidieron que había que mandar a hacer un libro sobre ese jardín y ese cuaderno. Porque, según la leyenda, ese jardín era obra del famoso Jardinero Imperial que Antonio Izquierdo le había birlado al Emperador del Japón en el año 1908, el primer japonés que había pisado suelo colombiano.

La historia fue así: en 1903, cuando los colombianos perdieron el Istmo de Panamá, entendieron que debían poblar urgente su frontera oeste, si no querían seguir perdiendo tierra. El problema era que ningún colombiano quería ir a ese páramo, así que el gobierno envió a Antonio Izquierdo a Japón, con la misión de traer cien mil inmigrantes nipones para ocupar esas tierras. Mientras tanto, en Bogotá, la Academia de Medicina discutía el asunto y llegó al siguiente, insólito veredicto: “Una mestización de sangre japonesa con los diversos elementos étnicos de nuestro país no daría resultados ventajosos ni en el aspecto morfológico, ni en el aspecto funcional y tampoco en la resistencia a las diversas influencias morbosas de nuestra zona. No es aconsejable para Colombia”. Izquierdo se enteró por telégrafo en Japón que su misión era un fracaso y se llevó de vuelta a Bogotá un Jardinero Imperial, como gesto simbólico: “Al menos traje un inmigrante japonés”. El susodicho, llamado Tomohiro Kawaguchi, no era “El Jardinero Del Emperador” exactamente, pero había trabajado ocho años en los Jardines Imperiales y otros ocho en la residencia del Conde Okuma, quien se lo había cedido graciosamente a su honorable huésped colombiano, en pos del entendimiento entre naciones.

Más que un jardinero, Kawaguchiera un botanista y un paisajista, lo que en Japón se conoce como ueki-shi. Según los fríos datos históricos, Antonio Izquierdo lo puso a trabajar en “el embellecimiento del Bosque San Diego”, propiedad suya, por supuesto, pero cedida a la ciudad para la Exposición Industrial de 1910, bautizada como Parque de la Independencia. Después de eso se le empieza a perder el rastro a Kawaguchi. La leyenda dice que siguió padeciendo el frío bogotano los ocho años siguientes, haciendo ocho jardines al mismo tiempo, en distintas mansiones de la ciudad y alrededores: ocho jardines privados que él entendía como una obra colectiva, pero sus dueños no. Eran todos ricachones dispendiosos, pero se celaban tanto entre sí que no soltaban un billete, para no favorecer a los demás. Kawaguchi respondía por todos los gastos mientras seguía trabajando: los operarios, los viajes en busca de plantas, el traslado de rocas, las horas y horas de experimentos en el invernadero-taller. Cuando su hijo llegó de Japón a ayudarlo encontró al padre durmiendo en un catre en aquel galpón ahora vacío, salvo un rincón donde seguía criando sus orquídeas enanas y otro donde seguía tallando a mano las rocas que no tenían la textura que él pretendía. Los ocho jardines estaban inconclusos y Kawaguchi estaba en quiebra.

El hijo le dijo: “Vamos a trabajar y a pagar todo lo que debes”. Convirtió el taller en vivero y puso a la venta las mil maravillas que había engendrado Kawaguchi en aquel laboratorio. Le ahorró a su padre la humillación y se puso él al mostrador mientras dejaba a Kawaguchi trabajar en un cubículo, a salvo de miradas curiosas, concentrado en los arreglos florales que hacía a pedido. Les llevó siete años saldar las deudas; a continuación, el hijo se llevó al padre de vuelta a su país. Según la correspondencia de Izquierdo, Kawaguchi no hizo más jardines como ueki-shi a su retorno a Japón.

Eso era todo lo que se sabía hasta ese momento, y había alta expectativa por saber qué decía el cuaderno. Alta expectativa es un decir: para la dueña de casa, lo más importante del libro eran las fotos de su jardín; el asunto del cuaderno lo había dejado en manos de la Embajada de Japón. Y para la embajada se estaba convirtiendo en un problema: ya habían fracasado dos traductores en trasladar el texto al castellano. Pero mi amigo Dos Erres estaba eufórico esa tarde que nos llevó a conocer el jardín, porque había logrado por fin conectarse con la legendaria Inés Solórzano, una antropóloga colombiana que, luego de doctorarse en Inglaterra en estudios sobre Asia Oriental se fue a vivir a Japón, donde tuvo a su cargo durante treinta años la cátedra de Culturas Comparativas de la Universidad Teikyo, en Tokio, hasta que fue invitada a presidir la Escuela de Estudios Orientales de Cambridge. Inés Solórzano iba a saber explicarlo todo. El libro sería perfecto, ahora que contaban con ella.

Unahora después embarcamos con mi hija a Cartagena y desde entonces no supe nada más. Cada dos o tres meses le mandaba un mail o un wasap a Dos Erres pidiendo novedades, pero él estaba desaparecido en el éter, en su mejor estilo, hasta que esta insularización universal logró el milagro: Dos Erres me escribió la otra noche, desde su departamento en Bogotá. Cruzamos unos audios, breves. Estaba un poco borracho así que mucho no se le entendía. El libro no va a salir, al menos por ahora. A él le dieron el olivo. Inés Solórzano estuvo más de un año con el cuaderno y lo devolvió compungida: el idioma en que estaban escritas esas páginas, si es que era japonés, era indescifrable. Incluso intentaron con un criptógrafo japonés y con otro occidental; ninguno pudo descifrarlo. Nunca sabremos lo que escribió Kawaguchi en ese cuaderno, ni lo que pensó en esos años bogotanos. Nunca sabremos cómo iban a ser esos ocho jardines y nunca sabremos tampoco, dijo la voz gomosa de mi amigo Dos Erresen el último audio, cuáles eran los otros siete, porque seguro que los respectivos dueños temen que su jardín haya quedado más inconcluso que los demás y, por estúpido orgullo bogotano, prefieren negarle al mundo esa obra sin terminar del maravilloso y enigmático ueki-shi Tomohiro Kawaguchi.

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La policía es irrelevante para la seguridad ciudadana

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. En Estados Unidos la policía ha matado al menos a 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

 

Las recientes protestas, catalizadas por el asesinato de George Floyd en Minneapolis, piden el fin de la violencia policial racista. Con sus acciones, los manifestantes también han ido más allá de los debates obsoletos del pasado reciente acerca de la vigilancia policial. Recortar la financiación de la policía, disolverla o abolirla: gente que jamás había escuchado estas ideas en debates sobre la policía ahora las tienen en cuenta muy en serio.

Estos avances en el debate sobre la policía no habrían sido posibles sin los manifestantes, que se han mantenido firmes a pesar de haber sido golpeados y haber sufrido abusos policiales en cada rincón de EE UU. Pero lo importante de esto no es hacer avanzar el debate. Lo importante de esto es la vida y la muerte. Para que la policía deje de asesinar gente —1.000 personas cada año— serán necesarios cambios en el sistema. Los manifestantes serán recordados en el futuro sólo si los cambios conseguidos son los correctos.

Los programas de reforma solo tendrán éxito si parten de la premisa de que la institución policial ha perdido su legitimidad social, que jamás ha merecido. Las reformas que den por hecha la legitimidad de la policía, aunque pidan más cámaras incorporadas en el uniforme, mejor supervisión, un personal con más diversidad racial o más procedimientos legales contra los asesinos dentro de la policía, no van a funcionar.

Cuando la policía sea vista como una institución ilegítima estaremos en el camino correcto. Como sostiene Mariame Kaba en The New York Times, no estaría mal ejecutar un recorte del 50% en los presupuestos de la policía y dejar que la lógica de la austeridad haga el resto, como ha sucedido con otras partes del sector público.

Pero un recorte del 50% se puede regatear hasta el 10%, y el 10% hasta el 2%, mientras la policía y sus defensores puedan seguir relacionando la seguridad ciudadana con la vigilancia policial. La reacción contra la idea de abolir la policía como algo “poco realista políticamente” debido a la seguridad ciudadana ha empezado en el ámbito local, donde se está debatiendo este tema. El objetivo debe ser abolir una profesión que tiene el derecho legal a acabar con la vida (y a mentirte mientras tú estás obligado a decir la verdad).

¿Tiene la policía actualmente el derecho a matar? Por supuesto. Partiendo de estimaciones prudentes y de datos oficiales, el escritor Lee Camp calcula que la policía ha matado a una media de 900 personas al año. En otras palabras, al menos 12.600 personas desde 2005 hasta 2019. En ese periodo, tres policías en total han ido a la cárcel por homicidio sin que los recursos hayan afectado a la condena. Es menos que una décima parte del 1%, pero se puede redondear fácilmente a cero.

Por encima de todo, hay que retirarle a la policía su licencia para matar. Todavía existe debido a una mística —ayudada por los omnipresentes programas televisivos, libros y películas de policías— basada en tres ideas: la idea de que los policías son valientes porque su trabajo es peligroso, la idea de que mantienen protegida a la sociedad, y el hecho de que puedes llamarles en caso de emergencia.

¿Valentía? Sí, ser policía es el decimosexto trabajo más peligroso en EE UU, por detrás de los leñadores, pescadores, pilotos, techadores, recogedores de basura, camioneros, granjeros, trabajadores del metal, trabajadores de la construcción, paisajistas, operadores de la red eléctrica, jardineros, trabajadores del campo, ayudantes de obra y supervisores directos de mecánicos, instaladores y reparadores. Pero ningún trabajador en ninguno de los 15 empleos más peligrosos tiene la opción de matar cuando se sienten subjetivamente en peligro. La policía sí.

¿Seguridad? Proporcionar seguridad a la sociedad no es una función especial de la policía. En The End Of Policing, de Alex Vitale, éste cita al criminólogo David Bayley en su libro Police for the future, en el que Bayley consideraba este hecho como “uno de los secretos mejor guardados de la vida moderna. Los expertos lo saben, la policía lo sabe, pero el público no lo sabe”. Sabemos desde hace 50 años que la policía no ayuda a la seguridad ciudadana. El antropólogo francés Didier Fassin, en su libro de 2013 La fuerza del orden, cita el experimento de Kansas City en los años 70:

“Este estudio sin precedentes, único en su tiempo, comparó tres zonas de la ciudad: en la primera, brigadas “reactivas” limitaron su actividad a responder a las llamadas de los residentes; en la segunda, de carácter “proactivo”, como mínimo doblaron el tiempo que pasaban patrullando; en la tercera, que servía como zona “de control”, siguieron con su mezcla de actividades previa. Los resultados de todo un año de operaciones y mediciones parecían idénticos: ni ataques a personas, tanto agresiones como amenazas, ni agresiones sexuales ni atracos, ni ataques a la propiedad, tanto robos como daño a vehículos, variaron de manera significativa como resultado de los diferentes sistemas empleados; de manera similar, la percepción sobre los crímenes o la sensación de inseguridad expresada por residentes y dueños de negocios no mostró variaciones entre las zonas, ni tampoco el nivel de satisfacción con la policía; y resultó que en los tres casos, el 60% del tiempo de los agentes se gastaba en actividades que no estaban relacionadas directamente con hacer cumplir la ley, incluyendo un cuarto del tiempo que no mostraba relación alguna con el trabajo policial… En definitiva, era evidente que las patrullas usadas de manera preventiva no tenían efecto sobre la actividad criminal, tanto en términos de delitos registrados por el cuerpo de policía como desde el punto de vista de la “percepción de riesgo” de los residentes”.

Los resultados fueron pasados por alto: la policía siguió patrullando las siguientes cinco décadas. Fassin, que como parte de su estudio pasó tiempo con la policía de París, hizo sus propios cálculos sobre en qué empleaban el tiempo: “En mi experiencia, el tiempo empleado en responder llamadas representaba aproximadamente el 10% del total del turno; era raro que subiera hasta el 20% (cinco llamadas por equipo cada noche era un máximo que raramente se alcanzaba), mientras el resto del tiempo se dedicaba a patrullas aleatorias y al registro administrativo de la actividad desarrollada”.

¿Piensas que lo de París es una anomalía? Piénsalo otra vez:

“Una serie de estudios llevados a cabo en EE UU revelan que los agentes en patrulla dedicaban entre el 30 y el 40% de su tiempo a responder a llamadas (una media de cinco llamadas en una hora por equipo en distintas ciudades) de las cuales solo entre un 7 y un 10% están relacionadas de alguna manera con delitos o crímenes, y entre el 40 y el 50% de su jornada laboral en patrullaje aleatorio y papeleo, con el resto del tiempo dedicado a varias tareas”.

Así describe Fassin el trabajo cotidiano del grupo de policías a los que estudiaba:
“Mientras patrullan por calles tranquilas y vecindarios pacíficos, los policías esperan llamadas ocasionales que casi siempre terminan no teniendo ningún sentido, tanto porque están relacionadas con errores o bulos, o porque los equipos llegan demasiado tarde o echan a perder el caso por su torpeza o porque no hay causa para ningún interrogatorio o arresto”.

Fassin cita a un criminólogo de Ontario, Richard Ericson, que descubrió en 1982 que la policía pasa 76 minutos en un turno de ocho horas respondiendo a llamadas, con la opinión de que “la presencia de agentes de policía se ha convertido en un fin en sí mismo”.De modo que la policía tiene el decimosexto trabajo más peligroso, y es irrelevante para la seguridad ciudadana, pero la sociedad necesita alguien a quien llamar en caso de emergencia. Este rol puede cubrirse por trabajadores civiles formados, que tendrán que aprender a resolver problemas sociales diarios sin una licencia para matar, una dirección que podría tomar Minneapolis dada la promesa de los concejales municipales de disolver la policía en la ciudad.

El año pasado, los periódicos canadienses Globe y Mail informaron sobre un cuerpo policial en el Yukon que no llevaba armas y que no podía presentar acusaciones. Algunas ciudades tienen servicios de protección del menor que trabajan para proteger niños, con mayores o menores grados de intrusión. Los trabajadores sociales pueden recibir formación para intervenir en conflictos domésticos y en situaciones conflictivas abiertas relacionadas con la salud mental. Se pueden presentar en equipos para proteger su propia seguridad, como en otras profesiones.

Hay propuestas detalladas para que la responsabilidad sobre la seguridad recaiga en manos de la comunidad: Olúfẹ́mi O. Táíwò describe una en Dissent Magazine; Zach Norris reenfoca este asunto en su nuevo libro We Keep Us Safe; y Ejeris Dixon y Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha describen enfoques comunitarios sobre seguridad en su obra colectiva Beyond Survival: Strategies and Stories from the Transformative Justice Movement.

También debería haber reformas culturales. Boots Riley propone echar a los asesores militares y policiales, que funcionan como censores del Estado, de las producciones de cine y televisión. El movimiento #MeToo condujo a la creación de un puesto de coordinador de relaciones íntimas en la producción de películas para asegurar que las escenas de sexo fueran filmadas sin explotación sexista. Los estudios pueden ser responsables con este movimiento si reducen drásticamente la producción de programas de policías mientras echan a los censores de los programas que permanecieran. Esto podría tener su efecto al reducir la mística y la veneración a la policía.

Los defensores de la policía pueden argumentar que se darían pérdidas económicas como resultado de la abolición. Algunos cuerpos policiales viven de lo que obtienen a través de los decomisos, multas y sanciones, lo que permite mantener bajos los impuestos mientras la vida de los pobres es miserable. En general, no obstante, estas medidas ahorrarían dinero.

En un primer momento, buena parte del dinero ahorrado al recortar el gasto policial debería ir dirigido a facilitar la transición de aquellas personas en funciones policiales hacia otros trabajos. Las pensiones son un mecanismo para sacar a los policías de sus funciones por cualquier motivo, y las organizaciones de policías las usan de hecho muy generosamente. Pero dar una pensión indefinida a los policías, aunque salvara vidas, haría que no quedaran recursos disponibles para la seguridad ciudadana. En su lugar, los gobiernos pueden desarrollar programas de retiro y formación (los valientes policías pueden optar a formarse para alguno de los 15 empleos más peligrosos), como hacen con otros trabajadores que son despedidos.

En el periodo de vigencia de los actuales convenios colectivos, los policías podrían recibir dinero para prepararse para otros trabajos o simplemente para quedarse en casa, algo caro a corto plazo, pero que salvaría miles de vidas. Tras ese periodo inicial, los cientos de miles de millones de dólares que se gastan en vigilancia policial podrían redirigirse a crear y fortalecer los servicios públicos. Las posibilidades solo se verían limitadas por la cantidad de millones que podrían sacarse de la policía. Los trabajadores sociales, desde luego, son sólidos candidatos para esta reasignación de fondos, así como el transporte público y otros servicios básicos gratuitos (especialmente, en EE UU, la atención sanitaria).

Los datos criminológicos nos han dicho desde hace décadas que la policía es irrelevante para la seguridad ciudadana. Los investigadores británicos Richard Wilkinson y Kate Pickett, en su ensayo clásico de 2009 Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva, muestran que una buena parte de los problemas sociales, incluyendo la violencia, tienen una fuerte correlación con la desigualdad. Su obra también muestra diferentes opciones para alcanzar la igualdad: altos salarios en el sector privado (como en Japón) o altos impuestos y redistribución (como en el norte de Europa). En EE UU, todas las opciones a favor de una mayor igualdad han sido bloqueadas por los ricos que –como Martin Gilens y Benjamin Page dejan claro en su importante estudio de 2014- han capturado la política. Un auténtico Green New Deal haría más por la seguridad ciudadana que cualquier reforma policial concebible que no se basara en el abolicionismo.

Este artículo ha sido editado por Globetrotter, un Proyecto del Independent Media Institute. Justin Podur es un escritor que vive en Toronto y colaborador de Globetrotter. Puedes encontrarle en su página podur.org y en su cuenta de Twitter @justinpodur. Es profesor en la facultad de Estudios Ambientales de la Universidad de York. Es autor de la novela Siegebreakers.

Por Justin Podur

Tradución: Diego Sanz Paratcha

25 jun 2020 06:00

Artículo original: https://zcomm.org/znetarticle/policing-is-irrelevant-for-public-safety/

Traducido para El Salto por Diego Sanz Paratcha.


En Estados Unidos se debate la abolición de la policía

La petición de abolir la policía hasta hace poco tiempo parecía imposible, pero hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para todos aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad de la gente.

El asesinato del afroamericano George Floyd ha visibilizado una discusión que hace décadas mantienen personas y grupos en Estados Unidos: la imposibilidad de la reforma a la brutalidad policial y, por lo tanto, la necesidad de acabar con la policía. Dichas discusiones se han dado ya hace varias décadas, reactivándose recientemente luego de motines populares provocados por sucesivos asesinatos de afroamericanos. Intentando apagar la rabia, el Estado ha construido un discurso de revisar la actuación de sus servidores, sin embargo, pasa el tiempo y las intenciones gubernamentales poco cambian la realidad.

No extraña que sean justamente las y los afroamericanos quienes hayan liderado estas discusiones y que el legado de la esclavitud en el país del norte defina fuertemente la política actual; ya Angela Davis ha planteado que si la pena de muerte existe aún en el siglo XXI es por la naturalización del asesinato de esclavos que buscaron liberarse siglos atrás. Así mismo, las ideas abolicionistas vienen del movimiento que buscó acabar de raíz con esa condición de propiedad de hombres blancos sobre negros. Por eso, entre otras cosas, es que los y las descendientes del pueblo esclavizado recuperan la misma noción de abolir, porque ya saben que hay momentos de la humanidad en que hay que empezar de nuevo para respetar la vida.

Buena parte del movimiento abolicionista actual justifica sus ideas en que desde hace años se dieron una tras otra comisión de investigación con resultados insuficientes para frenar los asesinatos causados por policías; sucesivamente se determinó promover reeducación incluyendo políticas antisegregacionistas, incluir cámaras corporales en procedimientos, alentar al ingreso de afroamericanos a las unidades e integrar el cuerpo policial con las comunidades. Todo eso se intentó hace años en Minneapolis, donde asesinaron a Floyd, y a pesar de ello la impunidad se mantuvo. Los policías asesinos saben que en los juzgados tienen pocas opciones de perder, y en parte porque su figura de autoridad es respaldada por una opinión mayoritaria que justifica la necesidad de ellos, con el fin de garantizar la seguridad; gran sofisma sobre el que se justifica la violencia institucional.

Sin embargo, organizaciones como el proyecto NIA plantean dejar de usar a la policía para enfrentar la inseguridad, volviéndola obsoleta con otras medidas: trasladar los recursos que se pierden en ese cuerpo armado, reinvirtiéndolos en salud, educación, vivienda y en general bienestar social. De hacerse esto cada vez habrá menos necesidad de policía y por lo tanto a largo plazo será obsoleta. Pero no solo allí está la apuesta; muchos discuten la necesidad de contratar en cambio a trabajadores del cuidado que reciban los salarios que ahora tienen asesinos policiales, de tal forma que puedan no solo intervenir cuando sea necesario sino prevenir al identificar problemas dentro de las comunidades.

Resultado de este activismo por años ha logrado que en las manifestaciones de las recientes semanas se visibilice el lema “Defund the police” que justamente recoge una de las propuestas del movimiento abolicionista: desfinanciar a la policía. Parte de este llamado viene del interior del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan), quienes denuncian que el incremento del presupuesto a la policía lo único que ha garantizado es más represión y asesinatos por parte de este cuerpo armado. Solo para entender esto, hay que reconocer como en los Estados Unidos hay días que la policía mata a más personas que las que en un año son asesinadas por estos cuerpos en otros países; por ejemplo, en los primeros 24 días del 2015 la policía de ese país mató a más personas que las asesinadas por la policía en Inglaterra y Gales en 25 años.

El llamado a la desfinanciación también ha sido hecho por otras comunidades; la American Friends Service Committee (Comité de servicios de los amigos americanos), organización religiosa que promueve la no violencia en ese país, lideró una petición a la que se unieron más de 5000 personas con este propósito. Su secretaria general afirmó que: «Esta no es una cuestión política. Esta no es una pregunta presupuestaria. Esta es una pregunta moral… el alma de nuestra nación está profundamente herida, y este momento nos ruega que tomemos medidas valientes… Nuestra fe nos llama a decir la verdad al poder y desafiar a las instituciones culpables hasta que las vidas de nuestros hermanas y hermanos negros, marrones e indígenas sean igualmente valorados”.

Mientras cientos de activistas en las calles de Chicago, Seattle, Boston o Nueva York siguen proponiendo que el problema no es transformar la policía sino acabar con la idea de vigilancia, y con ello acabar la necesidad de policía, ya en Minneapolis el consejo de la ciudad tomó la decisión de desmantelar y abolir la policía a largo plazo. Aun no es nítido cuáles son los pasos que tomarán para seguir esta decisión, pero se asegura que buscarán un modelo de seguridad distinta y que esto se discutirá con la comunidad. Frente a esto, el presidente Trump twitteó: “La ley y el orden, no desfinanciar ni abolir la policía. Los radicales izquierdistas demócratas se han vuelto locos”.

El tiempo dirá si dicho desmantelamiento en Minneapolis se hace realidad; por ahora, es suficiente con documentar que una petición que hasta hace pocas décadas parecía imposible hoy se discute gracias a la presión popular. Las premisas de dicho movimiento pueden ser igual de válidas para aquellos territorios que se atrevan a soñar con otras formas de garantizar la seguridad: desarmar, desmontar, abolir… solidarizarse.

Por Oscar Vargas | Rebelión. 25/06/2020

Publicado originalmente en el periódico argentino Virginia Bolten.

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