Mientras padecemos el horror, cultivamos vida

Pese al clamor que se ha prolongado por más de dos décadas, nuestra Comunidad de Paz ha elevado súplicas a todos los rincones del país y del mundo en búsqueda de solidaridad y humanidad y ha logrado que se le exija a los gobiernos de turno parar la barbarie y desmontar el plan de exterminio al que somos sometidos constantemente, sin que a la fecha se haya implementado ninguna medida eficaz para poner fin al sufrimiento que hemos padecido durante ya tantos años. Mientras padecemos el horror, nosotros aquí seguimos aferrados al amor que le tenemos a la vida.   

Una vez más, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación ética y moral de dejar constancia ante el país y el mundo, para que algún día se juzguen los atropellos perpetrados por los paramilitares, brazo criminal del Estado, que afectan a nuestra Comunidad y a la población civil de nuestro entorno geográfico y social. En esta ocasión dejamos constancia de estos hechos:

-          El martes 2 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de un intento de abuso sexual, hace algunos días, contra dos niñas que oscilan entre 11 y 13 años, por parte del reconocido paramilitar que tiene el alias de “Samuel” en la vereda La Unión del corregimiento de San José de Apartadó. A estas menores el paramilitar les ofreció sumas de dinero para someterlas. De igual forma vienen incentivando a otras menores con el propósito de abusar sexualmente de ellas.

-          A principios del mes de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento de las amenazas de muerte, por parte de los paramilitares, contra un joven que vive en la zona, quien, además, había sido el encargado, por parte de los paramilitares, de la venta y comercialización de drogas en el centro poblado de San José. Las autoridades de Policía y del Ejército, al parecer en coordinación con el paramilitarismo, han venido utilizando a la población civil, específicamente a los jóvenes, para involucrarlos en este juego sucio y perverso y luego justificar sus muertes o sus desplazamientos de la región. Afortunadamente la familia de este joven gestionó oportunamente su protección y su traslado a otro sitio fuera de la zona, logrando así salvar su vida. 

-          El sábado 6 de febrero de 2021, nuestra Comunidad de Paz, tuvo conocimiento, a través de un poblador de la zona, que, el anterior comandante de la Estación de Policía de San José, tenía una relación muy cercana con los paracos en el tema de drogas”. Y que “el nuevo comandante llegó, entró y siguió el hilo, la misma línea exactamente igual al anterior, pareciera que todo está ya cuadrado”. También afirmó“ya en las noches, cuando esta oscurito, uno ve a los policías que bajan de civil a las ollas (expendios de drogas) a comprar droga y vuelven a subir al comando”. Afirmó además que “la policía no se mete en ningún problema, todo se lo han dejado a los paramilitares para que controlen todo el orden público, y esto no se lo puede uno decir a nadie, toca quedarse uno calladito, porque si se lo dice a alguien y ese alguien a la policía o a los paracos, se mete uno en problemas.

 

-          Este mismo sábado 6 de febrero de 2021, una vez más un poblador de la zona  se acercó a nuestra Comunidad de Paz, para afirmarnos que, en el casco urbano de San José de Apartadó, se viene presentando una situación muy grave y lamentable y es permitir que los niños menores de 10 años compren drogas (alucinógenas) en horas de la noche para consumir, sin que nadie haga absolutamente nada para evitarlo, pese a que en San José de Apartadó existe una base militar y un bunker de la Policía Nacional.  

-          El martes 9 de febrero de 2021, en horas de la tarde, en las veredas La Unión, Buenos Aires y El Cuchillo, del corregimiento de San José de Apartadó, paramilitares que residen en dichas veredas convocaron para el día siguiente, miércoles 10 de febrero de 2021, a una reunión en el paraje las Claras, del mismo corregimiento, con la advertencia de que quien no participe, asume las consecuencias.

-          El miércoles 10 de febrero de 2021, en el paraje Las Claras, desde muy temprano hicieron presencia paramilitares, portando armas cortas y en trajes de civil. Hacia las 13:00 horas, en la escuela ubicada en dicho paraje de las Claras, que además está ubicado a pocos minutos del casco urbano de San José, donde está instalada una base militar y un bunker de la Policía Nacional, se llevó a cabo una reunión presidida por los paramilitares al mando de alias “Cristian”, ex militante de las FARC-EP por más de 20 años, según el propio alias Cristian. En dicha reunión, los paramilitares impusieron órdenes y reglas totalmente en contravía del proceder y costumbres del campesinado de la región, en lo que tiene que ver con la producción agrícola y comportamiento social, limitando a la población campesina el derecho que tienen sobre sus propiedades o tierras que han cultivado desde hace muchos años por sus abuelos y ancestros. De igual forma la imposición de “vacunas” (impuestos ilegales y extorsivos) para el corte y venta de madera; la prohibición total de cacería y pesca en la zona sin la autorización directa de ellos(los paramilitares). Allí también se manifestaron enérgicamente contra las denuncias que nuestra Comunidad de Paz viene realizando públicamente. Alias Cristian afirmó que tienen gente por todos lados, y que tienen a toda la población civil vigilada; o se someten a las normas, dijo, o se tienen que ir de la zona. La advertencia para los jóvenes y adolescentes es que todo niño mayor de 12 años debe participar en la junta, o pena de multa, o no puede estar en la vereda, afirmando, además, que no van a permitir que la guerrilla se tome el territorio nuevamente, que lo van a disputar a sangre y fuego y que quien tenga que morir pues que muera, ya que esta región representa grandes intereses económicos. Frente a estas amenazas, la población civil está muy asustada y hay mucha preocupación por las advertencias y amenazas que los paramilitares vienen haciendo.

-          El jueves 11 de febrero de 2021, en la vereda Bellavista, perteneciente también al corregimiento de San José, se realizó una reunión con la población civil campesina, por parte de los paramilitares que actúan libremente por estas regiones; los temas abordados fueron los mismos que se trataron en el paraje de Las Claras el día anterior, miércoles 10 de febrero de 2021.

-          Entre los días 16 al 20 de febrero de 2021, los paramilitares han circulado por las redes sociales en el corregimiento de San José, lanzando sus amenazas de muerte y exhibiendo una lista de personas para asesinar.

-          Se ha tenido conocimiento de que, en las otras veredas del corregimiento de San José, se realizaron reuniones de imposición del orden económico y social anunciado en días anteriores por los paramilitares, quienes actúan libre y abiertamente a lo largo del territorio del corregimiento de San José de Apartadó.

-          El viernes 26 de febrero de 2021, en la vereda El Porvenir, del corregimiento de San José de Apartadó, se notó una fuerte presencia de un grupo de paramilitares con uniformes camuflados y portando armas largas. La presencia de este grupo paramilitar genera zozobra e intimidación a la población civil, por cuanto ya vienen realizando control y amenazando al campesinado, imponiendo determinados usos de la tierra y modelos de producción agrícola en sus parcelas que es el sustento de las familias campesinas.

El lunes 08 de marzo de 2021, nuestra Comunidad de Paz hizo pública ante el país y el mundo una NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, pues, una vez más ha evidenciado su distanciamiento radical del papel que le asigna la Constitución Nacional, mediante prácticas corruptas y en contravía de su misión. En efecto, la designación de personas para los cargos de Defensor Nacional y Defensor Regional de Urabá, el primero, en el Señor Carlos Camargo, como amigo incondicional del Presidente Duque, y el segundo en el Señor José Augusto Rendón, como abogado de los despojadores de tierra de comunidades campesinas y afrocolombianas y además enemigo declarado de la Ley de Tierras y de Víctimas, son nombramientos que dejan en claro una opción del gobierno por los opresores, por los despojadores y por los empresarios corruptos, al mismo tiempo que contraria a lo que la Constitución y las leyes establecen como objetivos misionales de la Defensoría del Pueblo. Queda claro que las víctimas no les importan sino solo la ambición de poder político y de acumulación de poderío económico en manos de élites opresoras, ligadas a  empresas y partidos políticos que se han destacado por su capacidad de despojo, desplazamiento, eliminación de comunidades de base y desconocimiento de derechos humanos fundamentales. Es de conocimiento público que estos dos personajes vienen de un pasado muy oscuro en el país, el cual los inhabilita radicalmente para ser defensores de las víctimas, papel esencial de la Defensoría. Nuestras rupturas anteriores se han fundado en nuestra triste experiencia de tener que acudir a una Defensoría que no nos garantiza nada y que, por el contrario, ha hecho todo lo posible, ya con acciones corruptas, ya con omisiones sistemáticas, para garantizarle a los empresarios y politiqueros corruptos el disfrute pleno de su capacidad de despojo, de robo de tierras, de desplazamientos forzados de comunidades enteras y de prácticas genocidas de exterminio de comunidades.

 La confabulación entre las fuerzas armadas y su brazo paramilitar, no puede sino sumar crímenes a crímenes contra la población civil, prácticas que no cambian y que muestran una desvergonzada e impúdica contumacia y complicidad de todas las instituciones; no vale dejar constancias en la Presidencia de la República, en todas las altas Cortes; la misma Defensoría del Pueblo ya fue corrompida hasta el fondo; nadie hace nada; el gobierno no le da ninguna respuesta pertinente a los organismos internacionales que reclaman. El desamparo es absoluto.

Pese a ello, nuestras convicciones inquebrantables e insobornables por la defensa de la vida nos llevan a seguir hoy más firmes que nunca, elevando nuestra voz a los cuatro vientos, afirmándonos en nuestros principios de vida y trabajo y de firmeza civil pacífica frente a nuestros propios verdugos, quienes jamás podrán apagar nuestra voz. Nuestro clamor queda en la historia y en la humanidad.

No retrocedemos y jamás renunciaremos a nuestra memoria de vida y comunidad.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó.

12 de marzo de 2021

Publicado enColombia
El entonces vicepresidente de EEUU Joe Biden saluda al Papa Francisco en una visita al Vaticano en abril de 206. REUTERS

Mientras el avión del Papa Francisco y su sequita de 20 hombres, y unos 70 periodistas, escoltado por las cazas estadounidenses, aterrizaba en el aeropuerto de Bagdad, cientos de familias cristianas del norte de Iraq huían con lo puestos y en el frío invernal de los bombardeos del miembro de la OTAN, Turquía, que un día sí y otro también ataca los refugios de la guerrilla kurda del PKK en el Kurdistán iraquí, riéndose del "Irak soberano".

Para empezar, aclaro que aquí tratamos al Pontífice, no "como peregrino penitente" ni como "persona física", sino la máxima autoridad del Vaticano, institución convertida en uno de los poderes blandos más fundamentales de la política exterior de EEUU para la conquista de nuevos espacios o consolidar su posición en cualquier punto del planeta. Y es justamente esta función de la Santa Sede lo que inquieta la visita de Francisco al corazón de Oriente Próximo, Irak.

El uso de la religión como arma por el colonialismo y el imperialismo contra a sus adversarios y rivales se intensificó a finales de los setenta cuando EEUU, tras perder las guerras de Corea y Vietnam, vio cómo las fuerzas de izquierda tomaban el poder en Nicaragua, Granada y Afganistán, mientras en Irán, vecino de la Unión Soviética, el Sha era derrocado por una revolución espontánea y democrática. Por lo que, decide potenciar la extremaderecha judía, cristiana e islámica contra los "ojos y Ateos": En 1978, Washington realiza tres movimientos en los países con frontera con la URSS: 1) Manda a decenas de miles de terroristas "yihadistas" desde Pakistán a Afganistán para derrocar a su gobierno socialista; 2) traslada a ayatolá Jomeini de Irak a Francia para firma un pacto: él abortará la revolución y perseguirá a los comunistas a cambio de cumplir su sueño: instaurar el gobierno de Mahoma en Irán; 3) patrocina en Polonia al ultra católico Lech Walesa para desmantelar el socialismo en la eslabón más débil del espacio soviético y habrá un cuarto movimiento: convierte en el Papa al cardenal polaco-antisoviético Karol Wojtyła​, para que cumpla con dos misiones: destruir el socialismo en Europa Este y acabar con la Teología Cristiana de Liberación en América latina. La Santa Alianza de EEUU con el fascismo religioso aun hoy goza de una magnífica salud.

Hoy se reanuda esta Luna de Miel entre Washington y el Vaticano, después de cuatro años de del asilacionismo gestionado por Donald Trump, el único presidente de EEUU que no ha lanzado ninguna guerra en los último 40 años. Joe Biden, un practicante del catolicismo romano que ha colgado la foto de Francisco en el Despacho Oval le felicitó al Papa por su visita a Iraq, país que él mismo apoyó su destrucción por George Bush cuando fue senador, al que siguió lanzando bombas sobre su gente cuando hizo de vicepresidente de Obama.

La visita de Francisco al Cáucaso sur, frontera con Rusia, también encaja en esta estrategia Anaconda del Vaticano-EEUU.

Irak: el centro de operaciones del Pentágono

Más que su petróleo, Iraq es importante para Washington por estar ubicado en el corazón de Oriente Próximo, desde donde puede vigilar a Turquía, Irán y Arabia Saudí, y el Golfo Pérsico-al que le han quitado la identidad-, a beneficio del expansionismo de Israel. La instalación de la embajada más grande del mundo de 42 hectáreas, que costó a los iraquíes saqueados unos 750 millones de dólares para albergar a 16. 000 empleados está en línea de esta política. La colonia de EEUU alberga, además, una docena de bases militares como Ain al-Assad, Abu Ghraib, Grizzly, Kadhimiya, o Ninewah, Taji, y unos 300.000 soldados, asesores, contratistas, mercenarios, etc.

En este contexto, la visita del papa sucede cuando:

  • 18 de febrero: en cumplimiento de la orden de Biden, la Misión de la OTAN en Irak (NMI) anunciaba el envío de 4.000 nuevos militaresa Irak, que ya han ingresado en la base de Ain al-Assad.
  • 20 de enero: el día de su investidura, Biden anunció el fin del aislacionismo trumpista y el regreso del imperialismo militar al escenario mundial. El control sobre Iraq, que tuvo lugar en 2003 -basado en 7 mentiras al servicio de 10 objetivos-, es vital para ir reconfigurando el mapa de Oriente Próximo a la medida de los intereses de Washington. La decisión de Biden explica la reactivación de los "yihadistas" del Estado Islámico (ejército de mercenarios dirigido por el Pentágono), que durante la Administración Obama-Biden fue trasladado de Siria a Iraq, por lo que no nos sorprendió entonces ver que Obama se negaba a luchar contra el grupo terrorista.
    Sólo una día después, y tras casi nueve meses de calma, un doble atentado suicida en el mercado central de Bagdad mató a 32 civiles e hirieron a unos 100.
    La elección de Biden ha robado el sueño a los iraquíes: En 2007 el Congreso de EEUU aprobó su propuesta en forma del proyecto de ley no vinculante que proponía al gobierno de EEUU dividir Irak en tres regiones semiautónomas, árabe-chiíta, árabe-sunita y kurdo-sunnita, como "la única fórmula para pacificarlo" aunque su objetivo real era y es su balcanización y convertirlo en miniestados controlables.
  • 25 de febrero: Biden se estrena bombardeando a las fuerzas de Irán en Siria, y mata a unos 30 hombres. Y como las guerras suelen ser sucias, John Kirby, el secretario de prensa del Pentágono, en un intento de "divide y gobierna" afirmó que los datos de la ubicación de dichas milicias habían sido facilitados por el gobierno iraquí y lo kurdos. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraquí, Fuad Hussein tuvo que desmentirlo categóricamente e incluso viajar a Teherán para aclarar el asunto.
  • 29 de enero: Explosión frente a la Embajada de Israel en Nueva Delhi. India la vincula con Irán.
  • 1 marzo: Explosión en un barco israelí de transporte de vehículos en las aguas del Golfo de Omán. Netanyahu acusa a Irán y promete represalia. Teherán no sólo niega su implicación, sino que insinúa un "autoatentado".
  • 3 de marzo: ataque con 10 cohetes a la base de la OTAN en Ain al-Assad, Iraq, sin que nadie lo reivindicara.
  • 12 de febrero: Turquía lanza la "Operación Garra-Águila 2" en la región kurda de Irak contra PKK en la que mueren una veintena de kurdos y soldados turcos. Ankara teje con paciencia y contundencia el sueño de anexionar parte del territorio iraqui, empapado de Oro Negro.

Los iraquíes, en realidad, esperaban la visita del Papa del Vaticano en 2003 y como un "escudo humano" ante el anuncio de Bush de sepultar el país y su gente bajo un manto de bombas, sangre y cenizas en nombre de Jesús  (había dicho "Y Dios me dijo: George, pon fin a la tiranía en Irak, y yo lo hice"). ¿Por qué ahora, en medio de la pandemia, que ha arrebatado la vida de decenas de miles de iraquíes, de la que ni se ha salvado el embajador del Vaticano en Bagdad, arzobispo Mitja Leskovar?

A pesar de que EEUU y el Vaticano habían pactado la seguridad del Papa con los patrocinadores de las milicias armadas (Arabia saudí e Irán, principalmente), Bagdad impuso un toque de queda de cuatro días que duró la visita papal, perturbando el normal desarrollo de la vida de los ciudadanos: ¿A caso el papa quería visitar un país fantasma?

Cristianos de Irak

Los fieles a Jesús en Irak no superan pocos cientos de miles en una población de 39 millones. Y aquí llaman la atención dos datos que tuvieron lugar antes de la invasión del 2003:

  1. Iraq tenía 24 millones de habitantes, en parte gracias a algunos derechos que la mujer habia logrado (como acceso gratuito a los anticonceptivos) bajo una dictadura que sí exterminó a los comunistas y socialistas.
  2. El millón y medio de cristianos iraquíes, al igual que otras minorías religiosas, vivían sin miedo en su milenario hogar. El ministro de Relaciones Exteriores de Sadam fue Tariq Aziz, un caldeo cuyo nombre original era Mikhail Yuhanna. Después, la mayoría huyó, al igual que los yazidíes (lo correcto es "izadíes") .

Los cristianos iraquíes están organizados en unas catorce escuelas, entre ellas: la caldea con un centenar de iglesias vinculadas con el catolicismo, mientras las ortodoxas Siríaca, Griega, Evangélica, o la armenia mantienen buenas relaciones con el Vaticano. Se cree que Santo Tomas vivió en la estratégica Mosul visitada por Francisco,  o que Abraham, el patriarca de las religiones semíticas, nació en Ur, el mismo profeta qie abandonó a su mujer-esclava Agar y su hijo en común Ismael en el desierto con la misma actitud de menosprecio hacia la mujer que aún persiste en el Vaticano. Pero, Ur es histórico por ser donde se inventó la rueda, se redactó el código de Hammurabi, y se utilizó el aceite como combustible por primera vez en la historia conocida.

En el 410, en el Concilio de Seleucia-Ctesifonte, todos los cristianos del Imperio persa se reunieron en la capital, cerca de la actual Bagdad («Jardín de Justicia» en persa), para formar una sola iglesia: la Iglesia de Oriente, proceso paralizado por los invasores mogoles en el siglo XIII y la conversión de sus dirigentes al islam.

La misión del Papa Francisco

  • Dar una otra imagen del régimen de Irak, títere de EEUU e Irán (donde ambos países cohabitan para el disgusto de Israel y Arabia Saudí), distinta a la realidad: independiente, demócrata, y tolerante con el credo de los ciudadanos, cuando cientos de iraquíes progresistas han sido secuestrados y asesinados por los paramilitares vinculados con el poder.
  • Invitar a los cristianos emigrados a regresar a Irak, y pedir a los musulmanes y cristianos a unirse por la paz. Pero ¡Si la guerra continua y puede intensificarse en cualquier momento! Iraq tiene un primordial papel en el Gran Juego entre EEUU-Israel e Irán. El Papa debe saber que la mayoría de los 5 millones de iraquíes, de todos los credos y de ninguno, que han abandonado su país, lo han hecho por años de bombardeo por una treintena de países y el bloqueo económico de 12 años impuesto por la ONU que mató a 2 millones de personas. Tanto Juan Pablo II como Benedicto criticaron a EEUU por sus guerras, no por pacifista, sino por haber vaciado la región de cristiano y destruir buena parte de su patrimonio religioso. La respuesta de Obama-Biden fue incluir al Vaticano en la lista de los estados que lavaban el dinero. Luego sucederá la extraña "primavera vaticana" y la dimisión del Papa alemán.
  • Ofrecer apoyo a la comunidad cristiana asediada y menguante de Irak. ¿Qué tipo de apoyo y qué papel tendrá la CIA en ello?
  • Aportar un reconocimiento internacional a la teocracia respaldada por potencias extranjeras. El gobierno iraquí no siente la necesidad de ser reconocido por sus propios ciudadanos
  • Resucitar el tinglado de "Diálogo interreligioso", en el que los ayatolás, muftíes, rabinos y cardenales se dan besos y abrazos, escenificando, sin querer, una realidad: que estas guerras no son "civiles, ni religiosas" sino un enorme negocio entre las potencias mundiales y regionales celebrado sobre millones de vidas destrozadas trabajadoras. La guerra de EEUU contra Iraq en 1991 tenía unos objetivos, la del 2003 otros, y diferente a la que hoy se está gestando. A este factor, se añaden las ambiciones de la casta clerical que, textos sagrados en mano, atiza el fuego çde enemistad entre diferentes comunidades con el objetivo de "divide y vencerás".
  • Mantener la división entre los ciudadanos por su fe y en líneas religiosas. Pero, mientras las élite compuesta por los burgueses de todos los credos viven como colegas en paz y fortuna, la clase trabajadora, de todos los credos, que vive en la absoluta miseria, ya se está encargando de arrebatar el sueño y la paz a la kakistocracia que regenta el país. Los políticos han sido incapaz de reconstruir la estructura de Estado: Irak ha sido convertido en un Estado Fallido. Su gobierno ni controla la capital, ni siquiera la fortaleza de la Zona Verde. El 20 de diciembre, ocho cohetes impactaron en la Embajada de EEUU. La situación de la mujer,  como la mitad de la población, refleja la naturaleza de la actual situación.

El lugar de Irán en esta visita

La repercusión dada por la prensa occidental al encuentro del Papa con el Gran Ayatolá Ali Sistani (1930, Irán) no sentó bien ni a los eruditos sunníes de Iraq, ni mucho menos a Ali Jamenei, que se autoproclama el líder de los chiítas del mundo, a pesar de haber estudiado la teología sólo hasta alcanzar el grado de "Hoyat-ol-Eslam", dos rangos por debajo de Ayatolá y Gran Ayatolá.

La prensa de la región colocó a Sistani frente a Jamenie: un religioso humilde, sin una cuenta bancaria, popular y accesible, que nunca había ordenado la matanza de miles de sus críticos desarmados (musulmanes y chiitas incluidos), que ni se presenta "el representante" de los santos en la Tierra como el caudillo de Irán. Sistani se opuso a Ayatolá Jomeini cuando éste se convirtió en un califa en Irán en 1978 rompiendo la tradición milenaria chiita de apartarse del poder político. La de Irán es la primera teocracia clerical chiita de la historia cuya consecuencia ha sido una crisis de legitimidad del chiimo sin precedente y un laicización de la sociedad iraní, tras estar sometida en un nacionalislamismo con los tribunales inquisidores incluido.

Este choque está reflejado en las dos principales escuelas chiitas del mundo: la dirigida por Sistani en la ciudad santa de Nayaf de Irak con unos 900 años de historia, independiente del poder, y la que dirige Jamenei en Qom, Irán, con unos cien años, y cerca de 80.000 "talabé" «seminaristas-cura» que dependen de las subvenciones públicas y aplican las leyes prehistóricas a raja tabla y sin piedad. Numerosos ayatolás han sido apartados de estas escuelas (el último, Kamal Heidari) otros estuvieron en el arresto domiciliario (Mohammad Montazeri, el representante de la "Justicia social islámica"), y otros están en la cárcel (Hossein Boroujerdi, desde 2006).

La ONU ha publicado una lista de 24 cristianos iraníes encarcelados, acusados de "actuar contra la seguridad nacional", frase hecha preparada para acusar a todos los críticos, por un régimen que ha prohibido la libertad de asociación, expresión, prensa, y la religión en nombre de Alá: mientras se limita los derechos de los armenios, se persigue a quienes salen del islam para convertirse al cristianismo u otros credos. De hecho, el Papa ha visitado países "musulmanes" como Egipto, Turquía, Marruecos, Emiratos Árabes Unidos y Azerbaiyán, pero no ha recibido ninguna invitación de Teherán: los ayatolas temen que hable de los derechos humanos, de la pena de muerte (Irán es el país con mayor número de ejecuciones per cápita del mundo, y supera a China en números absolutos, país que tiene casi 20 veces más población),  de la persecución de las minorías religiosas y étnicas, etc., o que su visita sea aprovechada por millones de ciudadanos para manifestarse contra la casta clerical-militar gobernante, que ha convertido el país en uno de los más aislados del mundo.

Ningunear a los ayatolás de Irán es una herramienta más en manos de Biden para que se conformen con su parte del pastel en Iraq, y no aspiren más. La Administración Obama-Biden entregó el gobierno de Iraq a Nouri al-Maliki, próximo a los ayatolás de Irán, con la esperanza de que esta cohabitación con Irán le permitiese pacificar Iraq y poder trasladar parte de las tropas a cercar a China. Incluso permitió que Qassem Soleimani y sus milicias se convirtiesen en un actor determinante en la política iraquí, a pesar del disgusto delos árabes e Israel: hubo una ola de atentados realizados por todos ellos, con los sufridos iraquíes en el medio.

La posición de Francisco y Biden respecto a Irán ha sido Palo y Zanahoria para los ayatolás de Irán. El Papa apoyó el acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales del 2015 y se reunió con el presidente Hassan Rohani un año después, quien dejará su cargo en las elecciones del junio del 2021, en favor de otro seguramente más duro con los ciudadanos iraníes.

Se gesta una nueva catástrofe en la región, ante la ausencia de las fuerzas progresistas y un movimiento antimilitarista en el mundo, en la que la religión volverá a ser una tapadera de infames intereses.

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La “protección” pasa ahora a manos de los victimarios. La vida del corderito bajo el cuidado del lobo

Nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la obligación de dejar constancia ante el país y ante el mundo de nuevos niveles de degradación de la acción del Estado colombiano contra su propio pueblo.

El miércoles 3 de marzo de 2021 fuimos informados de la Resolución 298 emitida por el Defensor Nacional del Pueblo, Señor CARLOS CAMARGO, en la cual designa como Defensor Regional para la zona de Urabá al Señor JOSÉ AUGUSTO RENDÓN GARCÍA. Con asombro y espanto recibimos esa noticia, pues dicho personaje ha estado involucrado en episodios oscuros en relación con la restitución de tierras en la región de Urabá, ejerciendo como representante de victimarios y empresarios que se han adueñado de tierras pertenecientes a campesinos. No dudamos en calificar ese nombramiento como una grave afrenta a las víctimas, dado que sus antecedentes no lo acreditan de ninguna manera para defender los derechos de las víctimas, papel constitucional y esencial de un “defensor de pueblo”, sino para todo lo contrario, para pisotear los derechos de las víctimas y exponerlas a nuevas violencias.

El nombramiento en cuestión tiene una gravedad mayor para nuestra Comunidad de Paz, dado que en el Auto 693 de la Corte Constitucional, emitido el 12 de diciembre de 2017, la Corte le asigna numerosas y delicadas tareas a la Defensoría del Pueblo en relación con la órdenes que la Corte había dictado en el Auto 164 de 2012 y que eran concreciones de la Sentencia T-1025/07 de la misma Corte, tareas que la Defensoría no cumplió y sin embargo, en el artículo 12 de la parte resolutiva del Auto 693/17 la Corte decide: “DELEGAR en la Defensoría del Pueblo el seguimiento de las órdenes emitidas en esta providencia y, en general, de las órdenes impartidas en la sentencia T-1025 de 2007 que continúan pendientes de cumplimiento, de conformidad con lo dispuesto en los numerales anteriores, respecto de las cuales la Corte Constitucional conservará la competencia para su verificación. Para tales efectos, la Defensoría del Pueblo remitirá a la Corte Constitucional informes semestrales sobre el resultado de su gestión”. Informes con los que la Defensoría nunca cumplió.


Nuestra Comunidad le hace un llamado apremiante a la Corte Constitucional para que le retire a  La Defensoría del Pueblo dicho encargo, el cual está imposibilitada éticamente para cumplir. Le solicita a la Corte que retome el seguimiento y revisión de todo lo incumplido o encuentre otra entidad con un nivel de credibilidad y legitimidad suficiente para cumplir dicho encargo.

En particular, nuestra Comunidad de Paz tuvo que enfrentar hasta hace pocos días al Señor Jorge Augusto Rendón, como abogado de la familia Jaramillo, la cual ha intrigado ante las instituciones encargadas de la restitución de tierras para que se desconozcan los  derechos legítimos de nuestra Comunidad sobre la finca La Roncona, en la cual hemos ejercido posesión pacífica por más de 23 años. El abogado Rendón García ha solicitado que se acepte como testigo (por supuesto falso testigo), a un reconocido paramilitar, como alias “SAMIR” (o Dafnis Daniel Sierra Martínez), quien había sido comandante de una columna del Quinto Frente de las FARC-EP y posteriormente desertó y fue acogido en la Brigada XVII del Ejército en Carepa, Antioquia, en cuyas instalaciones fue domiciliado por muchos años en violación de numerosas normas legales y burlando la acción de la justicia, pues durante su militancia en las FARC ordenó el asesinato de muchos miembros de nuestra Comunidad de Paz y de  campesinos de nuestro entorno; posteriormente se supo que tenía un pacto secreto con el ejército para infiltrar a las FARC-EP y por ello eliminó tantas vidas de campesinos inocentes sin ser tocado por la justicia. En la Brigada participó en montajes, calumnias y estigmatizaciones a través de medios de información corruptos y criminales y de personajes de larga trayectoria criminal como Rito Alejo Del Río y Fernando Londoño Hoyos. No es extraño, entonces, que se le vincule como falso testigo en los procesos de despojo de tierras, como el que se está desarrollando contra nuestra Comunidad de Paz, habiendo sido citado como “testigo” a una audiencia que tendrá lugar a finales de abril de este año 2021.

Curiosamente el abogado Rendón García, en la última audiencia sobre el caso de la finca La Roncona, renunció a su papel de abogado en dicho caso y dejó a su esposa en su reemplazo; ahora queda claro que lo hizo para aceptar el cargo de defensor regional, en el cual jamás podrá actuar con la imparcialidad elemental que dicho cargo le exige.

Debido a dichos antecedentes y a la gravedad de la afrenta que su nombramiento significa para con las víctimas de Urabá, nuestra Comunidad de Paz se ve en la obligación de DECLARAR PÚBLICAMENTE, MEDIANTE ESTE DOCUMENTO, SU NUEVA RUPTURA CON LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, una institución que de manera tan atrevida viola sus propios principios constitucionales y legales y se afirma, sin pudor ninguno, como institución corrupta y parcializada en favor de los poderosos y en contra de las víctimas y de los sectores más vulnerables de la población. En el pasado, nuestra Comunidad tuvo que romper repetidas veces con la Defensoría, al igual que con las demás instituciones del Estado, por sus prácticas a todas luces corruptas y delictivas que en nada se compadecen con el perfil que la Constitución y las leyes les han trazado. Hoy el desconocimiento radical de ese perfil queda impúdicamente al desnudo ante el país y ante el mundo.

En los últimos días, varios pobladores del corregimiento de San José se han acercado a nuestra Comunidad de Paz para manifestar su preocupación y temor por las amenazas de los paramilitares en el uso y usufructo que los propietarios hacen de las tierras pertenecientes a sus abuelos y ancestros, pues los paramilitares han implantado un orden social y económico distinto a las costumbres y prácticas del campesinado del corregimiento, en una clara estrategia para generar presión y temor a las familias, quienes se están viendo obligadas a vender sus propiedades a CORPOURABÁ, ya que si no las pueden trabajar, la única solución es venderlas. Adelante van los paramilitares abonando el camino con sus amenazas, ocupaciones y agresiones, para que luego entren las empresas, la Alcaldía municipal y CORPOURABÁ a adueñarse fácilmente de sus propiedades. En ello han jugado un papel crucial abogados corruptos, como el Señor RENDÓN GARCÍA, ahora convertido, irónica y sarcásticamente, en “defensor” del pueblo Urabaense. ¡Hasta dónde ha llegado la perversión de este Estado!.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 8 de 2021

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Elecciones regionales en Bolivia Un mapa para armar

´Las elecciones regionales en Bolivia confirman al Movimiento al Socialismo (MAS) como único partido con base territorial a escala nacional. Santa Cruz se alinea con el conservador Fernando Camacho y la ex-presidenta Jeanine Áñez sufre una dura derrota en su región. La ex-titular del senado Eva Copa gana de manera contundente en El Alto por fuera del MAS. Una lectura de los resultados y de sus efectos nacionales.

 

Las elecciones para alcaldes y gobernadores en Bolivia realizadas el pasado 7 de marzo dejan al menos tres tendencias, más allá de la fragmentación natural de los resultados en este tipo de elecciones: 

(a) el Movimiento al Socialismo (MAS), como suele ocurrir en las regionales, reduce su votación respecto de las contiendas generales y pierde en las grandes ciudades. Aún así, se mantiene como el único partido de alcance nacional.

(b) Se consolidan fuerzas de oposición ubicadas en la derecha con poder territorial y el partido de Carlos Mesa, segundo en 2019 y 2020, obtiene resultados irrelevantes. Pero estas fuerzas no tienen, por ahora, una articulación nacional. 

(c) Tienen un rol importante candidatos que formaron parte del MAS, o bien porque ganan en algunas ciudades y regiones, o bien porque reducen la votación del MAS y permiten triunfos opositores.

Nuevo escenario

Después de la contundente victoria de Luis Arce en octubre pasado –con 55,11% contra 28,83% de Carlos Mesa–, se instaló un clima muy favorable para el MAS de cara a las elecciones municipales y departamentales. La oposición de derecha quedó golpeada por el resultado, que no había anticipado en las dimensiones en que ocurrió, y entró en una fase de reproches públicos sobre quién había sido más responsable de que el MAS retornase al poder en apenas un año, mejorando ampliamente su votación respecto a las elecciones anuladas de 2019 y obteniendo mayoría absoluta en las dos cámaras legislativas. 

Las diferentes expresiones de la derecha nacional, desde lacentroderecha de Mesa hasta la nueva derecha extrema autonomista del líder cruceño Luis Fernando Camacho, habían logrado una unidad de acción contra el MAS en 2019, que derivó en el golpe y la caída del gobierno de Evo Morales. Operó entonces una exitosa división de tareas. Mesa, segundo en las presidenciales de 2019, fue quien desconoció el resultado, llamó a la «resistencia» y denunció «un fraude monumental» dentro y fuera del país; Camacho fue quien comandó un paro cívico en Santa Cruz y quien llevó adelante, como él mismo reconocería poco después, las acciones ilegales con militares y policías. A ellos se sumó Demócratas –en ese entonces el principal partido de Santa Cruz, pero que no había llegado a 5% de los votos en las elecciones de octubre de 2019–, al que pertenecía la senadora Jeanine Añez, que recaló en la Presidencia. Pero la luna de miel dura poco: la unidad se resquebrajó en tres candidaturas presidenciales, las de Mesa, Camacho y Añez (quien finalmente declinó su postulación). Bajo la gestión de esta última, se produjeron represiones violentas que terminaron con más de tres decenas de muertos y Bolivia vivió una deficiente gestión gubernamental, plagada de acusaciones de corrupción, en medio de los estragos de la pandemia de covid-19. Sin embargo, la sanción ciudadana fue compartida y afectó a las diferentes expresiones del espacio enfrentado al MAS: la oposición, como un todo a cargo del país, quedó asociada al retroceso en términos de convivencia, al nuevo auge de la discriminación étnica y a los malos resultados económicos. Con estos antecedentes, parecía que el MAS podía romper la tradición de obtener en las elecciones locales un desempeño bastante inferior al de las generales.

Algunos datos comparados

En las elecciones generales de 2014, por ejemplo, el MAS obtuvo 61,3% de los votos, y la segunda fuerza, la alianza Unidad Demócrata (UD), con Samuel Doria Medina como candidato, 24,23%. Una diferencia de casi 40 puntos. Sin embargo, en las elecciones municipales y departamentales de inicios de 2015, el MAS logró solamente ganar en dos de las diez capitales, Sucre y Potosí, aunque ganó cinco de las nueve gobernaciones en primera vuelta (Oruro, Potosí, Pando, Cochabamba y Chuquisaca). Distintas fuerzas de oposición ganaron en Santa Cruz, La Paz y Tarija. Y en un apretado balotaje el MAS sumó la gobernación del Bení, en el oriente del país. En esas elecciones los miembros de UD le arrebataron al MAS dos municipios importantes: la Alcaldía de la populosa ciudad de El Alto, uno de los bastiones de Evo Morales, y la de Cochabamba. De este modo, luego de unas exitosas generales, el MAS obtuvo solo 41,79% de los votos tomando en cuenta la votación lograda en las nueve gobernaciones.

En las elecciones locales del domingo pasado, podemos ver una situación general parecida, pero con algunos cambios de grado respecto de 2014 que merecen una mirada detenida. 

(a) Un dato a destacar es la falta de fuerza territorial de Comunidad Ciudadana (CC), el partido de Carlos Mesa, que pese a su segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2019 y 2020 no obtuvo ahora ninguna victoria significativa. Más bien, sus apoyos resultaron marginales incluso en plazas en las que Mesa tuvo un buen desempeño hace solo cinco meses. Por ejemplo, en el municipio de La Paz, donde fue primera fuerza con 51% el año pasado, no logró siquiera sostener la candidatura a la Alcaldía del ex-rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín, quien se retiró de la carrera al constatar que las encuestas no lo acompañaban. En Sucre, donde en las elecciones del año anterior había conseguido la mayoría absoluta de los votos, su candidato a alcalde quedó levemente arriba de 10%. En la ciudad de Cochabamba, donde en octubre pasado había conseguido más de 45%, su candidato obtenía resultados marginales. En las gobernaciones su situación no fue mucho mejor: en La Paz, su candidato obtenía menos de 1% y en Pando, donde incluso había sido aliado de una figura popular de la extrema derecha local, quedó debajo de 15%. Hay una sola excepción que no tiene nada que ver con los méritos ni la fortaleza política de CC ni de Mesa: en un ajustado recuento, Gary Añez, periodista muy popular en Santa Cruz de la Sierra, pelea voto a voto el sillón de la Alcaldía con el ex-alcalde Jhonny Fernández.

(b) Las figuras políticas victoriosas del campo opositor se ubican en buena medida a la derecha de Mesa. En Santa Cruz, luego de un modesto desempeño en la presidencial, con 14% de los votos, Luis Fernando Camacho ganó con el margen necesario para lograr la Gobernación sin necesidad de una segunda vuelta. Y en Cochabamba, Manfred Reyes Villa, fuera del país durante los últimos años, ganó con contundencia la Alcaldía. En Sucre, el ex-diputado falangista Horacio Poppe quedó a muy pocos votos de ganar esa Alcaldía en su primera elección municipal. Estas tres son las caras más visibles de liderazgos locales con proyección nacional, bien implantados territorialmente, con un repertorio discursivo ultraconservador, religioso e identitario.

(c) El capítulo de los referentes políticos descontentos con la elección de candidaturas en el MAS no ha faltado en esta elección y algunos han tenido buenos resultados. Empezamos por la más mediática: la joven política alteña Eva Copa, presidenta del Senado durante la crisis de 2020, era una de las aspirantes  a la Alcaldía de El Alto por parte del MAS, pero al ser elegido otro candidato por la dirección del partido decidió inscribirse por la sigla Jallala, auspiciada por el recientemente fallecido e histórico líder indígena Felipe Quispe, el «Mallku». Copa, quien fue acusada de demasiado «tibia» por sectores del MAS, y hasta de haber sido funcional al gobierno de Áñez, logró una victoria rotunda en El Alto con alrededor de 70% de los votos, según datos preliminares. Y otros ex-masistas lograron buenos resultados en otras partes del país; en particular, cabe señalar el desempeño electoral del dirigente campesino Damian Condori en el departamento de Chuquisaca, quien muy probablemente logre ser gobernador. Esto es un reflejo de las complejas dinámicas internas de este partido de base campesina popular.

¿Y cómo fue el desempeño del MAS? Con los datos preliminares vemos que ganará en primera vuelta las gobernaciones de Cochabamba, Oruro y Potosí. La de La Paz tendrá que esperar al cómputo final, pero es probable que, por la mínima, el candidato del MAS Franklin Flores logre la victoria sin necesidad de una segunda vuelta. Flores ha mejorado en algunos puntos el resultado de las elecciones locales de 2015. En Pando y Chuquisaca habrá balotajes complicados para el MAS. Si bien parece claro que en Santa Cruz Camacho ganará en primera vuelta, el candidato del MAS, Mario Cronembold, mejoraría los resultados respecto a la última elección departamental y se moverá cerca del techo porcentual del MAS en una elección autónomica (38% en 2010). En Tarija habrá segunda vuelta entre el ex-alcalde y líder local Oscar Montes y el candidato del MAS, Álvaro Ruiz, quien también, como Cronembold y Flores, mejora en algo el resultado de la anterior elección autonómica. 

En el plano municipal, recordemos que en 2015, uno de sus mejores momentos en términos de hegemonía política, el MAS había logrado apenas dos de las diez plazas más importantes (las capitales departamentales más El Alto). Ahora, mientras avanza el cómputo oficial, estaba ganando una (Sucre) y quedaba muy cerca en otra (Oruro). En las restantes ocho ciudades capitales, en general, su desempeño ha sido algo inferior al de 2015 y no tiene opciones de ganar. Habrá que esperar al cómputo final para poder ver la votación nacional obtenida y la diferencia con los comicios presidenciales del año pasado.

(d) En el espacio de la derecha, en Bolivia ocurre algo parecido a lo de Brasil, España o Costa Rica. Cuando la derecha tradicional se acerca demasiado a la extrema derecha, esta última termina marcando la agenda y conquistando posiciones, debilitando al ala moderada. Es elocuente la desaparición de Demócratas: tras 15 años en la gobernación de Santa Cruz, el domingo pasado no llevaron ni siquiera candidato a esa cita y, en la elección de la capital cruceña, su candidato pasó apenas el 5%; por su parte, el ex-gobernador de Beni Ernesto Suárez tampoco logró ganar la Alcaldía de Trinidad. La extinción política de Luis Revilla y Sol.bo muestra lo mismo en La Paz. Y el fenómeno se extiende a  los magros resultados de  Doria Medina y su partido Unidad Nacional, o al tercer lugar que obtuvo el gobernador de Tarija Adrián Oliva en su intento de ser reelecto. Y cabe destacar el tercer lugar que las proyecciones le daban a la propia Jeanine Áñez en su bastión de Beni, con alrededor de 15%. Es probable que Luis Fernando Camacho, Manfred Reyes Villa y Horacio Poppe poco a poco asuman un rol más central, radical y polarizador como oposición al MAS.

Más allá de los números

Hay una fijación notable de muchos voceros mediáticos de la oposición con Evo Morales. Lanzan con frecuencia declaraciones y sentencias muy llamativas. En muchos casos, quienes se presentan en los medios como «analistas» son antiguos políticos, a veces incluso en activo, que han sido diputados, ministros y candidatos de distintos partidos críticos hacia el MAS que pueblan las tertulias, las columnas y, muchas veces, por su entusiasta unanimidad acerca de la debilidad de ese partido, provocan que sus referentes políticos se equivoquen con más facilidad porque creen que ellos son la síntesis cabal de la opinión pública. 

Durante los convulsos meses de gobierno de Áñez, estos analistas aseguraban que «70% de los bolivianos no querían que volviera el MAS»; luego las urnas en octubre refutaron esos análisis, incluso pronunciados el mismo día de los comicios de octubre de 2020. Casi de inmediato repitieron, no obstante, que Evo Morales no había tenido nada que ver con esa victoria, incluso que había sido a pesar de él. Ahora, sin embargo, sostienen que la supuesta «derrota» del MAS de estas elecciones locales es culpa exclusiva del ex-presidente por la selección de candidatos, pasando por alto que, como mencionamos, el MAS siempre tuvo resultados mucho más bajos en las contiendas regionales que en las nacionales. Alguno más aventurero señaló que este resultado «tritura la victoria de octubre [de Arce y Choquehuanca]». En fin, tanto en octubre como en marzo se ve, con algo más de intensidad, que el MAS tiene una serie de dificultades para lograr amplias mayorías, sobre todo, en las ciudades capitales. Como sabemos, es en esos espacios donde hay una comprensión distinta de lo colectivo, un deseo más intenso de modernidad, una exigencia mayor frente a la capacidad de la gestión eficiente, cotidiana y, también demandas más intensas de renovación política. Y también sabemos que, desde su fundación, el MAS es un partido con una fuerte identidad rural.

Está claro que donde no hubo líderes descontentos de peso que abandonaron el MAS, el desempeño electoral del oficialismo en general fue mejor. Ahora bien, una cosa es el éxito electoral, otra el desempeño de la gestión. El ejemplo de Felix Patzi es elocuente: el ex-ministro de educación de Morales ganó la Gobernación de La Paz en 2015 por fuera del MAS, pero en la elección del domingo pasado no llegó a los dos dígitos y quedó cuarto en su intento de reelección. Probablemente Eva Copa haya tomado nota sobre ello y por eso haya sido mucho más cuidadosa que Patzi en no marcar diferencias tan pronunciadas con el gobierno de Arce y se haya mostrado cercana al vicepresidente Choquehuanca (que expresa un sector distanciado de parte del círculo más cercano a Morales y capitaliza su identidad aymara). Incluso cuando critica a Morales, Copa pone más el acento en el entorno del ex-presidente que, según dice, lo aisló y lo llevó a tomar malas decisiones. De hecho, en sus primeras declaraciones posteriores a su victoria le ha pedido a la Asamblea Legislativa que aceleren el proceso contra Áñez por la represión en Senkata y Sacaba. Es decir, se mueve, por ahora, en la frontera del MAS. 

En estos años de fuerte crisis económica y sanitaria, las autoridades locales buscarán sintonía, o al menos no enfrentamiento, con el gobierno central. Y en ese marco Copa ha recordado que tiene buena relación con Arce. Además, sabe que El Alto vota en clave rebelde, como pasó en 2015, cuando le dio una amplia mayoría a Soledad Chapetón como protesta contra el candidato del MAS Edgar Patana, acusado de corrupción, y que es una ciudad que luego exige «resultados» en término de obras y empleo, como también lo sabe Chapetón, cuya aprobación fue muy baja desde su segundo año de gestión. El peso político de El Alto y la dimensión de su victoria le da a Copa un rol importante en el campo político popular. La duración y la intensidad de este rol estarán asociadas a los resultados de su administración. Posiblemente no sea casual que a Chapetón, conocida como «la Sole», le siga otra mujer joven, como un voto de rechazo a ciertos «barones» de las organizaciones sociales y corporativas alteñas, en una mezcla de transformaciones de género y ansias de modernización. Tampoco es probable que El Alto sea menos exigente con Copa que con Chapetón, cuya compleja gestión local le impidió su salto al ámbito nacional.

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Las elites también mataron a Berta Cáceres

Las elites hondureñas son también responsables del crimen de la luchadora de izquierda, ecologista y feminista, en marzo de 2016. Su planificación desnudó las oscuras relaciones entre el poder económico y el poder político en Honduras.

 

El pasado 2 de marzo se cumplieron cinco años del asesinato de Berta Cáceres, la líder indígena, feminista, ambientalista y anticapitalista. En su asesinato convergieron prácticas previas de criminalización y amenazas, así como una serie de tácticas de amedrentamiento propias de las antiguas políticas de la llamada «contrainsurgencia». Estas pueden evidenciarse en la participación de ex-militares entrenados en Estados Unidos, en la utilización de flujos de dinero provenientes de las elites económicas, en el encubrimiento político al más alto nivel y en el uso de la infraestructura militar y judicial del Estado.

Si bien los autores materiales del asesinato y sus operadores intelectuales han sido procesados, la justicia parece estar lejos de alcanzar a los principales artífices del crimen. Entre ellos, se encuentra implicada la poderosa familia Atala.

Dueña de la hidroeléctrica que pretendía instalarse en Río Blanco –y contra la que Berta Cáceres luchaba«– y del Banco de América Central Honduras, una poderosa institución bancaria que ha recibido la mayor parte de los fideicomisos de parte del gobierno desde el golpe de Estado de 2009, la familia Atala fue señalada en numerosas ocasiones como parte de la estructura criminal que acabó con la vida de Berta Cáceres. Pero su poder es tal que nadie ha hecho nada al respecto. Para comprender la dimensión político-económica de los Atala, alcanza con mencionar que el Banco de América Central Honduras era, hasta hace solo dos años, el mayor administrador de fideicomisos públicos del país. Además, investigaciones publicadas por The Intercept demostraron una serie de comunicaciones entre los sicarios que asesinaron a Cáceres con altos directivos de Desarrollos Energéticos SA (DESA), la constructora de la represa hidroeléctrica dirigida por los Atala.

Este caso, marcado por complicidades político-económicas, permite hacerse las preguntas centrales en la vida sociopolítica de Honduras. ¿Qué papel juegan las elites en la política nacional? ¿De qué forma ejercen su influencia? ¿Qué recursos poseen? ¿Cómo garantizan su impunidad aún y cuando hay evidencia que las involucra directamente en el asesinato de Berta Cáceres?

Tal como afirma la politóloga y profesora en el Centro de Desarrollo y Medio Ambiente de la Universidad de Oslo Benedicte Bull, las elites y sus redes son más fuertes cuando las instituciones son débiles. En su trabajo Towards a Political Economy of Weak Institutions and Strong Elites in Central America [Hacia una economía política de instituciones débiles y elites fuertes en Centroamérica], Bull analiza el comportamiento de las instituciones y de las elites en el Triángulo Norte de Centroamérica. Condicionados por los procesos de transición democrática tutelados desde el Departamento de Estado de Estados Unidos y la ausencia de actores movilizados que impulsaran la democratización del Estado, estos países han sufrido la cooptación de las débiles instituciones públicas por las elites políticas y sus redes de influencia. Bull establece claramente los recursos que despliega la elite para este propósito: dinero, fuerza, información e ideología.

En este mismo sentido, Tasha Fairfield –investigadora de la London School of Economics sobre la relación entre política y elites económicas en América– afirma que los mecanismos de incidencia de las elites sobre la agenda pública resultan cada vez más evidentes. Fairfield resalta dos niveles centrales de influencia (e intimidación) de las elites en la política. Por un lado, hace eje en el poder estructural que refiere a las llamadas «señales de mercado» –no a una acción deliberada– que podrían desencadenarse ante una eventual amenaza a los negocios de la elite (como la retirada de la inversión extranjera). Por otro, se focaliza en el denominado «poder instrumental»: los recursos específicos de las elites se articulan con espacios partidarios e institucionales, favorecen las «puertas giratorias» y pueden incidir en los procesos electorales.

El caso de la lucha de Río Blanco a la luz de estos esquemas demuestra que las elites en Honduras poseen una muy consolidada relación con el mundo político, a la vez que un modus operandi permanente con el cual ejercen influencia sin restricciones públicas y en total impunidad.

Los instrumentos de la elite en el caso de Río Blanco

El informe presentado por el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE) en noviembre de 2017, titulado Represa de violencia. El plan de que asesinó a Berta Cáceres y el libro Who Killed Berta Cáceres? [Quién mató a Berta Cáceres], escrito por Nina Lakhani, periodista y corresponsal del periódico The Guardian, resultan claves para comprender el caso. Ambos trabajos plasman una investigación que ayuda a comprender esos vínculos en el caso específico del asesinato de Cáceres y constatan el despliegue de seis recursos. En primer lugar, hacen énfasis en el dinero, un recurso abundante para las elites económicas y que es utilizado para múltiples objetivos y tareas. En el caso del asesinato de Cáceres, se destacan prebendas y beneficios para ofertar y convencer a la comunidad, pago de promotores o de informantes de esas mismas comunidades, chantaje para los opositores, sobornos a militares, operadores de justicia e incluso políticos de alto nivel.

Un mensaje de Daniel Atala presentado en el juicio decía: «He gastado mucho dinero y capital político para garantizar esos tres arrestos», refiriéndose al intento de criminalización de Cáceres y otros líderes comunitarios. En segundo orden, ambas investigaciones hacen eje en el recurso de la fuerza. En el asesinato de la líder se ve implicada la fuerza pública –dada la protección de las empresas involucradas por parte de la Policía y de elementos del Ejército–, pero también la privada, mediante la contratación de ex-militares a cargo del departamento de seguridad de DESA, pago de sicarios y la conformación de grupos paramilitares para la ejecución extrajudicial de los líderes comunitarios opositores.

El tercer recurso destacado por las investigaciones es el de la información. El juicio y la publicidad de conversaciones de WhatsApp entre los directivos de DESA han demostrado que estos tenían acceso privilegiado a información confidencial y extremadamente sensible sobre los líderes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (fundado por Cáceres) y sus familias. El recurso de la información también se expresa en el componente técnico y especializado del que pueden disponer las elites: contratación de especialistas en comunicación, brokers para el lobby político, abogados de «alto calibre». En cuarto término, se destaca el recurso de la ideología. Esta apunta a la construcción de discursos que justifiquen la inversión de capital extranjero como único motor de crecimiento económico, la instalación de la represa como elemento promotor del desarrollo comunitario y la criminalización de los opositores como vándalos y «quema llantas». Todo esto es facilitado por el nivel de acceso a medios de comunicación del que disponen las elites –en este caso, la familia Atala–: exposición en los grandes medios, páginas web, propaganda local, programas pagados, etc. En quinto lugar, las investigaciones destacan los vínculos de las elites con los partidos y la elección de candidatos. Los vínculos de estas familias  –entre las cuales se encuentra la Atala– con los partidos políticos son conocidos. Por ejemplo, el dominio de la familia Facussé en el Partido Liberal disputado por los Ronsenthal, y la influencia de los Canahuati, Nasser y Atala en el Partido Nacional.

Luego del golpe de Estado de 2009, el evento Honduras Is Open for Business [Honduras está abierta a los negocios], impulsado por las familias mencionadas, permitió el reparto de los recursos naturales del país cual botín de guerra, incluido Río Blanco. Otra expresión de estos recursos es el intercambio de favores entre la elite y políticos a escala local: alcaldes o diputados que respaldan los proyectos de la elite y reciben a cambio algún tipo de apalancamiento económico.

En sexto lugar, se destacan los vínculos institucionales nacionales e internacionales. Entre ellos, puede identificarse la aprobación en el Congreso Nacional de las concesiones, obtención de licencias ambientales sin los requisitos mínimos, protección del Ejército y la Policía, acceso al Ministerio Público e influencia en los juzgados. Luego del asesinato de Tomás García (el primero en encarar la lucha de Río Blanco) el 15 de julio de 2013, Daniel Atala (hijo de José Eduardo Atala Zablah, una de las cabezas empresariales de la familia, gerente financiero de DESA y acusado de ser uno de los autores intelectuales del crimen) le escribió el siguiente mensaje a David Castillo (el enlace entre los autores intelectuales y los sicarios que mataron a Cáceres): «Los militares mataron a un indio. ¿Debería hacer que mi viejo hable con Arturo Corrales? [ministro de Defensa entre mayo de 2013 y diciembre de 2014]». Castillo le respondió afirmativamente y añadió «y a Pompeyo Bonilla [ministro de seguridad de octubre de 2011 a abril de 2013]… está hecho… están movilizando gente». Son igualmente alarmantes el financiamiento y apoyo de organismos internacionales como la Corporación Financiera Internacional, entidad del Grupo Banco Mundial.

Por último, pero no menos importante, se destaca el uso de las llamadas «puertas giratorias»: el traslado de integrantes de la elite al sector público (como ministros o candidatos y candidatas), así como el reclutamiento de ex-funcionarios públicos con conocimiento especializado contratados por empresas privadas. El caso del ya mencionado David Castillo es aleccionador: ingeniero graduado en la Academia Militar West Point de Estados Unidos, subteniente de Inteligencia Militar en las Fuerzas Armadas de Honduras y coordinador de Control de Gestión en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Castillo se valió de esta experiencia (y de los contactos asociados a ella) para migrar al sector privado. Fue así como consiguió llegar a ser el presidente ejecutivo de DESA, cargo que ostentaba cuando Cáceres fue asesinada. Hoy es acusado como uno de los autores intelectuales del crimen.

El asesinato de Cáceres es aleccionador. Ha mostrado que las elites hondureñas están acostumbradas a actuar sin mediación institucional alguna y sin control democrático. Estas elites económicas han moldeado históricamente el Estado para que las instituciones sean débiles, maleables y fáciles de cooptar. Dispuestas a defender sus intereses, ponen y quitan presidentes sin pestañear. Además, disponen de un abanico de recursos que las convierten en un actor sumamente poderoso: dinero, información, acceso a medios y control sobre los partidos políticos. Esto les permite desplegar todo tipo de violencia y garantizarse impunidad.

La sociedad organizada y movilizada debe exigir un Estado que restrinja la influencia de las elites mediante estos recursos antidemocráticos, así como la determinación de la legalidad y legitimidad en la procedencia de estos. Solo así se podrán garantizar soluciones democráticas para los problemas que nos aquejan y que esta historia no se continúe repitiendo cada vez con mayor frecuencia.

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Elecciones en Bolivia: el MAS sigue sin poder conquistar las principales ciudades

El cómputo oficial de votos avanza lentamente y aumenta la incertidumbre

 Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos, y debería ir a segunda vuelta en otros cuatro.

 

A la espera del escrutinio oficial que avanza con lentitud, las cifras preliminares de las elecciones regionales del domingo en Bolivia reflejan que el Movimiento al Socialismo (MAS) sigue sin poder conquistar a los votantes de las ciudades de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Además vuelve a perder en El Alto, considerada uno de sus bastiones. Las proyecciones privadas señalan que el oficialismo se aseguraría una victoria en primera vuelta en las elecciones de gobernadores en tres departamentos y que debería ir a segunda vuelta con distintas fuerzas opositoras en otros cuatro. Por eso, parte de la dirigencia del partido ya empezó a pedir una etapa de "reflexión" puertas adentro.

Dentro de la oposición, solo la ultraderechista Creemos ganaría cómodamente la gobernación de Santa Cruz de la mano de Luis Fernando Camacho, y la nueva organización Movimiento Tercer Sistema, constituida por disidentes del masismo, se habría alzado con la victoria en el departamento de Beni, donde la expresidenta interina Jeanine Áñez aparece tercera.

Hasta ahora, la única base de datos son el boca de urna y el conteo rápido realizados por las consultoras Ciesmori y Focaliza. Los cómputos en cada uno de los nueve departamentos habían avanzado entre el 8 y el 15 por ciento al cierre de esta edición, provocando que las reacciones y evaluaciones de la votación estén basadas solo en proyecciones extraoficiales. Más aún considerando que varias regiones del país combinan ciudades densamente pobladas con vastos territorios rurales.

En las dos últimas décadas, La Paz estuvo administrada por dos abogados, Juan del Granado y Luis Revilla, que inicialmente perteneció al MAS y luego formó su propia organización política, Soberanía y Libertad (Sol.bo). El oficialismo apostó en estos comicios por el exgerente de la empresa estatal Mi Teleférico, César Dockweiler, para intentar seducir al electorado paceño.

Al calor de la campaña, el presidente Luis Arce aseguró que la "única" candidatura capaz de garantizar un trabajo "de la mano con el gobierno" era la de Dockweiler, algo que al parecer no cayó bien en La Paz, que finalmente se decantaría por el exministro del gobierno de facto, Iván Arias.

En Santa Cruz durante años la hegemonía fue del ingeniero Percy Fernández, alcalde de esa urbe en seis ocasiones. En su lugar asumió la arquitecta Angélica Sosa, la heredera de Fernández que no logró conservar la alcaldía, aunque tampoco pudo hacerlo la candidata oficialista, la exsenadora Adriana Salvatierra, pudo conseguirla. Los sondeos muestran un margen estrecho entre el periodista Gary Áñez, del partido del expresidente Carlos Mesa, y el experimentado político Johnny Fernández, por lo que el ganador definitivo se conocerá recién cuando concluya el cómputo oficial.

La región central de Cochabamba es considerada uno de los bastiones del oficialismo entre otros motivos porque allí se encuentra la zona cocalera del Chapare, el feudo sindical y político del expresidente Evo Morales. Esa hegemonía no es tan fuerte en la capital, Cochabamba, donde hay una polarización muy marcada entre los seguidores del MAS y sus detractores, "diferencias" reconocidas por el mismo Morales en la noche del domingo, tras conocerse los resultados extraoficiales que dan el triunfo al opositor excapitán de las Fuerzas Armadas, Manfred Reyes Villa. 

La sorpresa en este proceso electoral ha sido la expresidenta del Senado Eva Copa, expulsada del oficialismo por postularse con otra sigla a la alcaldía de El Alto, otro bastión masista. Las encuestas a boca de urna le dan a Copa un amplio triunfo frente al oficialista Zacarías Maquera, con lo que el MAS perdió por segunda vez consecutiva el municipio alteño, administrado actualmente por la opositora Soledad Chapetón.

"Agradezco a Evo Morales y le pido que escuche a su pueblo y acepte las críticas constructivas", declaró este lunes Copa, quien consiguió el 66,8 por ciento de los votos, según las proyecciones, frente al 19,9 por ciento del candidato del MAS, Zacarías Maquera. 

En las demás capitales regionales, el oficialismo aparece con triunfos en Sucre, la capital constitucional de Bolivia, y la ciudad amazónica de Cobija y obtiene un resultado poco claro en Oruro, mientras que en Tarija, Trinidad y Potosí ganaron otros partidos.

Para Evo Morales, los resultados regionales y municipales indican que "el MAS se consolida como primera fuerza política en la historia de Bolivia". El expresidente sostuvo que sus militantes "deben sentirse orgullosos” de ser parte de esa organización, y agradeció al "pueblo boliviano" su "compromiso" con "la patria, las políticas económicas y los programas sociales". 

Los resultados preliminares, sin embargo, generaron malestar en parte de la dirigencia del MAS. "Bajamos entre 15 a 20 por ciento respecto a las elecciones generales de 2019 y "esto no es novedad pues ha ocurrido antes", reconoció el presidente oficialista del Senado, Andrónico Rodríguez. Estos resultados "nos van a llamar a la reflexión y ajustar muchos errores dentro del MAS, si ha habido mal cálculo", señaló el también dirigente cocalero en rueda de prensa.

Los cómputos oficiales de las elecciones regionales del domingo en Bolivia concluirán el próximo fin de semana, anunció este lunes el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Fuentes de los tribunales electorales de los departamentos de Santa Cruz y Pando señalaron por separado que todavía no estaba decidida la situación de más de un centenar de mesas de votación cuyas urnas fueron quemadas por vecinos que denunciaron supuestos fraudes. Los tribunales regionales deben constatar si también fueron destruidas las actas de escrutinio.

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:59

La lucha por la vida del pueblo saharaui

La lucha por la vida del pueblo saharaui

De las célebres palabras de Karl von Clausewitz, que sostienen que la guerra es la continuación de la política por otros medios, podemos intuir que las armas son buenas guardianas de la economía y, en ocasiones, condición para la paz y la vida digna.

Voluntad de paz y vida digna definen al pueblo saharaui. Apostaron por la paz durante casi 30 años de alto al fuego bajo condiciones de despojo, a la espera de un referéndum de autodeterminación. Creyeron en la paz pese a que Marruecos levantara 2 mil 720 kilómetros de muro sembrado de millones de minas antipersona que han causado muerte y soledad, desplazamiento y pobreza.

En noviembre de 2020, el Frente Polisario, movimiento de liberación nacional del pueblo saharaui, retoma la lucha armada. ¿Qué lleva a un ejército popular a declarar estado de guerra? A esta pregunta la precede otra: ¿Qué lleva a un pueblo a crear un ejército popular?

Mientras el mundo en el siglo XX avanza hacia la descolonización, la dictadura de Franco convierte la colonia del Sahara español en una provincia más cuyos habitantes adquieren la ciudadanía española. A pesar de la argucia, en 1963 la Organización de Naciones Unidas (ONU) incluye al Sahara Occidental en la lista de territorios a descolonizar. El franquismo prometió un referéndum que nunca llegaría.

En ese escenario, se crea el Movimiento de Liberación, cuyo referente, Basiri, será detenido y desaparecido en 1970 durante una manifestación anticolonial que acaba con varios muertos y numerosos heridos por la Legión Española, que abre fuego contra la multitud. Bebiendo de esos lodos, nace en 1973 el Frente Polisario (Frente Popular por la Liberación de Saguia Hamra y Río de Oro), que recurre a la guerra de guerrillas para luchar contra la ocupación española y defender su derecho a la independencia.

En 1975 se decide el destino próximo de este pueblo. Documentos de la CIA desclasificados en 2019 revelan el proyecto geoestratégico de Estados Unidos para sacar a España del territorio. El todavía príncipe Juan Carlos, alertado, negocia con el secretario de Estado Henry Kissinger la entrega del Sahara a cambio del apoyo estadunidense al futuro rey. Moribundo el dictador, Juan Carlos asume la jefatura del Estado y firma un pacto secreto con Estados Unidos y Marruecos. Consumada la traición, el hoy rey emérito va al Sahara y defiende ante sus tropas el derecho del pueblo saharaui a ser libre. No dudéis que vuestro comandante en jefe estará aquí, con todos vosotros, en cuanto suene el primer disparo. Cuatro días después, la Marcha Verde entra a territorio saharaui con miles de colonos respaldados por el ejército marroquí. Las tropas españolas dejan hacer. España entrega el territorio a Marruecos y Mauritania a espaldas de la ONU, a cambio de ventajas comerciales y aguas para la pesca.

Retirada España del territorio en 1976, el Polisario proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). La ocupación cambia de actores, el conflicto se intensifica y comienza el éxodo de miles de saharauis a campos de refugiados en Argelia, donde malviven al día de hoy alrededor de 173 mil 600 personas.

El Frente Polisario hará capitular a Mauritania, no así a Marruecos, que tutelado por Estados Unidos con apoyo de inteligencia militar, recursos y armas, levanta el muro de la vergüenza que divide el Sahara en dos. Al este, territorio libre, sin acceso al mar; al oeste, territorio ocupado, mil 200 kilómetros de costa con acceso a codiciadas aguas pesqueras del Atlántico y los mejores yacimientos de fosfato del mundo. Asoman los motivos económicos y el carácter extractivista de la guerra colonial.

En 1991 se declara un alto al fuego. Marruecos se compromete a convocar un referéndum. Compromiso a la altura del que otrora asumiera el régimen franquista. Ese alto al fuego es el que se rompe en noviembre de 2020. Tras 24 días de movilización de civiles saharauis en la brecha ilegal del Guerguerat, protestando por la pasividad de la ONU, el ejército marroquí ataca incursionando en zona desmilitarizada y el frente responde defendiendo a los civiles; se intercambian disparos. El Frente Polisario declara el estado de guerra y moviliza a sus tropas.

Horas antes de la acción militar en Guerguerat, el general de división estadunidense Andrew Rohling se reúne con el comandante marroquí de la zona ocupada. En diciembre, Estados Unidos reconoce por vez primera la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Un Estado saharaui independiente no es una opción realista para resolver el conflicto, la auténtica autonomía bajo la soberanía marroquí es la única solución viable, dirá Donald Trump. De nuevo, la voluntad de guerra custodiando espurios intereses económicos.

El gobierno de la RASD y el Frente Polisario responden condenando el inédito paso: “constituye una flagrante violación de la Carta de Naciones Unidas (…). El pueblo saharaui continuará su legítima lucha para completar su soberanía por todos los medios y asumiendo los sacrificios que esto requiere”. Y de nuevo, la voluntad de vida digna levantando la cerviz sobre la infamia.

Por Vanessa Pérez Gordillo y Raúl García, periodistas

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Domingo, 07 Marzo 2021 05:15

De Rojava a Chiapas

De Rojava a Chiapas

El Kurdistán es un pueblo con lengua y cultura propias que habita entre los ríos Tigris y Éufrates. Desde hace años y de distintas formas, este pueblo lucha por su autodeterminación. En el pasado, los territorios kurdos estuvieron divididos por los imperios otomano y persa. Después del reparto imperial que vino con la Primera Guerra Mundial, el pueblo kurdo quedó dividido entre Irak, Irán, Siria y Turquía.

La lucha del pueblo kurdo por su liberación se ha vuelto también una lucha por la sobrevivencia, en la que enfrentan a ejércitos de gobiernos nacionales, del Estado islámico y de potencias imperiales. Las organizaciones kurdas son varias y diversas entre ellas, incluso estas diferencias suelen ser usadas por los actores interesados en el petróleo de la región para disminuir la resistencia.

Entre las organizaciones del pueblo kurdo destaca el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), fundado en 1978, marxista-leninista, y que formó parte de las luchas anticoloniales que estallaron por aquellos años. Con el paso del tiempo, el PKK fue transformándose intelectualmente para encontrar un "camino propio", el Confederalismo Democrático, un proyecto que, según Abdullah Öcalan –figura ideológica y prisionero político– se caracteriza por ser "flexible, multicultural, antimonopólico, orientado hacia el consenso" y en donde la "ecología y el feminismo son pilares centrales".

El confederalismo democrático puede enunciarse como un proyecto anticapitalista, antipatriarcal, popular, construido por el pueblo kurdo, el cual experimentó entre 2012 y 2014 un momento paradigmático: la declaración de la autonomía de facto de Rojava, una región en el Kurdistán sirio, proceso que encontró eco internacional. En este proceso jugaría un papel determinante la resistencia armada encabezada por las mujeres kurdas y su congreso Kongra Star.

Para la socióloga Azize Aslan, "Rojava no es sólo el territorio donde está teniendo lugar una revolución, es también un territorio donde la idea de una revolución está redefiniéndose". Su argumento es potente: ahí se construye una red de asambleas en donde los pueblos toman las decisiones respecto de su futuro. Son esas asambleas las que posibilitan la democracia directa y el autogobierno: "El propósito del sistema de asambleas populares en Rojava es organizar un modelo anticapitalista y autónomo para una sociedad sin Estado, antipatriarcal y ecológica" (https://bit.ly/2MJ0NYG).

La profundidad teórica y práctica de la crítica y alternativa que se construye en Rojava destaca por varios elementos: es un cuestionamiento a la modernidad capitalista, al Estado-nación, a la ciencia hegemónica, al patriarcado y al ecocidio. La crítica viene acompañada de una praxis encaminada a la construcción –no sin contradicciones– de una "modernidad democrática" con su confederalismo, su autonomía, su economía alternativa, con el protagonismo de las mujeres y también con su ciencia crítica, una ciencia que dio lugar a la Jineolojî o "ciencia de las mujeres", basada en la ética, la estética, con poder práctico y relacionada con la economía.

Alessia Dro, del Movimiento de Mujeres del Kurdistán, ha señalado que una de las contradicciones más grandes de nuestro tiempo es la existente entre la resistencia de las mujeres y el patriarcado. Esa contradicción, recuperada como vertebral por la revolución kurda, es lo que propicia que miles de mujeres de todo el mundo se identifiquen con esa lucha: "Para hacer una transformación, tenemos que lograr cambiar a la sociedad con una perspectiva de liberación de las mujeres. La liberación de las mujeres significa liberar la sociedad entera. Eso es algo que los movimientos revolucionarios en el mundo aún no han elaborado como eje prioritario, y creo que por eso hay mujeres de muchos lugares que nos unimos al movimiento" (https://bit.ly/2PucW4H).

La solidez teórica y política que ha alcanzado la revolución kurda se refleja en el reconocimiento de sus pares en otros lugares del mundo. Es con el EZLN y con las mujeres zapatistas con quienes ha establecido un diálogo fraterno. En diciembre de 2019 la palabra de las mujeres de Rojava llegó hasta territorio zapatista, al semillero Huellas del Caminar de la comandanta Ramona, en donde se realizaba el II Encuentro Internacional de las Mujeres que Luchan: "Hoy, querríamos haber estado junto a las mujeres zapatistas en el encuentro de mujeres que se ha celebrado allá, pero está claro que en nuestra situación y con los ataques a nuestro pueblo, esto no ha sido posible. Pero podemos decir que nuestros corazones están allá y con todas las mujeres en lucha por su libertad y la de sus pueblos. Porque estamos luchando contra todo tipo de ocupación impuesta a los pueblos, todo tipo de esclavitud impuesta a las mujeres. Y estamos juntas en la lucha".

En Rojava y en la Chiapas zapatista se construyen alternativas emancipatorias de nuevo tipo. No son las únicas, hay otras con sus propias formas y tiempos. Una nueva historia se está construyendo y hay que aprender a escucharla.

Por Raúl Romero, sociólogo

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Sahara Occidental: referendo y autodeterminación

La decisión de Estados Unidos de reconocer la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental ha vuelto a arrojar luz sobre el conflicto y con ello el debate sobre el derecho de los saharauis a la autodeterminación.

Según el relato predominante en los medios de comunicación, Marruecos habría obstruido el trabajo de la ONU, imposibilitando la consecución de una solución definitiva.

Sin embargo, una lectura objetiva y racional del Plan de Arreglo muestra la vacuidad de estas alegaciones. Pese a que Marruecos y el Polisario acordaron seguir adelante con el plan, ambas partes tenían múltiples discrepancias y reservas al respecto. Sus discrepancias desembocaron en el fracaso de todo esfuerzo encaminado a implementarlo.

Para el Polisario, los saharauis elegibles para participar en el referendo eran sólo aquellos incluidos en el censo español de 1974. Para Marruecos todos los saharauis con vínculos familiares o de sangre con la región eran elegibles, independientemente de si fueron incluidos o no en dicho censo.

El entonces secretario general de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar, respaldaba la posición marroquí. De Cuéllar estimaba que el censo español de 1974 no podía servir como única base para un referendo y sostenía que, dado el modo de vida nómada de los saharauis –con el movimiento constante de personas y familias a través de las fronteras nacionales, ya sea para huir del colonialismo y de los conflictos, por razones económicas o para proseguir estudios– el censo español no pudo incluirlos a todos.

La posición que el Polisario mantuvo desde 1991 contrasta con la que había expresado a principios de los años 80. En junio de 1981, Marruecos propuso la celebración de un referendo sobre la base del censo español de 1974. Pero Argelia y el Polisario lo rechazaron, alegando que había 750 mil saharauis que tenían el derecho de participar en dicha consulta.

En su libro Sahara Occidental: anatomía de un estancamiento, Erik Jensen, ex jefe de la Misión de Naciones Unidas para el Referendo del Sahara Occidental (Minurso) entre 1994 y 1998, explica que los españoles mismos admitieron que su censo no abarcó todo el territorio, y muchos jefes tribales dijeron que miles de saharauis y refugiados fueron omitidos del mismo.

Las reservas

Erik Jensen considera que Marruecos y el Polisario nunca aceptaron plenamente el Plan de Arreglo de 1991. Aunque estuvieron de acuerdo en principio, tenían reservas que no fueron tomadas en cuenta.

Desde el principio, el plan no tenía posibilidades de ser implementado porque adolecía de una falla de procedimiento importante. Tanto Marruecos como el Polisario han tendido a interpretar sus párrafos más relevantes de manera diferente. Aun así, el Consejo de Seguridad lo adoptó.

El resultado de las deliberaciones que precedieron a la adopción del Plan de Arreglo podría haber sido diferente si los funcionarios de la ONU a cargo de redactarlo hubieran informado al Consejo de Seguridad de todas las reservas expresadas por las partes.

Issa Diallo, un miembro de confianza del grupo de trabajo de Pérez de Cuéllar a cargo de elaborar los detalles del Plan de Arreglo, jugó un papel mayor en el fracaso del plan. Según Jensen, Diallo llevó a cabo reuniones confidenciales separadas tanto con Marruecos como con el Polisario y luego no compartió las reservas de ambas partes ni con los demás miembros del grupo de trabajo ni con el Consejo de Seguridad. Lo anterior explica por qué Marruecos y el Polisario reaccionaron de forma furiosa cuando el Consejo de Seguridad presentó el plan.

Antes de la adopción del plan, Marruecos expresó reiteradamente su preocupación por muchos de los párrafos del proyecto. En una carta dirigida al secretario general el 30 de julio de 1990, el rey Hassan II expresó su frustración de que el documento presentado al Consejo de Seguridad no hubiera tenido en cuenta las reservas de Marruecos. Sin embargo, esta carta no alcanzó ni al Consejo de Seguridad ni al grupo de trabajo encargado de redactar el Plan de Arreglo.

La forma en que éste fue adoptado muestra que el principal objetivo de la ONU en ese momento era llegar rápidamente a un entendimiento entre las partes y poner fin a la guerra, en lugar de elaborar una propuesta viable que pudiera desembocar en una solución factible.

Las mismas discrepancias entre las partes persistieron a lo largo de los años 90. En un informe al Consejo de Seguridad en febrero de 2000, el entonces secretario general Kofi Annan enfatizó la falta de medios para hacer cumplir el resultado de un referendo incluso en el caso de que fuera posible organizarlo. Con lo cual instó a su representante personal, James Baker, a estudiar otras vías que pudieran ayudar a las partes a llegar a una solución política consensuada.

Partidarios del Polisario pueden persistir en su afán de hacer creer lo contrario y en tratar de controlar el relato sobre el conflicto, pero sería más edificante y constructivo que se reconciliaran con los hechos y se deshicieran de los puntos de vista tendenciosos y parcializados.

Cuanto más pronto los partidarios del Polisario admitan la realidad, acepten que el referendo nació muerto y comprendan que se deben buscar otras vías para conseguir una solución consensuada, será mejor para la paz, la prosperidad y la estabilidad en la región y, por ende, para los intereses de los países del Mediterráneo y el norte de África.

Samir Bennis, Doctor, analista político, asesor político senior en una embajada árabe en Washington DC. Es cofundador y editor en jefe de Morocco World News

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Un niño sentado sobre los escombros tras un bombardeo de la coalición saudí en Sanaa, Yemen, en octubre de 2019. — Reuters

Con el cambio de administración, Washington ha prometido cambios sustanciales en su política en el Golfo Pérsico, especialmente en relación con los derechos humanos. El problema es que los mandatarios se resisten a abandonar las vigentes formas de gobierno porque que si lo hacen pueden perder el poder. El equipo de Biden tendrá que hallar un terreno común sin cuestionar demasiado las autarquías tradicionales.

 

Oriente Próximo se halla inmerso en un gran lío endémico que se agravó con Donald Trump. La situación debe cambiar rápidamente puesto que ya se ha escapado de las manos, algo de lo que es consciente el actual presidente americano Joe Biden, quien tiene la oportunidad de enderezar algunos de los múltiples problemas que asolan la región.

Aunque parece imposible que todos los conflictos, de Irán a Libia y de Siria a Yemen, vayan a resolverse de la noche a la mañana, es necesario que la administración cambie el paso cuanto antes en el Golfo. La problemática más acuciante vinculada con el Golfo es la de Yemen, un país hundido en un sinfín de calamidades a las que Estados Unidos y Europa han contribuido con la venta masiva de armas.

En un artículo aparecido en Foreign Affairs, el senador Chris Murphy afirma que la política de Estados Unidos en esa zona está "desfasada" y es preciso "reformatearla" para evitar que las catástrofes avancen al ritmo que lo han hecho en los últimos años.

Murphy fue uno de los primeros senadores en oponerse a la campaña militar de saudíes y emiratíes en Yemen, instando a Washington a suspender la venta de armas a los dos países. En 2017 acusó a la administración Trump de complicidad en los crímenes de guerra cometidos en ese país y a finales de 2018 defendió una ruptura con el príncipe saudí Mohammad bin Salman por su implicación en el asesinato de Jamal Khashoggi.

Sin embargo, Murphy ha defendido las políticas de Israel en los territorios palestinos ocupados, firmando con el lobby judío AIPAC una carta dirigida en 2016 al presidente Barack Obama exigiéndole que rechazara las medidas "unilaterales" de las Naciones Unidas contra el estado judío. Israel respalda e incita a Arabia Saudí y los Emiratos en la guerra de Yemen, un conflicto estrechamente vinculado a toda la región.

En la época de Carter, el 29% de la energía que consumía EEUU provenía del Golfo, mientras que hoy ese porcentaje desciende al 13%

A finales de los años 70 el presidente Jimmy Carter estableció una doctrina que consideraba que el Golfo Pérsico era "vital" para los intereses de Estados Unidos, doctrina que sigue vigente a pesar de que la realidad ha experimentado cambios notables desde entonces.

En la época de Carter, el 29% de la energía que consumían los Estados Unidos provenía del Golfo, mientras que hoy ese porcentaje es solo del 13% y sigue descendiendo. Esta realidad, dice el senador Murphy, debe modificar la actitud de Washington de manera que se refuercen los valores de Estados Unidos y se priorice la paz y la estabilidad.

Sin embargo, no está claro que la propuesta de Murphy sea fácil de llevar adelante. Es cierto que Biden y su administración han hablado en repetidas ocasiones de los derechos humanos en Oriente Próximo, pero también es cierto que una imposición forzada podría desestabilizar una región que se sustenta sobre valores ajenos a la experiencia occidental.

Una prueba es que este fin de semana numerosos países han expresado su apoyo al príncipe saudí Bin Salman en el caso Khashoggi. Las recientes críticas de Washington al príncipe no han sentado bien a los demás países de la zona, cuyos líderes han pensado que si Biden se carga a Bin Salman, ellos pueden ser los siguientes, de ahí que se hayan solidarizado con el príncipe.

Murphy argumenta que a largo plazo la represión destruirá a los países del Golfo, por lo tanto es necesario que sus líderes se responsabilicen de los derechos humanos.

Las políticas que han guiado a la administración Trump durante los pasados cuatros años han sido desastrosas. Es necesaria una sacudida, pero lo difícil es determinar hasta dónde puede llegar el cambio sin excederse para no provocar un efecto más negativo.

Lo más urgente es poner coto a las aventuras militaristas de los Emiratos Árabes Unidos desde Yemen hasta Somalia pasando por Libia. El príncipe emiratí Mohammad Bin Zayed ha arrastrado a Bin Salman en muchas de esas aventuras que solo logran desestabilizar a Oriente Próximo y que hasta ahora han encontrado el respaldo de Washington, que ha alimentado los conflictos perpetuos de la región.

Otra prioridad es alcanzar un acuerdo con Irán y con él un entendimiento entre Teherán y los países del Golfo que espoleados por Israel prefieren la confrontación a pesar de que sus intereses son distintos a los de Tel Aviv.

Una causa y consecuencia de todos estos conflictos es la multimillonaria venta de armas que satisfacen a la insaciable industria americana y europea. Murphy propone que las armas que se vendan a esos países sean defensivas y no ofensivas con el fin de limitar los conflictos y las violaciones de los derechos humanos.

También propone que Estados Unidos reduzca el número de bases militares que se multiplicaron tras la invasión de Irak en 2003, bases que no compensan lo que cuestan al contribuyente. Es posible que los Emiratos y Arabia Saudí se opongan a esta idea, pero el senador considera que sería positiva para evitar una permanente carrera de armamentos.

 

segovia

02/03/2021 07:15

Por Eugenio García Gascón

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