Los giros subtropicales, cuyas aguas se mueven en sentido horario en el hemisferio norte y antihorario en el hemisferio sur, dominan las regiones centrales de los océanos. Arnold Gordon / Britannica

 

El cambio de década nos trae el regalo de la Década de la Ciencia Oceánica para el Desarrollo Sostenible. Es muy oportuno, por tanto, destacar que los océanos no solo son el elemento esencial y central de la vida en nuestro planeta, son también los grandes reguladores del cambio climático.

Una de las claves del control climático planetario yace en la circulación global profunda, también conocida como la cinta transportadora global, una gran corriente que alcanza las regiones abisales de todos los océanos del planeta.

Esta corriente planetaria se origina en aguas superficiales a altas latitudes en el Atlántico Norte y alrededor del continente antártico. Cada invierno, estas aguas frías y saladas se hunden, iniciando así la cinta transportadora global. En pocas semanas se produce la inyección de 1 500 billones de metros cúbicos de agua hacia las profundidades del océano. Esto supone un promedio anual de unos 48 millones de metros cúbicos por segundo, más de 200 veces el caudal medio del río Amazonas.

El inicio de esta circulación global viene acompañado, también en invierno, por otro hundimiento de aguas superficiales. Este bombeo está ocasionado por el viento y ocurre en latitudes medias y altas. Allí, las aguas se sumergen hasta unos 1 500 m, ocasionando que la temperatura y otras propiedades varíen en profundidad de forma análoga a como lo hacen con la latitud.

Estas aguas realizan un viaje submarino transoceánico, delimitando los grandes giros subtropicales. Se trata de grandes sistemas de corrientes oceánicas influidas por los vientos y el movimiento de rotación de la Tierra. El resultado es lo que se conoce como circulación termoclina.

El sistema circulatorio de la Tierra

La cinta transportadora global y la circulación termoclina pueden imaginarse como el sistema circulatorio de la Tierra.

El circuito termoclino recorre los giros transoceánicos, distribuyendo continuamente la energía y regenerando los nutrientes en el sistema. Cada varios años, las aguas regresan a la superficie y se intercambian gases con la atmósfera, como si fuera el circuito pulmonar de nuestro planeta vivo.

En contraste, la cinta global tarda cientos e incluso miles de años en recorrer todo el planeta, manteniendo la memoria de climas pasados.

Las aguas frías que se hunden a latitudes altas del Atlántico Norte son eventualmente reemplazadas por el ramal de retorno de la cinta transportadora global, aguas cálidas y ricas en nutrientes provenientes de regiones tropicales y subtropicales.

El resultado es un flujo de calor y nutrientes que se dirige hacia las altas latitudes del Atlántico Norte. El calor allí liberado mantiene el clima moderado del norte de Europa y el suministro de nutrientes inorgánicos sostiene la espectacular floración primaveral del océano Atlántico Norte.

Corrientes y clima

El clima de la Tierra está condicionado en gran medida por el equilibrio radiativo local, que depende de la reflexión de la radiación solar (albedo) y de la fracción de radiación emitida por la Tierra que no puede atravesar la atmósfera (efecto invernadero).

Pero igualmente importante es la transferencia de calor desde los trópicos hacia altas latitudes, que ocurre gracias a los vientos atmosféricos y las corrientes oceánicas. En el océano esto queda determinado por la intensidad de la cinta transportadora global y del circuito termoclino.

La fuerza y extensión vertical de la cinta transportadora global del Atlántico no siempre ha sido la misma. Los indicadores paleoceanográficos en sedimentos indican que hace unos 20 000 años la cinta transportadora del Atlántico Norte era mucho más débil y menos profunda. Como consecuencia, el transporte de calor hacia altas latitudes era menor y la Tierra experimentó un máximo glacial.

Las predicciones sugieren que a lo largo de este siglo la región subpolar se calentará y salinizará, esto último debido a la intrusión de aguas saladas subtropicales. El pronóstico es que la cinta transportadora global se ralentizará, aunque la competencia de los flujos de calor y agua dulce genera grandes incertidumbres.

Aguas con menos oxígeno y más ácidas

A los factores físicos que controlan el clima se les une la autorregulación del planeta vivo, en continua evolución hacia un estado optimizado.

Dos ejemplos de interacción entre clima y vida son el control del dióxido de carbono mediante cambios en producción primaria y la influencia del plancton marino en la formación de nubes.

Otro ejemplo es la expansión de las regiones oceánicas hipóxicas, o zonas de bajo oxígeno. Estas ocurren en el margen oriental de todos los grandes océanos, en regiones relativamente aisladas entre los giros subtropicales y tropicales. Su expansión puede deberse a cambios en los patrones de circulación, el calentamiento de las aguas y el aumento de la producción primaria.

Los océanos también han incorporado alrededor del 40 % del dióxido de carbono antropogénico emitido a la atmósfera, ocasionando una acidificación significativa. Como consecuencia, han disminuido las profundidades de saturación de calcita y aragonita, lo que reduce las regiones donde pueden crecer los organismos calcáreos.

La unión de estos factores estresantes (calentamiento, salinización, desoxigenación, acidificación, contaminación, sobrepesca) representa una amenaza significativa para muchas especies marinas, con un impacto alto en la biodiversidad marina y en la evolución del propio planeta.

Consecuencias del Antropoceno

El Holoceno, el cálido periodo interglacial que ha caracterizado a nuestro planeta durante los últimos 12 mil años, está siendo alterado por la humanidad.

La emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono ha modificado el equilibrio radiativo y ha llevado a la Tierra hacia un nuevo estado metabólico, el Antropoceno.

Un efecto importante ha sido que la temperatura media de la superficie terrestre ha aumentado en 1,2 °C  desde el periodo preindustrial, a mediados del siglo XIX, hasta la actualidad. Esto ha sucedido a pesar de la elevada capacidad reguladora de los océanos, que han absorbido alrededor del 90 % del exceso de calor antropogénico en el sistema terrestre con un aumento en su temperatura media de apenas 0,15 °C.

Si no fuera por el efecto antropogénico, la Tierra ya hubiera entrado lentamente en un período glacial, que se iría acentuando hasta encontrar su enfriamiento máximo dentro de unos 60 mil años.

Sin embargo, los modelos nos dicen que el clima interglacial actual se fortalecerá por otros 20 o 25 mil años. El próximo máximo glacial no tendrá lugar hasta dentro de unos 110 mil años.

¿Un resultado impredecible?

Las observaciones y los modelos nos dicen que el clima de la Tierra ha cambiado y seguirá cambiando. Grandes extensiones de nuestro planeta experimentan el aumento del nivel del mar, fuertes sequías o lluvias torrenciales, huracanes intensos más frecuentes, agudas olas de calor, pérdida de biodiversidad e incremento en las enfermedades infecciosas.

No podemos predecir con certeza el futuro. La extrema complejidad del océano viviente, la interacción de los procesos físicos y biogeoquímicos en todas las escalas espaciales y temporales hace que el sistema pueda tomar caminos inesperados.

Sin embargo, la ciencia de forma casi unánime nos advierte que se requiere una acción inminente si queremos mantener un clima favorable para la humanidad. Es imperativo definir unos límites planetarios y es tarea de todos respetarlos.

Nuestro planeta vivo, con el océano como componente central y esencial, es robusto y tiene una elevada capacidad reguladora. Su resiliencia ha sido probada a lo largo de la historia de nuestro planeta. La conjunción de mecanismos vivos y no vivos ha provocado su baja entropía y alta complejidad.

Esta elevada complejidad, resultado de la infinitud de procesos que sostienen y conforman la propia vida, convierte a un sistema terrestre potencialmente frágil en un ser vivo, dinámico y robusto. Gaia evolucionará y se desplegará en beneficio de todo el sistema y no de una de sus partes. Está en nuestras manos lograr que la humanidad se mantenga en armonía con esta evolución.

 

Por Josep Lluís Pelegrí Llopart

Oceanógrafo y profesor de investigación, actualmente director del centro, Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC)

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Cerrejón, mina a cielo abierto

Los proyectos mineros dirigidos principalmente por grupos ilegales en Colombia son los que más afectan a las poblaciones indígenas, afrodescendientes y comunidades locales de este país.

 

De las 52 comunidades afectadas por proyectos, 20 son impactadas por actividades mineras mediante 9 proyectos que representan el 47% de los proyectos registrados, entre 2017 y 2019, de acuerdo a un estudio de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados.

Seis de estos nueve proyectos mineros son dirigidos por grupos ilegales, que también lideran otros 3 proyectos de agroindustria.

De ahí que Colombia sea también el país que registre la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica con 17 personas asesinadas.

Así lo informa la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados, una herramienta digital de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team (ACT).

Proyectos identificados

Según la plataforma, Colombia registra 19 proyectos en total. De ellos, 9 corresponden al sector minero, 4 al de infraestructura y 3, tanto al de hidrocarburos (gas o petróleo) como al de agroindustria.

Esto guarda relación con el número de comunidades afectadas: 52 en total. De estas, 20 son afectadas por proyectos mineros; 18 por infraestructura; 11 por hidrocarburos y 3 por agroindustria.

Como se aprecia, existe una predominancia de proyectos mineros. Seis de los nueve casos identificados en este sector son actividades ilegales que generan deforestación y contaminación, por el uso del mercurio.

En los tres casos formales de minería, todas son de extracción de carbón mineral, siendo una de ellas la mina El Cerrejón, ubicada dentro del territorio del pueblo indígena Wayúu, en el departamento de La Guajira.

Esta comunidad ha denunciado que, desde que comenzó la explotación de carbón en los años 70, ha perdido miles de hectáreas de sus tierras, lo que afecta su supervivencia.

Otro aspecto que se destaca es el impacto de las obras de infraestructura como Hidrotuango, un proyecto hidroeléctrico que afecta a comunidades campesinas en los municipios de Ituango y Briceño.

Las comunidades que se resisten al proyecto tienen documentados 152 casos entre los que registran asesinatos, amenazas, acoso por parte de grupos armados paramilitares, entre otros.

Con 17 comuneros asesinados, Colombia registra la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades en Latinoamérica. Ilustración: Servindi

Derechos violados

La plataforma revela que los derechos a un medio ambiente saludable (63.2%) y a participar en la vida pública (59.9%), fueron las violaciones de derechos más frecuentes denunciadas en los conflictos registrados en Colombia.

El derecho a la vida, a la integridad física y moral y el derecho a la defensa de la tierra ancestral fueron otros derechos vulnerados en más del 30% de casos.

En tanto, los ataques más frecuentes fueron los asesinatos, las amenazas, la limitación de la libertad de expresión y la invasión al territorio colectivo.

De las 52 comunidades afectadas, 33 personas sufrieron ataques individuales; de ellas, 17 fueron asesinadas, lo que convierte a Colombia en el país con la más alta tasa de asesinatos a miembros de las comunidades a nivel de Latinoamérica.

Por otro lado, el impacto ambiental mayor fue la contaminación del agua, registrándose en el 68% de los casos; mientras que el impacto social más frecuente fue la alteración de medios de vidas tradicionales en 24 comunidades

22 enero 2021

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Viernes, 22 Enero 2021 05:44

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

Tupak Katari vive y vuelve…carajo

(En homenaje a Felipe Quispe, Mallku, 1942-2021)

 

Luchó hasta el último aliento. A los 78 años, en agosto de 2020, estuvo a la cabeza de más de setenta bloqueos campesino-indígenas que derrotaron al gobierno golpista de Jeannine Añez, forzándolo a convocar elecciones.

Fue un rebelde intransigente. Contra el neoliberalismo y el colonialismo, contra todos los de arriba, fueran de derecha o de izquierda. Nada le impidió seguir caminando, aún en la más absoluta soledad, con toda la “correlación de fuerzas” en contra.

Felipe Quispe nació en la comunidad aymara de Chilijaya, en el municipio de Achacachi, un 22 de agosto de 1942. Desde ese lugar irradió su influencia hacia todo el Altiplano, hasta convertirse en un referente ineludible de la dignidad aymara e indígena.

En 1978 fue fundador del Movimiento Indígena Túpac Katari y años después impulsó el movimiento Ayllus Rojos que desemboca en el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK), donde confluyó con Raquel Gutiérrez y otras personas que prefiero no nombrar para no ensuciar su memoria.

Al nombrarlo Mallku (cóndor en aymara), se le reconoce su autoridad como referente ético y político, alguien que vuela muy alto, que encarna el espíritu y la fuerza de las montañas.

Estuvo preso en el penal de Chonchocoro desde 1992. Salió en 1998 como secretario general de la CSUTCB (Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia) impulsando bloqueos de caminos contra el gobierno de Hugo Bánzer, encabezó la primera guerra del gas (2003) y más tarde fue un opositor al gobierno de Evo Morales, por razones ideológicas y éticas.

Estos días sus compañeros de lucha lo recuerdan con emoción y cariño. El protagonista de la guerra del agua, en 2000, Oscar Olivera, lo define como “un tipo leal y confiable. Un vocero y un símbolo del pueblo aymara. Era muy duro con los opresores pero enormemente generoso con la gente sencilla. Nunca se colocó en el papel de víctima”.

Para Raúl Prada, “en la lucha de Felipe hay una remembranza del siglo 18 cuando la rebelión de Tupak Katari. Hay pocas personas cuyo cuerpo entero esté dispuesto para el combate”.

En el homenaje que le hizo Radio Deseo, la trabajadora del hogar y sindicalista Yolanda Mamani mostró su admiración por el Mallku. “Hablaba desde su lugar de campesino indígena, dejó el parlamento y volvió a su pueblo. Nos decía que no sólo tenemos que alimentar el cuerpo, sino nuestra mente con pensamientos, y que tenemos que ser rebeldes”.

María Galindo, de Mujeres Creando, enfatizó que la muerte de Felipe “nos deja un vacío gigante” y prefirió recordarlo como alguien que “hablaba en primera persona, no por otros ni a nombre de un tercero. No sólo quería derrocar un gobierno sino mirar más allá, más profundo. Hizo de la rabia una fuerza política”.

Muchos los recuerdan por una de sus frases durante una entrevista que le hizo la periodista Amalia Pando, cuando lo interpeló por las razones de la lucha armada: «No quiero que mi hija sea su sirvienta …» (https://bit.ly/3bZ4svJ). Felipe tenía esa extraordinaria habilidad para sintetizar la opresión colonial.

En una de las últimas entrevistas, recordó que su tarea es “obedecer las decisiones de las bases”, que lo eligieron para comandar los bloqueos de agosto y semanas atrás lo propusieron como candidato a la gobernación de La Paz (https://bit.ly/2XZVmXf).

Asegura que en agosto pasado podrían haber derribado al gobierno “racista y fascista” de Añez, pero que el MAS los traicionó retirando a sus bases de los bloqueos.

En esa entrevista reconoce que apoyó al MAS para sacar a lo golpistas, pero a renglón seguido dijo que “Evo Morales sigue metiendo su mano sucia en el gobierno de Arce, cuando debió retirarse como le dijeron muchos dirigentes”.

Estos días en el Altiplano aymara se escuchan voces que dicen: “No hubiera habido un Evo sin un Mallku”. Porque que fue la lucha de las comunidades lo que abrió un hueco en la dominación por donde se colaron el MAS y Evo Morales. Pero a la hora de la lucha, mientras los de arriba se fugaron del país, ahí permanecieron los Felipes para seguir la pelea.

Fue un dirigente limpio. Nunca se rindió, ni se vendió, ni claudicó. Por eso pasará a la mejor historia de resistencia y dignidad de los de abajo. La historia coloca a cada quien en su sitio.

Fue un educador de su pueblo. En el prólogo de su libro de 1990, “Tupac Katari vive y vuelve …carajo”, escribió: “El fuego de la verdad de los oprimidos y explotados hará llorar y aullar a esta nueva Sodoma y Gomorra que es la sociedad capitalista”.

Los recambios a la generación de Felipe ya los vemos entre los jóvenes y las mujeres que salieron a las calles cuando los bloqueos de 2020, entre las que participaron en el Parlamento de las Mujeres convocado por Mujeres Creando cuando el golpe de 2019 y entre los miles de herederos de los jóvenes que protagonizaron el levantamiento de 2003 en El Alto.

Quiero recordarlo con una frase típica de Felipe: “Podrán privatizar las montañas, pero los cóndores seguiremos volando”.

Jallalla Mallku!!!!

 

21 enero 2021 

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En la imagen, los Grandes lagos laurentianos, situados entre Canadá y EU.Foto MTRI

Estudio de los 11 cuerpos de agua dulce más grandes del mundo descubre modificaciones en los ecosistemas

 

Madrid. Dieciséis años de datos de teledetección revelan que en los lagos de agua dulce más grandes de la Tierra el cambio climático influye en las tendencias de fijación de carbono.

Una investigación financiada por la NASA sobre los 11 cuerpos de agua dulce más grandes del mundo combinó observaciones de campo y satélites para proporcionar una nueva comprensión de cómo fijan el carbono e interactúan el clima cambiante y esos lugares.

Científicos del Instituto de Investigación Tecnológica de Michigan (MTRI, por sus siglas en inglés) estudiaron los cinco grandes lagos laurentianos que limitan con Estados Unidos y Canadá; los tres africanos (Tanganica, Victoria y Malawi), el Baikal en Rusia y los Great Bear y Great Slave en Canadá, los cuales contienen más de la mitad del agua dulce superficial de que dependen millones de personas e innumerables otras criaturas, lo que subraya la importancia de comprender cómo están siendo alterados por el cambio climático y otros factores.

Los dos lagos canadienses y el Tanganica experimentaron los mayores cambios en la productividad primaria: el crecimiento de algas en un cuerpo de agua. Las fluctuaciones del indicador apuntan a grandes modificaciones en los ecosistemas lacustres.

"La base de la cadena alimentaria es la productividad de las algas. Los cuerpos de agua son de tamaño oceánico y están formando equipo con fitoplancton, pequeñas algas", dijo en un comunicado Gary Fahnenstiel, de MTRI e investigador recientemente retirado. "Medimos la tasa de fijación de carbono, que es a la que las algas fotosintetizan en esos sitios. A medida que cambia significa que todo el lugar también está modificando, lo que tiene ramificaciones en toda la cadena alimentaria, desde el zooplancton hasta los peces".

Muchos factores afectan estos lagos. El cambio climático, el aumento de nutrientes (eutrofización) y las especies invasoras se combinan para modificar todo el sistema, lo que dificulta identificar causas específicas, particularmente desde el suelo con observaciones limitadas.

Pero las imágenes de satélite han facilitado la clasificación del ruido y proporcionan información sobre el tiempo y el espacio.

Michael Sayers, autor principal del estudio, utiliza la teledetección del color del océano para rastrear la dinámica del fitoplancton de agua dulce. “Hemos confiado en los activos de la NASA: el satélite Modis, que ha estado volando desde 2002, al que aplicamos el algoritmo y el modelo que hemos estado desarrollando en MTRI durante una década. Cuando comenzamos a contar la cantidad de píxeles como observaciones a nivel mundial para 11 lagos durante 16 años, es realmente notable. Los píxeles observados por lago se cuentan en millones”.

Uno de los aspectos más notables de los resultados es la rapidez con que se han producido cambios en estos lagos de agua dulce, una cantidad notable en menos de 20 años. La investigación contribuye al objetivo del Sistema de Monitoreo de Carbono de la NASA de determinar cuánto contribuyen los lagos de agua dulce al ciclo global del carbono. "Tres de los lagos más grandes del mundo están mostrando signos importantes relacionados con el cambio climático, de 20 a 25 por ciento en la productividad biológica general en tan sólo los últimos 16 años", dijo Fahnenstiel.

En los 16 años de datos, los lagos Great Bear y Great Slave pasado los mayores aumentos en la productividad, mientras el Tanganica ha experimentado disminuciones.

Las tendencias anteriores están relacionadas con el incremento de la temperatura del agua, la radiación solar y la reducción de la velocidad del viento.

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Desarrollan en el MIT modelo para evitar el “escape” de virus que mutan con rapidez

Desarrollan prototipo computacional para elaborar antídotos efectivos contra VIH, gripe y coronavirus

 

Una razón por la que es tan difícil producir vacunas eficaces contra algunos virus, como la gripe y el VIH, es que mutan muy rápidamente, lo que les permite evadir los anticuerpos generados por una vacuna en particular mediante un proceso conocido como “escape viral”. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) idearon una forma de modelar computacionalmente ese proceso basándose en prototipos desarrollados para analizar el lenguaje.

El modelo puede identificar qué secciones de las proteínas de la superficie viral tienen más probabilidades de mutar de manera que permitan el escape viral y cuáles tienen menos posibilidades de mutar, lo que las convierte en buenos objetivos para nuevas vacunas, según una investigación publicada en la revista Science.

“El escape viral de la proteína de superficie de la influenza y la de la envoltura del VIH son ambos muy responsables de que no tengamos una vacuna universal contra la gripe ni una para el VIH, los cuales causan cientos de miles de muertes al año”, explica Bonnie Berger, profesora de matemáticas de Simons y directora del grupo de computación y biología en el Laboratorio de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial del MIT.

En el estudio, Berger y sus colegas identificaron posibles objetivos para las vacunas contra la gripe, el VIH y el SARS-CoV-2. Desde que el artículo fue aceptado para su publicación, los investigadores también han aplicado su modelo a las nuevas variantes de SARS-CoV-2 surgidas recientemente en el Reino Unido y Sudáfrica. Ese análisis, que aún no ha sido revisado por pares, señaló las secuencias genéticas virales que deberían estudiarse más a fondo por su potencial para escapar de las vacunas existentes, dicen los expertos.

Berger y Bryan Bryson, profesor asistente de ingeniería biológica en el MIT y miembro del Instituto Ragon de MGH, MIT y Harvard, así como Brian Hie, estudiante graduado del MIT, son los autores principales del artículo.

Los diferentes virus adquieren mutaciones genéticas a diferentes velocidades, y el VIH y la influenza mutan más rápido. Para que estas mutaciones promuevan el escape viral, deben ayudar al virus a cambiar la forma de las proteínas de su superficie para que los anticuerpos ya no puedan unirse a ellas. Sin embargo, la proteína no puede cambiar de manera que la haga no funcional.

“Si un virus quiere escapar del sistema inmunológico humano no quiere mutar para morir o no puede replicarse”, explica Hie. “Quiere preservar el estado físico, pero se disfraza lo suficiente como para que el sistema inmunológico humano no lo detecte”.

Para modelar este proceso, los investigadores analizaron patrones encontrados en secuencias genéticas con un modelo del procesamiento del lenguaje natural, lo que les permite predecir nuevas secuencias con nuevas funciones, pero que siguen las reglas biológicas de la estructura de las proteínas.

Ventaja significativa

 Una ventaja significativa de este tipo de modelado es que sólo requiere información de secuencia, que es mucho más fácil de obtener que las estructuras de proteínas. El modelo se puede entrenar con una cantidad relativamente pequeña de información; en este estudio, los investigadores utilizaron 60 mil secuencias de VIH, 45 mil de gripe y 4 mil.

Los expertos ahora trabajan en su modelo a fin de identificar posibles objetivos para las vacunas contra el cáncer, que estimulan el propio sistema inmunológico del cuerpo para destruir tumores. Dicen que también podría usarse para diseñar medicamentos de moléculas pequeñas que podrían ser menos propensos a provocar resistencia para enfermedades como la tuberculosis.

“Hay tantas oportunidades, y lo hermoso es que todo lo que necesitamos son datos de secuencia, que son fáciles de producir”, resalta Bryson.

Un judío ultraortodoxo recibe la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, en el Arena Sports Hall de Jerusalén EFE/EPA/ABIR SULTAN/Archivo

Tras vacunar a más de dos millones de personas, las autoridades sanitarias del país admiten que la aplicación de una única dosis cuenta con una eficacia escasa e, incluso, menor que la estimada

 

El coordinador israelí para hacer frente a la pandemia del coronavirus, Nachman Ash, ha señalado que la aplicación de una única dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech podría ofrecer menos protección de la esperada inicialmente. El país, que ha reportado 10.051 nuevos contagios en las últimas 24 horas, ha seguido los pasos de Reino Unido, cuya estrategia pretende retrasar la aplicación de la segunda dosis con el objetivo principal de vacunar de forma masiva con una primera dosis, según publica The Guardian.

En declaraciones a la radio del Ejército de Israel, Ash ha admitido que la aplicación única de esta primera dosis resulta "menos efectiva de lo que creíamos", e, incluso, con un rendimiento inferior al estimado por Pfizer, que cifró la efectividad de este primer vial en un 52%.

Frente a ese bajo nivel de protección obtenido con una única dosis, aquellos que han cumplido el ciclo completo de vacunación (dos dosis en un período de 21 días, que puede prolongarse ligeramente) han experimentado un crecimiento notable del volumen de anticuerpos, según los datos publicados por el Centro Médico Sheba el lunes.

Tras vacunar a más de dos millones de ciudadanos israelíes, Sharon Alroy-Preis, jefe del servicio de salud pública del país, ha justificado el incremento de las cifras de infectados asegurando que los contagios entre vacunados se producen porque no han sido capaces de generar suficientes anticuerpos para hacer frente al coronavirus.

Israel, que hace unas semanas presentaba su estrategia como una de las más rápidas del mundo y excluye a los palestinos del proceso de vacunación, ha inyectado la primera dosis a 2.215.963 personas. Únicamente 479.818 han completado el ciclo de vacunación de dos dosis recomendado por los fabricantes del fármaco.

19 de enero de 2021 20:08h

@eldiarioes

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¿De qué hablamos, cuando hablamos de Renta Básica?

La pregunta que plantea el título creo que es muy pertinente, porque en estos últimos tiempos en que se oye a hablar mucho de Renta Básica hay bastantes errores en la interpretación de este término. Lo más sencillo, para responder la pregunta, es consultar qué dice al respecto la Red Renta Básica que es la sección oficial de la organización internacional Basic Income Earth Network (BIEN): «La renta básica es un ingreso pagado por el estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad, aun si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otro modo, con independencia de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien convive». Y añade, por si no queda claro con la anterior definición: «una renta básica es una asignación monetaria pública incondicional a toda la población».

Hay dos rasgos fundamentales a destacar en esta definición: la universalidad, la reciben todos, y la no condicionalidad, no hay restricciones para acceder a la misma. Y esto nos lleva nuevamente al título, porque en Catalunya todavía hay mucha gente que confunde la Renta Básica con la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un subsidio para pobres que se aprobó en el año 2017, el balance del cual es abrumadoramente negativo con respecto a su principal objetivo de eliminar o paliar la pobreza (seguro que este balance será objeto de algún que otro artículo en este mismo espacio). Ahora, sólo quiero apuntar que la RGC tal como ha demostrado en estos tres años con su despliegue, es todo lo contrario de universal e incondicional, y que estas son las principales razones de su fracaso.

También, desde este pasado junio, en el reino de España, se ha puesto en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV), medida que desde este gobierno PSOE-UP, se anunció como la panacea para eliminar la pobreza. El IMV, con un recorrido bastante menos reducido en el tiempo que el de la RGC, ya nos ha señalado, sin embargo, sus carencias fundamentales: no llega a quien tiene que llegar. Y esto pasa, fundamentalmente, porque las condiciones que se imponen al colectivo de personas que deberían ser su principal destinatario, mayoritariamente las incumplen y, también, obviamente, porque no es universal. Las estadísticas, relativas a su desarrollo, hablan de que sólo menos del 10% de las personas de las que se esperaba a priori que deberían resultar beneficiadas han podido acceder al mismo (tampoco tengo ninguna duda de que sus resultados, cuando se hayan dado a conocer con más detalle, serán objeto de análisis en este mismo espacio).

La Renta Básica, e insisto de nuevo en las características universal e incondicional y, a diferencia, por tanto, de la RGC y el IMV, sí es una medida de política económica que puede eliminar la pobreza, pero no sólo eso. Es una medida que aumentaría la libertad de las personas, porque incrementaría la libertad de colectivos como los trabajadores precarios, el de las mujeres que dependen económicamente de sus parejas, el de los jóvenes con pocos recursos y, lógicamente, el de las personas pobres, porque no puede haber libertad sin que las condiciones materiales para la existencia estén cubiertas. Esta última cuestión nos permite enlazar con otro elemento clave: la justificación republicana de la Renta Básica (otro apartado que merecerá igualmente un análisis más detallado en este espacio).

Por supuesto, la Renta Básica se enfrenta a numerosas críticas con independencia del ideario político desde el que se efectúen, por citar algunas: es injusto que también los ricos la reciban, la gente no trabajará si la percibe, recortará el estado del bienestar actual, es inviable económicamente… Ya se ve que hay que dar respuesta a todas ellas, y este también es el espacio que se utilizará para hacerlo.

Pero, siguiendo con el ideario político, también quiero dejar claro que soy partidario de una Renta Básica que suponga una mejora sustancial de toda aquella población que pueda considerarse no rica y, además, que la manera de financiarla no suponga alterar, es decir, no tocar ni un solo euro del gasto social, básicamente sanidad y educación, efectuado por el estado. Contrapuesta, claro, a una forma de Renta Básica que figuras relevantes de las teorías monetaristas y neoliberales propusieron a las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado, en forma de impuesto negativo sobre la renta, pero que venía acompañado de la supresión de la inversión social del estado. En este sentido, elimina cualquier duda al respecto la enmienda que se introdujo en la propia definición de Renta Básica en el congreso de 2016 del BIEN «Estable en cantidad y frecuencia y suficientemente alta para ser, en combinación con otros servicios sociales, parte de una estrategia política para eliminar la pobreza material y posibilitar la participación social y cultural de cada individuo. Nos oponemos a la sustitución de derechos o servicios sociales si esta sustitución empeora la situación de personas relativamente desfavorecidas, vulnerables o de ingresos bajos».

Bueno, espero que las líneas precedentes hayan servido para responder a la pregunta que formulaba el título.

Por Jordi Arcarons, catedrático de Economía Aplicada de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona. Es miembro de la Red Renta Básica. Es coautor de "Renta Básica Incondicional. Una propuesta de financiación racional y justa" (Serbal, 2017).

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Crisis ecológica, pandemias y tratados de comercio e inversión

A estas alturas de siglo, no hay duda alguna de que afrontamos una crisis ecológica sin precedentes. Otra cosa es que se quiera reconocer a pesar de las múltiples evidencias existentes, bien estudiadas por el mundo científico y suficientemente documentadas y difundidas por organismos internacionales de los que forman parte la mayor parte de los países del planeta. Algo realmente contradictorio cuando desde Naciones Unidas alertan del momento crucial en el que vivimos en los campos del clima, de la biodiversidad o de la extensión de las pandemias y los países responden con medidas tibias o insuficientes cuando no mirando para otro lado directamente cuando al frente de ellos se encuentran los negacionistas.

Es incontestable la grave crisis biológica en la que estamos inmersos con una extinción masiva de especies como no deja de recordarnos la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de forma recurrente:  un millón       de especies de  animales y plantas, de los 8 existentes, están en peligro de extinción, entre las que cabe referirse a que más del 40% de las especies de anfibios, casi el 33% de los corales y más de un tercio de todos los mamíferos marinos están amenazados.

En este mismo sentido, el último informe de WWF de 2020 (Índice Planeta Vivo-IPV) constata una disminución media del 68% de las poblaciones estudiadas de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces entre 1970 y 2016, lo que supone un aumento del 8% con respecto al estudio anterior de 2018.

Por su parte el Convenio para la Diversidad Biológica (CDB) viene indicando reiteradamente que los tiempos se agotan y que el bajo cumplimiento (en algunos países nulo) de las Metas de Aichi nos conducirá a una senda sin retorno a menos que se modifiquen radicalmente las políticas económicas basadas en la explotación sin límites de la biosfera y en la continuación del uso de combustibles fósiles que agravan el cambio climático, dos de las causas principales de pérdida de biodiversidad, juntamente con la destrucción de hábitats de las especies, la contaminación ambiental y la introducción de especies exóticas invasoras.

Tanto el informe IPBES como el IPV y el CBD señalan como responsable de este desastre ambiental a las actividades humanas sin control en un contexto global de explotación insostenible de los recursos naturales.

En relación con el calentamiento global, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) también viene avisando desde su informe de 2018 (sobre los impactos del calentamiento global de 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales) de las serias consecuencias para las personas y sus medios de subsistencia que supondrá no alcanzar los objetivos de aumento de 1,5ºC del Acuerdo de París. Si en aquel informe se insistía en la necesidad de implementar las medidas para reducir drásticamente las emisiones de CO2 derivadas de la quema de combustibles fósiles, el informe de agosto de 2019 (Informe especial sobre el cambio climático, la desertificación, la degradación de las tierras, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases de efecto invernadero en los ecosistemas terrestres) habla ya de que esto no basta y que hay que trabajar en todos los sectores, como la producción de alimentos y la gestión de los suelos. En el de septiembre de ese mismo año (Informe especial sobre el océano y la criosfera) el IPCC nos advierte del peligro de un océano hoy más caliente, más ácido y menos productivo por sus inquietantes derivaciones en cuanto a recursos pesqueros y cambios en las dinámicas climáticas regionales y locales.

En relación con las pandemias, más allá de enfrentar una de sus manifestaciones actuales, la Covid19, es necesario señalar que, si bien no son algo nuevo como podemos verificar mediante un rápido repaso histórico, su incidencia se ha triplicado en los últimos 50 años, habiéndose producido al menos 10 de distinta envergadura, entre ellas algunas conocidas como el ébola, el SARS, la gripe aviar, el VIH o el MERS. Todas estas pandemias son de origen zoonótico, saltando de alguna especie hospedante al ser humano.  Los principales reservorios de patógenos susceptibles de convertirse en pandemias se encuentran en mamíferos y algunas aves, además de en el ganado, como cerdos, camellos y aves de corral. La pregunta es por qué ahora hay más incidencia que hace medio siglo y encontramos la respuesta en la propia especie humana que coloniza cada vez más territorio, desplazando especies o eliminándolas directamente, destruyendo hábitats y modificando sustancialmente la dinámica ecológica de los ecosistemas. El equilibrio en los ecosistemas regula la presencia de bacterias y virus que, en si mismos, no son responsables de las pandemias ya que estos organismos forman parte del entramado de la vida.

El informe "Prevenir la próxima pandemia: Zoonosis y cómo romper la cadena de transmisión" del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) advierte que "Es muy probable que los 7 siguientes factores de intervención humana estén fomentando la aparición de zoonosis: el incremento de la demanda de proteínas animales; la intensificación insostenible de la agricultura; el aumento del uso y la explotación de las especies silvestres; la utilización insostenible de los recursos naturales, acelerada por la urbanización, el cambio del uso del suelo y la industria extractiva; el aumento de los desplazamientos y el transporte; alteraciones en el suministro de alimentos, y el cambio climático".

El IPBES, que organizó en otoño un taller sobre sobre la relación entre la degradación de la naturaleza y el aumento del riesgo de pandemias, ve también que las actividades humanas son las que generan ese riesgo debido al impacto exponencial que está causando en el medioambiente el cambio climático y a la pérdida de biodiversidad.

Con esta información puede deducirse sin lugar a duda que tres grandes problemas que asolan a la humanidad tienen su origen en la propia humanidad. El declive de la biodiversidad, los efectos del cambio climático y los riesgos pandémicos no son fruto de ningún castigo divino como durante siglos se creía ante cualquier eventualidad que modificara lo que se consideraba la normalidad cotidiana. Afortunadamente, hoy día los avances científicos nos colocan ante el espejo de nuestra realidad para que, entendiendo lo que sucede, seamos dueños de nuestros destinos, pero incomprensiblemente no queremos mirar la imagen reflejada y seguimos actuando como si nada pasara. No hay mejor ejemplo que la reciente y presente pandemia del coronavirus, que debería haber abierto profundos debates sobre el momento complejo en el que vivimos, el modelo socioeconómico dominante o la crisis sanitaria y ambiental que puede convertirse en sistémica. Hacerse preguntas y cuestionar el sistema en el que vivimos parece un principio para buscar nuevas fórmulas que nos saquen del atolladero ambiental en el que vivimos. Como nos recuerda Delia Grace, del Instituto Internacional de Investigaciones Pecuarias (ILRI), "se están tratando los síntomas de esta enfermedad, pero no sus causas".

Pero ¿por qué, si están evaluadas las causas y las conocemos, por tanto, no aplicamos medidas -o solo las aplicamos parcialmente- que haga menos inquietante el futuro sombrío, ambiental y socialmente, que, según todos los indicios, se avecina? Tanto el CBD en su Plan Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, como el Acuerdo de París, nacido de la Conferencia sobre el Clima de París (COP21) de 2015, han establecido medidas en teoría consensuadas en sus respectivos encuentros sobre biodiversidad y clima. Pero el grado de ambición de los países firmantes no parece suficiente para arrostrar un problema que los científicos ven cada vez con mayor preocupación.

Así, el PNUMA, en un informe de finales de 2019, advertía de que solo reduciendo las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en un 7,6% cada año entre 2020 y 2030, el mundo alcanzaría el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5° C por encima de los niveles preindustriales establecido en el Acuerdo de París. Por su parte la Organización Meteorológica Mundial alertaba de que vamos hacia un calentamiento de 3 a 5 grados Celsius para fines de este siglo en lugar de 1,5 a 2 contemplados en el Acuerdo. Es vergonzoso que los países más ricos, los del G20, que representan en su conjunto el 78% de las emisiones globales, no hacen un esfuerzo colectivo en su reducción ya que solo cinco de ellos -entre ellos la UE- se han comprometido con un objetivo a largo plazo de cero emisiones.

En el quinto informe de la Perspectiva Mundial sobre la Diversidad Biológica (GBO5), el CBD señala que no se han logrado plenamente ninguna de las 20 Metas de Aichi, que eran las medidas previstas para el periodo 2011-2020. Aunque se han cumplido parcialmente algunos de estos objetivos, el resultado final de la década no permite grandes alegrías, porque su incumplimiento no solo afecta a la pérdida de biodiversidad silvestre sino también a campos tan esenciales para el bienestar de la población mundial como la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición o el suministro de agua limpia, todos ellos contemplados asimismo en los objetivos de desarrollo sostenible (ODS).

En esto momentos, una vez pasada esta última década, que se inició con una crisis económica y terminó con otra sanitaria, la comunidad científica internacional es escéptica con los parcos resultados conseguidos hasta ahora en materia de clima y biodiversidad, valorando que los compromisos de los países hasta ahora son insuficientes para frenar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

En un contexto de crisis sanitaria global, de consecuencias duras y aún no bien evaluadas, resulta decepcionante que en vez de abordar las causas de lo que se sucede y proponer alternativas que tengan en cuenta las distintas variables que intervienen en la ecuación de la vida, se propongan las mismas medidas para seguir adelante, sustentadas únicamente en un crecimiento económico que se ha convertido en una huida hacia adelante, sin garantías de salidas solidarias para las personas y de preservación mínima de las condiciones ambientales que las permitan.

En vez de esto y como ejemplo de estas medidas obsoletas, siempre pensadas además para favorecer únicamente a los grandes conglomerados empresariales y los fondos de inversión globales, se siguen aprobando tratados de comercio e inversión que inciden en los tres aspectos tratados en este artículo. Como muestra podemos citar el tratado UE-Mercosur, que ha tenido presencia mediática indirecta por los pavorosos incendios de la Amazonía en 2019, presentado como un acuerdo que favorecerá el intercambio comercial entre ambas regiones y posibilitará la mejora de sus economías y de su empleo. Pero las consecuencias de tal acuerdo serían en realidad tan inaceptables como desastrosas en los campos citados. La deforestación de los bosques ecuatoriales y tropicales, esenciales para la estabilización del clima, para aumentar la superficie para pastos para el ganado y para monocultivos de soja y maíz transgénicos para piensos, así como de caña de azúcar, también transgénica en algunos casos, para la producción de etanol, provocará degradación y contaminación del suelo y pérdida de biodiversidad acelerada y aumento de gases de efecto invernadero. El transporte de mercancías a uno y otro lado del Atlántico aumentará la emisión de CO2 en forma exponencial. Se seguirá usurpando los derechos territoriales y ambientales de las poblaciones indígenas. La seguridad alimentaria se verá afectada por la presencia tanto en productos ganaderos como agrícolas latinoamericanos de sustancias químicas prohibidas en la Unión Europea, dejando de lado uno de los principales principios europeos, el de precaución. Se verán mermados los derechos de los trabajadores y sus empleos en los países del Mercosur por la presión de los mercados solo preocupados por bajar los costes de producción. Los pequeños productores agrícolas y ganaderos de ambos lados del Atlántico verán reducidos sus márgenes de beneficio al no poder competir en igualdad de condiciones con la agroindustria, que es la principal receptora de las inversiones de estos acuerdos comerciales. Hay que señalar finalmente que este acuerdo no incluye entre sus "elementos esenciales", cuya violación supondría la suspensión del tratado entre ambas partes, ninguna cláusula ambiental, por lo que cada país puede intervenir en esta materia a su antojo. En suma, este tratado sitúa a Mercosur como proveedor de materias primas y productos agropecuarios mientras que la UE exporta bienes industriales y tecnológicos, singularmente coches, atacando el tejido industrial americano y el sector primario europeo del pequeño campesinado, comunidades rurales y comercio de proximidad asociado.

Hemos de tener en cuenta además que el sistema alimentario industrial contribuye poderosamente al agravamiento de la crisis climática, en el que el acuerdo UE-Mercosur no es un caso aislado. También están en marcha, entre otros, el de la UE con México con problemas similares y los futuros con Australia y Nueva Zelanda. En el horizonte el recién anunciado acuerdo entre China y la UE, aún por concretar, pero que se muestra como un éxito para los inversores. Esta afirmación, que es toda una declaración de principios, deja claro cuáles son los objetivos de este tratado, garantizar las mejores condiciones para estos grupos financieros globales sin importar las consecuencias ambientales y sociales que puedan generar sus actuaciones.

Como indicaba recientemente la campaña francesa contra los TCI, es "urgente salir de la lógica de este tipo de acuerdos, que apunta a producir siempre más, siempre más rápido, más barato y en cualquier lugar, con menos trabajo y menos limitaciones ambientales y que hace del dumping social, fiscal y ecológico una regla de oro, de la que solo las multinacionales obtienen beneficios".

Y, llegados a este punto, plantear alternativas. Alternativas que pasan por incluir la sílaba RE delante de unos cuantos sustantivos del que se han apropiado los causantes de este desastre ecológico. Es necesario recapacitar, es decir, volver, siguiendo a la RAE, a considerar con detenimiento algo. Volver a considerar si el modelo socioeconómico en el que se estructura hoy día la vida la garantiza. Es necesario revisar los fundamentos de un sistema basado en el despilfarro, en la negación ecológica y en la consideración del ser humano como una mercancía. Es fundamental reordenar nuestras prioridades, poniendo en primer lugar las personas y su bienestar por una parte y por otra el sistema ecológico en el que nos insertamos, sin el cual no es posible lograr lo anterior. Por ello, ante una globalización suicida, hemos de cambiar el esquema mental impuesto y resulta indispensable cambiar, reformular nuestras perspectivas personales y colectivas. Es necesario emprender una relocalización ecológica y solidaria, apoyándose en una firme solidaridad internacional que apoye los desarrollos de los sistemas alimentarios e industriales sostenibles de los países del sur global. No se trata de renunciar a los intercambios comerciales entre distintas regiones, se trata de establecer nuevos mecanismos económicos, sociales y ambientales basados en las necesidades de la población y en el equilibrio ecosistémico. No se trata de repatriar sin más las empresas nacionales, se trata de producir cerca, en condiciones sociales y ambientales óptimas, que satisfaga las necesidades sociales no superfluas, renunciando al consumo desaforado sin sentido. Ello supondría una reindustralización y rediversificación económica de muchas regiones hoy día abandonadas a su suerte, con un descenso notable de las emisiones globales debido a la reducción del transporte marítimo y aéreo, dos de los principales contaminantes. También llevaría a una reinterpretación de los modelos productivos en los que intervendrían todas las variables existentes en los procesos de uso y/o transformación de los recursos naturales entre los cuales se contarían la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático. Se trataría también de reutilizar y recuperar objetos varios en desuso o retornar envases y contenedores en vez de quemarlos o verterlos en la tierra o el mar, reduciendo sustancialmente los residuos y la contaminación que suponen. Asimismo, iríamos a una revalorización de los sistemas alimentarios locales controlados por las comunidades rurales, a través del control de los recursos, de los circuitos cortos de comercialización y de la extensión de los mercados locales.

Ahora que estamos aún inmersos en una pandemia que se va a llevar por delante a cientos de miles de vidas humanas, puede que millones, una pandemia que sabemos que tiene mucho que ver con la crisis ecológica propiciada por el ser humana, es el momento de replantear o resetear el sistema, un sistema capitalista de producción y consumo insostenible y así, de esta forma, reafirmar nuestra convicción de que otro mundo es posible y nuestra apuesta por la vida.

Por Pablo Jiménez

18 enero, 2021

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 18 Enero 2021 05:56

Miénteme y di que no hay 5G malo

Miénteme y di que no hay 5G malo

Las locas conspiraciones en torno a la nueva generación de redes digitales son música para los oídos de las multinacionales encargadas de implantarlas, porque ridiculizan los fundamentados discursos sobre la agonía ambiental a golpe de clic.

 

La ignorancia es atrevida. De ello saca ventaja la conspiración, que puede formular infinitas hipótesis respecto a la ciencia, limitada por las pruebas finitas de la realidad. Miguel Bosé juntó los dos temas de moda entre el conspiracionismo, el coronavirus y el 5G, y los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de la anécdota, que pasó a ser noticia. En estos casos, el problema viene cuando se sobreinforma y parece que la proliferación de teorías absurdas entre la sociedad es mucho mayor que la que en realidad existe. Así lo cree el geólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza Antonio Aretxabala, que explica el empeño exagerado e innecesario en rebatir este tipo de hipótesis sin fundamento como “una estrategia de ridiculización” hacia las voces ecologistas críticas con el 5G. Es, al fin y al cabo, “una técnica de distracción”, señala.

El grupo ecologista Petrocenitales, al que pertenece Aretxabala, se esfuerza por desprenderse de ese estigma y llenar el vacío informativo. En la asociación participan 74 reputados científicos de todo el Estado, entre otros el ingeniero Ferran Puig o la física Estitxu Villamor. Les une su “preocupación por el peak oil” —o pico petrolero, referido al agotamiento del crudo—, además de su relación con “todos aquellos factores que conducen al colapso civilizatorio”, que se aceleraría aún más con el 5G. La falta de concienciación social sobre este problema se debe, según Aretxabala, a la creencia popular de que lo virtual es por naturaleza una alternativa ecológica a lo material. Para desenmascarar esta falacia, menciona el siguiente ejemplo: “En una compra por internet, los datos consumen más energía que el combustible utilizado para transportar el producto”.

Así lo explica en una de las entradas de su blog: “En el mundo virtual podemos pasar del byte al gigabyte o al terabyte, y del vatio al gigavatio con el movimiento de un dedo, pero en el mundo material no podemos saltar del gramo a la gigatonelada o del metro cuadrado al kilómetro cuadrado con la facilidad de un clic, simplemente porque en este mundo rigen leyes de masa, peso, rozamiento, espacio y tiempo. En el trasfondo están los altísimos costes energéticos”.

Del móvil al internet de las cosas

Ese trasfondo no es otro que la infraestructura que permite el funcionamiento de la telefonía móvil, que conoce muy bien el profesor Francisco Javier Falcone, director de Telecomunicación de la Universidad Pública de Navarra (UPNA). Este experto recuerda que el 1G, la primera generación de redes inalámbricas, se inventó “en los años 80 para evitar tirar cableado en lugares donde era muy complicado, como en los países nórdicos a causa del hielo”.

En la siguiente década, los ingenieros diseñaron el 2G, un sistema “digital de extremo a extremo” que permite “transmitir mensajes de voz con cierta calidad de sonido y algunos datos poco pesados a modo de SMS”. Y, simultáneamente, “se desarrollaron en todo el mundo las redes fijas de cables y surge la necesidad de poder usar servicios ligados al internet emergente de aquel entonces; el correo electrónico, por ejemplo”, explica Falcone. A finales de siglo, “ya es posible una navegación muy sencilla a través del 2,5G, una generación móvil entre el 2G y el 3G”.

Esta última llega a principios del nuevo milenio, y trae consigo dos hitos, destacados por parte del ingeniero: “Por una parte, el multiservicio, con tráfico de datos multimedia, videollamadas incluidas, y navegación de internet algo lenta. Por otra parte, la irrupción del IPhone, el primer teléfono táctil, que facilitó la navegación por internet, entre otras cosas”. Las compañías que implantan el 3G "se marcan por objetivo competir con el ADSL, lo que revoluciona el mercado”, analiza. Así llega el 3,5G, que permite “un tráfico de datos más rápido”. Esta última evolución ya utiliza la red de ondas HDSPA, “la que a día de hoy usamos porque tiene un caudal de velocidad suficiente como para ver Netflix en nuestros dispositivos 4G”, concreta.

La cuarta generación se consolida en 2010, aunque no empieza a instalarse en el Estado español hasta 2015, cuenta Falcone. Esta “ya no es que sea digital, sino puro tráfico de internet”. Además, “permite conectar dispositivos con el llamado ‘internet de las cosas’ e incrementa la velocidad hasta un gigabit por segundo”.

Más banda, menos onda

Así es como llegamos al 5G, que, según el profesor, traería consigo cuatro grandes mejoras. En primer lugar, incrementaría la velocidad de manera sustancial. En segundo lugar, reduciría el retardo entre la orden y la respuesta del dispositivo a unos escasos milisegundos. En tercer lugar, permitiría el uso de equipamiento tan convencional como un móvil o un ordenador para funciones muy concretas, determinadas por la propia red y no por el dispositivo. Y, por último, posibilitaría la capacidad computacional al borde de la red. Es decir, “si nuestro dispositivo no puede procesar una serie de datos, estos podrían descargarse en las estaciones base o antenas 5G a modo de nube y reproducirse en el mismo dispositivo”, expone Falcone.

No obstante, precisamente para que todas estas funciones puedan llevarse a cabo con una cobertura equiparable a la del actual 4G, “habría que multiplicar las estaciones base por 100”, lamenta Aretxabala. Esto se debe, según Falcone, a que “cuanto mayor es el ancho de banda, menor es la penetración y el alcance de las ondas”. Es decir, que el 5G permitiría descargar vídeos en 8k, pero sus radiofrecuencias tendrían dificultades para atravesar paredes o ventanas y la solución pasaría inevitablemente por aumentar hasta un 10.000% el número de emisores y receptores, a modo de antenas, routers y dispositivos móviles.

Además, Aretxabala señala que la computación en la nube “ya utiliza el 2% de la electricidad del mundo, mientras que la estructura digital en su globalidad alcanza el 10%”. Hay una comparación que podría tomarse como medida del coste energético de cada antena: “El funcionamiento de la red de los centros de datos en los que se basa la computación en la nube requiere 100 veces más electricidad que el rascacielos de Iberdrola de Bilbao”. De hecho, el Departamento de Energía de Estados Unidos ha calculado que la energía empleada para mantener los centros de datos en el país supera la de toda su industria química. Otro dato, mencionado por Aretxabala: el uso de la energía destinada a lo digital creció un 90% de 2000 a 2005; y un 24% entre 2005 y 2010, cuando se estabilizó; de cara al futuro y teniendo en cuenta las expectativas sobre implantación del 5G, el crecimiento respecto al consumo actual sería de entre el 300% y el 1.000%, en función de “la ambición sobre la circulación de datos”, matiza.

La paradoja de Jevons

Con toda esta información, sorprende que la concesión por parte de la Unión Europea de los fondos para la recuperación de la crisis económica derivada del coronavirus esté condicionada a que cada país miembro lleve a cabo una “transición digital y ecológica”. La intención es desligar por primera vez en la historia el uso de recursos energéticos del crecimiento económico, como repite Bruselas desde julio. De hecho, los proyectos digitales y ecológicos acaparan el 70% de las ayudas y préstamos. Según Aretxabala, “la disociación entre el PIB y los recursos” es un completo engaño basado en la vieja paradoja de William Jevons, que el científico que le da nombre ya formuló en 1860. Este observó que, a lo largo de la historia, cada hallazgo que aumenta la eficiencia en la extracción de un recurso lo abarata de tal modo que termina aumentando la demanda y, por ende, el consumo, en lugar de reducirlo.

Es decir, rigen exclusivamente las leyes capitalistas, que, a la larga, no solo aceleran la contaminación y el agotamiento de recursos, sino que también los terminan volviendo ineficientes. Véase el caso del petróleo, explicado por Aretxabala: “En los años 50, estaba tan en la superficie que con el empleo de la energía equivalente a un barril de crudo se podían extraer 100, ahora solo 15”. Esta proporción de 15:1 la marca la tasa de retorno energético (TRE). Lo que ocurre es que tanto el mundo digital como todas las renovables solo se mantienen gracias a sus infraestructuras creadas con combustibles fósiles, porque tienen una TRE media de 3:1, bajísima en comparación con el 150:1 del gas o el 44:1 del carbón. Crecen las renovables, pero lejos de sustituir a las fósiles, las impulsan. En conclusión, “no existe ningún tipo de disociación entre el consumo de minerales y el crecimiento del PIB y, por tanto, de las emisiones de gases de efecto invernadero”, en palabras de Aretxabala. La única reversión posible es “reducir paulatinamente el consumo energético” hasta un 20% o 30%, calculan los científicos que han estudiado la crisis de los recursos a escala planetaria.

El 5G, desde luego, no va encaminado en esa dirección, pero es el último nicho del marketing del ocaso de los recursos. En palabras de Aretxabala: “Las grandes corporaciones digitales como Amazon, Apple o Google afirman que una revolución industrial verde es posible. Hace tiempo que Google declara utilizar solo energía verde, aunque sea mentira. Porque sus aerogeneradores y placas solares se han construido, se mantienen, se optimizan o se desmantelan con un camión, una grúa, excavadoras, asfaltadoras, altos hornos. Todos ellos funcionan con gasoil, gas, carbón o energía nuclear”.

La vista gorda de los medios

Una vez borrada la pintura verde de esta publicidad engañosa cabe preguntarse si necesitamos una comercialización del 5G con cobertura universal más allá de una localización acotada al máximo por razones de peso como teleoperaciones o casos excepcionales de verdadera eficiencia energética. La cuestión, a pesar de su gravedad, no está presente en la agenda mediática. Solo hay dos explicaciones posibles: negligencia o estrategia.

Vamos a la web del diario líder en el Estado español, El País, y entramos en el buscador del menú. Si escribimos 5G, nos saldrán centenares de noticias relacionadas. Como son muchas, cogemos como muestra un periodo determinado, en este caso, 2020. Encontramos nueve artículos: uno señala conspiracionistas famosos y desmonta sus teorías contra la nueva generación de red digital, otro prueba que sus “campos electromagnéticos son inocuos”, dos giran exclusivamente en torno a sus ventajas, otros dos son anuncios publicitarios de dispositivos móviles concretos, pero publicados a modo de noticia, y tres hacen hincapié en el reto legal y tecnológico para garantizar la protección de datos de la nueva red. Ninguno cuestiona el 5G y no hay ni rastro del impacto ambiental. Por el contrario, hay varios artículos que exponen y desmienten los “disparates” de Miguel Bosé.

Cabe señalar también que, en la entrevista del 21 de julio de 2020 a Federico Ruiz, director del Observatorio Nacional 5G, el protagonista insiste en que el horizonte de la Unión Europea en materia de redes móviles es la “soberanía tecnológica”. El 17 de diciembre de 2019 el propio periódico ya había adelantado la línea a seguir al informar de que “Telefónica reducirá su dependencia de Huawei al desplegar la red 5G”. A partir de esa fecha, todas las noticias sobre los riesgos de seguridad de la nueva red centran el foco de las sospechas expresamente en la empresa móvil china.

Esta sustitución del servicio público por el servilismo ante los poderes económicos podría considerarse, aun y todo, una simple casualidad fruto de la dejación de funciones para las que fueron concebidos los medios. Pero la cuestión es que Telefónica posee el 9,4% de Prisa, el grupo de comunicación al que pertenece El País. La teleoperadora es líder en implantación del 5G en España, donde el Gobierno de Pedro Sánchez saca pecho de encabezar la red en Europa.

Tampoco es desdeñable que el pasado 15 de junio, en plena crisis del coronavirus, el Consejo de Administración de Prisa retirara de la dirección del periódico a Soledad Gallego-Díaz para recolocar a Javier Moreno Barber, que en su anterior etapa al frente del diario, entre 2006 y 2014, alardeaba de que en su grupo “manda Santander y paga Telefónica”. Cabe señalar que esta última compañía presume desde septiembre de “encender el 5G en España”, red con la que su director, José María Álvarez-Pallete, espera dar cobertura al “75% de la población en apenas un año” para aprovechar así “una oportunidad de oro” y poder liderar “la cuarta revolución industrial”. Por su parte, el Santander, que tiene más del 4% de la propiedad de Prisa, se jacta de ser “el primer banco con tecnología 5G” gracias a un acuerdo con Telefónica para que la entidad bancaria de Ana Botín impulse la implantación de esta red a lo largo y ancho del Estado.

Por Mikel Urabaien Otamendi

18 ene 2021 06:18

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 18 Enero 2021 05:52

Militar la patente

Planta de Pfizer en Amboise, Francia AFP, ALAIN JOCARD

Cómo las farmacéuticas se aseguraron el monopolio sobre la vida y la muerte

Pfizer encabeza una dura oposición a la propuesta de suspender los derechos de propiedad intelectual para las vacunas contra el covid-19. En el pasado, la misma empresa lideró el lobby que hoy impide el acceso de los pobres a medicamentos cruciales.

 

La vacuna contra el covid-19 desarrollada por el gigante farmacéutico Pfizer junto con su socio alemán Biontech fue la primera en ser aprobada por varios Estados para su uso de emergencia y su aplicación ya se encuentra en estado avanzado en varios países. No obstante, mientras esto sucede, Pfizer ha mostrado una vehemente oposición a uno de los esfuerzos globales más importantes realizados en pos de garantizar que los países pobres puedan acceder a la inmunización contra la enfermedad.

En octubre, India y Sudáfrica presentaron una propuesta para que la Organización Mundial del Comercio (OMC) suspendiera de forma temporal la vigencia de las patentes de los tratamientos contra el covid-19, en virtud del acuerdo de propiedad intelectual conocido como Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Apoyada ahora por casi un centenar de países, la iniciativa permitiría la producción asequible de tratamientos genéricos durante lo que dure la pandemia.

Si se aprueba, la propuesta podría salvar innumerables vidas en el Sur global, en momentos en que los países ricos acaparan los stocks de vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20) y cuando un estudio realizado por científicos de la Universidad Johns Hopkins advierte que una cuarta parte de la población mundial no recibirá el pinchazo hasta 2022 (British Medical Journal, 15-XII-20). Pero, hasta ahora, Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido, Noruega, Suiza, Japón y Canadá han bloqueado la moción, a pesar de que en el contexto actual las demoras en el acceso a las vacunas significan, en los hechos, más muertes.

Con Pfizer a la cabeza, la industria farmacéutica, preocupada por proteger sus ganancias, es un socio poderoso de este frente opositor. «La propiedad intelectual es la sangre del sector privado y es la que trajo una solución a esta pandemia. En este momento, no es una barrera», declaró a comienzos de diciembre Albert Bourla, su director ejecutivo. Días antes, Pfizer había registrado oficialmente su oposición a la propuesta de India y Sudáfrica en un artículo del 5 de diciembre en The Lancet, en el que afirmaba que «un modelo global único [de acceso a las vacunas] ignora las circunstancias específicas de cada situación, de cada producto y de cada país».

En los alegatos de la empresa, el marco actual de las normas de propiedad intelectual y de los monopolios farmacéuticos es presentado como un orden planetario basado en el sentido común y cuyos beneficios para la sociedad serían evidentes. En realidad, estas normas internacionales son relativamente recientes y fueron moldeadas, en parte, por la propia Pfizer. Desde mediados de la década del 80 hasta principios de la del 90, la empresa desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de las mismas reglas de propiedad intelectual de la OMC que ahora invoca para argumentar en contra de la liberación del suministro de vacunas para los países pobres. La «sangre del sector privado» mentada por Bourla no corresponde a un orden natural, sino que refleja una estructura comercial global que la compañía ayudó a crear en detrimento de los pobres de todo el mundo.

UNA CAMPAÑA CORPORATIVA

A mediados de la década del 80, el entonces presidente de Pfizer, Edmund Pratt, tenía una misión: asegurar que se incluyeran fuertes protecciones para la propiedad intelectual en la Ronda Uruguay del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés). Aquellas fueron las negociaciones multinacionales de comercio que resultarían en el establecimiento de la OMC en 1995. El razonamiento de Pratt era simple: semejantes protecciones eran vitales para proteger la «competitividad» global de su empresa y de otras industrias estadounidenses.

Pratt tenía un poder institucional considerable más allá de su puesto corporativo. Como señalan los investigadores de Harvard e Insead Charan Devereaux Robert Z. Lawrence y Michael D. Watkins en su libro Case Studies in US Trade Negotiation, Pratt formó parte del Comité Asesor sobre Negociaciones Comerciales de los gobiernos de Jimmy Carter y Ronald Reagan. En 1986, cofundó el Comité de Propiedad Intelectual, un organismo que se dedicaría a construir vínculos con corporaciones de Europa y Japón, se reuniría con funcionarios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de la ONU y llevaría adelante un agresivo lobby para garantizar que se incluyera la propiedad intelectual en las negociaciones comerciales.Ya en aquellos años, tanto a nivel mundial como estadounidense, Pfizer jugaba un rol importante en la promoción de la idea de que el comercio internacional debía depender de unas determinadas reglas de propiedad intelectual: según su concepción, los países que no siguieran las reglas de propiedad intelectual estadounidenses se dedicaban a la piratería. Los expertos en regulación comercial internacional de la Universidad Nacional de Australia Peter Drahos y John Braithwaite señalan, en su libro Information Feudalism, que «como el batir de un tambor, el mensaje sobre la propiedad intelectual se fue replicando por las redes empresariales, las cámaras de comercio, los consejos directivos, los comités de negocios y los organismos corporativos. Progresivamente, los ejecutivos de Pfizer que ocupaban puestos clave en las gremiales empresariales estratégicas lograron reclutar el apoyo de esos grupos a una concepción de la propiedad intelectual que estaba basada en el comercio».

Por aquel entonces, la idea de que la propiedad intelectual debía ser parte de las reglas comerciales internacionales no era algo universalmente aceptado. Muchos países del tercer mundo se resistieron a su inclusión, con el argumento de que, si se establecían normas más estrictas de propiedad intelectual, se iba a estar protegiendo el poder monopolístico de las corporaciones y se socavarían los controles internos de precios.

En 1982, la primera ministra de India, Indira Gandhi, decía a la Asamblea Mundial de la Salud, el máximo órgano de decisión de la OMS, que «un mundo mejor ordenado será aquel en el que los descubrimientos médicos estén libres de cualquier patente y donde no se haga negocio a partir de la vida y la muerte». Y en 1986, el Christian Science Monitor informaba que «Brasil y Argentina encabezan un grupo que ha bloqueado los intentos de Estados Unidos de incluir la protección de la propiedad intelectual en la nueva ronda de conversaciones de comercio».

Pero el presidente de Pfizer tenía aliados poderosos, entre ellos el presidente del gigante tecnológico IBM, John Opel. Sus esfuerzos combinados desempeñaron un papel clave para asegurar que finalmente se incluyeran reglas de propiedad intelectual en las negociaciones del GATT. Pratt nunca dudó en atribuirse ese éxito. «Esta victoria en el GATT, que establece disposiciones para la propiedad intelectual, resultó en buena parte de los esfuerzos a brazo partido hechos por el gobierno de Estados Unidos y las empresas estadounidenses, incluida Pfizer, durante las últimas tres décadas. Hemos estado en esto desde el principio, asumiendo un rol de liderazgo», declaró por entonces, tal como lo recogen los investigadores Lori Wallach y Patrick Woodall en su libro Whose Trade Organization? The Comprehensive Guide to the WTO.

Durante las negociaciones para la protección de la propiedad intelectual en el GATT, el grupo de lobby cofundado por Pratt jugó un papel activo como organizador de empresarios de Estados Unidos, Europa y Japón decididos a conseguir una regulación fuerte en la materia. Cuando, a mediados de los años noventa, se estableció formalmente la OMC y se firmaron los acuerdos internacionales, Pratt ya no era presidente de Pfizer, pero su contribución y el papel de la empresa que había dirigido todavía se hacían sentir. Fueron Pratt y Opel quienes, desde un comienzo, «diseñaron, presionaron y engatusaron al gobierno estadounidense para que incluyera la propiedad intelectual como uno de los temas de negociación», en palabras de uno de los miembros del equipo negociador de Estados Unidos citado por Devereaux, Lawrence y Watkins.

El acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, que entró en vigor en 1995, se convertiría en el «acuerdo sobre propiedad intelectual más importante del siglo XX», escriben por su parte Drahos y Braithwaite. Ese tratado puso a la mayor parte del mundo bajo estándares mínimos de propiedad intelectual, parte de los cuales significaron el establecimiento de un monopolio global de patentes en manos de las empresas farmacéuticas. Para Dean Baker, economista y cofundador del think tank izquierdista Center for Economic and Policy Research, «el acuerdo sobre los ADPIC de la OMC requirió que países de todo el mundo adoptaran normas de patentes y derecho de autor de tipo estadounidense. Anteriormente, ambos temas habían estado fuera de los acuerdos comerciales internacionales y los países podían tener las reglas que quisieran al respecto. India tenía una industria farmacéutica bien desarrollada en la década del 90. Antes del acuerdo, el Estado no permitía que las empresas farmacéuticas patentaran medicamentos. Podrían patentar procesos, pero no medicamentos».

ACCESO LIMITADO

El acuerdo sobre ADPIC trajo fabulosas ganancias a las compañías farmacéuticas y «elevó los costos farmacéuticos en Estados Unidos, al tiempo que restringió aún más la disponibilidad de medicamentos vitales en los países en vías de desarrollo de la OMC», según afirma la ONG Public Citizen, dedicada al contralor de prácticas corporativas. Esta dinámica se manifestó de forma brutal durante la crisis del sida, que se encontraba en su apogeo cuando se creó la OMC. «Le tomó al gobierno sudafricano casi una década romper los monopolios de las compañías farmacéuticas extranjeras que mantenían al país como rehén y condenaban a su gente a la muerte», recordaban hace poco en The New York Times (7-XII-20) Baker, el activista por la salud pública Achal Prabhala y el economista Arjun Jayadev.

Es difícil pensar en un escenario más propicio para defender una suspensión de las leyes de propiedad intelectual que el de una pandemia mundial, un argumento que ciertamente no es marginal en el contexto político actual. Además de una larga lista de activistas globales, los principales grupos de derechos humanos y los expertos en la materia de la ONU han sumado sus voces a la demanda de suspender las leyes sobre patentes. Sus llamamientos continúan lo iniciado por el movimiento por la justicia global de la década del 90 y principios de la del 2000, que puso en cuestión el papel que tuvo la OMC –junto con otras instituciones globales, como el Banco Mundial y el FMI– en la destrucción, a manos de las corporaciones, de las regulaciones nacionales en materia laboral, ambiental y de salud pública. Un punto clave de su crítica fue el enorme poder de las corporaciones estadounidenses en la OMC, que se revela hoy en su bloqueo de la propuesta para suspender las patentes de las vacunas contra el covid-19.

Pfizer no es la única que se opone a pausar por un momento las reglas de propiedad intelectual. Las gremiales de la industria farmacéutica y empresas individuales, se han manifestado con toda su fuerza en contra de estas propuestas. «La influencia de la industria farmacéutica es enorme», señala Baker. «No hace falta decir que Trump apoyará estas corporaciones. Incluso Biden será presionado por la industria farmacéutica y tendrá enormes dificultades para hacer algo que a esta no le guste».

La lucha sin cuartel de la industria farmacéutica por acaparar información que permitirá salvar vidas en plena pandemia contrasta con el gigantesco papel que ha tenido la financiación pública en el desarrollo de las vacunas (véase «Sálvese quien pague», Brecha, 18-XII-20). Sin embargo, con un costo estimado de 19,50 dólares estadounidenses por dosis en sus primeras 100 millones de dosis, la vacuna de Pfizer es demasiado costosa para muchos países pobres, particularmente a la luz de sus requisitos de almacenamiento. La compañía farmacéutica Astrazeneca, que produjo una vacuna junto con la Universidad de Oxford, se comprometió, en 2020, a facilitar el acceso de los países pobres a su producto y afirmó que no obtendrá ganancias durante lo que dure la pandemia. Pero, al mismo tiempo, «se ha reservado el derecho a declarar el fin de la pandemia a partir de julio de 2021», según señalan en el Times Prabhala, Jayadev y Baker.

Se podría tomar un mapa de la pobreza mundial, colocarlo sobre un mapa de acceso a las vacunas y se obtendría una coincidencia virtual de uno a uno. «Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países están reservando dosis en proporciones que superan con creces el tamaño de sus poblaciones», informó en diciembre The New York Times, «mientras que muchas naciones pobres luchan por asegurarse apenas lo suficiente» (15-XII-20). Es el resultado lógico de un sistema diseñado desde el principio para reforzar estructuras de poder existentes desde hace mucho tiempo y heredadas de un sistema colonial. Independientemente de las intenciones que se haya tenido, se dejará morir una vez más a las naciones negras y pardas, mientras que los países ricos del Norte global exceden con creces sus propias necesidades. Dado el riesgo de que podamos ver un apartheid global de la distribución de vacunas, en el que los países pobres continúan enfrentando pérdidas devastadoras mientras que los países ricos persiguen la inmunidad colectiva, no parece que alcance con vagas garantías de benevolencia empresarial. Como dice Baker, «¿no querría usted que todas las vacunas estuvieran disponibles tanto como sea posible?».

(Publicado originalmente en In These Times con el título «Pfizer Helped Create the Global Patent Rules. Now it’s Using Them to Undercut Access to the Covid Vaccine». Traducción y titulación en español de Brecha.)

Por Sarah Lazare
15 enero, 2021

Publicado enSociedad
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