Miércoles, 20 Abril 2011 18:52

¿En qué va el caso de los niños de Tame?

Tras el asesinato de la doctora Gloria Gaona, jueza que conocía el caso contra el subteniente Raúl Muñoz Linares por la violación de dos niñas y el asesinato de una de ellas junto a sus dos hermanitos, hechos ocurridos en octubre de 2010 en el municipio de Tame, José Álvaro Torres, padre de Jenny, Jimmy y Jefferson, recibió amenazas contra su vida y la de su núcleo familiar, lo cual lo obligó de nuevo a desplazarse y solicitar protección. Fue trasladado a Bogotá. Entre tanto, los abogados de las víctimas, quienes el mismo día del asesinato de la jueza también recibieron llamadas intimidatorias, solicitan a la Corte Suprema de Justicia que el proceso sea radicado en la capital del país para darle continuidad al juicio y evitar más hechos que atenten contra la justicia.

El 22 de marzo de 2011, pasadas las 8 de la mañana, cuando faltaban nueve días para que se reanudara la audiencia preparatoria que había sido suspendida luego de que la jueza Gaona advirtiera maniobras dilatorias por parte de la defensa del subteniente Muñoz, acusado de violar a dos menores de edad y luego asesinar a una de ellas junto a sus dos hermanitos, la jueza fue asesinada por un sicario en pleno corazón de Saravena. El homicida se acercó a pie y luego huyó en moto, tras dispararle sin piedad en la cabeza a la jueza cuando se dirigía a su lugar de trabajo.
 
El hecho conmocionó al país. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Naciones Unidas, Organización Mundial contra la Tortura reaccionaron repudiando el atentado contra una mujer consagrada a impartir justicia y que en ese momento llevaba el delicado caso del subteniente del Ejército que en octubre de 2010, cuando sucedieron los hechos, comandaba la cuadrilla Buitres 2, adscrita a la Brigada Móvil 5.

Sin duda, uno de los más afectados por el asesinato de la jueza fue el propio José Álvaro Torres, quien en ese momento residía en Saravena. “Me mataron a la juez”, llamó preocupado a informarles a sus abogados sobre la noticia que corría por el aire. “Yo nunca crucé palabra directamente con la jueza, pero si agradecí mucho que durante la última audiencia que hubo, que no pudimos terminar, ella le llamó la atención a la defensa y regañó a las abogadas por renunciar en la mitad de la audiencia, eso fue importante porque uno como familia de las víctimas se siente como si estuviera perdiendo el tiempo en esas cosas y viéndole la cara al asesino de mis hijos sin que nada pase. Ese día la mamá de los niños, que era la primera vez que iba, se desmayó porque le afectó mucho ver al militar que abusó de la niña y quien mató a nuestros tres hijos porque para nosotros fue él”, dice acongojado don José Álvaro.

Las autoridades también descalificaron el hecho. Desde el Vicepresidente de la república, pasando por senadores y el Ministro del Interior, altos funcionarios salieron al paso y en diferentes escenarios públicos y medios de comunicación condenaron lo sucedido, al tiempo que reclamaron celeridad y todo el peso de la ley para aclarar y condenar la muerte la jueza. De inmediato se iniciaron las investigaciones y se ofrecieron recompensas para identificar al asesino, de quien sólo se tiene su retrato hablado.

Independientemente de las ‘razones’ que tuvo el asesino, el proceso se ha visto afectado y la reanudación de la audiencia preparatoria, programada para el 31 de marzo, no se realizó. Tras la polémica generada por el eco que los medios de comunicación les dieron a los cuestionamientos que la jueza Gaona hizo de la Defensoría Militar (Demil), encargada de la defensa del subteniente Muñoz, aún no es claro si ellos continuarán con el proceso, pues públicamente se ha dicho que en sus estatutos está prohibido defender a personas acusadas de delitos sexuales.

El Juzgado de Saravena fue trasladado a Arauca y con él sus procesos, incluido el caso de los niños de Tame. El pasado 11 de abril fue respondida favorablemente la solicitud de Humanidad Vigente –organización que acompaña a las víctimas en este caso–, presentada ante la Corte Suprema de Justicia, para que el proceso fuera radicado en Bogotá, ya que es un lugar donde con mayor seguridad se les pueden brindar garantías judiciales y de seguridad a los funcionarios de justicia y las familias involucradas, los posibles testigos e incluso los abogados que participan en el caso.

Dice la comunicación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que el pasado 8 de abril se decidió, tal como lo alegara Humanidad Vigente, que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos, lo cual ha dado lugar a las denuncias correspondientes” y “debido a la situación de orden público imperante en esa parte del territorio colombiano, el gobierno nacional ordenó el traslado del padre de las víctimas a la ciudad de Bogotá a fin de garantizar su vida; que la secretaria del juzgado se encuentra protegida y que el Consejo Superior de la Judicatura ordenó el traslado del despacho a la ciudad de Arauca, sin duda alguna tienen la virtualidad para alterar la competencia por poner en grave riesgo la función de administrar justicia y la seguridad e integridad de los demás intervinientes”.

A la espera

En medio de la incertidumbre sobre cuándo se reinicien las audiencias, el señor José Álvaro Torres y los padres de la otra niña que fue víctima de violencia sexual por parte del militar, y cuyo testimonio fue el que finalmente facilitó la identificación y captura del subteniente Raúl Muñoz Linares, los familiares y las comunidades del distrito de Flor Amarillo esperan que, tal como lo advirtió la jueza Gaona, no haya lugar a vencimiento de términos y el militar implicado no quede en libertad, que se dé continuidad al proceso penal, a las investigaciones que adelanta la Fiscalía, y se hagan efectivos sus derechos fundamentales a la verdad, justicia y reparación integral.


Datos claves del caso


  • Al militar se le acusa de doble acceso carnal violento en menor de edad: una fue Jenny Torres, de 14 años, la niña que además fue masacrada con sus hermanitos el 14 de octubre de 2010; la otra niña, de la que por seguridad se reserva el nombre, fue violada por el subteniente Muñoz Linares el 2 de octubre y en ese momento ella tenía 13 años
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  • El otro delito imputado dentro del mismo proceso es el de triple homicidio de Jenny, Jimmy y Jefferson, bajo varias circunstancias agravantes, entre otras la de sevicia. En este punto es importante aclarar que es un solo proceso, por lo cual la defensa del militar Muñoz Linares debe actuar por los dos delitos y no sólo por homicidio.
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  • El subteniente Raúl Muñoz Linares no ha aceptado su responsabilidad en ninguno de los delitos imputados. En su declaración, el militar señala que tuvo relaciones sexuales consentidas con las dos niñas, lo que no significa aceptación del cargo.
Publicado enEdición 168
Tres menores de edad (hermanos), desaparecidos, torturados y asesinados a sangre fría en Tame (Arauca), entre ellos una niña que antes de ser ultimada también fue violada, dispararon las alarmas sobre la degradación de la guerra en Colombia. La confusión entre combatientes y población civil –entre ellos los menores de edad–, alertada por Naciones Unidas, es constante en nuestro país. El suceso y su contexto.

Una violación. Tres asesinatos. Una fosa común. Todo culpa –según las investigaciones adelantadas– del subteniente Raúl Muñoz, comandante de la Patrulla Buitres de la Brigada Móvil Nº5 del Ejército. Éste dice “haber tenido relaciones sexuales consentidas con la niña” pero niega haberla asesinado (nota). La Fiscalía General de la Nación vincula preliminarmente a 60 militares más de la Brigada2, pero hasta el 15 de noviembre sólo se conocía la formulación de cargos por homicidio agravado y abuso sexual contra Muñoz, pendiente aún lo de desaparición forzada y tortura para él y posibles cómplices.

Los hechos sucedieron el 14 de octubre, cuando Yenny fue violada en la vereda Caño Temblador para ser luego desaparecida, torturada y asesinada a machete con sus hermanos Jimmy y Jeferson, de 9 y 6 años. Luego, fueron enterrados en una fosa cerca a su casa3.

“Respecto al perdón, quiero manifestar en nombre de mi familia y en el mío propio, que hasta que se sepa toda la verdad y se haga real y efectiva justicia, se esclarezcan bien los hechos de lo sucedido, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del horrendo crimen que me arrebató a mis tres hijitos, no perdonaremos”.

A las fuerzas militares les digo que no habrá perdón ni olvido, que lo que exigimos es justicia” (Ver recuadro, "Que se sepa toda la verdad...).

Así le salió al paso a las presiones que recibe para que “perdone” José Álvaro Torres, padre de los tres menores de edad asesinados a sangre fría en Tame, entre ellos la niña Jenny, de 14 años de edad, que antes de ser ultimada también fue violada.

No era el primer acto de violación del subteniente Raúl Muñoz, quien reconoció que días atrás había tenido relaciones con otra niña, según él consentidas, en la vereda Caño Camame, muy cerca a Caño Temblador. El caso fue denunciado de inmediato por su madre ante la Fiscalía correspondiente, ya que se trataba de una menor de 13 años quién llorando le dijo a su mamá que había sido violada por hombres con traje militar. El suboficial llegó hace poco con traslado de Caquetá, lo cual mueve a investigar si en las zonas donde estuvo hay denuncias similares.

La defensa del subteniente se basa en un “consentimiento sexual” de la niña y refleja dos hechos alarmantes: desconocimiento básico de algunos miembros de la fuerza pública de quién es o debiera ser el adulto aquí, en términos éticos y legales, e inconsciencia de su rol como “agente del Estado” ante la sociedad civil que debe proteger y garantizar derechos por un mandato constitucional, en vez de sumar formas de violencia a las ya existentes.

El 8 de junio de 2006, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en sus Observaciones ante el Examen del Informe presentado por el Estado colombiano, con arreglo al artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, expuso: “El Comité expresa su preocupación ante las considerables campañas cívico militares que las fuerzas armadas siguen realizando dentro de las escuelas y en las comunidades, así como ante el hecho de que se invite a niños a visitar instalaciones militares y se los aliente a vestirse con uniformes militares y de policía”. En la observación Nº 41, el Comité tomó nota de la declaración de “la delegación del Estado parte durante el diálogo respecto de la necesidad de revisar las actividades que las fuerzas armadas realizan con los niños, a fin de realzar el papel del estamento militar”. Asimismo, por la participación de niñas y niños “en actividades de capacitación militar y las visitas escolares de estudio a bases militares en el contexto del actual conflicto armado interno”.

Alejar a los militares de la población civil hubiera podido evitar la violación, la desaparición, la tortura y la muerte de los hijos de José Álvaro Torres.

Luto y depravación

El terrible suceso pone de presente la realidad de cada día para los habitantes del campo colombiano, en particular aquellos donde hay guerra: están sometidos al poder del fusil. ¿Cómo entender que un militar se acerque a una vivienda familiar, ingrese a ella y haga cuanto le plazca? Esto, en el caso de una familia. Pero también en la escuela. Según denuncias de organizaciones de derechos humanos y la propia ONU, en Arauca y otros departamentos de Colombia se realizan actividades de guerra psicológica que involucran menores de edad, poniéndolos en el centro de la guerra. (Recuadro Ejército Nacional y programas escolares)

Sin embargo, sin adentrarse en los trasfondos que expliquen algo de lo ocurrido, para evitar que vuelvan a suceder, las lavadas de mano se hacen explícitas de inmediato. El inspector del Ejército, general William Fernando Pérez, especuló ante los medios de comunicación con posibles nuevas “hipótesis sobre la participación de otras personas de la zona, incluso integrantes de grupos criminales”4. Por su parte, el general Manuel José Bonnet, comandante en retiro, se refirió al caso como “atípico y muy raro dentro del Ejército”5, contrario, según él, con la pederastia, que involucra a docentes y miembros de la iglesia católica del país.

Poder armado y violencia sexual

No es sólo este militar. El Departamento de Medicina Legal reveló que durante 2010 se presentaron 18 casos más de violencia sexual contra niñas en el país, cuya investigación recae en 13 casos en miembros de la Policía y cinco en miembros del Ejército, hechos sucedidos en Córdoba, Cundinamarca y Bogotá, con alto número de denuncias por este tipo de hechos6.

En su informe, la entidad relató casos tan atroces como la violación de una menor de cuatro años, por cuya autoría está investigado un miembro de la Policía en Norte de Santander; pero también relató el de una niña de 9, abusada en Bogotá, por el cual se sindica a otro miembro de la institución. Por desgracia hay más. El Informe Forensis 2009 de esa entidad relacionó otros 63 hechos violentos contra menores de edad, por cuyos hechos se sindica a miembros de la fuerza pública: 40 de responsabilidad de la Policía y 23 del Ejército7.

Los informes e investigaciones en curso desvirtúan la interpretación de la cúpula militar: no son manifestación de una perversión individual sino consecuencia del ejercicio de un poder, y de la prolongación del conflicto armado que desangra al país por diversas vías. En particular, organizaciones sociales como el movimiento de mujeres denunciaron la utilización de la violencia sexual, y la violencia contra mujeres y menores como práctica de guerra.

Verdad, justicia y reparación, como antesala del perdón

Las presiones sobre José Álvaro Torres no cesan para que ‘perdone' a los hombres del Ejército involucrados. Este afán por conseguir tal declaración, sumado a la práctica de minimizar los hechos ante la opinión pública, evidencia la intención oficial de propiciar la impunidad sobre violaciones a los derechos humanos. Busca indultos o amnistías infundados a la luz del Derecho Internacional y los Derechos Humanos, en especial de instrumentos recientes como el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, órgano que ya tiene jurisdicción activa en Colombia para investigar, juzgar y sancionar estos crímenes. Las presiones no hacen cambiar de opinión al padre ofendido. El perdón vendrá después de la verdad, la justicia y la reparación.

1    La defensa del subteniente se basa en un “consentimiento sexual” de la niña y refleja dos hechos alarmantes: desconocimiento básico de algunos miembros de la fuerza pública de quién es o debiera ser el adulto aquí, en términos éticos y legales, e inconsciencia de su rol como “agente del Estado” ante la sociedad civil que debe proteger y garantizar derechos por un mandato constitucional, en vez de sumar formas de violencia a las ya existentes.
2    íd.
3    www.elcolombiano.com/5-11-10.
4    ww.cmi.com/11-11-10
5    www.rcn.radio.com/08-11-10
6    ww.prensa-latina.cu/09-11-10
7    íd.

Recuadro. Carta abierta
Que se sepa toda la verdad…


En nombre de la familia que me quedó después de la horrible masacre que me arrebató a mis tres hijitos y en el mío propio, saludo que las investigaciones estén avanzando y se lleven hasta las últimas consecuencias hasta que se sepa toda la verdad, aclarando que este documento lo redacté con mi puño y letra y le pedí el favor a un amigo que lo transcribiera en computador para hacerlo llegar a los medios de comunicación hablados y escritos y a las instituciones públicas.

Pido a la Fiscalía General de la Nación, al presidente Juan Manuel Santos y a las Fuerzas Militares esclarecer totalmente los hechos y hallar a todos los responsables del crimen de mis hijitos y castigarlos con todo el peso de la ley.

Al gobierno nacional y departamental que protejan nuestra integridad, la de los testigos y la de las comunidades y personas que con valor denunciamos estos horrorosos hechos, nuestra exigencia es que esto no se quede en la impunidad y que nunca vuelva a suceder un hecho de estos.

A la Procuraduría General de la Nación que adelante con más celeridad las investigaciones de carácter disciplinarias (sic), cayendo en cuenta que los autores son integrantes de las fuerzas militares. Respecto al perdón quiero manifestar en nombre de mi familia y en el mío propio, que hasta que no se sepa toda la verdad y se haga real y efectiva justicia, se esclarezcan bien los hechos de lo sucedido, quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del horrendo crimen que me arrebató a mis tres hijitos, no perdonaremos.

A las fuerzas militares les digo que no habrá perdón ni olvido, que lo que exigimos es justicia, porque la masacre de mis tres hijos no la realizó un solo militar, ese crímen (sic) lo cometieron varios militares. Por qué dicen que hay 7 morrales cundidos de sangre, salivas y sémenes, el delincuente Raúl Muños dice que él hizo uso de las dos niñas de la de 13 años y de la hijita mía, pero por que ellas aceptaron, yo les pregunto a los señores de la fiscalía y a los militares, si sería que ella entonces estaría de acuerdo que la asesinaran a ella y a sus dos hermanitos, que eran mis queridos hijitos?

Es falso lo que dice un general del ejército en un periódico, que organizaciones extrañas me tienen controlado y manipulado para que denuncie y enlode el nombre del ejército, será que con ese asesinato por varios militares ellos mismos no se enlodaron el nombre? Por último con el inmenso dolor en el alma y una cicatriz que nunca se me borrará le doy las gracias a las personas, a la comunidad de la vereda Caño Temblador donde vivía, a las veredas cercanas, a los derechos humanos, a los medios de comunicación y personalidades, que sean (sic) solidarizado con migo (sic) y mi familia y por ayudarme a denunciar la tragedia que me pasó y que sigo viviendo.

Gracias.

José Álvaro Torres
Padre de los tres niños masacrados


Recuadro
Arauca: ¡Seguridad para la inseguridad!


Ante un caso como el de Yenny y sus hermanos, cabe preguntar: ¿Cómo estos niveles de crueldad se presenten en el marco de una política de ‘seguridad' supuestamente coherente, ajustada a los principios del Estado Social de Derecho y tan fervientemente defendida por el gobierno nacional? El caso de Arauca, entonces, ¿no sería una total contradicción?

Arauca ha sido un departamento donde la pobreza y la exclusión han sido mezcladas de modo irresponsable con intereses militares y económicos por el propio Gobierno. Si bien ya había grupos guerrilleros en la región, es sólo desde el descubrimiento del petróleo y su explotación cuando la violencia armada se agudiza con un proceso de remilitarización de la zona por el Gobierno, y con la llegada de grupos paramilitares a la misma, representados en un incremento de las violaciones a la vida, la libertad y la integridad de la población civil.

De la situación se afectan sobre todo los campesinos de la región (85 por ciento de la población departamental, según el último Censo), sector del que un 49 por ciento es de mujeres y 36 de niños y niñas menores de 14 años, y al que la infancia y las niñas han pasado a sumarse considerablemente bajo formas de degradación atravesadas por abuso y violencia sexual1, a pesar de unos 26 instrumentos internacionales2 del sistema de la ONU que abogan por los derechos de la mujer y la infancia en todo tiempo y lugar, y también el deber de los Estados de promoverlos y protegerlos integral, permanente y efectivamente.

La coincidente victimización de las niñas de diversos grupos poblacionales –campesino, indígena, afrodescendiente–, en departamentos como Arauca, sugiere la existencia de la problemática en el resto del país, dada la nacionalización de estas lógicas de guerra3.
Aún más, la situación afecta a las niñas y sus comunidades por el círculo perverso al que se suman los problemas sociales y económicos ya anotados de la región4. En ellos, la mujer y la infancia padecen el patriarcalismo público y privado5 que los despoja de su lugar en la adopción de políticas públicas protectoras, en contextos tan inestables como el de Arauca.

A pesar de una mayor inclusión en la agenda internacional del tema de la infancia en países como el nuestro, reflejado en estudios como el Informe Machel 2000, sobre la situación de niñas y niños en contextos de conflicto armado, la ratificación por el Estado colombiano (2005) del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño; la expedición de la Resolución 1612 de 2005, del Consejo de Seguridad de la ONU –sobre la protección a la infancia en el marco del conflicto–; y los recientes informes de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (19 de febrero de 2009) y del Secretario General de la misma sobre los niños y el conflicto armado en el país (S/2009/434, 28 de agosto de 2009), el panorama de los menores siendo una problemática persistente y resistente, de la que es necesario identificar y analizar sus impactos directos en la vida y los derechos individuales y de sus comunidades, para abordar posibles fórmulas de superación del flagelo, en una perspectiva étnica y de género.

1    Observatorio sobre Infancia, Plan Internacional y Visión Mundial. Colombia en deuda con su infancia: informe complementario al Informe del Estado colombiano al Comité de los Derechos del Niño 1998-2003 Bogotá, 2006.
2    Ver fundamentación jurídica del tema de la investigación en el punto 7 de este documento.
3    Plataforma de Organizaciones Sociales Colombianas, Movimiento Infantil Colombiano, Terre de Hommes. Apoyo a la Niñez, Mirada crítica a la aplicación de la Convención, Bogotá. 2009.
4    Ver informe socioeconómico del Dane, 2005, www.dane.org.co.
5    Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Comisión Colombiana de Juristas, Humanidad Vigente. Informe Alterno al Comité de los Derechos del Niño de la ONU. Bogotá, 2005.

Recuadro
Petróleo y guerra


Arauca en el extremo norte de la Orinoquia, es uno de los 32 departamentos del país, situado en el extremo norte de la Orinoquia. Su extensión, 23.818 kilómetros cuadrados. Limita por el norte con el río Arauca, que lo separa de la República Bolivariana de Venezuela; por el Este, con ésta misma; por el sur, con los ríos Meta y Casanare, que lo separan de Vichada y Casanare; y por el occidente, con Boyacá. Está dividido en siete municipios: su capital (Arauca), Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.

Según el Departamento Nacional de Estadística (Dane), la actual población total de Arauca es de 281.435 personas (0,590 del total nacional), con densidad de 11,82 habitantes por kilómetro cuadrado, de los cuales 149.034 están en las cabeceras urbanas (54,6 por ciento), con una población indígena de 3.591 personas y población afrocolombiana de 7.500.

Arauca, de economía tradicionalmente agrícola y pecuaria, produce alimentos de primera necesidad: plátano, yuca, caña de azúcar, cacao, maíz, arroz, frutales. Hasta el desarrollo de los campos petroleros descubiertos por la petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation (OXI), Arauca era un típico territorio de la Orinoquia, olvidado por el Estado y sus gobiernos, con sólo pobreza, marginación y aislamiento del resto del país.

Todo cambió desde 1983, al descubrirse que en el apartado y olvidado departamento, denominado entonces “Intendencia de Arauca”, había grandes yacimientos de petróleo. El crudo llenó las arcas de las multinacionales, exacerbó la corrupción con los dineros de las regalías y se revirtió para los habitantes en violencia y pobreza. Puede decirse con certeza que hoy el petróleo es para los araucanos una verdadera maldición de guerra y muerte.

Recuadro
Ejército Nacional y programas escolares


En Arauca, como en otros departamentos, el Ejército despliega una estrategia de “guerra integral” que no repara límites entre actores de la guerra y población civil. De tal estrategia hacen parte sus programas escolares “Conozca a su Ejército”, “Conociendo Colombia” (sic), “Vacaciones recreativas extremas”, con los cuales el Ejército se acerca a los menores de edad y los “gana para ‘defender’ el país”. Sobre este aspecto informa la página oficial http://www.ejercito.mil.co/?idcategoria=236702:

“Más de 600 niños y jóvenes del programa Vacaciones Recreativas Extremas, que lidera la Alcaldía Municipal de Arauca, visitaron las instalaciones de la Décima Octava Brigada del Ejército Nacional en el marco del proyecto institucional ‘Conozca a su Ejército’”. Y precisa en seguida: “Desde muy temprano, soldados del Grupo Especial de Operaciones Sicológicas (sic) (GEOS) recibieron a cerca de 300 niños entre los 6 y 12 años (sic) […]”.

Enfatiza así: “Entre tanto, 300 jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 17 años (sic) hicieron un recorrido por las instalaciones del comando de la Décima Octava Brigada y el Batallón de Servicios para el Combate Nº 18 ‘Subteniente Rafael Aragona’ […]”. En el programa “Conociendo Colombia” (sic), escogen a los niños más destacados en sus estudios y los llevan en helicóptero a conocer ciudades como Bogotá. En el programa “Vacaciones Recreativas Extremas” se puede deducir lo que hacen.

Frente a este particular, el jefe de la Delegación en Colombia del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Christophe Beney, aseguró que “algunos actores del conflicto quieren ganarse el corazón y la mente de personas que, de buena fe, acuden a una asistencia sin darse cuenta de que eso puede traer consecuencias”. Al proceder así, se violan disposiciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como la Resolución 1612, que busca evitar la “vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado”.

La ONU le hace llamados de Atención al Estado colombiano por este proceder desde 2006 , pero no hay corrección alguna. El pasado 11 de junio, en su Sesión 1541, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas aprobó sus observaciones finales sobre el Informe presentado por Colombia en virtud del artículo 8 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados.

Entre las observaciones, el Comité alerta sobre el número creciente de casos, en especial de niñas, víctimas de violencia sexual a manos de grupos armados ilegales y de las fuerzas armadas, la no reparación integral y la asistencia adecuada de NNA (niños, niñas y adolescentes), víctimas del conflicto armado, para su recuperación física y psicológica, basados en la discriminación, según el grupo armado ilegal al que hayan pertenecido.

Por tanto, el Comité le solicitó al Estado colombiano abstenerse de fomentar su participación en actividades militares, entre otras cosas “poniendo fin a las visitas escolares de estudio a bases militares o a la celebración de actos militares en escuelas, ya que esa utilización, habida cuenta del actual conflicto interno, compromete el principio del derecho humanitario de distinción de la población civil y pone a la infancia en peligro de sufrir represalias de miembros de grupos armados ilegales”.



Publicado enEdición 163
Estados Unidos ha violado el espacio aéreo venezolano, según denuncia la televisión estatal venezolana. La cadena ha difundido una grabación de una torre de control nacional que presenta como "prueba" de que un avión militar estadounidense, que partió de la cercana isla de Curazao, ingresó ilegalmente en espacio aéreo de Venezuela.

En la grabación se escucha la conversación entre el piloto de un supuesto avión de la Armada de Estados Unidos y la torre de control del aeropuerto internacional de Maiquetía, ocurrida en una fecha no precisada por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Por su parte, la estatal Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) aseguró que el incidente ocurrió el "17 de mayo de 2009", y citó como fuente de esa información al vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález. La conversación se desarrolla en inglés y su traducción al español apareció en la parte baja de la pantalla a modo de subtítulos.


Supuesto ataque a Venezuela


De acuerdo con esa traducción, el piloto responde a preguntas de la torre de control venezolana que partió de Curazao, isla que junto a Aruba pertenece a Holanda, ubicada muy cerca de las costas de Venezuela.

Ante la afirmación del controlador aéreo de que volaba de forma ilegal dentro del espacio aéreo venezolano, el piloto respondió que "no era consciente" de la situación y regresó a la isla caribeña. La grabación fue cedida en cortesía por la multiestatal Telesur a la venezolana VTV.

La televisión estatal difundió la grabación un día después de que el vicepresidente venezolano, Ramón Carrizález, denunció que Estados Unidos utiliza a Colombia y a sus fuerzas militares acantonadas en las islas holandesas caribeñas para preparar agresiones contra Venezuela.

"Han salido (en Holanda y en Colombia) a desmentirlo, pero nosotros tenemos elementos objetivos y ciertos" de esos supuestos planes que, en el caso de Colombia, apuntaban a una agresión para finales de 2009, pero que "por el momento" ha sido postergada, señaló Carrizáles.

Bases militares en Colombia


El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha insistido en las últimas semanas en denunciar que Estados Unidos prepara un supuesto ataque a Venezuela utilizando a Colombia, Aruba y Curazao como "plataformas".

El pasado 28 de diciembre Chávez aseguró que la operación estaría siendo preparada con la acción de aviones espía y aviones sin tripulación de fabricación estadounidense que sobrevolarían el espacio aéreo venezolano.

Esos aviones habrían salido de bases militares de Colombia y de las islas de Aruba y Curazao, países con los que Estados Unidos mantiene convenios antidrogas que permiten la presencia de su personal.

Tanto Washington como las autoridades colombianas y de las islas caribeñas han aseverado que las fuerzas estadounidenses en esos países sólo actúan en el marco de los acuerdos antidrogas que mantienen vigentes.
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