Viernes, 21 Abril 2017 08:04

Colombia. Sonidos e intereses de la paz

Escrito por Carlos Gutiérrez M.
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Lo dicen Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja (1). Todos los informes de organismos internacionales de Derechos Humanos atentos a la evolución del Acuerdo de paz firmado entre Gobierno y las Farc coinciden en lo mismo: la violencia selectiva en Colombia gana en intensidad y su objetivo son los líderes sociales.

 

La única diferencia en esta apreciación son las cifras, decenas para unos, para otros cientos. Coinciden también en la preocupación sobre esta selectiva violación a los Derechos Humanos, con fines precisos, las organizaciones no gubernamentales de Colombia dedicadas a la protección del bien sagrado de la vida, con informes también diversos sobre la cantidad de asesinados, lesionados, amenazados, desplazados (2).

 

Accionar armado sistemático. Con las armas de fuego activadas, no pretendían intimidar. No. Asesinar era su propósito: 26 casquillos de pistola 9 mm quedaron en el piso guajiro donde terminó la humanidad de Vicente Borrego el pasado 1 de diciembre; en otros casos, las balas sumaron 7, 4, 6 ojivas que impactaron en el pecho y el cráneo de sus víctimas. Pero el odio y la determinación de quien dio la orden y la pericia de quien la cumplió resaltan en el caso de Ruth Alicia López, que, cuando visitaba a un hermano el pasado 2 de marzo en un barrio popular de Medellín, fue impactada por 8 disparos accionados con un arma protegida con silenciador.

 

Esa violencia claramente predeterminada retumba en diversas regiones del país: desde La Guajira, pasando por los departamentos de Atlántico, Córdoba, Cesar, Antioquia, Valle, Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander, Caquetá, Huila, Tolima, Bolívar, Magdalena, Nariño... Y entre aquellos que fueron asesinados los hay por ser reclamantes de tierras, líderes comunitarios y/o sociales, integrantes de organizaciones sociales como Marcha Patriótica y el Congreso de los Pueblos, y sindicalistas, defensores de Derechos Humanos... (3).

 

Es una espiral con claros propósitos de generar terror, sembrar miedo, dispersar a los activistas sociales por justicia y paz, desanimar a los defensores de Derechos Humanos, provocar la ruptura de lo acordado en La Habana, ganar control y poder económico y político territorial, así como desalentar a los combatientes en desmovilización en cuanto a la validez de la decisión tomada.

 

La mayoría de las sindicaciones por estos hechos recaen sobre paramilitares –Urabeños, Gaitanistas, Águilas Negras– y otros de igual filiación pero sin reivindicar sigla alguna; las denuncias también inculpan al Esmad y al ejército nacional. Las Naciones Unidas involucran en estos hechos, asimismo, al Eln y el Epl, así como a disidentes de las Farc.

 

A dos manos

 

El recrudecimiento de las acciones sicariales empezó a ser más evidente en el último año, a medida que se acercaba la firma del Acuerdo de paz. Durante 2016, sus víctimas sumaron, según la fuente, entre 92 y 120 líderes sociales.

 

Para la Defensoría del Pueblo, pero tomando entre el 1º de enero de 2016 y el 20 de febrero de 2017, los líderes asesinados suman 120. Cifra que, al desgranarla, arroja ocho líderes por mes, dos por semana. Además de los homicidios, la Defensoría del Pueblo reportó 33 atentados y 27 agresiones (4). Las detenciones y el encarcelamiento de líderes sociales es otra cara de esta ofensiva.

 

Los informes concentrados en la situación padecida por quienes defienden los Derechos Humanos también varían en el números de víctimas: 59 homicidios para Naciones Unidas (5); para Amnistía Internacional, apoyada en datos de la Ong “Somos Defensores”, los homicidios –hasta el 8 de diciembre– escalan a 75. En 2015, la cifra ascendió a 63. Naciones Unidas es concluyente en su informe: “Es notable el aumento de asesinatos en las áreas rurales frente a 2015, cuando la Oficina registró 25 víctimas –en 2016 hubo 389 ataques, con 59 muertos”.

 

Este sonido de la ‘paz’, que ensordece al país, amplía su eco en medio de la parte final de la negociación Gobierno-Farc, cuando éstos debatían las medidas por tomar en cuanto a la tierra y otras reformas necesarias para aclimatar la paz; pero también en medio de la campaña para que la sociedad votara Sí o No en el plebiscito refrendatorio del Acuerdo, y con posterioridad al mismo, cuando múltiples aspectos de lo firmado en La Habana fueron mutilados, dándole otro matiz a lo que vendrá en términos de reformas políticas, sociales y económicas.

 

En La Habana, para sorpresa de todos, la resolución del tema de la tierra quedaba de nuevo postergada en su redistribución efectiva y necesaria, a pesar de que el capítulo particular retome el título de Reforma Rural Integral. En un regreso a viejas medidas tomadas sobre el particular, por ejemplo en los años 30 del siglo XX, la legalización de títulos, la ampliación de la frontera agrícola y la entrega de tierras baldías es lo que resume esa rimbombante Reforma Rural Integral. ‘Reforma agraria’ para beneficio inmediato de poblaciones situadas en territorios dominados durante décadas por las Farc, lo menos a lo que podían aspirar pero que, ciertamente, no corresponde a las expectativas que siempre se plantearon ni a los requerimientos del país.

 

Pero, para seguir con las sorpresas, ni siquiera eso acepta el establecimiento. Una vez certificado el triunfo del No en el plebiscito, sus voceros no solamente insisten en blindar lo acordado, diciendo que la propiedad privada es intocable, sino que asimismo someten a los campesinos, propietarios de pequeños o medianos fundos, a una alianza con el capital internacional. Según lo establecido el 24 de noviembre de 2016 “[...], el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores, así como con procesadores, comercializadores y exportadores, con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores” (6).

 

Al tiempo de la imposición de este perfil agrario, que nos obliga a continuar viviendo en los siglos XIX y XX, como una evidencia más de que el establecimiento sí combina todas las formas de lucha, el Gobierno aprueba las Zidres para entregarles siete millones de hectáreas de tierra baldía a los empresarios del campo –multinacionales y sus socios locales–, mientras otros 21 millones quedan aún en reserva para igual propósito. Concreción del más claro extractivismo agrario, en este caso sobre el proyecto de hacer del país una despensa alimentaria para el mundo, según el decir de Santos. Los campesinos, pequeños y medianos, quedan de nuevo colgados de los grandes inversionistas como ‘socios’ menores, y en pocos años seguramente como simples peones. ¡Vaya ‘reforma agraria’!, concentradora de la propiedad.

 

Beneficios múltiples

 

El problema de la tierra, aquí de nuevo postergada, es el núcleo que una y otra vez alimentó las recurrentes guerras civiles que desangraron al país hacia los siglos XIX-XX. Y en ellas, una y otra vez, el interés particular se impuso sobre el colectivo, a tal punto que el nuestro casi resulta ser el único país de la región que no le dio vía a una reforma agraria y, con ella, a la solución de tan importante factor para cohesionar la nación y afrontar diversidad de asuntos, entre ellos el de una política soberana de alimentos. Ahora tenemos por lo menos tres temas más que no aparecían ni en el siglo XIX ni hasta hace unas décadas: medio ambiente, pueblos indígenas y minorías, los mismos que no encuentran un feliz tratamiento con la postergación de la problemática de la tierra.

 

Y con estos tres, un contenido que se torna expresión y reflejo del factor terrateniente y del dominio oligárquico, que con su prolongación a lo largo del siglo XX, entre otras vías por la violenta, alimentó igual respuesta de los negados y excluidos, estimulando asimismo la ilegalidad, una de cuyas expresiones es el sembrado de los llamados cultivos ilícitos. Realidad que, a pesar de ser abordada en el Acuerdo acá comentado, buscándole vías para su resolución, difícilmente será resuelta mientras los factores que le dieron origen no sean superados.

 

Prevalencia e imposición del factor terrateniente, de los intereses particulares de quienes concentran la riqueza y el poder político en el país, que también quedó resguardado en el Acuerdo sobre las víctimas del conflicto, en particular en el acápite concerniente al Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y su componente específico de la Justicia Especial para la Paz (JEP).

 

Si bien en el conflicto armado, que ahora llega a su final con las Farc, ninguna de las partes impuso sus armas sobre la contraparte, a pesar de que una de ellas mantenía ventajas tácticas y estratégicas, forzando en la otra un repliegue sobre su retaguardia –es decir, con el resultado militar hasta ahora logrado–, ninguno de los enfrentados queda con las manos libres para imponer sus objetivos al otro. Ello no puede ser óbice para que los crímenes cometidos por el establecimiento durante varias décadas, con miles de víctimas fuera de combate, desapariciones, desplazamiento, despojo, queden impunes.

 

Ese, con seguridad, era(es) el deseo de todos aquellos concentrados en una labor de hormiga en pro de la defensa de los Derechos Humanos de la sociedad colombiana. Pero ahora resultó que, tanto en la ley de amnistía e indulto como en el conjunto de la JEP, los miembros de las Fuerzas Armadas, obligados a respetar los Derechos Humanos, así su enemigo no lo haga, terminan beneficiados de diferente manera por lo firmado en el Acuerdo del 24 de noviembre de 2016. Ello se ve en lo tramitado por el Congreso de la república: excarcelaciones y perdones con sabor a amnistía e indultos, ruptura de la línea de mando que esculpa a la oficialidad de más alto rango de cualquier responsabilidad en hechos bárbaros a lo largo de la guerra ahora negociada, así como impunidad para aquellos civiles (en su mayoría grandes empresarios) que financiaron a los grupos paramilitares (7). Estos y otros beneficios logran que el terrorismo de Estado desaparezca o por lo menos quede disminuido, y los responsables de crímenes atroces terminen siendo unidades que operaron por “cuenta propia”.

 

En los últimos años sobresalió en el país la disputa entre dos modelos para conseguir la paz, liderados por un expresidente y un mandatario en ejercicio, disputa que aún mantiene notables matices pero que en lo fundamental, con lo acordado entre Gobierno y Farc, quedó saldado: ningún tema estructural resultó afectado, la jefatura de las Fuerzas Armadas salió beneficiada, los terratenientes y gamonales locales y regionales también, las multinacionales y grandes empresarios criollos ganaron extensos territorios para sus negocios, y, lo que es más importante: la institucionalidad sale reforzada vía concreción de proyectos ya incluidos en la Constitución de 1991, así como por la vía del reforzamiento de su apariencia democrática mediante la ampliación de espacios para la participación de sectores sociales hasta ahora al margen de la legalidad oficial. Sin cambios estructurales que rompan la dinámica histórica impuesta por el poder en el país, como en otros momentos ya vividos, cambiar para que nada cambie. Las diferencias persistentes entre estos dos sectores del establecimiento ya no son sustanciales; simplemente están alimentadas por apetitos de poder, formas de proceder y necesidades de cubrirse con el aparato del Estado por parte de uno de estos.

 

Las reformas políticas en trámite o por concretar en los próximos meses, que profundizarán la formalidad incluyente del Estado, pero también las inversiones sociales que éste tendrá que realizar en territorios mantenidos al margen con la excusa de que allí no se podía ingresar, le permitirán reforzar su razón de ser y así legitimar su dominio. Neoliberalismo reforzado y legitimado.
Los intereses impuestos en esta coyuntura son mezquinos. Los sonidos que ahora escucha el país se prolongarán. Es toda una paradoja: para poder ingresar de la mejor manera posible a la disputa por el gobierno, las Farc terminan fortaleciendo a su enemigo. No tienen otra opción, al menos desde una visión tradicional del poder, cruzada, como eje central, por el factor electoral.

 

1. http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informe-anual-2016.pdf

https://www.icrc.org/es/colombia-conflicto-armado-y-retos-humanitarios-de-2016

https://www.amnesty.org/es/countries/americas/colombia/

2. https://www.colectivodeabogados.org/?Existe-un-ataque-generalizado-contra-defensoras-y-defensores-y-hay-que 
http://www.indepaz.org.co/7344/30-lideres-o-defensores-de-ddhh-en-el-2017-han-sido-asesinados-quelapaznonoscuestelavida-colombiaenlacidh/ 
3. http://www.indepaz.org.co/6918/listado-actualizado-lideres-organizaciones-sociales-defensores-ddhh-asesinados-2016/ 
4. http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/6128/Al-menos-120-l%C3%ADderes-y-defensores-de-DDHH-han-sido-asesinados-en-los-%C3%BAltimos-14-meses-report%C3%B3-la-Defensor%C3%ADa-del-Pueblo-Ruth-Alicia-L%C3%B3pez-Guisao-Fabi%C3%A1n-Antonio-Rivera-Arroyave-Defensor-del-Pueblo-l%C3%ADderes-sociales-l%C3%ADderes-sociales.htm 
5. “En 2016, la situación de los defensores de Derechos Humanos siguió siendo motivo de preocupación. Hasta el 31 de diciembre, la Oficina observó 389 ataques de los siguientes tipos: 59 homicidios; 44 ataques; 210 amenazas (69 colectivas); 72 violaciones a los derechos a la privacidad y la propiedad (incluyendo fotografías, vigilancia y robo de computadores); tres desapariciones forzadas; y un caso de violencia sexual”. Ver “Informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia”, http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/informes.php3?cat=11
6. Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, Gobierno de Colombia-Farc-EP, Ediciones Desde Abajo, pp. 59-60.
7. Andreu, Federico, “La Jurisdicción Especial para la Paz: ¿impunidad para la Fuerza Pública?”,  http://www.razonpublica.com/index.php/economia-y-sociedad/10094-la-jurisdicci%C3%B3n-especial-para-la-paz-impunidad-para-la-fuerza-p%C3%BAblica.html 

 

www.eldiplo.info/portal

Información adicional

  • Autor: Carlos Gutiérrez
  • País: Colombia
  • Región: Suramérica
  • Fuente: Le Monde diplomatique, edición Colombia
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