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Jueves, 24 Noviembre 2005 19:00

Alerta: La negociación puede ser un campo minado. Resistencia indígena

Escrito por Equipo desde abajo
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En efecto, ante el reclamo indígena, materializado en las ocupaciones de 16 fincas ubicadas en su territorio ancestral, el gobierno ofrece, previa la exigencia de desalojo, algunas pocas hectáreas que constituirían casi una ofensa, y una promesa futura de adjudicar tierras confiscadas a los narcos y posiblemente otras que se comprarían con recursos del Estado. Es evidente que tal oferta, que en lo fundamental se remite a un futuro indefinido, tiene como propósito lograr el desalojo inmediato. - De todas maneras y por si acaso ya lo iniciaron hoy con enorme y brutal despliegue de fuerza militar.- Pero lo más importante consiste en que no se corresponde con la naturaleza de las reivindicaciones planteadas. En efecto, lo primero que debe resaltarse es que la acción de las comunidades indígenas cuenta con una doble legitimidad. De una parte, porque se trata de exigir el cumplimiento de un pacto que tiene veinte años, en el cual, después de otra negociación y de otra promesa para el futuro, se aceptó entregarles un número definido y preciso de hectáreas. De otra, porque, es en este caso como en el que más, en que las ocupaciones de tierra pueden denominarse recuperación. Casi sobra decirlo pero insistamos: son sus tierras, o eran, antes de la conquista y la colonización española. Devolverlas es apenas una pequeñísima reparación. Por esta última razón – y en eso consiste, frecuentemente, la incomprensión inocente o deliberada – no se trata simplemente de la entrega de tierras, no es cualquier tierra la que se busca, se trata del territorio, en la acepción que le dan los pueblos indígenas a la palabra, muy diferente a la del inversionista agrícola e incluso a la del campesino, es decir el territorio ancestral con todo lo que comprende, bosques, ríos, recursos naturales, etc. Muy certeramente dicen: No nos apropiamos privadamente de la tierra, liberamos la madre tierra de las garras de la apropiación privada. Es por ello que estos pueblos del norte del Cauca vienen planteando la necesidad de una reforma agraria popular para que, en conjunto con otros pueblos indígenas, los campesinos mestizos, los afrodescendientes, se reivindique el derecho a la tierra con las particularidades que esto tiene para cada uno de ellos. Como se ve, esto está muy lejos del tipo de ofertas que hace el gobierno y del discurso que las sustenta. En realidad, ni siquiera la distribución de tierras está entre sus propósitos. Ni más faltaba. Chaux y Uribe son ellos mismos terratenientes. Son responsables de la descomunal violencia que se ha aplicado en este país para adquirir tierras o para preservar las que tienen. El régimen político que se ha instaurado en el país, reforzado con la Ley de justicia y Paz y ad portas de ocupar todas las instancias del Estado –las que le faltaban- no es otra cosa que el encumbramiento de estos sectores dominantes de la sociedad colombiana. La famosa negociación, por lo tanto, no puede ser sincera de parte del gobierno. Si acaso, corresponde a la necesidad de aparecer condescendiente con los indígenas en estos tiempos de reelección. Los pueblos indígenas, sus autoridades tradicionales, sus representantes ante estos diálogos, seguramente no van a caer en estas celadas electorales. Pondrán sobre la mesa, en cambio, su palabra que es su pensamiento, sus aspiraciones de fondo. En el mismo sentido tienen que razonar y obrar el resto de las organizaciones populares que en este momento se aprestan a brindar su solidaridad. Ejercicio de solidaridad que debe convertirse en un paso más en la construcción de una fuerza popular, comenzando por una amplia discusión que integre el Mandato Indígena y la propuesta de Reforma Agraria popular. No deja de sorprender que en esta época histórica, en nuestro país, hayan quedado frente a frente, el poder de los terratenientes, hoy narcoparas, y el poder creciente de quienes precisamente están llamados a remover las bases de su dominio. Noviembre 24 de 2005
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