Miércoles, 28 Marzo 2007 19:00

Informe de la CIA pone en entredicho al Ejército de Colombia

Escrito por Anonimo
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 La divulgación sobre el General Mario Montoya se da en el momento en que la ayuda de alto nivel de los EE.UU. al gobierno de Colombia está bajo escrutinio de los Demócratas en el Congreso. Esta divulgación podría aumentar la presión de reducir o redirigir esa ayuda dado que Montoya ha sido un favorito del pentágono y un socio importante de la estrategia contrainsurgente bajo el llamado Plan Colombia financiado por los EE.UU. Los $700 millones al año que Colombia recibe hacen de éste el tercer país beneficiario de la ayuda extranjera de los EE.UU.

 

Montoya ha mantenido una larga y cercana asociación con el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y sería el primer oficial colombiano de alto rango implicado en un escándalo político, cada vez mayor en el país latinoamericano sobre los vínculos entre las milicias y los funcionarios proscritos de alto nivel. El escándalo ya ha implicado al anterior Ministro de Relaciones Exteriores, por lo menos a un gobernador departamental, a congresistas y al jefe del DAS (policía secreta colombiana), y ha hecho tambalear al gobierno de Uribe.

 

El Presidente Bush llamó a Uribe un “amigo personal” hace dos semanas durante una visita a Bogotá, y su gobierno es uno de los aliados más cercanos de la administración Bush en América latina. Los reportes de inteligencia sobre Montoya están contenidos en un informe que recientemente circulo en la Cia. Allí se dice que Montoya y grupos paramilitares conjuntamente planearon y condujeron una operación militar en 2002 para eliminar las guerrillas marxistas en las áreas pobres de los alrededores de Medellín, una ciudad al noreste de Colombia que ha sido un centro del narcotráfico.

 

Por lo menos 14 personas murieron durante la operación, y los opositores de Uribe alegan que docenas más están desaparecidas como consecuencia de esa operación.

 

El informe de inteligencia, revisado por  The Times, incluye información de otro servicio de inteligencia occidental e indica que funcionarios de los EE.UU. han recibido informes similares de otras fuentes confiables.

 

Además de su estrecha cooperación con funcionarios de los EE.UU. en el Plan Colombia, Montoya ha servido como instructor  del centro de entrenamiento militar antes llamada Escuela de las Américas, patrocinado por los EE.UU. El general colombiano fue alabado por el General de la  Marina de los EE.UU. Peter Pace, el ahora presidente del Estado Mayor Conjunto, cuando éste dirigía el comando militar regional para América Latina, y Montoya estaba al frente de un destacamento de fuerzas antinarcótico financiado por los EE.UU.

 

En Colombia han circulado rumores que Montoya ha trabajado con los paramilitares, pero no se han formulado cargos judiciales.

 

Por décadas, Colombia ha sido golpeada por una guerra civil que enfrenta a milicias izquierdistas con el gobierno. Un estimado de 3 millones de colombianos han sido forzados a dejar sus hogares y miles han muerto durante los enfrentamientos. Los grupos paramilitares de derecha, sospechosos desde hace tiempo de sus nexos con el gobierno, se unieron al conflicto en los años 80. Estos se formaron aparentemente como fuerzas defensivas contra grupos izquierdistas, pero pronto se vieron implicados en apropiaciones masivas de tierra, tráfico de droga y apropiación del comercio. Después de su elección en 2002, Uribe ofreció un plan para terminar la guerra civil bajo el cual cerca de 31.000 combatientes paramilitares dejaron sus armas y docenas de sus líderes se entregaron a cambio de una promesa de sentencias reducidas.

 

Pero Uribe ha enfrentado una constante corriente de denuncias acerca de nexos entre paramilitares y funcionarios del gobierno cercanos a él. Las alegaciones que los vínculos de las milicias llegan a la cúpula militar probablemente intensificaran los esfuerzos de los Demócratas para recortar la porción militar del paquete de ayuda multianual a Colombia de 3.900 millones de dólares que está pendiente, dicen los ayudantes del Congreso y los analistas regionales. El ochenta por ciento de la ayuda de los EE.UU. a Colombia va para los militares y la policía.

 

Además del paquete de ayuda, la administración también busca la aprobación congresional por separado de un Tratado de Libre Comercio entre los EE.UU. y Colombia que ya cuenta con una fuerte oposición Demócrata.

 

El documento de la Cia sobre vínculos de Montoya con los paramilitares puesto a disposición de The Times por una fuente que rehusó identificarse salvo como empleado del gobierno de los EE.UU., dijo que divulgaba la información porque estaba insatisfecho con el hecho de que el gobierno de Uribe no hubiera sido considerado lo suficientemente responsable por la administración Bush.

 

La Cia no cuestiona la autenticidad del documento, aunque sus  funcionarios no lo confirmen. A petición de la Cia, The Times ha mantenido en secreto los detalles del informe que los funcionarios dicen pudiera comprometer fuentes y métodos de inteligencia. Un portavoz pidió que no se divulgara, y lo consideró inteligencia “sin confirmar”.

 

“Describiéndolo como un informe que deja escapar información de otro servicio de inteligencia –y en ese sentido material sin confirmar– The Angeles Times ven poco probable que países amigos compartan información con los EE.UU.”, dijo Paul Gimigliano, portavoz para la agencia. “Y eso pudiera afectar en última instancia nuestra capacidad de protección a los ciudadanos.”

 

Douglas Frantz, redactor en jefe de The Times respondió: “Escuchamos cuidadosamente las preocupaciones de la Cia y acordamos retener los detalles que la agencia dice que comprometen a ciertas fuentes y operaciones en curso, pero a nuestro juicio la importancia de los temas presentados en esta noticia ameritan su publicación.”

 

Un aspecto clave evidenciado en el documento de la Cia fue que una agencia de inteligencia occidental aliada divulgó en enero que la policía, el ejército y los paramilitares colombianos habían planeado y conducido conjuntamente la operación militar de 2002 en los alrededores de Medellín, conocida como operación Orión.

 

La agencia de inteligencia aliada dijo que  su informante era una fuente aún no probada y advertido que el informe debía ser tratado como inteligencia por confirmar.

 

Pero el documento también incluyó un comentario del agregado militar de la Embajada de los EE.UU. en Bogotá, coronel Rey A. Vélez: “Este reporte confirma la información proporcionada por una fuente probada.”

 

Según el documento, el agregado militar dijo que la  información de fuente probada “también podría implicar” al jefe de las fuerzas armadas colombianas, el general Fredy Padilla de León, quien comandó las fuerzas militares en Barranquilla, en el norte de Colombia, durante el mismo período.

 

Después de que Uribe fuera elegido en 2002 con base en una plataforma de fuertes mediadas contra los rebeldes, de inmediato organizó la ofensiva sobre Medellín. El operativo fue comandado por Montoya, de 57 años de edad, quien proviene de la misma región que el presidente.

 

La operación Orión implicó 3.000 soldados y policías, apoyados por tanques y  helicópteros artillados, en una área deprimida controlada por el grupo rebelde izquierdista más grande de Colombia, las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia, Farc.

 

La operación ha sido ampliamente considerada un éxito y una de las claves de la popularidad de Uribe. Pero hay desde hace tiempo denuncias que afirman que después de la barrida del ejército, los paramilitares ocuparon el vacío de poder, afianzando su control con matanzas, desapariciones y otros crímenes.

 

La Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas han investigado los informes. Recientemente, el senador colombiano Gustavo Petro, opositor político de Uribe, ha denunciado en público que 46 personas desaparecieran durante la operación.

 

El informante citado en el documento de la Cia divulgó que al conducir conjuntamente la operación, el ejército, la policía y los paramilitares habían firmado documentos explicando sus planes. Los signatarios, según el informante, eran Montoya; el comandante de una fuerza de policía del área; y el líder paramilitar Fabio Jaramillo, quien era un subordinado de Diego Fernando Murillo Bejarano, el jefe de los paramilitares en el área de Medellín.

 

Murillo, conocido como don  Berna, tomó el control del comercio de drogas en los alrededores de Medellín después de la muerte del fabulesco jefe narcotraficante Pablo Escobar. Murillo ahora se encuentra en una cárcel colombiana, y las autoridades de los EE.UU. buscan su extradición.

 

En una entrevista, funcionarios de los EE.UU. hablando en condición de anonimato dicen que han investigado de cerca si Uribe mismo colaboró con los paramilitares de derecha en actividades ilegales, pero que hasta ahora no han encontrado prueba que así lo confirme. Pero enfatizaron que no podían descartarlo.

 

Uno de los funcionarios dijo que habría sido “inusual” que Uribe estuviera implicado personalmente en los detalles de una actividad militar tal como la operación Orión, aun cuando el Presidente fuera el que concibió la campaña. “Usted típicamente no lo ve involucrado en esa clase de detalles” dijo el oficial.

 

Un analista de la situación de Colombia, Adán Isacson del Centro para la Política Internacional, de Washington, ha dicho que cualquier colaboración entre Montoya y los paramilitares “llevaría al ejército derecho al corazón del escándalo.” Los EE.UU. y los funcionarios colombianos han insistido que cualquier nexo entre militares colombianos y las milicias involucraba solamente a oficiales renegados de bajo rango.

 

Ocho miembros del Congreso colombiano ya han sido encarcelados por el escándalo, y la Ministro de Asuntos Exteriores, aliada cercana de Uribe, ha sido forzada a dimitir. El anterior jefe de la policía secreta de Colombia, Jorge Noguera, fue arrestado el pasado mes bajo acusaciones de entregar información a los líderes paramilitares sobre las organizaciones de trabajadores de izquierda, algunos de los cuales fueron asesinados más tarde. El viernes último fue puesto en libertad, por consideraciones procesales, pero está sujeto a un nuevo arresto, han dicho oficiales del gobierno.

 

En una conferencia de prensa en Bogotá, la capital, durante su visita este mes, Bush expresó confianza que el gobierno de Uribe podría realizar una investigación cuidadosa de los lazos entre oficiales del gobierno y los paramilitares.

 

 “Apoyo el plan que diga que existe una judicatura independiente que analiza cada cargo presentado, y cuando alguien sea encontrado culpable, habrá castigo”, dijo Bush. Él dijo que Uribe apoya el mismo enfoque. Los funcionarios de la administración Bush han dicho que Uribe merece crédito por estar dispuesto a buscar la verdad sobre el creciente escándalo.

 

Muchos demócratas en Washington son menos confidentes. El Sensor. Patrick J. Leahy, ha discutido que el escándalo demuestra la necesidad de una nueva valoración de la ayuda de los EE.UU. con Uribe. En el Congreso muchos afirman que si la ayuda a Colombia no se corta, por lo menos debe reformularse, de modo que se destine en mayor cuantía para propósitos no militares.

 

Uno de los funcionarios de los EE.UU. entrevistado ha dicho que hay signos señales de que el escándalo se está centrando cada vez más en los militares, incluyendo Montoya. “Muchos de la clase política están muy nerviosos”,  dijo.

 

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