Jueves, 29 Marzo 2007 19:00

LOS CRIMENES DE LA CHIQUITA BRANDS EN COLOMBIA

Escrito por Sinaltrainal
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Esta misma transnacional ahora conocida como la  CHIQUITA BRANDS o BANADEX S.A. el 15 de mayo de 2004 confesó haber entregado  1.7 millones de dólares en un periodo que va  desde 1997 hasta 2004 a las Autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).  Según el juez federal de los Estados Unidos  Royce Lamberte más de 100 pagos  fueron aprobados por directivos de alta jerarquía de la empresa con sede en Cincinnati - Ohio. Producto de la confesión una Corte Federal acepto provisionalmente el acuerdo entre la transnacional y la fiscalía y deberá pagar 25 millones de dólares en cinco cuotas de 5 millones cada una.

 

En octubre de 2001 la Comisión de Cambios y Valores de Estados Unidos le impuso a la Chiquita Brands una multa de 100.000 dólares, por haber sobornado a empleados del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia DIAN para que le expidieran la licencia aduanera y portuaria en el municipio de Turbo en el Urabá Antioqueño. El caso en Colombia fue archivado.

 

Impunidad Total.

 

Por esta y otras razones, el Tribunal permanente de los Pueblos que sesiona en el país desde el mes de abril de 2006, bajo la coordinación del OBSERVATORIO SOCIAL DE EMPRESAS TRANSNACIONALES, MEGAPROYECTOS Y DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA, inició un proceso de juzgamiento contra la  CHIQUITA BRANDS por los delitos de FINANCIAMIENTO DE GRUPOS TERRORISTAS y TRAFICO DE ARMAS CON DESTINO A GRUPOS PARAMILITARES EN COLOMBIA. El dictamen del tribunal en la audiencia agroalimentaria afirma: “En el caso de la transnacional Chiquita Brands, la relación entre empresa y paramilitarismo es más evidente, ya que fueron presentadas pruebas de que dicha empresa ha dado significativos aportes financieros a grupos paramilitares y en 2001 transportó 3000 fusiles AK 47 y cinco millones de proyectiles con destino a grupos paramilitares en Córdoba y Urabá, autores de varios miles de crímenes horrendos en dicha zona. Según las acusaciones, ningún proceso penal o disciplinario adelantado por las autoridades ha producido efecto, permaneciendo todos estos crímenes y procedimientos en absoluta impunidad. Por el contrario, quienes denuncian estas acciones criminales son judicializados, pasando de acusadores a acusados. En resumen, el terror laboral impuesto en Colombia por el Estado y las multinacionales, combina, para lograr  sus fines, estrategias legales e ilegales.”

 

El juicio ético y político que en el mes de abril del año anterior el Tribunal Permanente de los Pueblos iniciara, se refuerza de una manera muy importante con el acuerdo realizado entre Chiquita Brands y la fiscalía de los EU, pero aún falta mucho camino por recorrer, pues ni ha habido justicia ni a las victimas, familias, organizaciones sociales y población afectada por las atrocidades se les ha mitigado tanto dolor causado.

 

Continuamos exigiéndole a la Fiscalía General de la Nación claridad sobre estos hechos, ya que su silencio no solo la convierte en responsable por omisión, sino en agente de impunidad y generador de nuevos crímenes al no permitir que haya verdad, justicia y reparación.

 

Así como la Chiquita Brands , también la Drummond ha sido llamada a juicio por las Cortes federales de Alabama  en los Estados Unidos acusada por el asesinato de los dirigentes sindicales de Sintramienergética, Valmore Locarno, Víctor Hugo Orcasita y Gustavo Soler.  Este crimen hace parte de la serie de casos presentados ante el Tribunal Permanente de los Pueblos en su audiencia minera celebrada en Medellín en el mes de noviembre pasado.

 

 

Edgar Páez M.

Dirección Nacional 

SINALTRAINAL - Colombia

 

 

 

Marzo 29 de 2007

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