Sábado, 26 Noviembre 2011 18:02

El Acto Legislativo y la escoba... en el baile*

Escrito por Carlos García Bustos
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El Acto Legislativo y la escoba... en el baile*
El Acto Legislativo es el procedimiento por el cual se modifica la Constitución de 1991... el Constituyente Primario ha definido una herramienta para una redacción diferente, debe entenderse como una modificación aunque no de la idea, se le supone para precisar la redacción. Pero vale discutir que no se establece para generar una constitución distinta mediante sucesivos Actos Legislativos mediante una interpretación distinta al del Soberano o Constituyente Primario. Para eso está la vigilancia y control de la Corte Constitucional.

Sin embargo en la historia la clase política ha mantenido de manera recurrente   el hábito de destronar las respectivas Cortes Constitucionales como en el pasado y dejarlas sin influencia o simplemente anularlas. Eso fortalece al poder ejecutivo si cuenta con el poder legislativo, afirmando el modelo presidencialista. Se entiende que el Constituyente Primario en su mandato soberano ordena una Constitución para que prevalezca, que trascienda, y es la Corte Constitucional el noble cancerbero específico de esa obra magna de la voluntad popular total, por lo tanto no parece lógico ni procedente que otros mandatos parciales adopten funciones que no delegó el soberano absoluto, léase el Constituyente Primario a través de su Asamblea Constituyente.

Donde manda capitán no manda marinero dice el refrán popular y ello proviene mas allá del sentido común en igualdad con el buen sentido. Además reafirma la sabiduría común y del común, manifestada en un acto nacional de constitución. La Constitución de 1991 está acertadamente inspirada en la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región. Atendiendo que la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario lo sostienen los ciudadanos argentinos contra los gobernantes militares con una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón.

La Constitución de 1991 está en armonía con la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región, más allá e inclusive podía competir con las de las ex repúblicas soviéticas planteadas alrededor de la felicidad. Actualmente la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con que en Argentina se juzga a los ex-gobernantes militares se funda en una constitución que trató de manipular el olvido y el perdón. Poco favorable a las víctimas pero que con esfuerzo se está llegando a condenar el despojo de bienes.
En Chile prevalece la constitución de Pinochet con ciertos magistrados progresistas en medio de una ciudadanía dispersa en alegar sus derechos pero agitada. La Constitución de 1991 impresionó como una maravilla.

Es probable que exista una concepción más  técnica en el derecho para formular estas aseveraciones en torno a preservar la estructura de lo mandado desde el Constituyente Primario como fuente absoluta, sin discusión y que estipula la salvaguarda de evitar alteraciones a su mandato por sobre interpretar lo mandado.

Los Actos Legislativos tramitados y aprobados por el Congreso Nacional desde los primeros quiebran la mano del Constituyente Primario y al adoptar una función de sucedáneo del Constituyente Primario, un ente por encima del soberano como si aquel no existiera permanentemente detrás de tales alteraciones. Es insólito que alguien distinto enmiende una Carta Magna, génesis de un Constituyente Primario. Especialmente cuando hay recursos para requerir concepto, opinión o acuerdo a través de referendos o plebiscitos.  Además existiendo la Corte Constitucional definitiva. En ningún caso interina.

En cuanto al Poder Judicial y la defectuosamente llamada reforma a la justicia se ha develado que su problemática corresponde mayormente a la administración que conlleva principalmente lo presupuestal que es como unas riendas sobre el Poder Judicial. El problema del funcionamiento de la administración de justicia es un asunto de administración que reside en normas potestativas del Poder Ejecutivo que en correspondencia con sus atribuciones no las ha flexibilizado ni las ha hecho funcionales para administrar la rama judicial lo cual aparenta más una intervención, como se apuntó respecto a ponerle riendas, y no tanto ejercer correctamente el ejercicio de administrar para que el Estado, todo, funcione normalmente. Así las cosas habría un descontrol en la rama judicial no inherente a sus responsabilidades sino al poder(es) vecino(s). Susceptibles de normalizarse por vías menos espectaculares que las reformas constitucionales. Decretos especiales que aseguren sostenidamente el financiamiento presupuestal es un asunto de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo. Con el fin de que el Estado funcione debidamente y por lo tanto la Justicia, también la Educación, la Salud... con una financiación suficiente y necesaria para que así se afirme el Estado Social de Derecho. La Justicia y el sector social que demanda bienestar no deben continuar en el papel de cenicienta.

Para regular el gasto de la rama judicial hay decretos, decretos especiales si los anteriores no cotizan, leyes orgánicas si se le quiere dar mayor realce. Hay organismos contralores, control interno, etc. que pueden fiscalizar técnicamente el presupuesto.

La histórica disminución de las cortes constitucionales parece continuar todavía por cuanto no se ha percibido una majestuosa defensa de la actual constitución en los casos esperados. Son frecuentes sus cambios por medio de recurrentes actos legislativos. Así las cosas son los proyectos de ley quienes determinan una carta magna a través de los Actos Legislativos y menos que una constitución enmarque las leyes. En los primeros años de existencia hubo un órgano escrito, explicativo de la Corte Constitucional, respecto a la Constitución de 1991 que no puede ser reemplazado por los sitios web de hoy que obligan manejarse en el laberinto de una red todavía sin inventar. Inequitativo por cuanto se debe contar con un hilo de Ariadna al revés, para entrar no para salir, en la forma de poderosos motores con costosa arquitectura y sofware.
La Constitución de 1991 ha sido desfigurada por representantes en su mayoría pasajeros opuestos al permanente Constituyente Primario. Un irreconocible frankenstein sin amor por el soberano legítimo.

No se le puede achacar inflexibilidad por cuanto ha permitido la ley 100, la ley 30 y otras "ais" incubadoras de corrupción y o despilfarro, con pésimo manejo por la corruptela privada y pública. además de inequidades contra el soberano. Lo racional y justo que debe acaecer es un referendum  que vuelva a sus orígenes, o sea un regreso a su cauce original.
Que la Constitución del 91 elimine este frankenstein de Actos Legislativos con su comparsa de leyes y decretos desreguladores, privatizadores, exageradas entregas de territorios a la explotación descontrolada e incontrolada por transnacionales, costosas rebajas de impuestos y de regalías, sufridas flexibilizaciones laborales, pensionales y en salud y educación. 

Un país de leyes debe entenderse como tener conciencia de ellas y nunca una abrumadora biblioteca inmanejable en contra del espíritu del estado social de derecho que debe derivar hacia el trabajo con salarios justos y suficientes para una existencia digna de la familia. Que el capital y la tierra tengan una función social. Que se retome al ciudadano como un fin y nunca como un medio que es el significado de digno.

Sobra tanto esfuerzo en modificar la justicia normada por la Constitución de 1991 cuando se preve la necesidad de una trascendente reforma económica responsable, seria y sabia que está en mora desde pasados gobiernos. Tal estructura aceitaría convenientemente las piezas de las locomotoras como es debido haciendo inútil modificaciones que no son necesarias o que deben hacerse después de esa reforma económica que mantenga los recursos fiscales con finalidad social y no como una abstracta herramienta técnica con rubros hacia contrataciones matéricas antes que sociales y con fronteras pisos y cielos técnicos.

Se anularía el desmedido afán de congresistas ansiosos y codiciosos por pasar a la historia con leyes a su haber que irremediablemente pasan por un acto legislativo sin medir sus aspiraciones. No es exagerada esta afirmación cuando se escucha que el Congreso debe ejecutar una ley respecto a la justicia porque para eso es el Congreso. Hacer leyes. En sus intervenciones los magistrados de las altas cortes dieron cátedra sobre lo que debe aportarse y no tanto sobre lo modificable por necesidad. En resumen faltan recursos para destrabar ciertas funciones en la rama judicial como se recuerda acorde con la majestad que ella demanda. El problema se resuelve con más presupuesto como en otros tópicos como la Educación, la Salud... y no se solicitan recursos fiscales fuera de lo normal. Al fin y al cabo dentro del modesto tercer mundo Colombia tiene riquezas suficientes como se ha demostrado ante los ojos de todos si se suman las cantidades a rescatar en AIS, DNE, DIAN, y por la Superintendencia de Salud y otros billones sueltos sobre los cuales está la lupa de los organismos de control y la magistratura actual está en una actitud muy ágil en fortalecer el Estado. Resultaría desmotivador alterar el actual funcionamiento de ese poder que en lo reciente si no ha evitado un posible naufragio del Estado ha funcionado o lo ha prestigiado ante la comunidad internacional con sus sabias decisiones donde todo el mundo es consciente de la valentía requerida para ello.

Magistraturas internacionales consideran a nuestros magistrados así como el reconocimiento por renombradas personalidades de relevancia en el derecho internacional humanitario por nombrar lo menos. No se puede agregar más ya que hay mucho de modestia en las altas cortes en no cepillarse con sus buenas y dignas relaciones, alcanzadas y merecidas.

Lo importante es que ese prestigio tan esquivo para muchas instituciones de la Nación es de dominio de la ciudadanía que en mucho lo aprecia, como que hasta los medios lo han tenido que aceptar. En la actualidad han sido frecuentemente entrevistados los magistrados para conocer de asuntos de interés nacional. Es demasiado comentar que los magistrados son algo más populares, pero es de afirmar que se conoce sus existencias y la labor que han desempeñado y continúan en esta difícil actualidad.

A salvo de ser arrollado por un Acto Legislativo está quedando el Poder Judicial, una avalancha anunciada como todas y cuya atención y prevención, como todo desastre, corresponde al Estado.

*Carlos García Bustos, Profesor Asociado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Información adicional

  • Antetítulo:Colombia
  • Autor:Carlos García Bustos
  • Región:Suramérica
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