Sábado, 24 Marzo 2012 08:19

Conflicto armado: ¿Sin presos políticos?

Escrito por Angélica Chaparro
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Conflicto armado: ¿Sin presos políticos?
En mayo de 2011 el presidente Juan Manuel Santos reconoció la existencia del conflicto armado en Colombia, negado durante ocho años, con consecuencias muy negativas para la búsqueda de la paz.

Reconocer el conflicto trajo de regreso el tema a la agenda política nacional. Desde la expresión del presidente sobre “la llave de la paz”, hasta el Encuentro Nacional “El diálogo es la ruta”, realizado en agosto de 2011, se evidencian distintos intereses por retomar ese rumbo, entre ellos los recientes anuncios de la guerrilla de las Farc de liberación unilateral de todos los soldados privados de la libertad, y su renuncia al secuestro de civiles.

En medio de la guerra que azota a Colombia, y del desconocimiento de tal realidad por los poderes históricos que la controlan, otro tema tabú ha sido el de los presos políticos y prisioneros de guerra que que llenan las cárceles de Colombia. Ellas y ellos no han cesado en la búsqueda de un espacio de reconocimiento de su existencia, sus condiciones de reclusión y de la situación carcelaria en su conjunto. Para evidenciarlos, el 4 y 5 de junio de 2011 se realizó el encuentro “Larga vida a las Mariposas” que dio cuenta de la existencia de 7.500 personas privadas de la libertad por razones de conciencia o del conflicto armado interno.

Otra realidad dentro de las cárceles, fruto de la persecución política, es la de decenas de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes de organizaciones sociales, dirigentes campesinos, sindicalistas, abogadas y abogados que atraviesan procesos basados en montajes judiciales y que están privados de la libertad, incluso sin haber sido condenados. Es el caso del defensor de Derechos Humanos David Ravelo o de la defensora Yira Bolaños. Algunos han recuperado la libertad después de duras batallas jurídicas pero su situación jurídica se mantiene indefinida como ocurre con el defensor Carmelo Agámez o el defensor Winston Gallego.

El punto máximo de atención sobre el tema se logró el pasado 20 de marzo de 2012 cuando, durante 24 horas, cerca de 500 prisioneros de guerra y presos políticos realizaron una jornada de huelga de hambre y desobediencia civil en 16 centros de máxima seguridad, como protesta ante la negativa del gobierno nacional de permitir una visita humanitaria de verificación de sus condiciones de reclusión y el estado general de la situación penitenciaria: hacinamiento, falta de asistencia médica, pésimas condiciones de salubridad, trato discriminatorio e inhumano, amenazas para su vida e integridad.

El permiso para la verificación humanitaria había sido solicitado por la senadora Piedad Córdoba, en cabeza de “Colombianas y Colombianos por la Paz”, y de “Mujeres del Mundo por la Paz”, y autorizado en primera instancia por el Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, quien posteriormente lo revocó cuando el tema fue incluido por las Farc como condición para las liberaciones.

“Sólo hace falta que el presidente Juan Manuel Santos permita la visita humanitaria proyectada por Mujeres del Mundo por la Paz a los prisioneros políticos y de guerra en los centros de reclusión del país” señalan las Farc en el comunicado titulado Listos para iniciar proceso de liberación publicado el 16 de marzo. En respuesta, el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, como en los tiempos del Estatuto de Seguridad (1979-1982) lanzó la insólita afirmación de que en Colombia no hay prisioneros políticos.

"Existen presos de organizaciones criminales, de organizaciones armadas ilegales y presos que han violentado la ley. El Estado en Colombia no puede aceptar bajo ninguna circunstancia la existencia de presos políticos, eso sería aceptar la legalización de las organizaciones armadas ilegales y eso no lo vamos a hacer porque son contrarias a la democracia, al derecho de la población a vivir tranquilamente, en bienestar y en paz", afirmó el Vicepresidente.

A través de un comunicado, el “Colectivo de presos políticos y prisioneros de guerra Antonio Nariño de Cómbita, Boyacá”, respondió:"¿Cómo puede el Gobierno pretender hablar de paz y reconciliación nacional cuando desde el establecimiento política y mediáticamente se niega la existencia de presos políticos y de prisioneros de guerra, siendo nosotros en la realidad parte de este conflicto social y armado que padece la patria?” Para las y los prisioneros de guerra y presos políticos el hecho de ser condenados por el delito de rebelión es un claro reconocimiento de su carácter.

Eñ 22 de marzo, al término de la jornada de protesta y con algunos reclusos aún en huelga de hambre, las y los presos políticos presentaron un balance satisfactorio de su iniciativa. “Logramos sensibilizar a algunos sectores sociales y a organismos de derechos humanos de la necesidad de trabajar por el reconocimiento, la verificación y la discusión e interlocución en torno a esta problemática que nos aqueja son sólo a los presos políticos sino a todos los presos de Colombia”, dijo en una entrevista telefónica al Comité de Solidaridad con los Presos Políticos el vocero de la protesta en la cárcel de Cómbita, Boyacá, Nixon Barrera.

El tema es real e inocultable, claramente inseparable de la guerra que azota al país, a no ser que el vicepresidente, como lo asegurara hace 34 años el creador del Estatuto de Segurida, afirme que el único preso político que existe en Colombia es él.



Información adicional

  • Autor:Angélica Chaparro
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Equipo desdeabajo
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