Martes, 26 Junio 2012 08:44

El choque de los poderes públicos... la acción legislativa a la carta

Escrito por Carlos Gacía Bustos
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El choque de los poderes públicos... la acción legislativa a la carta
Hace décadas que se la define en Colombia como a la cenicienta, denominación connotativa para algunos aunque nítidamente denotativa por cuanto debió habituarse a un trabajo sisífico que se manifestó en un despertar, logrando un prestigio aún más allá de las fronteras. Esta época abunda en eventos en los cuales los poderes públicos, del Estado, son protagonistas de variadas conductas surgidas de los hábitos tradicionales denominados democráticos o atingentes al estado de derecho.

Aún con la Constitución de 1991 se vislumbraba imposible destrabar la inabordable acumulación de procesos, lo cual abriría la posibilidad de pasar por sobre ella sin que se reaccionara con la ejecución del proyecto de golpe re-fundacional esgrimido por una dirigencia político-terrateniente en alianza con sus respectivos grupos ilegales que patrocinaban y habían alcanzado una relevancia cuasi institucional. Para el Poder Judicial la insuficiencia de recursos fiscales no constituyó un escollo insalvable al iniciarse los procesos contra una corrupción de amplio espectro. Sorprendió la imparcialidad de la toga y su muestra de autonomía, una independencia de toda influencia o frente a cualquier presión ajena a la justicia. Dentro de una majestuosa modestia este poder judicial mostró su altura y su valerosa coherencia institucional, esencial actitud que contribuyó a la dignificación de los tres poderes como un hermano mayor irreductible.

Esta mirada es sostenible desde la reciente historia que casi es una esplendente mitología cuando el poder judicial colombiano revive desde sus cenizas en el todavía prolongado holocausto que busca también justicia, es decir, verdad. Es una historia, que no obstante luctuosa, dignifica a Colombia.

Poco se daba por la justicia después de su cremación. Inclusive los corruptos se tomaron confianza pensándola terminada o por lo menos debilitada y de fácil manipulación frente a cualquier voz tonante o amenaza demagógica. Menos mal que nos equivocamos hasta en la academia, cuando nos impresionaba contar sus valerosos mártires en extinción.

Recientemente, a pesar de conocer las necesidades presupuestales que se requieren para adelantar su pausado funcionamiento nos acostumbramos a su impertérrito paso en el marco descalzo. Así la propuesta de una reforma que superara las falencias logísticas de la justicia no despertó preocupación alguna sino hasta que se observó un abanico de actitudes en pro de una reforma con intereses espúrios cuando no revanchistas. Muchas proposiciones inestables y con aspectos al parecer positivas primero fueron advertidas y luego rechazadas de plano por magistrados y académicos cuando todo hacía pensar en un tránsito de consenso, como cuando el gobierno desayuna con sus bancadas.

Debe entenderse que no todo es obligatorio de legislar, menos cuando marcha bien... Es lo que sobresale en este ambiente posmoderno donde se respira neoliberalismo. Así las entidades se desregulan para su privatización. Sin omitir que la propia Constitución es un lejano remedo para muchos de su estado original... los programas de gobierno no se ejecutan de acuerdo a la Constitución sino ésta se adecúa a los programas que se juraron ejecutar de acuerdo a la Constitución y a las leyes. La carta magna surge como un estorbo y cada gobierno en alianza con sus bancadas recurre a los actos legislativos o leyes orgánicas, sin medir sus alcances para la Nación.

En el quehacer legislativo aparece una definida relación política entre dos poderes públicos que asumen la iniciativa, dentro de lo cual uno de ellos plantea que legisla con independencia, sin injerencias por cuanto dicha función les compete a ellos y la harán porque la harán. De esto resultaría conveniente evaluar si no existen propuestas de leyes reiterativas y hasta innecesarias, por cuanto con simples reglamentaciones se completarían, es el caso de leyes para la hoja de vida del congresista que no aporta sino propaganda al autor.

Hay excepciones, como en la Ley 100 que cada vez se aplaza mientras más colombianos caen en esa guerra también costosa para el erario, que principalmente depende del bolsillo ciudadano. Lo importante no deja ver lo evidente.

El Acto Legislativo es el procedimiento por el cual se modifica (y se continuará modificando) la Constitución de 1991... el Constituyente Primario definió una herramienta para una redacción diferente, debiendo entenderse como una modificación aunque no de la idea. Se le supone para precisar la voluntad del soberano. Pero vale recalcar que no se estableció para generar una constitución distinta mediante sucesivos Actos Legislativos. Las interpretaciones diversas a la del Soberano o Constituyente Primario debieran ser sometidas a consulta popular o referendum.

La vigilancia y control de la Corte Constitucional no es percibida por el ciudadano del común y ahora es imperiosa su actuación cuando es la esencia de un Poder Público lo que se proponen cambiar. Modificar su estructura ante el mundo significa un pésimo mensaje respecto al Estado del cual se llegó a comentar con temor que caería en fallido por opinadores internacionales y del interior. Lo que se investiga y/o procesa guarda relación con delitos de lesa humanidad. La atención internacional se mantiene no obstante los logros comerciales recientes que se tardaron por temas ad hoc con DDHH.

En la historia la clase política ha mantenido de manera recurrente   el hábito de destronar las respectivas Cortes Constitucionales como en el pasado y dejarlas sin influencia o simplemente anularlas. Eso fortalece al poder ejecutivo en alianza con el poder legislativo, afirmando el modelo presidencialista.

Se entiende que el Constituyente Primario en su mandato soberano ordena una Constitución para que prevalezca, que trascienda, y es la Corte Constitucional el noble cancerbero específico de esa obra magna de la voluntad popular total, por lo tanto no parece lógico ni procedente que otros mandatos pasajeros adopten funciones que no delegó el soberano absoluto, léase el Constituyente Primario a través de su Asamblea Constituyente en 1991.

Donde manda capitán no manda marinero dice el refrán popular y ello proviene mas allá del sentido común, en igualdad con el buen sentido. Además reafirma la sabiduría común y del común, manifestada en un acto nacional de constitución.

La Constitución de 1991 está en armonía con la carta de los derechos humanos de la ONU y fue una de las más adelantadas cartas magnas de la región, más allá e inclusive podía competir con las de las ex repúblicas soviéticas planteadas alrededor de la felicidad.

Actualmente la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional con que en Argentina se juzga a los ex-gobernantes militares se funda en una constitución que trataron de manipular con el olvido y el perdón también por sobre la voluntad del soberano. Poco favorable a las víctimas pero que con esfuerzo se está llegando a condenar el despojo hasta de sus bienes.

En Chile prevalece la constitución de Pinochet protectora de los victimarios, excepto por algunos magistrados que honran la majestad de la justicia en medio de una ciudadanía dispersa en el alegato de sus derechos, aunque se agita inconforme.

La Constitución de 1991 impresionó como una maravilla del derecho. Es probable que exista una concepción más  técnica en el derecho para formular estas aseveraciones en torno a preservar la estructura de lo mandado desde el Constituyente Primario como fuente absoluta, indiscutible y que estipula la salvaguarda de evitar alteraciones a su mandato por interpretar lo mandado.

Los Actos Legislativos tramitados y aprobados por el Congreso Nacional desde los primeros quiebran la mano del Constituyente Primario y al adoptar una función de sucedáneo del Constituyente Primario, se levantan intereses por encima de la voluntad del soberano como si aquel no existiera permanentemente ante dichos propósitos de alterarla. Es insólito que alguien distinto enmiende una Carta Magna, génesis de un Constituyente Primario. Especialmente cuando hay recursos para requerir concepto, opinión o acuerdo a través de referendos o plebiscitos.  Además existiendo la Corte Constitucional definitiva. Y en ningún caso interina, ficticia, virtual, simbólica o sucedánea.

En cuanto al Poder Judicial y la llamada reforma a la justicia se ha develado su inconformidad acompañada de un clamor algo indiferente y distraído por declaraciones emboscadas que desestabilizarían la institucionalización de la justicia con la consiguiente debilitamiento de ese Poder tan prestigiado a la mirada mundial. La problemática a corregir por la reforma debiera corresponder a la administración que conlleva principalmente afinar lo presupuestal que es como unas pretendidas riendas sobre el Poder Judicial. El problema del funcionamiento de la justicia es un asunto de administración que reside en normas presupuestales potestativas del Poder Ejecutivo que en correspondencia con sus atribuciones no las ha flexibilizado ni las ha hecho funcionales para la rama judicial lo cual aparenta más una intervención, como se apuntó respecto a ponerle riendas, y no tanto ejercer correctamente el ejercicio de administrar para que el Estado, todo, funcione normalmente con independencias de poderes en armonía.

Curiosamente aquí no se traen indicadores como los de organismos internacionales sobre su jibarización en relación con una demografía con pletórico índice de delitos también comunes. Así las cosas, habrían falencias que descontrolan la rama judicial que no son inherentes a sus responsabilidades sino a poder(es) vecino(s). Susceptibles de normalizarse por vías menos espectaculares que las reformas constitucionales. Decretos especiales que aseguren sostenidamente el financiamiento presupuestal es un asunto de obligatorio cumplimiento para el ejecutivo. Con el fin de que el Estado funcione debidamente y por lo tanto la Justicia como viene haciéndolo, afirme el Estado Social de Derecho.

La Educación y la Salud también vieron reformado el crecimiento de sus presupuestos porcentualmente en pesos contantes que retornó a la discreción del ejecutivo ante el vértigo de una quiebra fiscal. Una angustia infundada toda vez que la propia corrupción demostró un volumen de fondos suficientes como los que estaban a punto de embolsillarse. 

La Justicia y un sector social que demanda bienestar no deben continuar en el papel de cenicienta por mucha nostalgia que se despierte en franjas dirigentes por retroceder al lapso 1986-1990.

Para regular el gasto de la rama judicial hay decretos, decretos especiales si los anteriores no cotizan, leyes orgánicas si se le quiere dar mayor realce. Hay organismos contralores, control interno, etc. que pueden fiscalizar técnicamente el presupuesto... como se hace con el Congreso. Pero, reformar se interpreta como desarmar, desactivar o anular la justicia en su esencia al pretender privatizarla, tercerizarla y hasta cobrar por sus servicios, ya no derecho a ella. Con lo que será inalcanzable para el pobre y abre un portón a la impunidad mediante la favorabilidad de la ley cuando se legisla cambiar los procesos de investigar y juzgar a los congresistas. O sea, la reforma incluye una suerte de auto legislación a la carta y sin votos impedidos, ni voces que se declaren impedidas por opinar indebidamente, o sea, éticamente e inoportuno.

La histórica disolución de las cortes constitucionales parece continuarse todavía por cuanto no se ha percibido una majestuosa defensa de la actual constitución en los casos esperados. Son reiterados sus cambios por medio de recurrentes actos legislativos que la han desfigurado. Así las cosas son esos proyectos de ley los cuales están determinando otra carta magna a través de los Actos Legislativos y la constitución por la que se jura no enmarca las leyes.

La carta, en sus primeros años de existencia, tuvo un órgano escrito, explicativo de la Corte Constitucional, respecto a la Constitución de 1991 que no ha podido ser reemplazado por los sitios web de hoy que obligan manejarse en el laberinto de una red todavía sin inventar. Indescifrable por cuanto se debe contar con un hilo de Ariadna al revés, para entrar no para salir, en la forma de poderosos motores con costosa arquitectura y software.
La desfiguración de la Constitución de 1991 por representantes en su mayoría pasajeros está en contradicción con el permanente Constituyente Primario, sino perpetuo en lo relativo al bienestar ciudadano. Un irreconocible frankenstein sin amor por el soberano legítimo.

Las sucesivas reformas a la carta de la Constitución de 1991 no se pueden justificar achacándole inflexibilidad por cuanto ha permitido la ley 100, la ley 30 y también la de "ais", incubadoras de corrupción y/o despilfarro, con pésimo manejo por la corruptela privada y pública, además de inequidades contra el soberano. Lo racional y justo que debe acaecer es un referendum  que vuelva a sus orígenes la carta, o sea un regreso a su cauce original.
Que la propia Constitución del 91 elimine este frankenstein de Actos Legislativos con su comparsa de leyes y decretos desreguladores, privatizadores, exageradas concesiones de territorios a la explotación descontrolada e incontrolada por transnacionales, costosas rebajas de impuestos y de regalías mal negociadas, sufridas flexibilizaciones laborales, pérdidas pensionales y en salud y educación. 

Un país de leyes debe entender cómo tener conciencia de ellas y nunca como una abrumadora biblioteca inmanejable en contra del espíritu del estado social de derecho que debe derivar hacia un trabajo con salarios justos y suficientes para una existencia digna de la familia. Que el capital y la tierra tengan una función social. Que se retome al ciudadano como un fin y nunca como un medio que es el único significado de digno.

Se desperdicia tanto esfuerzo en modificar la justicia normada por la Constitución de 1991 cuando no se previene la necesidad de una trascendente reforma económica responsable, seria y sabia que está en mora desde pasados gobiernos. Tal estructura lubricaría convenientemente las piezas de las locomotoras como es debido haciendo inútil modificaciones innecesarias o que deben hacerse después de esa reforma económica para mantener los recursos fiscales con finalidad social y no como una abstracta herramienta técnica con rubros hacia contrataciones matéricas antes que sociales y con fronteras pisos y cielos técnicos.

De paso que se desmonte esa desconfianza en la Colombia pujante que se evidencia en el pesimismo de legislar una sostenibilidad de los recursos fiscales, que es como un mal mensaje, toda vez que las recientes crónicas sobre las corrupciones y despilfarros muestran innecesaria dicha sostenibilidad limitante cuando solo es necesario recuperar lo que quieren robar y además los salvamentos del sistema financiero por los colombianos hacer resaltar el vigor competitivo.

Se anularía el desmedido afán de congresistas ansiosos y codiciosos por pasar a la historia con leyes a su haber que irremediablemente pasan por un acto legislativo sin medir sus aspiraciones. No es exagerada esta afirmación cuando se escucha que el Congreso debe ejecutar una ley respecto a la justicia porque para eso es el Congreso... hacer leyes. En sus intervenciones los magistrados de las altas cortes dieron cátedra sobre lo que debe tratarse y no tanto sobre lo modificable por intereses. El resumen del tema radica en la falta de recursos para destrabar ciertas funciones en la rama judicial como se recuerda acorde con la majestad que ella demanda. El problema se resuelve con más presupuesto como sucede en otros tópicos como la Educación, la Salud... (no se solicitan recursos fiscales fuera de lo normal). Al fin y al cabo dentro del modesto tercer mundo Colombia tiene riquezas suficientes como se ha insistido ante los ojos de todos si se suman las cantidades a rescatar en AIS, DNE, DIAN (20 billones de pesos en evasiones), y EPSs por la Superintendencia de Salud y otros billones sueltos sobre los cuales está la lupa de los organismos de control y la magistratura actual está en una actitud muy ágil en fortalecer el Estado. Resultaría desmotivador alterar el actual funcionamiento de ese poder que en lo reciente si no ha evitado un posible naufragio del Estado ha funcionado y lo ha prestigiado ante la comunidad internacional con sus sabias decisiones donde todo el mundo es consciente de la valentía requerida para ello.

Magistraturas internacionales tienen en estima a nuestros magistrados así como el reconocimiento por renombradas personalidades de relevancia en el derecho internacional humanitario, por indicar lo menos. No se debe agregar más, ya que hay mucho de modestia en las altas cortes en no cepillarse por sus buenas y dignas relaciones, alcanzadas y merecidas.

Lo importante es que ese prestigio tan esquivo para muchas instituciones de la Nación sea de dominio de la ciudadanía que en mucho lo aprecia, como que hasta algunos medios a regañadientes lo han tenido que aceptar. En la actualidad han sido entrevistados los magistrados para conocer de asuntos de interés nacional, pero suman más los minutos de declaraciones de los otros poderes. No hay equidad en el uso de los medios. El comensalismo no es inherente al ambiente del magistrado. El síndrome de la cenicienta persigue a la justicia. Sobra comentar que los magistrados son algo más que populares, pero es de afirmar que se reconocen sus existencias y la labor que han desempeñado y continúan en esta difícil actualidad.

A punto de ser arrollado por una alianza de poderes está quedando el Poder Judicial, una avalancha anunciada como todas y cuya atención y prevención, como todo desastre, impacta al Estado. Es decir a todos.
A la ciudadanía en su despertar ante el fragor de este choque de poderes públicos, que no de locomotoras o trenes con maquinistas que han desayunado juntos, que en este instante es de dos contra uno, le conviene ser consultada.
Podrá ser plausible recurrir a la intervención internacional, pero no debe olvidarse la existencia de la Corte Constitucional, cuya función no se trascribe por respeto. Pero, está en deuda en su misión de cautelar la Constitución, bombardeada reiteradamente por actos legislativos. El reciente arrodilla la descentralización con el retorno de una forma de centralización al reglar el régimen de regalías. Hasta hoy nos hemos acostumbrado a devoluciones de leyes, declaraciones de inexequibilidad por formas o procedimientos, y se esperan también pronunciamientos de fondo ante la pretensión de reforma indebidas a la carta... aunque desde luego existan sectores convencidos e interesados por reformar lo que no se debe.

*Carlos Gacía Bustos, Profesor Asociado en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Información adicional

  • Autor:Carlos Gacía Bustos
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
Visto 3519 vecesModificado por última vez en Martes, 26 Junio 2012 18:22

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