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Viernes, 14 Diciembre 2007 19:00

Convocatoria a constituir una Alianza Nacional por la Paz. Documento Público del Parlamento Indígena y Popular

Escrito por ONIC
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Tanto el XII Congreso Regional Indígena del Cauca en año 2005, realizado en Caldono y el Congreso Extraordinario de la María realizado en año el año 2007, indicaron la necesidad de una instancia que proponga e identifique normas que rectifiquen el proceder institucional nacional que afecta los derechos fundamentales e históricos de los pueblos indígenas, tomando como base el Derecho Mayor y la Ley de Origen.
Insistiendo en esa iniciativa, las comunidades Indígenas del departamento del Cauca, en conjunto con otras organizaciones sociales y la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC, iniciamos la conformación del Parlamento Indígena Popular ante el desconocimiento de nuestros derechos, que a pesar de haber sido plasmados en la Constitución Colombiana y en acuerdos y pactos internacionales, son ignorados en la práctica administrativa y en las leyes de despojo territorial que se han venido aprobando en nuestro país, y que hoy amenazan nuestra pervivencia.  

Esta iniciativa la desarrollamos dentro del marco del “mandato por la Dignidad y la Construcción de un Nuevo País” dado por pueblos indígenas en compañía de algunas organizaciones sociales del Cauca en sesión de 9 de agosto de 2007 en el recinto del Congreso de la República, que incluyó como uno de sus puntos básicos conformar el Parlamento Indígena Popular para legislar según las indicaciones de las autoridades espirituales, el Derecho Mayor y las leyes de origen de cada uno de nuestros pueblos.
El mandato asumió temas globales de impacto para el movimiento indígena y popular tales como: Consulta Previa, Autonomía y Leyes Propias, Tratado de Libre Comercio con los EEUU, y Mandato Agrario.

En el mes de noviembre, ante la decisión de las comunidades y autoridades tradicionales indígenas de reiniciar los procesos de Liberación de la Madre Tierra, El Consejo Regional Indígena del Cauca, en unidad con la Organización Nacional Indígena del Colombia. ONIC, convocó a sesiones al Parlamento Indígena Popular que comenzó a deliberar el 22 de noviembre del presente año, en el Territorio de Convivencia, Diálogo y Negociación de La María, Piendamó, el cual, en primer lugar, recogió información de los pueblos Nasa, Totoroes, Kokonuko, Yanacona, Eperara Siapidara, Polindara y Guambiano que realizan rituales, mingas y otras actividades de exigibilidad en municipios del Cauca y Huila.
Reunido el Parlamento Indígena Popular, analizó las razones que justifican las acciones de las comunidades indígenas:
1.    Reiterar nuestra convicción de defensa y liberación de la madre tierra, ante la agresión de la que viene siendo victima por parte del gobierno nacional, las multinacionales, los megaproyectos y los comerciantes nacionales e internacionales; en el sentido de apoyar las acciones que están desarrollando las comunidades por la Liberación de La Madre Tierra.
2.    Exigir cumplimiento al gobierno nacional sobre los compromisos pendientes con comunidades y organizaciones indígenas del Cauca, en especial el acuerdo del Nilo y el decreto 982, así como a la garantía de los derechos fundamentales de los pueblos, entre ellos el acceso integral a la tierra.
3.    Reclamar del Estado Nacional agilizar las resoluciones de ampliación de los resguardos con los predios que se encuentran a nombre de Fondo Nacional Agrario, muchos de los cuales con más de 20 años.
4.    Resaltar que la Madre Tierra es una propiedad colectiva integral, que incluye el suelo, subsuelo y el espacio aéreo circundante, con calidad de inembargable, imprescriptible e inajenable.
5.    Demandar enmienda errores cometidos por el Incoder a nombre del Gobierno nacional, como el realizado al adquirir el predio Villa Carola con destino a población desplazada, desconociendo que su ubicación está dentro del ámbito territorial indígena de Poblazón y que existe compromiso de adquirirlo para el pueblo Kokonuko por parte del Estado colombiano desde antes de 1992.
6.    Descubrir las trabas jurídicas inconstitucionales, insertas en los Planes de Ordenamiento Territorial de varios municipios del Cauca con las cuales el Estado prohíbe la venta de tierras a comunidades indígenas.
7.    Evidenciar la política de expropiación impulsada por el gobierno nacional que pone en duda la vigencia de los títulos coloniales, legitimando la usurpación del territorio indígena por parte de particulares como lo valida el Estatuto de Desarrollo Rural.
8.    Denunciar que dichos conceptos racistas y discriminatorios fueron pasados por alto por los organismos de control del Estado y paradójicamente recogidos por los ministerios de agricultura y del Interior y de Justicia que los presentaron al Congreso nacional el cual los incluyó como norma en el proyecto de contrarreforma agraria conocido como Estatuto de Desarrollo Rural.
9.    Recordar que Territorio implica Autonomía, lo cual significa que los diversos programas y proyectos que se implementen en nuestras comunidades se guiarán solo bajo los mandatos de los Congresos y Juntas Directivas Regionales de Cabildos en el Cauca.
10.    Saludar la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU, denunciando que fue votada en contra por Estados Unidos y Canadá mientras que el gobierno colombiano se abstuvo argumentado que contradice la juridicidad colombiana.
11.    Convocar a la población agraria y sectores sociales populares del país para que tejamos de manera conjunta la defensa territorial, rechacemos las leyes y tratados que ponen en riesgo nuestras vidas y formas culturales y continuemos unidos construyendo el país que soñamos los sectores populares.

El Parlamento también observó que la primera reacción del gobierno colombiano ante las acciones de Liberación de La Madre Tierra, fue la de activar sus fuerzas represivas e iniciar un plan mediático de desinformación a la opinión pública con el cual fomenta de forma irresponsable y mentirosa la idea que los pueblos indígenas cohonestan con los intereses de la guerrilla de las Farc. Este discurso gubernamental no difiere en nada de los argumentos utilizados por los primeros invasores de América desde hace más de 500 años, mediante el cual los diferentes poderes han justificado históricamente los desplazamientos forzados, las masacres y los genocidios de pueblos enteros.
Los informes dan a conocer que las acciones de Liberación de La madre Tierra se están realizando en 7 municipio del Cauca y dos del Huila y que las comunidades han efectuado actos rituales en más de 15 fincas donde hacen presencia en la actualidad.

El Parlamento cuestiona la difamación continua que hace el gobierno departamental frente al proceso de los pueblos indígenas, así como el uso de procedimientos velados e intimidatorios usados por los organismos de investigación, con los cuales se crea zozobra en las comunidades, considerando repudiables las acciones violatorias a los derechos humanos desarrolladas por las fuerzas combinadas del ejército y la policía nacional en contra de nuestra gente, a la cual han atacado con tanques de guerra, armas de fuego, gases, papas explosivas, caucheras y granadas que contienen balines y otros artefactos, afectando a varios comuneros con lesiones permanentes, especialmente en las fincas La Emperatriz y el Japio, ubicadas en Caloto, y la Perla en el oriente caucano.

En conclusión, el Parlamento Indígena Popular, comparte las apreciaciones comunitarias que dan razón a sus acciones: La Madre Tierra está enferma, La Madre Tierra está perseguida por el Gobierno colombiano, La Madre Tierra es prisionera del capital transnacional, La Madre Tierra tiene vigilancia privada a nombre del gobierno colombiano.

En segundo lugar, el Parlamento indígena Popular considera que en las condiciones de la legalidad existente se dificultan las posibilidades para que el Estado cumpla con sus compromisos adquiridos con las comunidades indígenas, porque el gobierno nacional, dada su influencia en el Congreso de la República y a su parcialidad con el capital financiero multinacional ha presionado la emisión de leyes que favorecen el monopolio de la propiedad privada, limitando y poniendo en riesgo la tenencia colectiva y comunal de la tierra.

Identifica el Parlamento indígena Popular que la seguridad democrática, como política central del gobierno nacional responde a mandatos internacionales que privilegian el achicamiento del Estado y el control central de las instituciones, pero en especial favorece al capital multinacional. De ahí que la política privilegie las acciones militares y la coacción violenta frente a iniciativas de solución pacifica o negociada. Se puede sospechar que la política de seguridad democrática, más que poner fin al conflicto armado, lo usa para mantener argumentos que justifiquen la represión de las voces críticas o la exigibilidad de derechos y garantías constitucionales. Palabras como soberanía cambian para sustituirlos por los de guerra fría, presencia del demonio comunista y peligro del terrorismo, con lo cual se argumentan discursos como los del gobernador Chaux, quien vocifera que las acciones de Liberación de La Madre Tierra  son impulsadas por la Jacobo Arenas cuyas filas están integradas por indígenas que defienden los laboratorios del narcotráfico.

Es claro para este parlamento que la propiedad colectiva sigue siendo un obstáculo para el actual modelo económico, ya que gran parte de las riquezas naturales y del subsuelo están en áreas indígena o afros. No es casual que Tanto Estados Unidos y Canadá, no votaran la declaración Universal de los derechos de los pueblos indígenas, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, y que Colombia se abstuviera argumentando que contradice las leyes nacionales.
Las noticias son alarmantes, pues los territorios indígenas continúan sufriendo procesos de degradación de suelos y deforestación, con la consecuente perdida de la biodiversidad y la deforestación de áreas ancestrales debido a la presión del modelo económico que privilegia los monocultivos, entre ellos la estrategia de romper el tejido social mediante la presencia de cultivos para usos ilícitos o la entrega de vastos territorios al capital multinacional.

En este sentido, entendemos que el código minero, aprobado por el actual Congreso de la República, solo permite la minería conocida como “a cielo abierto”, práctica en la que se especializan las multinacionales. Dicha normatividad facilita la entrega de vastos territorios al capital internacional, haciendo ver que la capacidad financiera y técnica para explotar a cielo abierto nunca será superada por los mineros artesanales.
Compartimos con otros sectores sociales del país que el estatuto de desarrollo rural da al traste con la intención social de una verdadera reforma agraria, y que por el contrario busca garantizar la obtención de recursos económicos en una concepción monopólica y mercantilista, en defensa de los capitales económicos privados, en donde la ganancia se individualiza y las perdidas se socializan, debiendo asumirlas en últimas el Estado.

Con la implementación de políticas reduccionistas, homogenizantes y globalizantes el Estado no solo desconoce las particularidades de la nación colombiana sino que impide garantizar los derechos fundamentales de los pueblos ancestrales. La política expresada en las leyes de transferencias, salud y educación son proclives a la privatización de los derechos, colocando en alto riesgo la vida y la continuidad de nuestros pueblos, pues desconoce la propiedad colectiva y los saberes ancestrales, limita, además, las obligaciones estatales con relación a los derechos fundamentales de salud y educación.
En este orden de ideas el plan de desarrollo del segundo mandato de Uribe, con su estrategia de recuperación social del territorio es la culminación del modelo iniciado con el plan Colombia, cuyo fin es quitarle la tierra a los indígenas, a los afros y a los campesinos pobres, ya que combina la acción militar con tareas civiles, facilitando así el desplazamiento forzado para brindar garantías al comercio de la tierra y la entrega los territorios ancestrales a la explotación global, limitando y menoscabando las bases reales del Estado Social y Democrático de Derecho.

Con base en los anteriores fundamentos el Parlamento Indígena Popular, atendiendo al llamado de la madre tierra y a la convocatoria de las autoridades espirituales, así como a  la memoria colectiva, al caminar de la palabra y a la acción de nuestros pueblos, hemos sesionado haciendo uso del Derecho Mayor, de la Ley de Origen y del reconocimiento a la diversidad contenido en la Constitución colombiana, y como resultado de este ejercicio presentamos a las autoridades indígenas del Cauca, agrupadas en el CRIC, un paquete normativo referido a desobediencia Civil,  Autonomía y derechos fundamentales como Tierras, Naturaleza y medio ambiente, Salud y Educación entre otros, con el fin que sea acordado y exigido como política nacional en nuestros territorios, buscando que otras regiones y pueblos indígenas del país lo acojan para que sean una lucha conjunta y de unidad social en perspectiva de fortalecer el Estado justo que buscamos los sectores mayoritarios de Colombia.

TERRITORIO DE CONVIVENCIA DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN DE LA MARÍA, PIENDAMÓ, CAUCA  [ 12/14/2007]
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