Viernes, 24 Julio 2015 11:41

Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá

Escrito por Allan Bolívar
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Con proceso judicial viciado pretenden condenar a trece estudiantes en Bogotá

El pasado 2 de julio dos explosiones sacudieron Bogotá: una de ellas en el sector financiero de la calle 72 con carrera 10ª, la segunda en la industrial Puente Aranda; dos sedes del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir fueron el blanco de las explosiones. Los heridos y los daños generados por estas, fácilmente se hubieran disuelto entre otros acontecimientos de la cotidianidad local, o las coyunturas del orden nacional impuestas por los medios de comunicación hegemónicos en cualquier otra ciudad, pero por tratarse de la capital, y del fondo de pensiones y cesantías más grande del país, a cuyas arcas han confiado su futuro poco más de 9.8 millones de trabajadores colombianos, el silencio fue roto por el escándalo.

 

Los atentados cuestionan la seguridad de Bogotá

 

Hasta ahora, y durante lo corrido del 2015, son ocho los atentados con explosivos registrados en la capital. Voces de protesta e indignación se levantaron en la ciudad pues la frecuencia de estas explosiones dan cuenta de una situación que Bogotá había aprendido a olvidar: la confrontación entre ciudadanos de una misma nación que por muchos años ha sacudido extensas zonas del país.

A propósito de estos sucesos, uno de los primeros en pronunciarse fue el candidato a la alcaldía capitalina Rafael Pardo, quien pocos minutos después de la explosión pronunció en la calle 72: "La reaparición del terrorismo en Bogotá tiene que ser contrarrestada con toda la energía con toda la fuerza. Bogotá vivió momentos de terrorismo hace dos décadas y los ha superado y no puede volver a eso". En igual sentido se pronunció el Ministro del Interior Juan Fernando Cristo "[...] no vamos a permitir que se vuelva a épocas del terrorismo en Bogotá [...] lo que hay que dar es un parte de tranquilidad a los habitantes de Bogotá, que las autoridades están al frente de la situación, que hay allí unos indicios [...] ojalá las autoridades de Policía y Fiscalía puedan avanzar rápidamente para determinar los responsables y para proceder a su individualización y captura [...]".

Reacción pronta. Tras escasos seis días, el 8 de junio, fue desarrollado un cinematográfico operativo que terminó con la captura de los presuntos responsables de los atentados: 15 jóvenes entre los que se encontraban estudiantes de dos universidades, la Nacional y la Pedagógica, además de funcionarios del Distrito. Un operativo exhibido como espectáculo, que contó con el despliegue de fuerzas especiales de tierra (Grupo de Operaciones Especiales - Goes) y aire de la Policía, y que tras 12 allanamientos expuso ante los medios de comunicación a los detenidos, condenados de antemano, exhibidos como 'cabeza de turco', evidencia de 'eficacia' y de 'presteza' estatal, evidencia de la 'pronta respuesta oficial ante el temor de inseguridad que manifestaba la ciudadania' y de la omnipotente estatal.

 

Los medios de comunicación también juegan la partida

 

Fueron los mismos medios de comunicación oficiosos, con vínculo directo con las agencias de inteligencia del Estado, quienes difundieron el material fílmico de uno de los allanamientos llevados a cabo a propósito de estos hechos, donde quedó registrado el despliegue de un helicóptero, además de fuerzas especiales de tierra; medios de comunicación que, una vez más, quedaron a cargo de responsabilizar públicamente a los capturados por los atentados aquí enunciados, además de algunos disturbios que sucedidos meses atrás y que habían tenido como epicentro la Universidad Nacional.

Medios que no solo hicieron eco de las palabras del director de la Policía, General Rodolfo Palomino, quien señaló públicamente a los estudiantes como pertenecientes a una célula naciente del Eln –que contrataba servicios de delincuencia para colocar artefactos–, sino que también usaron deliberadamente imágenes publicadas en las redes sociales de algunos de los implicados, para mostrar el rostro de los responsables y la veracidad de las acusaciones de la Policía, pisoteando la presunción de inocencia de los detenidos, suplantando el rol de la Fiscalía General de la Nación como ente acusador y el rol de los jueces de la República; extralimitación de funciones que llegaron, como si fuera poco, a conclusiones apresuradas que pueden repercutir en la seguridad de los capturados, de sus familias y de las organizaciones políticas a las que pertenecen . "Se trata de una buena noticia para el país que demuestra la eficacia de la investigación por parte de las autoridades", publicó el 8 de julio la revista Semana.

Por fortuna, otras voces también ganaron audiencia, como las de Alfredo Molano quien escribió en su columna de opinión: "Pese al bombardeo mediático al que ha sido sometida la opinión pública, queda aún un cierto olfato que duda del triunfalismo amarillista que explota en los batallones y en las estaciones de Policía cuando los mandos quieren mostrar resultados de contragolpe. Casos como el de Jubiz Hazbún –miserablemente condenado a cuatro años de cárcel por el caso de Galán– no sirvieron al intrépido general Palomino para evitar una arbitrariedad similar a la cometida por los generales Peláez y Maza Márquez en 1989".

 

Surgen dudas sobre el proceso

 

La cifra de capturados se redujo muy pronto, pues pocas horas después de su detención fueron dejados en libertad dos de los estudiantes sindicados. Las autoridades argumentaron que no había material probatorio para deducir que estuvieran vinculados a las milicias del Eln, responsable de los atentados

¿Pero, tendrían pruebas suficientes para probar la pertenencia a la organización guerrillera de los demás capturados? Pronto también comenzaron a devalarse algunas dudas. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional, Adolfo León Atehortúa, se pronunció el 9 de julio: "Institucionalmente la Universidad Pedagógica Nacional puede dar fe que entre los estudiantes capturados, que están matriculados en la universidad, el día de los atentados en Bogotá se encontraban en un desplazamiento fuera de la ciudad con participación institucional".

A sus declaraciones siguió una intensa campaña en redes sociales y medios de comunicación de organizaciones sociales y políticas que reclamaban la inocencia y la puesta en libertad de los jóvenes detenidos. Una de las voces que se levantaron en su defensa fue la del senador del Polo Democrático Alberto Castilla quien afirmó: "En una estrategia usual de la justicia colombiana, se está realizando un montaje judicial que tiene una doble finalidad: mostrar resultados ante la opinión pública y estigmatizar al movimiento social para frenar su acción política [...] Estos líderes están siendo víctimas de 'falsos positivos' judiciales. Estamos ante montajes que persiguen la presentación de resultados positivos en la labor investigativa, aunque para ello se tengan que valer de información falsa y de la violación de derechos". El abogado defensor Jorge Molano también se manifestó diciendo: "Aquí se está persiguiendo la labor de personas que hacen parte de movimientos políticos, de organizaciones de derechos humanos o estudiantes, y se repite la misma práctica del general Palomino de perseguir a quienes ejercen derechos, participan en manifestaciones o plantean disidencias frente a este Gobierno".

El respaldo de las organizaciones políticas y sociales no ha faltado: en comunicado firmado por el Congreso de los Pueblos y 238 organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, ambientalistas y de derechos humanos, denunciaron los hechos como violaciones a los derechos de asociación y de protesta, debido proceso y expresión, a la presunción de inocencia por las declaraciones de la Presidencia de la República, la alcaldía de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación: "Ante estos hechos, denunciamos que la mayor parte de las personas detenidas y judicializadas son reconocidos dirigentes estudiantiles, campesinos, periodistas, funcionarios de la Alcaldía Distrital y defensores y defensoras de derechos humanos que han venido públicamente liderando la defensa de la educación pública, los derechos de los campesinos y la construcción de la Paz. Once de las personas detenidas pertenecen a su vez a organizaciones integrantes del Congreso de los Pueblos. Las detenciones realizadas están encaminadas a perseguir y criminalizar la protesta social y la libertad de expresión en Colombia, y a obstaculizar la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una paz estable y duradera".

En el limbo quedaron las declaraciones del General Rodolfo Palomino quien insistió en argumentar la responsabilidad de los implicados en los atentados que desde el 20 de julio del 2014 (atentado contra el CAI de Lourdes) impactan a la capital, sosteniendo la seriedad y el profesionalismo de la investigación judicial y la utilidad del apoyo aéreo para asegurar que no se escapara ninguno de los estudiantes que iban a ser capturados.

Hasta el momento, en las audiencias de acusación contra los estudiantes detenidos, la Fiscalía ha imputado los delitos de rebelión, terrorismo y violencia contra servidor público a tres de los implicados, mientras que los otros detenidos están siendo juzgados por los delitos de fabricación, porte y tráfico de explosivos de uso privativo de las fuerzas militares, violencia contra servidor público cometidos, de acuerdo al ente acusador, durante los disturbios acaecidos en la Universidad Nacional el pasado veinte de mayo.

Ante estas circunstacnias, ¿dónde quedó, entonces, la versión de la célula guerrillera del Eln que contrataba servicios delincuenciales para colocar artefactos explosivos en la ciudad? Hay una visible incongruencia en el manejo de la información por parte de la Policía y la Fiscalía, que no solo confunde a parte de la opinión pública, sino que también extiende un manto de dudas respecto a la forma como conducen la investigación y el manejo del material probatorio. Su actuación inicial parecía afanarse por justificar el tamaño del operativo –del espectáculo– desplegado tras los supuestos terroristas, invocando un trabajo investigativo de alto profesionalismo técnico que sin embargo no fue capaz de "encontrar", según sus mismas declaraciones, en más de un año de seguimientos, material probatorio con el cual: 1. Asegurar que todos los implicados quedaran tras las rejas 2. Lograr la imputación de los delitos de rebelión y terrorismo a todos los capturados y, 3. Presentar pruebas contundentes de la vinculación de los jóvenes a la guerrilla del Eln.

 

El caso de Paola Salgado Piedrahita

 

Uno de los casos con el que han buscado llamar más la atención capitalina y del conjunto nacional, es el de la contratista del Distrito, feminista y defensora de derechos sexuales de la mujer Paola Salgado Piedrahita, blanco principal, junto con David Camilo Rodríguez ("El Profe") del accionar ligero y poco profesional de los medios de comunicación oficiosos.

Salgado Piedrahita fue detenida en su apartamento del barrio Nicolás de Federman en la mañana del ocho de julio cuando agentes de la Sijin llegaron a su apartamento con una orden de captura vigente y la condujeron hasta los juzgados de Paloquemao. Desde entonces es mucho lo dicho sobre esta activista. desdeabajo contactó a su mejor amiga –de quien reservamos su nombre por solicitud de ella misma– y voz autorizada de la familia para este insuceso, quien compartió sus impresiones sobre lo que está sucediendo con la sindicada, y sobre las afectaciones emotivas que para su familia ha traído el proceso.

Nuestra entrevistada, quien conoce a Paola Salgado desde el año de 1999, recibió el 8 de julio una llamada de parte del esposo de Paola quien le comunicó la noticia: "Cómo a las diez de la mañana me dicen el motivo de la detención y empiezo a ver la prensa, no podía creerlo, pensé que todo era una pesadilla, de verdad, esto no es posible, Paola no está en esos atentados".

Ante los hechos narrados por el esposo de su amiga, sin dudarlo, decide trasladarse a Bogotá el 9 de julio, para asistir a las audiencias preliminares del proceso que se desarrollarían ese mismo día, además de los días 10 y 11 del mismo mes. Así refleja la captado durante estas primeras sesiones: "Pensé, realmente, que todo esto iba a tener una respuesta, al menos, de cómo iba a ser la situación de ella, si la iban a mantener privada de la libertad, si la Fiscalía iba a renunciar a la imputación, si la iban a dejar en libertad [...]".

Aspiración vana. Amplía nuestra entrevistada: "Las esperanzas de que el proceso fuera resuelto de la manera menos traumática se me disolvió en la manifiesta intención de dilación mostrada por la Fiscalía y la jueza de control de garantías que, en un solo día debió darle curso a las audiencias de legalización de allanamiento, legalización de captura e imputación y medida de aseguramiento, opción viable, como puede sustentarla cualquier estudiante de Derecho. Contrario a esto, la Fiscalía dijo que debido al número de capturados el proceso tomará 'cierto tiempo'.

El curso seguido por este proceso judicial, mediátiaco y político, le permite elaborar dos tesis a la amiga de Paola Salgado: 1. "La Fiscalía apenas está montando lo que va a presentar, es decir, tuvieron que presentar algo corriendo para dar una respuesta, para mostrar su 'eficiencia' respecto a esos atentados, pero hasta ahora la Fiscalía lo está montando todo y, 2. Buscan bajarle el perfil al tema, y lo están bajando, buscan desgastar a la gente que hace el plantón, a las organizaciones que están apoyando".

Uno de los factores que le permite llegar a la tesis de que la Fiscalía está montando las pruebas, consiste en que el día jueves 16 de julio –cuando finalizó la audiencia de imputación de cargos, justo antes del almuerzo–, le informan a las familias que la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que debía ser presentada por la tarde no será presentada porque la jueza 72 de garantías, directa responsable de este caso, se sentía mal, actitud, dilación, que riñe con "una nueva Ley del 6 de Julio que dice que ya no basta con señalar el delito, el Fiscal debe demostrar por qué la persona debe estar asegurada (privada de la libertad) cuando considere que es un peligro para la comunidad o que existe un peligro para el proceso, que la persona intente esconder las pruebas o alterarlas o que haya un riesgo de fuga de que en caso que sea condenada no cumpla con la pena".
Al día siguiente, viernes 18, cuando empezó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, llegó coincidencialmente "[...] el Fiscal del caso diciendo que eran un peligro para la comunidad o que iban a alterar las pruebas, basado en ello en dos argumentos: el primero, esgrimido por el Fiscal, fue que llegó una amenaza a Paloquemao, un correo electrónico, del cual se infiere que esas personas son peligrosas porque pueden volar Paloquemao. Lógicamente lo del correo –si es que lo hubo– no fueron ellos, pues no pueden pasar ni un papel, es un problema para que pasen una carta; primer argumento, el segundo, muy fuerte, dice que los procesados pueden alterar las pruebas porque el Fiscal presentó una denuncia penal de uno de los vigilantes de la Universidad Nacional que, según el Fiscal, realizó el retrato hablado donde, supuestamente, identificó a Paola y a Heiler, creo, y el vigilante dijo que le hicieron una llamada amenazante el 15 de julio y que lo siguieron, entonces puso una denuncia penal [...] pero él puso la denuncia penal contra esos hechos, que es lo que mostraría que no lo dice la Fiscalía de boca, sino que literalmente el señor se siente amenazado, fue del 17 de julio en la mañana [...]".


El desarrollo del proceso judicial, cuya sesión no continuó el jueves 16 de julio en la tarde porque la Fiscalía no tenía todos los argumentos para justificar completamente la privación de la libertad de los detenidos, y necesitaban tiempo para fabricar los cargos, refirma a nuestra entrevistada en las tesis ya enunciadas.


Sobre los motivos del proceder de las autoridades se refirió diciendo "[...] de verdad una no sabe si es ingenuidad, estupidez o exceso de malicia, no alcanzo a percibir que pasa realmente, si realmente pensaban eso y luego se sorprendan al ver que solo eran estudiantes o si, como pensamos muchos, desplegaron todo ese operativo para mostrar el poder del Estado, su fuerza, sabiendo que eran solo estudiantes [...]".


Todos fuimos engañados

El rol de los medios de comunicación en el proceso también fue interpelado por la cercana amiga de Salgado Piedrahita "los medios replicaron de forma irrespetuosa, replicaron la información que dio la Fiscalía, que dio la Policía, pero es importante decir que fuimos todos engañados porque lo que se presentó inicialmente no tiene nada que ver con lo que se está investigando ahora [...] la imputación (que replicaron los medios de comunicación) fue muy difusa, muy dispersa, finalmente a tres les imputaron una serie de atentados con petardos en Bogotá desde el año 2014 [...] a los otros diez no los implicaron en absoluto con esas explosiones [...] pero incluso eso ha sido muy difuso porque ese hecho especifico no se ha planteado en ningún momento del proceso [...] con todo ese escándalo, con todos esos bombos y platillos ahora la Fiscalía está empecinada en mostrar que no hubo un error ni un exceso".

Sobre la juez y sobre el proceso general se refirió: "Esta juez está nombrada en provisionalidad hace muy poco y ella era antes secretaria de un juzgado, se está estrenando, es su primer proceso, supongo que ha tenido otros, pero es su primer gran proceso, he notado en ella muchas expresiones parcializadas a favor de la Fiscalía, es verdad que la imputación es un acto de parte, ¿cómo así?, es un proceso que pide la Fiscalía y a quien le toca hacer todo es a la Fiscalía, pero ella debería velar por las garantías y una garantía es si la Fiscalía está repitiendo todo 13 veces, si se extiende en cada presentación respecto de cada procesado 3 o 4 horas, una garantía sabiendo que es gente que está detenida, que está capturada, que no le han resuelto su situación jurídica, una garantía que debe dar es exigir al Fiscal concreción, el Fiscal debe referirse a cada uno por aparte, sí, claro, pero hay consideraciones que son generales, no las tiene que repetir trece veces y lo hace [...]". De esta manera, estamos ante un absurdo, ante un abuso de autoridad, ante una maniplación: la jurista calcula alrededor de 6 o 7 meses de investigación para superar la primera fase del juicio, lo que implica excesivos desgates para los estudiantes, las familias y las organizaciones.

El proceso de la Fiscalía ha sido antitécnico, opinó nuestra entrevistada: "jurídicamente en la audiencia de imputación no hay que mostrar pruebas, eso tenía que hacerlo para solicitar la medida de aseguramiento en esta fase, ahora lo está repitiendo, claro, ahora tiene que hacerlo, pero antes no y fueron cuatro días más de audiencia porque usted lo hizo y ¿por qué lo hizo si jurídicamente no tenía que hacerlo?, pues para darle contentillo a los medios, para que salieran y dijeran que sí tienen razón, y de esa manera calmar a la gente [...]".

El hostigamiento político que puede traslaparse a este tipo de procesos es mucho más que una probabilidad "hay muchos seguimientos, muchas líneas interceptadas [...] creo que tenían esas pesquisas previas, pero no creo que haya un interés en el tropel –si es que el tropel haya sido su preocupación–; hay incongruencias, si supuestamente ellos habían hecho seguimientos habrían capturado a los sindicados el mismo día en que infrigían la Ley, en una reunión en una casa, preparando los explosivos que dicen fabricaron, por favor, si fuera así los cogen en flagrancia y no tienen que hacer un proceso tan largo; allí mismo tendrían la prueba plena de lo que ellos estarían haciendo, pero si no lo hicieron (o realmente no estaban haciendo explosivos) las autoridades de policía actuaron con prevaricato, que es el delito cuando un funcionario omite su labor, y ¿cuál es la labor de la Policía?, investigar, no, prevenir el delito [...] hay seguimientos permanentes de la Policía a mucha gente vinculada a procesos políticos y dentro de esos seguimientos intentan unir cosas, intentan mostrar cosas; ocurre lo del 2 de julio, les exigen una respuesta rápida [...] entonces, ¿qué hay por ahí? ¿qué hay en inteligencia militar? ¿qué hay en policía? ¿qué podemos armar? La Policía le pasa eso a la Fiscalía y ésta lo monta de un día para otro y despliega todo este operativo [...]"

En el proceso de imputación la Fiscalía ha revelado fotos de Paola Salgado, cuyas fechas de registro corresponden a varias semanas antes de que fueran autorizados los seguimientos, el día primero de junio, es decir, las foto en la que aparece subiendo una serie de cajas al baúl de su carro, son del día 20 de mayo, otra prueba de extralimitación de la Policía. Sobre el caso de el 'profe' comentó: "El profe sí tenía seguimientos autorizados desde antes, la pregunta es, si estaba vigilado, cómo es que no tuvieran seguimientos de la supuesta bomba que él puso el 2 de julio, cómo es que lo único que tienen es una foto que dio Porvenir; si realmente él está bajo seguimiento, ¿cómo no pudieron prevenir esos atentados? ¿Cómo nada más hay esa foto? No voy a defender la inocencia de él, porque no lo conozco, pero es ilógico [...]".

Estos son algunos de los interrogantes principales expresados por la amiga de Paola a desdeabajo. Serias interpelaciones sobre el proceso judicial pueden estructurarse a partir de sus cuestionamientos. Mientras tanto, con el paso de los días y las dilaciones que sufre el proceso judicial, aumenta la preocupación de las familias y de las organizaciones sociales y políticas por los estudiantes detenidos, quienes tendrán que afrontar un largo proceso lleno de baches y dilaciones por parte de la Fiscalía que buscará a toda costa probar su culpabilidad a pesar, incluso, de la poca robustez del material probatorio con el que cuenta hasta el momento; todo ello mientras incrementa las presión, lo seguimientos, las fotografías, las interceptaciones a los miembros de las familias de los implicados y a los integrantes de las organizaciones sociales y políticas a las que pertenecen los detenidos.

¿Proceso judicial viciado?

El proceso judicial llevado a cabo en contra de 13 estudiantes capturados en la ciudad de Bogotá, está viciado por sesgos políticos y artilugios jurídicos con los que pretenden, de cara a todo el país, endilgarles la responsabilidad por los atentados sucedidos en Bogotá durane los últimos 12 o 13 meses. La imputación, al ser ficticiamente probada, podría contribuir al establecimiento de altas penas con pocos beneficios jurídicos contra jóvenes que tienen en común el estatus de críticos al Estado y al ordenamiento impuesto en la sociedad colombiana. La mayoría pertenecen a organizaciones político sociales, las que han leído de manera acertada los acontecimientos en marcha como un ataque a los principios democráticos, a los derechos a la movilización, al discernimiento y a la protesta.

Ante las evidencias de todo tipo de manipulaciones hasta sufridas por todas las personas vinculadas a este proceso, puede concluirse que poco puede confiarse en el tan argumentado profesionalismo de las autoridades policivas y judiciales del Estado en Colombia, pues han dejado apreciar serias incongruencias en el manejo del proceso, permitiendo deducir de las mismas no solo su escaza coordinación, sino además concluir que actuaron bajo presión de la opinión pública (movilizada por los medios de comunicación) y de las autoridades gubernamentales para que exhibieran resultados con la mayor prontitud. Por ello han tenido que ir armando sus pruebas en el camino, basándose en materiales recolectados en seguimientos bastante cuestionables, efectuados en contra de miembros de organizaciones sociales y políticas, organizaciones víctimas de señalamientos y estigmatizaciones por parte del mismo Gobierno que se sienta en países extranjeros para hablar de paz y de reconciliación.

Las dilaciones y maniobras jurídicas conocidas en este rpcoeso, permiten dilucidar la intención de las autoridades estatales de poner tras las rejas, de silenciar, de ejemplarizar y atemorizar con la imagen de estos 13 estudiantes a sus compañeros de estudios y de sensbilidad social.

Hay que resaltar que todos estos jóvenes, han mostrado hasta ahora una actitud digna en los tribunales, evitando doblegarse ante la adversidad. Es la misma actitud que muestran sus organizaciones, asumiendo una defensa férrea de sus miembros, de la posibilidad de ejercer oposición y movilización social. Resalta en todos ellos la ferrea convicción del derecho a la protesta y a la disidencia social, a soñar con otra sociedad donde la justicia sea igual para el conjunto social y donde el Estado no esté privatizado por el uno por ciento.

Lamentar, ante ello, la actitud del Gobierno Nacional, de la Policía, de la Fiscalía y de funcionarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes de forma indolente e irresponsable contribuyeron a viciar el proceso contra los estudiantes, nutriéndolo con afirmaciones condenatorias, sin fundamentos, en abierta violación del principio de presunción de inocencia que debió imperar desde siempe. Así mismo, denunciar a los medios de comunicación oficiosos que participaron de esta lamentable puesta en escena con su reconocida futilidad, ligereza y parcialidad, al abordar los temas tan incidentes para las vidas de estos jóvenes: dedicaron horas a replicar las voces de quienes los condenan y a señalar de manera bastante tímida las contradicciones del proceso. Han demostrado, una vez más, que son serviles al orden, al Gobierno y al poder.

Derecho a la protesta

En desdeabajo reivindicamos el derecho de los ciudadanos a protestar en contra del Estado y de sus fuerzas de seguridad, máxime cuando podemos recordar nítidamente las imágenes de compatriotas indígenas, campesinos, afrocolombianos y estudiantes en múltiples espacios del país, sufriendo todo tipo de violencia, golpeados, privados de su libertad por fuerzas del Estado que, usando desmedidamente la fuerza, han intentado aplacar las voces levantadas en defensa de la dignidad humana, en contra de la inequidad, injusticia y la corrupción. Derecho necesario de ejercer, aún más cuando son miles los casos de violación a los derechos humanos que aquí se registran, manifestados en desapariciones, asesinatos aleves, encubrimiento de fuerzas paramilitares, desplazamientos, etcétera, que de manera continua ocurren en nuetro país; violaciones que para el caso de las universidades y sus educandos registra tres casos

Sin resolución alguna a la vista: los asesinatos de Johnny Silva, Nicolás Neira y Oscar Salas, quienes no gozaron, por supuesto, de igual presteza de las autoridades para castigar a los responsables de sus crímenes, cometidos a plena luz del día, ante la mirada impávida de los mismos estudiantes, cuyas voces están intentando silenciar.

Información adicional

  • Autor:Allan Bolívar
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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