Jueves, 30 Julio 2015 14:03

Colombia: las indecisiones del Gobierno en la política de acción contra las drogas

Escrito por Allan Bolívar
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Colombia: las indecisiones del Gobierno en la política de acción contra las drogas

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) presentó el pasado 2 de julio un informe que compila los resultados del monitoreo satelital de cultivos de coca en el territorio colombiano durante el año 2014. A la presentación de dicho informe asistió el Ministro de Justicia Yesid Reyes Alvarado quien, a partir de las cifras entregadas, reflexionó sobre la efectividad de la política de erradicación de cultivos ilícitos implementada en la última década en el país. La exposición del Ministro respecto al informe exhibe una ruptura del Gobierno frente a la manera como concibió por años la lucha contra los cultivos de coca, además, realza la preocupación oficial por el fracaso de la aspersión con glifosato y la erradicación manual como estrategias para la supresión de cultivos ilícitos en Colombia.

Se expanden los cultivos de coca

Las cifras son poco alentadoras: en el año 2013 fueron registradas 48.000 hectáreas sembradas de coca, durante 2014 estas ascendieron a 69.000, lo que representa un incremento del 44% en la extensión de los cultivos a nivel nacional. La expansión más significativa ocurrió en la región Putumayo–Caquetá con un 68% de incremento, lrompiéndo la tendencia al decrecimiento presentada en la zona durante los últimos ocho años. La Región Pacífica, por su parte, concentra los mayores sembrados de coca: alberga 25.976 hectáreas, es decir, el 38% de los cultivos totles sembrados en el país, alcanzando un incremento en área sembrada del 40% respecto al año inmediatamente anterior. La Región Central y el área comprendida entre los departamentos Meta/Guaviare ocupan el tercer y cuarto lugar en concentración de cultivos de coca con 11.412 y 10.700 hectáreas, con un incremento del 40% de las hectáreas sembradas respecto al 2013.

El informe muestra que gran parte de los cultivos registrados corresponden a resiembras en zonas que anteriormente habían sido intervenidas por aspersión o erradicación manual. El mismo detalla la existencia de estos cultivos en 16 parques naturales (de un total de 59) y el crecimiento del 45% en área sembrada en los parques Nukak, Sierra de la Macarena, Paya, Yinigua y Farallones de Cali. El mismo informe expresa su preocupación por la expansión de estos cultivos en el seno de Resguardos Indígenas: las 6.225 hectáreas detectadas en el 2013 aumentaron a 7.799 hectáreas en el 2014 (+25%, 11% del total nacional). Situación similar ocurre con los cultivos en los Consejos Comunitarios de Comunidades afrodescendientes, en los cuales las extensiones sembradas registraron un incremento de 17% (en ellos se encuentra el 15% de la coca sembrada en Colombia). Este tipo de vegetales, sembrados en este tipo de comunidades étnicas, amenazan la diversidad cultural que fundamentan su estabilidad interna, haciéndolas especialmente vulnerables a la presencia y accionar de actores armados.

La coca parece no haber cedido ante la embestida de los erradicadores manuales y la aspersión aérea: el 3.5% del territorio sembrado tiene una afectación reciente (nuevos sembrados), el 43.5 ha padecido afectación intermitente entre los años 2005 y 2014; el área abandonada creció al 35.5% –lo que puede interpretarse como una relocalización de los cultivos, no como una extinción de los mismos–. Los cultivos proliferaron en zonas de arraigo cocalero en las cuales las estrategias de erradicación han enfrentado las más duras batallas, generando enormes afectaciones sobre el medio ambiente y la población civil.

A pesar de lo fáctico de las cifras consignadas en el informe del monitoreo de los cultivos de coca en el 2015, las posiciones respecto a la estrategia de lucha contra este tipo de cultivos son disimiles. El Procurador General de la Nación relacionó recientemente (http://www.elespectador.com/noticias/judicial/crecimiento-inusitado-de-cultivos-de-droga-fortalecera-articulo-569883) la suspensión de las fumigaciones con una exigencia de las Farc presentada en la mesa de negociación de La Habana, con el incremento de los cultivos a causa de esta decisión del Gobierno, y con la disponibilidad de mayores recursos de las organizaciones insurgentes para atentar contra la fuerza pública y la infraestructura nacional.

En medio de esa pugna, es de resaltar que el pasado 14 de mayo el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió colocarle fin a la erradicación de cultivos ilícitos por aspersión de glifosato, producto de una votación en la que el único voto en contra provino precisamente de la mano del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez. La decisión del CNE obedeció a la aplicación del principio jurídico de precaución que ampara la suspensión de la práctica ante la ausencia de evidencia científica que fundamente la inocuidad del producto para la salud humana y la estabilidad del medio ambiente. Por el contrario la evidencia médica, y el testimonio de comunidades y organizaciones internacionales de acompañamiento humanitario, han aportado testimonios contundentes sobre los daños infligidos a la población, las plantas, los animales, el suelo, las fuentes de agua, por el glifosato en los perímetros de fumigación y zonas aledañas.

Cambios en la política de acción contra las drogas

Sobre estos aspectos, en entrevista para desdeabajo, Ricardo Vargas, profesor universitario e investigador que ha dedicado parte importante de su trabajo a estudiar problemáticas relacionadas con la siembra, procesamiento y tráfico de drogas ilícitas, no atribuye las modificaciones en la política gubernamental frente a esta temática a una contricción ante los magros resultados obtenidos, no, para el investigador este giro refleja más bien modificaciones en la postura de acción en los EEUU producto del debate generado allí por la legalización, en algunos de sus estados, de drogas blandas, como el cannabis.

Además, aclara Vargas, que aun no puede hablarse de cambio de estrategia porque "la suspensión de las fumigaciones no indica necesariamente que la estrategia de acción haya cambiado [...] el glifosato es parte de una técnica que busca reducir áreas, esa es una cosa, otra cosa es la política global de drogas, donde no gana espacio una discusión de fondo, ahí sigue habiendo un vacío, todo ha girado alrededor del glifosato que es coyunturalmente importante porque hace mucho daño, pero ese no es el eje de la política como quieren hacerlo ver los grupos más radicales de derecha [...]".

Aunque no se trate totalmente de un cambio de estrategia de combate, hay modificaciones generadas en ámbitos más allá del plano discursivo que parecen incomodar a algunos sectores políticos colombianos. Es así porque, recuerda Ricardo Vargas "[...] las acciones contra los cultivos lo son contra las Farc, acciones decisorias en el contexto de la guerra pues esa economía es una de las bases de su financiación y creo que para muchos sectores atacar los cultivos no es tanto por la credibilidad de la lucha antidrogas, sino acción para resolver el problema de bajarle al ingreso a las Farc, es la economía [...] un ambiente de ruptura ha logrado incrementar la presión de la extrema derecha para que se mantenga una linea muy radical de erradicación".

La actitud del Procurador General de la Nación Alejandro Ordoñez al oponerse ferreamente a la erradicación por aspersión, que ha sido la punta de lanza de la política dura de erradicación, no es muy objetiva como han sostenido y representan fielmente las voces de los sectores políticos incómodos por los nuevos planteamientos "si hay una decisión multilateral de un organismo de salud que al final procura con el principio de precaución proteger la salud de las personas, debería la Procuraduría actuar en función de eso, ahí lo que se ve es una postura ideológica a favor de la guerra [...] el Procurador es un militante de la guerra [...].

¿Podría encontrarse algunas soluciones para esta problemática dentro del acuerdo de drogas pactado entre el Gobierno

y las Farc?

Las Farc han planteado en reiteradas ocasiones, desde la mesa de negociación en La Habana (así lo consignaron incluso en el acuerdo de drogas firmado con el Gobierno) que cualquier estrategia de acción contra los cultivos ilícitos deben incluir políticas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del campo, una mayor presencia del Estado, el desarrollo de la infraestructura de transporte y servicios locales, el combate a los grupo armados ilegales.

Ricardo Vargas se refirió a dicha propuesta en los siguientes términos: "esa es una parte del problema, uno puede argumentar que el tema de los cultivos se debía a alguna situación de exclusión social grave en temas de colonización y tiene un origen en el modelo rural colombiano excusando a la población, y eso es valido, independientemente de que haya o no cultivos, es valido generar una propuesta de cambio del modelo agrario colombiano, pero esa es una parte del problema, la otra, insisto, es el problema de la política de drogas y allí lo de La Habana es pobre, no ha dado una discusión de fondo sobre el asunto y, al contrario, se ha plegado a la postura del Gobierno porque finalmente lo que quedó en La Habana es una estrategia de reducción de la oferta y ahora le metieron el tema de sustitución, que son cosas cuestionables. Las Farc se afirman en ese concepto de una manera equivocada: el problema no es de sustitución sino de desarrollo regional [...] yo no veo aportes importantes en cuanto a eso, es parco que se reivindiquen integralmente dinámicas de desarrollo incluyendo las dimensiones ambientales que han sido muy pobres en La Habana, que para mi están desdibujadas. Allí hay dos vacíos, uno, la pobreza del enfoque de política que quedó en el acuerdo de política de drogas y, dos, la reproducción de unos conceptos que definen una política de reducción de la oferta, a eso en La Habana le faltó muchísimo, el problema sigue vivo".

¿Avanza Colombia en la legalización o regulación de algunas drogas ilícitas?

Frente a esta pregunta fundamental comentó el investigador, "Actualmente no existe esa ruta, en esa ruta hay que comenzar por regular marihuana [...] por lo menos darle esa parte del negocio a la criminalidad y, junto con una estrategia de prevención fuerte, bien hecha, se podría avanzar un poco en una cultura distinta; el país debería, por lo menos, hacer una apuesta por diferenciar drogas duras de blandas, es una opción, hay otras, la idea daría pautas para avanzar un poco en un manejo mucho más razonable. La marihuana es la puerta de entrada para otras drogas que controlan los grupos criminales generando problemas de salud en los jóvenes [...] nadie habla de su regulación."

Sí existe una administración local en Colombia que ha asumido posiciones consideradas de vanguardia en cuanto al tema de flexibilización del control punitivo a los usuarios y manejo diferencial de las problemáticas de salud generadas por el consumo de drogas ilegales es la de Bogotá, al proponer otras estrategias, como el tratamiento de adictos al bazuco a partir del suministro controlado de marihuana en Centros de Atención Médica Ambulatoria (Camad).

Sobre esto Ricardo Vargas opinó "[...] es que eso del uso de la marihuana por el bazuco no se está haciendo, hay como una imagen equivocada porque lo que hay es un discurso pero en la realidad no se está haciendo, entonces hasta ahora no ha habido la experiencia concreta y la idea es un acuerdo entre el Distrito y el Gobierno nacional para generar experiencias piloto. Una es esa, pero a mi me parece que ha habido como una especie de falsa imagen de que eso se está haciendo en el Distrito y resulta que en ninguna parte se está llevando a cabo. Debe procederse, concretar el respeto por un espacio, crear unas condiciones, por ejemplo, para 'habitantes de calle', realizar un ejercicio piloto y a partir del seguimiento y experimentación reproducir ese modelo para una política nacional, pero eso se está aplazando, ya vamos para cuatro años y no se hizo, lo que hay es que empezar, es a hacerlo, concretarlo".

El futuro del modelo de manejo al consumo y producción de drogas ilícitas ¿continuidad o cambio?

El panorama, de acuerdo a Ricardo Vargas, es incierto: "Yo siento que con Santos y con la administración Distrital era un buen momento para escuchar iniciativas experimentales para lograr un soporte muy concreto de experimentación, de lineas concretas, y ese cuarto de hora está pasando ya, y no se hizo. Entonces, la perspectiva de lo que viene es muy incierto, no sabemos hacía dónde es que van las cosas, sobre todo en el contexto de la terminación del conflicto, pues abre también un espacio interesante. Entonces, a futuro, como el tema de drogas está pegado al tema del conflicto, pues no podemos pensar en cambios si no es sobre la base que llegue a buen puerto el fin del conflicto, cuando ya no se vea que las drogas son fuente de financiación de la guerrilla, eso abrirá un espacio político para pensar en una discusión más de drogas como tales, mientras tanto la perspectiva es incierta. Lo segundo es que mientras no haya procesos experimentales específicos, mientras no se aborden las drogas diferenciadas, mientras no haya un respaldo de investigación, un compromiso con los centros de investigación de las universidades, me parece muy difícil hacer una política si no tienen unos soportes de ese orden, entonces hay mucho por hacer y no se está haciendo [...]"

Es imperativo que se actué, que se definan los nuevos lineamientos y que la nueva disposición del Gobierno precipite en pautas de acción concretas, "[...] aquí no se trata de un problema voluntarista, sino de un problema de decisiones , y creo que Santos se está demorando en tomarlas. Obviamente en este país el tema es que la derecha cabalga sobre la ignorancia y el desconocimiento, y este tema lo ha metido en el terreno de la moral y desde ahí elabora la demonización de las drogas y la continuidad de la prohibición oponiéndolas a la salud de la gente y de los jóvenes, entonces hay mucho conservadurismo; es necesario romper eso y empezar a tomar decisiones de procesos experimentales.".
Lo que propone Ricardo Vargas en esta entrevista para desdeabajo es particularmente interesante en varios sentidos. En primer lugar, porque propone sacar del plano ideológico la discusión de los problemas relacionados con el consumo de drogas para situarlos en el terreno de la experimentación e investigación coordinada entre la academia, las administraciones locales y nacionales, cosa que nunca ha sido desarrollada, por lo que puede concluirse que los rasgos punitivos, el discurso erigido en torno a las problemáticas generadas ha sido erigido con juicios y apreciaciones provenientes de una matriz moral conservadora, más que de la evidencia científica de los efecto que se condenan.


En segundo lugar, porque plantea la necesidad de ponderar las problemáticas de la producción de drogas en el país por fuera del conflicto armado, pues tanto el discurso como las estrategias de acción se han estructurado con la finalidad objetiva de suprimir fuentes de financiación a la insurgencia, pasando por alto las dimensiones y determinantes sociales del negocio, lo que evidencia lo ineficaz de las estrategias de reducción de la oferta colocadas al frente de la política oficial. En tercer lugar, porque la ambigüedad del gobierno, manifiesta en la incongruencia entre sus esperanzadores destellos discursivos y la ausencia de acciones concretas, queda desnuda, y demanda una acción de cambio para que las consecuencias por decisiones no las sigan pagando los consumidores, los que ahora mismo llenan con sus cuerpos buena parte de las masmorras colombianas, así como cientos de jóvenes que apegados a una economía de sobrevivencia encuentran en el microtráfico una alternativa económica para ellos y sus familias, sirviendo, al mismo tiempo, de carne de cañon de la acción militar para el control social en todas nuestras ciudades.

La indecisión del Gobierno llegó al límite: recientemente anunció el reinicio de las fumigaciones con glifosato en extensas zonas del Catatumbo, clara incongruencia con su discurso y decisiones de hace unas cuantas semanas. ¿A donde nos conducirán la indeterminación política del Gobierno central?

Información adicional

  • Autor:Allan Bolívar
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:desdeabajo
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