Viernes, 21 Agosto 2015 16:41

El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas

Escrito por Allan Bolívar
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El censo agrario del 2015 hace el diagnóstico para implantar las reformas

Cuatro décadas tuvieron que pasar en Colombia para que existiera un nuevo censo agrario que diagnosticara el estado del campo en el país. Los resultados preliminares evidencian que el Estado tendrá que hacer esfuerzos inconmensurables para mejorar la dramática situación que allí se vive, además de los desafíos inmanentes a la empresa capitalista agraria, existen fuertes poderes regionales empeñados en hacer que fracase cualquier proyecto de mejoramiento de las áreas rurales.

 

Luego de 45 años y gracias a una inversión de 350 mil millones de pesos, Colombia tendrá antes de finalizar el año, un nuevo censo agropecuario (el tercero en la historia nacional) dotado de un nivel de desagregación y posibilidades informáticas sin precedentes. Se necesitaron poco más de 25 mil personas equipadas con más de 17.000 dispositivos electrónicos para sistematizar la información. Estas personas recorrieron, entre noviembre del 2013 y diciembre del 2014, alrededor de 113 millones de hectáreas en 32 departamentos, 1.101 municipios. Un esfuerzo descomunal para conocer una realidad que el Estado se empeña en mantener oculta.

El último censo se desarrolló en 1970, año en que se obtuvieron importantes datos censales que ya habían dejado de ser validos en la actualidad. Desde entonces no había existido otro censo capaz de efectuar una radiografía específica de la situación del campo en el país. No era políticamente conveniente pues cualquier intento por conocer su realidad tendría que mostrar aspectos como la extrema desigualdad dominante en un aspecto tan sutancial como la apropiación de la tierra, o las difíciles condiciones económicas y sociales afrontadas durante décadas por los habitantes pobres del campo, o las extensiones de tierra dedicadas a actividades de reproducción del capital, entre otros factores poco convenientes a ganaderos y terratenientes. Por esta razón el Estado contribuyó a que durante 45 años tal conocimiento permaneciera en las tinieblas, como quien es consciente de los síntomas de una terrible enfermedad cuyo padecimiento se niega a reconocer.

Reconfirma lo sabido

Algunas de las cifras preliminares aportadas ilustran con claridad la compleja situación del campo en el país: 20% de la población con edades entre los 5 y 16 años no ha accedido a ningún grado de escolarización; persiste un Índice de Pobreza Multidimensional con incidencia del 44.7% (más del doble del nacional); el 72,6% de los jóvenes entre 17 y 24 años no tienen acceso a la educación; más del ochenta por ciento de los propietarios no posee maquinaria alguna y más del noventa por ciento no recibió ningún tipo de ayuda técnica para adelantar sus labores cotidianas; cuatro quintas partes del suelo disponible para cultivos está dedicado para pasto, apenas un 19% se dedica para otro tipo de actividades y tan solo un 6.3 por ciento del área disponible está utilizado para cultivos agrícolas; el 0.4% de los propietarios apropia la tierra en un 46.4%, mientras un 70% de los propietarios tiene apenas un cinco por ciento del área rural.

El campo colombiano es pobre, poco tecnificado, poco planificado, afronta grandes problemáticas sociales, y el régimen de apropiación exhibe una enorme desigualdad sobre la tenencia de la tierra. Estos, sin embargo, son apenas datos preliminares que el director del Dane, Mauricio Prefetti, entregó a la opinión pública durante la primera semana del mes de agosto. La totalidad de la información del censo se encontrará disponible antes de diciembre e incluirá cifras en varios niveles de desagregación y metadatos para desarrollos en plataformas de georeferenciación. Muchas posibilidades de análisis e investigación dependen de este censo que se espera pueda ser procesado de la manera más idónea y profesional por el Dane, institución que en anteriores ocasiones ha estado el centro de todas las críticas por su excesiva subordinación a la Presidencia de la República.

El interés del Gobierno por desarrollar el tercer censo agropecuario debe entenderse a partir de la confluencia de tres campos de acción: el primero de ellos, el Plan Nacional de Desarrollo (PND), le sigue el acuerdo de Reforma Rural Integral pactado en La Habana con las Farc y, en tercer lugar, las políticas "sugeridas" por organismos multilaterales de cooperación. Tres escenarios que no pueden perderse de vista para entender que la decisión gubernamental por efectuar el censo ni es espontánea ni responde a su estricto interés.

El Plan Nacional de Desarrollo

Este Plan, aprobado mediante Ley 1753 del 9 de junio del 2015, en su capítulo III aborda la Transformación del Campo. Algunas de las disposiciones que contempla son: 1. Mecanismos de Intervención Integral en las zonas rurales construidos con las autoridades municipales y departamentales que tengan como mínimo ingerencia en los aspectos de ordenamiento social y productivo de las tierras rurales, adecuación de las tierras de riesgo, habitabilidad estructural, infraestructura productiva; 2. Crea un subsidio integral de reforma agraria, para familias campesinas de escasos recursos, por un valor hasta del 100% del valor de la tierra equivalente a la Unidad Familiar Agrícola; 3. Manejo de baldíos por parte del Incoder, encargado de adjudicar la tierra para que quienes la reciban generen ingresos; 4. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, o alguna otra entidad designada para tal efecto, se encargará de financiar de forma progresiva la formalización de la tierra de naturaleza privada a manos de trabajadores agrarios y pobladores de escasos recursos.; 5. Promueve la implementación de un catastro con enfoque multipropósito, capaz de aportar información predial sobre las tierras; 6. La administración y el recaudo de las contribuciones parafiscales pesqueras y agropecuaria a cargo de entidades gremiales que reúnan las condiciones de representatividad.

Estas disposiciones del Pnd pueden contribuir, si son ejecutadas a cabalidad, al aseguramiento de la propiedad de la tierra de los más pobres en el campo, al mejoramiento de las condiciones económicas de miles de colombianos que viven situaciones precarias en apartadas áreas rurales del país. Es necesario, sin embargo, que las medidas no se vuelvan letra muerta y que al aplicarse estén acompañadas de una legislación que contribuya al mejoramiento efectivo de las condiciones de vida y trabajo del campesino que sigue sin encontrar respuestas al incremento desbordado de los insumos agrícolas y pecuarios, a la imposición de semillas transgénicas sobre las tradicionales, a sus requerimientos sobre el uso de la tierra e infraestructura de transporte, sobre condiciones mínimas de salud, educación y políticas sociales en el campo.

La Habana

El acuerdo agrario fue el primero de los pactados entre el Gobierno y las Farc, es el segundo de los campos de acción que deben ser tenidos en cuenta para entender el Censo. El acuerdo fundamenta una Reforma Rural Integral (RRI) mediante la que pretenden implementarse modificaciones radicales en el campo colombiano. Los ejes de acción de esta reforma agraria son:

A. Acceso y uso. Tierras improductivas. Formalización de la propiedad. Frontera agrícola y protección de reserva campesina.

¿En qué consiste esta estrategia? Se propone la creación de un Fondo de tierras (adjudicación gratuita), subsidios y crédito integral para su compra, planes para la formalización masiva de la pequeña y mediana propiedad rural, mecanismos para la restitución efectiva de tierras despojadas, mecanismos para resolución de conflictos por tenencia y uso, formalización y actualización del catastro e impuesto predial rural, delimitación de la frontera agrícola y zonas de reserva ambiental, zonas de reserva campesina. ¿Para qué sirve? Para asegurar el acceso a la tierra por parte de los campesinos, su adecuado uso, que se diriman los conflictos de la manera más adecuada, para que el Estado tribute eficientemente, para delimitar las áreas donde pueden desarrollarse actividades agropecuarias y las que deben ser protegidas por su importancia ambiental.

B. Programas de desarrollo con enfoque territorial (Pdet)

A través de los Pdet se buscará trasformar estructuralmente el campo, una relación más equitativa entre los ámbitos rurales y la ciudad. Algunos de los mecanismos mediante los que pretende lograrse esta transformación son: protección de la riqueza pluriétnica, desarrollo de la economía campesina y familiar, desarrollo e integración regional, promoción de organizaciones con vocación de transformar el campo, lograr que éste se convierta en escenario para la reconciliación. ¿Cómo se desarrollará? Se priorizaran las zonas especialmente afectadas por la pobreza y afectaciones del conflicto, la debilidad institucional y la presencia de cultivos ilícitos. Luego se elaborarán planes para la trasformación regional en los que será central el diagnóstico de las propias comunidades, destinando recursos a las regiones para lo contemplado; se estructuraran mecanismos de evaluación.

C. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral

¿Cuál es su objetivo? Dos son los prioritarios: superar la pobreza y la desigualdad de la población rural, así como la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad. ¿Cómo alcanzarán estos objetivos? A través de la construcción de infraestructura (vial, riego, conectividad a internet), planes de mejoramiento de infraestructura y calidad de la educación rural, mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, implementación de planes de construcción y mejoramiento de vivienda rural, construcción de acueductos, planes de fomento a las economías solidarias, cooperativas, familiares y comunitarias; estrategias de mercadeo para asegurar la venta de productos del campo, políticas para la formalización laboral y protección social del campesino, establecimiento de sistema de soberanía alimentaria y nutricional para población rural.

Las estrategias consignadas en el PND, así como las eventuales disposiciones que surjan del acuerdo agrario entre el Gobierno y las Farc pactado en La Habana, ilustran la disposición oficial por reconocer que algunos de los principales problemas en el campo se encuentran relacionados con la desigualdad en la apropiación de la tierra, con la ausencia de asesoría técnica y de financiamiento de productores, la expansión desbordada de la frontera agrícola, la acumulación por despojo de tierras, las condiciones extremas de pobreza y el abandono de la población rural.

En estas condiciones, era necesario el desarrollo de una investigación extensa que permitiera, por un lado, perfilar un diagnóstico objetivo de la situación del campo y que al mismo tiempo sirviera como base para la estructuración de políticas orientadas a la superación del estado de cosas, la formulación de indicadores de incidencia y de evaluación de las posibles implementaciones llevadas a cabo por el Gobierno. El censo es el instrumento que permitirá conocer cuánto dinero, cuáles serán las estrategias de implementación, las áreas por priorizar, así como los actores que deben participar en las reformas que han sido contempladas en el Pnd y en los acuerdos agrarios firmados en La Habana con las Farc.

Del dicho al hecho. No basta con reconocer las problemáticas objetivas del campo, el desafío ahora consistirá en implementar los acuerdos y las disposiciones pues a medida que avance el proceso el Gobierno deberá enfrentar –si es que tiene real interés en confrontar los poderes dominantes en el campo– tales poderes, que desde sus dominios locales tratarán por todos los medios de impedir cualquier reforma.

Camino dificil por emprender, pues no es posible esperar una respuesta asertiva ni mayor disposición de agremiaciones como la Federación de ganaraderos (Fedegan), quienes serán los primeros en verse afectados, pues se proyecta que los terrenos destinados para el pastoreo tengan un recorte significativo en extensión. Otro de los principales obstáculos a la gestión gubernamental, de las instituciones y de las asociaciones en las que pretenderá apoyarse, se encuentra en los actores remanentes del conflicto que no participen en el horizonte inmediato de los procesos de paz, así como las economías ilegales y los focos de violencia los cuales pueden constituirse en eventuales perturbadores del proceso. De la misma manera, otro de los grandes desafíos reposa en el escaso margen de maniobra que dejan al Gobierno las "sugerencias" de políticas agrarias desarrolladas por organismos económicos multilaterales como la Ocde.

Las "sugeridas" de la Ocde

En efecto, en el documento titulado, "Revisión de la Ocde de las políticas agrícolas: Colombia 2015. Evaluación y Recomendaciones de Política", se enuncia: "El país está dotado de buenos recursos acuíferos y de tierras, pero necesita adoptar una serie de acuciantes reformas estructurales para acelerar las mejoras de la productividad y de la competitividad, y para facilitar la explotación de las oportunidades de exportación proporcionadas a través de los tratados de libre comercio de Colombia".

Las reformas estructurales sugeridas están orientadas a incrementar la producción, a la competitividad y la sostenibilidad; las mismas se desarrollan en cinco ámbitos específicos: 1. Reformas estructurales a largo plazo: a. Priorizar inversiones estratégicas, b. no destinar presupuesto para financiar pagos directos en función de la producción y los subsidios a los insumos que resultan costosos, ineficientes y escasamente eficaces a la hora de promover el crecimiento sostenible y la competitividad en el sector, c. Aumentar la inversión en la infraestructura de transporte, d. Incrementar la inversión en infraestructuras de riego y mejorar la supervisión regulatoria sobre el abastecimiento, uso y almacenamiento del agua. e. Monitorear detenidamente los programas de financiación para evitar riesgos morales en la programación de créditos. 2. Mejorar los derechos sobre la tierra: Actualizar el sistema catastral; acelerar el registro de los derechos sobre la tierra; simplificar el sistema de tenencia de la tierra y aclarar las responsabilidades de las diferentes agencias relacionadas, mejorar la tributación sobre el suelo agrícola; llevar a cabo evaluaciones sobre el uso adecuado de la tierra, 3. Mejorar el marco institucional de la política agrícola: aseguramiento de la representación institucional a nivel local; fortalecer las fases de evaluación y monitoreo de políticas; mejorar las estadísticas disponibles para la toma de decisiones políticas; reforzar la coordinación entre quienes hacen las políticas y quienes se benefician de ellas. 4. Reforzar la innovación agrícola: revisar todos los planes de innovación; profundizar en la mejora de la recopilación y divulgación de información; fortalecer aún más el sistema de derechos sobre la propiedad intelectual; un mejor uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC) que proporcione servicios más inclusivos e integrales: fortalecer la educación en el campo. 5. Mayor integración a los mercados internacionales: Reforzar el sistema sanitario y fitosanitario para promover el aumento de la competitividad de las exportaciones.

El anterior es un ámbito de incidencia que se superpone al Pnd y a los acuerdos entre el Gobierno y las Farc, pues las sugerencias de los organismos económicos multilaterales, al igual que en el ámbito económico, han sido transcritas literalmente, una y otra vez, en los últimos 25 años. En el caso del campo las sugerencias de la Ocde siguen fundamentando el desmonte de cualquier tipo de subsidios, la protección a las patentes, el refuerzo de las medidas fitosanitarias, una tributación efectiva sobre el campo, la tecnificación con tecnología foránea, factores que han generado algunos de los profundos desacuerdos que precipitaron en las protestas del paro agrario del 2013.

Un reto que no da tiempo

Estos son los campos de incidencia en los que debe rastrearse la repentina disposición del Gobierno de gastar 350 mil millones de pesos para la recolección de estadísticas que le permitan implantar las reformas propuestas en cada uno de estos espacios, que se entrecruzan e interactúan a través de las relaciones de poder establecidas entre los actores que los tutelan. Cada uno de las lecturas reclama la implementación de reformas para solucionar problemáticas a través de medidas políticas que deben sustentarse en información estadística particular, lo que, sin embargo, no es suficiente para asegurar que las respuestas a las problemáticas sean las adecuadas: las cifras corresponden a lecturas de realidad susceptibles de ser usadas discursivamente para argumentar al mismo tiempo posiciones que, incluso, pueden ser antagónicas. Sin embargo, debe valorarse la disposición de conocer la realidad e implantar reformas por parte del Gobierno. Se espera, asimismo, que puedan superarse las fuerzas que se opondrán a ellas, así como las cortapisas provenientes de las imposiciones políticas de organismos como la Ocde.

La crisis económica en que está entrando el país, evidencia, sin duda alguna, la necesidad inminente que tiene el país de usar todas las herramientas al alcance para desarrollar una estrategia de generación de ingresos alternativa a la venta de hidrocarburos, una estrategia generadora de alimentos que hagan que Colombia recupere la capacidad de autoabastecerse, recuperando la soberanía alimentaria. El campo es precisamente el escenario donde deben concentrarse todos los esfuerzos para superar las condiciones de atraso y miseria de sus habitantes, para constituirlo en un sector que contribuya a la generación de riquezas democráticamente distribuidas, y en una alternativa de exportación a la caída de las rentas petroleras.

El conjunto de quienes habitan Colombia espera que los instrumentos de diagnóstico con que ahora cuenta el establecimiento sean bien empleados, y que las medidas que tome sean sensatas, pudiendo así superar la realidd que durante cuarenta y cinco años intentaron ocultar.

Información adicional

  • Autor:Allan Bolívar
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:desdeabajo
Visto 2476 vecesModificado por última vez en Martes, 23 Febrero 2016 16:31

1 comentario

  • Enlace al Comentariojhon jairo blandon ariasViernes, 26 Febrero 2016 13:20publicado por jhon jairo blandon arias

    sres minister4io de desarrollo rual megustaria que se inclulla en la reforma agraria la seguridad integral del campesino y su familia y por que no también la titularidad del predio ya que muchos no cuentan con dicho documento por que lo que produsimos los campesinos no nos alcansa para dicho documento como propitario de nuestra finca o bien que nos dejaron los padres

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