Miércoles, 20 Enero 2016 19:47

Parafernalia de una Ley que poco tiene de nuevo y que poco solucionará.

Escrito por Daniel Vargas
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Parafernalia de una Ley que poco tiene de nuevo y que poco solucionará.

El pasado lunes 18 de enero se socializó la Ley que castiga a quienes usen agentes quñimicos para agredir a otras personas. Este tipo de conducta dejó de ser considerado como una simple agresión personal, ahora será procesada como un delito que acarrea penas hasta de 30 años de prisión.

 

Natalia Ponce de León, acompañada de otras víctimas de ataques con ácido sulfúrico, encabezó la comitiva que estaba junto al presidente Juan Manuel Santos al momento de presentar ante el país la Ley que lleva el nombre de esta mujer, atacada con ácido y desfigurada en su rostro, transformada ahora en Colombia en el icono de la violencia contra la mujer.


Natalia Ponce, estaba en el parqueadero de su lugar de residencia cuando el 27 de marzo de 2015 fue atacada de manera sorpresiva y aleve por Jonathan Vega, quien rebosante de machismo se "vengó" de la negativa recibida de parte de Natalia ante su deseo de sostener una relación sentimental.


No todo lo que brilla es oro


Retomando un sentir punitivo nacional, la nueva normatividad presentada ante el país por el Presidente tipifica este tipo de ataque con penas fuertes impuestas según su gravedad. La ley sancionada sube las penas por ataques con ácido de 12 años y 5 meses de prisión a 20 años para los casos donde las víctimas resultan con daños reversibles. Cuando los ataques causen daño permanente en la víctima, como el caso de Natalia Ponce de León, las penas se incrementan hasta en 30 o más años según el perjuicio, y si la víctima es una mujer o un menor de edad, la pena puede alcanzar hasta los 50 años. Antes eran de 20 años y 9 meses. Adicional al encierro, los agresores tendrán que pagar multas entre los 644 y los 1.932 millones de pesos, es decir, un imposible.


Además los sancionados por estos delitos no podrán gozar de ningún tipo de beneficio judicial, por lo que deberán padecer en encierro el total de la pena impuesta. Es decir, y contrario a lo pretendido con el castigo carcelario, acá no hay pretensión de resocialización sino, y con toda claridad, de venganza. ¿Será declarada inconstitucional por esto la nueva Ley, evidenciando sin tapujos que con ella lo que pretendió el Presidente fue, simplemente, valerse del sentimiento punitivo nacional, siempre a flor de piel, y cabalgar sobre él con pretensión de ganar algo de opinión pública?
Otro de los puntos trascendentales de la norma son las sanciones de entre 4 y 12 años para quienes comercialicen ilegalmente estas sustancias. El Gobierno deberá formular una política pública para la asistencia a las víctimas. Aspecto que suena más a un simple eufemismo ya que el ácido sulfúrico lo puede sacar el victimario de una batería de carro, es decir, la opción de la tienda de químicos no es única ni indispensable. Pero, además, como es conocido en el país, este ácido está restringido en su venta pues también lo usan los narcotraficantes para procesar la hoja de coca.


Impunidad multiplicada


Según Medicina Legal, en Colombia los casos de ataque con ácido en contra de mujeres, y no denunciados, suman mil en los últimos diez años, mientras el número de ataques reportados ante las autoridades alcanza los 628 en seis años, de los cuales más del 90 por ciento permanecen impunes.


Lo que se logra con esta ley es que "una persona lo piense dos veces antes cometer un ataque, y que se controle la venta de los químicos empleados", dice Natalia quien se convirtió en la vocera de las víctimas de este tipo de ataques y precursora de la fundación que lleva su nombre. "No sé cuántos casos como estos llevamos en Colombia, pero casi todos están en la impunidad y los agresores siguen por ahí sueltos. El Estado no ha hecho el más mínimo esfuerzo de buscarlos. Cuando a mí me atacaron el 27 de marzo de 2014, se ofrecieron $75 millones por encontrar a Jonathan Vega y lo encontraron en ocho días. ¿Por qué conmigo sí lo hacen y con el resto no?". Aunque la ley responde a una problemática que no puede ignorarse más, el problema de fondo es mucho más complejo, imposible de solucionar simplemente con el aumento de las penas a los delitos. Colombia es un país de tradición machista en el que la violencia contra la mujer es un crimen repetido a diario, llevado a cabo por machos victimarios, pero también invisibilizado por las mujeres que en muchas ocasiones, aún hoy, tal vez por miedo u otras circunstancias, guardan silencio.


Colombia se encuentra dentro de los países que más casos de ataques con ácido son reportados al año. Al nuestro se le unen Pakistán, India, Bangladesh, Irán y otros países de Asia y África.


Es evidente que este tipo de agresiones se torna en una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres, pues no solo deja marcas corporales imborrables sino que el daño emocional es casi que irreparable. La razón por la que el agresor decide atacar de esta manera está ligada al machismo, yugo que padecen las mujeres de gran cantidad de países.


Increíble pero evidente. Estos atroces ataques toman forma por sucesos en los que la violentada rechaza una propuesta de matrimonio, o porque no accede a algún requerimiento sexual, por celos, por venganza, o circunstancias similares.


Y a pesar del elevado número de víctimas de ataques con ácido, solo hasta el 27 de marzo de 2014, cuando ocurrió el doloroso caso que afectó a Natalia Ponce de León, fue que esta problemática se tornó en un tema de indignación nacional, a tal punto que se libró una batalla jurídica para que este caso en particular y ningún otro de este tipo, quedara impune, y que aquellas personas que cometieran actos de esta calaña, recibieran castigos mucho más severos. De por sí la causa es justa, lo cuestionable es ¿por qué hasta ahora, por qué –con un claro trasfondo de clase– cuando la victima es una persona adinerada?


Es ante esta realidad y la presión suscitada, por la creciente sensación de inseguridad cotidiana de las mujeres colombianas, y ante la presión de varios sectores sociales, entre ellos los movimientos feministas, defensorías de la mujer y en general de la sociedad colombiana, es que surge el proyecto de ley ahora transformado en tal, una norma eminentemente represiva y que, en últimas, no previene de manera efectiva este tipo de delitos, pues a pesar de las altas condenas aún continúan cometiéndose estos ataques, sin olvidar que esta es solo una expresión de la violencia a la que la mujer colombiana se enfrenta.


Si bien esta medida expresa un pequeño avance en cuanto al reconocimiento de los crímenes de género, no sobra enfatizar que mientras en nuestra sociedad se reproduzca el modelo machista, reflejado en la disparidad de oportunidades laborales, la inequidad en los salarios, la falta de oportunidades de educación para nuestros hijos e hijas –para una formación incluyente e igualitaria– la cotidianidad familiar signada por el dominio del hombre sobre la mujer, la valoración y reproducción y legitimidad social de infinidad de conductas machistas –a través de canciones, chistes, concursos de "belleza", publicidad y mercadeo difundida de manera masiva y cotidiana por los grandes medios que luego exigen elevadas penas de presión para todo tipo de infractor de uno o de otro tipo– difícilmente los crímenes en contra de la mujer dejarán de tener ese trasfondo de violencia de género.

Información adicional

  • Antetítulo:Natalia Ponce de León
  • Autor:Daniel Vargas
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:desdeabajo
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