Domingo, 14 Febrero 2016 05:48

Sobre el 23 de marzo

Escrito por Horacio Duque
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Sobre el 23 de marzo

Argumentar en favor de una firma precipitada de un Acuerdo definitivo de paz el proximo 23 de marzo, un creciente escepticismo de la denominada opinion publica es un sofisma de distracción aupado desde la casa de Nariño. Era peor el descreimiento al inicio de los dialogos en La Habana. Hoy, con un buen trecho recorrido, la paz ha ganado mucho espacio nacional e internacional. Pero aun se requiere avanzar con paso firme en los delicados temas que estan pendientes. Montar un Plebiscito amañado que se financiara con la mermelada de la venta de Isagen (7 billones para comprar votos por caciques corruptos) es un acto descabellado que requiere ser contenido prontamente por la Corte Constitucional.

Una antigua apreciación hegeliana nos sugiere que las cosas se dan cuando las condiciones están dadas para que así ocurra. Son los tiempos ontológicos.

Es casi lo que se puede sugerir de la tan mentada fecha para la firma de un acuerdo final de cierre de las conversaciones de Paz que se adelantan entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la delegación plenipotenciaria de las Farc en La Mesa de La Habana.

Me refiero al 23 de marzo próximo, día que fue seleccionado por las dos delegaciones desde hace unos meses, a instancias de la Casa de Nariño, para terminar los encuentros y diálogos entre ambas representaciones.

Al parecer tal hecho no sucederá, según se desprende de distintas declaraciones de los voceros que intervienen en el proceso político de paz.

Las circunstancias para una firma final todavía no están dadas por diversas razones de peso que resulta un error desconocer.

Aún están pendientes de negociación elementos gruesos como el cese bilateral del fuego permanente; la ruta de movilización política de las Farc, de acuerdo con sus intereses económicos, políticos y estratégicos; la eliminación de la peste paramilitar y la correspondiente depuración de las fuerzas armadas y policiales, que siguen actuando dentro de la mentalidad contrainsurgente anticomunista, como se puede registrar con la violenta acción del Esmad contra las legítimas protestas populares en Bogotá y en otras regiones, las que son estigmatizadas por las burocracias distritales y municipales como terroristas; el delicado asunto de la dejación de las armas en manos de las guerrillas revolucionarias, que debe ocurrir en el marco de la reciprocidad que implica la implementación y concreción de los consensos pactados; y la revisión de la situación judicial y penitenciaria de las personas vinculadas con la insurgencia guerrillera.

De otro lado está el complicado tema de la refrendación y protección constitucional y jurídica de los acuerdos.

En este campo hay una tremenda confusión como se infiere de las reflexiones hechas por varios analistas en el reciente Foro de paz organizado en el Hotel Tequendama por la ONU y la Universidad Nacional (8, 9 y 10 de febrero 2016). El enredo surge como consecuencia de la acción unilateral del gobierno en esta materia, quien tomó la drástica y solitaria decisión de tramitar un Acto Legislativo para crear una Comisión Legislativa Especial, modificar el procedimiento legislativo (ley 5) y otorgar facultades en materia de Paz al Presidente. También por la determinación de modificar la Ley de mecanismos e instituciones de participación para acondicionar la figura del Plebiscito, en su umbral y alcance vinculante, a los cálculos politiqueros de la coalición gobernante, la de la Unidad nacional Santista, que se propone canalizar los 7 billones de la venta de Isagen, convertida en mermelada liquida, en otro festival electorero de compra venta de votos en jornada clientelar que anuncian para los primeros días del mes de junio del año en curso.

El Plebiscito santista es otro escenario de la degradada democracia clientelar colombiana que será instrumentalizado para rebobinar la corrupta casta oficialista de caciques y barones bipartidistas, después del saqueo con las regalías petroleras y mineras y del desvergonzado asalto a Reficar. Sera otro festín de engaños, demagogia y reacomodos políticos para preparar las elecciones del 2018 en cabeza del “pinchado” cerebral German Vargas Lleras.

El Plebiscito santista es un fracaso, es una trampa contra la paz y con toda razón ha sido rechazado por la delegación de las Farc y por importantes sectores del constitucionalismo democrático. Es muy seguro que esta maniobra se refunda en los controles adelantados por la Corte Constitucional, pues es evidente que se concibió e hizo en contravía de principios básicos del derecho y la democracia participativa.

La delegación plenipotenciaria de la resistencia campesina revolucionaria, sin pretensiones dogmáticas, ha formulado la iniciativa de una Asamblea Constituyente soberana, conformada en el marco de amplias acciones afirmativas, que no corporativas de sabor hitleriano, como mecanismo adecuado para blindar los acuerdos de paz y darles el mayor nivel
de institucionalidad. Santos ha rechazado tal hipótesis con argumentos poco consistentes.

En sentido contrario ha procedido el denominado Centro Democrático que lidera el señor Uribe Vélez, quien, ni corto ni perezoso, y sin el menor pudor, ha canalizado este escenario para ingresar al debate de la paz, dejando ocasionalmente a un lado su irritante retorica bélica. Ahora, el uribismo, en sus versiones blandas, habla de acuerdo nacional (Holmes Trujillo, ver http://bit.ly/1o6xRIn ) y de ciertos condicionamientos a la concentración y dejación de las armas. Juegos verbales y ademanes políticos que incluyen claves para recuperar los espacios perdidos con nuevas figuras como la del prestante Senador Ivan Duque. Desde luego, si esa es la tónica del uribismo 3.0, sería necio desconocerlo y no evaluar sus elaboraciones recientes. Es lo que aclara los encuentros y diálogos de Leyva y Enrique Santiago con generales encarcelados (Rito et.al ) y con el propio jefe de la ultraderecha reacomodada para contrarrestar su marchitamiento electoral y mediático.

Recuerdo, por lo demás, los temas que aún están pendientes en los acuerdos agrarios, político, de víctimas y erradicación de cultivos ilícitos. Son casi 40 puntos que deben ser debatidos y acordados.

Por último, y no menos trascendental, está el tema de la implementación y verificación de los acuerdos. Asunto nada liviano que demanda mucha precisión y acciones concretas como los mencionados ajustes institucionales para la paz que implican una profunda reforma del Estado desde el nivel nacional hasta el municipal, local y veredal, para disponer de eficientes, herramientas de trabajo en la construcción de la paz. Acaso no fue para eso que ya se adelantaron a la creación del tal Ministerio del Posconflicto, en donde enchanfainaron a Rafael Pardo, que deja un desagradable sabor clientelista y de componenda politiquera? ¿Qué impide que medidas de reforma del Estado para la paz democrática se hagan ya? ¿Falta de voluntad política?

La implementación de los acuerdos está estrechamente asociada con la dejación de las armas. No puede pretender Santos y su casta militar, política, empresarial y yanqui, que la resistencia campesina deje su principal mecanismo de lucha y de garantía política (como lo propone de manera confusa el columnista E. Pizarro en la revista Semana, ver http://bit.ly/23ICOqS ) a cambio de nada, a cambio de dilaciones, pactos incumplidos y traiciones palpables, muy conocidas en la historia nacional desde el histórico levantamiento de los Comuneros al finalizar el siglo XVIII (1793), cuyos líderes fueron engañados por un arzobispo y decapitados por la guardia virreinal.

Pretender una firma del acuerdo final el 23 de marzo 2016 es un desatino gobiernista y de la trama del establecimiento profundo; el proceso de paz colombiano, como lo evidencia las experiencias de Sudafrica, Irlanda, El Salvador, requiere más trabajo, transparencia y compromiso social, que es el que le falta a Santos y su gabinete, embarcados en una andanada
neoliberal contra el pueblo mediante privatizaciones, recortes, salarios congelados, vulneración de los derechos humanos, abandonos como el de los niños muertos por desnutrición en la Guajira e incrementos de impuestos e Ivas que pauperizan aún más a millones de colombianos desconfiados con una paz (tal vez una entelequia), canalizada para relegitimar el modelo neoliberal de segunda generación.

Llegar a un Acuerdo definitivo de paz bien puede ser que se extienda hasta los primeros meses del año 2018, cuando se den condiciones propicias para la convocatoria y reunión de la Constituyente propuesta como una hipótesis política de largo aliento.

Información adicional

  • Autor:Horacio Duque
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
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