Miércoles, 13 Abril 2016 06:01

Colombia: ¿hacia una paz completa?

Escrito por Andrés F. Rodríguez, Julia Lledín Vitos, Veronika Hoelker
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Colombia: ¿hacia una paz completa?

La tierra y el narcotráfico son algunos de los factores que han enquistado el conflicto desde su inicio en la década del 60.

En Colombia casi nadie ha vivido en paz: 9 de cada 10 colombianos y colombianas nacieron cuando ya se había iniciado el actual conflicto armado entre guerrillas de izquierda como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupos paramilitares auspiciados por empresarios, terratenientes y políticos y las fuerzas de seguridad del Estado. Un sistema político cerrado y excluyente, el problema del uso y la tenencia de la tierra y el narcotráfico son algunos de los factores que han alimentado el conflicto desde su inicio en la década del 60.


Luego de décadas de intentos fallidos de negociación entre los gobiernos colombianos y las guerrillas, los últimos tres años han perfilado a la sociedad colombiana en una dirección diferente, con el inicio de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno. Ya en septiembre de 2015 ambas partes llegaron a un acuerdo histórico en el punto de la reparación integral a las víctimas y señalaron el 23 de marzo de 2016 como el día de la firma del Acuerdo Final. A ello se sumó, el pasado 30 de marzo, el anuncio del inició de la fase pública de los diálogos con el ELN.


Al día de hoy las negociaciones con las FARC se han mirado con bastante optimismo, pues han avanzado más que cualquier otra hecha en el pasado temas clave del andamiaje sociopolítico e institucional colombiano.


Entre ellos, el acuerdo de reforma rural integral propone un modelo de vida para el campesinado colombiano, que incluye acceso a la tierra, proyectos productivos y de desarrollo humano para el campo. Además, establece de un acuerdo específico en materia de drogas ilícitas que gira en torno a la sustitución voluntaria y concertada de cultivos, programas de salud para las personas dependientes y persecución penal del narcotráfico.


Igualmente, se contempla la creación de garantías para el ejercicio de la oposición política y medidas de democratización del sistema político. También el Acuerdo de Víctimas, que propone un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición, propone soluciones para reconocer y reparar a las más de seis millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado, en las distintas dimensiones que integran la justicia transicional.


Pero el acuerdo con las FARC no llegó el día esperado y el proceso ahora se enfrenta a varias complicaciones desde distintas orillas. En primer lugar, algunas cuestiones básicas tienen estancadas las negociaciones entre ambas partes: el desarme, la concentración de los guerrilleros para su desmovilización, y sobre todo la necesidad de dar una respuesta contundente por parte del Gobierno a la presencia y actuar de las estructuras paramilitares que, según el más reciente informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz –Indepaz, hacen presencia en 338 municipios del país.


La persistencia de estas estructuras es probablemente el principal obstáculo para la firma del acuerdo final, pues hace revivir el temor a que se produzca un nuevo genocidio político, como el que ya ocurrió en las décadas del 80 y 90, cuando al menos 3.500 militantes de la Unión Patriótica, partido que reunió excombatientes de las FARC y militantes de otros sectores de izquierda, fueron asesinados, incluyendo dos candidatos presidenciales.


Tanto las FARC como el movimiento social y político exigen hoy al Gobierno la necesidad de establecer verdaderas garantías de no repetición para el ejercicio de la oposición política en Colombia. No en vano, en el último mes, al menos 10 miembros de organizaciones sociales y políticas de todos los sectores han sido asesinados. El 30 de marzo, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, uno de los grupos paramilitares más fuertes, ha iniciado un llamado ‘paro armado’, que ha generado confinamiento de la población, quema de vehículos y asesinatos de personas que no acataron el paro.


Sin embargo, es externamente donde el proceso cuenta quizá con sus enemigos y escépticos más acérrimos. Gran parte de la oposición viene del expresidente y ahora senador Álvaro Uribe y su partido de derecha, el Centro Democrático. Uribe y sus fervientes seguidores han dado duros calificativos a los acuerdos, entre ellos que abren la puerta a la impunidad y que las FARC no son un actor armado insurgente cuyo accionar es político sino una simple organización terrorista, con la cual no debe negociarse.


Tan virulenta es su crítica, que el 2 de abril convocaron a una marcha en las principales ciudades para hacer sentir su descontento. A ello se suma el hecho de que gran parte de la opinión pública no ve con buenos ojos este asunto: el 66% es pesimista frente al proceso y un 45% cree que los diálogos deben terminarse y buscar una salida militar, según una encuesta reciente. Resultan preocupantes estas cifras ya que los acuerdos tendrán que ser aprobados por la población, tal y como lo plantea el punto sobre refrendación de la agenda que aún está por acordarse.


Críticas a la falta de participación


Por último, dos críticas de otro talante también hacen parte de la lista: la falta de participación de la sociedad civil en la negociación y que no se aborda el modelo de desarrollo minero-energético. No obstante, son esos temas los que precisamente le quedan a cargo al ELN en su negociación y que abren un halo de optimismo porque suponen la búsqueda de una paz completa, que involucra al otro grupo insurgente.


El eje articulador de los diálogos que se llevarían a cabo entre el ELN y el Gobierno colombiano es la participación de la sociedad, que se contempla en todos los puntos y a la que “se dará especial relevancia a (sus) recomendaciones”.

Además, el ELN aspira a poder discutir el modelo de desarrollo del Gobierno actual, centrado en la explotación de recursos naturales y la inversión extranjera directa (es decir, la presencia de multinacionales), que constituye uno de los ejes estructuradores del discurso ‘eleno’, pero que el Presidente Santos se negó a negociar con las FARC. Frente a este escenario, está la posibilidad de que surjan nuevas temas espinosos con el ELN, teniendo en cuenta que “la gran diferencia entre las FARC y el ELN es que mientras la primera es esencialmente una guerrilla armada que además hace política, el ELN es un grupo político con armas”, como lo afirma la revista Semana.


Efectivamente, las distancias en discurso y practica de los dos grupos insurgentes podría convertirse en un principal obstáculo para la paz “completa”, por lo cual queda pendiente definir de manera clara cuál sería la relación entre los puntos ya acordados en La Habana y lo que se busca negociar con el ELN. Finalmente, el gran reto no es sólo conseguir acuerdos en materias que se enfrentan dos modelos ideológicos, sino también, y quizá, sobre todo, en la implementación real de dichos acuerdos, que siente las bases de una no repetición real en el país, en interés de la mayoría social, frente a quienes no quieren la paz.

Información adicional

  • Antetítulo:La paz con las FARC y el ELN
  • Autor:Andrés F. Rodríguez, Julia Lledín Vitos, Veronika Hoelker
  • País:Colombia
  • Región:Suramérica
  • Fuente:Diagonal
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